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energia argentina sociedad anónima (enarsa)

4262-d-2002 - 0078-s-1992 -

-Aquí ORDEN DEL DIA N° 1237

sr. presidente camaño.- En consideración en general.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

sr. BLANCO, JESUS ABEL.- Señor presidente: corresponde que tratemos en esta sesión el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional que ha recibido sanción del Senado y que ha sido considerado por las comisiones de Energía y Combustibles, de Economía, de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General en dos plenarios realizados oportunamente durante el mes de septiembre y que dieron como resultado el dictamen de mayoría sobre el cual vamos a informar.
En primer término, debo decir que nuestro bloque va a ratificar el informe incorporado al mencionado dictamen en el orden del día en tratamiento, al cual no me voy a referir porque ya obra en poder de todos los señores diputados. Entiendo que ese informe reseña con amplitud el contenido del proyecto por el que se crea la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima, razón por la cual no voy a volver sobre el particular. Sin embargo, al final hay un párrafo que en mi opinión condensa todo lo expresado, y que por eso me gustaría citar en este momento. Dice así: "Representa y expresa la voluntad de la construcción de un sentido de esfuerzo sobre la base del ahorro nacional y en vista de una integración energética regional latinoamericana."
Es importante señalar que si bien se plantearon diferencias en los plenarios de comisiones que realizamos, también observamos coincidencias. Sin duda, se trata de un proyecto muy importante para nuestro país. Brevemente, podría decir que hubo opiniones de contenido netamente privatista y otras de contenido estatista, que reflejan los dos extremos del tema en tratamiento.
Respecto de las opiniones de contenido privatista aclaro que las respetamos dentro del marco de la democracia, pero no las compartimos. En cuanto a las opiniones estatistas, que también respetamos, creo que las hubiésemos compartido en otro tiempo, pero no en este momento, a la luz de la realidad que se advierte en nuestro país en torno del tema electroenergético.
Debo destacar también la madurez de la discusión en los plenarios que realizamos, en los que más de veinte señores diputados pudieron expresar su opinión. Además, contamos con la presencia de altos funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, principalmente del ministro De Vido. En esas reuniones se informó sobre los alcances de la empresa y se intentaron aclarar todas las dudas.
Ese grado de madurez con el que se llevó a cabo la discusión nos permitió despachar por mayoría el proyecto que ahora estamos considerando y contar con otras tres propuestas de minoría.
Por otro lado, no puedo dejar de mencionar la adhesión que recibimos de los trabajadores de las estaciones de servicio de la República Argentina, que días pasados entregaron a la comisión seis carpetas que contienen cincuenta mil firmas que se recogieron a lo largo y ancho del país. Vinieron acompañados de representantes de las pequeñas y medianas empresas que tienen a su cargo la explotación de las estaciones de servicio. Creo que esto refleja no sólo el esfuerzo de los trabajadores, sino también la opinión de las pymes y de los usuarios de este servicio.
Este no es un dato menor, porque hablamos de tres actores importantes que constituyen el último eslabón de la cadena de comercialización de hidrocarburos, que además está integrada por la exploración, la explotación y el transporte. Sin duda ellos son los que sufren las consecuencias de las políticas equivocadas.
Esas cincuenta mil firmas constituyen un aval hacia este proyecto, lo cual nos reconforta, porque responde a una iniciativa de los propios trabajadores. Además, esa es una actitud que se compadece con el proyecto nacional que responde a la conciencia colectiva y que es fruto de nuestra propia creación.
Este proyecto no responde a recetas que no nos pertenecen; este es un modelo que apunta a diseñar una política que responda a los intereses nacionales.
Queremos una Nación con capacidad de decisión propia y no una que conserve las formas exteriores del poder pero no su esencia. La Nación no se simula. La Nación existe o no. Debemos combatir el aislamiento producido por el flujo de la riqueza, que sólo pretende someternos a la pobreza, a la falta de trabajo y a la exclusión social. Debemos decir "no" a las políticas económicas que sólo pretenden la satisfacción de los acreedores externos; debemos decir "no" a las recetas que vienen de lejos y no debemos hacer buena letra con los banqueros del Norte. Tenemos que ser consecuentes con nuestra propia historia, porque de ese modo evitaremos la fragmentación.
En una de las reuniones de comisión dijimos que era importante la presencia del Estado en la solución de los grandes problemas nacionales, y que su participación en el mercado del petróleo, del gas y de la energía, no era un tema menor. La presencia del Estado es insoslayable y no se puede renunciar a ella.
También decíamos que si fragmentábamos la historia, corríamos el riesgo de que ella nos sea falsificada. Y de falsificaciones históricas los argentinos tenemos una larga y lamentable memoria.
Por eso, cuando tratamos este tema, para no caer en las simplificaciones ni en las falsificaciones, debemos hablar de la historia del petróleo argentino, de la historia del gas argentino y de la energía eléctrica. Se trata de recursos que pertenecen a la Nación. Además, estamos seguros de que si esos recursos son manejados y controlados por ella, por lo menos podemos tener la esperanza de que van a llegar al ciudadano en las mejores condiciones posibles. Por eso, nos vamos a referir a los antecedentes. No lo haremos para hacer historia, sino para ubicar los hechos del pasado en el presente, los que seguramente nos habrán de servir para que no cometamos errores. Los pueblos que olvidan su pasado pueden volver a vivir experiencias sin futuro.
La energía es un sector vital de la economía, y el sector energético es aquél en el cual la presencia del Estado es irrenunciable. A este respecto corresponde señalar que las metas de la iniciativa privada tienen que ver con el beneficio a corto plazo. O sea que no sirven como planeamiento estratégico de largo plazo, cuestión que necesita una Nación. Por eso, es dable observar que en todo el mundo el sector energético cuenta con la mayor presencia del Estado.
A nuestro juicio, no cabe duda alguna de que una empresa controlada por el Estado habrá de modificar los comportamientos actuales para impedir el ejercicio de posiciones dominantes y oligopólicas, asegurando la presencia de un testigo en el desarrollo energético nacional.
Constituye un hecho histórico en la vida de los argentinos la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que puede servir de ejemplo frente a la creación de ENARSA.
Por 1919 el Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la Nación un proyecto de ley por medio del cual se creaba la Dirección Nacional de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Pero, fíjense que ya en aquel entonces se discutía el protagonismo del Estado y se ponía en duda su capacidad. Era de imaginar que los sectores del privilegio se iban a oponer a la creación de esta empresa.
Recién en 1922 -tres años después- el presidente Hipólito Yrigoyen dispuso por decreto la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, para que el país pudiera cumplir con los objetivos establecidos. No se lo había podido hacer por ley. Pocos días después el presidente Alvear ponía al frente de YPF al coronel Mosconi.
En Comodoro Rivadavia se presentó una situación muy particular: buscando agua se encontraron con petróleo. Allá fue Mosconi. Hacemos esta referencia, porque desde que se habló de ENARSA siempre se planteó la imposibilidad material de que esta nueva empresa pudiera asumir un compromiso con el país: "No tiene nada, adónde va, no tiene petróleo, no tiene gas ni energía ni usinas ni nada."
Lo que digo es que con la creación de ENARSA tenemos la convicción de que debemos ponernos al servicio de la Nación. Cuando existe sentimiento de fuerza y de coraje, todo saldrá adelante. Acá no hay lugar para los temerosos. Los temerosos nunca van a encontrar el amanecer, porque seguramente se van a perder en la oscuridad.
¿Qué encontró el entonces coronel Mosconi? Que había petróleo, pero no había barcos; no había lugares para almacenar; y si el petróleo llegaba a Buenos Aires el puerto no estaba en condiciones de recibir ese producto. Además, no había agua potable en Comodoro Rivadavia. Esto es lógico, porque buscando agua se encontraron con petróleo.
A pesar de todo, Mosconi siguió adelante sin bajar los brazos. Su espíritu por la industrialización y la autosuficiencia económica pudieron más que la crítica destructiva que es muy común en este tipo de circunstancias. Mosconi estaba para defender a YPF y llevarla adelante, porque era la misión que se le había encomendado.
En los años 1927 y 1928, lleno de entusiasmo y fuerza, Mosconi salió a recorrer América. Esto no es una crónica ni un dato menor, sino una cuestión importante que precisamente en este momento tiene rigurosa actualidad: dijo a los pueblos de América Latina, a nuestros hermanos de raza, que en la Argentina se había puesto en marcha una gran empresa para explotar nuestro petróleo y ponerlo al servicio del desarrollo nacional. Y lo hizo.
Ya en aquel entonces Mosconi sostenía la empresa mixta como forma de poder defendernos del ataque de los monopolios y de la burocracia del Estado. Dentro de ese marco, sin haber aprobado el Congreso de la Nación la correspondiente ley de creación -pues fue trabada en el Parlamento en 1923-, en 1925 -en el tiempo récord de once meses- logró construir la Destilería de La Plata, una de las más grandes del mundo que fue autorizada por decreto presidencial. Así comenzó a trabajar YPF.
Tenía destilería y productos para vender. Arrancó en 1925 con una estación de servicio, en 1926 contaba con seiscientas ochenta estaciones de servicio, y en 1932, con tres mil ochocientas. Se había puesto en marcha la máquina del Estado al servicio del interés nacional.
YPF siguió trabajando aunque controlada en demasía por la Contaduría General de la Nación, que le ponía trabas, al igual que el Banco Central de la República Argentina, que no autorizaba las divisas para que la empresa importara el instrumental y material necesarios para las explotaciones.
En medio de todas las dificultades y esperando tiempos mejores, que luego llegaron, cuando la patria se puso en marcha, en aras de la liberación nacional encontró el cauce preciso para lograr los objetivos previstos.
En relación con el tema del gas, en 1944 el gobierno expropia la primitiva Compañía de Gas, que operó durante noventa años, llegando a mantener un mercado cautivo sin ampliaciones y negando a muchos ciudadanos de Buenos Aires el derecho al gas. Ello permitía a la compañía obtener grandes ganancias, que transfería al exterior.
En 1945, se produce la nacionalización del servicio de gas, lo cual tuvo mucha trascendencia para el país. En 1949, se construye uno de los gasoductos más grandes del mundo, Comodoro Rivadavia-Buenos Aires, porque ello era necesario para la Nación.
En 1960, se construye el Gasoducto del Norte; en 1975, NEUBA I; en 1974, vinculación Tierra del Fuego- Buenos Aires, Planta Separadora de Gases "General Cerri", en Bahía Blanca, y Gasoducto General Cerri-Buenos Aires. En 1987, NEUBA II. Y llegamos a estos tiempos pero sigue pendiente el Noreste argentino.
Todavía no pudimos construir el gasoducto que lleve a nuestros hermanos de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, norte de Santa Fe y norte de Entre Ríos, la posibilidad de tener gas natural. En este momento, ellos tienen que arreglarse con el gas de garrafa, que no es negocio para los habitantes de esa región.
Es importante que enumeremos las obras eléctricas. Las centrales térmicas de San Nicolás, Costanera y Luján de Cuyo; el Complejo Hidroeléctrico Chocón-Cerros Colorados, Futaleufú y Río Grande, Salto Grande, Alicurá y Piedra del Aguila, Yacyretá, Sistema Interconectado Nacional. También cabe citar a la Comisión Nacional de Energía Atómica, en su momento pionera del desarrollo tecnológico nuclear de Latinoamérica. Asimismo, mencionamos las centrales nucleares Atucha I y Embalse Río Tercero, y Atucha II -a completarse.
Fíjense los señores diputados, en esta breve síntesis que hemos hecho, dónde está el esfuerzo y el ahorro nacionales, la capacidad y honestidad de los argentinos. En algún momento, todo eso pretendió ser minimizado y criticado para descalificar a las empresas argentinas diciendo que no servían, que eran incapaces y que constituían lugares de corrupción.
¿Con qué tiene que ver todo esto?¿La corrupción o el trabajo honesto de los argentinos? La corrupción en todo caso la podemos observar en esos tiempos con lo que ocurrió con el mercado eléctrico más grande de Sudamérica, que era la Ciudad de Buenos Aires: las empresas concesionarias lograron mediante el soborno la prolongación de las concesiones que no habían vencido, en el año 1936. A algunas de ellas les faltaban veinte años y las prorrogaron por cincuenta años más. Algunas de ellas las estaríamos discutiendo ya que habrían vencido en el año 2003 si se hubiera logrado la prórroga de las concesiones derogadas brillantemente por el gobierno surgido del pronunciamiento del 4 de junio. Sin embargo, eso no se tiene en cuenta.
Eran empresas privadas, era el capital privado, era el capital que había venido a invertir, que venía a trabajar y a colaborar con el país, pero no trepidaron en lograr mediante el soborno semejante escándalo que conmovió a la República. De manera entonces que debemos tener cuidado con estas cosas.
Estamos haciendo la defensa de la empresa nacional. Yo no discuto si es estatal o privada. Debemos reconocer que es una herramienta que estamos dando al Estado nacional para evitar todos los inconvenientes que se han venido produciendo, no porque descalifiquemos al Estado. Al Estado lo descalifican quienes sirven a otros intereses.
Vamos a hablar de las deudas de las empresas nacionales, desde el 24 de marzo de 1976 hasta 1983, en que vino la democracia. YPF debía en 1976, 372 millones de dólares; en 1980, 2.930 millones; en 1981, 4.040 millones; en 1982, 4.800 millones, y en 1983, cuando se cierra el ciclo, seis mil millones de dólares.
Agua y Energía Eléctrica de la Nación terminó con una deuda de 2.400 millones de dólares. ¿De dónde nacieron estas deudas? ¿Fueron por la inversión? De ningún modo; no fueron por la inversión.
Respecto del crédito externo, las empresas no eran usuarias ni usufructuarias de esos créditos. El Banco Central retenía las divisas y las utilizaba para cualquier cosa menos para contribuir al desarrollo nacional, y luego se echaba la culpa a las empresas del Estado, que no servían para administrar los dineros públicos.
Hasta aquí he dado una apretada síntesis, porque no hay tiempo para describir toda la historia, pero habría que hacerlo porque haría muy bien a los argentinos, sobre todo a aquellos que con posiciones respetables se darían cuenta de que están equivocados.
Hasta aquí las realizaciones fueron fruto de la capacidad realizadora de los argentinos, que hoy alientan la puesta en marcha de una nueva y gran empresa para el desarrollo nacional, que necesita de los recursos, del apoyo del pueblo y de nuestra comprensión.

sr. presidente camaño.- Solicito a los señores diputados que guarden silencio y escuchen al orador.

sr. BLANCO, JESUS ABEL.- Estaba diciendo que todo esto era fruto del esfuerzo nacional y de la capacidad realizadora de los argentinos honestos, que los hay en cantidad y calidad. No nos preocupemos. Perón decía que para estos emprendimientos, para estas grandes empresas y para todas las empresas del país, se necesitaba de hombres sabios y virtuosos; pero lo fundamental es que sean virtuosos. ¿Cómo no va a haber hombres virtuosos para llevar adelante esta tarea?
Ya estamos entrando en la actualidad energética. ¿Y cuál es ésta? ¿Qué nos ofrece la actualidad energética? En el resto de América Latina hoy vemos a PEMEX en México; PDVSA en Venezuela, que ha estado con nosotros en estos días tendiéndonos una mano y diciéndonos "hermanos argentinos, a trabajar, hermanos a las cosas", como decía el filósofo español. Está ENAP en Chile, ANCAP en Uruguay, Petrobras en Brasil, todas empresas energéticas con fuerte presencia del Estado, en pos de un rol integrado a los objetivos nacionales de cada país.
Pero en nuestro país -miren la paradoja- en los años 1927, 1928 salimos a ofrecer nuestra experiencia, y hoy, a ochenta años, no tenemos una empresa energética con esas características. Miren la paradoja.
Por eso, ENARSA constituye una urgencia para los argentinos. ENARSA es el instrumento que el gobierno propone para cumplir con esas funciones, para recuperar tiempo y espacios perdidos. Tal vez no se pueda recuperar el tiempo, pero vamos a ganar tiempo si no lo perdemos, y vamos a recuperar espacios perdidos, que es muy importante. Lo vamos a hacer con una sociedad anónima, del derecho privado, que aceptamos por todas las razones que estamos fundamentando. Tendrá control estatal y amplias facultades para relacionarse, asociarse, invertir, efectuar diversas actividades en el sector energético y desarrollar proyectos a través de unidades de negocios.

No es intención mediante este proyecto conformar un "Ministerio de Energía", una dependencia más del Estado; no se trata de eso. Todo lo contrario: la idea es desarrollar una herramienta que se mueva ágilmente en un mercado como el de los hidrocarburos. No se trata solamente de actuar como policía del mercado, sino de retomar el manejo de la matriz energética.

-- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, don Eduardo Ariel Arnold.

sr. BLANCO, JESUS ABEL.- ENARSA es una entidad bajo el control intransferible del Estado nacional y puede participar en los mercados en igualdad de condiciones con las de capital privado.
Una de sus tareas fundacionales es explorar el mar territorial argentino, donde seguramente el petróleo y el gas nos están esperando. Por ello, se le adjudica la titularidad de los permisos de exploración y explotación sobre la totalidad de las áreas marítimas nacionales que no se encuentran sujetas a tales permisos o concesiones.
El Estado conserva la propiedad inalienable e imprescriptible del petróleo y del gas que pudieran existir en la plataforma continental. Sólo se transfiere a ENARSA la responsabilidad de identificar reservorios y explotarlos por medios propios o con terceros.
Hoy, en nuestra Argentina el 75 por ciento de la producción de petróleo -estos no son datos para una estadística menor- se concentra en cuatro compañías, y lo mismo sucede con el 70 por ciento de la producción de gas natural, mientras que el 70 por ciento de la producción de GLP, el gas de garrafa tan caro a nuestros sentimientos, se concentra en dos compañías. La mayoría de ellas ha ejecutado una política extractiva, de "chupar y llevarse" sin buscar más; eso no interesa porque el negocio está en explotar bien lo que se tiene. Esto provocó una severa caída de las reservas de gas natural.
Desde hace más de ocho años se ha registrado una notable merma de las inversiones en exploración -¿para qué vamos a buscar si con lo que tenemos sobra?- con déficit en la expansión de los sistemas de transporte de gas al mercado local.
En cuanto a la propiedad de las empresas líderes del sector, puede decirse que son multinacionales, donde el poder de decisión se encuentra fuera de la Argentina.
El sector de la energía, y particularmente el de los combustibles, ha sido un ámbito propicio para los negocios de las compañías actuantes, con importantísimos giros de divisas al exterior. Claro que esto es así, si tenemos en cuenta que hace poco el barril de petróleo estuvo a cincuenta y dos dólares, mientras aquí el precio sigue siendo de ocho dólares. ¡Qué gran ganancia que se obtiene! ¡Qué bueno sería que esa ganancia quedara en el país y que el negocio lo hicieran las empresas argentinas! Sin embargo, no ha dado respuesta plenamente satisfactoria a las necesidades de un desarrollo sustentable a largo plazo, en particular al mantenimiento de las reservas, al desarrollo de la infraestructura del transporte de gas y electricidad, al abastecimiento de amplios sectores de la población sin servicios y a más justa distribución de la renta.
En algún momento se creyó en la Argentina que el mercado era el mejor asignador de recursos, que la política consistía en transmitir señales adecuadas y que el sector privado tomaría las mejores y más eficientes decisiones, todo esto apoyado en una gran apertura de la economía y del endeudamiento.
Llegamos al marco general del proyecto de ENARSA, que está en el dictamen de la mayoría que hemos informado recientemente y que está a disposición de los señores diputados.
Indudablemente, este proyecto es una bisagra respecto del período que se extendió en la década pasada y que dio como resultado la defensa del Estado en temas clave de la vida nacional.
Detenidos a pensar en la recuperación del espíritu del concepto de Nación y en sus instituciones, sin duda podremos ver que un proyecto como el de ENARSA encabeza el orden de prioridades.
El proyecto de ley propuesto por el Poder Ejecutivo incorpora el concepto de gobernar la Nación, no sólo a través de órganos de control, -que son muy eficientes para controlar pero no para gobernar el sector- sino también a través de un instrumento adecuado para cumplir en materia de política energética.
Ello implica pensar con un poco más de inteligencia en la Argentina futura. Los Estados que hicieron empresas y que intervienen en sus políticas energéticas las han visto crecer y modernizarse.
Desde el inicio de sus actividades ENARSA puede y debe ser una empresa moderna; podrá actuar como testigo de precios de la energía en general, pero fundamentalmente será una herramienta y una fuente de producción de negocios e inversiones para el desarrollo nacional.
No hace mucho tiempo hemos tenido una crisis energética que ha sido superada en la coyuntura con mucho coraje y no poco esfuerzo, pero estructuralmente hay enormes tareas por realizar.
La crisis de este año es una consecuencia de larga data; no se produjo en los últimos tiempos, sino que proviene de épocas pasadas en las que la actividad hidrocarburífera tuvo un sesgo claramente extractivo.
Hoy, resulta imprescindible tomar decisiones para comenzar a explorar y buscar acumulaciones y depósitos de gas natural en áreas fuera de las zonas productivas. Es muy difícil lograr esto sin instrumentos adecuados; la experiencia de estos años así lo indica. No se ha hecho nada y hay que hacerlo; lo tiene que hacer el Estado con ENARSA y para ello se crea.
Por ello, ENARSA debe ser una empresa que se fije planes de negocios y prioridades y no ser simplemente una empresa virtual, es decir, para los medios de información. Tiene el objetivo de manejar ingentes recursos naturales no renovables y estratégicos que pertenecen y corresponden a la República Argentina.
Será una empresa del Estado, no estructurada como una organización estatal, sino concebida como una empresa privada donde el Estado mantiene su control mayoritario. El Estado puede ser tan bueno o mejor empresario que los privados. La historia lo demuestra; lo acabamos de decir. Por ello, nos hemos detenido en su recreación. La historia hay que recrearla; nuestra historia es auténtica y hay que mostrarla, porque nos sirve.
Además, el Estado tiene el manejo político, lo cual no es un dato menor. Los objetivos son los de intervenir en el mercado, ser testigo y recuperar explotaciones que se han abandonado, buscar fórmulas asociativas con otras empresas petroleras latinoamericanas, en una suerte de integración continental.
Ante un crecimiento desordenado es necesario contar con la posibilidad de ordenarlo, corregirlo y proyectarlo. Los recursos no renovables y estratégicos deben estar en manos del Estado; no nos engañemos. La plataforma submarina no cambia de titularidad; ENARSA es sólo titular de la concesión.
El sector energético tiene que hacer su gran aporte a la economía argentina, superior al que hace actualmente. Puede hacerlo; entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué esperar que aumente la soja en los mercados internacionales para obtener mayores diferencias y con ello combatir la pobreza? ¿Por qué no aprovechamos la diferencia del costo del petróleo para destinarla -al igual que se hace con la diferencia de la soja- al mercado argentino para beneficio de los argentinos? (Aplausos.)
La plataforma argentina no cambia de titularidad; ENARSA es sólo titular de la concesión.
El sector energético tiene que hacer su gran aporte a la economía argentina, superior al que hace actualmente; y puede hacerlo. Para ello es necesario generar desde el Estado nacional una política clara en esta materia para que nuestro país vuelva a retomar el manejo de su matriz energética, que nunca debió haber perdido.
El energético es sin duda el sector económico donde la presencia estatal está más justificada a fin de asegurar un mercado debidamente ordenado.
La realidad actual evidencia, en países con distintos niveles de desarrollo, que una empresa en la órbita del Estado es imprescindible para la aplicación de políticas energéticas.
Actualmente, se observa en el escenario internacional que se está saliendo de la etapa en que se suponía -esto hay que escucharlo bien- que en el mercado todo sucedía espontáneamente, que el sector privado es el que toma las mejores decisiones porque allí está toda la inteligencia, que la mejor política consistía en transmitir señales amistosas, y que lo mejor era el ahorro externo, el crédito o la inversión extranjera.
Tanto es así que existen informes de importantes organismos financieros internacionales que indican que la presencia del Estado es importante y que el ahorro interno es la fuente fundamental de la acumulación de capital en los países.
En la Argentina el área de energía es la productora de bienes y servicios más importante en tamaño y complejidad. Por consiguiente, la disponibilidad de energía en el corto, mediano y largo plazo es condición necesaria para el crecimiento, por lo que resulta necesario una política basada en estrategias claramente elaboradas y explícitamente formuladas por el gobierno nacional para el manejo de los balances energéticos existentes y futuros, que deben llegar al usuario al menor costo, cumpliendo los requerimientos de seguridad, abastecimiento y protección del ambiente. No se debe olvidar el derecho del ciudadano de acceso a los servicios públicos. El Estado tiene la obligación de asegurarlo.
ENARSA se presenta así como un poderoso instrumento del Estado para el logro de sus fines de bien común a través de su actuación en el sector energético.
No es la política sectorial pero la expresa. Representa un cambio de paradigma en torno a los conceptos de desarrollo, globalización y de cómo se inserta la Argentina en el mundo.
Expresa la voluntad de la construcción de un espacio nacional integrado al mundo, pero manteniendo el comando de su propio destino, a lo que no debemos renunciar.
ENARSA deberá ser -tal como dice un jurista español- una sociedad privada, una sociedad anónima, pero poseída por el Estado para servir a la Nación. En la Argentina necesitamos de la dinámica que genera una empresa con sentido privado ágil y transparente, con la posición de la empresa por parte del Estado, con amplias facultades para relacionarse y asociarse, invertir y realizar cualquier actividad del sector energético dentro y fuera del país.
Esta empresa apuntará a maximizar los esfuerzos de integración de carácter permanente con los países vecinos, conducentes a beneficios mutuos, y propondrá y ejecutará proyectos en todo el ámbito del país que hagan al desarrollo de las regiones.
La creación de ENARSA no se contradice con el papel del Estado en su función de formular las políticas sectoriales, regulatorias y, en general, de la organización social, sino que por el contrario se complementan, ya que su funcionamiento deberá observar ese encuadramiento.
ENARSA, conforme al proyecto del presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, no es un proyecto sólo para este gobierno, porque no es consecuencia de alguna emergencia o de alguna reacción espasmódica.
ENARSA es para este gobierno y para todos los que le sucedan, por su jerarquía, por su contenido y por su proyección, porque es un proyecto para el país. Es una herramienta indispensable para el desarrollo nacional, el crecimiento económico y la integración continental.
Ha dicho el presidente Kirchner -y lo compartimos- que hay un proceso de integración en Latinoamérica que nos invita a ser protagonistas y a escribir una historia diferente.
En cuanto a las características específicas, otros compañeros darán los fundamentos del proyecto de ley cuando definan su encuadramiento con la ley 19.550 y sus modificatorias.
Entre estas disposiciones se determinan las cuestiones de las acciones y demás. En su momento, otros señores diputados ampliarán este informe introductorio.
Por otra parte, el Estado tiene la facultad de exigir de todas las empresas privadas la información geológica y operativa. No debe escandalizarse quien quiera esa información ahora, porque será tarea de ENARSA reunirla a fin de que esté a disposición del Poder Ejecutivo nacional. Esa información en materia geológica y operativa le servirá al Poder Ejecutivo para constituir un verdadero inventario geológico nacional.
ENARSA es una empresa que tendrá el desafío y la posibilidad de organizar los recursos naturales y humanos disponibles y abrir los espacios viejos y nuevos de la energía al servicio de un verdadero proyecto nacional.
Representa y expresa la voluntad de la construcción de un sentido de esfuerzo sobre la base del ahorro nacional y en vista de una integración energética regional latinoamericana.
Por todo lo expuesto, y por el informe complementario respecto de las cuestiones relacionadas con la personería jurídica de ENARSA por parte de otros señores diputados, vamos a solicitar en su momento la aprobación del proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se crea la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima para el cumplimiento de los fines que quedan expresados en el texto del proyecto de ley en tratamiento.

sr. PERNASETTI, HORACIO FRANCISCO.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

sr. BLANCO, JESUS ABEL.- Sí, señor diputado.

sr. presidente arnold.- Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

sr. PERNASETTI, HORACIO FRANCISCO.- Señor presidente: es interesante el informe que está brindando el señor miembro informante, pero lo hace en función de un dictamen que todos conocemos. Pero también sabemos, por algunos comentarios, que va a sufrir importantes modificaciones.
Sería interesante, para la Cámara y para los bloques cuyos representantes harán uso de la palabra después, conocer si existe voluntad en el oficialismo de mantener el dictamen o de hacerle modificaciones. Si se van a introducir modificaciones, solicito que las señalen de entrada, porque eso nos va a permitir considerar dicha propuesta en las exposiciones que vamos a brindar.
Eso nos va a permitir seguir con el debate, porque de lo contrario estaremos considerando simplemente el dictamen de mayoría tal como está, sobre el cual ya emitimos opinión en contra varios de los bloques aquí representados.
Por eso, a los fines de agilizar el debate sería conveniente que expresaran si hay disposición para efectuar modificaciones y en qué consisten.

sr. presidente arnold.- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

sr. BLANCO, JESUS ABEL.- Agradezco la sugerencia, señor presidente del bloque radical. Pero si hubiera esperado solamente un minuto hubiera tenido la respuesta, que ahora le voy a dar. Deseamos anticipar que para el tratamiento en particular, por iniciativa del bloque Justicialista la comisión propondrá modificaciones a la redacción actual del proyecto en cuanto a los contenidos que se refieren a procedimientos de transparencia y competencia, propiedad estatal nacional garantizada y controles por parte de los organismos estatales.
Como estos aspectos no figuran en el dictamen de comisión, los voy a pasar a leer. Estoy de acuerdo con el señor diputado Pernasetti en que no están, pero deben figurar allí. Si lo aclaramos después, quizás estaríamos llegando tarde.
En cuanto a los procedimientos de transparencia y competencia, el artículo 2° originario del dictamen de mayoría dice: "Energía Argentina Sociedad Anónima tendrá la titularidad de los permisos de exploración y de las concesiones de explotación sobre la totalidad de las áreas marítimas nacionales que no se encuentren sujetas a tales permisos o concesiones a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley." Se agrega lo siguiente: "En los procesos de asociación que realice deberá observar mecanismos de transparencia y competencia que respeten lo establecido en la ley de hidrocarburos."
El artículo 4° originario, que se refiere a la propiedad estatal garantizada, dice: "Energía Argentina Sociedad Anónima podrá intervenir en el mercado a efectos de evitar situaciones de abuso de posición dominante originadas en la conformación de monopolios u oligopolios." Se agrega: "En su actuación observará las políticas del Estado nacional y bajo ningún procedimiento las modificaciones estatutarias podrán dejar a éste en situación minoritaria."
El artículo 6° se refiere a los controles de la SIGEN y de la A.G.N.. La primera parte dice así: "La sociedad ejercerá todas las atribuciones y estará sometida a los mismos controles, interno y externo, de las personas jurídicas de su tipo, quedando facultada para suscribir convenios con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras para el cumplimiento de su objeto social. Regirá para esta sociedad lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 24.624." Es decir que con respecto a la redacción originaria se elimina la expresión: "con exclusión de cualquier otro". Se agrega: "Estará sometida asimismo a los controles, interno y externo, del sector público nacional en los términos de la ley nacional 24.156."
Finalmente, quiero referirme a dos temas que calan muy hondo en mi sentimiento. Vengo de muy lejos, y siendo muy joven, apenas un poco mayor a un adolescente, tuve el privilegio de conocer a dos hombres extraordinarios, quienes estaban encolumnados en la lucha por la liberación eléctrica nacional.
Hoy quiero rendirles homenaje, porque de ellos aprendimos bastante cuando éramos jóvenes, y sus enseñanzas nos acompañaron durante toda nuestra vida. Agradezco a la política que me da esta oportunidad de rendirles homenaje.
Me refiero al ingeniero Juan Sabato, que fue subsecretario de Combustibles del ex presidente Illia, y al doctor Jorge del Río, jurisconsulto destacado, hombre de FORJA, maestro del cooperativismo y uno de los líderes de la liberación eléctrica nacional.
Ellos nos enseñaron lo que pasó con las escandalosas ordenanzas de 1936, y lo que eran Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Gas del Estado. También nos inculcaron lo que era la defensa del patrimonio nacional y la lucha contra los gobiernos que perseguían a los movimientos populares, que sobre todo se encontraban en la provincia de Buenos Aires.
Por ejemplo, se puede mencionar la escandalosa "ley Fresco", que perseguía a las cooperativas, que tuvieron que hacer lo mismo que ENARSA: constituirse en sociedades anónimas de carácter popular, a fin de evitar la persecución, como ocurrió en el Partido de San Martín, donde los tractores arrancaron las columnas de alumbrado de la cooperativa local.
Esas sociedades anónimas de carácter popular tenían como única limitación que sus acciones no cotizaban en Bolsa, y no debían pagar más que un punto de tasa de interés por encima de la que utilizaba el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento.
Esos movimientos populares fueron objeto de una afirmación de Jorge del Río, quien señaló como una sentencia inflamada de vigor que nada ni nadie podrá detenerlas en su lucha contra la ley 4.742, de exterminio
de las cooperativas. Y ahí están vigentes a lo largo y a lo ancho del país, con los municipios, integradas en consorcios, solucionando los problemas de la electricidad en todo momento.
Llevan la electricidad a todas partes y ahora también el gas donde la inversión privada no llega, a través de Gas Buenos Aires, que las acompaña a efectuar lo que no realizó en aquel entonces la inversión privada que se levantó y se fue cuando las tarifas no le convenían.
Los pueblos que estaban a oscuras encontraron en sus propios vecindarios la posibilidad de obtener una solución. Por eso, defendemos con pasión el interés nacional y el interés de nuestras empresas.
Este vigoroso movimiento cooperativo va a estar detrás de ENARSA, con ENARSA, y con los municipios y las provincias que conservan sus empresas provinciales. No tengamos duda alguna en ese sentido. ¿Por qué habríamos de tenerla?
Por eso, ahora que he rendido el homenaje de la gratitud de este joven de aquel entonces, me siento inmensamente realizado. Nunca pensé que iba a tener esta oportunidad, y la aprovecho para que en el Diario de Sesiones quede testimonio del reconocimiento de los hombres del interior que tuvieron la posibilidad de contar con su concurso.
Finalmente, señor presidente, deseo referirme a dos temas que considero de mucha importancia para dar aprobación a un proyecto de ley llamado a ocupar un lugar preponderante en el futuro de nuestro país, por lo que ENARSA representa como herramienta al servicio de los superiores intereses de la Nación.
Al recorrer en una rápida lectura parte de la historia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, hemos encontrado la versión de un viaje que el general Mosconi realizó allá por los años 1927 y 1928 por América del Sur, llevando el impulso inicial de un movimiento de liberación económica de nuestro país, a fin de transmitirlo a otros países hermanos de América, para que luego se propagara a los demás pueblos de nuestra raza en pos de la independencia integral de Sudamérica, completando la heroica gesta de la independencia política alcanzada por nuestros libertadores.
Dice la crónica que esa visión de la América futura no encerraba fantasías ni ultraoptimismo, como pudo haber parecido en el año 1922, cuando desde la Argentina se anunciaba que serían abatidos los trust petrolíferos, proyecto que se imaginó fantástico pero que fue realidad magnífica no muchos años después.
Hoy, no cabe duda de que esos pueblos americanos comprendieron nuestro mensaje de integración de las naciones para el futuro de Latinoamérica. Allí están, como muestra de ello, PEMEX, PDVSA, Petrobras y otras empresas nacionales que se acercan a nosotros para cumplir con aquellos trascendentes objetivos de integración continental, siguiendo el mismo camino que hace casi ocho décadas recorrió la Argentina, llevando la noticia de la liberación.
No nos preguntemos qué nos ha pasado en estos tiempos a los argentinos. Pensemos que estamos a tiempo para retomar el rumbo y alcanzar los objetivos propuestos. La gran empresa, como ayer, convoca a los argentinos. La causa es noble, el supremo interés es el bien de nuestra patria.
Por último, señor presidente, deseo recurrir a la fuente de la sabiduría para hallar la respuesta a una discusión que no encontraremos en el juego pendular de las posiciones extremas. Entre ambos extremos está el ancho camino que ofrece una verdadera democracia social, que es aquella en la que el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo.
Tenemos que definir el rol del capital extranjero -de eso se trata en definitiva; es el telón de fondo, el default, que se van a ir, que no van a venir-, que aparece por un lado como la única solución posible y, por el otro, descartándolo de toda posibilidad para los fines perseguidos. No estamos con ambos extremos.
Recurriendo a esa fuente que acabo de mencionar quiero recrear en este momento de un claro pensamiento político la visión que tenemos que observar.
Treinta años atrás, el 1° de mayo de 1974, ante la Honorable Asamblea Legislativa...

sr. presidente arnold.- La Presidencia solicita al señor diputado que redondee su exposición.

sr. BLANCO, JESUS ABEL.- ...quien fuera tres veces presidente constitucional de los argentinos, el señor teniente general Juan Domingo Perón, en su último gran legado, El modelo argentino para el proyecto nacional, señala con claridad el rol del capital extranjero.
Allí nos dice -no "nos decía", porque está fresca la tinta, y tanto es así que cuando lo leí esta mañana pensé: hasta qué hora se habrá quedado anoche el general escribiendo este mensaje-: "Argentina ha sido siempre un país abierto a la participación externa. También lo será en el futuro, pero es imprescindible disciplinar dicha participación determinando las áreas de su injerencia y el rol que debe cumplir en nuestra vida social, política y económica. Ningún país es verdaderamente libre si no ejerce plenamente el poder de decisión sobre la explotación, uso y comercialización de sus recursos y sobre el empleo de sus factores productivos. Por ello, es necesario determinar las reglas de juego que habrán de regir la participación del capital extranjero, y una vez establecidas, asegurar su estabilidad y, fundamentalmente, hacerlas cumplir. El progreso económico dependerá exclusivamente de nuestro propio esfuerzo. De allí que el capital extranjero deba tomarse como un complemento y no como factor determinante e irremplazable del desarrollo."
Espero que oportunamente aprobemos este proyecto de ley por el que se crea ENARSA. (Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador).

sr. presidente arnold.- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

sr. NATALE, ALBERTO A..- Señor presidente: en 1933 -y no crea que voy a meterme demasiado en la historia- se discutía en el Senado de la Nación un proyecto del Poder Ejecutivo por el que se creaba una red de elevadores estatales. Lisandro de la Torre, senador por la oposición, defendiendo los elevadores cooperativos que estaba por desarrollar la Asociación de Cooperativas Argentinas, expresaba lo siguiente: "Dije que en ningún país se instalan elevadores oficiales si existe la posibilidad de que los construya la iniciativa privada, y que en la República Argentina, habiéndose comenzado la construcción de elevadores privados por medio de cooperativas, el Poder Ejecutivo los ha obstruido para hacer posible la red oficial."
Lisandro de la Torre leyó también una nota de la Federación Agraria Argentina, que decía así: "La intromisión del Estado, con su actual capacidad y las disposiciones que evitan al contralor público y estímulo, resultaría un desastre difícil de reparar. Los silos deben ser construidos y administrados por los propios productores, porque el gobierno no está, ni estará aún por mucho tiempo, en condiciones de saber cuál es el momento oportuno para su construcción y porque es necesario evitar el riesgo de que ese instrumento quede invertido y que, como consecuencia, vaya a caer en manos de comerciantes especuladores".

-- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Eduardo Oscar Camaño.

sr. NATALE, ALBERTO A..- No quiero distraer a la Cámara con más lecturas, porque también podría citar lo que decía la Asociación de Cooperativas Argentinas en ese momento de la historia de nuestro país.
Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto que pasaba en 1933 con la creación de ENARSA? Mucho, porque apunta a las concepciones que existían en la Argentina en momentos en que se discutía con fuerza, y quienes así hablaban -de la Torre y esas instituciones- lo hacían desde una fortísima oposición, pero dentro de un consenso en cuanto a determinados valores de la actividad económica del país.
Obsérvese qué interesantes son los grandes trazos de la evolución de la producción de petróleo en la Argentina. En 1958, con el monopolio de YPF, apenas producíamos 5.700.000 metros cúbicos; éramos un país que importaba petróleo. Cuatro años después, luego de la tan cuestionada reforma de Frondizi -que también en nuestra primera juventud mirábamos con gran recelo-, pasamos a producir 15.600.000 metros cúbicos de petróleo. Prácticamente, nos autoabastecíamos; sólo teníamos que importar el 7 por ciento de nuestros consumos.
Después, vino la anulación de aquellos contratos y se aumentó a un 21 por ciento la importación de petróleo, hasta que en la década del 70, al influjo de la nueva ley, la 17.319, que es la que rige y se invoca en estos momentos en la propuesta de modificación al despacho de mayoría, de acuerdo con lo que nos leyó el señor miembro informante, al alentarse la participación privada en la exploración y explotación de petróleo pegamos un salto cuantitativo muy importante: una década atrás producíamos algo más de diez millones de metros cúbicos, y ya en 1972 estábamos produciendo veinticinco millones de metros cúbicos.
En la década del 80 no hubo crecimiento. En 1980, se produjeron 28,5 millones de metros cúbicos, y en 1989, algo menos: 26,7 millones de metros cúbicos. Lo que ocurrió es que estaba en ciernes una transformación. El entonces presidente Alfonsín había inaugurado el Plan Houston a través de un decreto de 1985, modificado en 1987, y ya se habían iniciado inversiones privadas en el área del petróleo. En 1992, como consecuencia de aquella política iniciada en 1985 -que fue ratificada por el gobierno que le siguió- ya estábamos produciendo más de treinta y dos millones de metros cúbicos de petróleo.
Luego, se privatizó YPF, que pasó a ser una empresa argentina modelo manejada por argentinos y con capitales predominantemente nacionales. Pero por una espantosa y pésima decisión que se adoptó en 1997 se vendió el paquete de control de YPF -en su momento nosotros lo cuestionamos- para conseguir dos mil millones de pesos por una urgencia de Tesorería. De este modo esa empresa privada manejada por argentinos dejó de tener esa condición.
Esto lo quiero remarcar, porque era un orgullo para todos que una empresa privada, manejada por argentinos, con técnicos argentinos y con directores argentinos, avanzara en el mundo del petróleo a través de las negociaciones que llevaba a cabo en muchísimos países.
Llegamos a producir cuarenta y seis millones de metros cúbicos de petróleo, pero como consecuencia de las crisis y de todas las cosas que conocemos bajamos a cuarenta y tres millones de metros cúbicos. Además, el año pasado pasamos de ser exportadores de petróleo a importadores de petróleo y gas. Esto le costó a la Argentina mil trescientos millones de dólares del presupuesto nacional -cuatro mil millones de pesos-, que ahora pesan sobre las espaldas de todos los argentinos.
Hoy, se propone la creación de ENARSA como una sociedad anónima, pero no como lo que realmente es, o sea, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Digo esto porque si el Estado nacional es titular del paquete mayoritario de acciones, inviste esa categorización. Sin embargo, por un artilugio del artículo 1° del proyecto en consideración se la tipifica como una sociedad anónima encuadrada en el capítulo II, sección V, de la ley de sociedades, cuando tendría que haber sido en el capítulo II, sección VI, de dicha ley.
Aclaro que eso no es producto de una ingenuidad jurídica, sino todo lo contrario. Además, produce una serie de efectos, que son los que hemos venido cuestionando a lo largo de los debates que se llevaron a cabo en la comisión, y que no se enmiendan -como voy a demostrar más adelante- con la reforma que el señor miembro informante nos acaba de adelantar.
Aquí se quiebra todo el marco jurídico de la producción, transporte y distribución de electricidad y de gas. Me refiero a las leyes 24.065 y 24.076, sancionadas por este Congreso e impulsadas por el bloque de la mayoría de aquel entonces -que es el mismo bloque de la mayoría de hoy- situación que nos permitió autoabastecernos de electricidad; que nos permitió exportar electricidad; que permitió que convivieran generadores estatales y privados, como en el caso de las dos centrales nucleares y las doscentrales binacionales hídricas, que son estatales, además de todas las otras centrales que son privadas; que el costo y el precio de generación de la electricidad en la República Argentina fuera uno de los más baratos del mundo: 2,2 centavos de dólar el kilovatio en aquel entonces, cuando regía la paridad del uno a uno -hoy no podemos ni hablar, cuando estamos tres a uno-; que bajaran a la cuarta parte los cortes por año y por usuario y que se redujeran cuatro veces las horas usuario-año sin servicio: de catorce cortes por año y por usuario bajamos a seis cortes por año y por usuario; de 22 horas por año y por usuario, hubo una reducción a 6 horas por año y por usuario.
Sin embargo, ahora estamos echando por la borda el marco jurídico de la electricidad y del gas, porque a ENARSA se le dan todas las facultades que en esas dos leyes que he mencionado se prohíben. Se es productor o generador, o se es transportista, o se es distribuidor. No se pueden desempeñar dos o tres de los roles a la vez para evitar situaciones monopólicas y hegemónicas.
En el artículo 1°, cuando se establecen las funciones de ENARSA, se le dan todas las facilidades para producir, transportar y distribuir gas, petróleo, electricidad o lo que quiera.
He planteado todo eso en la comisión, y el asesor del ministro De Vido nos dijo que quedaba entendido que todo esto estaba circunscripto al marco de las dos leyes mencionadas. O sea que si se hacía una cosa, no se podía hacer la otra. Entonces le dije que si era como él decía, teníamos que plasmarlo en el papel, para que no quedaran dudas. Se lo digo ahora al bloque del justicialismo: dejemos aclarado que las atribuciones de las que habla el artículo 1° se ejercerán sin afectar los principios establecidos en las leyes 24.065 y 24.076. Si no se animan a escribirlo, es porque no lo van a hacer. ENARSA podrá operar asociada con terceros o por intermedio de terceros.
Por las críticas que hemos formulado incorporarán -en buena hora- al texto del proyecto de ley la actuación de los organismos de control interno y externo: la SIGEN y la Auditoría General de la Nación. Esto figurará en el artículo 6°.
Sin embargo, no se mantiene todo el régimen prescripto en la ley 24.156, de administración financiera. Solamente habrá una referencia a los organismos de control interno y externo de la ley. Pero la norma es más extensa y abarca no a las sociedades anónimas como se ha tipificado a ENARSA, sino a las sociedades anónimas de capital estatal mayoritario.
En virtud de esas normas que ahora no se invocan hay que hacer licitaciones para contratos, no se pueden efectuar compras directas, por lo que hay que hacer licitaciones o concursos de acuerdo a los montos o márgenes. Pero ninguno de esos controles o restricciones esenciales en el Estado se le imponen a ENARSA. Solamente se colocó el control de la SIGEN y de la Auditoría General de la Nación.
A pesar de lo expuesto, continuamos con el mismo vicio: ENARSA va a poder contratar sumas fabulosas en una serie de actividades sin el debido control de un concurso o de una licitación pública.
Por supuesto que la ley de defensa de la competencia no está escrita para ENARSA, porque según el artículo 4° del proyecto la empresa a crearse va a poder intervenir en el mercado a efectos de evitar situaciones de abuso de posición dominante. Entonces, ¿para qué está la ley de defensa de la competencia? ¿Para qué está la Secretaría correspondiente?
O sea que ENARSA, que a su vez va a competir con otras empresas, asumirá roles que le corresponden a la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Defensa de la Competencia. Además, va a tener asociados a los mismos actores a los que se supone que después controlará, para evitar abusos de posiciones dominantes, monopólicas u oligopólicas. Esto no tiene consistencia.
Además, estamos hablando de una empresa que, según se ha informado en el proyecto de ley de presupuesto del próximo año, va a contar con una partida asignada de cien millones de pesos para comenzar a funcionar.
¿Sabemos cuánto hace falta invertir en la República Argentina por año solamente en materia deenergía eléctrica para continuar un proceso de crecimiento en no más de 3 o 4 puntos del PBI? No menos de mil doscientos millones de dólares; sin embargo, creemos que con treinta y tres millones de dólares -cien millones de pesos- ENARSA podrá suplir estas carencias.
Se le asigna la titularidad de los permisos de exploración y explotación en todas las áreas marinas no concesionadas. Al respecto, quiero formular algunos comentarios.
Históricamente, las provincias fueron las dueñas de su territorio y mar territorial. Salta fue la primera provincia, en 1882, que concesionó la explotación de aceites y minerales bituminosos, que constituyen el primer antecedente de lo que después sería el petróleo. No estábamos en 1917, en Comodoro Rivadavia.
El Código de Minería reafirma el mismo principio. Después, cuando Frondizi dicta la ley de hidrocarburos, la federalización motivó enormes discusiones. Algunos siempre insistimos en el dominio provincial sobre el territorio y su mar continental, e incluso al respecto presentamos proyectos de ley que quedaron en un cajón.
No debemos olvidar que en 1994 se reformó la Constitución no sólo para que Menem pudiera ser reelecto, sino también con miras a otros objetivos. Así, se aprobó el artículo 124, que dice que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Todos sabemos que el territorio está comprendido no sólo por la parte física que emerge del mar sino también por la zona económica exclusiva.
Ahora, esto se lo damos a ENARSA, ente nacional, y las provincias que estaban esperando manejar esos recursos se desprenden de ellos. Estamos hablando de un millón de kilómetros cuadrados de mar territorial.
Lo más interesante es que para calmar las ansiedades de quienes hemos planteado disidencias han agregado al artículo 2° -por el que inconstitucionalmente y violando los derechos de las provincias se concede a ENARSA el dominio sobre las áreas marítimas- un párrafo que establece lo siguiente: "En los procesos de asociación que realice deberá observar mecanismos de transparencia y competencia que respeten lo establecido en la ley de hidrocarburos". Pero esa ley no se refiere sólo a los mecanismos de transparencia y competencia, pues existen plazos de concesión, extensión de las áreas, concursos públicos, licitaciones, es decir, se trata de todo un régimen. La ley 17.319 es muy extensa. Aquí pretende solucionarse la cuestión con una frase dicha al pasar para aliviar las groserías que tenía este proyecto.
La exigencia del concurso, de la transparencia y de la competencia se establece sólo para las áreas marítimas petroleras y no para todo lo demás que puede hacer ENARSA. No se determina ni para el gas ni para la electricidad ni para el resto de los cometidos que el artículo 1° asigna a la empresa.
YPF estatal -que como empresa no funcionaba bien- fue la gran educadora de nuestros ingenieros. Estos -que hoy están en el ámbito privado- pasaron alguna vez por la escuela de YPF y tienen vasta experiencia en la exploración y la explotación del petróleo en tierra firme; sin embargo, existe muy poca experiencia, tanto técnica como operativa, en la explotación off shore, en el mar continental. Entonces, ¿a quién va a recurrir ENARSA si la experiencia acumulada en el conocimiento argentino básicamente está concentrada en obras en el territorio continental?
Se dispone que ENARSA podrá intervenir en el mercado. ¿Para qué están la Secretaría de Defensa de la Competencia y la Secretaría de Energía? ¿Para qué están los entes reguladores? Estamos transfiriendo las potestades que tienen todos estos organismos a esta empresa.
Además, no va a ser el Estado. Los entes reguladores son del Estado; la Secretaría de Defensa de la Competencia es del Estado y la Secretaría de Energía también lo es. Son manejadas por funcionarios públicos. En cambio, esta empresa mixta, del Estado y de particulares, va a hacer el papel que tiene que hacer el Estado.
Estamos renunciando a las obligaciones del Estado. Estamos transfiriendo a este ente mixto Estado-particulares roles indelegables del Estado, porque evitar situaciones monopólicas, abusos de posiciones dominantes, etcétera, es un rol del Estado, y para eso está la ley de defensa de la competencia, la Secretaría de Energía y los entes reguladores.
Quiere decir que ENARSA se va a asociar con Shell, con Esso, con Petrobras, con PDVSA y no sé con qué empresa más, y el león va a tener que controlar al león. ¡Por favor, no cambiemos de esta manera los roles!
Entonces, se crea una nueva empresa del Estado. La historia argentina no nos llena de orgullo en esa materia. Si estuviéramos en Finlandia o Noruega tal vez podríamos mirar las cosas de otra manera, pero estamos en la República Argentina y tenemos sobrada experiencia.
Convengamos en que las reformas que se han introducido atenúan el dictamen original, pero no purgan los vicios originales. Se destruye totalmente el sistema de la ley 24.065 y también el esquema de la ley 24.076; las dos leyes, de gas y de electricidad, son destruidas en su núcleo principal, en la distinción de los roles.
Se invade la función del Estado, la defensa de la competencia, y se la entrega a una porción del Estado, a una sociedad anónima del Estado asociada con particulares. Damos vuelta totalmente las cosas. Se mantiene la posibilidad de los contratos directos, que hemos criticado hasta el hartazgo durante muchísimos años cada vez que ellos se celebraron. A mí me tocó criticar fuertemente el que se estaba llevando adelante con Techint, aunque felizmente el gobierno dio marcha atrás y decidió llamar a licitación pública.
Se excluyen los contratos directos en las áreas off shore. El texto parecería excluirlos cuando hace referencia a la ley de hidrocarburos, pero en todo lo demás que pueda hacer ENARSA la cuestión queda igual a la del dictamen inicial.
Tengo la sensación, la dolorosa sensación, de que estamos volviendo a la patria contratista, en la que algunos pocos ganaron mucho a costa de muchísimos que perdieron infinitamente. Esta es la realidad de lo que hoy va a votar el Congreso. (Aplausos.)

sr. presidente camaño.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

sr. PINEDO, FEDERICO.- Señor presidente: si el Poder Ejecutivo y el bloque Justicialista hubieran tenido una concepción más abierta del proceso democrático de gestión de las leyes, seguramente podríamos haber tenido despachos distintos a los que se han propuesto. Pero es en el recinto, en el día de hoy, que nos notificamos todos los diputados de la oposición, que representamos a casi la mitad de la Argentina, que la Comisión de Energía y Combustibles iba a aceptar modificaciones a propuesta del bloque Justicialista. Si hubiera aceptado modificaciones a propuesta de la totalidad de los bloques, muchas de las cuales son semejantes a las que ahora propone el bloque mayoritario, las cosas serían distintas.
Este proyecto mereció un dictamen de minoría que propicia su rechazo por parte del bloque de Compromiso para el Cambio y del interbloque Desarrollo Federal, porque nosotros estábamos en contra de crear un organismo para hacer contrataciones directas sin ningún tipo de controlpúblico de la actividad de los funcionarios públicos.
Nosotros estábamos -y seguimos estando- en contra de que se prive a las provincias de su patrimonio y de que se incurra en prácticas anticompetitivas contrarias a lo previsto por el artículo 42 de la Constitución Nacional, mediante la asociación de una empresa estatal con empresas privadas que competirán en el mercado en desigualdad de condiciones con otras empresas privadas, por permitirse a ellas la integración vertical y horizontal de la prestación de servicios en mercados energéticos, a diferencia de lo que sucede con los demás competidores.
Sin embargo, ahora se proponen algunas modificaciones que tampoco son suficientes. Quizá se podría haber mejorado el texto si hubiéramos tenido una discusión más franca y abierta, pero la discusión lo ha sido muy poco. Considero un agravio hacia el Congreso de la Nación la actitud del Poder Ejecutivo de no informarle acerca de cuál va a ser el estatuto de una sociedad que propone crear, o siquiera cuál va a ser su capital social.
El dictamen de mayoría insiste en la constitución de la sociedad como si fuera una sociedad del derecho privado. Al respecto, la ley de sociedades establece cuál es el régimen aplicable a este tipo de sociedades, que se denominan sociedades con participación estatal mayoritaria. Pero el dictamen de mayoría insiste en algo que no es lo que prescribe esa ley.
Asimismo, sigue allí instalado lo referido a la sección V del capítulo II de la ley de sociedades, como marco regulatorio de esta sociedad que estamos creando. Voy a demostrar al bloque de la mayoría que si aplicamos la sección V del capítulo II, como dice el artículo 1° del proyecto en tratamiento, ENARSA no va a poder funcionar.
El artículo 264 de la ley de sociedades dice en su inciso 4° que no pueden ser directores los funcionarios de la administración pública cuyo desempeño se relacione con el objeto de la sociedad, hasta dos años después del cese en esas funciones. O sea que el Estado nacional no va a poder designar directores en ENARSA.
Tan así es que hay otro artículo de la ley de sociedades, el 310, que expresa que a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria no se les aplica la norma del artículo 264, porque va de suyo que los directores de las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria son funcionarios públicos.
Lo mismo sucede con el artículo 272, que dice que cuando un director tuviera un interés contrario al de la sociedad, deberá abstenerse de intervenir en la deliberación. Los directores que representan al Estado tienen el deber de defender los intereses del Estado, que no necesariamente son los mismos de la sociedad, porque ésta tiene participación privada dentro de sus accionistas. Entonces, los directores que designe el Poder Ejecutivo no podrán participar en las deliberaciones del directorio. Lo
mismo pasa con los miembros del consejo de vigilancia, de acuerdo con el artículo 280 de la ley de sociedades de la misma sección V.
De manera que este disparate de decir que una cosa no es lo que es, tiene consecuencias que, de verificarse, van a significar que la sociedad no va a poder tener directores, ni consejo de vigilancia, y si tiene directores no van a poder deliberar, salvo que se viole la ley, lo que estaríamos impulsando si se aprueba el dictamen de mayoría.
De modo tal que no basta con cambiar el artículo 6° en materia de control interno y externo -de lo que nos felicitamos y a lo cual brindamos nuestro caluroso apoyo-, para que el dictamen de mayoría tenga andamiaje.
El otro tema es el de la integración de los servicios. Lo que se pretende con las leyes de electricidad y gas es que quien transporta, y es titular de un servicio público, monopólico naturalmente, no pueda competir en los otros extremos del mercado, ya sea en la generación, en la producción de gas o en la distribución.
En este caso, el funcionario que nos explicó cuál iba a ser la actividad de ENARSA nos dijo que eso no iba a suceder, porque la empresa iba a cumplir con los marcos regulatorios de las leyes de electricidad y gas. Por ello, con motivo del debate en particular, vamos a solicitar que al final del artículo 1° del proyecto contenido en el dictamen de mayoría sencillamente se incorpore una frase en la que se aclare que se va a cumplir con los marcos regulatorios de los servicios públicos específicos.
Por otra parte, mantenemos otra diferencia central. El artículo 2° es el que pretende privar a las provincias litoraleñas de los recursos que están bajo el subsuelo de su mar territorial, lo que está prohibido por el artículo 124 de la Constitución Nacional, que con la reforma de 1994 ha establecido que esos recursos pertenecen a las provincias.
Si tenemos dudas sobre la soberanía territorial de las provincias -me gustaría que esto lo oyeran los diputados de la Capital Federal, de la provincia de Buenos Aires y de las provincias patagónicas-, recordemos que Joaquín V. González decía sobre el particular que las provincias tuvieron siempre la posesión de sus territorios, que se convirtieron en propiedad de los estados constituidos en ellas.
Asimismo, Joaquín V. González decía que eso era lo previsto en los artículos 3°, 13 y 75, inciso 15, de la Constitución Nacional. Los artículos 3° y 13 son explícitos en cuanto a que no le se puede privar a ninguna provincia de su territorio, ni siquiera para constituir la capital de la República. Además establecen que cuando se pretende modificar los límites provinciales o de la Capital Federal se requiere la aprobación de la Legislatura de la provincia afectada.
En este proyecto de ley, no ya para constituir la Capital Federal de la República -que alguna importancia institucional tiene- sino para privar a las provincias de su propiedad, se sugiere que el Estado nacional mantenga la apropiación indebida de los recursos de las provincias sin consentimiento de las Legislaturas. Para ello se va a dar un derecho de exploración y explotación exclusivo a una sociedad estatal que en una parte minoritaria puede participar en otras sociedades con empresas privadas que pueden ser mayoritarias y que van a explorar y explotar el mar territorial.
En este sentido, debo decir que la ley de federalización de hidrocarburos de 1992 establecía lo mismo. Allí se fijó que hasta las doce millas marinas el territorio pertenece a la jurisdicción provincial y más allá, hasta las doscientas millas, pertenece a la jurisdicción nacional.
Esto proviene de un antecedente, que es un bando que se llamó ley 18.502, dictado por el general Onganía,que primero le usurpó el poder a la Nación y a todas las provincias, y después le quitó el patrimonio a las provincias por medio de este bando. Esa ley Onganía fue derogada por la ley federal de pesca y es el antecedente de la ley de federalización de hidrocarburos, que por supuesto en proyecto separado estamos pidiendo que se derogue.
La Constitución Nacional establece que la Nación sólo tiene los poderes que le delegan las provincias. Las provincias de la Patagonia, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires no le han delegado su propiedad territorial.
De modo que, teniendo en cuenta lo que dice la Constitución Nacional, el artículo 2° del dictamen de mayoría sería inconstitucional, y si lo aprobamos, estoy seguro de que el día de mañana las provincias harán nuevamente juicios contra la Nación y volverán a ganarlos, debiéndoseles reconocer otra vez regalías, como ha sucedido en el pasado. Lo que pase después con el dinero de las regalías es un problema de cada provincia.
Estas son las objeciones principales que tenemos con respecto a este despacho, pero también queremos mencionar algunas cosas menores, en las que pedimos al oficialismo que incorpore nuestra propuesta, pero no hemos tenido éxito.
Una primera propuesta se refiere al artículo 5°, que se refiere a los directores que no pertenecen al Estado nacional y que no son suficientes para cumplir con las normas de oferta pública. Si esta sociedad va a hacer oferta pública debería tener otro director que no sea del Estado nacional. Eso implicaría un aumento, por ejemplo con un director de las provincias, con lo cual se cumpliría con este principio.
Otra observación menor es que le pedimos que modifique el artículo 4° porque nos parece que no se puede decir que esta sociedad del Estado asociada con particulares va a controlar los abusos de posición dominante, cuando dicho abuso es un delito. Entonces, no se puede decir que el Estado va a competir contra los delincuentes. Hay que decir que el Estado va a reprimir a los delincuentes. Por eso, pedimos la modificación del artículo 4° y en esto no se perjudicaría para nada el proyecto del Poder Ejecutivo.
También creemos que debe modificarse el artículo 8°. El funcionario que explicó aquí que ENARSA era el ente adecuado para construir una base de datos energéticos, dijo que no tenía inconvenientes en que una vez construida ella fuera manejada por la Secretaría de Energía. Nosotros pedimos que se deje constancia de tal cosa en el texto de la ley.

sr. presidente camaño.- Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

sr. GODOY, JUAN CARLOS LUCIO.- Señor presidente: quiero recordar que el día en que juré como diputado de la Nación, la señora diputada Patricia Walsh hizo un discurso que guardo en mi memoria, en cuanto a no olvidar el juramento que hacíamos y cumplirlo en el desempeño de nuestra tarea legislativa.
Yo juré por Dios y por la Patria cumplir la función que me encomendó mi pueblo, y cuando tengo que discutir una ley como ésta, donde la sensación existente en mí al menos es que estamos ante una de las leyes más importantes en términos monetarios, me parece que es donde más hay que poner la conciencia y hasta el espíritu.
Muchos señores diputados venimos escuchando desde hace un tiempo que se estaba haciendo una nueva empresa nacional para defender los intereses argentinos, fundamentalmente el petróleo, algo tan caro a nuestra historia.
Resulta que de aquella idea nacionalista que empezó a transitar en los medios de comunicación, estamos terminando hoy en día, a mi entender, en una empresa extranjera.
De entrada nomás, el 35 por ciento del capital de esta empresa es privado y estoy seguro de que será extranjero. Por eso, uno tiene dolores, porque ve una coincidencia en general y la siente en el pueblo en cuanto a la recuperación de lo perdido.
Pero con el muy aplaudido discurso del señor diputado Blanco -un legislador a quien respeto y que se comportó en forma excelente cuando presidió los plenarios de comisiones- se advierte lo que vengo diciendo. El señor diputado señaló que no tenía dudas, pero yo debo responderle que me dejó más dudas que nunca. La verdad es que ahora tengo más dudas que cuando se discutió la cuestión en los plenarios. Incluso, desde el punto de vista de los procedimientos existe otra cosa que tampoco me gusta. La pregunta del señor diputado Pernasetti fue muy oportuna.
Aquí ha habido especulaciones que no son conducentes para este momento. Recuerdo cuando el señor diputado Polino preguntó en un plenario de comisiones si había voluntad de modificar el proyecto de ley, y el presidente del bloque del Partido Justicialista le contestó: "Ni loco, porque en el Senado se modificó, y miren lo que pasó; nosotros no vamos a modificar."
Sin embargo, hace unos minutos se trajeron de golpe en el recinto algunas modificaciones. El señor diputado Blanco dijo que se trataba de decisiones a instancias del bloque Justicialista. Debo rectificarlo, porque la intención que se tiene es, de alguna manera, aceptar las propuestas formuladas por distintos señores diputados en el plenario de las comisiones. Esta es la verdad.
Los debates fueron muy ricos y permitieron que se escucharan otras posibilidades. A todos nos llegaron noticias de que existía la intención de cambiar el texto del proyecto sobre la base de las posturas que habíamos mantenido en el plenario de las comisiones.
Coincido con el señor diputado Blanco cuando dice que hay que ser consecuentes con la historia. Estoy de acuerdo con el papel de YPF como una empresa estatal. Lo que ocurre es que no sé si la posterior venta de YPF trajo consecuencias en ese sentido. Con todo respeto, digo que alguna parte de la intervención del señor diputado Blanco me hizo pensar que él estaba defendiendo la venta de YPF, porque era una empresa que presentaba un alto endeudamiento. Esa fue mi interpretación, pero me puedo equivocar.
De cualquier manera, siendo consecuente con la historia de Yrigoyen, Perón e Illia, traje un párrafo del general Mosconi que fue publicado por el Grupo Moreno. Dice así: "Resulta inexplicable la existencia de ciudadanos que quieran enajenar nuestros depósitos de petróleo, acordando concesiones de explotación y exploración al capital extranjero para favorecer a éste con las crecidas ganancias que de tal actividad se obtienen."
Luego continúa: "Si para la explotación de los yacimientos fuimos partidarios en un principio de las organizaciones mixtas constituidas por el Estado y por el capital privado, dándole a aquel la dirección política, y consideramos que contemporáneamente podía mantenerse el sistema de acordar concesiones a las compañías privadas, la experiencia de las luchas incesantes que la organización fiscal ha debido soportar con las compañías privadas durante todo el tiempo que las hemos dirigido, nos condujo a la conclusión de que tales organizaciones, la fiscal y la privada, no pueden coexistir, pues representan dos intereses antagónicos destinados a vivir en lucha, de la cual sólo por excepción saldrá triunfante la organización estatal."
Eso lo dijo Mosconi en un libro titulado La batalla del petróleo, editado en 1957, lo que fue recopilado por YPF en 1984. A mí también me interesa que sepan que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional defienden sólo dos tipos de empresas para la explotación petrolera en cualquier lugar del mundo: las privadas y las mixtas, pero no promueven ni apoyan financieramente a las empresas nacionales, porque esto implicaría perder recursos, ganancias e ir contra los intereses de los Estados que son dueños del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
Además, en el sector petrolero existe una oferta totalmente oligopolizada; son muy pocas las empresas. Si a cualquiera de nosotros se nos pidiera que en medio minuto -si nos dieran cinco minutos sería igual- mencionáramos cuántas empresas petroleras conocemos, con seguridad sólo citaríamos cuatro o cinco nombres. Esa es la cantidad de empresas que manejan los recursos más importantes del mundo.
En particular deseo señalar que Repsol YPF maneja en el mundo ingresos por 37.500 millones de euros, lo que representa un presupuesto y medio, casi dos, de la República Argentina. Acá se está discutiendo por los poderes delegados, por siete mil millones de pesos, y por otro lado casi no se le da importancia, pasa inadvertida la discusión por la creación de ENARSA, cuando quizás estamos debatiendo por cientos de miles de millones de dólares. Adviertan la diferencia entre los poderes delegados y lo que representa la plataforma continental.
Cabe señalar al respecto que justamente la plataforma continental le ha servido a Brasil para lograr el autoabastecimiento, que alcanzará en 2006. Brasil no obtiene su petróleo de su geografía continental sino de su plataforma marítima, donde han logrado aplicar la máxima tecnología.
Nosotros no tenemos idea de los valores que están en juego.

-- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, don Eduardo Ariel Arnold.

sr. GODOY, JUAN CARLOS LUCIO.- Por eso, me gustaría mucho que la votación fuera nominal, porque pienso que claramente aquí se está defendiendo o no el interés nacional.
Todos queremos una empresa que defienda el patrimonio nacional, la cuestión es cuál será el instrumento que se usará para defenderlo, teniendo en cuenta los montos que están en juego.
En este debate se habló de la pobreza de nuestra gente y de la falta de desarrollo. ¡Qué distinto sería todo si ese patrimonio que se perdió cuando se vendió YPF hubiera quedado con nosotros!
Quiero resaltar una vez más el caso de estas empresas que he mencionado, Repsol YPF o SHELL, que manejan el mundo del petróleo, que tienen tremenda influencia en los Estados de los países en que actúan. Y justamente porque tienen influencia en esos Estados, que son dueños del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, llegan las indicaciones, casualmente cuando se está negociando la deuda externa, y terminamos creando una empresa como quiere el Fondo Monetario Internacional.
Sin embargo, lo que complica más el panorama es la cuestión jurídica, que brevemente expondré.
Este proyecto tiene una falla de origen por la que yo entiendo que esta empresa puede nacer muerta. Ojalá que no sea así, y que los señores diputados que han suscripto el dictamen de mayoría tengan éxito.
El texto sostiene que esta empresa nace bajo el régimen del capítulo II, sección V, de la ley 19.550. Cuando se les ha mencionado que esta empresa no es del tipo jurídico previsto en esa disposición, algunos señores
diputados han dicho -figura en la versión taquigráfica- que este proyecto modifica la ley 19.550. El señor diputado Cigogna me hace señas de que es así.
Ahora bien, tengo que señalar lo que dijo el doctor Quevedo Mendoza cuando fue al plenario invitado por los presidentes de las comisiones. En esa oportunidad, cuando se le consultó sobre esta cuestión de la empresa moderna -como la llamaba él, frente a lo cual le dijimos que en verdad de moderna no tenía nada y que en todo caso era novedosa, cosa que fue reconocida por él-, dijo textualmente lo siguiente: "Ahora, ¿por qué el proyecto de ley no dice expresamente que se modifica la ley 19.550? Porque creímos que era algo inconveniente, porque en realidad la ley 19.550 no se quiere modificar. Simplemente se le quiere da a esta empresa una tipicidad que no tiene acogimiento en la ley 19.550. Nos parecía totalmente suficiente decir que se aplica la sección V del capítulo II y las disposiciones de la presente ley. Nos pareció que eso era suficientemente claro como para evitar introducir normas modificatorias que sean modificatorias sólo para este caso y no para los demás. Es decir, la ley 19.550 queda absolutamente vigente." Esto lo dijo quien yo entiendo que fue el autor intelectual de este proyecto de ley desde el Poder Ejecutivo.
Esto es muy grave. Por eso digo que esta ley puede nacer muerta, porque la cuestión del tipo jurídico en el derecho societario es parecida a la tipificación del delito que se da en el derecho penal. En este último, cuando se tipifica un delito todo lo que allí queda comprendido será sancionado o penado, y lo demás no está en discusión. En el derecho societario, por el contrario, solamente son válidas las sociedades que están tipificadas expresamente en la ley 19.550. Las demás -todo lo que se quiera hacer, cualquier engendro, por más calificación de moderno o novedoso que se le ponga- van contra estos tipos y por el artículo 17 pueden ser declaradas nulas.
¿Dónde se modifica la ley 19.550? El artículo 5°...

sr. presidente arnold.- Señor diputado: le recuerdo que comparte su tiempo con dos diputados más.

sr. GODOY, JUAN CARLOS LUCIO.- Sí, señor presidente, pero podría haber un poquito de indulgencia ya que me parece que el tema amerita que nos podamos extender algún minuto.

sr. presidente arnold.- De acuerdo, señor diputado, pero igualmente le recuerdo que comparte su tiempo con dos legisladores más.
El señor diputado Macaluse le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

sr. GODOY, JUAN CARLOS LUCIO.- Sí, señor presidente.

sr. presidente arnold.- Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

sr. MACALUSE, EDUARDO GABRIEL.- Señor presidente: yo le había planteado anteriormente al presidente de la Cámara que el tiempo que tomara de más el señor diputado Godoy se descontara del tiempo que le corresponde a nuestro interbloque.

sr. presidente arnold.- Lo tengo claro, señor diputado.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

sr. GODOY, JUAN CARLOS LUCIO.- En primer lugar, el artículo 5° no fija el capital que debe tener esta sociedad y establece que sea el estatuto el que deba ordenar. A nosotros nos hubiera gustado que el estatuto constara precisamente en esta ley, pero obsérvese que se ha dicho reiteradamente que esto es una pyme. Hay muchos diputados y senadores que han hablado de este tema, y yo digo, por el contrario, que esta puede llegar a ser la empresa más grande de la Argentina si -como decíamos hace un momento- se explotan los recursos petroleros que tenemos y se desarrolla esta empresa como corresponde. Entonces, no es para dejar de lado de qué capital estamos hablando. Creo que esta es una falenciaenorme que tiene el proyecto en tratamiento.
En cuanto a las transgresiones que se observan a la ley 19.550, el artículo 5° señala que el capital social estará representado por acciones clase "A", que serán ordinarias de un voto y que también serán intransferibles. Sin embargo, es imposible que las acciones sean intransferibles. En este sentido, cabe destacar que el actual inspector general de Justicia, el doctor Nissen, quien ha prologado un libro sobre nominatividad de acciones del doctor Mac Mullen, señala que lo que se logró con aquella norma es impedir que el legislador imposibilitara la transferencia de acciones. Es decir que quien va a recibir esta ley para inscribirla en la Inspección General de Justicia ya ha opinado sobre este tema, al manifestar que estas acciones siempre tienen que ser transferibles. Por esa razón, cualquier acotación que se haga diciendo que se va a mantener alguna mayoría estatal, será de cumplimiento imposible, si es que se respeta el artículo 214 de la ley 19.550 en lo atinente a la transferencia de acciones.
Otra cuestión crucial es lo que se establece en cuanto a las acciones clase "E" -que aparecen inexplicablemente, da la sensación de que se trata de un agregado-, al señalar que serán acciones ordinarias y sin derecho a voto. Sin embargo, cabe aclarar que por el artículo 216 de la ley 19.550 las acciones ordinarias siempre tienen derecho a voto. Por ende, esta también es una transgresión.
Pero la complicación mayor viene después, cuando en el apartado IV del inciso b) del artículo 5° se expresa: "La sociedad podrá emitir obligaciones negociables. Dichas obligaciones podrán transformarse en acciones clase 'E'." El hecho es que las obligaciones negociables son convertibles en acciones unilateralmente; lo decide el acreedor en el momento del vencimiento. En esa instancia se puede presentar y pedir las acciones clase "E", y se las tienen que entregar, lo que automáticamente implicará un aumento de capital, también del resto de las acciones. En consecuencia, habrá que analizar en qué momento lo podrán hacer, y si el Estado argentino estará en condiciones de afrontarlo, tal como lo están asintiendo antes de tiempo sin saber siquiera de qué capitales estamos hablando. Sin duda es muy grave esa disposición.
Por otra parte, al hacer referencia a los directores, el proyecto establece que uno de ellos tendrá que ser especialista en temas bursátiles. La verdad es que yo pensaba que estábamos creando una empresa petrolera y no una empresa especuladora. No entiendo por qué es imprescindible que uno de los directores tenga que ser especialista en asuntos vinculados con la Bolsa. Arthur Andersen era especialista en temas bursátiles, y miren lo que le pasó a más de una empresa en el mundo.
Hago hincapié en el tema de las obligaciones negociables porque al levantar mi vista veo a la señora diputada Osuna, cuyo esposo está al frente de EDEERSA, que es una empresa importante de Entre Ríos. Personalmente, he conversado con él, y por eso sé que está en una cruzada enorme, que consiste en reestatizar la empresa, que fue privatizada por el mismo gobernador que hoy está a cargo de la administración de la provincia de Entre Ríos. Lo quieren hacer porque el pasivo que tenía la empresa, integrado por obligaciones negociables y otros tipos de pasivos, fue comprado por un "fondo buitre". Ahora, ese "fondo buitre" quiere acceder a la titularidad de EDEERSA y así quedarse con la empresa, dado que tiene un porcentaje aproximado al 40 por ciento del capital social.
Fíjense las consecuencias que puede traer aparejada la emisión de obligaciones negociables, de títulos en la Bolsa y la aparición en los mercados internacionales. Digo esto porque así como está pasando con las empresas privatizadas que nos están haciendo juicios en otros lugares, un día puede aparecer un comprador de acciones que se presente en otro país diciendo que las acciones son transferibles y que tienen derecho a voto. Ahí es donde comienza una gran complicación, como la que estamos viviendo en estos momentos con las empresas privatizadas.
Lo que realmente quiero es no tener duda. La vez pasada alguien dijo que había que tener confianza. Creo que la confianza la tenemos cuando emitimos un voto, pero después hay que exigir a los gobernantes. No se puede tener livianamente un poco de confianza. No quiero que me pase lo que ocurrió con muchos diputados en la década del 90, tan castigada por el presidente de la República.
En la década del 90 se vendió YPF. Tengo en mi poder el discurso del entonces diputado Parrilli, quien justificó su venta. A pesar de tal circunstancia, el ex diputado Parrilli hoy es secretario general de la Presidencia de la Nación. Nosotros necesitamos tener confianza, y de esta manera no se va a lograr. (Aplausos.)

sr. presidente arnold.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

sr. LOZANO, CLAUDIO RAUL.- Señor presidente: hemos escuchado voces que nos alertan respecto del eventual retorno a la patria contratista. Esto me hace acordar a recientes experiencias militares, donde esa patria contratista hizo prácticamente un despojo del patrimonio público de los argentinos.
Hemos escuchado defensas cerradas de marcos o de entes regulatorios que han demostrado su más absoluta connivencia con las empresas que operan en el sector y una gran distancia con el interés público de nuestra sociedad.
Debo confesar que hoy tengo un conflicto con este proyecto que estamos discutiendo: por un lado, soy cofirmante de un despacho de minoría, que creo que deberíamos estar discutiendo ahora; por otro, la verdad es que más allá del modo, de los mecanismos y de la mayor o menor prolijidad que debiera haber existido, me parece que la voluntad política de las modificaciones propuestas por la bancada mayoritaria -a instancias del debate que se gestó y de las voces que se hicieron oír en relación con esta discusión-, son indudablemente relevantes.
Hemos sostenido que el discurso que planteaba el gobierno a partir de sus principales exponentes -tanto el señor presidente de la Nación, como el señor ministro De Vido-, no se correspondía con el proyecto que ingresó para ser considerado por esta Cámara.
Dijimos que en realidad hacer cierto ese discurso público requería haber hablado de "ENARSE" -es decir, unasociedad del Estado- antes que de "ENARSA".
Hemos dicho que la propuesta de constituir una sociedad anónima de derecho privado y comercial no garantizaba a futuro la mayoría estatal, y también señalamos que esto la alejaba de la pertinencia y vigencia de los controles públicos vinculados con la ley de administración financiera.
Por supuesto, entendíamos que esta era una situación absolutamente compleja, dado que se estaba concediendo poder para asignar, explotar y explorar de manera directa o por terceros la plataforma marítima continental. Estas prevenciones estaban habilitadas por varias razones: por la experiencia exitosa de empresas petroleras de América latina; por lo que ha sido la suerte de diferentes experiencias de sociedades anónimas que hemos constituido en nuestro país y que en muchos casos fueron vehículo de procesos de privatización y extranjerización; por una realidad concreta que es la experiencia del saqueo que ha habido y aún existe sobre nuestros recursos naturales, y por la ausencia de definiciones en materia de cambios regulatorios en los sectores energético y de hidrocarburos.
Voy a explicar qué significa que estas prevenciones estaban habilitadas por la experiencia exitosa de empresas petroleras de América Latina.
Tomemos el caso de Petrobras, en Brasil, que es un país importador de petróleo. En realidad, la Constitución de Brasil, en su artículo 117, establece el monopolio estatal de la extracción, refinación, etcétera. Además, existen leyes que determinan que Petrobras es una sociedad de economía mixta con participación mayoritaria del Estado bajo control de la Unión Federal, que será ejercido mediante la propiedad y posesión de al menos el 50 por ciento más una acción del capital votante de la sociedad. Es decir que estas cuestiones quedan expresa y taxativamente definidas.
En el caso de PDVSA, la Constitución de Venezuela establece con toda claridad que es una sociedad anónima donde el ciento por ciento de las acciones son del Estado, y que esta composición no puede ser alterada. De acuerdo con el artículo 302 de esa Constitución, el Estado se reserva el monopolio petrolero, y el artículo 303 determina que por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional el Estado conservará la totalidad de las acciones petroleras de PDVSA o del ente creado para el manejo de la industria petrolera. La experiencia de empresas exitosas en materia petrolera en América Latina obligaba a discutir que una empresa de esta naturaleza no nos garantizaba la mayoría estatal.
En segundo lugar, en cuanto a la historia de sociedades anónimas que fueron vehículo de procesos de privatización y extranjerización, las tenemos a la vista; tal es el caso de ESEBA, en la provincia de Buenos Aires.
Esa empresa nació como sociedad anónima con participación estatal provincial mayoritaria y el resto del accionariado repartido entre usuarios y trabajadores, es decir, prácticamente un culto a la propuesta de la comunidad organizada.
Diez años después, en el marco de otro gobierno y de otro contexto político, ESEBA permitió transformar la energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires dando cuenta de un proceso de privatización y extranjerización.
En tercer término, el saqueo de nuestros recursos naturales ha estado a la orden del día, y no puede llamarse de otro modo por el hecho de que a raíz del proceso de privatización vivido el horizonte de reservas en nuestro país equivale a la mitad de lo que fue al momento de la privatización.
Tampoco pueden desconocerse el crecimiento superlativo de la colocación de recursos de hidrocarburos en el mercado mundial desabasteciéndose el mercado interno, y la pérdida absoluta de control sobre la renta petrolera que efectivamente la Argentina debe recuperar para estar en capacidad de financiar su proceso de desarrollo.
En cuarto lugar, si uno piensa en crear una empresa estatal se supone que ésta será una herramienta de política. En este sentido, estamos en mora respecto de definiciones importantes. Aquí se necesita intervenir los entes reguladores que operan en el sector energético y crear un ente específico para tal sector poniendo en marcha un marco regulatorio sobre el sector de hidrocarburos que el proyecto de ley que estamos discutiendo pospone para dentro de un año.
Con varios compañeros diputados de distintos bloques, con diferentes organizaciones sociales y con la participación de expertos de diferentes grupos, como la Fundación Bariloche, el Grupo Moreno, el Plan Fénix -más allá de que hubo diferencias en la estrategia parlamentaria-, se consideraron válidas estas prevenciones y se planteó con toda claridad la necesidad de revisar las cuestiones que estoy señalando.
Por estos elementos es que, en ausencia de una actitud de mayor apertura por parte de la mayoría para incorporar modificaciones, soy cofirmante de un dictamen de minoría. Entiendo que éste es, sin duda alguna, mejor que el que se propone para votar. Es mejor conformar una sociedad del Estado que, efectivamente, hacer lo que en todo caso se está planteado en el proyecto de ENARSA: una sociedad del Estado pero abierta al capital privado.
Estamos planteando la posibilidad de recuperar los yacimientos y reservas que han sido apropiados bajo mecanismos que incumplen la ley de hidrocarburos vigente. Estamos proponiendo la constitución de un directorio que refleje no sólo el interés estatal sino el del conjunto de la sociedad, con representantes de usuarios, de trabajadores, de distintos sectores de la sociedad.
Por lo tanto, estamos planteando una estrategia de democratización del Estado. A su vez, estamos proponiendo que es absolutamente imprescindible excluir de los directorios a todos aquellos que han sido partícipes de los recientes procesos de privatización en la Argentina.
Ratificando absolutamente todas y cada una de las convicciones que me llevaron a ser firmante de este dictamen de minoría, y sintiendo además que esto sería lo razonable para discutir en función del contexto en que está hoy la situación en materia energética, no puedo menos que saludar y señalar que si, efectivamente, las propuestas mencionadas por el informe de la mayoría se incorporan al proyecto, las voy a acompañar, porque creo que reflejan una voluntad política muy superior a la que comenzó con el tratamiento de este proyecto.
Creo que, ciertamente, se podrían haber hecho mejor las cosas, pero también creo que cuando se discuten este tipo de situaciones hay que considerar todos los elementos de carácter jurídico, las relaciones de fuerza y todas las contradicciones en juego.
Al respecto, no tengo la menor duda de que la voluntad política que estas modificaciones están en todo caso representando avanza en términos de recrear un consenso que nos permita dar vuelta la página de una experiencia lamentable, como la que ha significado el neoliberalismo y la experiencia conservadora en materia energética.
En función de ese objetivo, de las definiciones que se han ido vertiendo en los últimos días, de acuerdos con petroleras como PDVSA y de la constitución de Petrosur y de una petrolera energética a nivel continental, me parece que hay que dar un voto de confianza en esta dirección. (Aplausos.)

sr. presidente arnold.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.
Señor diputado Polino: la señora diputada Osuna, que ha sido aludida por el señor diputado Godoy, está solicitando una interrupción. ¿Se la concede?

sr. POLINO, HECTOR TEODORO.- Sí, señor presidente, en el entendimiento de que su intervención será descontada de mi tiempo.

sr. presidente arnold.- Para una interrupción tiene la palabra la señora diputada por Entre Ríos.

sra. OSUNA, BLANCA INES.- Señor presidente: quiero hacer una aclaración porque he sido aludida, pero más que nada por la situación que en este momento está transitando mi provincia en relación con la empresa de energía.
Efectivamente, como acá se ha dicho, la empresa de energía de la provincia de Entre Ríos fue privatizada en el año 1996, durante la gestión del doctor Jorge Busti. Con el producido de esa privatización fue que en mi provincia se construyó la red troncal de gas. Por otra parte, la empresa ya privatizada tuvo una buena gestión hasta que, durante el gobierno del doctor Sergio Montiel -perteneciente al mismo partido que el señor diputado que me aludió, quien lo integró durante muchos años-, generó una situación de absoluta irregularidad: confiscó y expropió parte del capital de la empresa. Por eso, actualmente está procesado.
El gobierno de Entre Ríos se hizo cargo de parte de las acciones de la empresa y hoy ha llamado a licitación. Pero quiero dejar aclarado que en este mismo momento se están tratando en la Legislatura de mi provincia dos proyectos que fueron girados por iniciativa del actual gobernador. Uno de ellos tiene que ver con poner límites a la participación o intervención de los "fondos buitre" en las empresas privatizadas o en aquéllas que, como en este caso, tienen abierta una licitación para parte de sus acciones.
Por otro lado, también se encuentra en tratamiento una modificación del marco regulatorio que establece una cláusula de caducidad para dejar absolutamente cubiertos los intereses del Estado y de los usuarios.

sr. presidente arnold.- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

sr. POLINO, HECTOR TEODORO.- Señor presidente: hoy, estamos considerando un proyecto fundamental, que se torna mucho más importante a la luz de la lamentable experiencia de la década del 90.
Los diputados del socialismo y del ARI, que hemos firmado un dictamen de minoría, vamos a mantener en todos sus términos lo que hemos suscripto.
Es cierto que el oficialismo ha introducido algunas modificaciones, que son más bien la respuesta a las fundadas críticas públicas que hemos estado formulando diputados de la Nación y diversas organizaciones sociales representativas de un amplio abanico de la actividad cultural, económica, política y social de nuestro país.
Sin embargo, son reformas absolutamente insuficientes y que no disipan el peligro que hemos estado señalando a lo largo de estas últimas jornadas. Citando el verso de Musset, digo esta noche que "Mi vaso es pequeño, pero bebo en mi vaso." Del mismo modo, los votos de nuestro dictamen tal vez no sean muchos, pero en esta sesión seguramente histórica, nosotros nos aferramos a los principios, porque sabemos que ante cualquier hendija que quede abierta en materia de petróleo estaremos entregando o posibilitando la entrega de jirones de la soberanía nacional. El dictamen está inspirado en el pensamiento y en la obra del general Mosconi, que defendió la riqueza petrolera. Tuvieron que derribar a Hipólito Yrigoyen para alejarlo de YPF; fue un centinela inclaudicable de la soberanía nacional. Mosconi defendió el costo argentino del petróleo y de los hidrocarburos y combatió la tesis que hoy está de moda de los precios internacionales del petróleo y el gas.
Esos recursos subyacentes en las entrañas del suelo argentino, que fueron descubiertos en la época de YPF, son explotados por trabajadores que cobran salarios acordes con la crisis argentina, y luego son utilizados por los usuarios de nuestro país. Sin embargo, se requiere la aplicación de los precios de la especulación internacional, como si los trajésemos del Golfo Pérsico, de Arabia Saudita o de Rusia.
Mosconi se cuadró frente a las pretensiones de la Shell y de la Esso defendiendo el costo argentino. Hace unos días, el propio ministro De Vido dijo, en el seno de cuatro comisiones, que el costo promedio de producción del petróleo en Argentina es de ocho dólares; y tengo cifras aun menores.
Que alguien explique la razón por la cual, permanentemente, se reajustan los valores de la nafta, el gasoil, el GNC, el GLP y el gas natural en función de los precios de los mercados internacionales. Que alguien explique por qué salen de los bolsillos de los argentinos miles de millones de pesos por año para incrementar la renta petrolera. Si esa renta estuviera al servicio de un proyecto de país de desarrollo nacional autónomo y auténtico otra sería hoy la situación de la Argentina, y no tendríamos que estar mendigando créditos en organismos financieros internacionales que condicionan permanentemente a nuestra soberanía.
Defiendo nuestro dictamen de minoría porque todos estamos de acuerdo en lo siguiente. Cuando uno conversa en privado todos dicen que lo que el país necesita es una empresa del Estado. Y si esta noche estamos pariendo una empresa, ¿por qué lo tenemos que hacer contrariando nuestras convicciones y nuestros pensamientos más íntimos, dando nacimiento a una empresa privada bajo la forma jurídica de la sociedad anónima, de acuerdo con el capítulo II, sección V de la ley 19.550?
¿Por qué no dar nacimiento esta noche, entre todos los sectores políticos populares de la Argentina, a la empresa que la Nación Argentina está necesitando?
No es que yo quiera meterme en la falsa antinomia -creada por los sectores interesados- de empresas del Estado versus empresas privadas. Tenemos que superar esta vieja antinomia, porque las empresas del Estado muchas veces demostraron ser permeables a los intereses privados en contratos leoninos hechos por funcionarios corruptos al servicio de intereses creados.
¿Por qué no creamos una empresa pública con aporte de capital del Estado y también del sector privado, pero colocando en su directorio -como lo proyectamos- directores que representen al Estado, a las provincias, a los usuarios, a los trabajadores, y una figura independiente? Proponemos que se nombre a través de concursos públicos de antecedentes y oposición y a través del filtro de las audiencias públicas.
El Poder Ejecutivo ha aprobado, y nosotros hemos apoyado, el decreto por el cual los futuros miembros de la Corte deben pasar por el filtro de una audiencia pública, así como por el filtro de la impugnación o del apoyo que pueden dar los ciudadanos y las instituciones.
¿Por qué, entonces, se va a designar a dedo a los funcionarios del directorio de ENARSA? En ENARSE, una Empresa Argentina Sociedad del Estado, proponemos el concurso público y los antecedentes de oposición para que puedan estar al frente funcionarios inobjetables, que no estén vinculados con los intereses de las empresas privadas, como ha venido sucediendo a lo largo de estos últimos nefastos quince años de la Argentina, en que funcionarios que estaban al frente de empresas privadas pasaban al día siguiente a los directorios de los entes reguladores.
Proponemos que ENARSE convoque a los empleados, a los ex técnicos y ex profesionales de las ex empresas del Estado que fueron apartados de las mismas a través de los llamados retiros voluntarios o directamente despedidos. Decimos esto para que ENARSE, la Empresa Argentina Sociedad del Estado, pueda utilizar las mejores capacidades, las mejores experiencias de esos empleados, funcionarios y técnicos que se habían puesto en la solapa, del lado izquierdo, la bandera azul y blanca y defendían los derechos y los intereses de la empresa petrolera estatal, generando una mística que era compartida por los empleados y por buena parte de la sociedad argentina. Sabíamos que la renta petrolera volvía luego al Estado argentino.
Nosotros declaramos servicios públicos el gas y la energía eléctrica, no sólo en la etapa de la distribución y del transporte, sino también en la de la generación y producción, para que el Estado pueda intervenir en la regulación de los precios, evitando aumentos injustificados y este absurdo libre juego de la oferta y la demanda en un mercado totalmente cartelizado.
Proponemos que el órgano de fiscalización de la empresa esté integrado por representantes del Estado nacional y de las provincias, pero que también estén representantes del principal partido de la oposición en el Senado y en la Cámara de Diputados de la Nación, para que la oposición tenga posibilidades de controlar a la empresa.
No olvidemos que ésta no va a ser una empresa más, sino la que intervendrá en la exploración, la explotación, el transporte, la refinación, la comercialización, la distribución, no sólo de los hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos, sino también del gas natural, la energía eléctrica, la energía atómica, el hidrógeno. Nosotros lo ampliamos al resto de las energías alternativas.
De modo que constituimos esta sociedad del Estado, de acuerdo con las disposiciones de la ley que estaríamos sancionando y de la 20.705, de sociedades del Estado, en cuanto no resulten contradictorias con la primera, y asimismo en forma subsidiaria será de aplicación la ley 19.550 y sus modificatorias.
Esta es la diferencia sustancial con el dictamen de mayoría. En nuestro dictamen decimos que lasociedad a crear se regirá por la ley de sociedades del Estado y por la ley de sociedades comerciales en tanto y en cuanto ésta no se oponga a los principios y espíritu de la iniciativa.
En cambio, el dictamen de mayoría crea una sociedad privada, lo que resulta irreconciliable con nuestro dictamen de minoría. Nosotros creamos una sociedad del Estado o empresa pública, mientras que el dictamen de mayoría genera una empresa privada, regida como una sociedad anónima simple, como las que están contempladas en la sección V del capítulo II de la ley 19.550.
Por eso, a pesar de las tres reformas que se anunciaron esta noche, la esencia no cambia. Reconocemos que nuestra prédica dio resultados, pero ellos han sido demasiado parciales, pues no aventan los peligros que se vislumbran sobre el horizonte.
En esta materia, si queremos alcanzar el consenso, debemos ser claros. Estoy de acuerdo con el discurso del miembro informante. Le hubiese estrechado las manos por los aspectos teóricos y políticos de su exposición, pero ellos no tienen nada que ver con el texto del dictamen de mayoría que estamos considerando.
También le dije al ministro de Planificación que estábamos de acuerdo con el discurso que había leído en el seno de un plenario de cuatro comisiones, pero sus palabras no tenía nada que ver con el texto del mensaje y proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Senado, que luego de su tratamiento empeoró aún más la norma.
Cuando pregunté al ministro si avalaba las reformas del Senado, me contestó que sí, por lo que deduzco que el gobierno está de acuerdo con esta iniciativa que ahora se está modificando parcialmente.
El artículo 8° originario del dictamen de mayoría dice que Energía Argentina S.A. podrá crear, administrar, mantener, operar, gerenciar y gestionar una base de datos integral de los hidrocarburos, a la cual una vez creada, tendrán acceso todos los operadores del mercado hidocarburífero, conforme a la reglamentación que oportunamente se dicte.
¿Por qué esa base de datos va a estar a disposición de los operadores privados? Nosotros proponemos reemplazar el verbo "podrá" por "deberá" crear, administrar, mantener, etcétera, una base de datos. Dicha base de datos contendrá toda la información referente a los costos de explotación de los recursos naturales existentes en el sector.
Nuestro dictamen también señala que esta ley será de orden público y regirá en todo el territorio nacional. Esta salvedad no la hace el dictamen de mayoría.
Cabe preguntar por qué se crea una empresa privada y por qué el presidente de la República instaló en la sociedad la idea de una empresa estatal. Hoy, buena parte de la sociedad, cuando se refiere a ENARSA, piensa en una empresa del Estado. Los propios periodistas hablan de una empresa del Estado. ¿Por qué desde las alturas del poder se instala en la sociedad un discurso y la idea de creación de una empresa del Estado? ¿Por qué luego no se es coherente con esa idea que se ha lanzado e instalado en la sociedad? ¿Por qué no se dice la verdad, que se está creando una empresa privada bajo la forma de una simple sociedad anónima? Así todos nos quedaríamos más conformes, porque sabríamos de qué estamos hablando.
Nosotros queremos recuperar la mística de la defensa de la empresa pública en el área de la energía. Queremos recuperar la renta petrolera para impulsar el desarrollo independiente de nuestro país.
En el momento de la crisis más fenomenal que ha vivido la República Argentina, en 2002, Repsol YPF tuvo una utilidad neta, después de haber pagado los impuestos, de 2.100 millones de dólares; y en 2003, de 2.444 millones de dólares.
Repsol, la empresa española, obtuvo a lo largo de todos estos años en España una utilidad neta promedio anual del 5 por ciento, y sus accionistas estaban locos de contentos. En la Argentina, el promedio fue del 15,5 por ciento, o sea, el 200 por ciento más que el máximo que ha obtenido en su casa matriz en España. ¡Qué distinta sería hoy la situación de nuestro país si esa renta petrolera estuviera al servicio de nuestro desarrollo!
Queremos impedir la corrupción y los negociados, cuidarnos en salud. Queremos y debemos llevar a cabo la distribución social de la renta petrolera. En ese sentido, nuestro dictamen de minoría abre un cauce, un camino, una posibilidad, y también una esperanza, que comparten muchísimos argentinos.
Hoy como ayer, la lucha por la conquista de las riquezas petroleras sume a la humanidad en guerras. Ha habido guerras mundiales motivadas por el apoderamiento del petróleo. En nuestro suelo americano los grandes intereses creados enfrentaron a los pueblos de América Latina y luego les vendieron la ferretería bélica para apropiarse de las enormes riquezas de su subsuelo.
Ahora, tenemos el drama del pueblo de Irak, donde la gran potencia militar, financiera y económica del mundo está atropellando los derechos más elementales de un pueblo, con el único objetivo, no confesado por supuesto, de apoderarse de sus enormes riquezas de petróleo. Por eso, sostenemos nuestro dictamen de modo firme pero sereno, sin claudicaciones ni concesiones de naturaleza alguna.
Para finalizar, quiero recordar las palabras que Alfredo Palacios pronunció el 30 de septiembre de 1958 en nombre del Movimiento en Defensa del Petróleo Argentino, que hoy, de algún modo, siguen teniendo mucha actualidad. Dijo Palacios: "Queremos impedir la entrega porque afecta a nuestra soberanía y a nuestra dignidad. El pueblo está harto de mentiras y simulaciones. Por el camino que se lo conduce no se llegará a constituir una nación fuerte y respetable. Seremos solamente un mercado. Nuestro pueblo está perdiendo la fe. Y no nos equivoquemos: del tráfico de esa fe y de su crédito, ha vivido hasta hoy la mentira. Queremos que se realice sin tragedia la continuidad histórica de nuestro progreso institucional. Todavía estamos a tiempo. Mañana será demasiado tarde. Apelo, por eso, al presidente de la Nación, para decirle, desde la tribuna del pueblo, que está en sus manos la tranquilidad y la soberanía de la República."
A lo que yo agrego: apelo a los diputados de la Nación, a los miembros del bloque de la mayoría que representan y pertenecen a un partido popular, para reconstruir juntos las bases materiales, institucionales, políticas y culturales de la Nación argentina. (Aplausos.)

sr. presidente arnold.- Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.

sr. ROMERO, HECTOR RAMON.- Señor presidente: el capitalismo, sobre todo el capitalismo salvaje, es como el virus del sida o el de la anemia infecciosa equina: mutan a medida que uno los va atacando. Esto es lo que nos pasa.
Decía el otro día, recordando al escritor Cortázar, que tengamos cuidado de que nuestra casa no sea tomada de la misma manera que ocurre en el cuento La casa tomada, de este autor. Sabias palabras -como diría Herodoto- que escaparon del cerco de los dientes del presidente de la Comisión de Energía, el señor diputado Blanco, pero no por eso tienen la gravedad de lo certero.
Este proyecto de ley que estamos pariendo -como decía el señor diputado Polino- en rigor de verdad lo estamos pariendo mal, porque el artículo 214 de la ley de sociedades, referida a la transmisión de las acciones, dice que éstas son libres, y según este proyecto, en cambio, son intransferibles. Pero el artículo 17 establece algo más grave todavía, cuando habla de la tipificación de las sociedades y dice que es nula la constitución de una sociedad fuera de los tipos autorizados por esta ley. La omisión de cualquiera de los requisitos previstos hace que la sociedad sea nula.
Yo diría que esta sociedad, que tiene una forma extraña -y además no se dice que se modifica la ley 19.550, como ya se señaló acá- realmente arremete contra nuestra inteligencia, pero en rigor de verdad no es ni chicha ni limonada: no es una sociedad anónima en el sentido propio de la figura ni una sociedad del Estado.
Digo esto sin animus injuriandi, porque ha sido muy elocuente el presidente de la comisión y ha propuesto algunas reformas que veníamos sosteniendo desde el bloque radical con el objeto de mejorar un poco la perspectiva y el futuro de esta norma. Digamos que es loable el esfuerzo que ha hecho la comisión para mejorar este proyecto de ley, pero no alcanza.
Este instrumento es malo; no trae la solución, y no porque estemos en contra. Nótese que nosotros tenemos tradición en esto. En 1922, Yrigoyen creó por decreto YPF, y avanzando en el tiempo, por decisión del anterior gobernador, hoy en el Chaco sostenemos a las empresas del Estado porque a partir de ellas se puede hacer política social. En el Chaco, todos los "colgados" hoy tienen luz; todos los que no pueden pagar el agua hoy cuentan con ese servicio; los que no contaban con medios de transporte hoy tienen la posibilidad de trasladarse en un tren diseñado por ingenieros chaqueños que hasta tiene aire acondicionado. Entonces, ¿cómo no vamos a creer en la sociedad del Estado? Dennos un punto de apoyo para mover este mundo y poder nosotros también ser partícipes de las ventajas que significa para nuestra sociedad recuperar la independencia.
Desde este punto de vista, el proyecto, tal como está planteado, es bueno, porque nos ayuda a discutir ciertas cosas y volver a un pasado que para nosotros fue venturoso.
Por otro lado, es correcto lo que señaló el presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, al referirse a los seis mil millones de deuda de YPF. Pero también habría que decir que el gobierno de ese entonces endeudó la empresa y se quedó con los dólares, motivo por el cual después tuvimos que regalarla.
Esa es parte de la historia. No voy a extenderme demasiado -luego voy a pedir la inserción del resto de mi exposición en el Diario de Sesiones-, pero el tema es lo suficientemente importante como para pasarlo livianamente por alto. ¿Qué vamos a hacer con el Enargás y con el ENRE? La caricatura jurídica de esta empresa la pintaron muy bien otros colegas al comienzo de la consideración de este asunto.
¿Qué vamos a hacer a partir de la creación de esta empresa las provincias que no tenemos gas? Formulo la pregunta porque en muchas provincias nos movemos con el gas licuado de petróleo, que volverá a quedar en manos de una empresa que podrá dar participación a otras en el manejo del gas. En las provincias del Norte pagamos el gas un 120 por ciento más caro que lo que cuesta el gas por redes, aunque no todos, porque en esa zona del país muchos todavía siguen juntando leña, dado que no tienen con qué pagar un tubo de gas.
En materia de abusos un colega señaló muy bien que nos encontramos frente a una grosera violación de la ley. Estamos hablando de un delito. Pero el tema de la posición dominante es otra cuestión que está protegida por otras leyes. ¿Qué vamos a hacer con todo esto?
Por estos motivos, creo que es un error encuadrar a esta empresa en la sección V, del capítulo II, de la ley 19.550, que además está siendo reformada.
En ese sentido, cabe recordar que ya hemos cometido muchas barbaridades reformando leyes, porque incluso llegamos a cambiar la forma de pago prevista en el Código Civil, al establecer que no tienen validez los pagos superiores a mil pesos que no se hagan con cheques. ¿Quién va a respetar esto en las provincias del Norte? ¿Quién tiene una chequera en esas provincias? En este caso ocurre lo mismo, y por eso lo recuerdo. Tratemos de no equivocarnos más de lo que lo hemos hecho.
Como lo señalé con anterioridad, solicito que se inserte en el Diario de Sesiones el resto de mi presentación, que no es un discurso. Digo esto porque tal como lo señaló alguien, si queremos hablar en serio debemos hablar de una ENARSE, es decir, de una empresa del Estado en serio.
Allá por el año 480 antes de Cristo, en Grecia, Jerjes, con sus persas, estaba en guerra con los romanos. En el desfiladero de Las Termópilas trescientos espartanos al mando de Leónidas resolvieron defenderse del paso de veinte mil persas al mando de Jerjes. A estos trescientos espartanos les ofrecieron que entregaran sus armas, diciéndoles que las flechas de los persas eran tantas que iban a tapar el sol. Dícese que Dieneces, uno de los soldados que estaba entre el conjunto de hombres que resistía en el desfiladero, dijo: "Mejor, así pelearemos a la sombra."
Estos veinticinco funcionarios que van a integrar la empresa que se creará, se encontrarán con otros miles que trabajan en otros lugares, como Petrobras, etcétera. ¿Van a poder hacer lo que hizo Dieneces? O sea, ¿van a poder pelear a la sombra? Entiendo que el proyecto que se ha presentado no es serio.
¿Por qué digo que venimos teniendo la casa tomada? Porque todos los días este Congreso recibe agresiones, como si fuéramos incapaces de deducir por nosotros mismos qué es lo que le conviene a cada uno de los integrantes de nuestro pueblo.
No sé si esos veinticinco funcionarios van a ser los trescientos que hubo en el desfiladero de Las Termópilas -precisamente en ese lugar hay un cartel que dice: "Viajero, anuncia Esparta que yacemos aquí en obediencia a la ley."- o si vamos a ser nosotros, como legisladores, los que continuemos con la idea de que esta empresa sea realmente del Estado. (Aplausos.)

sr. presidente arnold.- Tiene la palabra la señora diputada por el Chaco.

sra. MONTENEGRO, OLINDA.- Señor presidente: voy a solicitar la inserción en el Diario de Sesiones de lo que pensaba exponer en este recinto.

sr. presidente arnold.- La Presidencia informa a la señora diputada que al final del debate se votará si la Honorable Cámara autoriza las inserciones solicitadas y a solicitar por los señores diputados en el curso de esta sesión.

sr. presidente arnold.- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

sr. BECCANI, ALBERTO JUAN.- Señor presidente: bien ha dicho mi correliginario, el señor diputado Romero, que a pesar de la tradición que siempre ha tenido el radicalismo en estas cuestiones, no podemos acompañar la sanción de este proyecto de ley por estar en total desacuerdo con el instrumento elegido.
ENARSA nace, por lo menos ante la opinión pública, como una empresa testigo. Para el Estado nacional no es fácil crear una empresa testigo para controlar los precios de las otras empresas.
Eso que he dicho posteriormente fue desmentido en las comisiones del Senado y en las que se ocuparon de este tema en esta Honorable Cámara. Entonces, se dijo que iba a ser una empresa más para competir en el mercado energético.
Luego se habló de una corporación de fomento, instrumento válido que existe en muchas partes del mundo. En principio nos alegró esa definición, porque la corporación de fomento suple la falta de iniciativa privada, desarrolla actividades en las cuales la iniciativa privada es temerosa del riesgo, y posteriormentedecide si las mantiene o privatiza. Se trata de una figura importante en la legislación internacional que ha dado óptimos resultados.
También en esta casa, en las comisiones, el ministro De Vido dijo que en realidad ENARSA será un holding. Entonces, además del desconcierto que en nuestro bloque generaron aquellos cuatro objetivos que habrá de tener ENARSA, se nos hace dudar a raíz de esa manifestación relativa al holding.
No encontramos en la ley ningún impedimento para que la empresa madre pueda transferir actividades o asociarse -fuera de la voluntad del Congreso- con otras empresas, y ni siquiera habrá un control del Estado. Un holding funciona así. En consecuencia, podrán constituirse empresas para la explotación y exploración, así como también empresas de servicios; habrá tercerización, y el control del Estado se irá diluyendo. Quizás, estemos creando un monstruo que será inmanejable salvo para los intereses propios de los que están en esto.
La cuestión, que no es menor, complica aún más. No repetiré todos los argumentos expuestos, que han sido muy sólidos; pero debo señalar que cuando apartan a ENARSA del capítulo VI de la ley 19.550 con el argumento de que la dotarán de agilidad, hay una confusión importante.
Si bien una empresa privada tiene más agilidad que una empresa pública, ésta -por ser propiedad del Estado- cuenta con la ventaja de conocer de antemano la estrategia de la Nación en materia energética para estar a la cabeza de los cambios. Entonces, una cosa compensa la otra. En cambio, la empresa privada debe esperar a que se fije la política oficial para luego actuar. Por eso es inconcebible el criterio de aceptar una empresa privada. Debe tratarse de una empresa pública de acuerdo con lo que regula la ley 19.550. No es necesario que incumplamos esta ley o que creemos tipos extras, porque la cuestión ya está contemplada.
También nos preocupan mucho las reformas que introdujo el oficialismo, pues generan más dudas. En uno de los agregados se hace referencia a la ley de hidrocarburos, estableciéndose la necesidad de observar los mecanismos de transparencia y competencia. Si ENARSA va a estar sujeta a las disposiciones de la ley de hidrocarburos no imaginamos cómo se compatibilizará con su artículo 72, que establece que los permisos y concesiones acordados pueden ser cedidos previa autorización del Poder Ejecutivo. Es decir, si vamos a estar sometidos a esto, el Poder Ejecutivo podrá ceder los permisos y concesiones.
El artículo 73 de esa ley dice que los concesionarios de explotación podrán contratar préstamos bajo la condición de que el incumplimiento de tales contratos por parte de ellos importará la cesión de pleno derecho de la concesión a favor del acreedor. Es decir que se toma un préstamo y como garantía se da la concesión; si el crédito no se paga, ésta pasa al prestamista.
Al menos con estas disposiciones se está transgrediendo lo que públicamente se expone en cuanto a lo que se pretende de ENARSA. Si seguimos con la ley de hidrocarburos, estarán limitadas las áreas de exploración y de explotación, y hay un artículo en colisión flagrante con el proyecto de ley. El artículo 51 de la ley establece: "No podrán inscribirse en el registro precitado ni presentar ofertas válidas para optar a permisos y concesiones regidas por esta ley, las personas jurídicas extranjeras de derecho público en calidad de tales."
El artículo 6° del proyecto del Poder Ejecutivo -el famoso artículo- dice que ENARSA queda facultada a suscribir convenios con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Fíjense la colisión que producen estos artículos.
Nosotros decimos que el instrumento es inadecuado porque nada bueno puede surgir de semejante colisión de normas. Se transgreden la ley 19.550 y la ley de hidrocarburos, y se va a colisionar con los regímenes -ya señalados- que regulan toda la actividad energética.
No compartimos la delegación de facultades que se hace a una sociedad anónima privada, según el concepto oficial, para intervenir en el mercado. La intervención en el mercado es una función indelegable del Estado y una sociedad privada, por más que en parte sea del Estado, es privada y no puede intervenir en el mercado nacional. Hay otras leyes, hay otras regulaciones y siguen las colisiones flagrantes con toda la legislación vigente, que es lo que más nos preocupa.
Hay algunos detalles que quisiéramos que estuvieran en la ley. El ingeniero Espinoza, que supuestamente va a ser uno de los directores de ENARSA, si es que se crea, dijo en el Senado y en esta Cámara que los gastos de administración y financiamiento de ENARSA no van a superar el 5 por ciento de las ventas. Este bloque comparte ese criterio. Hay que limitar los gastos, sobre todo de empresas públicas o semipúblicas, pero es necesario ponerlo en la ley. Porque no nos podemos quedar con la declaración de que se va a gastar solamente el 5 por ciento de las ventas y no ponerlo en la ley.
Por eso, cuando se trate en particular este proyecto, este bloque va a propiciar que se contemple esta posibilidad, y vamos a hacer que cumpla la palabra el ingeniero Espinoza.
Una cuestión que si bien se trató no es menor, es la integración del capital. Nosotros reclamábamos que se señalara en la ley cuál iba a ser el capital inicial. Vamos a reconocer que en la ley de presupuesto viene para compra de acciones una partida de cien millones de pesos. Suponemos que es para ENARSA y podemos creer lo que dicen los funcionarios, que es para ENARSA. Este monto es de alrededor de treinta y tres millones de dólares, y para una empresa energética puede ser poco dinero pero para las arcas de nuestro país y su situación es mucho. Creo que este Congreso merece conocer el plan de negocios de la sociedad. No pueden decir que es secreto. Fíjense en las páginas web de todas las empresas que se han dado como ejemplos, y se van a dar cuenta de que figura el plan de negocios, el plan de desarrollo. Esto pasa en las páginas de la empresa petrolera de Venezuela, de la de Ecuador, en donde están todos los desarrollos que se piensan hacer.
Entonces, es una falta de respeto al Poder Legislativo decir que se va a gastar, invertir o como se quiera llamar, treinta y tres millones de dólares o cien millones de pesos, sin saber cuál es el plan de negocios que se va a llevar a cabo. Nosotros como legisladores no podemos aceptar un nuevo avasallamiento de las facultades propias de esta casa.

-- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Eduardo Oscar Camaño.

sr. BECCANI, ALBERTO JUAN.- Respecto de la intransferibilidad de las acciones, adherimos plenamente a lo que otros bloques han sustentado al respecto. Nosotros queremos decir que acá se están confundiendo las cosas, porque si la ley de hidrocarburos va a ser cumplida por ENARSA hay que tener en cuenta que los artículos 1° y 2° de dicha ley hablan de que los yacimientos, tanto líquidos como gaseosos, de la República pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional. Si hay voluntad de no transferir no es necesaria esta cláusula que vuelve a transgredir la ley 19.550. Entonces, nos alegramos sinceramente del control que se va a efectuar por parte de la SIGEN y de la Auditoría General de la Nación. Lamentamos que no haya habido más oportunidad de diálogo, porque habríamos logrado un mejor instrumento. Sin embargo, rescatamos como positivo que los reclamos de la oposición sobre este aspecto hayan sido escuchados, ya que en este recinto se han propuesto reformas.
Por otra parte, quiero destacar que la base de datos no puede estar en una empresa privada sino que tiene que estar dentro de la Secretaría de Energía, porque es una función indelegable del Estado que no estamos dispuestos a ceder.
Por último, me ha quedado una duda que seguramente se va a aclarar durante el transcurso de la sesión. El oficialismo hace un agregado al artículo 2°, que dice que en los procesos de asociación que realice deberá observarse el mecanismo de transparencia y competencia. Allí advierto una limitación a los mecanismos de transparencia y competencia porque el artículo 1° establece que ENARSA tendrá por objeto llevar acabo por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, el estudio, exploración y explotación. Es decir, vemos que limita la transparencia del trámite de la ley de hidrocarburos en caso de asociarse a terceros, pero no dice cuando lo hace por intermedio de terceros.
Entonces, creo que habría que agregar que estos trámites de transparencia también deben cumplirse cuando se opera por intermedio de terceros, porque de lo contrario dejamos al libre arbitrio del directorio de ENARSA el otorgamiento de exploraciones y explotaciones cuando se hace a través de terceros y sin guardar las reglas de transparencia que se piden en las asociaciones.
Por todos estos motivos, vamos a votar en general en forma negativa, y en el momento del tratamiento en particular de este proyecto intentaremos introducir reformas en algunos artículos.

sr. presidente camaño.- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

sr. BOSSA, MAURICIO.- Señor presidente: Michael Novakun liberal contemporáneo ha dicho que las ideas, que siempre han sido parte de la realidad, han adquirido hoy un poder mayor que el de la realidad. Es decir que el mundo ya no es como es, sino como lo queremos ver a través de nuestra anteojera ideológica, porque de lo contrario no se entienden ciertas apreciaciones que hemos escuchado hoy en este recinto.
Una de ellas es muy sorprendente: me refiero a cuando se manifestó que el capitalismo es un virus que muta. Que yo sepa, el capitalismo ha sido el gran triunfante en la batalla por imponer el orden económico social preponderante en el mundo luego de las funestas experiencias del comunismo y de los socialismos llamados populares.
Que yo sepa, los intelectuales de izquierda perseguidos en otras partes del tercer mundo buscan refugio en los países capitalistas, y no precisamente en Cuba, donde sólo lo hace Maradona.
Que yo sepa, señor presidente, decir que el capitalismo es un virus significa negar que en los países capitalistas es donde se respetan los derechos humanos, donde se da de comer a la gente, donde mejor se educa y donde más libertad de oportunidades y de progreso social existe.
Por lo tanto, quiero decir a los oradores que me sucedan en el uso de la palabra y también quiero comentar amablemente a aquellos que me precedieron, que ojalá pudiéramos hacer de este tema un debate no ideológico. Si fuéramos a ideologizar, podría traer a consideración lo que decía von Hayek, de la escuela austríaca de economía, cuando sostenía que toda intervención estatal terminaba en el autoritarismo. Sin embargo, bien me cuidaré de llegar a semejante extremo porque me he propuesto en mi vida pública -no soy un intelectual sino un político- no caer en los dogmatismos o en los extremos que nos impiden llegar a consensos mínimos sobre los temas de los que hablamos. Por eso, también me gustaría que en este debate se terminaran las invocaciones al supuesto gran Satán del neoliberalismo como el causante de todos los males en la Argentina. Además, este es un neologismo cuyo significado todavía no alcanzo a entender bien.
También me gustaría que habláramos sinceramente sobre el rol que cupo al Estado en los últimos cincuenta años en nuestro país. Me gustaría que nos preguntáramos con sinceridad, con una mano en el corazón y dejando de lado nuestras pasiones, qué tan malas fueron las experiencias privatizadoras, desreguladoras y regulatorias de los últimos quince años. Nos hace falta este ejercicio de memoria si no queremos volver a repetir errores del pasado.
Entrando de lleno al tema de ENARSA, no creo que las empresas públicas sean ni una hipostatización del bien común ni la síntesis del interés general.
Las empresas públicas son organizaciones dentro de una estructura llamada Estado que sirve a los fines del Estado, que muchas veces son opuestos a los de la sociedad. Bien lo sabemos con los ejemplos del Estado fascista, del Estado nazi, del stassi de la República Democrática Alemana, de la KGB, de las empresas estatales rusas. No siempre las empresas estatales fueron la síntesis del pensamiento social ni estuvieron constituidas para la sola defensa del interés público.
Es más, en la Argentina muchas veces las empresas públicas estuvieron más al servicio de sus burócratas y sus gremios que al servicio del interés general. Si no pregúntenles a los que querían tener un teléfono y encontraron que era un bien más escaso para adquirir que el plutonio. Pregúntenle a los que querían gas en invierno y desde Gas del Estado se les decía que ellos desafiaban las leyes de la termodinamia humana porque enviaban gas en verano y faltaba ese fluido en invierno.
Recordemos cuando la muy estatal YPF nos obligaba a importar petróleo porque nunca alcanzábamos el autoabastecimiento. Y hay tantos otros ejemplos sobre los que no voy a abundar porque son muy repetidos y no quiero aburrirlos.
Personalmente, opino que la experiencia del Estado empresario en la Argentina no fue buena. Alguien dijo -y respeto mucho esa opinión- que el Estado puede ser tan bueno o mejor empresario que los privados. Esta apreciación puede ser válida en alguna provincia argentina o en algún municipio, pero si nos atenemos a la historia reciente, que es la gran base de datos de la ciencia política y el gran acumulador de la experiencia política, debemos reconocer que el Estado argentino nunca fue un buen empresario. Jamás apareció en las revistas "Forbes" o "Fortune", y mucho menos fue apreciado por los usuarios de servicios públicos en la Argentina.
Creer que vivíamos en una Arcadia en donde los usuarios y clientes de servicios públicos estaban fascinados con las prestaciones gubernamentales es francamente faltarle el respeto a la historia; y no voy a caer en esa falta de respeto.
Me he propuesto compartir con ustedes un diálogo desapasionado -aunque no lo crean-, un diálogo constructivo, para preguntarnos qué necesita el Estado argentino en materia energética en este momento.
Me quedo con las palabras que en 1978 pronunciara Deng Xiao-Ping: no importa que el gato sea negro o blanco, lo importante es que cace ratones. De esa forma Deng comenzó una enorme tarea de privatización, desregulación, liberalización y reconocimiento de la propiedad privada para millones de chinos, lo que ha llevado a China hoy a ser una de las posibles candidatas a la sucesión de las superpotencias actuales.
Yo digo lo mismo: no importa que el gato sea negro o sea blanco; quiero que cace ratones. ¿Qué clase de felino necesitamos para que cace los ratones que hoy se nos están escapando?
Si me preguntaran si estoy o no de acuerdo con la empresa gubernamental, diría que en principio, dogmáticamente, no tengo nada en contra de una empresa gubernamental, porque hemos leído, cuando las experiencias privatizadoras y desreguladoras de los 90 comenzaban a mostrar sus lógicas fallas, un apasionante libro que se llama La reinvención del gobierno, de David Osborne y Ted Gaebler, quienes dicen que el Estado innovador tiene muchas flechas en su carcaj, con las cuales disparar a los problemas públicos. Una de esas flechas es la creación de empresas públicas.
No voy a renegar de las cosas que defendí en otros momentos de mi vida. Creo sí que un gobierno puede tener una empresa pública con algunas condiciones: la básica es una empresa pública sin privilegios, sin prerrogativas, que compita lealmente en el mercado, cuyos funcionarios y gerentes, si hacen mal las cosas, se fundan como sucede con cualquier empresa privada, y el pueblo argentino debe saber -si el Congreso debe votar una normativa para tapar el déficit de esa empresa que no supo competir- quiénes fueron los responsables políticos de esa catástrofe.
Ahora, el Poder Ejecutivo nos presenta el proyecto de ley de creación de ENARSA, una ley dietética de la cual me gustaría dar un enfoque -si se me permite la sutileza- desde la biogenética.
Me gustaría que analizáramos el ADN de ENARSA, el ácido desoxirribonucleico de esa empresa que hoy se nos plantea. ¿Es una empresa de giro comercial, como lo señaló el señor diputado Fernández, a quien le tengo un gran afecto, en su participación en comisión?
¿Es una empresa de giro comercial, como se encargó de decirlo enfáticamente el ministro De Vido cuando tuvimos la reunión conjunta en la comisión? ¿Es una empresa, como señaló Quevedo Mendoza, el demiurgo de ENARSA, quien dijo que había huido del mundo del derecho administrativo para refugiarse en el derecho privado a fin de poder así competir?
Si esto así fuera quien les habla no tendría más para decir. Analizando el ADN de ENARSA, en la cadena genética del artículo 1°, ab initio e in fine, en el artículo 5°, también el 6°, el 7° y el 10°, parecería ser una empresa privada. Está organizada según la ley 19.550, algo que es bueno. También se dice que el personal será seleccionado con criterio de excelencia. Eso también es bueno.
Asimismo, sostiene que va a competir en el mercado, lo que es bueno, pero cuando analizamos el resto de la cadena genética de ENARSA no nos parece que sea el gato de Deng Xiao-Ping que caza ratones, porque esto no es una empresa.
Si se observa el artículo 1°, en el medio se verá que viola disposiciones del actual marco regulatorio del sector, que establece claramente separaciones horizontales y verticales para la cadena de producción del ámbito energético.
Si analizan el artículo 3° también se darán cuenta de que viola especialmente el capítulo VII de la ley 24.065, de régimen de energía eléctrica, y el capítulo VIII de la ley 24.076, de marco regulatorio del gas. Y lo viola por más que los responsables futuros de ENARSA, esta empresa virtual, nos hayan dicho que van a cumplir.
Si se analiza el artículo 2°, vemos que nos habla de una concesión monopólica sine die del mar territorial, contrariando lo dispuesto por la ley 17.319 y sus modificatorias. También conculca la igualdad de oportunidades de las provincias, no respetando sus doce millas marítimas y la disposición del mar continental adyacente.
También el artículo 4°, al igual que un llanero solitario del gobierno, nos dice que ENARSA podrá intervenir en el mercado ante situaciones de monopolio, etcétera, cuando yo creía que ese era un rol del ente regulador correspondiente al sector.
Aunque esto sea corregido, viola también la ley de administración financiera y, para nuestra sorpresa, en el artículo 8° ENARSA es capaz de manipular la base de datos de sus competidores.
¿Qué es entonces, estimados amigos del oficialismo? ¿Es una empresa de giro comercial o es un ente regulador encubierto? ¿En qué quedamos?
¿Hemos cumplido las normas fundantes del esquema argentino de regulación energética, exitoso, admirado, copiado en el mundo, o lo estamos incumpliendo, creando una especie de per saltum normativo de ese marco regulatorio?
Al parecer, de las manipulaciones genéticas pueden salir las ovejas Dolly o los Frankenstein, y me temo que esta empresa es el Frankenstein de regulación del sistema energético argentino.
¿Qué le conviene a nuestro país para evitar ser dogmático? Mantener el modelo energético que está vigente e introducir acciones de corto alcance del gobierno para subsanar los problemas coyunturales que se presenten.
Si el gobierno quisiera explorar la plataforma marítima -objetivo otrora desechado por empresas capitalistas-, podría subastar subsidios. Si el gobierno deseara explorar áreas no consideradas por la iniciativa privada podría generar joint ventures.
Crear una empresa pública estatal, que a su vez es un órgano regulador encubierto, significa desconocer la historia argentina reciente en el manejo de empresas gubernamentales, lo que me parece un despropósito.
ENARSA no es necesaria. En el país hay cuarenta empresas eléctricas que garantizan niveles razonables de competencia y buena calidad. Existen más de treinta y nueve empresas de gas y de petróleo. Hay una buena calidad en la prestación de servicios, incluso varias veces superior a la prevista en los pliegos de concesión.
La Argentina pasó de importar energía en 1989 a ser exportadora en esta época. Tenemos tecnología de punta en el sector de generación eléctrica que es superior a la de muchos países desarrollados. ¿Qué hay que cambiar? ¿Por qué no adoptamos una actitud más humilde en la democracia, que a la inversa de las dictaduras, nos permite atesorar experiencia y reconocer nuestros errores, pero también avanzar a partir de lo que está bien hecho?
Recientemente, Suecia ha señalado que quiere imitar el modelo energético argentino. En cambio, el ministro De Vido le está diciendo a los suecos que vamos a cambiar dicho modelo.
ENARSA no se comportará en un ambiente equitativo, porque introducirá ruidos en el sistema y no va a competir en un pie de igualdad con los actores privados en el mercado. Esto es grave, porque limitará excelentes marcos regulatorios que la Argentina supo crear, los que nos dieron mejores servicios que los que teníamos antes.
Finalmente, ENARSA no es conveniente, porque introducirá incertidumbre en el mercado en el largo plazo, desalentará nuevas inversiones y nos alejará del circuito de países serios del mundo. Creo que el Estado ha tomado la flecha equivocada del carcaj que tiene disponible para solucionar los problemas públicos.
Quiero terminar con una frase de Tácito, aquel historiador romano que escribió sobre la República. Dijo que cuanto más se corrompía la República, mayor era el número de sus leyes. Considero que al Congreso le hace falta legislar menos sobre estos temas y cumplir con lo que ya existe. Ese será el secreto de nuestro éxito como Nación.

sr. presidente camaño.- Dado que el señor diputado Bonacorsi no está presente en el recinto, tiene la palabra la señora diputada por Neuquén.

sra. COMELLI, ALICIA MARCELA.- Señor presidente: creo que en la Argentina nadie en su sano juicio podría dudar de que un Estado ausente es la principal causa de nuestras tribulaciones.
Se trata de quien debió cuidarnos luego de reprimirnos en la década del 70 y en parte de la del 80; después nos abandonó, nos echó a las manos de los poderosos y desprotegió a los débiles, siendo cómplice de quienes nos desnivelaron.
También nos privó de una elemental intervención del Estado en el proceso económico financiero que ningún país exitoso del mundo ha dejado de lado, aunque se declare liberal.
Hoy, el Poder Ejecutivo parece haberse dado cuenta de la importancia crucial de intervenir en ciertos aspectos del mercado de hidrocarburos. Pretende hacerlo a partir de un modelo empresario. La idea no es nueva, ni mala ni buena; es una receta, que debe ser usada con sabiduría, mesura y transparencia.
Provengo de una provincia donde no es mala palabra decir que es necesario que haya empresas o sociedades del Estado en sectores clave de la economía. Son empresas exitosas y cuentan con el apoyo y reconocimiento
de toda la ciudadanía, como Hidrocarburos del Neuquén, que concurre con operadores privados y llega con gas a regiones de la provincia donde el afán de lucro de los privados no las hace rentables, con sociedades con participación estatal mayoritaria en las áreas de la energía, el agua y la forestación, para mencionar algunas.
En principio, estamos de acuerdo con que el Estado intervenga en ciertos sectores de la economía, pero también tenemos claro que debe ser a partir del tipo de sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Puede ser una herramienta eficaz, pero es necesario tener clara la finalidad última de esa intervención, para que no se transforme en el engendro que estamos tratando hoy. No vaya a ser que el remedio resulte después peor que la enfermedad, y en vez de servir para generar precios testigo termine interfiriendo el esquema de precios y tarifas, perjudicando en definitiva a los usuarios y a los consumidores. Es una inquietud.
Si imaginamos la realidad, que es en definitiva donde va a desarrollar sus actividades esta empresa, nos acicatean las primeras dudas sobre su viabilidad. Se quiere crear una empresa mínima, sin petróleo, sin gas, sin represas, sin usinas, sin redes, con un capital mínimo, carente de recursos tecnológicos propios y con veinticinco personas.
Esas personas se van a dedicar a explorar, explotar, producir, generar, transportar, distribuir y comerciar -más allá de las modificaciones que se han planteado- en los ámbitos local e internacional: petróleo, gas natural, energía eléctrica, carbón, energía nuclear y energías no convencionales como el hidrógeno. Además, esa empresa tendrá que incorporar reservas, explotando áreas no promisorias o recuperar áreas secundarias, para lo cual se requiere mucho capital y mucha tecnología. Visto así, el destino de la empresa aparece a todas luces un poco incierto.
Se ha dicho que ENARSA va a competir de igual a igual. Como ya lo señaló un señor diputado en este debate, es lo mismo que decir que veinticinco gladiadores van a pelear contra un ejército de casi veinte mil especialistas y empleados, por nombrar solamente a Repsol-YPF, Esso y Shell, que trabajan con gas y petróleo.
Como también ha sido dicho, estas veinticinco personas de ENARSA van a trabajar en el aire. La intención es que ellos se ocupen de controlar las posiciones dominantes del mercado.
Quedan más dudas. No menor es el tema estrictamente jurídico, sobre el que ya se ha abundado, por lo que no lo profundizaré.
A partir de la decisión de que el Estado nacional tenga más del 51 por ciento de las acciones, esta empresa ya se encuentra incluida en la sección VI del capítulo II de la ley de sociedades anónimas. No se puede encuadrar en la sección V porque justamente el Estado nacional tendrá el 51 por ciento del paquete accionario, las provincias el 12 por ciento y los privados solamente el 35 por ciento. Tiene que ser una sociedad con la tipología prevista en la citada sección de la ley 19.550 y no otra.
Esto es así porque a partir de este encuadre jurídico hay una serie de controles, un estatus jurídico diferente y riguroso en materia de controles, que es lo que parecería querer eludirse al plantear que esta sociedad sea común. Se trata de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, y es necesario que así sea, porque a partir de la ley de administración financiera hemos salido del esquema de la vieja ley de contabilidad para ingresar en un sistema de información de cuentas públicas, donde hay que hacer una evaluación.
El Estado no tiene que preparar los informes, como se hacía hace mucho tiempo, sino los estados contables en los que debe definir cuál es su patrimonio. El aporte del Estado no va a ser simplemente el presupuesto en función de cuáles van a ser los sueldos de los directores. También habrá que cuantificar el patrimonio que se aporta en términos de las reservas frente a cualquier tipo de negocios, más aún en esta empresa versátil que se quiere crear.
Una sociedad con participación estatal mayoritaria es sólo una herramienta, un instrumento en el marco de una política. Lo que nos está faltando es discutir y delinear la política al servicio de la cual va a quedar sujeta esta empresa. Tenemos que determinar la política a seguir para avanzar en la terrible crisis del sector energético. La misma Secretaría de Energía de la Nación plantea en su resolución 712 como de alto riesgo potencial la incapacidad de satisfacer la demanda energética de nuestro país a futuro y destaca la necesidad de incrementar la infraestructura disponible.
No nos arreglamos con el fueloil de Venezuela, que en realidad proviene de Rusia. El problema de fondo sigue siendo el mismo, palabras más o palabras menos: la falta de inversión. Hoy, los capitales de riesgo se muestran remisos a invertir. Tal vez no ven reglas claras, políticas definidas o seguridad jurídica.
Hoy, seguimos careciendo de una política energética poscrisis que posibilite inversiones de riesgo, que son absolutamente necesarias en este país. Pregunto si vamos a superar la crisis con esta sociedad del Estado que se pretende crear en un sector que se caracteriza prioritariamente por ser demandante intensivo de capital.
Sin hacer un pormenorizado análisis del articulado también queremos dejar planteado que el artículo 2° del proyecto crea un privilegio destinado a distorsionar el mercado, cosa que no traerá precisamente beneficios. Estamos transfiriendo las áreas marítimas de jure a ENARSA, que es lo mismo que decir en un 35 por ciento al capital privado y en un 12 por ciento a las provincias. Esto altera el sistema de la ley 17.319, que establece criterios y mecanismos para el otorgamiento de permisos y concesiones y obviamente está creando un caballo del comisario.
Pensamos que si no se definen ni aclaran bien las misiones, funciones y objetivos de esta empresa, realmente se estaría consagrando una verdadera anomalía constitucional, ya que se conferiría hasta el poder de policía indelegable del Estado a una sociedad anónima, que pasaría a ejercer facultades que son propias de los organismos de control o bien de los organismos públicos de la administración central. En este sentido, la ley debe ser clara.
Finalizo el fundamento de nuestro apoyo al dictamen de minoría del interbloque que represento diciendo -como también se expresó aquí- que hay que ser consecuente con la historia. Los señores diputados de la extracción política a la que pertenezco lo somos: en su momento votamos negativamente el proyecto de ley de privatización de YPF, y tuvimos que escuchar cómo un comprovinciano, que hoy es secretario general de la Presidencia, fundaba esa privatización. Lástima que cuando se produjo la crisis en Cutral-Có -no sólo por el desempleo sino por la frustración que provocó-, él no estuvo presente en esas rutas, y nosotros sí.
Entonces, si queremos ser coherentes tendríamos que estar discutiendo un proyecto de ley de hidrocarburos -se han presentado varias iniciativas, una de las cuales me pertenece- fundado sobre la base del marco político ajustado a la reforma de 1994, pero ni siquiera empezamos a debatirlo. Ese marco daría certeza a la definición de una política en materia de hidrocarburos.
Desde esa postura decimos que defendemos a YPF. El día que la privatizaron, en Cutral-Có nos dejaron solos. Con este engendro, tal como está planteado, creo que también nos van a dejar solos. Por este motivo no vamos a acompañar el proyecto. (Aplausos.)

sr. presidente camaño.- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
La Presidencia informa al señor diputado que dispone de cuatro minutos para hacer uso de la palabra.

sr. ZOTTOS, ANDRES.- Señor presidente: seré breve, y solicito la inserción de mi discurso en el Diario de Sesiones.
Hoy, estamos abocados al tratamiento de un tema importante y de gran trascendencia para nuestro país, porque estamos hablando de la propiedad y administración de nuestros recursos energéticos. El dictamen de mayoría propuesto establece la creación de una empresa con capital estatal mayoritario denominada ENARSA. Pero antes de tratar esta herramienta legal considero que hubiese sido importante para nuestro país definir una política energética, como bien lo expresó la señora diputada preopinante.
En la Argentina debimos enfrentar una crisis energética, y hoy estamos discutiendo sobre un instrumento jurídico que, lamentablemente, no sabemos en qué campo va a actuar.
La crisis energética de nuestro país puso en evidencia que el grave problema que afronta el sector es la falta de inversión. Como bien lo señaló la señora diputada Comelli, y con anterioridad el señor diputado Natale, los capitales de riesgo se muestran muy remisos a invertir en nuestro país. Seguramente, esto se debe a la falta de reglas de juego claras y de una política energética.
El Instituto Argentino de Energía General Mosconi definió el proyecto de ley en análisis como un instrumento confuso, y también ha expresado que aparece como una iniciativa aislada, poco fundada y que falta un plan energético nacional a mediano y largo plazo. Nosotros coincidimos con la opinión de este Instituto.
Como se dijo hace unos instantes, no se define la política dentro de la cual se utilizará esta herramienta, respecto de la cual otros legisladores ya han remarcado sus falencias.
Sin duda, presenta graves fallas de diseño. Si se constituye una sociedad hay que respetar las normas en cuanto al tipo social de que se trate, definir su objeto -que debe ser preciso y determinado-, cumplir las leyes que regulan la actividad y fijar el monto de su capital. Creo que no es necesario enumerar las demás falencias que ya han mencionado los señores diputados preopinantes.
Para terminar, quiero hacer una reflexión en este recinto respecto de la deuda que tiene pendiente el Estado nacional con la sociedad en torno a un adecuado y eficaz control de todas las empresas privatizadas. En este sentido, el Parlamento se debe abocar cuanto antes al tratamiento de un marco regulatorio para las empresas privatizadas, a fin de que sean más eficientesen la prestación de los servicios, para que los usuarios no nos encontremos ante una nueva crisis.

sr. presidente camaño.- Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

sr. POGGI, CLAUDIO JAVIER.- Señor presidente: antes que nada quiero decir que el interbloque Provincias Unidas está absolutamente convencido de la necesidad de que el Estado recupere la iniciativa en lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestros recursos energéticos.
Tanto es así que varios legisladores que formamos parte de este interbloque y que colaboramos en la campaña presidencial del doctor Rodríguez Saá podemos exhibir que dentro de las cien medidas propuestas a la ciudadanía para los primeros cien días de gobierno, había cuatro que trataban este aspecto. Me refiero a las que llevaban los números 40, 41, 42 y 43. Con el lema de que la energía y el petróleo de los argentinos eran de los argentinos, se fijaban acciones concretas en esta materia.
Con la debida autorización de la Honorable Cámara, voy a leer textualmente esas cuatro medidas.
La número 40 decía: "Crear la Empresa Nacional de Hidrocarburos para que la Argentina vuelva a tener una política nacional de petróleo."
La número 41 establecía: "Revisar los contratos con las empresas privatizadas del sector, sin afectar derechos legítimamente adquiridos."
La 42 fijaba lo siguiente: "La Empresa Nacional de Hidrocarburos operará en la exploración, explotación, industrialización y comercialización de petróleo y sus derivados."
Y la última medida vinculada con este tema expresaba: "Presupuestar las inversiones para desarrollar la tecnología para la obtención de combustibles alternativos y ecológicos, como la alconafta, biodiesel y el hidrógeno. Para estos fluidos se impondrán impuestos diferenciales y racionales."
Con todo eso queremos ratificar que la creación de una empresa nacional que retome la estrategia política energética ya estuvo plasmada en la propuesta de gobierno del Movimiento Nacional y Popular, en febrero de 2003, dos meses antes de las elecciones presidenciales que se efectuaron en abril de ese año. En esa oportunidad nadie hablaba de este tema. Sólo lo hacían los candidatos presidenciales que compitieron en ese momento.
El Poder Ejecutivo nacional, luego de un año y medio de gestión, presenta en el Congreso Nacional este proyecto de ley de creación de ENARSA. El interrogante que nos planteamos al analizar el texto del proyecto es el siguiente: ¿cumplirá esta empresa con lo que nosotros pensamos de una empresa nacional que retome la iniciativa energética en la Argentina? La conclusión a la que arribamos es que no cumplirá con esos objetivos por diferentes razones. Fundamentalmente, vamos a resaltar tres cuestiones.
En primer lugar, ¿cuál es el sentido de dejar un 35 por ciento de las acciones para la participación del sector privado? ¿Cuál es la razón de habilitar una porción del capital societario para el sector privado? Podemos llegar al absurdo de que nuestros socios privados sean Repsol, Shell, Edenor, Edesur, Esso, etcétera.
¿Cuál va a ser la estrategia que va a aplicar ENARSA para cumplir con lo que prescribe el artículo 4° del proyecto de ley? Este artículo dice lo siguiente: "Energía Argentina Sociedad Anónima podrá intervenir en el mercado a efectos de evitar situaciones de abuso de posición dominante originadas en la conformación de monopolios u oligopolios." Aquellos con quienes tendremos que competir en el mercado podrían ser socios de ENARSA.
Quienes defienden el proyecto de ley podrán decir que las acciones que representan al capital privado no tienen derecho a voto, pero bien sabemos que de acuerdo con lo establecido en el artículo 236 de la ley 19.550, a requerimiento de accionistas que representen por lo menos el 5 por ciento del capital social se podrá convocar a asamblea ordinaria y/o extraordinaria. Esto significa que la gestión del supuesto directorio del Estado que prevé esta ley podrá estar sometida al control de parte de los intereses de grupos privados del sector; además, estos gozarán de la posibilidad de conocer las estrategias empresariales de ENARSA al punto de influir sobre ellas.
Entonces, ¿qué estrategia empresaria o plan de negocios podrá seguir ENARSA para competir en el mercado si sus propios competidores podrán ser socios de la empresa, o eventualmente acreedores por la compra de obligaciones negociables que emita ENARSA según lo previsto en el inciso b) del artículo 5°?
El ministro De Vido, en su visita al plenario de comisiones, manifestó que la razón de la participación del capital privado en el capital social de ENARSA responde a la posibilidad de financiamiento; pero, paralelamente, también se dijo que la asignación presupuestaria para el aporte accionario del Estado nacional será mínima -cien millones de pesos, según el proyecto de presupuesto 2005-, y si éste representa al 53 por ciento del total, el 35 por ciento asignable al sector privado en el capital de ENARSA será aún más chico. Entonces, la figura del financiamiento aparece como un argumento sin consistencia para justificar la presencia de privados en el capital societario de ENARSA.
En segundo lugar, nuestros argumentos radicaban en la falta de control del Estado sobre ENARSA: la falta de participación explícita de la SIGEN para el control interno y de la Auditoría General de la Nación para el control externo. Por lo que manifestó el miembro informante se realizarán cambios en el dictamen de mayoría a los fines de subsanar esta cuestión, razón por la cual nos abstendremos de opinar sobre el tema.
El proyecto de ley será sancionado con esos nuevos párrafos, pero la actitud demostrada por el Poder Ejecutivo nacional, no sólo en esta iniciativa sino en casi todos los proyectos que envía a la Cámara, apunta a tener plena libertad para manejar los recursos públicos, evitar los controles del Congreso y ejercer plenas facultades y poderes para hacer y deshacer en lo relativo a esos fondos. Entonces, hoy la ley se sancionará con estos nuevos párrafos cubriéndose la parte del control del Estado sobre ENARSA, y tal vez por ello cuente con algunos votos más; pero no les quepa la menor duda de que en el proyecto de ley de presupuesto de 2006 el Poder Ejecutivo -como lo hace habitualmente- incluirá una cláusula exceptuando a ENARSA de los controles públicos fijados en la ley de su creación, y la mayoría de la Cámara no tendrá otra opción que aprobarla.
En tercer término, se libera a la empresa de cualquier procedimiento administrativo en materia de contrataciones, pues se dice que eso le resta operatividad y agilidad para competir en el mercado. Los fondos que manejará ENARSA son públicos y por ende deben ajustarse a las normativas del manejo de tales fondos.
Es un viejo latiguillo decir que el régimen de contrataciones del Estado produce inoperancia. En realidad, lo que se oculta con dicho latiguillo es la inoperancia de los funcionarios ejecutores de las políticas o, en su caso, el objetivo de hacer y deshacer libremente respecto de los fondos del Estado.
¿Cómo no vamos a estar en condiciones de discutir acerca de un régimen especial de contrataciones para ENARSA legislado por el Congreso? Es claro que estamos en condiciones de hacerlo; de no ocurrir ello, ENARSA estará habilitada para contratar sin límite en forma directa a quien quiera, asociarse con quien desee y canalizar los fondos del Estado como le parezca.
Estamos concediendo a siete directores superpoderes absolutos para la administración y disposición de los fondos públicos y de la renta energética que se pretende recuperar, pero a los fines de la designación de tales directores el Congreso no figura, no existe, no opina. Perfectamente podrán ser directores puestos por la competencia, ¿por qué no?, competencia que puede también ser socia, o que puede ser acreedora -por las obligaciones negociables-, o que puede ser amiga del gobierno. Legalmente, nada lo prohibiría.
Entonces, ¿es esta la forma de recuperar la iniciativa sobre la política energética argentina? ¿Estaremos defendiendo a los usuarios finales con la creación de esta empresa? ¿Estaremos defendiendo a nuestra industria dotándola de energía en calidad, cantidad y precio, con la creación de esta empresa? ¿No estaremos creando una empresa que será funcional a los intereses de las empresas privadas del sector energético? ¿Hemos escuchado a alguna empresa privada del sector oponerse o criticar a esta creación de ENARSA, o les da lo mismo, o les conviene?
Según nuestro criterio, esta no es la forma. Según nuestro modo de ver las cosas, sí debemos crear una empresa: ENARSE, no ENARSA. Debemos crear la empresa Energía Argentina Sociedad del Estado. Una empresa con un capital social ciento por ciento estatal, con un 50 por ciento de titularidad del Estado nacional y un 50 por ciento de titularidad del conjunto de provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Debería ser una empresa con un directorio y órgano de fiscalización integrado por cinco miembros, tres a propuesta del Poder Ejecutivo nacional y dos a propuesta de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respectivamente, todos con probados antecedentes en la materia, y todos ellos designados con acuerdo del Congreso Nacional.
Debe ser una empresa sometida a los controles internos y externos del Estado por medio de la SIGEN y de la Auditoría General de la Nación. Una empresa que disponga de un nuevo régimen de contrataciones que le dé funcionalidad sin resentir la transparencia y legalidad en el uso de los fondos públicos.
Una empresa que, por ley, tenga expresos límites a la contratación de personal, para evitar ser una agencia de colocación de amigos. Una empresa que por ley inicie las operaciones con un aporte cierto de capital del Estado. Una empresa que gire sobre la base de los recursos propios empresarios generados, y estableciendo que cualquier endeudamiento empresario a mediano y largo plazo, ejemplo obligaciones negociables, debe pasar por este Congreso.
¿Es tan difícil pensar que habiendo capitalizado los errores del pasado de las empresas estatales y estando convencidos de que el Estado en el sector energético debe retomar la iniciativa, no podamos llevar adelante una eficiente y moderna sociedad del Estado?
Nosotros creemos que sí podemos hacerlo, y que el Poder Ejecutivo trabajaría con un casi pleno acompañamiento de este Congreso. Pero también creemos que existió y existe un peligroso doble discurso por parte del gobierno nacional respecto a la creación de esta empresa, entre lo que se difunde y publica, que es lo que consume el ciudadano común, y el texto literal del proyecto de ley que elevó el Poder Ejecutivo nacional.
Podríamos decir que parece queso, tiene olor a queso, tiene los agujeros de un queso, tiene la cáscara de un queso, pero cuando leemos la ley resulta que es un jabón. Esa es la realidad de lo que se difunde y lo que dice el texto del proyecto de ley.
Por todos estos motivos, y ratificando la vocación del interbloque Provincias Unidas de crear una eficiente sociedad del Estado, vamos a votar negativamente el proyecto de ley por la forma, casi lindando lo inexplicable, en que el Estado nacional lo quiere llevar adelante por medio de la creación de ENARSA. Hago la excepción del señor diputado Wilder, quien mantiene una disidencia parcial.

sr. presidente camaño.- La Presidencia desea saber si esa disidencia es con el dictamen o con el bloque.

sr. POGGI, CLAUDIO JAVIER.- Con el dictamen de mayoría, señor presidente.

sr. presidente camaño.- Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

sr. L'HUILLIER, JOSE GUILLERMO.- Señor presidente: quizás el negocio jurídico más vergonzoso de los últimos años fue la privatización de la empresa YPF. Cuando ya creíamos que la historia argentina era sólo la historia de la dominación de los intereses británicos, con las contadas excepciones de algunos gobiernos populares, como el de Rosas, el de Yrigoyen o el de Perón, venimos a verificar una nueva colonización española, que se consumó en la década del 90 con la entrega del petróleo a la empresa Repsol.
Por eso digo que es un negocio jurídico vergonzoso. Existe la posibilidad en este momento de retrotraer esta situación, de que el Estado vuelva a tener un rol protagónico en materia de hidrocarburos y en materia de energía. Pero hemos elegido el camino equivocado; la forma jurídica es híbrida. No me voy a extender en este punto porque ya lo han analizado detalladamente los señores diputados preopinantes. Creo que si el Estado opta por la creación de una sociedad conforme al régimen de la ley de sociedades, tiene que someterse a la tipicidad que establece dicha norma, particularmente porque el artículo 17 fulmina con la nulidad la forma de sociedad que se aparte.
El argumento de que la sociedad va a funcionar conforme al régimen de la ley de sociedades y de las disposiciones de la norma que hoy se va a votar no tiene asidero jurídico serio.
A fin de determinar cuándo una empresa o ente es estatal o no, el doctor Gordillo nos enseñaba que había que buscar de quién era el patrimonio. Esto es en alguna medida lo que señalaba el señor diputado Bossa cuando se refería al ADN, siguiendo el criterio de David Osborne. En este caso, el patrimonio es del Estado.
Aquí se ha desviado el eje de la discusión para determinar si se trata de un régimen privado o público. Parecería que estamos restableciendo un concepto anacrónico de la doble personalidad del Estado, cuando en realidad ya nadie admite que el Estado tenga doble personalidad. El Estado siempre tiene una personalidad única que es de derecho público; puede actuar en el ámbito del derecho privado y del derecho público. Esto es perfectamente trasladable también a los entes descentralizados, a las sociedades y a los entes que crea el Estado.
Por lo tanto, cuando se dice que el 63 ó 65 por ciento del patrimonio es del Estado, debemos concluir que es un ente estatal. No hay entes privados estatales; hay entes públicos estatales que pueden actuar en el ámbito privado.
Además, se crea una figura mixta. La Argentina y también todas sus provincias tienen experiencia en materia de corrupción estructural, que está instalada y que es una de las causantes de nuestro sometimiento y de nuestra pobreza. Digo esto porque se ha entregado además la renta petrolera.
Esto es algo híbrido y además mixto en el patrimonio y en la forma jurídica; híbrido en cuanto a su composición de capital. Las ganancias siempre son para el sector privado y las pérdidas son siempre para el Estado. Esta es la experiencia de los engendros de las empresas y sociedades mixtas, aunque quieran establecer controles más rígidos o más flexibles.
Por último, quiero señalar que viola el artículo 124 in fine de la Constitución Nacional, que establece expresamente que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Por lo tanto, una vez más el Estado nacional avanza por sobre los derechos de las provincias, y lo hace a través de esa figura jurídica, que yo diría que deja mucho que desear, más aún después de ese gran negociado que fue la privatización de YPF.

sr. presidente camaño.- Tiene la palabra la señora diputada por Tierra del Fuego.

sra. RIOS, MARIA FABIANA.- Señor presidente: la energía constituye sin lugar a dudas un elemento esencial en el desarrollo y en la defensa de cualquier país. Ese carácter prioritario que tiene ha desencadenado en el mundo una cantidad de guerras en la búsqueda de la posesión de los recursos naturales capaces de generarla.
Esto que en el mundo originó guerras, en la Argentina costó solamente un gobierno con varias reelecciones, operadores mediáticos que sostuvieron un discurso y un Parlamentoque acompañó no solo la privatización de recursos naturales y la transnacionalización de otros, sino que permitió que detrás de la desnacionalización de YPF vinieran Hipasam, Yacimientos Carboníferos Fiscales y Aguas Argentinas, entre otros. Los distintos recursos naturales se fueron privatizando con el acompañamiento de este Parlamento.
Aparentemente, hoy las cosas han cambiado, y también aparentemente todos coincidimos en que estamos frente a un recurso estratégico que debemos defender.
En el año 2002 presentamos públicamente las bases programáticas y en ellas fijamos como objetivo prioritario de la política energética recrear una empresa petrolera estatal. En consecuencia, mal podríamos oponernos a una iniciativa de esta característica.
Sin embargo, por lo menos debemos considerar dos cuestiones. En primer lugar, la conformación de una empresa estatal no puede concebirse como un instrumento aislado sino como parte de una política integral y coherente en materia de hidrocarburos. En segundo término, el instrumento que se ponga en marcha debe ser adecuado para el objetivo buscado y consistente en el marco legal vigente.
Esto significa definir con claridad los objetivos y funciones, el régimen jurídico, los recursos materiales y humanos y las normas de valuación y control de la gestión, entre otros aspectos. No es cuestión de buenas ideas, sino también de buenas prácticas.
En el mes de mayo, y en medio de una crisis desencadenada -de la que podríamos haber escrito la crónica de una crisis anunciada-, el gobierno nacional decide tomar determinadas medidas. En algún sentido, la medida más sencilla consistió en transferir a los usuarios y consumidores los errores y desprolijidades de gestiones anteriores.
Sostenía que no podíamos endilgarle los errores del pasado a un gobierno que llevaba apenas trece meses de gestión. Hacía diez años que las empresas no invertían en gasoductos que no fueran para exportar los recursos a otros lugares.
Mientras que por un lado nos explicaba a todos los usuarios la gravedad de la crisis energética, el gobierno firmaba la resolución 415 y los decretos 310 y 311 a partir de los cuales se aumentaba el valor del gas en boca de pozo y se transfería a los usuarios a través de un aumento encubierto de tarifas el costo del aumento del gas, ya que a las empresas les convenía más exportar que proveer de gas a quienes vivíamos en este país.
Por otro lado, mientras nos seguían explicando la gravedad de la crisis energética, en el mes de diciembre se entregaba el yacimiento Poseidón, ubicado en la boca oriental del estrecho de Magallanes, a Repsol YPF, asociada con la empresa chilena de petróleo, sólo para exportar el gas para la producción de metanol en la localidad de Punta Arenas.
La otra acción del gobierno fue elevar al Congreso Nacional el proyecto de ley de ENARSA, Energía Argentina Sociedad Anónima. En sólo nueve disposiciones el proyecto aspira a diseñar una compañía cuyo objeto social asume un carácter difuso frente a su amplitud, toda vez que frente a este plexo normativo la empresa podría explotar desde una central hidroeléctrica hasta la producción de hidrógeno, alguna forma de energía no convencional, o la explotación lisa y llana de un yacimiento hidrocarburífero.
A priori debemos decir que la inconcebible sencillez de la norma proyectada muestra el raquitismo de un valioso y necesario instrumento de la política energética nacional. Tal circunstancia genera una poderosa preocupación, pues un ordenamiento lagunoso y ambiguo frente a un universo complejo como el que involucra la cuestión energética en la Argentina y en el mundo, abre la posibilidad a construir una compañía que finalmente termine siendo objeto de captura de los distintos actores que intervienen en el ámbito de la energía.
Este temor expresado no es vano. Tenemos en cuenta lo ocurrido en décadas pasadas con la entonces petrolera estatal YPF, que se transformó en el botín de intereses espurios que a través de acuerdos ruinosos para la compañía y el país lentamente condujeron al desguace y posterior absorción de la empresa por la española Repsol.
El proyecto de ENARSA aislado nos genera muchísima incertidumbre. La compañía y el llamado plan energético nacional no dejan de ser una mera expresión de deseos y distan mucho de configurar instrumentos de gestión del segmento energético local.
No se infiere que la creación de ENARSA forme parte de un programa general de reingeniería de las instituciones del Estado que les permita cumplir con sus funciones indelegables previstas en la legislación argentina. Tampoco que su existencia esté orientada a desarrollar un plan exploratorio de riesgo que la Argentina debería elaborar y poner en ejecución, si realmente decide resolver la crítica situación de insuficiencia de reservas de hidrocarburos.
En cuanto a la amplitud del objeto social, del análisis del texto propuesto por el Poder Ejecutivo nacional y aprobado por el Senado nacional, la futura empresa realizará por sí o por terceros las siguientes actividades, detalladas en el artículo 2°: estudio, exploración, explotación de yacimientos hidrocarburíferos líquidos o gaseosos, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos y sus derivados, la prestación del servicio público de gas, etcétera.
Para el logro de este objeto el proyecto contempla la participación de terceros, ya sea mediante la figura de la intermediación o la asociación con ENARSA. Sin embargo, ello suscita una cantidad de dudas sobre puntos como la exploración y explotación de hidrocarburos, la distribución de los servicios de gas natural o energía eléctrica o la comercialización de gas licuado de petróleo.
No vacilamos en afirmar que en el primer caso la incertidumbre es mayúscula, por cuanto no se ha fijado pauta alguna para vincular a ENARSA con otras personas físicas y jurídicas, como tampoco se han establecido las reglas que guiarán la selección de los futuros cocontratantes. La referencia a la intermediación o la asociación resulta, a todas luces, escasa, y debería haberse especificado la naturaleza del vínculo.
Así las cosas, durante la última dictadura militar, bajo el pretexto de que YPF no explotaba con suficiente intensidad una serie de zonas de las que era titular se entregaron, en el período 1976/77, nueve yacimientos descubiertos y desarrollados por dicha compañía, agregándose luego otros en condiciones similares. Tan pronto los contratistas se hicieron cargo de las áreas, YPF empezó a comprar su propio hidrocarburo, mientras que las compañías, sin haber efectuado inversiones, le vendían el crudo un 600 por ciento más alto que el costo de extracción que tenía la petrolera fiscal.
En lo atinente al caso de la distribución de gas natural y energía eléctrica por ENARSA, las dudas se ciernen en torno a cómo compatibilizar este punto con el actual régimen de concesiones. Tampoco escapa a esta reflexión la comercialización del gas licuado o combustible equivalente cuando la misma no fuere realizada directamente por la empresa. Creemos que aquí deberían, también, fijarse las bases para un futuro régimen de agentes, revendedores y/o distribuidores.
La titularidad de los permisos de exploración y concesiones de explotación de ENARSA constituye un punto que no puede ser soslayado y está previsto en el artículo 2° del proyecto en análisis. Conforme a lo manifestado en la norma proyectada, ENARSA resultaría la titular de todos los permisos de exploración y concesiones de explotación que se otorguen sobre las áreas marítimas nacionales, excluidas aquellas sujetas al régimen de permisos y concesiones que consagra la legislación hidrocarburífera vigente, ley 17.319 y normativa concordante.
Se estarían poniendo todas las áreas del Estado nacional en propiedad de una sociedad comercial. Se estarían transfiriendo los recursos que la Constitución reserva al Estado nacional al capital privado en un 35 por ciento y a las provincias en un 12 por ciento.
Pareciera que son las áreas las que van a constituir el activo de esta empresa cuyo capital en este proyecto no está explicitado.
A fin de dotar de mayor claridad al sentido de la norma y considerando el perfil institucional del régimen propuesto, resulta necesario formular una distinción sobre la base de tres situaciones particulares: la titularidad de los permisos o concesiones; la propiedad de los yacimientos y la propiedad de los hidrocarburos que se extraigan.
Respecto del primer supuesto, ENARSA poseerá la titularidad de los permisos y concesiones de hidrocarburos que se otorguen en el futuro. Una eventual sanción de la norma en los términos proyectados nos presentaría el siguiente cuadro: permisos de exploración y concesiones de explotación otorgados por el Poder Ejecutivo nacional; titularidad de los permisos y concesiones fijada por ley.
En relación con el segundo supuesto, tal como reza el artículo 1° de la ley 17.319, los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos que se encuentren en la plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional. En consecuencia, desde un punto de vista jurídico, resultaría correcto afirmar que el Estado no transfiere la propiedad del yacimiento a manos privadas.
Sin embargo, en lo atinente al punto de la libre disponibilidad del crudo, aunque la propiedad del yacimiento continúe jurídicamente en manos del Estado, el hidrocarburo extraído resultaría de libre disponibilidad en los términos del decreto 1.055/89, es decir que la producción obtenida por la explotación de los pozos podría llegar a pertenecer en su totalidad a un futuro contratista.
También la ley 17.319 resulta aplicableen este punto, por cuanto establece en su artículo 6° que los permisionarios y concesionarios tendrán el dominio de los hidrocarburos que extraigan, pudiendo transportarlos, comercializarlos e industrializarlos, siempre que cumplimenten las reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Ahora bien, la titularidad que se procura asignar a ENARSA debe interpretarse armónicamente tanto con el artículo 1°, en cuanto dispone que la futura empresa realizará por sí o con terceros su objeto societario, como con el artículo 6° del proyecto, que consagra la potestad de la compañía para: "...suscribir convenios con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras para el cumplimiento de su objeto social".
Desde otro ángulo, la normativa proyectada utiliza el vocablo "áreas marítimas nacionales". Esta terminología poco clara haría referencia a los espacios marítimos situados más allá de las doce millas marinas, reconocidas a las provincias en función del artículo 1° de la ley 24.145.
En este punto debo decir que ello corresponde a todas las provincias ribereñas, con excepción de Tierra del Fuego, ya que el Poder Ejecutivo vetó un artículo de su ley de provincialización, y un fallo de la Corte Suprema de Justicia de septiembre del año pasado fijó su límite en las tres millas marinas, impidiéndole recaudar ingresos brutos por la actividad en la plataforma de la empresa petrolera francesa Total Austral, que se encuentra en las siete millas marinas, reconociendo que esa área no forma parte del mar territorial correspondiente al dominio provincial.
En efecto, desde una perspectiva geomorfológica, la plataforma configura un gran escalón entre la denominada emersión continental y las profundidades abisales. Rica en reservas y recursos naturales explotables, representa una prolongación del territorio de los Estados, sobre la cual se ejercen derechos de soberanía a los efectos de su exploración y explotación.
Nuestro país posee una vasta plataforma continental cuya extensión va más allá de su mar territorial, incluyendo las islas Malvinas y prolongándose al este del archipiélago hasta el borde exterior del denominado margen continental.
En consecuencia, y toda vez que nuestra plataforma cuenta con una extensión que supera las doscientas millas marinas, por imperio del CODEMAR la Argentina debe trazar su límite exterior.
Así las cosas, mediante la ley 24.815 fue creada la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, con el objeto de elaborar una propuesta definitiva para establecer el límite exterior de la plataforma continental argentina, y permitir el ejercicio pleno de sus derechos de soberanía para la exploración y explotación de los recursos naturales existentes en su lecho y subsuelo, situación que aún no se ha concretado.
La temática de las denominadas áreas marítimas nacionales, así como la correcta delimitación de la plataforma, suma otro aspecto relevante que no debe ser soslayado en la creación de ENARSA.
Puntualmente, nos referimos a los recursos energéticos del Atlántico Sur, pues la empresa será titular de los permisos y concesiones destinados a explorar y explotar los recursos energéticos del subsuelo marino de la región austral.
La situación cobraría una trascendental relevancia ante una eventual existencia de hidrocarburos en la zona de Malvinas. Dado que el conjunto insular se encuentra en nuestra plataforma continental, los posibles yacimientos hidrocarburíferos que existiesen integrarían el patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional.
Por otra parte, siempre a la luz del artículo 2°, ENARSA -como se dijo- será la titular de los permisos de exploración y concesiones de explotación que se otorguen en el Atlántico Sur, circunstancia que deberá tenerse en cuenta en las futuras reclamaciones que nuestro país formule a Gran Bretaña sobre el particular.
Respecto del tipo societario y de los controles, esto ya fue debidamente explicado por el miembro informante del dictamen de minoría que hemos suscrito. Lo mismo podemos decir respecto de la ausencia de estatuto, del plan de negocios y de la capitalización de la empresa.
La aspiración de recrear una compañía estatal destinada a participar en el segmento energético debe ser apoyada. No obstante, el dictamen de mayoría dista mucho de conformar una empresa acorde con las exigencias que imponen las necesidades de nuestro país.
Como se ha visto a lo largo de este recorrido la debilidad congénita del instrumento adoptado -objeto ytipo societario prohijado- nos ha obligado a redactar un dictamen de minoría. A esto hay que sumar la falta de adecuados elementos que nos permitan dimensionar con exactitud el carácter que pretende atribuirse a ENARSA -falta de indicación sobre los recursos presupuestarios de la compañía, plan de negocios, plan estratégico, etcétera-, todo lo cual abona la necesidad de formular esta cantidad de observaciones.
No cabe duda de que necesitamos un Estado que participe en la determinación y en la instrumentación de la política energética. Corresponderá en consecuencia al gobierno federal trazar la estrategia global, la creación de las condiciones para promover la inversión y el uso de herramientas que fortalezcan los distintos eslabones que integran el segmento energético.(Aplausos.)

sr. presidente camaño.- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

sra. MONTEAGUDO, MARIA LUCRECIA.- Señor presidente: sostendremos el dictamen de minoría porque habla de una empresa que es una sociedad del Estado.
A lo expuesto por la señora diputada Ríos sólo cabría agregar que lo que nació de alguna manera con un marketing importante de recuperación del petróleo en manos de los argentinos terminó llegando aquí como sociedad del Estado, empeoró en el Senado de la Nación, volvió, e inclusive algunos compañeros sostienen que hay una especie de voluntad política de modificar esta situación.
Estamos lejos de medir con nuestro voto la voluntad política. Por eso sostenemos que, aun con las modificaciones propuestas, esta iniciativa sigue padeciendo un problema estructural: no se puede ser a la vez una sociedad del Estado y una sociedad anónima.
Por otra parte, mal se puede comparar ENARSA con PDVSA, y voy a explicar por qué. PDVSA es una sociedad anónima...

sr. presidente camaño.- La Presidencia solicita a los señores diputados que guarden silencio, pues de continuar así se verá obligada a levantar la sesión.

sra. MONTEAGUDO, MARIA LUCRECIA.- Le agradezco, señor presidente, la verdad es que así no dan ganas de hablar. Pero bueno, tienen los votos...

sr. presidente camaño.- Hay algunos señores diputados que hablan mucho, pero sería conveniente regular.

sra. MONTEAGUDO, MARIA LUCRECIA.- Yo no voy a hablar mucho, pero cuando uno escucha con respeto también le gusta recibir el mismo trato. Digo esto porque a veces pareciera que uno se pone en un lugar para decir que no arbitrariamente y, en realidad, en primer lugar creemos que, a pesar de las modificaciones propuestas, lamentablemente el proyecto sigue padeciendo el vicio de origen.
En segundo término, es muy difícil hacer una analogía entre esta empresa y PDVSA, básicamente porque Venezuela tiene una ley de inversiones extranjeras de la que nosotros carecemos y estamos pidiendo por favor que se trate en esta Cámara desde hace más de dos años. Este no es un dato menor.
En ese sentido, cabe citar al doctor Gordillo, quien sostuvo que no hay entes estatales privados, y dijo lo siguiente: "Se opone a ello la doctrina moderna en materia de personalidad y doble personalidad del Estado, la cual señala que 'el Estado es siempre persona pública y ente de derecho público, aun cuando penetre en la esfera de las relaciones en que se mueven los entes o las personas privadas...'".
Lamentamos que no se entienda que hoy tenemos una actitud diferenciadora con la mayoría y que se va a volver a cometer el mismo vicio de respetar el problema estructural de este proyecto de ley.
Por último, creemos que lo grave de esta situación es que se está sustituyendo la verdadera discusión. Desde el principio de la instalación del tema ENARSA parecía que tenía un marketing por lo menos publicitario que nos llevaba a celebrar este debate. Nosotros creemos que sigue pendiente, y que se refiere a la discusión del rol del Estado. No se puede ser el Estado si se es a la vez una sociedad anónima, y no es que no nos venga nada bien.
Sostenemos el dictamen de minoría porque hace referencia a la necesidad de una empresa nacional del Estado, única forma de construir la soberanía energética. (Aplausos.)

sr. presidente camaño.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

sr. MACALUSE, EDUARDO GABRIEL.- Señor presidente: hoy, algunos nos preguntaban por qué si el interbloque del ARI, el PI y el NEE propone en sus bases programáticas tener una empresa estatal no vota afirmativamente el proyecto de ley por el que se crea ENARSA.
Nosotros decíamos que no apoyaríamos este proyecto porque aquí no se trata de la creación de una empresa estatal sino de una sociedad anónima. Esto lo explicó muy claramente el señor diputado Godoy al hacer referencia a la estructura jurídica de la empresa, aspecto que nos genera muchas dudas.
Pero también hay otras cuestiones que quisiéramos mencionar, porque una estrategia tendiente a recuperar el área energética en nuestro país implica no sólo la creación de una empresa sino una multiplicidad de acciones que se deberían desarrollar desde el gobierno y que en realidad nosotros encontramos contradictorias con la recuperación de un área estratégica como la de la energía.
Lo que nosotros hemos visto en el área energética es una estrategia de la omisión, y sabemos que esta es una estrategia política y económica que termina favoreciendo siempre a los más poderosos.
No hubo intervención del organismo regulador del área, por donde van y vienen funcionarios que pasan de la actividad privada a la estatal. No existieron auditorías serias sobre las reservas que permitan hacer una prospección y posibiliten al Estado tener los números, las estadísticas y el conocimiento suficientes como para decidir cómo, cuándo y de qué manera se establece una empresa y se determina una política energética.
No se hizo un seguimiento de las adquisiciones en el mercado de hidrocarburos ni una revisión de las operaciones que violaran las leyes de la competencia. Tampoco se revisó la legalidad de las concesiones de los yacimientos; por el contrario, se continuó otorgando permisos de exportación -como decía la señora diputada Ríos- hasta el borde mismo de la crisis energética. Se dictaron resoluciones y decretos -por ejemplo, el 180 y el 181- que favorecen claramente a las empresas privatizadas en contra del Estado y de los propios usuarios.
Todo esto se da de narices con la decisión de tener una empresa que recupere el control de esta área estratégica y comience a apropiarse de parte de la renta de la producción petrolera.
Cuando nos dicen que necesitamos una empresa para poder competir en el mercado con las grandes operadoras pensamos lo siguiente. Los mismos que nos hicieron malvender la Ferrari nos quieren convencer ahora de que el Estado tiene que poner todos los recursos para comprar un Minardi y competir con la Ferrari malvendida.
Por eso, nuestro temor es que esta empresa, con las políticas energéticas señaladas, termine siendo el socio bobo de todas las operadoras, es decir, haciendo el trabajo sucio, operando en las zonas no rentables y generando la inversión de riesgo, para finalmente favorecer a las grandes empresas, que terminan exportando a precios internacionales e intentan vender a los argentinos ese mismo petróleo a esos precios cuando en realidad los costos son bajísimos.
Y esto no lo decimos nosotros: lo dice Repsol YPF en sus balances, planteando a los accionistas que la Argentina es un lugar ideal para invertir porque tiene uno de los costos más bajos de extracción. Sin embargo, a la hora de fomentar una crisis y de hacer aumentar los precios no trepidan en plantear el tema de losprecios internacionales. Aquí el Estado no cuenta con ningún número como para generar una discusión seria alrededor de este tema.
El señor diputado Godoy explicó de manera contradictoria lo intrincado del armazón jurídico de este proyecto. Pero a nosotros, el hecho de que lo haya explicado dificultosamente nos provoca alguna sospecha. Scalabrini Ortiz decía que cuando a uno le explican una medida económica y no la entiende, tiene que pedir que se la expliquen nuevamente; si vuelve a no entenderla, tiene que solicitar que se la expliquen de nuevo; y si después de eso no la entiende es porque le están metiendo el perro.
En ese sentido, hay cosas de este proyecto que tomándolas con buena fe, nosotros no las entendemos. ¿Por qué no se crea una empresa estatal cuando se promete y se defiende que va a haber una empresa estatal? Esta es una cuestión no explicada por el gobierno.
Además, sabemos que en los últimos años, cuando se aplicaron leyes y medidas que tendían a llevar a la práctica los consensos de Washington, en realidad nunca se mencionaban los verdaderos objetivos. Por ejemplo, no dicen "queremos adecuar la educación a los planes sociales y económicos, de manera tal que la educación no prometa más una movilidad social que nunca se va a cumplir en virtud de las medidas que estamos tomando"; por el contrario, dicen "queremos modernizar la educación". Del mismo modo, no dicen "queremos poner la energía en manos de unos pocos", sino "queremos generar propuestas modernizadoras de la energía".
Al respecto, me remito a lo expresado en oportunidad de tratarse la privatización de YPF. En aquella ocasión el entonces diputado Parrilli señaló: "De ninguna manera creemos que el Estado nacional deba retirarse del mercado de los combustibles dejando que éste se rija por la ley de la oferta y la demanda, en tanto y en cuanto no estén garantizadas la competencia, la transparencia y la equiparación con los mercados internacionales".
Más adelante agregó: "También es cierto que recién con esta política que lleva adelante nuestro gobierno, la actividad petrolera privada comienza a tener un doble riesgo. No sólo corre el riesgo minero de descubrir el petróleo, sino también el riesgo empresario de transportar, refinar y comercializar sus productos."
Luego, terminó diciendo: "Volviendo al análisis del proyecto, decía que se destina el 51 por ciento de las acciones al Estado nacional ...", mayoría del Estado nacional, "... el 39 por ciento a las provincias ...", participación de las provincias, "... y el 10 por ciento al Régimen de Propiedad Social Participada.", que ya sabemos en qué terminó, porque incluso están procesados quienes están reclamando que se les pague.
Continuaba: "En un plazo de tres años está prevista la venta al capital privado de no menos del 50 por ciento de las acciones tanto del Estado nacional como de las provincias. ¿Qué es lo que harán los Estados nacional y provinciales con estos recursos? El Estado nacional destinará los recursos provenientes de la venta de las acciones de YPF Sociedad Anómina a comenzar al menos a saldar en parte la deuda que tiene con los jubilados producto de la incorrecta liquidación de los haberes previsionales a partir de la gestión anterior a nuestro gobierno.
"Por su parte, las provincias productoras de hidrocarburos con el producido de la venta de sus acciones podrán comenzar a percibir las acreencias originadas también en una incorrecta liquidación de regalías ...". Ya sabemos qué pasó con el Sistema de Propiedad Participada de los trabajadores de YPF y con el pago a los jubilados, y ahora estamos empezando a saber qué ocurrió con el cobro incorrecto de regalías que no les pagaron a los trabajadores ni a los jubilados, sino que por vía de organismos que están siendo investigados por lavado de dinero terminaron en la banca de Luxemburgo, vaya a saber con qué intenciones.
Por lo tanto, después de todo esto, nosotros tenemos derecho a no dar un voto de confianza, porque no sabemos exactamente cuál es la estrategia, cómo va a funcionar la empresa y de qué manera lo va a hacer. Por si esto no quedara claro, me remito al planteo que en su momento hiciera el actual secretario general de la Presidencia cuando intervino en el debate de la privatización de YPF. El ex diputado Parrilli decía en una parte de su exposición que sentía una profunda satisfacción por el inicio de la sesión. Posteriormente, agregó lo siguiente: "Por ello debo señalar con sinceridad y profunda convicción que no venimos a esta sesión arrepentidos de lo que fuimos, no sentimos vergüenza de lo que somos y tampoco venimos a pedir disculpas por lo que estamos haciendo. Nos hacemos presentes en esta sesión con la firme convicción de que estamos dando los pasos que la sociedad argentina y el mundo nos están exigiendo para lograr la transformación de nuestro país."
Como sabemos en qué terminaron esas convicciones, no queremos dar un voto de confianza. (Aplausos.)

sr. presidente camaño.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

sr. RIVAS, JORGE.- Señor presidente: en primer lugar, deseo efectuar un reconocimiento al señor diputado Blanco, presidente de la Comisión de Energía y Combustibles. Sería bueno que su actitud fuera imitada por el resto de los presidentes de las comisiones, ya que normalmente suelen efectuar la defensa de sus dictámenes de mayoría y no presenciar el resto del debate. Independientemente de la voluntad política que se tenga, en lo que tiene que ver con el debate parlamentario, es sano reconocer la actitud que ha tenido el señor diputado Blanco al permanecer en su banca.

-- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2° de la Honorable Cámara, don Fortunato Rafael Cambareri.

sr. RIVAS, JORGE.- En segundo término, quiero decir al señor miembro informante -precisamente al señor diputado Blanco- que seríamos algo más que ingenuos si aceptáramos lo que nos viene a pedir la bancada Justicialista luego de lo que hizo en los años 90. No pueden venir a pedirnos confianza sobre lo que se puede hacer con esta empresa.
En la mañana de hoy -al igual que otros señores diputados- asistí a la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para analizar la posibilidad de reglamentar los decretos de necesidad y urgencia. Allí hablamos del hecho de que el Poder Legislativo va perdiendo permanentemente espacio, no solamente en lo que es una facultad propia e indelegable como es la de legislar -hoy aparece más en cabeza del Poder Ejecutivo-, sino también en lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Creo que el señor diputado Vanossi hizo referencia al avance del Poder Judicial, tal como ocurrió en el último fallo de la Corte sobre la inconstitucionalidad del artículo 39 de la ley de riesgos del trabajo.
Deberíamos preguntarnos si los otros dos poderes avanzan en materias que son propias del Poder Legislativo por ambición de ocupar un espacio que nosotros ocupamos legítimamente o lo hacen por el vacío que el Congreso de la Nación está dejando.
Entiendo que no cabe duda alguna de que el resto de los poderes del Estado avanzan en razón de los espacios que el Poder Legislativo deja. Incluso, esto se ve en la discusión de este proyecto de ley, donde no se trata de un problema de oficialismo u oposición, o cómo el Poder Ejecutivo trata al Parlamento, ya que no discrimina entre oposición y oficialismo. El maltrato es generalizado para todo el Congreso. Tanto es así que en estos quince días que llevamos de discusión en esta Cámara en relación con la sanción del Senado, los diputados oficialistas se vieron obligados a defender a rajatabla el proyecto original del Poder Ejecutivo y luego la sanción del Senado.
Tuvieron que soportar críticas que en realidad eran constructivas porque tendían a mejorar el proyecto. Sin embargo, con el objeto de dar al Poder Ejecutivo la herramienta que éste solicitaba, decidieron sobreactuar. Esto ya ha pasado en varias oportunidades. O sea que sobreactuaron en su rol de escuderos de las decisiones que toma el Poder Ejecutivo.
La grosería con la que se maneja el Poder Ejecutivo llegó al extremo de sostener que no era necesario modificar nada en el proyecto para garantizar la previsibilidad política, jurídica y económica de esta empresa. Pero el propio Poder Ejecutivo -y no de maneradisimulada- en el día de ayer envió por correo electrónico al despacho de cada diputado nacional el texto de los cambios sugeridos.
En lo relativo a esta delegación permanente, el proyecto que hoy habremos de sancionar es de una enorme inseguridad para todos. Nadie puede decir con honestidad intelectual que tiene precisión y claridad acerca de lo que se está creando mediante la sanción del proyecto de ley en debate. Incluso, estamos permitiendo que sean los jueces del Poder Judicial quienes en definitiva interpreten -utilizaré un adjetivo al que recurriera el señor diputado Godoy- este engendro jurídico que habremos de sancionar esta noche.
El Poder Ejecutivo envía un proyecto de ley en cuyo mensaje señala que su voluntad y objeto es la creación de una empresa estatal de energía. Ese mensaje generó la confusión denunciada por varios señores diputados. No se trata de que estamos en contra de la creación de una empresa estatal, pues realmente quisiéramos estar votando una iniciativa en ese sentido. Incluso, no hemos demostrado ninguna actitud reactiva de rechazo a la propuesta del oficialismo sino que desde distintas bancadas hemos trabajado con seriedad acercando alternativas para ser discutidas en este debate.
Frente a ello, el Congreso de la Nación termina privatizando la empresa sin que medie ninguno de los desastres mundiales descriptos a lo largo del debate; o sea, no hubo ningún colapso o guerra como las que se viven en otros lugares y tampoco el lobby y la corrupción que tuvimos en los 90 en ocasión de asistir al proceso de privatización.
Es el Congreso de la Nación el que está resolviendo convertir en una sociedad anónima común una empresa que, según la voluntad manifiesta del Poder Ejecutivo, habría de ser estatal.
La primera cuestión que debe quedar en claro es que no estamos creando ninguna empresa estatal de energía; pero tampoco estamos creando una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado. Como bien señalaron varios de los señores diputados preopinantes, si se creara una sociedad de esas características el proyecto no remitiría a la sección V del capítulo II de la ley de sociedades. Si es que nada quiere ocultarse y deseamos sancionar una ley entendida incluso por aquellos que tienen un conocimiento elemental del derecho -como es mi caso-, en verdad la empresa debería regirse por el correspondiente capítulo de la ley 19.550.
Como bien se ha señalado, el artículo 17 de la ley 19.550 pondrá en riesgo la viabilidad de la norma que hoy habremos de sancionar. Si bien hoy ese artículo no ha sido leído, dice que es nula la constitución de una sociedad de los tipos no autorizados por la ley. En consecuencia, la creación que hoy propiciamos no está autorizada por la ley de sociedades.
Entre las correcciones que se proponen para que existan determinadas garantías se establece una cláusula que refuerza el artículo 6°, determinándose que por vía de la modificación del estatuto no podrá cambiarse la mayoría accionaria del Estado. Lo cierto es que la sociedad podrá perder la mayoría estatal, aunque no sea por vía del cambio del estatuto.
La propia ley que va a regiresta empresa que estamos creando -me refiero a la 19.550- dice en el artículo 188, en cuanto al aumento de capital, que el estatuto puede prever el aumento del capital social hasta su quíntuplo. El mismo artículo dice, más abajo, que en las sociedades anónimas autorizadas a hacer oferta pública de sus acciones la asamblea puede aumentar el capital sin límite alguno ni necesidad de reformar el estatuto.
Entonces, suponer que este agregado que hoy se trae al artículo 6° del dictamen en discusión es garantía para que esa mayoría accionaria no se modifique es falso. Esto no solamente lo sabemos nosotros sino que también lo sabe el bloque de la mayoría, así como también el Poder Ejecutivo.
Entonces, son más que sobradas las razones para entender que no estamos ante un engendro jurídico por impericia técnica, sino por ambigüedades y lagunas que difícilmente se puedan salvar de otra manera que no sea con resoluciones judiciales. Estas serán dictadas no por jueces que vamos a importar de países desarrollados, sino por los jueces de este Poder Judicial, que está altamente cuestionado, quienes terminarán diciendo efectivamente lo que el Congreso no dice o, mejor dicho, no se atreve a decir por pudor.
Como se dijo hoy aquí, no se puede otorgar confianza a quienes en los 90 navegaron con bandera de entreguistas y ahora navegan con bandera intervencionista, porque con la misma capacidad de mimetización según soplen los vientos, con muchísima tranquilidad los mismos que hoy navegan bajo esas banderas, las arrían y vuelven a izar nuevas.
La única garantía que todos podríamos tener, no solamente el Congreso sino la sociedad, es que el texto de la ley sea lo suficientemente claro y contundente para no dejar lugar a múltiples interpretaciones. Convengamos en que nuestro Poder Judicial jamás ha resuelto las múltiples interpretaciones y las lagunas legales a favor de los sectores más vulnerables, sino que permanentemente las ha resuelto a favor de los sectores más poderosos. Y el sector en el que se pretende influir con este proyecto no es, precisamente, un sector vulnerable sino quizás uno de los sectores económicos y con nivel de influencia política más poderosos que existen no solamente en la Argentina sino en el mundo.
Respecto de los controles de la sociedad, hemos discutido durante todo este tiempo cuáles serían, y si debían aplicársele los controles desde la ley de administración financiera o no. El bloque del justicialismo dijo que la ley era clarísima y que no hacía falta agregarle nada, que no solamente iba a tener los controles que exige la ley, los internos, los síndicos, sino que también iban a poder controlar la Auditoría General de la Nación y la SIGEN.
En estos días, el Poder Ejecutivo vuelve a abofetear al bloque de la mayoría y le dice: "No, acá no dice nada de eso que ustedes dicen a la oposición que dice." Luego, termina enviando un agregado con el cual pretende contentar a parte de la oposición diciendo que a partir de acá va a haber control.
Pero hay un problema: si la ley de administración financiera va a poder aplicarse efectivamente a una sociedad anónima común, ¿quién va a tener que interpretar si efectivamente, ante el conflicto, van a poder intervenir los organismos de control en esa sociedad anónima, no en esa sociedad del Estado? Esto no lo resuelve esta ley, y lo va a tener que resolver el Poder Judicial.
En cada paso de la ley estamos creando cuestiones jurisdiccionales cuando tranquilamente, si hubiese voluntad política, esto podría resolverse aquí.
Respecto del objeto y del capital social que se establecen en esta ley, las empresas deben presentarse ante la Inspección General de Justicia en cuanto a la exigencia de los depósitos previos para la constitución de cualquier sociedad anónima, porque la política de dicho organismo es controlar el lavado de dinero, como si los que lavan dinero tuvieran algún problema en hacer depósitos de diez, doce o veinte mil pesos para poder constituir una sociedad.
Si efectivamente las instituciones funcionan como todos decimos que funcionan, quisiera saber qué evaluación va a hacer la Inspección General cuando se encuentre con que esta sociedad que se crea para el "polirrubro" del artículo 1° va a financiarse con cien millones de pesos. Cualquier inspector de Justicia mínimamente serio diría: "Muchachos, déjense de macanas y hagan una cosa un poco seria".
Por lo tanto, incluso yo diría que lo que nosotros hoy legislemos aquí -más allá de lo que la Inspección de Justicia termine haciendo- también da pie a este despropósito, al no ser nosotros los que resolvamos cuál deberá ser el capital social de inicio de esta empresa, lo cual podría hacerse si hubiera voluntad de transparentar esta cuestión.

sr. presidente cambareri.- La Presidencia advierte al señor diputado que se ha agotado su tiempo, ya que disponía de diez minutos y ha utilizado dieciséis.

sr. RIVAS, JORGE.- Ya redondeo, señor presidente. Iba a decir que admiro el coraje del diputado de la UCEDE de venir a esta altura a dar recomendaciones acerca de lo que debería hacerse, después de lo que fue la aplicación de los dislates en materia económica y política por parte de su partido. Sin embargo, después reflexioné y me di cuenta de que estaba habilitado, ya que la UCEDE y el Partido Justicialista constituyeron ese gran frente que llevó adelante las transformaciones en los 90. Entonces, si el Partido Justicialista hoy puede pedir confianza, ¿por qué el diputado de la UCEDE no va a poder mezclar ideología con dogma, como si fueran dos categorías similares?
Para terminar, quiero manifestar que sentimos mucha preocupación, porque al principio creíamos que la voluntad del Ejecutivo era crear una empresa, que consideramos que hace falta en la Argentina, del mismo modo que es necesaria una férrea regulación del mercado de energía. Pero tenemos mucho miedo de estar asistiendo a la creación de una herramienta o instrumento -como suele decir la bancada mayoritaria- que el Ejecutivo pide para culminar el proceso de privatización inconcluso de los 90. Tenemos mucho temor de que tengamos por delante la posibilidad de que la exploración y explotación de lo hasta aquí no explorado y explotado, como es la plataforma submarina, ya no quede en manos del Estado.
Esto no lo digo yo, sino que hay mucha doctrina que coincide en esta materia; no hay ninguna necesidad de que una empresa cualquiera explore o explote esas áreas. El Estado no tiene por qué conceder absolutamente nada; si bien podemos discutir si pertenecen a las provincias o a la Nación, son bienes públicos que de ningún modo pueden concederse, mucho menos cuando lo que no está claro es si la empresa que va a llevar adelante esa exploración y explotación va a ser estatal o va a ser un mascarón de proa para que los que han venido haciendo negocios en los últimos años los incrementen en esta etapa, muy probablemente con otros actores pero con los mismos objetivos.

sr. presidente cambareri.- Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

sr. ACCAVALLO, JULIO.- Señor presidente: en representación del bloque Encuentro quiero adelantar nuestro voto favorable en general al proyecto de creación de ENARSA.
Entendemos que la creación de esta empresa se enmarca en una política que impulsa la vuelta a un Estado regulador que tenga un rol preponderante en unidades de negocio que son clave para el desarrollo del país.
Es una realidad que la mayoría de los países del mundo no dejan librado exclusivamente al capital privado y a las multinacionales el manejo de los recursos energéticos nacionales.
Es por esto que el proyecto que hoy estamos discutiendo comienza a cambiar la política en el área energética, que tuvo su máxima expresión en la década del 90. La privatización de YPF y de Gas del Estado en 1992 fue el punto culminante de un proceso mucho más extenso. Lo cierto es que hasta bien entrados los años 80 nadie en la Argentina había considerado seriamente la posibilidad de que las industrias petrolera y gasífera fueran privatizadas.
Antes de 1989 la organización institucional de nuestro país se encontraba fundada sobre reglas de juego donde el Estado desempeñaba un rol empresario planificador y promotor del desarrollo desde la acción de sus empresas públicas, en especial de las energéticas.
A partir del gobierno peronista se reorientan las premisas básicas sobre las que estaba fundada la política económica e institucional argentina acelerando un proceso, único en el mundo por su velocidad e irracionalidad, que liquidó en menos de una década el capital de millones de argentinos acumulado a través de medio siglo.
Dentro de ese marco la privatización de las empresas energéticas desempeñó un papel muy particular, debido no sólo a la venta de un recurso considerado estratégico por ser un recurso natural no renovable, sino fundamentalmente por su incidencia en la formación de precios de toda la economía.
También debe su importancia al volumen económico de los activos a privatizar dentro del volumen total de los activos públicos vendidos en la década del 90. La reestructuración de Gas del Estado y de YPF se basó en un cambio conceptual acerca del valor que tienen los hidrocarburos como recurso estratégico de la Nación, perdiendo sentido las teorías conservacionistas y pasando a ser relevante el valor económico del recurso.
Este cambio contempló la desmonopolización de la actividad con fomento de la competencia, aseguró la libre disponibilidad del crudo, suspendió la ley de compre nacional y autorizó la capitalización de la deuda externa, entre otras medidas que modificaron radicalmente la política energética.
Pero lejos de fomentar una estructura abierta, competitiva y transparente, estas modificaciones sirvieron para fortalecer el poder de concentración de grupos extranjeros en la renta petrolera. Los productores de petróleo se vieron especialmente favorecidos por la posibilidad de aumentar significativamente la explotación de crudo a muy bajo precio en áreas con reservas descubiertas con anterioridad por la empresa estatal y con costos de extracción muy bajos por tratarse de áreas centrales de gran productividad.
Por otra parte, las reformas tuvieron un impacto negativo en las inversiones de riesgo, con una importante disminución del número de pozos exploratorios, pasando de una relación reservas-producción de catorce años en 1989, a nueve años en la actualidad.
A pesar de la importante renta extraordinaria producto de la captación de petróleo de áreas ya descubiertas, las inversiones fueron marginales o nulas.
También arroja resultados negativos lo vinculado a la competencia, ya que el grado de concentración en los distintos eslabones de la cadena petrolera es muy similar al existente con anterioridad a la privatización.
Sin duda este proceso es claramente desencadenante de la actual crisis energética. Falta de competencia, descontrol, poca transparencia, monopolio y desinversión son las causales del problema energético que padece hoy la Argentina.
Queda claro que este modelo está agotado, que fue pernicioso para el país y que fracasará rotundamente de aquí en adelante una política energética que no cuente con planificación y participación estatal.
Lo dicho no sólo sirve para destacar el despropósito que significó para el país desligarse de las empresas energéticas, sino el desafío que tenemos ante hechos consumados de la década del 90 de modificar las reglas de juego, luego de haber otorgado al sector privado enormes privilegios.
Resulta auspicioso que, como parte de este desafío, el gobierno del presidente Kirchner impulse la creación de ENARSA como un instrumento del Estado para intervenir en el mercado energético, revirtiendo el carácter prohibido que tenía esta clase de procesos anteriormente y alineándose de este modo con la mayoría de los países, donde la presencia pública en esta área es dominante.
No es casual que la creación de ENARSA sea criticada por los mismos que aplaudían a rabiar las privatizaciones y el modelo neoliberal sin aprender nada de los nefastos resultados de la década menemista y, sobre todo, sin aprender nada de los propios países que ponen como modelo a seguir.
En lo que hace al petróleo, de las veinte principales empresas mundiales trece son estatales y sólo siete son del sector privado. Es decir, las empresas privadas en este campo no tienen preponderancia actualmente en la producción mundial de petróleo.
El neoliberalismo, junto con los sectores económicos más concentrados, ejecutaron un cambio estructural sin precedentes en la historia económica reciente en nuestro país. Por eso, la creación de ENARSA es un paso muy importante para desandar este camino, ya que ENARSA -como otras empresas estatales del mundo- servirá precisamente para actuar como empresa testigo, para impulsar el desarrollo en aquellas áreas donde el capital privado no interviene, para atenuar los efectos nocivos del monopolio privado y para asociarse y establecer alianzas estratégicas con el sector privado y con empresas de otros países.
Pero resulta de suma importancia que la política de ENARSA esté inscripta en una política estatal cuyos principales ejes sean la racionalidad en el uso de los recursos no renovables, la captación de la renta de estos recursos por parte del Estado, la promoción e investigación de combustibles alternativos a los fósiles, el suministro de energía con dimensión social que permita el abastecimiento de gas y energía a todos los sectores sociales, y la expansión del transporte de gas y de electricidad a todo el territorio en cantidad suficiente para que nuestro país no encuentre en un futuro muy cercano limitaciones a su desarrollo.
ENARSA es condición necesaria pero no suficiente. Es necesario que el Estado acompañe con una política energética integral, con el rediseño de las instituciones existentes y la creación de otras nuevas.
En este sentido, el nuevo modelo energético de Brasil es un muy buen ejemplo de planificación. Instituciones como el Consejo de Política Energética que propone la política energética del Poder Ejecutivo, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica que regula y fiscaliza el sistema eléctrico, el Operador Nacional del Sistema Eléctrico, las Centrales Eléctricas Brasileñas S.A., que cumplen la función de un holding estatal, la Empresa de Investigación Energética, que realiza estudios energéticos en especial tendientes a optimizar la matriz energética, todas ellas están englobadas en la órbita del Ministerio de Minas y Energía, más la estatal Petrobras, y denotan un conjunto coherente de instrumentos e instituciones públicas que planifican.

-- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Eduardo Oscar Camaño.

sr. ACCAVALLO, JULIO.- En definitiva, creemos que sólo habrádesarrollo energético si a la vez el Estado planifica, organiza e interviene en el mercado.
Finalizo diciendo que apoyamos la creación de esta empresa, pero creemos que en la discusión en particular habrá que realizar modificaciones en tres puntos fundamentales.
El primero se refiere a la necesaria autorización de la Secretaría de Energía para las concesiones y permisos de exploración que otorgue ENARSA en el área marítima nacional.
En segundo lugar, se debe fijar con claridad que el Estado no puede perder la mayoría accionaria en la empresa.
En tercer término, se encuentran los imprescindibles controles internos y externos que se deben realizar con respecto a ENARSA en los términos de la ley 24.156.
Estos cambios los propondremos en la discusión en particular. Algunos de ellos ya fueron receptados por el bloque Justicialista.

sr. presidente camaño.- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

sra. CASTRO, ALICIA AMALIA.- Señor presidente: estamos aquí representando a los ciudadanos que son víctimas de los horrores de la privatización del sector energético, que podríamos resumir brevemente en tres cuestiones.
Primero, las empresas privadas extranjeras que transportan, envasan, comercializan y exportan el combustible de los argentinos nos lo venden a nosotros, sus legítimos dueños, a precios de exportación.
En este contexto, si el país no tiene petróleo debe pagarlo a cincuenta dólares por barril, mientras que cuando lo tiene, también debe abonar cincuenta dólares, aunque el precio de costo por barril sea inferior a diez dólares.
En segundo lugar, hemos perdido la captación de la renta petrolera, calculada en seis mil millones de dólares -hoy podría ascender a doce mil millones de dólares-, por lo que los argentinos hemos perdido recursos muy importantes que podríamos destinar al gasto público.
La tercera cuestión, pero no la menos importante, es que somos objeto del chantaje y extorsión que mencionó recientemente el propio presidente de la Nación, cuando señaló que las petroleras privadas querían aumentar sus ganancias.
Por ejemplo, Oscar Vicente, el presidente de Petrobras en la Argentina, sostuvo recientemente en el coloquio de IDEA que el problema de las retenciones es que empujan a que no haya inversiones en exploración. Reclamó aún mayores ganancias para las empresas petroleras, ya que sostuvo que, de lo contrario, nadie va a hacer nuevas perforaciones.
Es evidente que el ejecutivo de Petrobras pretende ignorar que las inversiones en exploración son obligaciones contractuales del concesionario, y no favores que este pueda conceder graciosamente cuando lo juzgue conveniente.
El propietario de nuestros hidrocarburos es el pueblo argentino, y no se pueden seguir entregando los derechos de la población sobre su propia riqueza. El recurso natural energético es de propiedad colectiva y presenta un interés social; por lo tanto, quien esté operando para extraer y vender petróleo debe responder a los legítimos propietarios de esa riqueza.
La regalía es, precisamente, la remuneración patrimonial que obtiene el país a cambio de un recurso que se agota. Las empresas extranjeras deberían abstenerse de intervenir en la política fiscal argentina, cuyo tratamiento corresponde al Congreso Nacional.
Si Oscar Vicente no está de acuerdo con las retenciones a las exportaciones, destinadas a evitar la suba de los precios en el mercado interno, y amenaza con que Petrobras no realizará inversiones en nuestro país ni buscará nuevos pozos, es hora de que termine el chantaje y devuelva las áreas que explota al Estado nacional. Mañana podríamos proponer que ENARSA se ocupe de ellas.
El peso de las regalías -entre royalties y lo que se llama el government take- en Brasil es muy superior al existente en la Argentina, pero ese factor no impide que Brasil vaya a recibir más de ochenta mil millones de dólares de inversiones en el sector de hidrocarburos en esta década.
La Agencia Nacional de Petróleo de Brasil, su organismo regulador, determina para los concesionarios un programa exploratorio mínimo, que de no ser cumplido significaría la devolución automática de las áreas asignadas. O sea que la inversión mínima es una obligación además de un riesgo. Funciona así en la mayoría de los países del mundo. El presidente de Petrobras en la Argentina parece ignorar la legislación vigente en el país de origen de su empresa.
Creemos sinceramente que ENARSA viene a cambiar estas políticas, introduciendo una dinámica positiva. Su creación no es un fin en sí mismo, es un instrumento, una herramienta para que nos encaminemos hacia la esperada recuperación de nuestra soberanía energética.
El Grupo Estratégico Plan Fénix rescata también que ENARSA abre una ventana de discusión acerca de la participación del Estado en el sector energético. Este debate, como hemos visto aquí, implica revisar supuestos culturales tan difundidos como el que lleva a discutir la intervención del Estado en la economía, dando falsamente por sentado que hay una economía anterior e independiente del Estado.
Desde nuestro punto de vista, el Estado siempre interviene en la economía; lo que debe discutirse es el tipo de intervención que se desea.
Desde esta óptica, en oportunidad del tratamiento de la reforma constitucional del año 1949, como miembro informante de la mayoría, el doctor Arturo Sampay sostuvo lo siguiente: "La realidad histórica enseña que el postulado de la no intervención del Estado en materia económica, incluyendo la prestación del trabajo, es contradictoria en sí misma porque la no intervención significa dejar libres las manos a los distintos grupos en sus conflictos sociales y económicos, y por lo mismo dejar que las soluciones queden libradas a las pujas entre el poder de esos grupos. En tales circunstancias la no intervención implica la intervención a favor del más fuerte."
El debate público ha mostrado el grado de conciencia ciudadana sobre la importancia del papel del petróleo; toda actividad productiva depende de este insumo, lo que desata los conflictos de intereses que vivimos y hasta las guerras, como la horrorosa invasión a Irak.
Las luchas reivindicativas sobre el recurso natural petróleo están estrechamente vinculadas a la lucha por la conquista de la soberanía nacional. En todas las legislaciones del mundo ha venido prevaleciendo el principio de que los Estados son los propietarios de sus recursos naturales, e incluso esto ha sido asentado en distintas resoluciones de las Naciones Unidas.
Juan Domingo Perón sostenía lo siguiente: "En materia de energía nuestra acción de gobierno ha sido presidida por tres ideas matrices: ampliar las disponibilidades, pues a su volumen está subordinado el ritmo de crecimiento de la industria nacional, subsanar nuestra crónica dependencia del exterior en orden al aprovisionamiento de combustibles industriales y recuperar para el Estado las fuentes nacionales de energía y los servicios públicos a éste vinculados."
Tomando en cuenta que en la Argentina se ha roto el contrato social sobre el que se desenvuelve el conjunto de las relaciones sociales, y que debemos sentar las bases de la Argentina del siglo XXI a partir de una profunda renovación de los valores y normas que marcan el funcionamiento de la vida social, en julio de 2002 presenté un proyecto de ley, contenido en el expediente 4262-d-2002, por el que se declara la necesidad de la reforma total de la Constitución Nacional. Es necesario debatir y resolver qué hacer con la renta petrolera, la renta cerealera, la deuda externa, la distribución del ingreso y la previsión social.
En el artículo 2° del mencionado proyecto de ley se establece que la Asamblea Constituyente podrá, entre otras cosas, asegurar la propiedad estatal inalienable e imprescriptible de las fuentes de energía y de los recursos de carácter estratégico; reservar al Estado nacional la explotación petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes que sean declarados de interés público y de carácter estratégico; resguardar la disponibilidad para la Nación de la renta de los recursos naturales, y definir la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica.
Aspiramos -como lo ha expresado la mayoría de los señores diputados preopinantes, sobre todo el miembro informante- a que algún día se pueda organizar y movilizar la opinión pública y el protagonismo popular para galvanizar la voluntad política de realizar cambios revolucionarios.
Es imprescindible que veamos con realismo dónde y cómo estamos hoy. La Argentina ha perdido sus datos geofísicos, no sabemos dónde están sus yacimientos ni sus potenciales riquezas. Lo cierto es que esa información no es hoy de dominio de los argentinos. Se calcula que menos del 20 por ciento de nuestras riquezas potenciales y de nuestros yacimientos son explorados y explotados hoy en día.
Además -como sabemos-, las empresas petroleras privadas han dejado de explotar los pozos marginales porque no tienen la rentabilidad a la que aspiran. De modo que no sabemos dónde están nuestros recursos y, por lo tanto, el Estado no se encuentra en condiciones de licitar bloques para la exploración y explotación pública o privada, ya que además se trata de inversiones de muy alto riesgo.
¿Qué hacemos con nuestros recursos que están en el mar? ¿Nos sentamos sobre ellos y declamamos sobre nuestras riquezas? Quisiera que se tenga en consideración que dentro de veinte o treinta años puede cambiar el perfil productivo, el perfil energético, que por ejemplo se deje de usar el petróleo y se comience a usar el hidrógeno.
¿Sabemos cuánto se tarda entre una exploración y el comienzo de una explotación de un yacimiento costas afuera, u off shore, hasta que se saca la primera gota de petróleo, lo que se llama first oil? Se tarda aproximadamente una década, de modo que nosotros consideramos que es preciso y urgente transformar estos recursos naturales en energía positiva para el desarrollo de las actividades productivas de la Argentina y la iniciativa que en este sentido propone ENARSA merece ser apoyada.
La producción es declinante. No hay exploraciones ni explotaciones y, por lo tanto, nuestra dependencia del exterior está aumentando.
Como hemos dicho, la Argentina ha perdido la capacidad de realizar de manera autónoma relevamientos geofísicos, y con la privatización de YPF también dejó de tener totalmente el control de los datos generales de nuestros hidrocarburos, que hoy están en manos privadas.
ENARSA es una empresa mixta controlada por el Estado y está destinada a cambiar drásticamente las reglas de juego. Su primer trabajo será el relevamiento de la información geológica y geofísica y la organización sistemática de dicha información en un banco de datos.
Este proyecto va a posibilitar el desarrollo de un programa de transferencia de tecnología, de complementación y de desarrollo científico y tecnológico que asegure un alto grado de capacitación y autonomía.
Ya existen -como sabemos- principios de acuerdo entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios con la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil y con Petróleo de Venezuela Sociedad Anónima para trabajar en estas áreas.
¿Qué objetivos planteamos para ENARSA? Incrementar el conocimiento del potencial de hidrocarburos de la Argentina mediante la reconstrucción de una base de información geofísica y geológica que cubra todo el territorio y las aguas jurisdiccionales y que esté disponible para reorientar la definición de las políticas públicas, así como también de las inversiones públicas y privadas de riesgo; incentivar la actividad en el sector de hidrocarburos y de los servicios relacionados; aumentar la autonomía de la Argentina respecto de los monopolios internacionales para la obtención, guarda y organización de información geológica y geofísica; asegurar una integración y vinculación científica y tecnológica en el ámbito del Mercosur; generar empleo y posibilitar la repatriación de profesionales especializados vinculados al proyecto que hoy no están en la Argentina.
Me sorprende que haya legisladores que piensan que la Argentina cuenta con tecnología o recursos para iniciar estas exploraciones o explotaciones.
Nuestro país ha tenido una impresionante expulsión de inteligencias y de tecnología y por eso hoy el
Estado no está en condiciones de iniciar estas actividades por sí solo.
ENARSA ayudará a generar empleo a través de la asociación entre la Argentina, Brasil y Venezuela. Ello va a viabilizar una capacidad geológica y geofísica que será proyectada al resto de América del Sur, y estará destinada a favorecer y promover la utilización de energías alternativas e integrar las pequeñas y medianas empresas regionales y provinciales en segmentos de la industria. Esto permitirá promover la integración de América del Sur que soñamos como el proyecto de mayor envergadura política y económica planteado a nivel energético.
Creo que es oportuno comentar qué sucede hoy con el petróleo en el mundo. Al respecto, haré una breve referencia, porque me parece que en este debate falta información. PDVSA -Petróleo de Venezuela Sociedad Anónima- convoca a la participación privada nacional e internacional, asegurando beneficios para la parte estatal y privada. Pero me ha llamado la atención que algunos señores diputados preopinantes hayan señalado que las cuencas marítimas debieran ser exploradas por el Estado nacional. Digo esto porque, por ejemplo, la cuenca de Cuba es explorada por Petrobras y Repsol, porque así funciona el mercado petrolero a nivel internacional.
Nadie puede dudar de que Petrobras es brasileña y responde a los intereses de los brasileños. Sin embargo, cabe aclarar que el Estado brasileño cuenta con una participación del 35 por ciento, pero tiene el control, fija las metas, establece las políticas y realiza los llamados a licitación.
ENARSA estará en condiciones de hacer lo mismo. La Nación tendrá el 53 por ciento de las acciones y las provincias el 12 por ciento del paquete accionario. Es decir que el Estado tendrá el 65 por ciento de las acciones intransferibles en un esquema federal. Esto está establecido no sólo en el espíritu, sino también en la letra del proyecto.
Hace falta reiterar que el Estado además tiene las únicas acciones con voto, cinco directores titulares, cinco suplentes, que las provincias tendrán dos directores titulares y dos suplentes, mientras que el 35 por ciento de las acciones en manos de privados no tendrán presencia en el directorio y tampoco voto.
Como se ha dicho, ENARSA es una empresa pública en situación de competencia para el logro del bien común. El Estado concedente podrá licitar y concesionar la exploración y explotación de bloques a la propia ENARSA, con lo cual, además de las regalías y de los impuestos, podrá percibir los beneficios económicos por el 65 por ciento de sus acciones.
En lo que respecta al tema del control, coincidimos en que es preciso asegurar y garantizar mecanismos de transparencia. Así, ENARSA estará sometida al control de la Auditoría General de la Nación y de la SIGEN, que deberán fiscalizar los actos realizados por los directores de la sociedad, además de ajustarse a los controles de la propia Sindicatura.
Desde el bloque Frente para el Cambio sostenemos la necesidad de crear un organismo de control en el sector de los hidrocarburos, similar a la Agencia Nacional de Petróleo de Brasil, cuyo estatuto, por razones de tiempo, solicito se inserte en el Diario de Sesiones. Según dicho estatuto las funciones de esa Agencia son, entre otras, implementar la política energética nacional; tender a la protección de los intereses de los consumidores en relación con el precio, la calidad y la oferta de los productos; evitar la formación de oligopolios; hacer cumplir las buenas prácticas de conservación y uso racional del petróleo y de los derivados del gas natural y la preservación del medio ambiente.
Como se ha dicho acá, es imprescindible y urgente que este Parlamento se aboque a la regulación del precio del gas. Algo tan simple como asegurar un precio accesible para la garrafa de gas que es utilizada por los sectores más humildes parece que hoy requiriera tanta audacia como la que Danton reclamaba para hacer la Revolución Francesa.
Por otro lado, debo señalar que Energía Argentina Sociedad Anónima no podría cumplir los altos cometidos para
los cuales fue creada sin la realización de un proyecto de integración continental, que si bien no puede tener otro punto de partida que la mancomunidad política, posee en la integración energética su columna vertebral.
Lo que he dicho nos impide compartir las expresiones de un distinguido colega en cuanto a que esta empresa es el tipo de empresa prohijada por el Fondo Monetario Internacional. Recuerdo que cuando el gobierno nacional anunció su proyecto de creación de ENARSA, estuvo el presidente de la Nación flanqueado por el señor ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el ministro de Energía y Minas de la República Bolivariana de Venezuela. Dudo que este cuadro de integración práctica y de integración en la acción pueda ser de gran complacencia para el Fondo Monetario Internacional y los organismos de crédito internacional.
En su reciente visita a la Argentina, el presidente de Petróleo de Venezuela Sociedad Anónima, señor Ali Rodríguez, dijo lo siguiente: "En un país que no está lo suficientemente integrado y un continente que está mucho menos integrado, lo correcto en lugar de competir es avanzar en un proyecto de complementación de nuestras economías. Si avanzamos en una estrategia común de dar aquello que otros no poseen y recibir lo que otros tienen y a nosotros nos falta, seguramente entraríamos en un proceso de integración que nos permita una vigorosa ampliación del mercado interno, tanto de nuestros países, como del continente latinoamericano. Los propios latinoamericanos podríamos manejar todas las actividades relacionadas con el petróleo sin una sola excepción, ya que tenemos suficiente capacidad para hacerlo."
Se trata de un proceso inédito en nuestro continente; es un proceso nuevo, porque estamos en una fase exploratoria y porque la estrategia que se usó fue la de dividirnos y fraccionarnos para evitar que se incremente el peso de la Nación Latinoamericana como una fuerza que tiene todas las posibilidades para actuar en el escenario internacional.
Ya hemos tenido una nueva prueba de este modo de integración: cuando la prensa argentina amplificaba una crisis energética, una comunicación oportuna entre los presidentes de la Argentina y de Venezuela culminó con la firma de un acuerdo según el cual nuestro país pagaría con alimentos, vegetales y animales un envío de setecientas mil toneladas de fueloil y doscientos cincuenta mil metros cúbicos de gasoil venezolano, productos que comenzaron a arribar al puerto de Buenos Aires pocas semanas después, en los primeros días de mayo.
Con el petróleo venezolano la escasez de energía anunciada por los titulares de la prensa como un escándalo para el invierno de 2004 estaba resuelta.
Además, no hubo desembolso de divisas, cuestión que representaba el "talón de Aquiles" donde los lobbistas de las empresas privatizadas de energía imaginaban clavar el dardo envenenado. El país no tenía crédito y recuperarlo supondría estar de acuerdo con los inaceptables criterios de negociación sostenidos por el Fondo Monetario Internacional.
ENARSA podrá impedir que los intereses urgentes de los ciudadanos argentinos sean puestos en jaque a favor de un mayor lucro para las empresas privadas y extranjeras.
El nuevo cuadro geopolítico latinoamericano y la decisión soberana de nuestros pueblos auguran la integración energética de nuestra América, de nuestra patria grande.
Desde las guerras de la independencia nunca han existido condiciones más favorables para decidir la unión estratégica de los países de América Latina en un solo bloque político y económico capaz de dinamizar importantes acuerdos con otros países como China, Rusia e India, en el marco de una negociación Sur-Sur.
Ya está en marcha el proyecto de mayor envergadura política y económica del continente: Petrosur o Petroamérica, a la cual ENARSA nacerá integrada.
Por las razones expuestas, adelanto nuestro voto positivo al dictamen de mayoría.

sr. presidente camaño.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

sr. TINNIRELLO, CARLOS ALBERTO.- Señor presidente: adelanto nuestro voto negativo al proyecto en tratamiento.
Al hablar de energía estamos haciendo referencia a una cuestión que se insinúa en términos de poder, de dominio y de posibilidad de generar producción y acumulación de riqueza. Justamente ese poder y dominio hoy está esencialmente en manos de los Estados Unidos y del resto de los países imperiales, y se basa en la posibilidad de producir energía; esa energía que a ellos les falta pero que consumen en un porcentaje absolutamente elevado en relación con los países que la producen.
En Estados Unidos y en Europa se consume cerca de la mitad del petróleo del mundo. Los países del Golfo Pérsico, que aproximadamente producen el 30 por ciento del petróleo mundial, sólo utilizan el 4,5 por ciento. Alrededor del 50 por ciento de las reservas mundiales de petróleo se hallan en manos de los países del Golfo Pérsico. Venezuela tiene reservas para setenta y dos años; Estados Unidos y Europa, aproximadamente para diez años. La Argentina tiene reservas para menos de siete años, y se sospecha que en algunos casos esa cantidad ha sido "dibujada" ya que se han tomado datos que podrían ser falsos.
Es evidente que sin energía no hay posibilidad de desarrollo. Fíjense que frente al problema de la falta de electricidad y de gas en el país se planteó la reducción del consumo de energía, lo cual conllevaba cierto riesgo de producción.
Es claro que los países del primer mundo -con Estados Unidos a la cabeza- tienen poca energía e irán a buscarla; y lo harán mediante legislaciones que apunten a ello o con el ejército genocida que circunda el mundo para destruir a los pueblos que quieren autodeterminarse y preservar su independencia. En la actualidad, Irak es el mejor ejemplo de lo que digo; allí no se ha encontrado absolutamente ningún arma que hiciera peligrar la paz mundial, pero han encontrado el petróleo que sí sabían que estaba.
¿De qué hablamos cuando hacemos referencia a ENARSA? En realidad, estamos hablando de una empresa que, a nuestro juicio, es funcional a ese proyecto de dominación del imperialismo de los Estados Unidos y del resto del primer mundo.
¿Cuántas solicitadas vieron de parte de las empresas multinacionales de petróleo cuestionando la creación de ENARSA? ¿Cuántas declaraciones de empresarios del sector ha habido en ese sentido? Absolutamente ninguna. ¿No será que con esa pantalla imaginaria que pretende mostrar a ENARSA como una empresa que comienza a recorrer el camino de la recuperación de la energía, quiere ocultarse lo que, desde nuestro punto de vista, es en realidad ENARSA: la agencia de negocios, la pyme que, según dijo el ministro De Vido, va a tener veinticinco empleados?
Es la pyme que les va a garantizar contrato a las empresas privadas para ir a hacer la exploración costas afuera, lo más costoso y riesgoso de la exploración, para luego acumular los datos en un banco que, según establece el proyecto de ley, estará abierto a las empresas multinacionales para que puedan seguir explotando el petróleo y seguir acumulando la energía que necesitan para dominar al mundo.

sr. presidente camaño.- Señor diputado: la señora diputada Castro le solicita una interrupción. ¿La concede?

sr. TINNIRELLO, CARLOS ALBERTO.- No, señor presidente, le pido disculpas pero prefiero avanzar.
Recordemos que alrededor de 1991 YPF tenía cerca de veintidós mil empleados. Nosotros estamos hablando de una pequeña empresa de veinticinco, o sea que hay una relación que no se logra comprender.
Estamos hablando de competir con las multinacionales, de generar una empresa independiente, pero evidentemente la realidad es otra. ¿Por qué es otra? Porque nos parece que no pudo haber cambiado tanto el presidente de la Nación. Nos piden confianza y que creamos en este nuevo proyecto.
"Clarín" titulaba el 23 de septiembre de 1992, cuando obviamente no era presidente Néstor Kirchner, "La privatización de YPF. Provincias petroleras hacen lobby para la aprobación". Y más adelante decía: "Los gobernadores de las diez provincias con petróleo aprobaron por unanimidad la privatización de YPF y pidieron a los diputados que posibiliten sin demora el tratamiento del proyecto."
Un poquito más adelante dice: "Le tocó...", no sé si en suerte o en desgracia, "...al titular de Santa Cruz, Néstor Kirchner, actuar de vocero." Dice, entonces, textualmente: "'Respetamos las posturas de los legisladores que están en desacuerdo con la ley, pero que den quórum', reclamó desde sus dos metros de altura", obviamente de estatura física.
Más adelante dice: "Valdría ocho mil millones. Aprobaron la privatización de YPF. El oficialismo, con gran esfuerzo y algunas promesas del sindicalismo, logró votar la privatización de la mayor empresa del país." Ocho mil millones de dólares es aproximadamente lo que Repsol YPF factura por año. Una muestra de lealtad y de independencia realmente asombrosa.
Entonces, en esa pelea de consumos y de reservas, que tanto preocupa al primer mundo, porque ellos necesitan consumir y no tienen las reservas, las van a sacar y las están sacando de todos lados. Pero pareciera que nosotros no recordamos que no somos un país petrolero, sino que somos un país que tiene petróleo. El nuestro es un país que no tiene asegurada su energía durante muchos años; es un país que está en riesgo energético, y ya se ha reconocido que estamos en crisis energética. Esta crisis energética significó que amplios sectores de la población sufrieran aumentos muy importantes en el precio del gas bajo aquella pantalla de premios y castigos que establecía que aquel que consumiera menos iba a ser premiado, pero que después resultó ser toda una fantochada. Hoy, nos encontramos con boletas de gas de jubilados que viven solos que han tenido un aumento del ciento por ciento.
Entonces, ¿cuáles son los premios y castigos? Evidentemente, los premios son para las empresas multinacionales, y los castigos para la población argentina, para los trabajadores, para los desocupados y para los marginados.
En este marco, vamos a insistir en nuestro voto negativo al proyecto. Además, no queremos entrar en la discusión de si debe ser ENARSA o ENARSE, porque en realidad ninguna de las dos opciones muestra la intención de recuperar la energía; ninguna de las dos plantea rediscutir el tema de las privatizaciones; ninguna de ellas plantea discutir la privatización, la entrega del petróleo. Esta es justamente la cuestión central que debemos plantearnos, porque detrás de este proyecto hay mucha entrega, mucho sacrificio de la población y mucha represión.
En este sentido, no debemos olvidarnos de que cuando se privatizó YPF las empresas multinacionales que hoy tienen el dominio del petróleo generaron una profunda desocupación en las ciudades y pueblos petroleros. Cutral-Có, Tartagal, General Mosconi y Caleta Olivia son las muestras más claras de eso. Sin embargo, cuando la gente va a pedir trabajo a esas petroleras, es reprimida violentamente. Pero nadie en este recinto ha planteado siquiera la preocupación acerca de esa represión. En el caso de Caleta Olivia se ha llegado incluso a torturar; se ha ido con listas a buscar personas a pesar de que se había acordado que se iba a dar trabajo.
Esas son las consecuencias de las famosas privatizaciones que todavía algunos siguen reclamando o reivindicando.

sr. presidente camaño.- El señor diputado Ingram le solicita una interrupción. ¿Se la concede, señor diputado?

sr. TINNIRELLO, CARLOS ALBERTO.- Discúlpeme, pero no tengo tiempo, señor presidente.
Pero también lo escuchamos de algunos bloques, que han jugado este partido aunque sea en distintas etapas. Desde la primera minoría se cuestionó la actitud de entrega de petróleo, pero no se acuerdan del plan Houston ni del paseo que hizo de la Rúa por España por el pueblito de sus abuelos, que nos costó que se extendiera la concesión hasta 2027. ¡Nos costó muy caro el paseo por el pueblito de los abuelos!
Entonces, pareciera que lo único que se está tratando de hacer aquí es lavar la cara y mostrar que algunos que han sido cómplices de todo esto no tuvieron nada que ver. Y los que sí tuvieron que ver, y lo tienen que reconocer porque eran gobierno, ahora dicen que van a recuperar lo irrecuperable.
Nos parece que la única solución es que se abra un amplio debate en la población y que toda la sociedad se replantee qué queremos hacer con nuestro país, con nuestrosrecursos naturales, con la energía y con el petróleo.
¿Por qué no plantearnos una empresa petrolera de propiedad social que esté administrada por los trabajadores y por los representantes de las universidades que tengan que ver con el área energética? ¿Por qué no hacerlo?
Lo pregunto aquí porque ya sé qué piensan acerca de las decisiones del pueblo. De alguna manera, humildemente, propongo esta reflexión y esta pregunta: ¿por qué no nos planteamos como población si no estamos en condiciones -los trabajadores, los usuarios, los profesionales, los profesores universitarios, los representantes de las universidades- de empezar a decidir nuestro propio camino? Porque está visto -a juzgar por las decisiones de nuestros representantes- que el camino recorrido ha significado cada vez más perjuicios para los intereses del país y de la población.
Por lo expuesto -insisto- votaremos en contra de este proyecto.

sr. presidente camaño.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

sr. GUTIERREZ, FRANCISCO VIRGILIO.- Señor presidente: estamos ante una situación de emergencia productiva, de emergencia económica. Hace poco tiempo nuestro país vivía una crisis energética que generaba a su vez la posibilidad concreta de que no se pudiera llevar adelante un crecimiento económico y productivo sostenido que la política del Estado nacional planteaba -y estaba recuperando- en todos los estamentos de la actividad productiva.
Hemos sostenido en todos los niveles la necesidad de dejar atrás el modelo neoliberal que planteaba que los problemas de la economía, del crecimiento, del empleo y de la distribución de la riqueza se iban a solucionar a través del mercado, dejando de lado la presencia y el rol del Estado.
Todos aquí recordamos la empresa estatal petrolera YPF, al igual que a Gas del Estado y a las empresas energéticas, y la pérdida que los cambios producidos en ellas significaron para la actividad productiva nacional y para la recuperación del crecimiento económico.
El presidente de la Nación ha impulsado con mucha decisión la recuperación del rol del Estado en un área clave de la economía nacional, tal como es el sector energético, no sólo en el área petrolera, sino también en las áreas gasífera, energética y de transporte, todo lo cual se vincula con la posibilidad de desarrollar la economía nacional.

-- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, don Eduardo Ariel Arnold.

sr. GUTIERREZ, FRANCISCO VIRGILIO.- La energía es un factor determinante en los procesos productivos. Sin energía no puede haber desarrollo y no puede haber crecimiento ni competitividad de nuestros productos en esta economía globalizada, internacionalizada, que estamos viviendo y de la que formamos parte.
Queremos insertarnos en esa economía desde la independencia y la soberanía nacional, integrándonos por medio de la creación de una empresa de energía nacional a las empresas energéticas de nuestros países hermanos, como aquí se ha mencionado, es decir, la empresa petrolera deBrasil, la de Venezuela y otras, que hacen a la posibilidad de un desarrollo integrado desde la economía latinoamericana y especialmente del Mercosur.
Por eso, saludamos la creación de ENARSA y que dejemos atrás los pensamientos neoliberales para abrazar con mucha energía la participación del Estado en el sector energético y en la economía nacional.
Creemos necesario y fundamental la creación de esta empresa para el futuro de la Argentina, así como para el desarrollo productivo, a fin de que podamos encarar el camino del crecimiento, de la recuperación del empleo y de la redistribución del ingreso.
Queremos que ENARSA cumpla un rol estratégico, para desarrollar la misión encomendada en un país que tiene grandes disponibilidades energéticas en la plataforma submarina y grandes posibilidades energéticas hidroeléctricas y gasíferas. Por eso, es importante potenciar nuestra complementación e integración con los países hermanos.
Así está el gasoducto del Nordeste, para poder explorar y explotar, y la posibilidad de integrarnos con nuestro país hermano de Bolivia a fin de desarrollar nuestras economías regionales. Sin ENARSA esto no será posible; con ENARSA iniciamos el camino de la recuperación del rol del Estado en un área clave de la economía, como es el sector energético.
Por las razones expuestas, sostenemos el apoyo de nuestra bancada y del interbloque Convergencia para este proyecto de ley de creación de ENARSA.

sr. presidente arnold.- Tiene la palabra la señora diputada por Corrientes.

sra. MENDEZ DE FERREYRA, ARACELI ESTELA.- Señor presidente: como lo expresara recién el señor diputado Gutiérrez, nuestro bloque apoya con entusiasmo y compromiso este proyecto de creación de ENARSA.
Pensamos que se da inicio a una nueva etapa de la explotación de los recursos energéticos en el país, asimilables en algún aspecto a la que vivió el coronel Mosconi aquella mañana de agosto de 1922 cuando la empresa norteamericana West Indian Oil Company, única proveedora de la nafta de aviación, se negó a venderla al servicio aeronáutico del Ejército sin un pago anticipado.
En el razonamiento de Mosconi no tenía sentido que la Fuerza Aérea dependiera de empresas extranjeras para adquirir el combustible de sus aviones. Era una cuestión estratégica: o se obtenía combustible nacional o se resignaba buena parte de la soberanía.
Desde ese convencimiento trabajó arduamente hasta construir la importante empresa estatal que fue YPF. La historia reciente, que aquí señalaron varios señores diputados, sobre el desguace del Estado en general y de YPF en particular, es por todos conocida, y también la crisis energética de principios de este año está fresca en nuestra memoria, más allá de que pudo ser controlada con alguna medida de emergencia -como aquí lo señaló la señora diputada Castro- con la ayuda de Venezuela.
El modelo energético de los años 90 está agotado y hay que definir objetivos nuevos para cada área. Mucho es lo que hay que hacer en materia de reorganización estatal.
Se impone superar los años de degradación constante, vividos al amparo ideológico de la retirada del Estado. La Argentina debe recuperar en todos los órdenes la facultad de prever su futuro. El sector energético es una prioridad en ese sentido.
Se requiere una reingeniería de las instituciones. Debemos crear los instrumentos empresariales para que el Estado intervenga en el sector y defina estos objetivos estratégicos.
Con este proyecto estamos iniciando el camino dela recuperación del desguace del Estado, reapropiándonos de la definición estratégica de nuestra política energética. Hoy, creamos una sociedad anónima en la cual el Estado nacional tendrá una mayoría accionaria intransferible, a la que se podrán incorporar los distritos provinciales que deseen integrarla.
La nueva empresa es una herramienta del Estado para fijar políticas activas en un sector de vital importancia para el país, como el energético.
Este escenario llena de satisfacción a quienes creemos que el Estado debe intervenir en las áreas estratégicas para facilitar el accionar competitivo, distribuir con equidad la renta petrolera originada en los recursos no renovables y satisfacer el interés general, mejorando los costos de la producción de numerosos sectores industriales que atañen al desarrollo integrado de un país soberano.
En este sentido, con este proyecto de ley remitido por el señor presidente Kirchner considero que volvemos al camino correcto. Estamos cerrando el oscuro camino por el que nos hicieron transitar las políticas saqueadoras que dilapidaron la inversión de generaciones de argentinos, dejándonos a merced de las fuerzas del mercado, con un Estado ausente y con organismos reguladores más ocupados en defender los intereses de las empresas que debían controlar que los intereses de los usuarios, en cuanto a sus actitudes monopólicas u oligopólicas.
ENARSA actuará como una empresa testigo, compitiendo con las restantes que actúan en el sector energético, evitando actitudes de coacción o de abuso de posición dominante.
Promoverá la inversión tecnológica, desarrollando fuentes de energía alternativas de recursos renovables para reconstituir las reservas de gas y de petróleo, hoy reducidas con respecto a las existentes a principios de la década anterior.
Facilitará nuevamente el desarrollo de las regiones postergadas del país, contribuyendo a recrear una Nación más federal y equilibrada socialmente. En particular desde la provincia de Corrientes, de donde provengo, y seguramente desde todo el Nordeste empobrecido del país por carecer del servicio, observamos con atención la posibilidad que otorgamos a ENARSA por este proyecto de prestar el servicio público de transporte y distribución de gas natural.
De concretarse, ello facilitará el despegue de la región por la creación de una infraestructura básica para el desarrollo, que permitirá la radicación de industrias y posibilitará el acceso de sus habitantes a una tarifa de gas acorde con lo que paga el resto del país que cuenta con este servicio.
La iniciativa que tratamos otorga permisos de exploración y concesión de áreas marítimas nacionales a ENARSA, lo cual puede ser muy importante para el futuro próximo, aunque sea arrancando desde una posición desventajosa con sus competidoras, debiendo explorar y en su caso explotar áreas que no son las más accesibles y económicas, como las marítimas.
El instrumento que estamos creando no tiene segundas lecturas, como las que pretenden encontrar algunos de los que tardíamente vienen a preocuparse hoy por los peligros del avance de la actividad privada.
Los permisos de exploración y explotación no implican en modo alguno la transferencia de la propiedad de los recursos del subsuelo, que pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional, conforme con el artículo 1° de la ley 17.319 y, en su caso, de los estados provinciales, desde la reforma constitucional de 1994.
A quienes pretenden alertar sobre la posibilidad de que por esta vía se transfiera a terceros la concesión sobre las áreas marítimas, quiero señalarles que nuestro presente acuciante es, en realidad, que los distintos gobiernos hemos transferido nuestra empresa petrolera estatal, YPF, con todos sus pozos en explotación y con todas sus reservas.
Esto obliga a los consumidores y usuarios a pagar altos precios internacionales, con el agravante de la transferencia de utilidades al exterior, mientras nos vamos quedando sin nuestras reservas de petróleo y gas.
Quiero resaltar la facultad que se otorga a ENARSA de suscribir convenios con empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, sobre todo en este momento especial de aires nuevos que está pasando Latinoamérica en general, que podríamos llamar fundacional de la patria grande que soñaron San Martín, Bolívar y tantos otros, lo que permitiría la integración con las empresas de los países hermanos de Venezuela, Brasil y Bolivia. La reciente inauguración de una filial de la empresa petrolera venezolana en nuestro país puede ser considerada importantísima en ese sentido.
Compartimos la necesidad de seleccionar el personal de la empresa con criterio de excelencia, para que los más capaces y honestos sean quienes se incorporen a ella.
El proyecto de ley establece la facultad de creación por parte de ENARSA de una base de datos integral de los hidrocarburos, que requerirá de los concesionarios y permisionarios toda la información necesaria solicitada por el Poder Ejecutivo Nacional. Así mismo, se facilitará el acceso a la misma a todos los operadores del mercado hidrocarburífero.
Algunos sostienen que no sería ENARSA la más indicada para administrar la base de datos. Nosotros creemos que debe estar a cargo del organismo nacional que se determine. En la reunión conjunta de las comisiones con el ministro De Vido se nos informó que una vez reunidos los datos por ENARSA, conformada la base, será puesta a disposición del Estado, pasando ENARSA a ser un usuario más de ella, igual que el resto de las empresas.
Como manifestaba al principio, con la creación y desarrollo de esta empresa de energía el Estado podrá recuperar el rol estratégico que nunca debió abandonar, y que le permitirá contar con herramientas para sostener y ejecutar políticas válidas para un desarrollo más armonioso del país.
Así le ocurrió al general Mosconi en 1929, cuando por primera vez pudo fijar y bajar el precio de la nafta, más allá de la oposición del trust de empresas extranjeras que lo manejaron hasta entonces. Por ello, señor presidente, el interbloque Convergencia votará en general por la afirmativa el proyecto de ley en consideración.
Aplaudo la idea del presidente Kirchner, que implica recuperar la iniciativa en materia de desarrollo de nuestros recursos energéticos, y espero que una vez creada ENARSA, junto a PDVSA y a otras empresas de distintos países latinoamericanos, podamos construir el gran polo energético latinoamericano, Petrosur o como se llame.

sr. presidente arnold.- Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

sra. GARRE, NILDA CELIA.- Señor presidente: como ya se ha señalado reiteradamente, estamos considerando un proyecto de ley muy importante. La mayoría de los argentinos está de acuerdo en la necesidad de recuperar un Estado con presencia decisiva en el mercado de los bienes energéticos para la promoción, la producción y la regulación.
El protagonismo del Estado en esta área es siempre dominante; a veces incluso se transforma en exclusivo, pero como mínimo es muy importante. Esto es así por múltiples razones.
En primer lugar, por el carácter esencial de esta actividad para el desarrollo independiente de todos los países. La complejidad tecnológica de este tipo de explotaciones también suma en beneficio de que el Estado debe tener una participación activa.
Además, hay una íntima relación entre la actividad energética y la necesidad de preservar el medio ambiente, y por eso también el Estado debe estar presente. Por otra parte, la presencia del Estado se relaciona con la necesidad de planeamiento estratégico de largo plazo de los recursos energéticos para un desarrollo autónomo.
Por último, todos sabemos la influencia que los acontecimientos internacionales tienen sobre las fuentes de abastecimiento y sobre el comportamiento del mercado de los combustibles en particular.
La actividad privada, que está impulsada básicamente por el afán de ganancia -incluso por el objetivo de la máxima ganancia-, no puede garantizar una política eficiente en este sector vital para el crecimiento soberano de nuestro país.
Por eso, el Poder Ejecutivo nacional impulsa la creación de ENARSA con la idea de que va a ser un instrumento apto para que el Estado recupere ese rol necesario, indispensable, de promotor activo en el ámbito de la estrategia de la energía, rol que por otra parte nunca debió haber abandonado porque, evidentemente, la privatización de los hidrocarburos fue quizás la decisión de política económica más desacertada del siglo XX.
Además, esta empresa garantiza al Estado la posibilidad de desarrollar políticas focalizadas en sectores que tienen características especiales o, por ejemplo, de impulsar energías alternativas. Con ENARSA el Estado completa los instrumentos que necesita, que son: en primer término, la definición de las políticas, el planeamiento del sector y, desde ya, la función regulatoria que le cabe como poder administrador; en segundo lugar, ENARSA va a cubrir vacíos de la actividad energética: por ejemplo, la búsqueda de nuevas reservas ya que, por las políticas desarrolladas en la década del 90, las ubicadas están sustancialmente disminuidas y durante años no se exploraron nuevos yacimientos.
Además, con ENARSA el Estado va a poder actuar como poder concedente y simultáneamente ser socio en las ganancias que pueda tener la empresa, sin perjuicio de lo que le corresponda en concepto de cánones o regalías.
Hubiéramos preferido que ENARSA fuera una sociedad del Estado o una sociedad incluida en la sección VI del capítulo II de la ley de sociedades. Tendríamos así un tipo societario más claro y más adecuado a la naturaleza de las tareas que va a desarrollar. No obstante, no vamos a objetar la forma de sociedad anónima que figura en el dictamen, porque quizás ésa sea -como han sostenido en las distintas reuniones de comisión los informantes que van a trabajar en esa sociedad- una modalidad societaria más adecuada y más ágil para la implementación de las políticas energéticas. Tal vez este tipo societario permita una mayor velocidad en la toma de las decisiones que deban adoptarse, atento las características especiales de esta actividad.
El hecho de que el Estado nacional controle el 82 por ciento del capital con derecho a voto y los estados provinciales el 18 por ciento restante, hacen suficientemente claras las garantías que necesitamos tener en este punto.
Pensamos que la composición del capital societario -con un 35 por ciento para el sector privado- y la circunstancia de que se va a operar a través de unidades operativas autosustentables, facilitarán la inversión privada, y sabemos que si hay reglas claras se invierte aun en áreas riesgosas. Por eso, somos optimistas en que se lograrán inversiones en las exploraciones off shore y en el impulso a las energías alternativas.
Nos satisfacen los cambios a la sanción del Senado que se aceptaron: el que establece los controles de la ley de administración financiera para ENARSA, el que garantiza expresamente para el futuro la propiedad estatal mayoritaria y el párrafo que obliga expresamente a los procedimientos de transparencia y competencia de la ley de hidrocarburos.
Hubiéramos preferido que la designación de los directores que representan al Estado se hubiese hecho con el requisito del acuerdo del Senado. Creemos que eso permitiría más transparencia en las designaciones y además reflejaría un nivel de consenso importante para esta política, que es de todos.
Pensamos que es conveniente -y lo vamos a proponer después, en el tratamiento en particular del proyecto de ley- que el Congreso de la Nación esté informado de las políticas y las actividades de ENARSA por la fundamental importancia que éstas tienen para los intereses vitales de la Nación. Por eso, consideramos que es indispensable garantizar al Congreso el debido acceso a la información sobre la gestión de ENARSA, pues eso posibilitaría los elementos necesarios para una fiscalización seria.
Hemos escuchado la propuesta del señor diputado Accavallo en el sentido de que las concesiones que otorgue ENARSA deberían contar con expresa autorización de la Secretaría de Energía. Pensamos que en estos temas es más garantía la participación del Congreso de la Nación.
Nos preocupa -y por eso queremos hacer una aclaración muy cordialmente- la inquietud que hoy manifestó el señor diputado Rivas en el sentido de que esta tipología societaria que tendría ENARSA puede acarrear la nulidad de la sociedad. Al hacer este planteo se basó en un artículo de la ley de sociedades. Evidentemente, cuando la ley de sociedades dice que serán nulas las sociedades que no se creen de acuerdo a alguno de los tipos establecidos en ella se refiere a las sociedades que se creen sin ley. Esta ley, que crea un tipo societario específico, de ninguna manera podría acarrear la nulidad de ENARSA. Sería absurdo pensar que la ley 19.550, que es objetivamente una ley igual a la que hoy estamos tratando, pueda a futuro determinar la caída de todas las sociedades que no entren en alguno de los tipos societarios por ella previstos. Es evidente que con esta norma no vamos a recuperar lo irrecuperable, como aquí se dijo. Esa afirmación, lamentablemente, es de Perugrullo. Nadie discute que las decisiones que se tomaron en la década del 90 nos hicieron perder cuantiosos recursos y autonomía en las decisiones. Lo que se pretende con esta iniciativa es fijar políticas correctas para los recursos que no perdimos porque no estuvieron incluidos en aquella política. Por eso, se van a impulsar las energías alternativas y las nuevas exploraciones.
Se abre una nueva oportunidad. Con este proyecto se da un giro en el rumbo correcto, que no apunta a un estatismo anacrónico, pero que sí pretende impulsar el imprescindible reposicionamiento del Estado.
Quiero dejar constancia del pedido que me ha efectuado el señor diputado Filomeno, quien ha firmado el dictamen de mayoría en disidencia parcial, pero que en función de los cambios que se han introducido al proyecto en tratamiento decidió retirarla.
En síntesis, creemos que éste es un cambio importante frente al paradigma que imperó en la década pasada sobre el rol del Estado. El resto de la tarea está pendiente; a ENARSA le corresponderá desempeñar un papel fundamental, y a este Parlamento asumir su misión de fiscalizador de las políticas públicas.

sr. presidente arnold.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

sr. CAFIERO, MARIO ALEJANDRO.- Señor presidente: vine a este debate con la firme decisión de escuchar todos los argumentos para ver si me podían despejar las dudas que tenía. Con el respeto que tengo al señor diputado Blanco -por su personalidad y trayectoria- escuché atentamente su exposición y, lamentablemente, tengo que decir que las dudas aún persisten.
Entonces, como no quiero ser parte de una confusión voy a sostener el dictamen de minoría que he firmado, que impulsa la creación de ENARSA.
Cuando se habla de la recuperación de las herramientas del Estado y de la generación de otra política energética uno tiene que tratar de ver si esas ideas efectivamente pueden apoyarse. Pero aquí las definiciones no son claras. Se dice que la intención es traer un nuevo jugador, es decir, una nueva empresa que genere las correcciones en el mercado petrolero y en el energético. Pero la personalidad de este jugador no está clara, y mucho menos las reglas de juego con las que él tendrá que desempeñarse.
Evidentemente, si no fijamos con claridad las reglas de juego será difícil que podamos cambiar esta situación verdaderamente indigna de un país con recursos y con potencialidad que los dilapida. Esto nos permitedecir que se continúan vaciando las riquezas del país.
Constituye una sinceridad de nuestra parte aceptar que partimos de una debilidad clara del Estado. ¿Cómo no va a existir debilidad si el propio presidente de la Nación llegó a decir que las empresas petroleras lo estaban extorsionando tapando los pozos y generando una crisis energética artificial? Una demostración más clara de lo que acabo de decir es imposible.
No voy a abundar en las objeciones que se han dado en relación con la persona jurídica ENARSA ni con la confusión de roles que existe, porque no puede ser que estemos hablando de una empresa que va a corregir las posiciones dominantes que existan en el mercado. Es evidente que existe una confusión de roles entre un instrumento y la política.
El debate que estamos eludiendo tiene que ver con el hecho de saber cuál es el fondo de la política energética que se aplicará en la República Argentina. Dejar de lado esta cuestión significa no responder a los argentinos que están escuchando este debate o que mañana se enterarán por los diarios de lo que aquí se ha dicho. La gente quiere saber cómo vamos a colocar esta potencialidad petrolera que tiene la Argentina para que haya más trabajo. No debemos olvidar que estamos discutiendo sobre una de las pocas herramientas que nos quedan para sacar al país adelante.
No somos un país petrolero, sino un país con petróleo. Es importante saber cómo vamos a utilizarlo en una estrategia industrial y comercial para generar valor agregado a partir de la energía. Esto es clave y es lo único que nos queda luego de la debacle.
La política energética es la que marca el rumbo: ¿para qué queremos este jugador? ¿Para qué queremos este instrumento? Estamos hablando del carro, pero no sabemos dónde van los caballos. Para saber dónde van los caballos, debemos discutir cosas concretas de la política energética, definirlas, y en función de ello ver cuál es el instrumento que posibilita llegar a estos objetivos.
Entiendo que deberíamos haber analizado previamente cinco puntos, antes de ingresar en este debate. El primero es el siguiente: ¿a qué precio los argentinos vamos a comprar la energía? Cuando hablo de los argentinos no solamente me refiero a los consumidores, sino también a los industriales, a los servicios, al transporte, al campo, etcétera.
La otra pregunta consiste en saber qué política de reservas y de exportaciones vamos a tener. ¿Qué vamos a hacer con esas divisas que consigamos de las exportaciones que generemos? ¿Qué vamos a hacer con la defensa de la competencia y de los derechos de los usuarios en materia energética? Finalmente, ¿nos vamos a atrever a analizar los contratos petroleros, para saber si estuvieron acordes con la legislación vigente?
Se trata de puntos fundamentales a los que me voy a referir brevemente. Aquí se ha dicho que para tener una política clara la Argentina debe definir qué precio va a pagar para el funcionamiento de su política energética. Existen dos posibilidades. Una de ellas consiste en tomar el precio internacional, fijado en un mercado absolutamente volátil y con influencias políticas que sabemos existen alrededor del petróleo en el mundo. Como aquí se ha dicho, hay guerras en torno del petróleo. Este no es un mercado transparente. La segunda opción es regular el precio del gas y del petróleo en boca de pozo. Sostengo que la fijación de un precio razonable que garantice el retorno de inversiones y genere la posibilidad de que aprovechemos la renta petrolera es una política básica a definir.
Con un costo del petróleo de menos de siete dólares la Argentina tiene un formidable potencial de desarrollo industrial, comercial, agrícola y de transporte, y esto significa generar trabajo, agregar valor y salir del estancamiento en que nos encontramos.
La segunda cuestión se relaciona con la política de reservas y exportaciones. Está muy claro el fracaso de la política privatista extrema. Cuando uno observa que entre los años 1970 y 1972 había ciento treinta y dos pozos en exploración y que en el año 2000 -en pleno auge de esta política- hubo noventa y dos, advierte que ha bajado dramáticamente la relación entre reservas y producción en la Argentina.
Hace treinta años, teníamos dieciséis años de reservas; ahora, tenemos nueve. ¿Vamos a dejar que se exporte libremente? ¿Dejaremos que esta riqueza se vaya a terceros países sin que la aprovechemos internamente? Se hace necesaria una política basada en permitir la exportación en la medida en que haya exploración e inversiones, así como también abastecimiento del mercado interno. Este es el segundo punto básico de esta política.
La tercera cuestión apunta a determinar qué hacemos con las divisas que exportamos. ¿Saben los señores diputados que a raíz de un decreto del año 2002, firmado por el ex presidente Duhalde, el doctor Lavagna y el entonces jefe de Gabinete, diputado Atanasof, los productores de petróleo crudo, gas natural y gas licuado ingresan sólo el 30 por ciento de las divisas provenientes de la exportación del petróleo?
Vale decir que las divisas que conseguimos por nuestro principal producto de exportación no entran al país; no ingresan al Banco Central sino que van directamente a Madrid, Londres o Nueva York. Frente a ello, ¿podemos ser tan estúpidos de discutir si el petróleo es privado o estatal? Las divisas que genera la exportación de petróleo deben entrar a la Argentina. ¿Cómo es posible que digamos que estamos cambiando la política si ni siquiera cambiamos ese decreto? ¿Cómo se entiende que un país con semejante escasez de divisas y frente a un enorme endeudamiento externo dilapide su principal exportación, dejando que las divisas ni siquiera toquen la Argentina?
Quiero rescatar cómo fue la paradoja del endeudamiento externo de YPF, cómo se produjo un fraude. Eso figura en la causa Olmos, es decir, cómo se endeudó en dólares YPF si los dólares no entraron a la empresa. Fue el producto de los petrodólares. La paradoja es que nuevamente vuelven a circular hacia afuera por los mismos bancos que seguramente nos endeudaron durante la dictadura militar.
Si no cambiamos esta situación, no podemos decir a los argentinos que vamos hacia una nueva política energética. Estas son cuestiones concretas que debemos cambiar.
En relación con la defensa de la competencia, en el año 1998 hice una denuncia a raíz de la falta de competencia, principalmente en el mercado de los combustibles líquidos. Por supuesto que sabemos que hay otras cosas, como el GLP, señor diputado Blanco. A cinco millones de usuarios de garrafas les están robando, porque la garrafa se podría vender a seis o siete pesos y se las están vendiendo a más de veinte, con un mercado absolutamente concentrado.
Estas cosas son las que tenemos que corregir ahora para decir a la gente que estamos cambiando. También tendríamos que tener en cuenta un informe que a raíz de esa denuncia y de otras produjo la Defensoría del Pueblo de la Nación. En él claramente dice que hay colusión y abuso de posición dominante en el mercado de los combustibles de la República Argentina. Quiere decir que YPF, Shell y Esso se ponen de acuerdo en los precios; no hay competencia. Esto es lo que tenemos que resolver ahora, y lo podemos resolver, pero no lo hacemos.
Hablamos de la explotación off shore, de cosas que por supuesto serán fundamentales pero que no terminarán resolviendo los problemas que hoy tiene la Argentina.
¿Tenemos voluntad en serio de retomar una política energética propia? ¿Tenemos voluntad en serio de disciplinar a este poder tan grande que son los petroleros? ¿Tenemos la decisión, por ejemplo, que tuvo el presidente de Rusia, Putin, de investigar, encarcelar y enjuiciar al magnate petrolero más grande de Rusia, dueño de la empresa Yukos? Lo hizo, y después ganó las elecciones con el 60 por ciento de los votos.
Señores, el yacimiento de gas más grande de la Argentina es Loma de la Lata, en la provincia de Neuquén. Está en manos de Repsol YPF. Algunos discuten que ya incluso fue concedido a Repsol cuando no podía hacerlo Cavallo en 1992, pero lo cierto es que tenía una concesión hasta el año 2017. En el año 2000, por decreto 1.252, el ex presidente de la Rúa, el señor José Luis Machinea y Colombo le extendieron por diez años el contrato de concesión, faltando diecisiete años para que esa concesión venciera, a cambio de trescientos millones de dólares en efectivo. No tanto en efectivo porque se pedaleó un poco el pago, pero a la empresa Repsol se le prorrogó diez años la concesión.
En ese contrato se establece un monto total de inversiones por ocho mil millones de dólares, monto que será aplicado principalmente a actividades de exploración y desarrollo de reservas de petróleo y de gas natural, construcción de instalaciones de producción, acondicionamiento, separación y transporte de hidrocarburos, y toda otra actividad que promueva la utilización de gas natural.
Se establecían tres períodos para estos ocho mil millones de dólares. Uno de ellos va del 1° de julio de 2000 al 31 de diciembre de 2005, y en ese período Repsol YPF se compromete a invertir en Loma de la Lata tres mil quinientos millones de dólares.
¿Ustedes saben, de acuerdo con lo que figura en la página web de la Secretaría de Energía, cuántos pozos perforó YPF en esa área de concesión? Doscientos noventa y tres pozos. ¿Tienen una idea de cuánta inversión implica cada pozo? Quinientos mil dólares, un millón de dólares. O sea que estamos hablando de una inversión de trescientos millones de dólares, cuando tenía que haber invertido dos mil ochocientos millones de dólares.
Si quisiéramos hacer las cosas que tenemos que hacer, deberíamos cancelar la concesión de Loma de la Lata y transferir esa reserva a esta empresa que queremos crear, y partir ya del 25 por ciento de la reserva gasífera de la República Argentina. Eso sería un cambio.
Esto yo no lo veo y respeto la opinión no sólo de los señores diputados que ya estaban de acuerdo con este proyecto sino de aquellos que a partir de sus modificaciones han entendido que esta puede ser una posibilidad. El hecho de que controle la AGN a mí no me da garantías de nada. Todavía este Congreso no ha aprobado las cuentas de inversión de 1994. O sea que si llevamos diezaños de atraso en el control de los gastos del Poder Ejecutivo, imagínense qué puede suceder con los gastos de ENARSA.
Por eso, he decidido mantener mi voto a partir de ENARSE, plantear estos cambios en la política pública y después pensar en los instrumentos públicos, pensar para qué queremos este instrumento. Nuestra soberanía está puesta sobre una de las rentas más importantes, como es la petrolera. Esa es la palanca de desarrollo que estamos perdiendo.
Por supuesto que respeto a quienes piensan que a partir de PDVSA y de Petrobras se puede generar una alianza; es cierto, es una posibilidad. Pero estamos confiando mucho en los de afuera; siempre estamos mirando lo que pasa afuera y no lo que pasa adentro. Parafraseando a Perón, que decía: "A esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie", yo quisiera decir: "A esto lo arreglamos nosotros mismos o no lo arregla nadie".
No pensemos que las soluciones van a venir de afuera; no pensemos que va a venir un socio a resolver lo que tenemos que solucionar nosotros con voluntad, con decisión, con apoyo de la gente y planteando los problemas al pueblo. Nadie va a resolver los problemas por nosotros.

sr. presidente arnold.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

sr. ROSELLI, JOSE ALBERTO.- Señor presidente: quiero manifestar mi voto negativo al proyecto.

sr. presidente arnold.- Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

sra. WALSH, PATRICIA.- Señor presidente: el bloque Izquierda Unida va a votar en contra del dictamen de mayoría. Sí valoramos todo el trabajo que se hizo en el dictamen de minoría, acerca del cual expuso de una manera absolutamente adecuada el señor diputado Polino.
Solicito que la votación se realice en forma nominal porque entiendo que este es un proyecto importante y una vez más creo que es necesario dejar establecidas las responsabilidades políticas.
Asimismo, pido permiso para insertar algunas partes de mi discurso referidas a cuestiones técnicas. Pero no quiero dejar de decir que, en mi opinión, todo lo que hemos debatido a lo largo de estas horas produce consecuencias que pesan sobre la vida de los argentinos: familias, hombres y mujeres de nuestro país.
Hay algunos lugares de la Argentina que están mostrando las huellas o consecuencias de las decisiones que se han tomado. Son lugares de lucha, de resistencia, de reclamo y de protesta. ¿En qué pensamos si nombramos a Tartagal, a General Mosconi, a Plaza Huincul, Cutral-Có,Comodoro o Caleta Olivia? ¿Qué ocurrió en esos lugares? ¿Qué está pasando hoy con las personas, con las familias, con los niños, con los jóvenes, con los abuelos?
Se han dado muchos datos y números y se han hecho muchas cuentas a favor y en contra de ENARSA. También se habló de contar con una política energética, de los hidrocarburos, del petróleo y del gas. Se habló de las consecuencias de enajenar nuestro patrimonio nacional, de la posibilidad de recuperar o no ese patrimonio. Se dijo que a lo mejor es irrecuperable. ¿Será cierto que el petróleo es irrecuperable? ¿O lo que ocurre es que no queremos recuperarlo? ¿No queremos hacer lo suficiente?
Hemos perdido miles y miles puestos de trabajo. ¿No podemos hacer nada por recuperarlos? ¿Será que en un país como el nuestro, con aberrantes cifras de desocupación, no podemos pensar en proyectos con los que se recupere en número de miles los puestos de trabajo? ¿Será que nos ocurre que la mejor idea para un país como el nuestro, con la desocupación que tenemos, sobre todo en los lugares que nombré, sea pensar en una empresa con veinticinco puestos de trabajo? En 1991, YPF tenía veintidós mil puestos de trabajo.
¿Será que no podemos pensar en cómo arreglar el desastre? ¿O será que no queremos?
Sí podemos discutir cómo recuperar nuestro patrimonio nacional con nuestro petróleo y nuestro gas, tal como han señalado varios señores diputados.
Recientemente, el señor diputado Cafiero contaba lo que ocurre con Loma de la Lata, en Neuquén. ¿Será que no podemos hacer nada?
Recordaba, entonces, que estamos hablando de personas, que tienen nombre y apellido, que tienen historia. Algunas de estas personas tienen una historia absolutamente vinculada a lo que decidimos cuando regalamos el petróleo.
Hoy, estamos discutiendo la creación de una empresa "trucha" de veinticinco personas en vez de resolver sobre la forma de recuperar patrimonio que es nuestro.
Pensaba, porque tienen nombre y apellido, en Elsa Orozco, Marcela Constancio y Selva Sánchez. Tal vez estos nombres no signifiquen nada para ustedes; yo los tengo anotados para recordarlos.
Son mujeres jóvenes, muy jóvenes, que están presas en la comisaría 4ª de Caleta Olivia, en una habitación de dos por dos, donde no hay aire y les cuesta respirar. Esto lo sé porque pude visitarlas y sé que no hay aire. Por ese motivo les duele la cabeza.
Estas tres mujeres están presas por pedir puestos de trabajo genuinos, de setecientos pesos por mes. Eso es lo que piden y reclaman. Le escribieron una carta al presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, pidiéndole puestos de trabajo. Firmaron la carta, con una copia al gobernador de la provincia, Sergio Acevedo.
Reitero que la carta fue firmada junto con otras mujeres y hombres de Caleta Olivia. La copia de la carta está hoy en el expediente judicial como prueba de cargo por la comisión de un delito. Aunque no lo crean o les parezca extraño, esa carta está como prueba de cargo de la comisión de un delito en el expediente judicial.
Pedir trabajo genuino a una empresa petrolera, en una provincia que tiene petróleo, que es de los argentinos, es un delito, cuando el consorcio petrolero al que le piden trabajo se lleva de este país miles y miles de dólares.
Resulta que no hay trabajo para estas mujeres que entre las tres tienen once hijos: una tiene seis, otra tres y la tercera dos. De los seis hijos que tiene una de las mujeres, uno de ellos está en silla de ruedas. El papá, el compañero de esta mujer que está presa, concurre a la cárcel llevando a los seis hijos para que vean a la madre que está presa por pedir trabajo a un consorcio petrolero que se lleva todas las ganancias que puede de este país.
Reitero que ese padre lleva a los cinco chicos y empuja como puede la silla de ruedas con su sexto hijo. Otra de las mujeres presas tiene una beba a la que amamanta, y está angustiada porque no es fácil amamantar cuando se está preso.
La tercera mujer también está angustiada, porque tiene dos chicos de 13 y 14 años, no tiene marido y son los vecinos los que cuidan a sus hijos.
Estas tres mujeres están presas con prisión preventiva, como si fueran delincuentes, cuando son tres argentinas que quieren trabajar en una petrolera que se lleva el petróleo que es nuestro. Esto, sencillamente, no es justo.
Entonces, me parece que votar en forma negativa esta iniciativa es lo más correcto, porque este régimen no les sirve ni a Elsa ni a Marcela ni a Selva. No les sirve esta empresa de veinticinco personas.
Lo que sí les serviría mucho es que alguna vez esta Cámara y el Congreso de la Nación les permitan recuperar, tanto a ellas como al resto de los argentinos, el petróleo, nuestros recursos, y en el caso de estas tres mujeres ojalá muy pronto, hoy mismo si se pudiera o bien mañana, puedan recuperar por lo menos el aire, porque están en una celda en la que ni siquiera pueden respirar.

sr. presidente arnold.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

sr. BONACORSI, JUAN CARLOS.- Señor presidente: a esta altura de los acontecimientos y para no reiterar cuestionamientos formulados por varios señores diputados preopinantes, especialmente del interbloque Federal, referidos a distintos aspectos de esta iniciativa, voy a insertar el texto del discurso que pensaba pronunciar.
Sin embargo, quiero sólo puntualizar un par de aspectos que creo son interesantes para verter en este ámbito. En primer lugar, marco mi íntima y fuerte convicción de la necesidad de que el Estado tenga una gran presencia en todas las áreas estratégicas de interés de la economía nacional.
Quiero señalar que no comparto la tesitura de volver a la vieja historia, por todos conocida, del Estado empresario, que como no podemos dejar de recordar, jamás terminó bien.
El otro aspecto que quiero resaltar, y lo hago en mi condición de ciudadano bonaerense, es que este proyectoincurre en un hecho notorio de inconstitucionalidad.
Creo que a nadie le cabe duda de que son las provincias con litoral marítimo las propietarias de los recursos de su plataforma continental. Esta iniciativa va a quitar a esas provincias el derecho de disponerlos como mejor les convenga y plazca.
Por eso, en estas horas he requerido a los gobernadores de todas las provincias con litoral marítimo que arbitren los medios necesarios para preservar para sus distritos -entre ellos, el que pertenezco- el patrimonio provincial de esos recursos, ya que de votarse el proyecto como está redactado, tales recursos van a quedar sujetos únicamente a la voluntad del Estado nacional, que podrá evadir todo control y derecho de las provincias, que son realmente las únicas titulares imprescriptibles de tales derechos.
En ese sentido, anticipo mi voto por la negativa.

sr. presidente arnold.- Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

sr. INGRAM, RODDY ERNESTO.- Señor presidente: creo que no voy a perder dos minutos, sino que los ganaré, al efectuar una aclaración respecto de lo que acaban de señalar los señores diputados Tinnirello y Walsh.
Efectivamente, la señora diputada estuvo el fin de semana pasado en Chubut y en el flanco norte santacruceño. Las señoras que mencionó no están presas en una habitación de dos por dos por haber pedido trabajo, sino por tomar la playa de tanques de TERMAP, en la provincia de Santa Cruz.
La Justicia entendió que corría riesgo la ciudad. Además, cortaron la ruta nacional número 3, que es la única vía que tienen Santa Cruz y Chubut para comunicarse con el resto del país.
Entonces, con todo respeto, solicito que se fundamente con propiedad, porque yo también comparto que tres mujeres no pueden estar presas en una habitación de dos por dos, pero ello ocurrió porque tomaron la planta de tanques de combustibles de TERMAP, por lo que corría riesgo la ciudad.
Recién ahora voy a hacer mi fundamentación, porque me ha puesto muy nervioso que se mienta. Nací, me crié y vivo en la Patagonia; más precisamente, en Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, que es una región que depende prácticamente de la energía. Hablamos de gas y de petróleo, aunque también se puede mencionar a la ganadería y la pesca.
Debemos tomar conciencia de que el pueblo y el Estado necesitan recuperar el protagonismo en materia de energía. Por supuesto que el Estado debe participar en el negocio energético.
Efectivamente, ENARSA está enmarcada en la ley 19.550, de sociedades comerciales. Por eso, decimos que no será una empresa del Estado, sino una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado argentino. ENARSA no será YPF ni tampoco un ministerio, sino una empresa.
Entonces, la normativa que la rige no puede ser otra que la prevista en la sección V del capítulo II de la ley de sociedades comerciales, con las adecuadas modificaciones que introduce este proyecto para asegurar el poder mayoritario intransferible del Estado nacional, con la fundamental participación de las provincias, representadas tanto por las productoras de petróleo como por las que no lo son.
Muchos piensan que ENARSA va a avasallar los derechos de las provincias, y esto no es así. Está claro que el gas y el petróleo pertenecen a las provincias, pero ENARSA va a poder operar entre las doce y las doscientas millas marinas de nuestra plataforma submarina.
Las empresas privadas no se deben sentir amenazadas, porque ENARSA va a respetar las concesiones anteriores y va a tener la facultad de intervenir cuando en el mercado se produzcan situaciones de monopolio u oligopolio.
Se trata de un desafío para toda la actividad económica del país, en especial para el sector industrial y los otros actores privados del sector energético. El objetivo es poner la energía al servicio del pueblo argentino, y especialmente de los usuarios del sector. Si el país crece, tiene que acompañar necesariamente ese crecimiento.
No olvidemos que ENARSA se presenta como un instrumento gubernamental para viabilizar una política energética con la funcionalidad y calidad de una empresa moderna.
ENARSA tiene previsto crear una base de datos que hoy la Argentina no tiene. Elaborará una base de datos integral de hidrocarburos, lo que se vincula con el desarrollo de un mercado transparente al que todo el mundo tendrá libre acceso.
¿Cómo puede ser que el Estado nacional no tenga datos de cuál es el grado de reserva de las cuencas? ¿Cómo puede ser que el Estado no conozca cuál es el costo de extracción que tiene cada cuenca y cuál es el porcentaje de rentabilidad? ¿Cómo puede ser que esos datos sólo los tengan algunas empresas privadas?
El Estado argentino debe velar y otorgar a los ciudadanos seguridad, educación, justicia y salud. Para ello necesitamos recursos genuinos, y no préstamos internacionales que acarrean las nefastas consecuencias que aún hoy padecemos.
Quiero hacer un comentario con referencia a mi provincia, Chubut, donde en 1989 por una ley provincial se creó la sociedad del Estado Petrominera Chubut, con el objeto de administrar las áreas marginales que la Nación transferiría a las provincias luego del proceso de desregulación petrolera y la consecuente desaparición de Yacimientos Petrolíferos Fiscales como empresa líder en el sector de hidrocarburos. La función básica de esta empresa tiene que ver con la exploración, explotación, almacenamiento, industrialización y comercialización de sustancias minerales.
En la actualidad, Petrominera Chubut explota varios yacimientos petroleros de la cuenca San Jorge. Si bien su producción, comparada con el resto de las operadoras privadas, es ínfima, los ingresos resultan de vital importancia para contribuir a las arcas del gobierno provincial, que utiliza esos fondos básicamente para apoyar las gestiones de instituciones y entidades en toda la provincia.
Mosconi y Savio fueron dos generales de la patria que desarrollaron la industria liviana, semipesada y de explotación. Obviamente, me estoy refiriendo a lo que fueron YPF y Fabricaciones Militares. Estos generales no pensaron en una Argentina de 1910 o 1920 sino de 1960.
Todo estadista debe mirar hacia el futuro, a no menos de cincuenta años, delineando políticas y objetivos que permitan alcanzar ese futuro de grandeza, y nosotros, los patagónicos, sabemos muy bien de ello porque somos hijos de ese sueño.
No se trata de que en el año 2004 planteemos políticas estatistas de décadas pasadas, pero hoy sabemos qué país y qué Estado queremos para los próximos cincuenta años, y si deseamos un país desarrollado o en vías de desarrollo, debemos pensar cómo lo podemos lograr.
Los países hermanos latinoamericanos tienen empresas energéticas con capitales estatales mayoritarios. Por eso, ENARSA debe crearse para hacer sostenible el futuro energético y servir a la integración general de nuestro país. Lo vamos a hacer con un Estado que pueda disponer y administrar sus recursos, sean renovables o no, teniendo en cuenta la forma de asociarnos legítimamente con el capital privado, con el objeto de realizar negocios que satisfagan a ambas partes.
Nosotros queremos que el Estado tenga el control, que participe en la renta petrolera. Sabemos que se trata de un bien no renovable, es decir que si no se lo aprovecha en el momento en que se extrae, no vuelve.
En consecuencia, ENARSA propondrá alcanzar un adecuado nivel de reserva de petróleo y gas natural en el país manteniendo esos niveles equilibrados.
ENARSA será una herramienta que garantizará al Estado la provisión de recursos genuinos y permitirá la correcta regulación de la política energética del país, que no será determinada solamente por el capital privado.
Dicen que se entregan las áreas en concesión a ENARSA. Me pregunto qué sucedería hoy si el Estado quisiera explorar o explotar la plataforma submarina. Sin ENARSA hoy el Estado debería concesionar a un privado -llámese Petrobras, REPSOL, etcétera-, y la empresa que ganara tendría que pagar al Estado nacional regalías por dicha explotación.
Si aparece ENARSA en el mercado, la empresa que emprenda la operación deberá pagar, de acuerdo con las regalías, el porcentaje de la sociedad del Estado nacional, lo que significa que se le reduce el negocio. Por eso, hoy veo que hay tanta preocupación. Estoy convencido de que muchos señores diputados saben de qué estamos hablando, razón por la cual también apoyan la creación de ENARSA.
Por lo expuesto, estoy plenamente de acuerdo con el proyecto de ley por el que se crea la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima.
En esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación quisiera recordar una frase memorable del general Perón -a quien muchos señores diputados ya han citado-: "La economía al servicio de la política, y la política al servicio del bien común para garantizar la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo." (Aplausos.)

sr. presidente arnold.- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

sr. ESAIN, DANIEL.- Señor presidente: adelanto que votaré afirmativamente el proyecto de ley en consideración.
En general, el debate ha girado casi con exclusividad en torno de los hidrocarburos. Esta es una empresa más amplia, una empresa de energía que tiene que ver con los hidrocarburos, con la energía eléctrica, el gas y otras energías alternativas.
Esta discusión en el Parlamento tiene alguna similitud con otra que se dio en la década del 20. Haré una breve referencia a esa época porque creo que existe un paralelismo histórico con la actualidad. En 1919, Hipólito Yrigoyen creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales y en 1922 Alvear nombró como responsable de dicha empresa al general Mosconi. Ya se ha señalado por qué Mosconi profundiza la idea de los yacimientos petrolíferos del Estado. En ese entonces no había aviación; el Ejército tenía una rama de aviación a cargo de Mosconi. Como los aviones se habían quedado sin combustible, Mosconi mandó a un oficial a comprarlo. La empresa privada le dijo que el Estado pagaba por adelantado. Sorprendido, Mosconi fue personalmente y el gerente de la empresa que importaba y refinaba petróleo lo ratificó. En ese momento, Mosconi tomó conocimiento de la dimensión del problema: si eventualmente había un conflicto bélico la suerte de la Argentina quedaba librada a la decisión de un gerente de una empresa extranjera.
Por ese motivo, se produjeron arduos debates en el gabinete nacional, y se decidió la construcción de una de esas diez destilerías. Así, se envió un proyecto de ley a este Congreso de la Nación, que hace ochenta años duerme en esta Casa. Se le pidió al Parlamento la autorización para destinar veintiún millones de pesos a la construcción de la destilería de La Plata. Pero como hay épocas en las que la dirigencia no entiende la necesidad histórica de que ocurran determinadas cosas, el Congreso no dio su autorización; la mayoría del Parlamento no compartía esa idea.
Afortunadamente, en el caso de ENARSA la mayoría parlamentaria comparte esta idea.

-- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Eduardo Oscar Camaño.

sr. ESAIN, DANIEL.- El 31 de diciembre de 1923, en acuerdo de ministros, el entonces presidente Alvear dictó un decreto por el cual disponía el lanzamiento de un empréstito internacional por veintiún millones de pesos para la construcción de la destilería. Luego, se construyeron diez más, que fueron de las más avanzadas del mundo. Pero reitero que aquel viejo proyecto -por suerte esto no va a ocurrir en el caso de ENARSA- aún duerme en este Congreso.
Hoy, estamos discutiendo cuestiones muy parecidas a las que se debatieron en aquella época. En este recinto alguien citó a Mosconi, de quien consulté dos obras. Mosconi tenía un principio sano y realista, que no llevaba a los extremos el nacionalismo económico. Hoy se dijo que Mosconi no admitía los capitales privados, pero en su obra Dichos y hechos, de 1927, en el capítulo "El petróleo y la economía latinoamericana. Concepto motriz", dice textualmente: "Setenta y cinco años de trabajo han elevado la riqueza pública a valores muy considerables si se observa su relación por habitante. Sin embargo, necesitamos aún de medios y capitales extranjeros para acelerar y complementar nuestro desarrollo." Más adelante, señala: "Podemos, pues, elegir ahora el elemento que nos convenga, pero en primer término nuestro deber es realizar con nuestros propios medios una máxima tarea y luego aceptar la colaboración de hombres y capitales, sin distinción de nacionalidad."
El mismo pensamiento lo expresa en El petróleo argentino, capítulo 7, Destilería. Es decir que no era el nacionalismo infantilista lo que guió las acciones de Mosconi. Esa idea de crear Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que llevó adelante con tanta convicción y decencia, le significó al país un desarrollo importante. Por eso, lo que hoy discutimos con la creación de ENARSA es la participación del Estado que no está detrás de la sociedad anónima que hoy vamos a crear si se aprueba este proyecto de ley. Está adelante. El 65 por ciento de las acciones pertenece al Estado.
Alguien sostuvo en este recinto que como va a haber obligaciones negociables, después podrían pedir la conversión en acciones. Por eso, entiendo que quizás no se haya leído atentamente el texto de este proyecto de ley, porque en su redacción está prevista esta situación con acciones clase E, que no tienen participación alguna en la decisión ni en el directorio. De tal manera que el 65 por ciento previsto en manos del Estado es intransferible. La palabra "intransferible" en este recinto no merece ninguna explicación.
Cuando uno quiere saber dónde estamos ubicados es necesario repasar los cuadros estadísticos para conocer los recursos que nos quedan. Por eso, voy a leer algunas cifras que considero importantes.
Las reservas comprobadas de petróleo al año 2002 son para diez años. Estamos hablando de quinientos mil metros cúbicos. Si analizamos esta situación, cuenca por cuenca, nos vamos a encontrar con que el Noroeste argentino tiene 25.232 metros cúbicos; la cuenca cuyana, 31.000 metros cúbicos; la cuenca neuquina, 179.500 metros cúbicos; el golfo de San Jorge, 188.000; y la zona austral, 24.000.
Si analizamos el tema del gas, nos encontramos con una situación muy parecida. De tal manera que no estamos por sancionar un proyecto de ley para este gobierno y para el día de la fecha, sino que estamos legislando para pasado mañana, en un país que está languideciendo por sus reservas petrolíferas y gasíferas.
Cuando queremos saber cómo estamos deberíamos decir que actualmente existen capitales extranjeros para la generación de energía eléctrica. Francia tiene la central Puerto Sociedad Anónima y la central Loma de la Lata Sociedad Anónima, que son centrales termoeléctricas.
La extracción de petróleo se produce mediante la intervención de Total Austral S.A.; Électricité de France, que maneja Edenor; y EDEMSA, de Mendoza, que se acaba de retirar. Si seguimos hablando de capitales extranjeros, tenemos España con EMDESA, que para la generación de electricidad utilizan Central Dock Sud S.A. y Central Costanera S.A. -ambas termoeléctricas- y El Chocón S.A., que es una central hidroeléctrica. Actualmente, también tenemos Administración Energis, de Chile.
Si queremos conocer de capitales extranjeros, tenemos que hablar de Petrobras, que se ocupa de la distribución de la electricidad por medio de Edesur S.A., y también de la extracción de petróleo.
Además, si deseamos conocer en qué manos están nuestros recursos energéticos estratégicos, podemos hablar de los bancos internacionales de Chile, de la Empresa Distribuidora de Energía Regional S.A., manejada por los bancos HSBC y JP Morgan; en cuanto a las distribuidoras de electricidad, están EDESA, de Salta; EDELAR, de La Rioja; y EDESAL, de San Luis.
También entre los capitales privados están la Compañía General de Electricidad de Chile y Cartellone, de la Argentina, que manejan EDET, en Tucumán; ESESA, en Jujuy; y Energía San Juan, en San Juan.
Si continuamos hablando de capitales extranjeros en cuanto a la distribución de electricidad, tenemos los de origen estadounidense. Entre las distribuidoras de electricidad, tenemos EDELAP en La Plata y EDEN en la provincia de Buenos Aires. En cuanto a las generadoras deelectricidad tenemos: Central Dique La Plata, Alicurá -Neuquén-, San Nicolás -Buenos Aires-, Río Juramento, Caracoles.
Durante algún tiempo se habló de las privatizaciones en la Argentina, pero creo que esto es un eufemismo. Salvo contadas excepciones, en la Argentina hubo un traspaso de manos del Estado nacional a manos de los estados extranjeros. Como ejemplo podemos nombrar a Repsol -Estado español-, Électricité de France -Estado francés.
De tal manera que los recursos naturales en la Argentina hoy están manejados en parte por capitales privados y en parte por estados extranjeros. Esta situación también nos obliga a saber cómo funciona el tema de la energía en otras partes del mundo.
En cuanto a energía eléctrica, en la Argentina el 20 por ciento de la generación es estatal y el 80 por ciento restante es privado; el transporte es de los privados en un ciento por ciento, y respecto de la distribución, el 30 por ciento es estatal y el 70 por ciento, privado. En Brasil, el ciento por ciento de la generación y del transporte es estatal, y en relación con la distribución, el 35 por ciento corresponde al Estado y el 65 por ciento restante es privado. En Chile, el 5 por ciento de la generación compete al Estado y el 95 por ciento es privado. En Venezuela, el ciento por ciento de la generación es del Estado, el 87 por ciento del transporte es estatal y el 25 por ciento de la distribución también corresponde al Estado. En Francia, el ciento por ciento de la generación, del transporte y de la distribución de energía está en manos del Estado.
Vayamos al cuadro del gas. En la Argentina, el ciento por ciento de la extracción, del transporte y de la distribución es privado. En Brasil, el ciento por ciento de la extracción y del transporte es estatal, al igual que el 35 por ciento de la distribución. En Venezuela, el 75 por ciento de la extracción, el 60 por ciento del transporte y el 42 por ciento de la distribución corresponden al Estado. En Francia, el 30 por ciento de la extracción, y el ciento por ciento del transporte y de la distribución son estatales.
En relación con el petróleo, actualmente en la Argentina está todo privatizado. En Brasil está la empresa Petrobras, con un 30 por ciento, correspondiendo el 70 por ciento restante al sector privado, pero regulado por el mercado y la Agencia Nacional de Petróleo. En Venezuela, la mayor parte es del Estado y una pequeña minoría es privada. En Francia todas las empresas son privadas. Esto es lo que ocurre en otras partes del mundo.
Nosotros debemos ver qué dice la ley y a qué apunta. Se ha dicho que el Estado no tiene política energética. Sin embargo, ahora estamos tratando acerca de su intervención en la política energética. No se ha hecho exploración, pero se habla de exploración. Se ha sostenido que, a través de los mecanismos de la ley, hay una intervención ilegítima en el mercado eléctrico y en el del gas. Lo que la Constitución brinda es una igualdad relativa. El interés general que mueve a este proyecto justifica la intervención en toda la cadena de extracción,generación, distribución y comercialización que pueda hacer eventualmente el Estado argentino a través de esta empresa. Y -repito- la forma es la de sociedad anónima, pero delante de ella está el Estado.
Lo que rescato de esta noche es que, aunque es cierto que ha habido algunos dictámenes de minoría, aun en éstos está latente y palpable la necesidad de la participación del Estado en el mercado energético, más allá de la diferente forma jurídica a la que han hecho alusión los señores diputados en esos proyectos.
Por ahí sostienen que esta empresa no va a tener patrimonio; tiene todos los yacimientos off shore. Ese es el patrimonio, más allá de la forma jurídica. En cuanto a las acciones, creo que tiene que quedar absolutamente claro que tienen la posibilidad de cotizar en la Bolsa de Valores. Además, debe hacer determinados instrumentos que después puedan convertirse en acciones. De ninguna manera van a poder solicitar que esas acciones tengan representación en el directorio, porque son acciones clase E, y la propia ley prevé expresamente su transformación.
He escuchado que se critica al proyecto desde el punto de vista de que se quiere un concurso público. Creo que la intencionalidad es sana, pero en el dictamen de minoría se prevé una serie de requisitos, entre ellos el no haber participado en el proceso de privatización. Puede ser que haya gente que tenga muchos títulos, que incluso manejó la política energética del país, y como no han participado en el proceso de privatización si se presentaran tendrían muchas posibilidades. Este es el caso, por ejemplo, de Martínez de Hoz; pero a mí no me gustaría verlo en este directorio.
Creo que la conformación tiene que ser de la manera en que está establecida acá, porque este instrumento va a ser parte de la política nacional y no podemos transformarlo en una selección por concurso público. Se han dado algunos nombres, por ejemplo el de Aldo Ferrer, que creo que es una garantía del pensamiento nacional y de la defensa del interés nacional.
Se ha criticado este proyecto, que viene con un pedido de modificación del presidente de la comisión. Muchas veces se ha dicho que este Parlamento funciona a control remoto de los pedidos del Poder Ejecutivo. Hace dos semanas hemos escuchado a un señor ministro sostener la necesidad de que la Cámara de Diputados se expida en los mismos términos que el proyecto que vino en revisión, y ahora que se produce una modificación, controlando la compañía desde el Estado, también es criticada. Yo creo que tenemos que atenuar este tipo de críticas.
Por ahí, de parte de algunos legisladores hay una capitis diminutio de lo que teóricamente puede hacer el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación puede sancionar cualquier ley que respete los principios del Preámbulo de la Constitución Nacional y no atropelle ningún artículo de ella. Una ley modifica a otra ley.

sr. presidente camaño.- El señor diputado Natale le solicita una interrupción. ¿La concede?

sr. ESAIN, DANIEL.- Sí, señor presidente.

sr. presidente camaño.- Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

sr. NATALE, ALBERTO A..- Señor presidente: quiero hacer una breve pregunta a mi querido amigo y colega, el señor diputado Esaín.
Él nos ha explicado con absoluta claridad cómo es la titularidad de las empresas generadoras de energía en la República Argentina, en Brasil y en Francia, entre otros países. Yo quisiera saber si tiene presente cuánto cuesta el kilovatio hora en generación en los tres países. En la Argentina cuesta un centavo de dólar; en Brasil, cuatro centavos de dólar, y en Francia, catorce centavos de dólar.
Le pregunto a mi querido amigo, el diputado Esaín, si prefiere el gato blanco o el gato negro, el que se come a los ratones o el que no se los come.

sr. presidente camaño.- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza.

sr. ESAIN, DANIEL.- Señor presidente: voy a contestarle al señor diputado porque esto tiene que ver con la teoría neoliberal.
Me parece que hay críticas que tienen poco que ver con el texto del proyecto. Recién decía que, en la medida en que no atropelle la letra escrita de la Constitución y respete los preceptos del Preámbulo, este Congreso de la Nación puede dictar cualquier ley que modifique otra.
Tratándose de una ley especial que regula de determinada manera una sociedad anónima que crea, este Congreso no tiene por qué pensar que, respecto de una norma que se sancionó con anterioridad y que está dirigida a la constitución de sociedades anónimas entre privados, no puede modificar estos criterios. Estas son facultades del Congreso de la Nación; que la queramos o no ejercer es otra cuestión, pero teóricamente son facultades que tenemos los legisladores.
Hemos escuchado algunos discursos principistas, que yo respeto, que han centrado el eje de la discusión en si se trata de una sociedad anónima o de una sociedad del Estado. Rescato de este proyecto la línea fundamental que guía el dictamen de mayoría, que es la necesidad de la participación del Estado, más allá de las diferencias jurídicas.
Alguien también dijo que el petróleo es poder. ¡Vaya si lo es, que por él ha habido guerras y se han caído gobiernos! Pero no explotarlo es como ser rico sin saberlo y vivir como pobres. Por lo tanto, tenemos que explotarlo.
Aquí se ha sostenido cuál es el precio de la energía, que en realidad es el que hemos fijado por la ley de emergencia económica. El precio de la energía en otros lados depende del tipo de energía que utilice, ya que noson iguales los costos de la energía termoeléctrica, de la energía hidroeléctrica o de la energía atómica.
El destino de un país no puede quedar sujeto solamente a un tema de precio y de mercado. La participación del Estado es esencial porque cuando hablamos de desarrollo, de industria, de industrialización y de proyección del PBI en esta sociedad moderna, no hay ninguna posibilidad de lograr los objetivos perseguidos sin su participación.
El precio, que es un elemento de juicio, no es determinante en relación con la estrategia de crecimiento de una Nación. Francia crece y paga más caro el kilovatio.
Quiero terminar con un mensaje de optimismo, citando unos versos que escribió Cacho Castaña en una composición titulada "Septiembre del 88". Dicen así: "Septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina; querido amigo, recibí tu carta de Italia y me alegra mucho saber que todo está bien, aquí la cosa sigue igual, no está transparente. La crisis se pasea por la calle y la tristeza del pueblo es como un barco que no llega a destino, no sé qué pasó, no sé cómo fue, pero no te vuelvas..."
Después, piensa y transforma esa melancolía en optimismo, que es creer en uno mismo, que es creer en el país y creer también en la dirigencia política. Y escribe: "Septiembre de 1988, Buenos Aires, Argentina; querido amigo, se me acaba de volcar el mate sobre la carta que te iba a mandar, por eso te vuelvo a escribir, me alegra mucho saber que te va bien, aquí la cosa sigue igual, pero de una manera u otra vamos a salir adelante, hay algo que no se debe perder nunca, y es la esperanza.
"Si acaso te encuentras con otro emigrante decile que vuelva, que pronto seremos mejores que antes, que todo fue culpa de cuatro atorrantes que sólo lograron que el pueblo no cante; volvé cuando quieras que juntos podremos salir adelante."
Este es un proyecto que no tiene que ver con un gobierno o una coyuntura sino con aquello que necesita la Argentina; es un proyecto que está escrito para hoy y para pasado mañana. Yo lo voy a acompañar. (Aplausos.)

sr. presidente camaño.- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

sr. FAYAD, VICTOR MANUEL FEDERICO.- Señor presidente: vamos al fondo de la cuestión, que no es ni la forma societaria, ni los organismos de control. Todo eso se relativiza frente a lo que es o debería ser la preocupación de fondo de esta Honorable Cámara.
Con esto quiero significar que el país debe tener una política energética. Cualquier país serio en el mundo tiene una política de Estado en torno de la energía.
La energía es un bien estratégico, pero no en función ni en términos de lo que se concebía como una cuestión geopolítica o militar. No tiene absolutamente nada que ver con una cuestión de Estado o una política de Estado, porque hace al desarrollo económico del país.
Como un país que pretende ser serio en el concierto de las naciones, aunque representemos meramente el 0,4 por ciento de la economía del mundo, debemos tener una política energética; y la discusión de fondo no es si esta es o no una herramienta de política energética, ni si debe estar sujeta o no al control de los organismos estatales. El problema de fondo es la cuestión energética y la intencionalidad política del actual gobierno.
De este tema quiero hablar. He buscado si en la plataforma de quien hoy tiene la tremenda responsabilidad de ejercer el Poder Ejecutivo nacional era una prioridad de Estado, de gobierno, de propuesta electoral, en sus varias vertientes, la cuestión energética y la política de Estado. La realidad es que no aparece.
El miembro informante del dictamen de mayoría hizo una reseña histórica donde -no sé si tuvo un lapsus- se salteó la década del 90. Dijo que era prioridad la cuestión energética, y no es así. Hay casi una falsedad ideológica, utilizando términos jurídicos penales, en esta etapa. Mientras hablaba y explicaba la historia del desarrollo energético del país, el aludido legislador miraba al señor presidente, como corresponde. Ahora quiero decirle que hace exactamente doce años, desde ese mismo lugar, desde esa misma bancada, casi con los mismos protagonistas, se centralizó la discusión en el tema de los hidrocarburos en la Argentina; se explicaban, casi con la misma línea argumental, las ventajas de privatizar YPF.
En realidad, miraba azorado -y aclaro que no sólo no soy gorila sino que respeto muchísimo al peronismo-, porque resulta que desde la bancada del justicialismo sostenían las ventajas de la privatización, enajenación y desguace de las empresas del Estado nacional, y hoy los mismos oradores vienen a manifestar que es positivo y necesario, casi imprescindible, la creación de una empresa energética centralizada en hidrocarburos. Esto es, petróleo y gas; después vamos a hablar de lo energético y lo eléctrico.
Se utilizan exactamente los mismos argumentos. Es como si en la Argentina el partido de la mayoría cada diez años conduce un tren que va en una dirección, incluso con los mismos protagonistas, y una década más tarde pasa exactamente por la dirección contraria para hacer lo contrario de lo que dijeron.
Tengo que decir que me encanta que el miembro informante haya declarado el default ideológico del justicialismo, porque de eso estamos hablando y de eso se trata.
Ha reivindicado a Mosconi, también a YPF, Gas del Estado, Agua y Energía, sesenta y dos empresas y actividades de la órbita estatal que se manejaban con coherencia, con responsabilidad, con eficiencia. Precisamente quienes las privatizaron, hoy en ese tren, que va en el sentido exactamente inverso, nos indican que esta empresa -ENARSA- es el paradigma de la solución del problema energético de la Argentina.
Lo que hemos escuchado aquí es casi kafkiano, pero no es una casualidad. Esta no es una cuestión circunstancial que se presenta en el ámbito de la Cámara. La forma societaria y el control no son relevantes, porque no hay ningún país serio en el mundo que no diseñe una política energética, pues ello atañe a la estrategia nacional, no en el sentido de la defensa sino del desarrollo económico.
He indagado si el actual presidente de la Nación ha propuesto en algún momento la recuperación del manejo de la política energética mediante esta empresa, que es una especie de "minimarket energético", ya que podría actuar en el sector de hidrocarburos, de gas, de energía eléctrica, de energía eólica, de energía del hidrógeno y de energía solar. Es algo realmente espectacular, y solicito al señor presidente que no me interrumpa, pues estoy utilizando el tiempo de que dispongo.

sr. presidente camaño.- Le quedan dos minutos, señor diputado.

sr. FAYAD, VICTOR MANUEL FEDERICO.- Es una lástima, señor presidente. No sabe los conceptos sólidos, profundos y consistentes que se va a perder la Cámara.

sr. presidente camaño.- Solicite su inserción en el Diario de Sesiones, señor diputado.

sr. FAYAD, VICTOR MANUEL FEDERICO.- No me niegue el derecho a la argumentación.

sr. presidente camaño.- Le quedan dos minutos, señor diputado.

sr. FAYAD, VICTOR MANUEL FEDERICO.- No me niegue el derecho a hablar, señor presidente, porque fue precisamente el bloque de la mayoría el que desguazó el Estado nacional y su participación en las empresas.
Aquí tengo declaraciones realizadas en esta misma Cámara por parte de protagonistas importantes. Voy a leer sencillamente dos o tres exposiciones. Habitualmente, no recurro a la lectura de ningún tipo de argumentación, pero si se leyera el Diario de Sesiones de la Cámara, se advertiría lo contradictorio del Poder Ejecutivo nacional, que responde con acciones espasmódicas frente a la crisis energética, igual que con la crisis de la seguridad.
Allí está el plan de seguridad que se llevó puesto al ministro y a las medidas que se propusieron aquí. Ahora, vamos a hablar de la energía. Se menciona la estrategia de un plan energético nacional, que es imposible de concretar. Se trata de un plan mentiroso para los argentinos nostálgicos.
Parecemos los Pereyra Iraola: nietos pobres recordando un pasado de ricos, que ya no existe. Citamos a países que mantuvieron dentro de la órbita del Estado el petróleo, el gas y los demás recursos energéticos. Se olvidan que no fue el radicalismo el que los privatizó. Nosotros nos opusimos. ¿Qué tenemos que venir a explicar al país? Mosconi, Yrigoyen y Alvear eran radicales. Defendimos el petróleo. Otros votaron la privatización de la empresa energética, con diputados "truchos", inventando y falseando quórum y mayorías circunstanciales. En esta misma Cámara, el hoy...

sr. presidente camaño.- Su tiempo se acabó, señor diputado.

sr. FAYAD, VICTOR MANUEL FEDERICO.- No es así, señor presidente.

sr. presidente camaño.- Redondee, señor diputado, porque si no, se le va a cortar el micrófono.

sr. FAYAD, VICTOR MANUEL FEDERICO.- No le mintamos a la gente. No le digamos que esta es una nueva YPF. No le expresemos que esta es una nueva clase de Estado...

sr. presidente camaño.- Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

sr. GIOJA, JUAN CARLOS.- Señor presidente...

sr. presidente camaño.- Discúlpeme, señor diputado.
Diputado Fayad: usted no estaba cuando le correspondía hacer uso de la palabra y le di la posibilidad de exponer. No me trate mal porque no corresponde.

sr. FAYAD, VICTOR MANUEL FEDERICO.- Siempre lo he respetado y lo he votado.

sr. presidente camaño.- Continua en el uso de la palabra el señor diputado por San Juan.

sr. GIOJA, JUAN CARLOS.- Señor presidente: en función de los tiempos seré breve. Tan sólo realizaré una reflexión, por lo que solicito autorización para insertar mi discurso en el Diario de Sesiones.
En la actual transición que vive la Argentina es necesario y urgente que seamos capaces de desarrollar ideas que tengan que ver con la intervención central del Estado en la economía, y en el sector energético en particular.
Un punto de inflexión en este problema se vincula con la década del 90, cuando el Estado concesionó los servicios públicos y los dejó en manos privadas. Es cierto que la debilidad y la fragilidad de los mecanismos de regulación y de control posteriores a las privatizaciones, junto a la falta de políticas en la materia, trajeron aparejado un Estado prescindente, desligado de su función prestataria de servicios. Pero también es verdad que a ello se sumó la profunda crisis que vivió la Argentina en el año 2001, con el quiebre del sistema productivo y del sistema financiero...

-- Varios señores diputados hablan a la vez.

sr. presidente camaño.- Continúe, señor diputado; pareciera que no lo pueden escuchar porque usted lee. Esto sólo sucede cuando habla un miembro del bloque Justicialista. Los demás han leído y nadie dijo nada en toda la noche.

-- Varios señores diputados hablan a la vez.

sr. GIOJA, JUAN CARLOS.- Está bien...

sr. presidente camaño.- El señor diputado va a insertar su discurso.

-- Varios señores diputados hablan a la vez.

sr. presidente camaño.- Diputado Negri: hace doce horas que estoy escuchando discursos leídos.

sr. NEGRI, MARIO RAUL.- ¡Pero son ustedes los que se llevan la ley!

sr. presidente camaño.- No es así.

-- Varios señores diputados hablan a la vez.

sr. presidente camaño.- La Presidencia solicita al señor diputado Pernasetti que se acerque al estrado.
No voy a admitir que se reitere lo que sucedió la semana pasada.

-- Varios señores diputados hablan a la vez.

sr. NEGRI, MARIO RAUL.- ¡Por favor, es vergonzoso! ¡Nunca ha ocurrido esto!

-- Varios señores diputados hablan a la vez.

sr. presidente camaño.- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

sr. FERNANDEZ, ALFREDO CESAR.- En estos momentos, cuando parece que el cansancio nos pone un poco tensos...

sr. presidente camaño.- No hay cansancio, señor diputado; estoy dispuesto a quedarme hasta las cinco de la mañana. No estoy cansado.

sr. FERNANDEZ, ALFREDO CESAR.- Señor presidente: el proyecto de ley en consideración tiene como objetivo la creación de una empresa cuyas acciones mayoritarias sean del Estado, y está claramente definido como un instrumento y no como el eje...

sr. presidente camaño.- Discúlpeme, señor diputado Fernández, pero el señor diputado Gioja me ha hecho saber que no pretendía terminar su discurso -me pareció que había decidido insertarlo-, de modo que permita que él pueda redondear su exposición.

sr. FERNANDEZ, ALFREDO CESAR.- Correcto, señor presidente.

sr. presidente camaño.- Continua en el uso de la palabra el señor diputado por San Juan.

sr. GIOJA, JUAN CARLOS.- Señor presidente: aclaro que lo que tenía sobre mi banca era un papel que me ayudaba a hilar el discurso, pero si esto provoca algún tipo de problema...

sr. presidente camaño.- Produce un problema cuando lo hace un peronista, porque cuando se trata de un diputado de otro partido político no hay problema alguno.

sr. GIOJA, JUAN CARLOS.- Tan sólo pretendo trazar un par de ideas acerca de por qué apoyamos la creación de ENARSA.
Debemos ser capaces de rever, replantear y desarrollar ideas -en serio, sin esquematizar y sin ideologismos absurdos- sobre el rol que debe cumplir el Estado, en especial en materia energética, en la actual situación de transición que vive la Argentina.
Decíamos que la década del 90 significó un punto de inflexión. Es cierto que hubo un proceso de privatización y una transferencia de los servicios públicos al sector privado, pero también es verdad que la crisis de fines del año 2001 acentuó la difícil situación del sector energético.
En esto de repensar el rol del Estado nosotros creemos que deberían seguirse un par de caminos. El primero que se trate de rever, restablecer e incluso desarrollar incentivos que tengan que ver con la regulación y el control de las empresas privatizadas que en la actualidad tienen concesión de servicios públicos. El otro aspecto se refiere a repensar el rol que debe tener el Estado en la participación en el sector energético, vital en el desarrollo de la Argentina.
En este orden de ideas, ha llegado al Congreso un proyecto de ley que establece un marco regulatorio que tiene que ver con el primer aspecto que recién mencionaba y hoy estamos tratando la creación de ENARSA, que es un instrumento vinculado al segundo aspecto.
Por lo expuesto, planteamos la defensa de ENARSA con orgullo, apoyando al gobierno nacional, al cual pertenecemos. Lo hacemos con la concepción justicialista, que ordena nuestro accionar como legisladores y por sobre todas las cosas nos impone que debemos legislar al servicio de nuestro querido pueblo. (Aplausos.)

sr. presidente camaño.- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

sr. FERNANDEZ, ALFREDO CESAR.- Señor presidente: ENARSA es un instrumento y la Secretaría de Energía de la Nación -así como el Ministerio correspondiente- seguirá discutiendo y fijando las políticas en esta materia, porque no es que no exista una política: quizás no hubo continuidad en la historia argentina con respecto a su política energética. Esto tal vez tenga que ver con todo lo que nos tocó vivir a los argentinos, que tenemos memoria para las cosas buenas y a veces no recordamos las malas.
Todos los discursos que hemos escuchado aquí esta noche han reflejado la existencia de un trabajo que tenemos que agradecer a todos los legisladores, pues estuvieron tratando de pensar en lo mejor para la Argentina. Pero me parece que existe una cuestión central: recuperar la credibilidad entre nosotros mismos y en las instituciones. Pareciera que todo está bajo un manto de sospecha, por lo que se piensa que el Poder Ejecutivo nacional ha enviado este proyecto que está y va a morir sospechado. Si no somos capaces de empezar a creer en nosotros mismos difícilmente podamos sacar a nuestro país adelante.
La cuestión de fondo es determinar el tipo de empresa que queremos. Me refiero a si pretendemos una empresa que tenga la posibilidad de ser precursora de las actividades energéticas nacionales, que cumpla con la política fijada por el Poder Ejecutivo en la materia, que canalice recursos impositivos generados dentro de la industria -estos son conceptos sobre los que estuvimos pensando mucho y hemos conversado en las comisiones-; una empresa que habilite un catálogo de obras acorde con las políticas fijadas por el Poder Ejecutivo nacional -estas son las cosas que no se hicieron, porque no se llevaron a cabo obras de perforación para saber si hoy vamos a poder contar con recursos hacia el futuro y qué tenemos que hacer con las energías alternativas-.
Queremos una empresa que incursione en los mercados internos de comercialización de combustibles, porque hemos estado discutiendo sobre el GLP y otros tipos de energía y sin embargo no encontramos el modo para comercializarlo -todavía seguimos sin un marco de referencia de GLP-; una empresa que coadyuve al sector privado en la ejecución y terminación de las obras energéticas, que fije prioridades de obras de acuerdo con el crecimiento de las demandas previstas; una empresa que promueva las energías alternativas, diversificando la oferta.
Si podemos volcar todo esto en la nueva empresa empezaremos a mirar con optimismo, viendo el vaso medio lleno y no medio vacío.
Quiero pedir a los señores diputados de las demás bancadas que voten afirmativamente la creación de esta empresa y que asumamos el compromiso de controlarla día a día, como somos capaces de hacerlo los argentinos, que nos sobreponemos a las situaciones a las que llegamos, más allá de las culpas que tenga cada uno.
He querido sintetizar nuestra posición en pocas palabras porque sé que el tiempo apremia, por lo que solicito la inserción en el Diario de Sesiones de un trabajo que he preparado.
Cuando el presidente de los argentinos fue gobernador de Santa Cruz promovió la creación de una empresa que se llamó Fomicruz. Ese modelo, que ha funcionado, ha dado riqueza a Santa Cruz. Miremos ese modelo porque hoy estamos intentando que tome forma a nivel nacional. Dejemos de buscarle el lado negativo. Estoy convencido de que se trata de un modelo innovador que nos permitirá trabajar sobre las necesidades que hoy tenemos los argentinos.
Por estos motivos, pido nuevamente el apoyo y la confianza de todos para que podamos contar con esta empresa para beneficio de los argentinos. (Aplausos.)

sr. presidente camaño.- La Presidencia aclara que en el momento de la votación en general se autorizarán las inserciones solicitadas y a solicitar por los señores diputados en el curso de la presente sesión.
Tiene la palabra la señora diputada por Entre Ríos.

sra. ROMERO, ROSARIO MARGARITA.- Señor presidente: haré tres breves consideraciones en orden a algunas reflexiones y objeciones que se le han hecho a este proyecto de ley. En lo que respecta al resto de mi exposición, solicito su inserción en el Diario de Sesiones.
Algunos señores diputados han señalado que la ley de creación de ENARSA nace muerta, porque según se ha dicho aquí determinados artículos de la ley 19.550 invalidarían la posibilidad de conformar la empresa. En especial se citó el inciso 4) del artículo 264 de dicha norma, que impide por dos años a los funcionarios de la administración pública, cuyo desempeño se relacione con el objeto de la sociedad, integrarla como directores o gerentes. Esta objeción presentada por uno de los legisladores que hizo uso de la palabra al comienzo de la sesión es inconsistente -lo digo con todo respeto-, porque precisamente prevé una incompatibilidad específica para ser directores o gerentes de aquellos funcionarios públicos que luego pasen a desempeñarse en la actividad privada en una empresa del mismo sector.
Por otra parte, se dijo que ENARSA era inviable en razón de lo previsto por el artículo 272 de la ley 19.550. Este artículo establece las negociaciones incompatibles con la función pública, lo cual está totalmente alejado del proyecto en tratamiento.
Además, debo aclarar que no existe ninguna prohibición en la ley 19.550 en cuanto al tipo de sociedad que se crea, que algunos señores diputados pretenden nula, porque según ellos no está expresamente prevista. Sin embargo, al enmarcarla en la sección V del capítulo II de la ley de sociedades comerciales, queda claro que es una de las previstas en la norma.
Por último, en relación con la ley 23.968, que fija las líneas de base, debo decir que la zona económica exclusiva se extiende hasta doscientas millas desde la línea de base. En esa zona el país ejerce derechos soberanos para los fines de exploración y explotación. Asimismo, existen leyes específicas que en concordancia con lo establecido en el artículo 124 de la Constitución Nacional, reformada en 1994, indican cuáles son las millas que pertenecen al dominio provincial.
Por estos motivos, entiendo que los ataques a la forma societaria son inconsistentes y que algunos de ellos prácticamente se precipitan en el absurdo.

sr. presidente camaño.- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

sr. LLANO, GABRIEL JOAQUIN.- Señor presidente: celebramos las modificaciones que aceptará el bloque Justicialista. Pero eso no alcanza para que en el bloque Demócrata de Mendoza dejemos de lado las objeciones que nos llevan a rechazar el proyecto en análisis.
En la edición de ayer del diario "El Cronista" un ex secretario de Energía de la Nación decía, en un juicio bastante cercano a la realidad, que ENARSA fue concebida como una construcción mediática para dar rápida respuesta a la crisis energética, frente a la carencia deestrategias en el sector, ante la indefinición de las reglas de juego y para disimular las consecuencias de la pesificación asimétrica.
Cuando se discutió este tema en la otra Cámara, el señor senador Gómez Diez trajo a colación algo que había publicado el Instituto Argentino de Energía General Mosconi, cuando afirmó que esta empresa que hoy vamos a crear se parecía, más que a una empresa comercial eficiente, a una agencia gubernamental multipropósito. Se dijo que se carecía de un plan energético de mediano y largo plazo, y que el objeto de la empresa era tan amplio como difuso.
Entonces, aparecen las primeras objeciones: objeto amplísimo, indeterminado y la carencia de políticas definidas para una estrategia energética que sea clara para el país.
La Secretaría de Energía de la Nación acaba de reconocer que en el mercado eléctrico no se avizora la inversión de capitales de riesgo para hacer las obras de infraestructura que necesariamente requiere el país para asegurar el abastecimiento de energía en los años 2006 y 2007.
O sea que tenemos el nudo gordiano del asunto: la falta de inversión en el sector. Este nudo no se desata con la creación de ENARSA, sino que lo vamos a desatar si se fijan políticas bien definidas que despejen las incertidumbres que existen en el sector energético, establezcan reglas de juego claras y posibiliten una seguridad jurídica para las inversiones de capital de riesgo.
Ya el señor diputado Natale señaló con acierto que la futura norma va a producir una distorsión en el mercado eléctrico regulado por la ley 24.065 y en el del gas regido por la ley 24.076.
En su momento fui un tenaz opositor a la reelección del presidente Menem y a la modificación de la Constitución Nacional. En ningún momento convalidé el modelo autoritario ni posibilité su reelección. Nos opusimos con toda nuestra energía. Pero no todo lo que se hizo en los años 90 fue malo; por ejemplo, el mercado eléctrico funcionó a la vista de los hechos: se aumentó en un 68 por ciento la potencia instalada, se incrementó el consumo, bajaron los precios mayoristas, disminuyeron las tarifas, se aumentó la calidad del servicio y se invirtieron más de quince mil millones de dólares en el sector. Sin embargo, en lugar de corregir sus errores, ahora se lo va a distorsionar, a pesar de que ha servido de modelo para los marcos regulatorios eléctricos de otros países.
¿Cómo funciona esa regulación de la ley 24.065? Ya se ha dicho que quien es generador no puede ser transportista ni tampoco distribuidor y viceversa. No se pueden confundir los roles y esta incompatibilidad tiene un objetivo muy claro: evitar situaciones monopólicas o de poder dominante.
ENARSA podrá asumir cualquiera de esos roles por sí sola, asociada a terceros o por intermedio de terceros, pudiendo entonces asumir posiciones dominantes. La mayor paradoja se produce en el artículo 4° del proyecto cuando se le permite intervenir en el mercado para evitar situaciones de abuso producidas por posiciones dominantes. Una contradicción y una anormalidad institucional que nos lleva a otra de las objeciones serias y graves que tiene este proyecto de ley, porque el Estado se retira de funciones indelegables y se las transfiere a la empresa a crearse. Y lo hace en lo que tiene que ver con evitar la creación de monopolios, defender la competencia, fijar políticas energéticas, así como también en materia de control e información mediante la base de datos a la que se refiere el artículo 8°. Además, se usurpan facultades que, conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional, corresponden a las provincias.
En el Estado existen organismos que desarrollan esas funciones -por ejemplo, las secretarías de Energía y de Defensa de la Competencia y del Consumidor y los órganos regulados-, pero el Estado actúa como tal. Cuando lo hace como empresario -máxime a través de una empresa mixta con participación de capitales privados o asociada a ellos-, el Estado no puede llevar a cabo aquellas funciones y controlar a las mismas empresas con las que compite.
Otro tema serio es la forma en que ENARSA habrá de vincularse con terceros y con privados. Al respecto, la modificación del artículo 2° constituye un paso hacia adelante pero sólo abarca lo relativo a tareas de exploración y explotación de la plataforma marítima; pero cuando ENARSA se vincule con privados en materia de energía eléctrica o de gas no regirá la obligación de recurrir a los mecanismos de libre competencia y transparencia establecidos en la ley 17.319. En consecuencia, vemos que hay un vacío legal serio y grave.
Cuando el Estado se vincula con privados debe hacerlo mediante procedimientos abiertos, transparentes, públicos; pero se asociará o casará con particulares sin pasar por el registro civil ni por la iglesia ni por la sinagoga ni por otro templo. Tendrá uniones de hecho con el sector privado, y en caso de desavenencias no habrá distribución de bienes gananciales; lo más probable es que el Estado se quede con las pérdidas, y el privado, con las ganancias, si las hay. Descarto las buenas intenciones de los autores del proyecto de ley.
Respecto del directorio, tiene razón el señor diputado Polino al sostener que habría que llamar a un concurso de antecedentes y oposición. En mi provincia, un ente mucho más insignificante -me refiero al Ente Regulador Eléctrico de Mendoza- designa a su directorio mediante concurso de antecedentes y oposición. De todas formas, independientemente de que pueda integrarse un directorio con personalidades de trayectoria intachable -es decir, gente proba, calificada, íntegra y honesta-, sabemos que los directorios se cambian. La naturaleza y la condición humanas son falibles. Este vacío provocará bolsones de corrupción.
No tengo objeciones en cuanto a que el Estado nacional participe a través de una empresa mixta o enteramente estatal en el mercado energético, pero debe existir igualdad de condiciones. Cuando se establecen monopolios -sean privados o estatales- se conspira contra el desarrollo y el crecimiento, y en última instancia quien paga los platos rotos es el pueblo y su bienestar.
No creo que ENARSA sea la respuesta adecuada para resolver la crisis energética que hoy está latente en el país y que no podremos seguir remediando ni con gas boliviano ni con energía eléctrica brasileña ni con fueloil venezolano. Se necesitan soluciones de fondo, y ésta no
lo es. La crisis está latente y puede volver a estallar, y cuando ello ocurra, con las expectativas desmesuradas con que se ha anunciado esta empresa que hoy estamos creando, va a ser llamada desde todos los puntos del país para solucionar problemas con parches. Y esta fisonomía paquidérmica por el amplísimo objeto que le estamos dando en esta ley, que va a conspirar contra su funcionamiento eficiente, no le va a permitir cumplir con su tarea acabadamente.
Lo que es más grave, en mi opinión, es lo siguiente: los recursos los va a terminar poniendo el Estado nacional, la plata la va a poner el contribuyente. Nuestro Estado tiene funciones esenciales que cubrir que no están bien cumplidas en materia de salud, de seguridad, de justicia y de educación.
Los argentinos tenemos un enorme problema, que es el tema de la exclusión social. Vivimos un apartheid, y esto se soluciona con inversiones del Estado, sobre todo en materia de educación, en vez de gastar plata explorando la plataforma marítima, para lo cual sí se necesitan capitales intensivos, inversiones de riesgo que deben venir del sector privado.
Hay otro tema que no se puede soslayar, y está vinculado al artículo 9°. Sobre esta empresa no conocemos ni los estatutos ni se le fija capital social. Es otro cheque en blanco al presidente de la Nación. El artículo 9° le permite hacer las reestructuraciones presupuestarias necesarias para suscribir e integrar el capital social. Es una nueva abdicación de las facultades de este Congreso, que viene a aumentar el tamaño de la herida en lo más hondo del corazón de la República, que es el principio de la división de los poderes. Esto se produce por el uso abusivo de los decretos de necesidad y urgencia, por la legislación delegada por la emergencia y por los superpoderes que se incluyen en el proyecto de ley de presupuesto.
En definitiva, creo que con esta ley no va a haber soluciones de fondo y, por otra parte, estamos contribuyendo a aumentar un sistema político que hoy se destaca por la altísima concentración del poder. (Aplausos.)

sr. presidente camaño.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

sr. ZAMORA, LUIS FERNANDO.- Señor presidente: a lo largo de este debate se han planteado alusiones a cuáles son los problemas de fondo que debieran enfocarse, y muchos señores diputados dieron su opinión a través de las distintas posiciones que se fueron dando.
Se discutió, por ejemplo, si este proyecto implicaba un nuevo rumbo respecto de las políticas anteriores que han desarrollado otros gobiernos, por lo menos en materia de política energética o petrolera, más específicamente. También se discutió si el problema era que se estaba violentando la Constitución y/o la ley de sociedades comerciales. Algunos discutieron sobre si la empresa era o no estatal, y si debía serlo. Otros señores diputados argumentaron sobre si el problema de fondo residía en discutir la política energética y dejar de lado todos estos puntos que acabo de mencionar.
También se ha hablado sobre si el debate debía ser ideologizado o no, y si se debían dejar de lado las ideologías para llegar a los consensos. También se ha discutido si lo que se necesita es cambiar leyes y si esta era la salida a los problemas planteados, o si por el contrario lo que se debería hacer es cumplir las leyes que están vigentes.
Otros se refirieron a si el problema grave era que el Congreso había perdido espacio. También ha habido intervenciones que, criticando este proyecto de ley, señalan que el Congreso ha dejado en manos del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo espacios que le corresponden. Este es el problema fundamental: que el Congreso recupere las facultades previstas en laConstitución o, por lo menos, tenga independencia en sus decisiones. Esta sería la cuestión de fondo.
He escuchado estas afirmaciones y otras, como por ejemplo si se necesitan más inversiones en el área. Al mismo tiempo, el miembro informante del bloque Justicialista ha hecho una especie de racconto colocándose en su discurso como una especie de adalid de la defensa del patrimonio nacional.
Entre 1989 y 1993 estuve presente en los debates de la privatización de empresas, especialmente en el de YPF. Recuerdo cuando en 1988 los legisladores justicialistas de la Comisión de Energía y Combustibles criticaban la política petrolera del gobierno radical, condenaban el otorgamiento de la libre disponibilidad del crudo, señalaban que ningún gobierno justicialista futuro iba a reconocer ningún contrato con empresas privadas en el área energética y planteaban que en todo caso cada uno de esos contratos debía ser aprobado por el Congreso Nacional. Esa declaración fue firmada por Cassia, Arciénaga, Mac Karthy, Ramírez, Manuel Blanco y Víctor Carrizo.
Todos recordamos la campaña del ex presidente Menem, en la que defendió a las empresas estatales y refutó la defensa de las privatizaciones que llevaban adelante otros partidos como la UCEDE, por ejemplo, o el propio Angeloz, que era candidato del radicalismo. Esto me recordó a un diputado, creo que de la provincia del Chubut, que habló sobre las mentiras. Todos sabemos lo que hizo Menem cuando fue presidente, pero también debemos acordarnos de lo que hizo el bloque Justicialista. Aquí veo caras de gente que yo enfrenté y refuté con motivo de la política de privatización de YPF y del gigantesco negocio que significaba. Cuando escucho al miembro informante defender el patrimonio nacional, me pregunto si habrá cambiado de partido, porque el suyo no hizo eso y él tampoco cumplió con lo que escribió cuando formaba parte de la comisión de legisladores justicialistas y criticaba al radicalismo por lo que hacía.
Entonces, vinculamos las propuestas de discusión de fondo según cada bloque y tomamos en cuenta las críticas de algunos bloques frente a otros. Después aparece el radicalismo, que dice que Yrigoyen fue radical. Es cierto, pero también fue radical Alfonsín y el plan Houston. Alfonsín fue a Houston a prometer a los grandes petroleros del mundo, los defensores del patrimonio nacional, que les iba a entregar un plan de exploración que les permitiría obtener gigantescas ganancias. ¿Y la sociedad mixta? ¿E Interpetrol? ¿La exportación y la importación de golpe las hacía YPF? ¿Y el 49 y 51 por ciento? ¿Quién lo hizo? Alfonsín. Yo no escuché a los diputados que hoy hablan cuestionar eso. Sólo lo hicieron algunos muy excepcionalmente, y no eran legisladores. Pero el partido acompañó.
También fue radical de la Rúa. ¿Qué proyectos presentó el radicalismo para recuperar el despojo que dejó el justicialismo en la década del 90? Los que ahora plantean esto ¿por qué no lo hicieron cuando fueron gobierno? López Murphy y Terragno también eran radicales, como también Elisa Carrió, que hizo campaña por todo el país diciendo que de la Rúa era la solución para la Argentina. Y Alfonsín fue su maestro.
Lo decimos con cierto apasionamiento, porque en su momento fueron duros los debates que mantuvimos.
Cuando veo al secretario general de la Presidencia, Parrilli, transformado en un portavoz de la defensa de la recuperación de la industria petrolera, el mismo Parrilli a quien vi acá defender la privatización de YPF, me nace algún grado de indignación. Pero la indignación es buena, es sana, da salud expresarla, aunque no es el camino para encontrar la solución.
Debemos preguntarnos por qué ocurre eso, porque vinculando distintos hechos es como podemos encontrar una respuesta.
Los que se autodenominan de centro izquierda votaron a Menem en el 89 creyendo que era la solución con el salariazo y la revolución productiva; después tomaron distancia pero votaron a Bordón. ¿Bordón iba a recuperar YPF? En su gran mayoría el sector de centro izquierda respaldó a Bordón-Alvarez.
Después volvieron a creer -errores cometemos todos en la vida- que de la Rúa, uno de los políticos más reaccionarios de la Argentina en 1999 -no en el 2001-, de los más conservadores, con treinta años de política conservadora, iba a recuperar el patrimonio que con la política de despojo de Menem había salido de manos del pueblo argentino. Y no se trata de frases de soberanía en abstracto cuando hablamos de gigantescas ganancias, pueblos despoblados y miles de trabajadores despedidos.
Por otra parte, escuchamos a liberales que nos hablan recordando a Von Mises, a Hayek, el camino de la servidumbre...

sr. presidente camaño.- Se ha agotado el tiempo de que disponía, señor diputado. Otro legislador ya ha hecho uso de la palabra en nombre de su bloque.

sr. ZAMORA, LUIS FERNANDO.- Al señor diputado Fayad le otorgó quince minutos, señor presidente.

sr. presidente camaño.- No es verdad, le corté el uso del micrófono.

sr. ZAMORA, LUIS FERNANDO.- ¡Permítame que desarrolle un poco más el tema!

sr. presidente camaño.- No, señor diputado.

sr. ZAMORA, LUIS FERNANDO.- ¡Me va a permitir que desarrolle el tema! Apelo a la Cámara, que ha sido testigo de los tiempos que ha utilizado cada legislador, para que no permita este cercenamiento a la libertad de expresión y a las facultades que tengo como legislador.

sr. presidente camaño.- El señor diputado disponía de diez minutos, y le queda uno.

sr. ZAMORA, LUIS FERNANDO.- Quizás le molestó el hecho de que iba a criticar a los liberales. (Risas.)

sr. presidente camaño.- Me gustaría que hablara sobre el proyecto de ley.

sr. ZAMORA, LUIS FERNANDO.- Lo que a usted le gusta, quizá no sea lo que a mí me gusta; y el que hace uso de la palabra soy yo, que he sido votado por la gente para ello.

sr. presidente camaño.- Dispone de un minuto más, señor diputado.

sr. ZAMORA, LUIS FERNANDO.- Los liberales, recurriendo a lo que señalé recién, hablan de libertades y han apoyado cuanto golpe militar hubo en la Argentina. Su fundador, de la UCEDE, no sólo los apoyó sino que también fue su funcionario. Junto al presidente Menem llevaron adelante el despojo del que hemos hablado y que ha dejado un tendal en este país.
En definitiva, lo que veo es que por una razón o por otra las limitaciones se relacionan con el desprestigio que tienen frente a la población, pero también con la presión de los grupos económicos y los organismos multilaterales de crédito para seguir teniendo políticas de concentración de riqueza, exhibiéndolas de forma tal de mantener un vínculo con la población.
Se trata de adoptar medidas que tienden a favorecer o revertir lo que se hizo en años anteriores y que es criticado legítimamente por la población.
Por eso este debate es lastimoso. Nosotros no tenemos recetas mágicas; tampoco nos proponemos ni nos postulamos para gobernar diciéndole al pueblo que si nos vota vamos a solucionar todos los problemas.
Apelamos a la población para ver si podemos construir un proyecto de país porque no hay recetas mágicas y porque la dirigencia política está caduca justamente porque gobierna para pocos, concentra la riqueza en pocos, excluye a la mayoría, pero necesita el voto de esa mayoría. Por eso, está en la mentira y en la demagogia permanente de presentar como algo bueno lo que es lo contrario.
Nosotros intentamos plantear al país que no tenemos proyectos sino algunas ideas para aportar -de las cuales nos sentimos orgullosos-, pero es el pueblo argentino el que debe decidir. Por ello, siempre apuntamos a la consulta popular en el tema de la deuda, y también el reclamo de que se traslade el debate a la población antes de tomar resoluciones.
No creemos que porque el Congreso recupere facultades vaya a cambiar la cuestión. ¿O acaso este Congreso va a votar algo distinto? De lo contrario, todos los que hablaron acá son mentirosos. ¿Lo hacen porque se los ordenó Kirchner? No, y si les dieran total independencia, si Kirchner les dijera que modifiquen lo que quieran -algo que no va a hacer-, pero si se los dijera...

sr. presidente camaño.- La Presidencia solicita al orador que redondee su discurso.

sr. ZAMORA, LUIS FERNANDO.- ...votarían exactamente lo mismo.
Y al centro izquierda, que sigue con ese tema de que el Congreso debe recuperar facultades, le digo que hacen un discurso cómodo para seguir permitiendo que las grandes empresas concentren riquezas y que los organismos multilaterales nos sigan robando a los argentinos. Intentan exhibir un rol opositor, pero me parece que en el fondo no hay proyecto de país, en el sentido de que comprenda y amplíe y contenga a la mayoría de los habitantes.
En realidad, hay políticas para favorecer a pocos, y éste es un ejemplo, pobre, cada vez más lamentable, como fue el de los genéricos, o el tema del PAMI o la anulación de las leyes de punto final y de obediencia debida, y como tantas otras leyes montadas a fin de mantener en el presidente la popularidad que la mayoría de la dirigencia política, no sólo por responsabilidad de él, sino por los que gobernaron antes, ha perdido ante la población.

sr. presidente camaño.- La Presidencia informa al orador que ha concluido su tiempo.

sr. ZAMORA, LUIS FERNANDO.- Me parece que este es...

sr. presidente camaño.- La Presidencia le reitera que ha concluido su tiempo, señor diputado. Me voy a ver en la obligación de cortarle el uso del micrófono.

sr. ZAMORA, LUIS FERNANDO.- Señor presidente: voy a terminar yo...

sr. presidente camaño.- Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

sr. CHIRONI, FERNANDO GUSTAVO.- Señor presidente: realmente, no son fáciles las condiciones que existen para hacer un análisis de esta cuestión a esta altura de la noche, porque creo que se hace imposible que haga uso de la palabra.

-- Varios señores diputados hablan a la vez.

sr. presidente camaño.- Cuando el diputado Zamora deje de gritar...

-- Varios señores diputados hablan a la vez.

sr. presidente camaño.- Si el señor diputado sigue gritando, déjenlo, porque a él le gusta esto. Pero en este momento no hay cámaras de televisión, así que la Presidencia le pide al señor diputado Chironi que haga uso de la palabra para que lo escuchen.

sr. CHIRONI, FERNANDO GUSTAVO.- Señor presidente: en realidad, las reflexiones del señor diputado preopinante nos han traído un momento de distensión bastante saludable a esta altura de la noche. También nos marcan que tenemos visiones distintas según cual haya sido la situación respecto del gobierno y del poder.
Una vez más está absolutamente claro que uno puede tener una visión, desde quien nunca ocupó un cargo o quien no tuvo la oportunidad de ejercer el gobierno, frente a los partidos que sí la tuvimos.
Vengo a hablar desde un partido que tuvo esa responsabilidad, como otros aquí en esta Cámara. Vengo a hablar en nombre de un bloque que mantiene hoy el mismo pensamiento que expuso en 1992 cuando votó en contra de la privatización de YPF, entendiendo en ese momento que el Estado no debía retirarse del mercado energético y que no debía dejar librado al juego absoluto del mercado la defensa de los intereses nacionales.
Asimismo, entendía que el Estado, como en cualquier lugar del mundo que se precie, con los recursos energéticos que tiene la Argentina, no debía dejar el control estratégico de sus recursos más allá de cual fuera la forma de defender mejor esos intereses.
Resulta absolutamente claro que no hay una sola forma y que en el mundo los países han adoptado diversas estrategias en el control de sus recursos energéticos, pero
claramente han tenido una estrategia.
Por eso, en 1992 hemos votado en contra de la privatización de YPF. Creíamos que íbamos a perder la renta petrolera y queríamos reservar al Estado como un elemento de preservación del interés general frente al interés privado, que puede estar en juego en un mercado tan globalizado como el de los recursos energéticos.
Lo cierto es que una década después resulta absolutamente claro que hemos perdido la renta hidrocarburífera. Lo que es peor, vivimos en la ignominia de no permitir el acceso irrestricto de cualquier ciudadano a los beneficios de los recursos energéticos que tiene este país.
Así hemos condenado a miles y miles de argentinos a no poder contar con un servicio generalizado de gas o de energía eléctrica, porque nos hemos quedado sin los resortes para poder efectivizar esas garantías y derechos.
La postura en contra de la privatización y la decisión a favor de ella -que tuvieron los que hoy impulsan la sanción de la ley de creación de ENARSA- es obvio que no significan resultados neutros, más allá del extenso fundamento del señor miembro informante, quien en ningún momento reconoció este cambio de situación, como si las cosas hubiesen ocurrido por un devenir automático o por una especie de determinismo.
En el propio informe del dictamen de mayoría que solicita la sanción de este proyecto queda absolutamente claro cuál fue el resultado de aquella decisión de 1992. Allí se dice: "Hoy en nuestra Argentina la producción de petróleo se concentra en un 75 por ciento en cuatro compañías, la producción de gas natural en un 70 por ciento también en cuatro compañías, en GLP el 70 por ciento en dos compañías. Todas son multinacionales donde el poder de decisión se encuentra fuera del país."
Más adelante agrega: "En la Argentina de los 90 se creyó que el mercado era el mejor asignador de recursos, que la política consistía en transmitir señales adecuadas y que el sector privado tomaría las mejores y más eficientes decisiones, todo esto apoyado en una gran apertura de la economía y el endeudamiento."
Estas cosas no ocurrieron mágicamente ni sucedieron por un determinismo encantado. Hubo una decisión que apoyó e instrumentó el partido de la mayoría en ese momento, que es el mismo partido mayoritario actual, consistente en privatizar la primera y única empresa estatal que disponía del monopolio en el mercado hidrocarburífero.
Cuando hace algunos meses se anunció que iba a crearse una empresa de energía, creo que hubo un ambiente generalizado a favor de esa decisión. Queda claro que muchos especialistas en materia petrolera -quienes siempre han defendido este tema desde el punto de vista del interés nacional- dijeron que estaban de acuerdo.
Estimo que una sensación de complacencia nos invadió a todos los argentinos. Sin embargo, a medida que la idea lanzada se iba concretando, también nos fue quedando la sensación de que esa idea central de una empresa estatal de energía capaz de intervenir, regulary defender el interés general en el marco del mercado energético, se iba desmembrando y pasando por diversas etapas: desde la empresa testigo que menciona el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo nacional, hasta un holding, una corporación de fomento o una simple empresa privada que va a competir en el mercado por la distribución de la renta petrolera.
Muchos tuvimos la idea de que nos habían vendido espejitos de colores. Al repasar la totalidad de las intervenciones de los diferentes bloques y las distintas representaciones encontramos que hay una llamativa coincidencia alrededor de la necesidad de que el Estado tenga una empresa de hidrocarburos. Diría que hasta aquellos que no comulgan totalmente con la idea estarían en disposición de aprobar la creación de una empresa estatal que intervenga en el mercado de los hidrocarburos.
Me pregunto cuál es el designio o la impericia del gobierno nacional para no aprovechar tamaña coincidencia y sancionar un proyecto de ley que hoy podríamos aprobar por unanimidad. Sin embargo, se ha elegido una forma de legislar: se busca presencia del Estado en el mercado y se utiliza la figura de una empresa privada. Se confunden los roles; se pretende una empresa privada y se le asignan funciones indelegables del Estado nacional, como por ejemplo en el artículo 4°, que dice lo siguiente: "Energía Argentina Sociedad Anónima podrá intervenir en el mercado a efectos de evitar situaciones de abuso de posición dominante originadas en la conformación de monopolios u oligopolios."
Si se trata de una tarea propia de una empresa privada no necesita estar en la ley, y si es una tarea propia del imperio del poder público la debe ejercer el organismo correspondiente.
En definitiva, la postura del bloque de la Unión Cívica Radical es crítica con respecto a este instrumento porque, como ya se ha dicho, no especifica una política en materia de recursos energéticos.
La política de la década del 90 fue claramente de privatización y abandono, y desde entonces no hemos tenido políticas que reparen tanto desastre ocasionado. No las tuvo aquel gobierno ni el de la Alianza ni las tiene el actual.

sr. presidente camaño.- La Presidencia solicita al señor diputado por Río Negro que redondee su exposición.

sr. CHIRONI, FERNANDO GUSTAVO.- Ya termino, señor presidente.
Por eso es que a pesar de que estamos de acuerdo con la creación de una empresa estatal de energía, no podemos votar por la afirmativa el proyecto de ley en consideración.
Hay confusión en los objetivos, y es tan abarcativo -y a la vez tan difuso- que realmente nos cuesta creer que la creación de ENARSA sustituirá los déficit que tenemos en materia de fijación de una política energética, porque se elige un tipo de sociedad que es un híbrido.
Es cierto que el Congreso de la Nación tiene facultades para modificar una norma por medio de la sanción de una ley, pero convengamos que no es la mejor manera derogar una ley al solo efecto de crear ENARSA, dejando subsistente para el resto de las sociedades del país la ley 19.550, como ocurre en este caso.
Por los motivos expuestos, porque estamos de acuerdo con la creación de una empresa pública pero no con este instrumento, la Unión Cívica Radical adelanta que va a votar negativamente el proyecto de ley en consideración. (Aplausos.)

sr. presidente camaño.- Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

sr. ALVAREZ, ROQUE TOBIAS.- Señor presidente, señores legisladores: ciertamente, se ha hablado mucho sobre el proyecto de ley que estamos tratando -y creo que inclusive lo seguiremos haciendo en la consideración en particular-, pero también se han dicho cosas que no tienen mucho que ver con la iniciativa que crea ENARSA.
Voy a hablar desde mi condición de militante de un movimiento nacional como el justicialismo y en el mes en que los peronistas evocamos justamente aquella gesta del Día de la Lealtad, que es el 17 de octubre, que diera origen al movimiento de masas más grande de Latinoamérica.
No es que pensara hacer uso de la palabra -para eso estaban los compañeros que nuestro bloque designó a tales efectos-, pero hay cosas que me hacen recordar el refrán español tan conocido que dice: "Palos porque bogas, palos porque no bogas. Palos porque haces, palos porque no haces."
Simplemente, quiero decir que el peronismo fue gobierno porque en forma mayoritaria así lo decidió el pueblo argentino en comicios libres y soberanos, y si no, ¿por qué algunos se fueron antes de tiempo del gobierno y el Congreso debió resolver quién se iba a hacer cargo de las riendas del país? También quiero manifestar que respeto cada una de las posturas personales cuando se rinden homenajes, porque solamente ellos merecen respeto, pero no tenemos obligación de compartir el resto de las afirmaciones.
Aquí se han expresado algunas posiciones que parecen juicios de valor universales cuando en realidad son verdades a medias, y cuando las verdades son a medias, son sospechosas. Entonces, no es exacto que todas las empresas del Estado hayan sido eficientes en la década pasada, antes de la llegada del peronismo. No es cierto.
Habría que preguntarle a millones de argentinos qué opinan sobre la eficiencia de esas empresas estatales y si recuerdan que había que fijarse a qué hora teníamos energía eléctrica para poder tomar un ascensor. Tendríamos que acordarnos de la época en que se hacían colas en las estaciones de servicio porque se avecinaba un nuevo aumento del combustible o porque simplemente se estaba en vísperas de un desabastecimiento. Nunca me olvido de que para conseguir la instalación de un teléfono tuve que esperar casi dos años, siempre llenando solicitudes.

-- Varios señores diputados hablan a la vez.

sr. presidente camaño.- La Presidencia ruega al señor diputado Breard que tratemos de terminar bien la noche. Cuando desde su bloque hablan hay que hacer silencio, y cuando lo hace alguien que les da respuestas entonces gritan. Hagamos silencio todos y escuchémonos.
Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Tucumán.

sr. ALVAREZ, ROQUE TOBIAS.- En homenaje a la verdad y a la realidad -que nos puede gustar o no-, en esa época de la eficiencia nosotros no exportábamos ni un kilovatio hora a ninguno de nuestros países limítrofes ni teníamos la posibilidad de exportar gas al país trasandino. Hoy lo hacemos.
Lo que ocurre es que nos quieren dar cátedra de cómo gobernar y manejar las empresas estatales justamente aquellos que lamentablemente desde 1930, por aquel golpe maldito, no pudieron terminar un gobierno, pero tampoco lo concluyeron en los años posteriores.
Quiero aclarar algo a quienes por allí balbucean, porque como bien les dijo un señor diputado, ¿por qué no solucionaron los problemas hace tres o cuatro años, cuando fueron gobierno? No sólo no lo hicieron sino que nombraron como funcionario a Carlos Bastos, que había sido el autor de la ley 24.065, que establece el marco regulatorio de la energía eléctrica, que fue convocado por aquel presidente que nos abandonó en helicóptero, del mismo modo que convocó a aquel otro que nos dejó como todos sabemos.
Quisiera aportar un dato más. Durante veinte años la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales estafó a las provincias petroleras, ya que les asignó en concepto de regalías la módica suma de un millón y medio de dólares. Esto fue posible porque en ese lapso la empresa falsificó la declaración de las regalías petroleras que debían girarse a las provincias. Pero en 1984, mediante un juicio que llevaron adelante los estados provinciales, se logró demostrar esa falsificación, y así terminamos con la empresa de la manera en que todos ya conocemos.
No acepto las recetas mágicas. El peronismo jamás se quedará petrificado o congelado. Por el contrario, dará las respuestas que el momento y la época requieren. Venimos aquí para hacer lo que Eva Perón decía: "Seremos revolucionarios en el sentido nato de la palabra, o no lo seremos". Queremos seguir siendo peronistas, y por eso continuaremos pugnando por todos los cambios que hagan falta en la República Argentina para el bienestar de nuestro pueblo. (Aplausos.)

sr. presidente camaño.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

sr. CIGOGNA, LUIS FRANCISCO.- Señor presidente: hemos escuchado esta noche exposiciones de altura, con algunas de las cuales discrepamos, y también agravios que son inmerecidos e impropios de este recinto.
No vamos a contestar los agravios. Pero no caben dudas de que algunos creen que detentan el monopolio de los principios. Se equivocan, porque nosotros también tenemos principios que se identifican con el interés nacional. Ante cada problema nos preguntamos qué camino hará más grande a la Nación. Y cuando creemos -podemos equivocarnos- que determinado camino hará más grande a la Argentina, es el que seguimos. Hoy, una vez más nos encontramos ante esa opción.
Este proyecto de once artículos, en el que el artículo 11 es el de forma y diez constituyen la sustancia, -por esta razón ha sido criticado-, creo que será un gran instrumento de transformación para el país. Este instrumento será el ariete con el que nuestro gobierno arremeterá en el ámbito de la política energética a efectos de iniciar un camino de transformación.
Después de años de ausencia del Estado en el mercado energético, tengo la convicción de que este instrumento -sobre el cual se puede opinar o imaginar en el plano teórico una formulación técnicamente más perfecta- servirá para alcanzar el objetivo buscado.
Teniendo en cuenta lo expresado por varios de los oradores preopinantes, pareciera que esto no va a servir para nada y que será un desatino. Pero personalmente tengo la convicción y la certeza de que será todo lo contrario.
En cuanto a la observación de falta de tipicidad por el hecho de remitirse a la sección V del capítulo II de la ley 19.550, la señora diputada Romero ya ha explicado que es una crítica sin sentido, porque la tipicidad se mantiene.
Además, podemos recurrir a la exposición de motivos de la propia ley 19.550. ¿Qué nos decía el legislador en aquel momento? El artículo 1° insiste en el principio de la tipicidad aceptado por los proyectos anteriores, apoyado por la doctrina y receptado por la legislación comparada. La adopción de tipos legislativamente establecidos ad solemnitatem y la sanción de nulidad para las sociedades formadas en apartamiento de ellos -algunos creen vanamente que el artículo 17 puede llevar a la nulidad-, responde al convencimiento de que la seguridad jurídica sufriría serios trastornos en caso de que se admitiese un sistema opuesto.
Aquí viene lo nodal. No podrá argumentarse que la solución aceptada comporta un estancamiento para la concreción de nuevos tipos societarios, porque ello quedará siempre dentro de la competencia del legislador, como la experiencia nacional lo demostró con las leyes 11.388, 11.645, 17.318 y con el decreto ley 15.349/46. Reitero que esto es lo que dijo el legislador de la ley 19.550, y por eso siempre invito a leer las leyes en su totalidad.
Se ha dicho que el hecho de no haber encuadrado toda esta normativa en el ámbito de las sociedades con participación estatal mayoritaria, ha sido para eludir algún tipo de control. Ocurre totalmente lo contrario, porque la sección VI es muy breve y en el artículo 311 se dice que el estatuto podrá prever la designación por la minoría de uno o más directores y de uno o más síndicos. Además, continúa diciendo -presten mucha atención a esto- que cuando las acciones de capital privado alcancen el 20 por ciento del capital social, tendrán representación proporcional en el directorio y elegirán por lo menos uno de los síndicos.
Entonces este tipo societario le garantizaría al capital privado minoritario, que es del 35 por ciento, un lugar en el directorio y otro en la sindicatura.
El proyecto que nosotros apoyamos excluye el capital privado del directorio y de la sindicatura. Se trata de una virtud del texto que hemos propuesto y no al revés.
También se objetó el artículo 1° por el hecho de que se dice que le da a ENARSA la posibilidad de hacer infinidad de cosas. El estatuto del Ente Nazionale Idrocarburi de Italia tiene un artículo mucho más amplio que el que contiene este proyecto de ley, que posibilita la actuación en cualquier campo de la energía, incluso en el de las energías futuras que puedan llegar a desarrollarse como alternativas. Lo mismo pasa en el caso de Petrobras, que cuenta con un amplísimo espectro de posibilidades, ya que es una sociedad anónima con capital mayoritario. Ellos hablan del 50 por ciento más una acción, pero tienen una amplia gama de posibilidades para asociarse, incluso en condiciones de sociedad minoritaria. Pareciera que Petrobras ha alcanzado un grado de desarrollo de alta envergadura. Y el Ente Nazionale Idrocarburi hace negocios todos los años por miles de millones de euros y ha contribuido -y lo sigue haciendo- a la grandeza de Italia.
También se ha dicho que por el artículo 2° se estarían violando normas constitucionales relativas a la pretendida propiedad de las provincias de los recursos naturales. ¿Cómo llegamos a la verdad en esta materia? El artículo 121 de la Constitución Nacional dice que las provincias conservan todo el poder no delegado. En el artículo 124, por la reforma introducida en 1994, se dice que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.
Me he tomado el trabajo de leer el Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de 1994. Allí tuvo preeminencia el criterio mayoritario de dar esta redacción. Aclaro que no estoy haciendo un juicio de valor de lo que dijeron unos u otros, pero muchos convencionales nacionales, originarios de provincias patagónicas, sostuvieron que debía redactarse un texto muchísimo más amplio, donde se incluyera en el domino originario de las provincias todo lo que está en el mar territorial y en la zona de explotación económica exclusiva.
A partir de lo que dijo la mayoría de la Convención Constituyente y de las leyes vigentes en la República Argentina, como por ejemplo la 17.094, se ha regulado todo lo relativo al mar argentino y la extensión de la soberanía nacional. Esto fue calificado por algún señor diputado como un bando de Onganía. Efectivamente fue así y dice lo siguiente: "La soberanía de la Nación Argentina se extiende al mar adyacente a su territorio hasta una distancia de 200 millas marinas, medidas desde la línea de las más bajas mareas, salvo en el caso del Golfo San Matías...", etcétera, donde se toman otras pautas para las medidas. "La soberanía de la Nación Argentina se extiende así mismo al lecho del mar y al subsuelo de las zonas submarinas adyacentes en su territorio, hasta una profundidad de 200 metros."
Hay una ley posterior, que es la 23.968, de 1991 -no es un bando de Onganía-, que discrimina el mar territorial hasta las doce millas de la costa, y la zona adyacente -o sea, doce millas más-, con lo que llegamos a veinticuatro millas de la línea de base. Luego habla de la zona contigua y de la zona económica exclusiva que llega hasta las doscientas millas marinas. Esta ley hace referencia expresa al artículo 1° de la ley 17.094, y por último habla de la plataforma continental sobre la cual ejerce soberanía la Nación Argentina, que se extiende así mismo al lecho del mar y al subsuelo de las zonas submarinas.
La ley 24.992 corresponde al régimen federal de pesca. Esta ley es posterior a la reforma constitucional de 1994, pues fue sancionada en 1997. Interpretando la Constitución Nacional reformada, el Congreso dispuso en el artículo 3° de aquella ley: "Son del dominio de las provincias con litoral marítimo y ejercerán esta jurisdicción para los fines de su exploración, explotación, conservación y administración, a través del marco federal que se establece en la presente ley, los recursos vivos que poblaren las aguas interiores y mar territorial argentino adyacente a sus costas, hasta las 12 millas marinas medidas desde las líneas de base que sean reconocidas por la legislación nacional pertinente".
El artículo 4° de esa ley determina lo siguiente: "Son de dominio y jurisdicción exclusivos de la Nación, los recursos vivos marinos existentes en las aguas de la zona económica exclusiva argentina y en la plataforma continental argentina a partir de las 12 millas indicadas en el artículo anterior".
La ley 17.319 de hidrocarburos establece el dominio y jurisdicción de la Nación. Por su parte, la ley 24.145 determina en su artículo 1°: "Transfiérese el dominio público de los yacimientos de hidrocarburos del Estado nacional a las provincias en cuyos territorios se encuentren, incluyendo los situados en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de 12 millas marinas medidas desde las líneas de base...".

sr. presidente camaño.- Si me permite, el señor diputado Pinedo le está solicitando una interrupción.

sr. CIGOGNA, LUIS FRANCISCO.- Señor presidente: estamos muy acotados de tiempo y quisiera terminar mi exposición.

sr. presidente camaño.- El señor diputado no concede la interrupción; por lo tanto, continúa en el uso de la palabra.

sr. CIGOGNA, LUIS FRANCISCO.- En consecuencia, no se trata de que este sea un tema que guste o no; estoy aludiendo al derecho vigente en la República Argentina.
El artículo 2° del proyecto de ley dice así: "Energía Argentina Sociedad Anónima tendrá la titularidad de los permisos de exploración y de las concesiones de explotación sobre la totalidad de las áreas marítimas nacionales que no se encuentren sujetas a tales permisos o concesiones a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley". Este artículo no viola absolutamente ninguna norma de orden constitucional ni de orden legal vigente en la República Argentina.
Se han rasgado las vestiduras por el hecho de que el artículo 3° dice que Energía Argentina Sociedad Anónima podrá operar en cualquier segmento de la cadena de valor de los bienes energéticos en forma integrada o independiente a través de unidades de negocios específicas. Si tuviera más tiempo leería acerca de las violaciones que al respecto existen por parte de las empresas privadas. Hay que ver todo lo que controla Petrobras en forma directa o a través de sus empresas; esto, dicho por ellos. Tienen porcentajes extraordinarios y se superponen las tareas en materia de generación y distribución. Lo que expresamente los dos marcos regulatorios dicen que no se puede hacer, se está haciendo; pero no veo que ciertos señores legisladores se hayan horrorizado por esta situación, de hecho existente.
El propio ENRE dice que como se partió de una situación de monopolio preexistente lo único que queda por hacer es controlar el movimiento accionario de las compañías. Hay algo peor. Hubo una modificación. Antes estaban obligados a pedir autorización para hacer el traspaso de acciones, pero esa norma se modificó y hoy sólo tienen que informar lo que han hecho. De modo tal que cuando Petrobras compró Pérez Companc y se quedó con Pecom hubo un escandalete y al día de hoy son dueños de todo. Sin embargo, en ese caso no hubo una rasgadura de vestiduras generalizada, como la que hemos visto esta noche en este recinto.

sr. presidente camaño.- La Presidencia ruega al señor diputado que redondee.

sr. CIGOGNA, LUIS FRANCISCO.- Creo que este es un proyecto de ley excelente y constituirá un instrumento apto para la transformación que la Argentina necesita. Empezará en condiciones de modestia en cuanto a insuficiencia de capital, pero estoy seguro de que ENARSA está llamada a tener un gran porvenir.
El tema relativo a la base de datos ya fue respondido. Ésta no existe, y en el proyecto se autoriza a la empresa a gestionarla. Estará a disposición de quien fuere, e incluso podría estar en la sede de la Secretaría de Energía. No habría ningún reparo para que así fuera.
Por último, cuando el proyecto fue discutido por las comisiones en forma conjunta, en la primera de las reuniones los señores diputados de la oposición comenzaron diciendo que había una suerte de actitud de parte deloficialismo de no admitir modificaciones. El señor diputado Rafael González contestó que era un mal comienzo para esa reunión partir de ese preconcepto.
Se ha informado que por decisión de este bloque mayoritario se han preparado algunas modificaciones, algunos agregados a los artículos. Quiero enfatizar que ellos no implican modificación alguna a la sustancia de este proyecto de ley, porque todos los controles estaban previstos en el texto original. No tengo más tiempo, si no podríamos mencionar exactamente los artículos de la Constitución y de la ley 21.146 que así lo acreditan. Con espíritu de grandeza se prefirió echar más agua para que quedara más claro aún todo aquello que tenga que ver con los controles y con la imposibilidad de que el Estado quede en una posición minoritaria.
Por todo lo expuesto obviamente acompaño a mi bloque con mucho entusiasmo en la sanción de esta iniciativa. (Aplausos.)

sr. presidente camaño.- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

sr. FAYAD, VICTOR MANUEL FEDERICO.- Señor presidente: creo que es necesario hacer una aclaración. Lo respeto no sólo institucionalmente sino por el rol que usted ha cumplido en el sostenimiento de las instituciones en épocas muy difíciles. Por lo tanto, si usted ha advertido en el tono de mis palabras algo impropio, le pido disculpas públicamente porque no estaba en mi ánimo ofenderlo.

sr. presidente camaño.- Le agradezco, señor diputado.

sr. FAYAD, VICTOR MANUEL FEDERICO.- Respecto del revisionismo que veníamos haciendo, centrándonos en el tema de YPF, quiero hacer mención a un proyecto de declaración que fue aprobado por el Poder Legislativo de la provincia de Santa Cruz en el año 1992. Ese Poder Legislativo, en este caso unicameral, declara desde la perspectiva de los intereses provinciales y en cumplimiento de compromisos previamente contraídos institucionalmente, que resulta urgentemente necesario el tratamiento legislativo y la definitiva sanción del proyecto de ley contenido en el expediente 0078-s-1992, sobre yacimientos de hidrocarburos del Estado Nacional y la transferencia del dominio público a las provincias en cuyo territorio se encuentran. Encomienda a los señores legisladores nacionales pertenecientes a ese distrito que con su presencia posibiliten tal tratamiento y con su voto favorable al proyecto, que cuenta con la sanción senatorial, hagan posible su definitiva sanción. Esto lo firman, entre otros legisladores de esa Legislatura unicameral, la diputada Cristina Fernández de Kirchner.
¿A qué hacía mención la entonces diputada? Se estaba refiriendo a un proyecto de ley que estaba en tratamiento en el Senado y que fue aprobado. El entonces senador Pedro Molina, hoy fallecido, que se arrepintió eternamente de haber votado la privatización de YPF, hablaba de la transformación de YPF y de las transferencias de hidrocarburos a las provincias. En virtud de éstas se habían otorgado, en concepto de regalías mal liquidadas, entre los años 1980 y 1990, a las siguientes provincias los siguientes montos: Chubut, 404 millones; Santa Cruz, 480 millones, que todavía están tratando de dilucidar dónde están, qué fue de ellos y si van a volver o no; Tierra del Fuego, 122 millones; Neuquén, 378 millones; Río Negro, 295 millones; La Pampa, 62 millones; Mendoza, 634 millones; Salta, 41 millones y Jujuy, 11 millones. En total eran, en aquellos tiempos de la paridad cambiaria, del uno a uno, 2.428 millones de dólares.
Ese proyecto se discutió en Senadores y el senador Pedro Molina, de Santa Cruz, inclusive sin compartir el criterio mayoritario, lo sostuvo y lo apoyó.
Hay algo llamativo que tiene que ver con la historia de este Parlamento y de los hidrocarburos, ya que el miembro informante de la mayoría centró el debate en el tema de YPF, que privatizaron con la oposición de la Unión Cívica Radical.
Tengo en mis manos un Diario de Sesiones de esta Honorable Cámara del 23 y 24 de septiembre de 1992, en uno de cuyos párrafos dice: "Al comienzo de este gobierno los compañeros peronistas nos preguntábamos si estábamos traicionando nuestras banderas, si nos habíamos olvidado de dónde proveníamos y si no sentíamos vergüenza por nuestra historia, por nuestros muertos y por todo lo que significa el peronismo en la historia de la República."
Aquel legislador, a quien después voy a mencionar, señalaba también: "Digo eso porque cuando el doctor Menem asumió la presidencia de la Nación en 1989 nos cambiaron las preguntas...". Es decir que el justicialismo casi tenía una crisis de identidad. Decía: "...nos cambiaron las preguntas, los instrumentos y las acciones con las que contaba el peronismo para dar respuesta a un gobierno nacional, tal como lo hicimos en las décadas del 40 y del 50. Por ello, debo señalar con sinceridad y profunda convicción que no venimos a esta sesión arrepentidos de lo que hicimos. No sentimos vergüenza de lo que hicimos y tampoco venimos a pedir disculpas por lo que estamos haciendo." Esta frase de la versión taquigráfica mereció aplausos.
Continuaba diciendo el diputado: "Nos hacemos presentes en esta sesión con la firme convicción de que estamos dando los pasos que la sociedad argentina y el mundo nos están exigiendo para lograr la transformación de nuestro país."
¿Quién fue el diputado que dijo estas cosas? Fue el diputado por Neuquén Oscar Parrilli, actual secretario general de la Presidencia de la Nación.
A nosotros no nos van a asombrar estas idas y venidas, como anunciaba recién, del tren, del default ideológico, o que nos miren a nosotros cuando hablen de la privatización de YPF, pero dirigiéndose a usted, señor presidente, como lo indica el reglamento. Si se me hubiera permitido una pequeña falta de respeto, tendría que haber hablado sobre la bancada de la mayoría, que hoy recorre exactamente el camino inverso.
Esta empresa es una especie de "minimarket" energético que comprende hidrocarburos, gas, electricidad, energía de hidrógeno, energía eólica, es decir, absolutamente todo. Esta empresa, que pretende incursionar en el negocio de los hidrocarburos, no tiene petróleo ni gas porque a partir de la reforma constitucional de 1994, el dominio originario de los recursos del subsuelo pertenece a las provincias aunque los haya concesionado la Nación por 25 ó 35 años.
De manera tal que lo único que tendría son lo que en la actividad se denominan los yacimientos off shore. En esa actividad también hay concesiones; es decir que quedan yacimientos potenciales. Quien conoce un poco acerca del negocio de los hidrocarburos sabrá que la inversión de más alto riesgo y más onerosa está en la exploración.
De manera tal que en un país donde el 50 por ciento de la población está por debajo de los niveles de pobreza, donde no hay crédito porque no hay confianza ni seguridad jurídica y están pendientes de solución temas vinculados con la deuda, estamos hablando de invertir miles de millones; porque no son esos cien millones que aparecen por ahí y son extrapresupuestarios.
Quienes se regodean hablando de las empresas estatales de petróleo deberían observar el caso de Venezuela. Decía de los Pereyra Iraola que estamos añorando con nostalgia política lo que fue y ya no es.
El país perdió Gas del Estado, Agua y Energía e YPF. Hay otros países que no han sufrido esta pérdida. El presidente de la empresa venezolana PDVSA, quien anteriormente fue presidente de la OPEP, nada menos que el ente regulador del comercio del petróleo en el mundo -estamos hablando de ochenta y tres millones de barriles diarios-, se refirió a la posibilidad de asociación en la Argentina.
Hablaba de algo que se mencionó acá muy por arriba; insiste en el tema al que con gran exactitud se refiriera el señor diputado Noel Breard: la renta petrolera.
Señaló que por tratarse de un bien del país, la renta petrolera debe percibirla el Estado vía impositiva. Es una herramienta que esta Cámara dio al Poder Ejecutivo nacional al aprobar la emergencia. El Poder Ejecutivo demoró en actuar con las retenciones en un proceso de redistribución de lo que es un bien común de absolutamente todos los argentinos y que debe derramarse tanto en salud como en seguridad y educación, como corresponde en un Estado moderno.
Ali Rodríguez dice que hay interés en asociarse, pero hoy están viendo en la Argentina si pueden comprar una petrolera que desea abandonar el mercado argentino y que maneja el 17 por ciento del sector en nuestro país. Decía que esa operación le puede llegar a costar mil trescientos millones de dólares. Cada estación de servicio cuesta alrededor de un millón de dólares; si a eso sumamos las destilerías, estaremos hablando de mil trescientos millones de dólares. ¿Quién va a pretender asociarse con el Estado argentino para después ser competidor en condiciones irregulares en ese segmento?
Debemos analizar el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo para ver si esta empresa que se pretende crear y que seguramente la mayoría numérica -no la de la razón- va a imponer esta noche, es coincidente con la definición de la política energética que necesita nuestro país.
Dicen que el objeto de esta empresa es explorar, explotar, producir, generar, transportar, distribuir y comercializar local e internacionalmente bienes energéticos cuyo capital social estará mayoritariamente integrado por el Estado nacional. Asimismo, podrá prestar el servicio público de transporte y distribución de gas natural.
Esta normativa no contempla el marco regulatorio de la energía eléctrica, que en la pretensión de segmentar lo que en la actividad se denomina la integración vertical, que va desde la obtención del producto hasta su comercialización final, impide esa integración tanto en elgas como en la electricidad. Sin embargo, esta empresa lo puede hacer, según lo señalaba con acierto el señor diputado Natale.
De manera que estamos quebrando absoluta y definitivamente las reglas normativas sobre el sector. Pero la pregunta que corresponde se refiere a esa política de Estado y de regulación.
Alguien nombró a Perón, quien entre otras palabras decía -menos mal que no resucitó, por el reproche que hubiera hecho ideológicamente al bloque de la mayoría, Dios los salve- que al capital hay que disciplinarlo, y se lo disciplina en una economía de mercado con normas reguladoras que deben ser claras y precisas.
El país requiere inversiones, pero para lograrlas se necesita seguridad jurídica. Seguridad jurídica en el tema de energía no significa entrar una semana e irse en la siguiente, sino inversiones a largo plazo, con alto riesgo, cuando el sistema funciona en serio.
Seguridad jurídica implica reglas de juego claras y permanentes. Hemos logrado que esta Cámara apruebe una ley de producción minera, que establece reglas claras y permanentes de juego, con la cual el país obtuvo inversiones millonarias que bienvenidas sean.
Desde el radicalismo no partimos desde preceptos o preconceptos de que todo lo estatal es malo y todo lo privado es bueno. Existen innumerables ejemplos de empresas privadas que son un desastre y hay empresas estatales que han funcionado perfectamente bien.
Por eso, el radicalismo no acompañó ni acompaña ensayos empresarios destinados a cubrir expectativas mediáticas y no a abordar soluciones de fondo sobre problemas estructurales.

sr. presidente camaño.- La Presidencia solicita al orador que redondee su discurso.

sr. FAYAD, VICTOR MANUEL FEDERICO.- Voy a redondear, señor presidente.
Cuando se dice que tendrá la titularidad de los permisos de exploración y de las concesiones de explotación sobre la totalidad de las áreas marítimas nacionales, más allá de la cuestión de las tres, doce o doscientas millas, la realidad indica que esta facultad ya la tiene el Poder Ejecutivo nacional.
Si quiere tener petróleo entonces que concesione off shore. Es una actividad de alto riesgo y alta inversión. La puede hacer y aparte de las regalías puede establecer porcentajes, porque así lo indica la vieja ley 17.319, de hidrocarburos. Es decir, si usted encuentra petróleo lo explota, me paga el 12 por ciento y aparte me da un 10, un 15 o lo que sea. Eso no está prohibido ni impedido.
¡Cuántas veces se ha llamado a concesionar áreas off shore y no se obtuvo respuesta porque las expectativas en este mercado de los hidrocarburos no han sido favorables!
El informe del Fondo Monetario Internacional habló de un barril con un WTI a cincuenta y dos dólares. La realidad es que ningún analista de la mejor consultora internacional de combustible hubiera acertado que podía superar los cuarenta y seis dólares y que la economía del mundo pudiera resistir un valor de barril de esa magnitud.
Hoy, han dicho el FMI y las consultoras en hidrocarburos que nos acostumbremos a un barril por encima de los cuarenta dólares por no menos de cinco años. Esa ley fue resultado del toma y daca, y todavía estamos esperando de este presidente, que es el primer presidente de una provincia productora de hidrocarburos, que envíe al Poder Legislativo una ley de hidrocarburos que haga efectivo y real el dominio absoluto de la propiedad del subsuelo de las provincias, como lo indica la Constitución de 1994. Pero no mandó ni la ley chica ni la ley corta ni la ley larga, no mandó ninguna ley porque no está en su voluntad que ese federalismo en nombre del cual se regaló YPF, sencillamente vuelva a las provincias.
Quiero con esto realizar una advertencia y voy a seguir las indicaciones del señor presidente, quien ha sido respetuoso y generoso conmigo.
Esta iniciativa no constituye una herramienta de fijación de una política de energía en el país. No es el instrumento idóneo para ello, y genera una inmensa cantidad de dudas, incluso a quienes pudiésemos ver nostálgicamente un resucitar de YPF, de Gas del Estado o de Agua y Energía.
Todo ello nos impide votar por la afirmativa. Además, para que en esta República no se consagre definitivamente la impunidad política, solicito que la votación sea nominal.

sr. presidente camaño.- La votación será nominal, señor diputado.

sr. FAYAD, VICTOR MANUEL FEDERICO.- No quiero que dentro de diez años, desde el mismo bloque -que ha tenido la capacidad de reciclarse y adaptarse a los supuestos reclamos del mercado, de la gente y de tantas otras enunciaciones que se han formulado-, surja otro tren que pase en sentido contrario, pretendiendo privatizar esta empresa. (Aplausos.)

sr. presidente camaño.- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

sr. DIAZ BANCALARI, JOSE MARIA.- Señor presidente: adelanto que voy a solicitar la inserción de parte de mi exposición, pero hay algunas cuestiones que quiero dejar en claro.
La primera es que gracias a Dios, y en medio de tantas dificultades como las que vivimos los argentinos, el gobierno decidió promover una empresa que haga participar al Estado en una materia tan estratégica como la de la energía eléctrica y los hidrocarburos.
Agradezco a Dios que ello haya sido así, porque la iniciativa ha despejado la mente de todos los legisladores de la oposición. Hasta ahora no he visto a nadie a quien se le haya ocurrido hablar del proyecto, o de rescatar a YPF, con la que han hecho una distorsión histórica a la que después haré referencia, porque algo de la vida conozco.
El gobierno ha decidido encarar la participación estatal, no por una cuestión meramente ideológica sino porque se trata de uno de los mejores negocios que pueden concretar las naciones: participar en la renta energética.
Cuando se decide a hacerlo, empiezan las primeras objeciones: primero, se dice que el proyecto no es transparente; segundo, se menciona que no se garantiza la mayoría estatal; después, se señala falta de controles.
Sin embargo, este bloque propuso las modificaciones que describió el señor presidente de la comisión. Además, aclaro que no se llama Manuel, sino Jesús Abel Blanco, por lo que no votó la iniciativa que con doble intención se le ha endilgado.
Al comenzar a tratar la norma, propusimos modificaciones que apuntaban a atender las críticas que se habían hecho al proyecto. Sin embargo, no les gustó. ¿Por qué? Porque son así; así han sido toda la vida. ¿Qué van ahacer? Son radicales, señor presidente. (Risas y aplausos.)
Son tan radicales como aquellos que no comprendieron el abrazo de Perón y Balbín, y encontraron en la historia la confrontación, en vez de la conciliación. Así nos tomó el 76 y el proceso, al cual se aliaron no sólo los liberales...

-- Varios señores diputados hablan a la vez.

sr. DIAZ BANCALARI, JOSE MARIA.- ...sino la izquierda internacional.

-- Varios señores diputados hablan a la vez.

sr. DIAZ BANCALARI, JOSE MARIA.- ¡Hicieron caras las empresas para después venderlas baratas!

-- Varios señores diputados hablan a la vez.

sr. presidente camaño.- ¡Silencio, por favor!

sr. DIAZ BANCALARI, JOSE MARIA.- ¡No me van a hacer enojar, yo no fui socio del proceso!

-- Varios señores diputados hablan a la vez.

sr. DIAZ BANCALARI, JOSE MARIA.- En el proceso democrático que se inició en 1983 hubo una oportunidad, y yo quiero iniciar esta exposición afirmando que tenemos una oportunidad histórica a partir de enero de 2002, que es diferente a los períodos democráticos anteriores. Si lo queremos evaluar, hagámoslo. ¿O acaso el proceso de privatización lo imaginaron los que vinieron en 1989? A mí no me lo digan. Pregunten a quién se le ocurrió no dar respaldo a un ministro de Economía que quiso poner condiciones a los intereses exteriores. No fue mi gobierno ni mi ministro de Economía el que en enero de 1986 anunció la privatización de las empresas del Estado.
Sí es verdad que quien habla, acompañado por alguien que está ocupando una banca por aquí al lado, el 2 de abril de 1986 plantamos bandera y frente a una multitud de más de cincuenta mil personas dijimos "no" a ese plan de privatización. Lo confieso, nos opusimos, como nos opusimos en todo momento...

-- Varios señores diputados hablan a la vez.

sr. presidente camaño.- No dialogue, señor diputado.

sr. DIAZ BANCALARI, JOSE MARIA.- Hay que hacerse cargo de los errores propios, comprender los ajenos y no volverlos a repetir.
Yo escucho esto del tren que va de un lado para el otro, y la verdad es que nosotros por lo menos siempre nos quedamos conduciendo el tren; otros se bajaban en la primera estación. (Aplausos.)
Tenemos una oportunidad excepcional. Llamo a la reflexión a los correligionarios, porque las mayorías populares y nacionales no pueden utilizar el discurso de las minorías. No voy a aceptar más que hablen de la mayoría numérica, como si la voluntad política del pueblo soberano reflejada en estas bancas fuera un defecto. (Aplausos.)
¡A ver si el voto popular nos convierte en hegemónicos! Parece que cuando la gente nos vota a nosotros es hegemónica y cuando votan a otros, democrática.

-- Varios señores diputados hablan a la vez.

sr. presidente camaño.- Se han pronunciado discursos muy duros esta noche, y la bancada de la mayoría los escuchó en silencio. Aguantemos, es así, señores diputados.

sr. DIAZ BANCALARI, JOSE MARIA.- No quiero ofender sino llamar a la reflexión. Tengo autoridad y militancia para convocar a que todos juntos reconstruyamos el rol del Estado. ¡Recompongamos la relación con el concepto no meramente electoralista o mezquino de la campaña! ¡Tenemos la oportunidad de reconstruir el Estado!
El Estado estalló en mil pedazos, no quedó nada y lo empezamos a reconstruir. Con este gobierno todos los días estamos haciendo un esfuerzo tremendo, corriendo enormes riesgos y soportando terribles presiones. Todos lo sabemos, ¿o creen quizás que las cosas que pasaron en la Argentina fueron producto de la naturaleza, obra de la casualidad o por mandato divino?
Hay -como hubo y habrá- intereses económicos concretos que son contradictorios con los de los argentinos, pero si somos capaces de tener voluntad, decisión y coraje para construir una fuerza y enfrentar esos intereses, podremos construir una nueva Argentina. Después, no le echemos la culpa a los demás.
Podríamos decir que esta empresa tiene gemelas: Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima es una empresa del Estado que viene funcionando desde hace décadas y tiene la misma figura jurídica que ENARSA, y otro ejemplo podría ser Petrobras Sociedad Anónima. Nucleoeléctrica Sociedad Anónima tiene la propiedad de las usinas nucleares. Por si no lo saben, hay usinas nucleares y son propiedad del Estado.
Aquí no hay voluntad, no hay decisión, no hay coraje, no quieren apoyar esta iniciativa. Entonces, bienvenido sea el voto nominal, porque queremos saber quiénes son los que están a favor de encontrar un método de crear trabajo, de generar actividad productiva, de mantener el crecimiento, de sembrar el desarrollo, porque el desafío -en éste como en otros temas- no es una cuestión dialéctica ni de discursos o de técnica: son los millones de hermanos nuestros que están por debajo de la línea de pobreza, los millones de desocupados argentinos que nos están clamando a cada uno de nosotros por los recursos necesarios para cambiar de una vez y para siempre su destino y recuperar su dignidad. (Aplausos.)

sr. presidente camaño.- Se va a votar nominalmente, en general, el dictamen de mayoría recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el cual se crea la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima, que consta en el Orden del Día N° 1237.

-- Se practica la votación nominal.

-- Conforme al tablero electrónico, sobre 205 señores diputados presentes, 123 han votado por la afirmativa y 80 por la negativa, registrándose además una abstención.

sr. secretario (rollano).- Se han registrado 123 votos por la afirmativa, 80 por la negativa y una abstención. (Aplausos.)

-Aquí VOTACIÓN nominal

sr. presidente camaño.- Queda aprobado en general el dictamen de mayoría.
Se va a votar si se efectúan en el Diario de Sesiones las inserciones solicitadas y a solicitar por los señores diputados en el curso de la presente sesión.

-- Resulta afirmativa.

sr. presidente camaño.- Se harán las inserciones solicitadas.
En consideración en particular el artículo 1°.
Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

sr. POLINO, HECTOR TEODORO.- Señor presidente: son las dos y cuarto de la madrugada. Hace casi diez horas que estamos sesionando. Nosotros hemos votado por la negativa. Tenemos un dictamen propio de minoría.
Quisiéramos perfeccionar el dictamen que acaba de ser aprobado y por ello me he anotado para hacer uso de la palabra en la consideración de todos los artículos; pero para no hacerle perder tiempo a la Cámara, quisiera preguntar a la comisión si está dispuesta a aceptar modificaciones, al margen de las que ya enunció el miembro informante. Si está dispuesta a hacerlo, las voy a formular, pero si no lo está, le voy a ahorrar tiempo a la Cámara teniendo en cuenta el horario en el que estamos sesionando. (Aplausos.)

sr. presidente camaño.- Entiendo que el señor miembro informante ha sido claro al decir que la comisión solamente aceptará las modificaciones propuestas a los artículos 2°, 4° y 6°.
¿Mantienen esa posición, señor diputado Blanco?

sr. BLANCO, JESUS ABEL.- Así es, señor presidente.

sr. POLINO, HECTOR TEODORO.- El señor presidente señaló las modificaciones que proponía la comisión. Eso no significa que la comisión cierre allí la posibilidad de aceptar otras modificaciones.

sr. presidente camaño.- Será mejor que lo diga el señor miembro informante. ¿La comisión va a aceptar modificaciones al resto de los artículos?

sr. BLANCO, JESUS ABEL.- Señor presidente: con todo el respeto que me merece el señor diputado Polino, quiero decir que ya hemos anticipado cuáles serán las modificaciones que aceptará la comisión; no vamos a aceptar ninguna otra propuesta que no esté entre las enunciadas.

sr. presidente camaño.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

sr. PINEDO, FEDERICO.- Señor presidente: para cumplir con las reglas voy a proponer una modificación al artículo 1°, que sugiero que termine de la siguiente manera: "...actuando de conformidad con los marcos regulatorios de los servicios públicos correspondientes".

sr. presidente camaño.- ¿La comisión acepta la modificación?

sr. BLANCO, JESUS ABEL.- Del mismo modo en que le hemos respondido al señor diputado Polino le contestamos al señor diputado Pinedo.

sr. presidente camaño.- Es decir que la comisión no acepta la modificación.
Se va a votar.

-- Resulta afirmativa.

sr. presidente camaño.- En consideración el artículo 2°.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

sr. BLANCO, JESUS ABEL.- Señor presidente: tal como lo anticipamos en su momento, en este artículo proponemos un agregado en los siguientes términos: "En los procesos de asociación que realice deberá observar mecanismos de transparencia y competencia que respeten lo establecido en la ley de hidrocarburos."

sr. presidente camaño.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

sr. POLINO, HECTOR TEODORO.- Señor presidente: en función de lo que señalé con anterioridad, renuncio a hacer uso de la palabra si la respuesta va a ser negativa.

sr. presidente camaño.- Se va a votar en forma mecánica el artículo 2° con la modificación propuesta por el señor diputado por Buenos Aires.

-- Conforme al tablero electrónico, resulta afirmativa de 119 votos; votan 185 señores diputados sobre 191 presentes.

sr. secretario (rollano).- La votación arrojó el siguiente resultado: 119 votos por la afirmativa, 66 por la negativa y 5 abstenciones.

sr. presidente camaño.- En consideración el artículo 3°.
Se va a votar.

-- Resulta afirmativa.

sr. presidente camaño.- En consideración el artículo 4°.
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

sr. BLANCO, JESUS ABEL.- Señor presidente: como lo anticipamos en su momento, en este artículo propongo la siguiente modificación: "En su actuación observará las políticas del Estado nacional y bajo ningún procedimiento las modificaciones estatutarias podrán dejar a éste en situación minoritaria."

sr. presidente camaño.- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

sr. PINEDO, FEDERICO.- Señor presidente: me niego a sostener esto de que se puede competir contra los que se abusen. Por ello, propongo la siguiente redacción: "Energía Argentina Sociedad Anónima podrá intervenir en el mercado en casos en que se verifiquen situaciones de posición dominante originadas en la conformación de monopolios u oligopolios."

sr. presidente camaño.- Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

sra. MARINO, JULIANA ISABEL.- Señor presidente: quiero aclarar que había solicitado la palabra para proponer una modificación en el artículo 2°, porque en nuestra opinión podíamos requerir la autorización expresa de la Secretaría de Energía de la Nación en aquellos contratos vinculados con los permisos y/o concesiones. Si bien entendí lo que en su momento planteó el señor diputado Blanco, quería dejar fijada nuestra posición.
En cuanto al artículo 4°, en lugar de la modificación impulsada por el bloque del Partido Justicialista, solicito que se tome en consideración la siguiente propuesta: "En ningún caso el Estado podrá disminuir el porcentaje de participación accionaria previsto."

sr. presidente camaño.- La Presidencia informa que el señor miembro informante ha efectuado una propuesta concreta. También existen propuestas formuladas por los señores diputados Marino y Pinedo, pero el señor diputado Blanco adelantó, como presidente de la comisión, que solamente se iba a aceptar su propia propuesta. ¿Es así, señor diputado?

sr. BLANCO, JESUS ABEL.- Sí, señor presidente.

sr. presidente camaño.- En consecuencia, se va a votar mediante el sistema mecánico el artículo 4°, con la modificación propuesta por el señor presidente de la Comisión de Energía y Combustibles.

-- Conforme al tablero electrónico, resulta afirmativa de 118 votos; votan 188 señores diputados sobre 190 presentes.

sr. secretario (rollano).- Se han registrado 118 votos afirmativos, 70 negativos y una abstención.

sr. presidente camaño.- En consideración el artículo 5°.
Se va a votar.

-- Resulta afirmativa.

sr. presidente camaño.- En consideración el artículo 6°.
Tiene la palabra el señor miembro informante.

sr. BLANCO, JESUS ABEL.- Señor presidente: tal como anunciáramos, vamos a proponer la supresión de la frase que dice: "...con exclusión de cualquier otro...".
Además, proponemos que como párrafo final se agregue: "Estará sometida asimismo a los controles internos y externos del sector público nacional en los términos de la ley 24.156."

sr. presidente camaño.- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

sra. CASSESE, MARINA.- Señor presidente: quiero aclarar cuál es la postura del bloque oficialista en relación con este artículo 6°, del que más se ha hablado y más horas de versión taquigráfica ha insumido en la discusión llevada a cabo en las distintas comisiones.
Brevemente, haré algunas consideraciones, y solicitaré la inserción del resto del análisis jurídico de este artículo.
En primer lugar, deseo aclarar que el artículo en examen dice que la sociedad estará sometida a los mismos controles, interno y externo, de las personas jurídicas de su tipo. Indudablemente, esto tiene que ver con el derecho administrativo y no con el derecho societario.
En ese sentido, cuando la ley 19.550 de sociedades comerciales habla de control, claramente da a entender el poder de decisión que se ejerce por los votos que posean, directa o indirectamente, los accionistas dominantes. También habla de fiscalización privada y de fiscalización estatal.
En ningún momento la ley 19.550 habla de control interno ni de control externo. Estos conceptos rigen para las empresas de participación estatal, donde lógicamente se aplica la ley 24.156. Pero como en materia legislativa "lo que abunda no daña", sobre todo cuando se habla de una figura jurídica innovadora, como ocurre en el caso de ENARSA...

sr. presidente camaño.- La Presidencia informa a la señora diputada preopinante que se había acordado formular las propuestas y luego votarlas, sin ingresar en un debate.

sra. CASSESE, MARINA.- Ya concluyo, señor presidente.
Debe quedar en claro que el control interno y externo que ejercen la SIGEN y la AGN está referido a una empresa en la que el Estado tiene participación mayoritaria. No tiene nada que ver con el control propio de la administración central o de organismos descentralizados. Por eso, proponemos este artículo, que es esclarecedor de lo que hemos sostenido.

sr. presidente camaño.- Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

sra. GARRE, NILDA CELIA.- Señor presidente: vamos a proponer un agregado a este artículo 6°, que dice así: "La Sociedad deberá presentar anualmente el plan de negocios ante el Congreso Nacional en forma simultánea con el proyecto de ley de presupuesto nacional. Cualquiera de las Cámaras del Congreso Nacional podrá solicitar a la Sociedad informes y explicaciones sobre los diferentes aspectos de su actividad; y los directores estarán obligados a producirlos, por escrito o verbalmente, cuando sean citados al efecto".

sr. presidente camaño.- Señor diputado Blanco: la señora diputada Garré ha solicitado una modificación, pero usted hizo una propuesta concreta.

sr. BLANCO, JESUS ABEL.- De acuerdo con el temperamento adoptado en el tratamiento de este tema, la comisión no acepta la modificación propuesta por la señora diputada.

sr. presidente camaño.- Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

sr. PERNASETTI, HORACIO FRANCISCO.- Quizás la modificación propuesta sea una de las más valorables. No sólo elimina el párrafo que agregó el Senado, que planteaba el control exclusivo del tipo societario, sino que reconoce el control de la SIGEN y de la AGN, que algunos dicen que estaba implícito.
Después de la explicación de la señora diputada -que ha quedado asentada en la versión taquigráfica-, estamos obligados a votar en contra de lo que pensábamos votar a favor. Es una traída de pelos decir que es un control administrativo que no es propio del tipo societario.
Por lo tanto, vamos a mantener nuestro voto negativo a pesar de reconocer que el agregado implica un avance, pero no con la aclaración hecha por la señora diputada. (Aplausos.)

sr. presidente camaño.- Debería leerse el artículo y ver qué es lo que el señor diputado interpreta. En caso de que entienda que es correcto, tendría que votar afirmativamente.
Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

sr. FALU, JOSE RICARDO.- Con la anuencia de la presidencia del bloque, para esclarecer la situación y no generar ningún problema con la Unión Cívica Radical sugiero que se tenga como única versión y espíritu de la ley la que diera el señor diputado Blanco.

sr. presidente camaño.- Eso es lo que dije al señor diputado Pernasetti.
Se va a votar en forma mecánica el artículo 6° con la modificación propuesta por el señor diputado Blanco.

-- Conforme al tablero electrónico, resulta afirmativa de 123 votos; Votan 181 señores diputados sobre 184 presentes.

sr. secretario (rollano).- Se han registrado 123 votos afirmativos, 58 negativos y 2 abstenciones.

sr. presidente camaño.- Las abstenciones no cuentan ni a favor ni en contra. Tomemos el reglamento formalmente. Son 123 votos afirmativos. Que quede constancia en el acta correspondiente, porque nadie pidió abstenerse.
La votación ha resultado afirmativa.

-- Varios señores diputados hablan a la vez.

sr. presidente camaño.- Si los señores diputados no se identificaron, se abstuvieron porque quisieron. Leamos el reglamento.
En consideración el artículo 7°.
Se va a votar.

-- Resulta afirmativa.

-- Sin observaciones, se votan y aprueban los artículos 8° a 10.

-- El artículo 11 es de forma.

sr. presidente camaño.- Queda sancionado el proyecto de ley. (Aplausos.)
Habiendo sido modificado el texto sancionado por el Honorable Senado, el proyecto vuelve a la Cámara iniciadora.