1ª REUNION - 1ª SESION ORDINARIA (ESPECIAL)
Marzo 4 y 5 de 1998 

SUMARIO 

1. Izamiento de la bandera nacional.
2. Fijación de días y horas de sesión de la Honorable Cámara.
3. Convocatoria a sesión especial. Lectura de la documentación relacionada con la convocación y pronunciamiento de la Honorable Cámara sobre el asunto a considerar.
4. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Ayala con motivo de expresiones vertidas por el señor diputado Cavallo en medios radiales y televisivos.
1. Planteamiento y pronunciamiento de la Honorable Cámara mediante el que acuerda a la cuestión carácter preferente.
2. Consideración y pronunciamiento de la Honorable Cámara por el que resuelve girar la cuestión a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
5. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Alvarez con motivo de expresiones vertidas por el señor diputado Pichetto en el debate. Es retirada.
6. Consideración de los proyectos de ley de los señores diputados Neder y otros (550-D.-97), Abalovich y otros (5.807-D.-97) y Maqueda y otros (6.886-D.-97) relacionados con las tarifas de peaje. Se sanciona un proyecto de ley acordado sobre la base de dichas iniciativas.
7. Consideración del proyecto de resolución del señor diputado Cafiero (M.A.H.) y otros por el que se crea una Comisión Especial Investigadora para el Análisis del Sistema de Concesionamientos por Peaje y el Estudio del Financiamiento de Obras Viales (297-D.-98). Se sanciona con modificaciones.
8. Informe de la Presidencia acerca de la diligencia de apertura del sobre que contiene la declaración jurada patrimonial del señor diputado Cavallo.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Con la presencia de 159 señores diputados queda abierta la sesión.

Invito al señor diputado por el distrito electoral de Córdoba, don Esteban Alberto Dómina, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Conforme con lo dispuesto por el artículo 29 del reglamento, corresponde que la Honorable Cámara fije los días y horas para las reuniones de tablas a celebrarse durante el período de sesiones ordinarias que se inicia.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. CAMAÑO.- Señor presidente: formulo moción en el sentido de que la Honorable Cámara celebre sus reuniones de tablas los días miércoles y jueves a las 15 horas y los viernes a las 10.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Se va a votar la moción formulada por el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Queda aprobada la moción.

La Presidencia dará forma de resolución a la decisión adoptada por la Honorable Cámara.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Por Secretaría se dará lectura del pedido de sesión especial formulado por varios señores diputados en número reglamentario.

Sra. SECRETARIA (PEREZ PARDO).- Dice así:

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Por Secretaría se dará lectura de la resolución dictada por la Presidencia convocando a la Honorable Cámara a sesión especial.

Sra. SECRETARIA (LOPEZ ARIAS).- Dice así:

En cumplimiento de esta resolución se han cursado las respectivas citaciones a los señores diputados.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia comunica a los señores diputados que conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, únicamente se tratarían en esta reunión los proyectos sobre tarifas de peaje, postergándose la consideración de los restantes temas incluidos en la convocatoria, para ser tratadas en la próxima semana.

Corresponde que la Honorable Cámara resuelva si adopta el criterio acordado por la Comisión de Labor Parlamentaria.

Se va a votar. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Queda aprobada la consideración del mencionado asunto en la presente sesión especial.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Teniendo en cuenta que se van a plantear cuatro cuestiones de privilegio conforme se ha adelantado en el transcurso de la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria celebrada con antelación a esta sesión, la Presidencia exhorta a los señores diputados a formular los planteos en forma breve, a fin de poder avanzar hacia la consideración del asunto de fondo cuyo tratamiento ha dispuesto el cuerpo.

Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.

Sr. AYALA.- Señor presidente: planteo esta cuestión de privilegio pues interpreto que se ha atacado mi honorabilidad y la del cuerpo que integro.

Hace pocos días, a raíz de la profundización de la investigación del affaire IBM-Banco Nación, notamos que algunos de los funcionarios de entonces ligados a este caso aparecían con cuentas bancarias en Suiza y en distintos paraísos fiscales. Por eso algunos legisladores, en conocimiento de que se trataba de personas que correspondían a la Fundación Mediterránea y que hasta habían integrado el gabinete, propusimos una investigación y planteamos al actual señor diputado de la Nación, doctor Cavallo, que se despojara de sus fueros y se presentara ante distintos estrados judiciales para dejar en claro él mismo todas las cuentas que posee. Ocurre que todavía son muchos los millones de dólares que faltan encontrar en relación con coimas que tuvieron lugar con motivo de la contratación IBM-Banco Nación.

El señor diputado Francos, abogado del doctor Cavallo en varias de sus causas, nos dijo que buscáramos en Internet la declaración jurada que el ex ministro de Economía había presentado ante Poder Ciudadano para que se conociera y se hiciera pública. Le hicimos caso, pero vimos allí que no había ninguna cuenta declarada en el exterior. Hoy nos acercan una nueva declaración de bienes del doctor Cavallo y nos llama la atención un asterisco que allí aparece, porque tal vez podría tratarse de otra cuenta. Entonces queremos escuchar de su propia boca cuál es la real situación de los hechos.

En el día de hoy ha realizado sus primeras declaraciones ante algunos medios. Pude advertir que por Radio Continental -tengo la grabación para quienes quieran escucharla- y en el noticiero televisivo TN, que el doctor Cavallo dijo que no estaban los números de las cuentas por una cuestión confidencial, pues hay personas que querrían robarle plata de esas cuentas. Fue más lejos aún, aquí es donde se ha atacado mi honorabilidad y la de este cuerpo, porque nosotros fuimos quienes exigimos a este señor transparencia, algo que él viene reclamando desde hace mucho tiempo a todos los funcionarios e integrantes de la clase política argentina. El señor diputado Cavallo sostuvo que uno de los que le quería robar plata está sentado en este recinto y yo quiero que dé nombres...

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Señor diputado: la Presidencia le recuerda que dispone de cinco minutos para plantear la cuestión de privilegio, habiendo vencido ya dicho término.

Sr. AYALA.- Quiero que dé nombres porque no deseo estar sentado al lado de ningún ladrón.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Se va a votar si se le concede trato preferente a la cuestión de privilegio planteada por el señor diputado por el Chaco. Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Habiendo resultado afirmativa la votación, corresponde que la Cámara entre a discutir el fondo de la cuestión. Como ello no está previsto en el plan de labor adoptado, posiblemente ante este hecho el señor diputado Ayala decida posponer el tema o bien proponer que se lo remita a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sr. AYALA.- Señor presidente: los señores diputados quieren esclarecer esta cuestión. No podemos dilatarla con un pase a comisión.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Varios señores diputados han solicitado la palabra; algunos para plantear cuestiones de privilegio. Están anotados los señores diputados Cavallo, Benedetti y Herrera Arias.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. CAVALLO.- Señor presidente: no voy a plantear una cuestión de privilegio.

Podemos entrar a debatir la cuestión planteada por el señor diputado Ayala porque entiendo que ha resultado aprobado su trato preferente. Si la Presidencia coincide en que eso es lo que ha ocurrido, me referiré a este tema.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Efectivamente, con la mayoría requerida reglamentariamente se acordó el trato preferente para este tema y por lo tanto tendríamos que pasar directamente a debatir el fondo de la cuestión.

Tengo que conceder la palabra al señor diputado Ayala para que, sin el límite de cinco minutos, termine su exposición. Posteriormente, con todo gusto escucharemos a los señores diputados que quieran referirse a la cuestión.

Continúa, entonces, en uso de la palabra el señor diputado por el Chaco.

Sr. AYALA.- Señor presidente: previo a toda otra consideración, agradezco la posibilidad que ha brindado la Cámara para tratar un tema de tanta trascendencia.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Discúlpeme la interrupción, señor diputado, pero a efectos de ordenar la sesión quiero recordar que cada uno de los señores diputados que va a hacer uso de la palabra dispondrá de treinta minutos para su exposición.

Sr. AYALA.- Consideramos conveniente el procedimiento seguido en algunos casos en los que fue necesario buscar declaraciones juradas de bienes que se encontraban en la Secretaría Administrativa de la Cámara y se decidió hacer lugar al pedido.

Hace pocos días ocurrió un hecho similar en el notorio caso del actual gobernador de Tucumán, señor Bussi.

Tenemos sobradas sospechas y razones para insistir en que se transparente este tipo de cuestiones. Todos los funcionarios que tienen alguna relación con hechos de corrupción deben presentarse ante los respectivos estrados judiciales.

En el caso que hoy nos ocupa se trata de un legislador y es necesario aclarar este hecho para no perjudicar al cuerpo, para fortalecer a la democracia y para buscar cada vez más transparencia en la actividad política. No debe ampararse en sus fueros y debe dar a conocer esa declaración jurada, que por ley tienen que presentar los legisladores ante el cuerpo cada vez que asumen sus mandatos.

Hay muchas casualidades en casos como el que estamos tratando. Sin pretender ofender ni agraviar ni calumniar, debemos decir que este diputado ha sido funcionario en épocas del proceso y ello suma aún más sospechas.

Parece que, por un olvido, cuando fue ministro tampoco declaró estas cuentas en el exterior. Una vez que las conozcamos, vamos a verificar si se ha pagado los impuestos cumpliendo con las obligaciones tributarias a su cargo, ya que hace mucho tiempo que estamos queriendo combatir la evasión fiscal. Todo esto nos preocupa mucho, sobre todo cuando se trata de alguien que muchas veces ha hablado de mafias en el país y ha denigrado a funcionarios sin disponer de muchas pruebas, aunque también hay que reconocer que ha aportado algunos elementos para esclarecer otras determinadas cuestiones, lo que es bienvenido.

Esta es nuestra obligación como representantes del pueblo. Por ello, una vez más, solicito al cuerpo que avancemos, ya que hay otros temas importantes cuyo tratamiento también ha sido acordado por la Comisión de Labor Parlamentaria.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Si esa hubiese sido la voluntad del señor diputado, no debería haber propiciado que a su planteamiento se le otorgara trato preferente.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. CAVALLO.- Señor presidente: creía que el señor diputado Benedetti había pedido la palabra con anterioridad.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- No es así, señor diputado. La Presidencia está respetando estrictamente el orden en el que fue solicitada la palabra.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. CAVALLO.- Señor presidente: solicito al cuerpo que se lea con todo detalle mi declaración jurada de bienes; incluso quiero que se haga una copia para cada uno de sus miembros, tal como fue presentada a Poder Ciudadano en octubre del año pasado y como consta además en la Secretaría Administrativa de la Cámara.

Quisiera que la apertura del sobre y la distribución de la información a todos los integrantes de la Cámara se produjera hoy mismo, como se hizo para el caso del gobernador Bussi en la sesión anterior.

También solicito que se convoque al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, órgano que ha estado investigando mis declaraciones impositivas desde hace mucho tiempo, a fin de que señale si en ellas constan o no las cuentas que he tenido o poseo en el exterior, y los movimientos en ellas registrados, así como la verificación de los pagos de los impuestos.

La Administración Federal de Ingresos Públicos seguramente podrá responder porque las acusaciones en mi contra en materia de evasión impositiva son de larga data. Incluso mis presentaciones tributarias se dieron a conocer hasta las de 1994; y por supuesto mi declaración ante Poder Ciudadano circuló entre muchos periodistas y se comentó detalladamente por el diario "Pagina 12" y en la revista "Noticias". Allí también figuran todos los detalles de mis declaraciones impositivas correspondientes a 1995 y 1996.

Creo que la transparencia es fundamental, más aun para personas públicas como nosotros. Todos los miembros de la Cámara no deberíamos tener nuestra declaración jurada en un sobre que sea secreto o cerrado, sino que debería estar abierto para cualquier diputado que quiera leerla, incluso para cualquier ciudadano con el único requisito de que se identifique.

También considero que la Administración Federal de Ingresos Públicos debería, lisa y llanamente, publicar las declaraciones impositivas para que estén a disposición de todos.

Resulta que rige secreto impositivo, pero por ejemplo en mi caso se publicaron las declaraciones respectivas sin que nadie hiciera valer o planteara la cuestión de ese secreto. Teniendo en cuenta que somos hombres públicos, debemos permitir que todo el mundo conozca cuáles son nuestras declaraciones impositivas, como yo lo he hecho al incluir toda la información en esta presentación que efectué ante Poder Ciudadano.

Ciertamente no todos los señores diputados han realizado tal presentación. El señor diputado Ayala no debe haberlo hecho porque en caso contrario conocería el tipo de formulario que hay que completar y habría advertido que en la parte referida a cuentas bancarias y a tarjetas de crédito se solicita toda la información e incluso los números de tales cuentas. Pero, además, hay un asterisco colocado por Poder Ciudadano que al pie de página indica que cuando la institución publique los datos va a excluir los números de las cuentas y los bancos en que están radicadas, por cuestiones de seguridad; sin duda se trata de una decisión de Poder Ciudadano.

Sin embargo, el patrimonio que la gente puede tener en el país o en el exterior -incluyendo cuentas bancarias- aparece en Internet y ha sido dado a conocer por Poder Ciudadano. Por ejemplo, se puede ver que en mi caso Internet publica -tengo en mi poder las respectivas transcripciones- que mi patrimonio neto, a valores de mercado al 31 de julio de 1997, era de 2.152.127 pesos, agregándose lo siguiente: "Ver información detallada en anexos": desde ya esos anexos figuran y han sido conocidos por "Página 12" y por la revista "Noticias", pues sus periodistas accedieron a ellos. Además, desde octubre del año pasado están a disposición de Poder Ciudadano y de la Secretaría Administrativa de esta Cámara.

Por otro lado, en la última declaración impositiva que legalmente debí presentar y llevé en tiempo y forma ante la DGI por el impuesto a los bienes personales -formulario 762-, figuran todos los bienes que poseo en el exterior, obviamente por los mismos montos que las declaraciones juradas presentadas hasta esta fecha. Además, en el disquete que acompaña a la declaración jurada -que exige la DGI y que ésta tiene en su archivo, aunque no se lo puede transcribir en papel- figura el número de la cuenta y el nombre del banco. Estos mismos datos -cuenta y banco- están en la declaración jurada que presenté ante Poder Ciudadano y la Secretaría Administrativa de este cuerpo.

Esa cuenta empezó a tener un movimiento significativo a partir de octubre de 1996 ya que, por haber sido designado profesor en la ciudad de Nueva York y por haber dado conferencias internacionales y efectuado distintos asesoramientos, tuve ingresos significativos en el exterior cuyo detalle y monto constan en mis declaraciones impositivas y de bienes, que también son conocidas por la opinión pública: esas cifras se han dado a publicidad no ahora, sino en plena campaña electoral.

La transparencia tiene sus costos, porque hay delincuentes que se valen de la información a la que acceden, precisamente por dicha transparencia, para delinquir.

Les voy a explicar por qué en mi declaración presentada al 31 de diciembre de 1996 ante la DGI di los siguientes nombres del banco y número de cuenta. Se trata del First Union National Bank, de Columbia, y de la cuenta número 4380090891, que en ese momento tenía un saldo de 898.679 pesos con 33 centavos.

Pues bien, en mi declaración ante Poder Ciudadano declaro que tengo tres cuentas -por supuesto que la declaración jurada es al 30 de setiembre de 1997-: una en el Banco Roberts, de nuestro país, cuyo número es 0840004323; otra en el First Union National Bank -al que me refiero en la declaración presentada ante la DGI algunos meses antes-, con el número de cuenta 9982513218. Respecto de esta última, en los próximos días voy a lograr que se cambie por las razones que señalaré oportunamente. Por último, cabe mencionar un fondo de inversión denominado Toronto Fund, también conocido con el nombre de Friedberg Mercantile Group.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- El señor diputado Ayala le solicita una interrupción, ¿la concede, señor diputado?

Sr. CAVALLO.- No, señor presidente.

Dejé de utilizar y cancelé la primera cuenta; es decir, la número 4380090891, y abrí en el mismo banco otra nueva porque en aquélla habían intentado robarme el dinero. Voy a explicarles el procedimiento utilizado. El banco me envió los cheques por correo y estos no llegaron nunca, seguramente porque los robaron en el correo. Cuando hice la denuncia y reclamé al banco, éste personalmente me entregó una nueva serie de cheques en los Estados Unidos.

Un día mi señora solicita el saldo telefónico de la cuenta y se encuentra con la sorpresa de que nos faltaban 125 mil pesos. Afortunadamente el cheque que había sido presentado dos días antes y debitado en nuestra cuenta, no había sido acreditado aún en la cuenta en la que había sido depositado en otro banco. Entonces, le dijimos al First Union National Bank que la firma del cheque era falsa y que era uno de los que nos habían robado. El banco constató dicha circunstancia, corroborando que se trataba de uno de los cheques que habíamos denunciado como robados y por supuesto nos devolvió el dinero y también el cheque, pero no por falta de fondos sino por tratarse de un documento falso y robado.

Así fue como nosotros recuperamos el dinero; pero después que hicimos la respectiva denuncia ante el banco en los Estados Unidos, ¡oh sorpresa!, el cheque falso, con la firma falsificada, que había sido depositadoen una cuenta a nombre falso, y con un número de DNI también falso, apareció reproducido en "Ambito Financiero", el que -según dijo- lo obtuvo de una presentación que había hecho el señor diputado Benedetti ante el juez Bonadío. O sea que el diputado Benedetti tenía en su poder el cheque falso, con firma falsa, depositado en una cuenta falsa, a nombre falso, con un DNI falso, y se lo presentó al juez Bonadío, quien se lo dio a "Ambito Financiero".

He pedido al juez Bonadío que solicitara el vídeo de un programa de televisión en que el periodista Llamas de Madariaga hacía preguntas a Benedetti y éste mostraba el cheque falso depositado en una cuenta falsa a nombre de un librador falso que dio un número de DNI también falso.

Lamentablemente, el juez Bonadío no tomó ninguna medida para averiguar cómo había llegado ese cheque a manos del diputado Benedetti y cómo lo tenía en su poder. Por supuesto que yo he continuado con la investigación y he dado cuenta de ella a la Justicia. El tema va a ser investigado -esperemos- y me gustaría que esta Cámara urgiera dicha investigación. Si así no fuera, cada uno de los que aquí estamos y que, por honrar el principio de transparencia, hemos declarado nuestros números de cuenta -como yo lo hice en mis declaraciones impositivas y de bienes-, vamos a estar sujetos a este tipo de maniobras que se quisieron hacer en mi perjuicio. Pero más allá de este tema, que será investigado -espero que la Justicia tenga la voluntad de investigar un tema de esta naturaleza-, hay algo que tiene que ver con la transparencia, y es que he declarado todas mis cuentas y todos mis bienes -esto consta en la DGI- a partir de 1988, cuando al haber accedido a una banca en la Cámara de Diputados debí presentar las correspondientes declaraciones de bienes. Esto puede ser acreditado hoy aquí mismo si se abre el sobre que está en la Secretaría Administrativa y se cotejan los papeles presentados con fecha cierta en octubre del año pasado ante Poder Ciudadano.

Pido a los señores legisladores, miembros de esta Honorable Cámara, que procedan tal como lo hicieron con el caso del gobernador Bussi respecto de mis declaraciones impositivas y de bienes, y que traten de dilucidar el tema hoy mismo. He traído mis copias pero también se pueden consultar las que se encuentran en la Secretaría Administrativa de la Cámara y -lo que es más importante- las que están depositadas en Poder Ciudadano, al que he pedido el envío de ese material con la firma de sus autoridades desde octubre del año pasado. Si alguien tiene alguna duda puede cotejar sus datos con la presentación a Poder Ciudadano, con la que figura resumidamente en Internet desde entonces y con lo que se ha publicado en "Página 12" y en "Noticias", dos medios que incluso hicieron comparaciones de los patrimonios, ingresos y bienes de los candidatos que habíamos presentado el informe a Poder Ciudadano.

Señores miembros de la Honorable Cámara: creo que es muy importante que los argentinos sepan -y que también todos nosotros sepamos- quién es quién, quién cumple las leyes, quién paga los impuestos, quién declara los bienes que tiene y los ingresos que genera, y quiénes no lo hacen, particularmente en relación con quienes somos hombres públicos. Por eso pido a esta Cámara que dilucidemos esta cuestión y no la posterguemos, y que hagamos lo mismo respecto de todas las dudas que se puedan plantear.

Lamentablemente ese no ha sido el temperamento generalizado. Fíjense que a instancias de algo que se planteó cuando yo era ministro de Economía, en ocasión de que concurriera a esta Cámara para describir lo que era el grupo Yabrán y sus conexiones con el poder,...

Sr. CAVALLO.- ...el ex diputado Moreau, sobre la base de lo que había denunciado la DGI, planteó la existencia de coimas en el contrato IBM-Banco Nación.

Hasta ese momento yo creía en la honestidad de los miembros del directorio del Banco de la Nación, pero empecé a tener dudas; además, me pareció que había que contribuir a la transparencia y dilucidar la cuestión. Por eso me valí de mis conexiones con el Banco de la Reserva Federal de Nueva York para seguir el rastro que había aportado la DGI, que sabía por qué bancos habían salido los diez millones de pesos o dólares hacia el exterior. Así, con la ayuda del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, obtuve el detalle de los bancos y los números de cuenta adonde habían ido esos fondos. Más aún, simultáneamente conseguí el dato respecto de cuál era el procedimiento judicial para que Suiza, Uruguay y Estados Unidos proveyeran la información.

El juez Bagnasco tiene el detalle de los bancos, las cuentas, y sus números y montos correspondientes, desde septiembre de 1995. En esos mismos días, para impedir que yo diera al juez la información de esas cuentas, el entonces y actual secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, nos dio al presidente Menem y a mí los nombres de quienes habían recibido el dinero y de los que serían titulares de esas cuentas. De esta reunión se publicó una fotografía pocos días después en la revista "Noticias", que además informó acerca de lo que habíamos hablado. Kohan nos dio los siguientes nombres: los hermanos Dadone, Contartese y Aldaco, y dijo que las coimas las había pagado Cattáneo, quien venía haciendo esto por IBM desde hacía mucho tiempo y en relación con muchos contratos.

En esa oportunidad el secretario general de la Presidencia quería que yo no diera al juez la información sobre esas cuentas, y por eso planteó el tema. Mi reacción fue pedir la renuncia a los cuatro directores a pesar de que Kohan, una hora después, cuando yo llamé a Dadone, desmintió delante de él lo que había dicho frente al presidente, diciendo que había utilizado un modo potencial, ya que había hablado de que "podrían habérsele pagado coimas" y no de que se las habían pagado.

Ante la duda, y porque Dadone estaba con Kohan cuando yo lo llamé por teléfono para pedirle la renuncia, fui adelante con el pedido de renuncia. Todavía no estaba un ciento por ciento seguro de que fuera verdad lo dicho por Kohan, porque a la hora lo había desmentido, pero a medida que fueron pasando las semanas advertí que la primera mención de Kohan frente al presidente y ante mí era la verdadera. Cattáneo había pagado coimas a través de las cuentas que yo logré identificar, acerca de cuyo detalle informé al juez Bagnasco. Este sabe que, por lo menos las cuentas más importantes, son de Contartese, de Aldaco y de los hermanos Dadone.

Además, cuando el juez me citó como testigo, yo le conté la reunión con el presidente y con el secretario general de la Presidencia. Esto ocurrió un año después de que entregara al juez el dato de las cuentas.

En el ínterin Kohan me había amenazado con iniciarme acciones judiciales porque yo había comentado el tema en una reunión del gabinete económico, y el diario "La Nación" lo había reproducido en sus páginas.Pese a publicarse que Kohan me amenazaba con iniciarme una querella si yo insistía en esa postura, el juez no me citó a declarar en ese momento como testigo ni me mandó un requerimiento testimonial. Cuando lo hizo, le presenté todo lo que vengo informando.

Ahora, fíjense ustedes: Contartese y Mario Dadone nunca fueron procesados por cohecho; jamás se dispuso la prisión de Contartese o de Mario Dadone. Sí, tardíamente, el juez dispuso el procesamiento por cohecho de Aldo Dadone, Aldaco, Cattáneo y Martorana. Y, ¡oh sorpresa!, lo dispuso la semana en la que Yabrán podía quedar detenido, ya que declaraba en Dolores.

Y otra sorpresa más: la Cámara que integra la jueza Riva Aramayo -sobre ella el doctor Corach me había dicho que respondía a sus dictados- desprocesó a Dadone, Martorana, Contartese y Aldaco del delito de cohecho...

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia advierte a los señores diputados que van a tener derecho para hacer uso de la palabra una vez que concluya el señor diputado Cavallo; asimismo, advierto al orador que le restan cinco minutos.

Sr. CAVALLO.- Señor presidente: tanto la cuestión IBM-Banco Nación, los temas DGI-IBM, como los relacionados con los contratos de IBM con el Estado, deben ser investigados y podrán ser dilucidados, llegándose a conocer la verdad. Para ello es necesario que los funcionarios de los que dependen esos organismos tengan la actitud que yo he tenido en esta cuestión; además, los jueces deberán dedicarse a investigar y esta Cámara deberá colaborar como corresponde.

Si así se procede, todos los delitos podrán ser castigados severamente y se terminará con la corrupción en la Argentina. Pero yo me pregunto: ¿terminó su labor la comisión que en este Parlamento investiga los temas relacionados con IBM y Banco Nación?

Quise presentarme a declarar y me dijeron que no había tiempo. Le hablé al entonces presidente de la comisión, quien lamentablemente ya no es diputado, y me contestó en forma negativa, señalándome que debía apurar el dictamen.

¿Por qué no se reabrió la investigación del caso IBM-Banco Nación? Porque aquí se necesita discutir no sólo el contrato IBM- Banco Nación; también el de la DGI con IBM y todos los contratos de IBM con el Estado argentino. Porque si queremos desarmar...

Sra. DOMÍNGUEZ.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. CAVALLO.- No voy a conceder interrupciones porque ya termino mi alocución.

Decía que la comisión IBM-Banco Nación debería continuar su labor; lo mismo la comisión "anti mafia", al igual que la comisión que investiga a la aduana paralela. Resulta fundamental avanzar en estas investigaciones.

En la comisión investigadora de la aduana paralela se detectó que el juez Branca era quien lideraba, si no una banda de contrabandistas, al menos el reparto de comisiones.

¿Sabe la Honorable Cámara por qué el 31 de diciembre de 1996 transferí mis ahorros depositados en el Banco Roberts a la cuenta cuyo número acabo de mencionar radicada en los Estados Unidos? Lo hice porque el juez Branca, a instancias del señor Yabrán y de su empresa OCASA, había embargado mi departamento por una suma que ascendía a 30 mil pesos.

Ese juez Branca que me estaba persiguiendo pertenece a ese grupo de jueces y fiscales que no han investigado a los corruptos, a los mafiosos y a los delincuentes sino que, por el contrario, los protegen y limpian las pruebas que existen. Estos son los jueces que persiguen a la gente que presenta pruebas.

Dicen que yo no he presentado pruebas, pero resulta que en lo relativo al tema IBM-Banco Nación, si hay algún condenado será como consecuencia de las cuentas radicadas en Suiza, dato que el juez posee gracias a la denuncia que formulé. Advierto que de igual manera procedí en relación con Yabrán, porque es necesario que tanto en la Justicia como en la Cámara de Diputados haya transparencia, así como que estos temas se discutan profundamente, porque no pertenecen al pasado sino al futuro ya que, por más que haya estabilidad y la economía crezca, si no se actúa con honestidad no habrá programas sociales exitosos ni soluciones a la inseguridad y a la impunidad en las que la Argentina se encuentra inmersa.

Por lo expuesto solicito que en relación con mi caso la Honorable Cámara siga el mismo procedimiento adoptado con el gobernador Bussi. Es decir, examinemos y discutamos acá mi declaración de bienes; si es necesario, llamemos al Administrador Federal de Impuestos para que presente toda la información con la que cuenta a fin de que quede perfectamente determinado que mis bienes han sido declarados y que pagué los respectivos impuestos. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia recuerda a la Honorable Cámara que, conforme a la reglamentación vigente en materia de declaraciones juradas, la apertura de los respectivos sobres puede efectuarse a pedido del interesado. Por ello, salvo que el cuerpo resolviera otro procedimiento, la Presidencia instruirá a la Secretaría Administrativa para que -conforme al pedido realizado por el señor diputado Cavallo-, se ponga a disposición de cualquier interesado el contenido de esa declaración jurada.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. BENEDETTI.- Señor presidente: desde hace mucho tiempo esperaba la oportunidad de debatir con el señor diputado Cavallo temas como el relativo a la transparencia, aunque esto resulte difícil porque realmente es complicado entender lo que quiere decir el ahora diputado nacional y antes ministro del Proceso y del gobierno menemista.

El señor diputado Cavallo me acusa de haber presentado un cheque que le habían robado. ¿Pero dónde hizo la denuncia acerca del robo del cheque?

Advierto a la Honorable Cámara que en su oportunidad presenté ese cheque ante el juzgado en el que desde hace cinco años se encuentra radicada una denuncia por enriquecimiento ilícito.

Claro está que el señor diputado Cavallo asusta a los jueces y a algún que otro ministro o funcionario, pero no a quien habla. Sería mejor volver al viejo juicio de residencia para determinar cómo vive Cavallo y cómo vive Benedetti, cuánto gasta Cavallo y cuánto Benedetti.

Pero no es tonto el señor diputado Cavallo. El pide que miren su declaración jurada de ahora, y yo propongo que veamos todas sus declaraciones juradas desde el año 1987, cuando fue diputado, para determinar cómo evolucionó su patrimonio.

El señor diputado Cavallo miente. El es el primer evasor de impuestos. Hay una hoja en Internet donde figura lo que él declaró a Poder Ciudadano, cosa que yo no hice porque para mí está primero el Congreso; y aclaro que no tengo nada que ver con el señor Moreno Ocampo, quien fue asesor del señor Cavallo. Hasta me intervinieron el teléfono. También tengo otras cosas que decir del fiscal Quantín a las que luego haré referencia ya que, como él dijo, la transparencia tiene sus costos y yo los tuve.

Sostengo que el señor diputado Cavallo es el primer evasor. El dice en Internet que el valor de su departamento es de 700 mil dólares. Estuvimos casi cuatro años discutiendo por qué en la escritura traslativa de dominio figura la suma de 250.000 dólares. Y si no, pido al cuerpo que, a través de la Presidencia, solicite a la institución correspondiente copia de la escritura del departamento de la Avenida del Libertador 2201, piso 23, para que adviertan el valor que consta en ella.

¡Cavallo miente! ¡El evadió! Además, en la causa que según él no funciona -esto tiene que llegar a un término y es de esperar que el juez Bonadío le dé celeridad-, declaró que quien hacía los pagos de ese departamento era la señora Ana Wil, que de casualidad era secretaria de Cavallo y también de Dadone. Ella iba a hacer los pagos y, según versiones periodísticas, dicen que abonó 700 mil dólares, con lo cual habría que hacer una ecuación económica para saber cuánto robó Cavallo al Estado siendo ministro.

Tampoco dice el señor diputado Cavallo que cuando sus declaraciones juradas se hicieron conocer en el programa de Canal 2 que conducía el periodista Lanata, lo primero que hizo -quizás por su intuición autoritaria remanente de aquellas épocas del Proceso- fue ir a la comisaría a fijarse el juzgado de turno interviniente para tratar de prohibir ese programa televisivo. Sin embargo, se encontró con un juez que casualmente se llama Gabriel Cavallo pero que, gracias a Dios, no tiene nada que ver con el señor diputado Cavallo que hoy ocupa una banca en el recinto amparándose en los fueros parlamentarios.

Muchos me dijeron que una persona que ha incurrido en enriquecimiento ilícito no puede acceder a la Cámara de Diputados, y también que hiciera una presentación para impugnarle el diploma, pero no seguí ese criterio porque soy bien parido y porque pertenezco a un partido que se llama Unión Cívica Radical y, a pesar de todo, respeto la voluntad del votante de la Capital Federal.

Por eso no hice ninguna presentación, pero sí continué agregando elementos en la causa de enriquecimiento ilícito seguida contra Cavallo.

Cavallo tampoco dijo nada -tuvo tiempo suficiente para hacerlo- sobre el campo Los Quebrachos en Catamarca, que vendió en un millón de dólares a través del Banco Nación. Les puedo asegurar que en ese lugar a las tres de la tarde los gorriones se caen de los árboles, porque la sensación térmica es de 60 grados. ¿Saben quién era el presidente del Banco Nación en ese momento? El señor Dadone. ¿Saben quién era socio en ese campo con Cavallo? El señor Dadone.

Esto no lo dice el señor diputado Cavallo. Es un millón de dólares. Tomó el teléfono y dijo: "Aldo: hacelo vender a Mastellone, de La Serenísima, agarramos el dinero entre los tres socios y lo dividimos por partes iguales", y así fue.

En el Banco Nación, sucursal Catamarca, no está registrado ese préstamo. Se hizo directamente desde el Banco de la Nación Argentina, casa central, cuando Dadone era el presidente del banco y además amigo y socio de Cavallo; porque por más que ahora el diputado Cavallo quiera patearlo, hundirlo y reventarlo, Dadone fue su socio en la explotación del campo Los Quebrachos de Catamarca.

¿Quiénes son los procesados en el caso del Banco Nación? Cattáneo, que responde a Kohan. Pero Dadone y Contartese, ¿de quién dependían? ¿Quién era el ministro de Economía en ese momento?

Las declaraciones juradas de Cavallo fueron vistas por toda la población y el volvió a mentir. Tanto en la revista "Noticias" como en el diario "Página 12" dijo que había preparado mal las declaraciones juradas y que esta cuenta no estaba; y Cavallo me acusó a mí de haber dado la información al periodista Lanata, lo cual podría ser, ¿por qué no?, si hay libertad de prensa.

Tardó un año en presentarse ante el juzgado del doctor Bagnasco para decir que conocía la existencia de las cuentas. Esto suena hasta irrisorio. No es serio que diga que tardó un año en dar esa información porque recién entonces el juez lo citó como testigo. Justamente él, que es el rey de la transparencia y el hombre que siempre quiso combatir la corrupción. Ahora quiere engañarnos a los diputados en este recinto y también a todos los periodistas. ¿Acaso no tuvo tiempo de presentarse antes ante el juez para informar que sabía el número de las cuentas de sus amigos Dadone y Contartese? Esto que dice Cavallo es increíble.

Mi declaración jurada de bienes la tengo a la vista: poseo un departamento de tres ambientes que pago en el Banco Ciudad de Buenos Aires, y un automóvil que vale diecinueve mil pesos.

Cavallo no puede conmigo. Se equivocó. Yo no soy Yabrán; no tengo absolutamente nada que ver con Yabrán ni con ninguno de los que lo atacan. ¡Yo sólo tengo que ver con el pueblo y con la Unión Cívica Radical! ¡Esta es una denuncia que hice y la voy a mantener! Quisiera que el doctor Bonadío pidiera alguna vez el desafuero de Cavallo, tal como hizo un correligionario mío que no esperó la decisión de la Justicia, porque tiene las pelotas bien puestas. Me refiero al doctor Angeloz, quien se despojó de sus fueros parlamentarios para que lo investiguen; pero el diputado Cavallo se escuda en sus fueros y ahí lo tenemos, con esa cara de lástima, cuando nadie le cree, solamente un 15 por ciento. Por eso no me opuse al juramento de Cavallo; pero lo cierto es que el doctor Angeloz tuvo la valentía de despojarse de sus fueros para que se lo investigara. Alguna vez se escribirá la historia del caso Angeloz.

Cavallo incurre en contradicciones. Dice que le dio su declaración jurada a Poder Ciudadano, pero estaba mal hecha y la vio todo el mundo a través de un canal de aire. Entonces, ¿por qué esta contradicción? ¿Por qué el cambio de abogados cuando yo denuncié que me vino a ver a mi despacho el señor Caride Fitte, que era socio de Cavallo, y casualmente asesor de Gaith Pharaon, a decirme que parara con la denuncia? Después de mi denuncia el señor Cavallo cambió de abogado; nombró a Francos, su "équipier" que sale a discutir conmigo porque él no se atreve.

La transparencia tiene costos. Y el señor que está al lado del diputado Cavallo es amigo del fiscal Quantín. Hace tres años se trató en este Congreso una cuestión de privilegio porque los señores Cavallo y Quantín denunciaron a mi hermana, que es jefa de división en la Municipalidad, por vender en su ateneo radical rifas de diez pesos para su centro de jubilados.

Por esa denuncia se allanó la casa de mi hermana -miren los costos que tiene la transparencia- y su comité. Además, se pretendió allanar -yo lo impedí- el comité de la Unión Cívica Radical de Tucumán 1660, de la Capital Federal. Inmediatamente me comuniqué con el diputado Pascual y le dije: "Mirá lo que está pasando." ¡Ni en la dictadura de Videla se había allanado el comité de la Capital de la Unión Cívica Radical!

No iban a buscar cocaína o pruebas de algún negociado. Iban a ver el recibo de los bonos de diez pesos del centro de jubilados del comité de mi hermana para saber si este diputado derivaba dinero en su propio interés.

La causa -acá hay abogados que lo saben bien- se caratuló de enriquecimiento ilícito y duró tres años. Gracias a Dios mi hermana fue sobreseída en diciembre del año pasado.

¿Enriquecimiento ilícito de una jefa de división que nunca fue funcionaria? Estos son los costos que se pagan y a veces no se ponen de manifiesto.

Por eso tenía muchas ganas de hablar hoy y decir verdades. El señor Cavallo le paga a los periodistas; y voy a dar nombres y apellidos.

Cavallo le paga a Bonelli. De lo contrario, que me diga Bonelli el porqué de su publicación cuando el 6 de abril de 1996 Cavallo fue a Ecuador con el fantoche de Bucaram, y con toda su banda, su troupe de la Aduana paralela -creo que lo llevaba a Parino, entre otros-, se estableció en Guayaquil.

En la tapa de la revista sale este señor -este pobre señor ahora- y el título: "Cavallo se prepara". Es una nota de 16 páginas; obviamente una operación política.

En esa publicación Bonelli dice que Cavallo se llevó diez millones de los hermanos ecuatorianos.

Fui a Ecuador y hablé con el controlador general, señor Benjamín Teherán Berea, quien me señaló el gasto de Cavallo de diez millones de dólares depositados en una cuenta de Estados Unidos, que hoy tiene el juzgado de Bonadío.

Pero no es solo eso. Cuando vino Alarcón en enero fui a verlo y me dijo que en Ecuador tiene dos o tres acciones judiciales que aclarar. Quiero recordar al señor diputado Cavallo que en Ecuador no hay extradición.

La transparencia tiene sus costos. El dice que tiene tres cuentas y yo no le creo. Ya a Cavallo no le cree nadie.

Conmigo está dolido porque dice que le han puesto un mortero en el living y que han dicho que se quiere "pijotear" 22 mil dólares de impuestos.

Pero ya todo es conocido: la plata que pagaba por el colegio San Andrés al que acudían sus hijos, y cómo hacía para vivir. Ahora dice que percibe ochenta y seis mil dólares mensuales. Hasta hace poco, cuando era ministro, dijo que no podía vivir con los diez mil pesos que le daba la Fundación Mediterránea más su sueldo de cuatro mil quinientos pesos.

Por eso quiero que se agregue la declaración jurada de 1987. De esa forma vamos a ver la evolución que tuvo el señor Cavallo en su patrimonio. Y pidan también la mía de 1991 que presenté en el Concejo Deliberante para ver cuál fue la evolución patrimonial del diputado que habla.

En esta cuestión de transparencia y acciones cristalinas las cosas cambian cuando se habla con medios adictos y cuando se quiere atropellar a las personas. En este Parlamento hay gente que sabe. Hay gente que lo que tiene para defender, lo hace con uñas y dientes.

Quiero terminar esta exposición mencionando una frase del cantautor español Joan Manuel Serrat, que dice: "Nunca es triste la verdad; lo que no tiene es remedio." (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. STORANI.- Señor presidente: consideramos que lo señalado en esta Cámara excede extensamente la cuestión de privilegio planteada.

Si nos remitiéramos al motivo desencadenante de la cuestión de privilegio, deberíamos decir que todavía está pendiente su conocimiento. Se hizo mención a que un miembro de este cuerpo incurrió en delitos reales o potenciales, lo que significaría un agravio a los miembros de la totalidad de la Cámara, en la medida en que no se lo identifique con nombre y apellido. Ello todavía está pendiente de resolución.

En segundo lugar, el hecho de que se ofrezca espontáneamente una declaración jurada de bienes presentada al Congreso, me parece correcto. Ello debería concretarse, porque es un acto voluntario, a pesar de que si no lo fuera, este cuerpo tiene facultades para imponerlo, como lo hicimos recientemente en el caso de la declaración jurada del ex diputado Antonio Domingo Bussi.

Sin embargo, me parece que este no es el fondo de la cuestión, que debería ser determinado con más tiempo y en virtud del trabajo que realicen las comisiones respectivas y la propia Justicia.

Como bloque, señalamos que no amparamos absolutamente a nadie y estamos dispuestos a facilitar todos los caminos que plantee la Justicia. Cualquier diputado de este bloque que sea requerido por la Justicia, no será amparado por sus fueros, a fin de que responda ante la Justicia, que es el ámbito en el que esto debería discutirse lo más pronto posible.

No puedo dejar de señalar que personas fuertemente imputadas y procesadas en la actualidad integraron el elenco del gabinete del ex ministro Cavallo, quien además era el superministro del gobierno nacional.

Públicamente se lo denominó como primer ministro de facto, como el hombre del milagro económico y como el matrimonio indisoluble entre el presidente y el super ministro, que nos libró de la postración, el atraso y la miseria.

| Entonces, hoy no resulta sincero ni auténtico señalar que formaba parte de un gabinete especial, como si constituyera un compartimento estanco y aislado del conjunto del gobierno nacional.

Tampoco resulta sincero escuchar al otrora poderoso ministro, quien cuando estuvo en el recinto al producirse la denuncia del escándalo entre IBM y el Banco de la Nación Argentina hizo una defensa cerrada, -tanto que utilizó aquella expresión que marca el límite más extremo de la confianza: pongo las manos en el fuego por Fulano de Tal -Aldo Dadone-, quien hoy es titular de cuentas encubiertas surgidas de la retribución correspondiente a una coima escandalosa, que fue denunciada por miembros de este bloque en aquel debate y cuya importancia pretendió ser disminuida en su oportunidad.

Por ello, como partido y como integrante de la Alianza, nosotros hemos puesto énfasis en lo principal, ya que no existe intención real de combatir la corrupción si no tenemos una Justicia independiente. Si la Justicia no es independiente, no se profundizará la investigación de los episodios de corrupción, porque llegará a un nivel en el que se detendrá.

Por eso hemos insistido durante mucho tiempo -tal vez el impulso del último pronunciamiento popular lo logrará- en que se reglamente el Consejo de la Magistratura, para que exista una Justicia independiente. Del mismo modo, creemos que el proyecto de ley de ética pública -que cuenta con sanción de esta Cámara, pero no del Senado-, debe convertirse rápidamente en ley, ya que posibilitará que lo que hoy es un acto voluntario se constituya en una obligación, para que cualquier deformación de la realidad bajo juramento, implique un delito.

Si esa voluntad existe, como siempre nosotros la vamos a acompañar, en beneficio de la transparencia, de la credibilidad y de la confianza del pueblo argentino en sus instituciones.

Finalmente, pensamos que esta cuestión excede el tema vinculado con una cuestión de privilegio, porque todavía no está subsanado el motivo planteado como agravio. Además, entendemos que las comisiones respectivas deberían hacer un análisis profundo de lo que aquí se ha dicho para poder cotejar los datos mencionados en el curso de este debate.

En homenaje a esta democracia todavía reciente, que está sufriendo los embates de la credibilidad del pueblo por muchas de estas cosas que no se esclarecen, debemos dar los pasos necesarios e importantes para consolidarla pero, por sobre todas las cosas, para predicar con el ejemplo. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. ALVAREZ.- Señor presidente: en primer lugar debo decir que el hecho de que el cuerpo haya decidido que esta cuestión de privilegio tenga carácter preferente difícilmente nos va a llevar a la clarificación total del tema. Por lo tanto, acompaño la posición del señor diputado Storani en el sentido de que las comisiones y la Justicia serán las que darán claridad a esta situación.

Pero existen dos cosas que han dado vuelta en este debate y nos corresponde a todos tomar algunas decisiones para que exista un grado mayor de clarificación.

La primera de ellas es la vinculada con el tan mentado tema de los fueros. La sociedad desde hace mucho tiempo viene sospechando que tanto el Senado como la Cámara de Diputados pueden ser un lugar de refugio para aquéllos que hayan cometido actos delictivos, incluso antes de asumir como legisladores.

A nadie escapa que la sociedad argentina, confundida con el tema legal de la discusión de los fueros, sospecha que algunos buscan tener fueros para protegerse de las persecuciones judiciales. Entonces, el conjunto de los diputados debemos asumir el compromiso de limitar, mediante una norma consensuada, esta cuestión, porque los fueros protegen solamente lo que un diputado dice, pero no lo que hace.

En conjunto debemos clarificar definitivamente esta situación. Un diputado o un senador que sea requerido por la Justicia por haber cometido un delito o por estar sospechado de haberlo cometido no puede ser amparado por sus fueros.

Nosotros tenemos fueros para poder decir lo que la gente común no puede manifestar, los tenemos para decir cosas sobre el poder o sobre el comportamiento de algunos hombres, ya que si esas cosas son manifestadas por gente común pueden recibir sanciones judiciales.

También tenemos fueros para referirnos a los poderosos, a fin de que no nos afecten en nuestro desempeño como legisladores. No tenemos fueros para protegernos de la Justicia ni para confundir el Senado o la Cámara de Diputados con un refugio de delincuentes. Este es el primer compromiso que debemos asumir todos los legisladores porque es una situación que venimos planteando desde hace tiempo.

Una manera concreta de lograr transparencia en un debate en el que existe alguna sospecha de corrupción es evitar la protección de los fueros. Esta es una de las primeras conclusiones a las que podemos arribar.

La segunda conclusión es la siguiente: la gente puede creer que la declaración jurada de bienes es un artilugio para no decir lo que uno tiene; y así parece suceder en cada uno de los debates en que aparece un asunto de esta magnitud. Se habla de la declaración jurada de bienes pensando qué habrá allí, qué misterio esconde tal o cual diputado o cuánto dinero y patrimonio posee que no ha declarado y que el ciudadano común no conoce.

Frente a esta situación sería conveniente que cualquier ciudadano pueda concurrir a esta Cámara y, autorizado por nosotros, pueda acceder a la información de nuestro patrimonio. ¿Por qué digo esto? Porque si declaramos lo que tenemos y ello está justificado por nuestros ingresos, ¿por qué razón la declaración jurada de bienes tiene que ser secreta? ¿Por qué la gente no puede saber lo que tenemos cada uno de nosotros? Debemos romper este mito, entre comillas, del secreto de la declaración jurada de bienes. Algunos legisladores del bloque hemos dialogado con el secretario administrativo respecto de este tema, y personalmente firmé una nota en el sentido de que cualquier ciudadano que desee conocer el contenido de la declaración jurada de bienes de un diputado, pueda hacerlo sin ningún trámite burocrático, recurriendo a dicho funcionario.

Sra. LIPONEZKY de AMAVET.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. ALVAREZ.- Sí, señora diputada.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Para una interrupción tiene la palabra la señora diputada por Entre Ríos.

Sra. LIPONEZKY de AMAVET.- Señor presidente: es al solo efecto de recordar a los miembros de esta Cámara que hemos sancionado por unanimidad el proyecto de ley sobre ética pública, al que hizo referencia el señor diputado Storani. Evidentemente, lo que está señalando el señor diputado Alvarez no es una mera expresión de anhelos. Repito, este tema fue convalidado por el conjunto de los miembros de esta Cámara en una sesión ordinaria celebrada precisamente en el mes de setiembre de 1997, en el entendimiento de que la publicidad de la información sobre nuestro patrimonio era una demanda ética de la sociedad, y que no teníamos reparo alguno en satisfacerla a fin de que cualquier ciudadano tuviera acceso a tal afirmación.

Hago esta aclaración a efectos de que quede constancia en la versión taquigráfica y esto no aparezca como una cuestión pendiente de las representaciones políticas de este cuerpo.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. ALVAREZ.- Señor presidente: no soy tan desmemoriado ya que dicha iniciativa fue votada por todos nosotros. Sin embargo, cabe aclarar que este proyecto todavía se encuentra en la Cámara de Senadores, que tiene mayoría de legisladores oficialistas, y aún no ha sido aprobado. Pero como si esto fuera poco, existe otro agravante. El señor presidente de la Nación creó una Oficina de Etica Pública y puso al frente a un gran poeta, el doctor José María Castiñeira de Dios. Este funcionario aún no le pidió la declaración jurada de bienes al doctor Menem; de manera que los argentinos no conocemos los bienes que posee el señor presidente de la Nación.

Nosotros votamos la iniciativa sobre ética pública, pero no podemos esperar a que la mayoría de los senadores oficialistas se dispongan a hacerlo porque sabemos que existen diversas discusiones respecto de este tema. Hay un trámite muy simple que evitaría, de alguna manera, esta controversia. Por supuesto que cuando el Senado de la Nación vote este proyecto el asunto quedará despejado. Sería muy bueno que los diputados del oficialismo, que están en una posición de avanzada respecto de algunos temas, sugirieran al presidente de la Nación que entregue su propia declaración jurada a quien conduce la Oficina de Etica Pública, porque no hay ningún justificativo para que el ciudadano común no conozca los bienes que tiene Carlos Saúl Menem y cómo evolucionó su patrimonio personal.

Así, con estas observaciones... (Aplausos.)... que tienden a ayudar a la transparencia...

Sra. ALARCIA.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. ALVAREZ.- Sí, señora diputada.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Para una interrupción tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.

Sra. ALARCIA.- Señor presidente: me extraña la forma en que el señor diputado Alvarez se ha referido al doctor Castiñeira de Dios. No es la primera vez que oigo estas expresiones, porque en un programa televisivo también escuché decir a la señora Fernández Meijide que en una Oficina o Secretaría de Etica Pública no podía estar una persona respetada como la que estamos mencionando en este recinto.

Quisiera saber cuáles son los parámetros que se usan muchas veces para medir la capacidad de las personas para desempeñar ciertas funciones.

Por otro lado, quiero recordar al señor diputado Alvarez que el señor presidente de la República fue el primero que presentó esa declaración jurada, de modo que si tiene alguna duda puede pedirla donde corresponde.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sra. FERNANDEZ MEIJIDE.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. ALVAREZ.- Sí, señora diputada.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Para una interrupción tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. FERNANDEZ MEIJIDE.- Señor presidente: apenas se abrió esa oficina el año pasado, cuando yo todavía estaba en el Senado, tanto era mi respeto por el señor Castiñeira de Dios, con quien compartí mi actuación en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que mandé una nota con copia a la Mesa de Entradas de la Casa de Gobierno -que era donde se decía que estaba esa oficina- pidiendo un ejemplar de la declaración jurada de bienes del presidente de la Nación. En la Mesa de Entradas me contestaron que no sabían dónde quedaba esa oficina y por lo tanto no podían recibir mi pedido. El empleado a quien mandé a hacer este trámite hizo firmar allí una nota en tal sentido. Es decir que cuando el año pasado se anunció que el presidente había presentado su declaración de bienes ante esa oficina, la misma no existía -por lo menos, para la Mesa de Entradas de la Casa de Gobierno-, y por lo tanto no era posible que recibiera esa declaración ni que diera una copia de ella a una senadora de la Nación.

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Los señores diputados se están apartando de la cuestión en tratamiento. Están anotados para hacer uso de la palabra, luego que concluya el señor diputado Alvarez, los señores diputados Balter y Pichetto. Con esto ya quedarían expresadas las opiniones de todos los bloques que componen el cuerpo. En consecuencia, sugiero que terminemos de escuchar al señor diputado Alvarez y que luego hagamos lo propio con los señores diputados Balter y Pichetto, de modo tal que este asunto pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es el ámbito más adecuado para discutir este tema.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. ALVAREZ.- Señor presidente: creo que fui sumamente cuidadoso y respetuoso respecto de la figura de José María Castiñeira de Dios, autor de uno de los mejores poemas que disfruté sobre Evita. Pero nadie puede discutir lo inservible que es esa Oficina de Etica Pública; sólo puede hacerlo algún menemista fundamentalista.

Para finalizar, acompaño la moción formulada por el señor diputado Storani. Entiendo que este asunto debe pasar a comisión y a la vez debe existir un compromiso fuerte para que nunca más se sospeche en estas discusiones de que el tema de los fueros está sirviendo para proteger a un diputado que presuntamente hubiera cometido algún delito.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. BALTER.- Señor presidente: en nombre de los bloques del Partido Liberal de Corrientes, Demócrata Progresista, Bloquista de San Juan, Desarrollo y Justicia, Renovador de Salta y Demócrata de Mendoza, formularé una muy breve reflexión acerca de esta cuestión, que es de gran actualidad en la República.

Se trata nada más y nada menos que de la conducta de los hombres públicos y de los ejemplos que debemos dar quienes intentamos representar a nuestros conciudadanos. Hoy queremos dar nuevamente nuestro testimonio de que esta lucha venimos llevándola a cabo en la provincia de Mendoza desde hace muchos años, precisamente desde 1988, cuando presentamos un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para que todos los funcionarios públicos, incluso los judiciales, tuvieran la obligación de poner a disposición de cualquier ciudadano -con el solo requisito de que éste se identificara- sus declaraciones de impuestos y no sus declaraciones juradas. Ello, señor presidente y demás miembros de este honorable cuerpo, porque debemos convenir en que puede haber algunos pícaros que en sus declaraciones juradas incluyan lo que piensan que posiblemente tengan después.

A pesar de la presentación de nuestro proyecto, no contamos en aquel entonces con la adhesión del bloque Justicialista, que tenía mayoría en ambas Cámaras. Hace muy poco tiempo, luego de mucho bregar, logramos la sanción de esa ley en nuestra provincia.

En diciembre de 1993, apenas incorporados a esta Cámara, presentamos como primer proyecto una iniciativa de similares características, siendo esa nuestra primera gran discusión en la Comisión de Legislación Penal. No se trata de llenar una declaración jurada o blanquear mediante ella la mala conducta que se ha tenido en la vida. Por eso, creemos que es insuficiente el proyecto de ley de ética pública, y al respecto comparto lo que aquí se ha dicho en cuanto a la demora de su sanción en el Honorable Senado.

Debemos poner a disposición de todos nuestras declaraciones de impuestos, y para ello no hace falta la existencia de una ley. En nuestra provincia hemos puesto en manos del juez federal que entiende en el tema electoral las declaraciones de todos los impuestos, nacionales y provinciales, de los que somos responsables desde que surgió nuestra obligación como contribuyentes; y lo hacemos así para que cualquier ciudadano pueda acceder a ellas, como dije, con el único requisito de su identificación.

Antes de llegar a ocupar estas bancas, todos los años renovamos ese compromiso presentando las declaraciones de impuestos. ¿Por qué entonces no se puede cumplir con esta norma sino que debemos esperar la sanción definitiva de la ley de ética pública para hacerlo? Si esto se comenzara a hacer, seguramente que el tiempo que hemos insumido en esta discusión lo hubiésemos podido aprovechar para considerar temas más importantes, que necesitan respuestas para la sociedad argentina.

De todos modos, después de muchos años de lucha creo que vamos llegando a un punto en el que las cosas van tomando el rumbo que nunca debieron perder.

Aquí se habló del tema de IBM. Precisamente en la provincia de Mendoza -nuevamente tengo que recurrir al territorio al que pertenezco- en febrero de 1991 nosotros remitíamos una carta documento a quien era gobernador para solicitarle que no firmara los contratos con IBM, que se estaban realizando en aquel momento sin licitación, porque creíamos que eran perjudiciales para los intereses provinciales.

En aquel entonces ya actuaba el señor Juan Carlos Cattáneo en esas negociaciones de IBM con la provincia de Mendoza, lo que está testificado y testimoniado con pruebas fehacientes en la documentación que obra en la investigación realizada por la Legislatura provincial.

Muchos males se pudieron evitar a la República si se hubiese prestado atención a lo que se decía desde Mendoza hace tantos años. Seguramente no padeceríamos el problema del financiamiento educativo, porque no se habrían podido robar los cientos de millones que les quitaron a los argentinos con estos negociados.

Por eso, la discusión de esta tarde sirve para que cuando se levanten las voces señalando sospechas con pruebas fehacientes, no tengamos los pruritos de responder a los intereses partidarios. Respondamos a los intereses de quienes representamos, es decir de los argentinos, ya que por ellos estamos sentados en este cuerpo. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia advierte que el debate está totalmente fuera de la cuestión de privilegio. A continuación corresponde que haga uso de la palabra el señor diputado Pichetto, pero hay varios señores diputados que la están solicitando nuevamente.

En ese sentido, la Presidencia señala que si no hay decisión en contrario, tras la palabra del señor diputado Pichetto, habrá de someter la cuestión a votación.

Con esto quiere evitar que se reabra la discusión, ya que los señores diputados Fernández, Cavallo, Ayala y Melogno han solicitando nuevamente la palabra.

Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. PICHETTO.- Señor presidente: luego de este largo debate, con algunas exposiciones que en realidad no tienen nada que ver con el tema que había sido motivo de la cuestión de privilegio -incluso quienes estamos aquí no tenemos esclarecida debidamente la supuesta actividad de un diputado de esta Cámara que habría cometido un ilícito- deseo señalar que coincido con algunos legisladores preopinantes en el sentido de que este tema debe ser girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que lo investigue exhaustivamente.

Quiero referirme además a la cuestión de fondo, aclarando que de ninguna manera considero estéril el debate. Aquí se está hablando de transparencia; estamos hablando de las declaraciones juradas de los representantes del pueblo y de los funcionarios públicos, lo que de ninguna manera constituye un tema menor.

En el caso de los funcionarios públicos, este no es un tema reservado como ocurre con el común de los ciudadanos; no entra en la órbita del derecho a la intimidad, porque el hombre público tiene compromisos con la sociedad y debe mostrarse tal cual es. Por ello, debe existir total claridad y transparencia en lo que se refiere a sus bienes.

Es mi intención enfocar el tema que estamos tratando desde el sentido común para determinar qué es lo que lleva a un funcionario público o a un representante del pueblo a poseer cuentas bancarias en el extranjero salvo que su objetivo sea el ocultamiento. ¿Cuál es el sentido de que un miembro del Parlamento o alguien que ha desempeñado cargos importantes en el Poder Ejecutivo posea cuentas en bancos del extranjero?

Este interesante interrogante puede también ser respondido desde el sentido común, el que nos lleva a decir que cuando se abren cuentas en bancos radicados en el exterior es para depositar importantes sumas de dinero, porque de lo contrario sería absurdo proceder de esa manera.

El segundo motivo -y tal vez el principal- por el cual se actúa de esta manera es el del ocultamiento a la ciudadanía; esto es lo que lleva a un hombre que ha ejercido importantes funciones en el Estado y que actualmente desempeña una representación dada por el pueblo a abrir cuentas en el extranjero, hecho que de por sí parece sospechoso.

Quiero referirme a la validez y autenticidad que para nosotros, representantes de la ciudadanía, tiene la declaración jurada de bienes que presentamos, que debe ser fidedigna ya que no valen los asteriscos ni las remisiones a cualquier otro dato que aparece en la pantalla de una computadora; ahí lo único que tiene validez es lo que dice el papel. Por lo tanto, en caso de poseer una cuenta bancaria en el extranjero o en cualquier banco del país debe denunciarse claramente el nombre el banco y el monto depositado, porque ello hace no sólo a la transparencia sino también a la validez del acto de la presentación de la declaración jurada.

Por lo expuesto, resulta sumamente sospechoso que no se haya consignado la existencia de una cuenta bancaria en el extranjero.

Cuando el señor diputado Alvarez hace uso de la palabra da la sensación de que cuenta con el metro patrón de la ética, es decir, con la medida de todos los valores que la sociedad debe tener. Asimismo, advierto que siempre apunta hacia la figura del señor presidente, a quien hace aparecer como el paradigma de todos los males de la sociedad argentina.

Aclaro a la Honorable Cámara que el señor presidente de la Nación presentó la declaración jurada de bienes. Es probable que el señor diputado estuviera en algún programa de televisión cuando ese hecho ocurrió y, por lo tanto, no tomó conocimiento de ello.

Sr. ROGGERO.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. PICHETTO.- Sí, señor diputado.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. ROGGERO.- Señor presidente: he solicitado una interrupción a fin de aclarar que la Oficina de Etica Pública funciona desde el 8 de setiembre de 1997 en el primer piso de Bolívar 24, en el Patio de Las Palmeras; su teléfono es el 344-3720 y atiende al público desde las 8 y 30 hasta las 20.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. PICHETTO.- Señor presidente: resulta interesante reflexionar acerca de algunos temas a los que se hizo referencia...

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia solicita al señor diputado que no haga alusiones personales.

Sr. PICHETTO.- Señor presidente: por favor, no me interrumpa y permítame desarrollar mi exposición.

Es interesante realizar algunas reflexiones sobre dichos que hemos escuchado y que aparecen como algo novedoso.

El señor diputado Alvarez habló de los fueros parlamentarios como si fueran blindados que protegieran a los diputados de las inclemencias y de las acciones judiciales.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- El señor diputado Albrisi le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. PICHETTO.- No voy a conceder ninguna interrupción, señor presidente.

Se hacen discursos con ligereza pensando más en las cámaras de televisión y se presenta al Congreso como el ámbito del descrédito y del privilegio en relación con los fueros, lo que sostengo que no es cierto.

Existe una doctrina sentada en el año 1989 por un importante constitucionalista de la Unión Cívica Radical, el doctor Vanossi, que abrió claramente el camino en el sentido de que los legisladores no tienen inmunidad de proceso y sólo poseen inmunidad de arresto. Esta doctrina ha sido seguida por el doctor Durañona y Vedia y por quien ejerce la Presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el señor diputado Carlos Soria. Así lo hemos hecho saber también a la Justicia, y respecto de cualquier tipo de acción judicial seguida contra un legislador el juez puede citarlo, porque lo que constitucionalmente está consagrado es la inmunidad de arresto.

Por lo tanto, no es cierto el argumento que presenta el tema de los fueros como un esquema de protección. La Cámara de Diputados ha sostenido aquel criterio reiteradamente desde la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Vale la pena señalar que esta Cámara sancionó prácticamente por unanimidad el proyecto de ley de ética pública, que no sólo establece un régimen de transparencia en orden al conocimiento que puede tener cualquier ciudadano sobre las declaraciones juradas de los representantes del pueblo y de los funcionarios, sino que manda publicar dichas declaraciones juradas en el Boletín Oficial. Precisamente esa fue la postura de nuestro bloque durante el debate de esa iniciativa, acompañada por casi todas las restantes bancadas.

Por lo tanto, estamos trabajando y bregando para dar total claridad a esta cuestión. Es fundamental no engañar a la ciudadanía con cuentas ocultas en el extranjero, con bienes que no se denuncian o que se denuncian a un precio menor. Pretendemos que exista certeza en los datos informativos.

Asimismo, conviene destacar que nuestro bloque ha impulsado iniciativas tendientes al fortalecimiento de las instituciones. Es así que hemos trabajado de común acuerdo en el seno de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales con los diputados de la Unión Cívica Radical y de los partidos provinciales para proyectar y sancionar una ley trascendente como la del Consejo de la Magistratura. Cabe hacer notar que el único bloque que no avaló esta importante sanción que se vincula con una Justicia independiente fue el del Frepaso. Fue la única bancada que no acompañó esta importante decisión.

Sr. PICHETTO.- La verdad es dolorosa, pero es la verdad.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia ruega al señor diputado que no haga alusiones que den lugar a un nuevo debate.

Sr. PICHETTO.- Otra iniciativa importante fue la del Ministerio Público, que esperamos que el Senado la sancione a la brevedad.

También reafirmamos y apoyamos con voluntad política la necesidad de la ratificación por el Senado de los fiscales. Además le dimos estabilidad a la Procuración, ya que no tenemos ningún temor y queremos que sea el organismo que investigue en la Argentina. También estamos trabajando en una próxima reforma sobre el rol del fiscal acusador para fortalecer la seguridad pública y una justicia independiente en el país.

Sr. POLINO.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. PICHETTO.- No voy a conceder interrupciones.

Quiero hacer también una reflexión en orden a las expresiones vertidas por el señor diputado Cavallo. Hay muchos temas que deben ser investigados y muchos otros acerca de los cuales esa investigación debe llegar a su fin y donde hay responsabilidad política funcional del ex ministro, hoy diputado nacional. En la comisión antimafia hay una causa del oro que involucra fundamentalmente a uno de sus principales funcionarios. En el caso IBM-Banco Nación, se lo citó reiteradamente y lamentablemente no pudo, no quiso o tal vez evidentemente tuvo problemas que le hicieron imposible presentarse en la comisión para referirse a esa cuestión en la que están ligados por la responsabilidad penal funcionarios que tienen una historia de treinta años de amistad, como es la que une al ex ministro de Economía con el ex presidente del Banco Nación, Aldo Dadone.

Estos temas deberán seguir siendo investigados por esta Cámara. Vamos a bregar por la prórroga de estas comisiones. No tenemos ninguna voluntad de ocultar nada. Por eso, nuestro bloque trabajará fuertemente en el esclarecimiento de estos hechos.

De esta forma dejo sentada la posición de la bancada Justicialista reiterando el pedido de pase a comisión para seguir avanzando en esta delicada cuestión de privilegio planteada en el ámbito del recinto. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia informa al cuerpo que están anotados para hacer uso de la palabra los señores diputados Cavallo, Ayala, Melogno, Fernández, Albrisi, Abalovich, Alessandro, Polino, Estévez Boero, Francos y Alvarez, pero como estamos fuera de tema someterá directamente a votación de la Cámara el pase del asunto a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Se va a votar.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sr. ALVAREZ.- Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. ALVAREZ.- Señor presidente: resulta vergonzoso que con su Presidencia tengamos que apelar a las cuestiones de privilegio para hacer valer el reglamento.

El señor diputado Pichetto me mencionó explícitamente en tres oportunidades durante su intervención y usted debió darme la palabra, por haber sido aludido, tal cual lo indica el reglamento. Esto es algo elemental.

A usted le aburrirá este debate, señor presidente, pero no puede terminar con las agresiones de este joven menemista fundamentalista. Este debate no cierra cuando ustedes quieren. No lo puede cerrar usted arbitrariamente después de lo que dijo este muchacho que quiere hacer méritos en el menemismo... (Aplausos.) Me da un poco de lástima que un hombre tan joven...

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia le solicita que modere sus expresiones, señor diputado, guardando el decoro y el respeto que nos debemos.

Sr. ALVAREZ .- -Si me deja hablar, señor presidente, voy a continuar. Esta es la opinión de un viejo militante que se pone un poco colorado cuando ve un joven tan obsecuente y tan fundamentalista del menemismo. Digamos que la juventud debería servirle para causas más nobles que para el fundamentalismo menemista. (Aplausos.)

Ya no va a poder hacer carrera dentro del menemismo, porque éste está agotado; se acordó tarde de la obsecuencia...

Sr. ALVAREZ.- El caso de la señora diputada Alarcia es distinto, señores diputados, porque la madre es menemista desde la primera hora; pero estos son arribistas que se suben al barco...

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Así no podemos continuar, señores diputados.

En uso de las atribuciones que le confiere el reglamento de la Honorable Cámara, la Presidencia invita a pasar a un breve cuarto intermedio en las bancas. Invito a los presidentes de bloque a una reunión para conversar acerca del desarrollo de la sesión.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Continua la sesión.

La Presidencia había interrumpido al señor diputado Alvarez en el uso de la palabra, quien seguramente estará de acuerdo con que no se podía continuar en aquél clima de desorden. En consecuencia, la Presidencia le solicita que concluya su exposición.

Sr. ALVAREZ.- Señor presidente: en función de la importancia del tema que nos ha convocado, consistente en nada más y nada menos que las altas tarifas de los peajes en la Argentina, retiro la cuestión de privilegio que estaba planteando.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Conforme a las consultas efectuadas con los presidentes de bloque, habremos de continuar con el tema de fondo para el que se convocara a la presente sesión.

A pedido del interesado -el señor diputado Cavallo- y conforme se acordó con otros señores diputados, la Presidencia ya dio orden para que se ubique al señor secretario Administrativo a fin de que se haga pública la declaración jurada del señor diputado.

Apenas contemos con la presencia del señor secretario, procederemos a la apertura del sobre y a constatar si existe algún tipo de declaración sobre las materias debatidas, haciéndola pública como corresponde según lo establece la reglamentación.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- A continuación pasaremos a considerar los proyectos de ley incluidos en la convocatoria a sesión especial. Se trata de los proyectos de los señores diputados Neder y otros (expediente 550-D.-97), Abalovich y otros (expediente 5.807-D.-97), y Maqueda y otros (expediente 6.886-D.-97), relacionados con las tarifas de peaje.

Además serán tenidos en cuenta como antecedentes los proyectos contenidos en los expedientes números 6.596-D.-97, 6.597-D.-97, 6.598-D.-97, 29-D.-98, 32-D.-98, 55-D.-98, 63-D.-98, 101-D.-98, 114-D.-98, 121-D.-98, 130-D.-98, 131-D.-98, 145-D.-98, 190-D.-98, 201-D.-98, 214-D.-98, 215-D.-98, 219-D.-98, 234-D.-98, 255-D.-98, 265-D.-98, 297-D.-98 y 313-D.-98.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. MARTINEZ GARBINO.- Señor presidente: la enumeración efectuada por Secretaría de los distintos proyectos está demostrado el ato interés que este tema ha despertado en los señores diputados. ¡Celebro que así sea!

Vamos a tratar un asunto referido a los problemas cotidianos de la gente. Quizá sea el comienzo de un puente que debe establecer este Congreso hacia la sociedad argentina. Para abordarlo podemos utilizar diversos andariveles: hacer discursos declarativos, meramente para la prensa y con réditos a corto plazo -es decir, el discurso del eslogan fácil-; o buscar el discurso concienzudo y fundado, que persiga al objetivo que nos motiva a todos: resolver cuestiones muy sensibles.

Celebro el interés de los señores diputados, reflejado en su concurrencia a este recinto, porque quizá sin darnos cuenta hoy estemos tibiamente comenzando a andar un camino que nos conducirá a un gran debate que nos debemos todos en la Argentina: el del Estado que se avecina, el del Estado que queremos, es decir, el Estado posprivatizaciones.

A lo mejor este Estado debe implicar un desafío a nuestra imaginación para dar respuesta a los millones de argentinos que en estos largos años -hablo de largos años, porque no han sido fáciles, sino duros- han estado esperando soluciones.

Para referirme al tema de los peajes, someramente voy a tener que hacer mención a qué significaron las privatizaciones en la Argentina. Luego entraremos puntualmente al tema porque un análisis negativo sobre las privatizaciones o sobre el proceso de transformación que hemos vivido no nos conduciría a nada. Sin duda algunos errores se han cometido y nos obligan a abordar ciertas cuestiones que hay que resolver.

Someramente voy a explicar en qué marco económico y social comienza este proceso de transformación social en la Argentina: con cuatro dígitos de inflación en los precios minoristas entre 1989 y 1990, con tres dígitos de aumento de precios en el índice de la construcción y con tasas activas que según el Banco Central en 1990 superaban el 300 por ciento.

En tal marco se empezaron a dar las privatizaciones. Había que encontrar una solución rápida en nuestro país porque la degradación social y el caos iban acompañados por movilizaciones que implicaban un robo diario a los bolsillos de los argentinos.

O sea que había que resolver la cuestión de fondo, y para alcanzar la estabilidad en nuestro país fundamentalmente había que lograr un presupuesto equilibrado. Para ello era necesario atacar un elemento esencial: el déficit. El déficit crónico en la Argentina se daba en las empresas públicas. Quizás ahora, después de nueve años, resulte fácil hacer un análisis tranquilo o postergar para otra sesión el tratamiento de estos temas. Hace nueve años se tuvieron que tomar definiciones y en ese entonces ya era tarde: había que adoptarlas ayer porque hoy era tarde.

Con esto no pretendo justificar todo sino sentar un elemento que sirva para comprender este fenómeno de transformación que, más allá de los juicios de valor, ha logrado una Argentina distinta. El dato objetivo de la realidad es que existe una nueva Argentina.

Además de esta finalidad, con las privatizaciones -algo de lo que en general se habla poco- se borró de plano la oportunidad de un negocio: la denominada corrupción estructural. Creo que este también es un elemento a tener en cuenta en el haber de nuestro gobierno.

Las transformaciones -y en este caso las privatizaciones que prácticamente fueron su eje central- tuvieron en cuenta tres elementos: mejorar los servicios de aquellas actividades de interés general que el Estado no podía atender por falta de recursos, o porque lo hacía mal, en forma irregular o tardíamente. Por otro lado, había que cumplir con una obligación primaria, la de brindar los servicios a todos los habitantes por igual, a fin de que no existieran ciudadanos de primera o de segunda y que sus beneficios alcanzaran a todos, situación que en aquel entonces el Estado no estaba en condiciones de lograr.

Por último me voy a referir a un asunto que nos toca muy de cerca: el costo de los servicios. En este sentido habría que lograr disminuir dichos costos; es decir, mejorar su calidad a un menor costo.

Todo esto se traduce en el mejoramiento de la calidad de vida de los argentinos.

Estos son los tres parámetros que hoy nos deben permitir analizar más tranquilos cómo ha sido este proceso, en qué nos hemos equivocado, en qué hemos acertado y qué falta realizar.

Entremos ahora a analizar el tema de las concesiones del corredor vial. La red troncal vial nacional alcanza aproximadamente 10 mil kilómetros y ha sido construida gracias al bolsillo de los argentinos por vía de aquellos famosos impuestos a los combustibles, a los neumáticos y a los lubricantes. Pero existe un elemento novedoso respecto de este asunto y es que la concesión por conservación y mantenimiento tiene origen en un decreto del año 90. Esto nos va a servir para analizar en profundidad el tema. Normalmente el peaje se concedía por obras a realizar. Aquí tiene mucho que ver el aspecto de las tarifas y las obligaciones que asumían los concesionarios.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia solicita a los señores diputados que guarden silencio a fin de poder escuchar al orador que está en el uso de la palabra. Según lo acordado por los titulares de bloque, la hora de votación sería las 22. De manera que si algún señor diputado tiene algo que conversar, le pido que lo haga fuera del recinto, para no interrumpir al orador que se está refiriendo a un tema muy importante.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. MARTINEZ GARBINO.- Decía que las tarifas no podían representar una cuantía mayor del valor económico en sí del servicio que se ofrecía, teniendo en cuenta los intereses, los plazos de amortización y las tasas de transitabilidad que cada concesionario daba a su corredor vial y pretendía obtener. En estas condiciones -considerando un marco hiperinflacionario, y con un parque automotor que con mucha bondad podemos decir que se había incrementado en cuarenta, cincuenta o sesenta mil vehículos anuales y se traducía en poco tránsito- se dieron concesiones a cambio de una mera conservación y mantenimiento, en algunos casos -muy residuales- con alguna pequeña obra a su cargo, como podría ser la señalización de banquinas.

En estos cuadros tarifarios cabe aclarar que el valor del cobro está dado fundamentalmente por costos fijos, muy poco por costos variables, los cuales tienen que ver esencialmente con el aumento de la transitabilidad, sobre todo con el aumento del transporte de carga pesada.

En aquel momento de inestabilidad económica e incertidumbre total se utilizaron parámetros o tasas de transitabilidad muy altas. Esto llevó a que apenas transcurridos seis meses -nos remontamos a marzo de 1991- nuestro presidente diera a conocer el decreto 527, del que voy a leer sólo algunos párrafos porque compañeros de mi bancada seguramente después realizarán un análisis más profundo sobre el particular, así como lo harán también integrantes de otros bloques.

En los considerandos del decreto podemos leer: "Que, asimismo, el sistema tal como ha sido estructurado ha demostrado ser contrario al interés general -al cual el Estado debe irrenunciablemente orientar su actividad-, ocasionando serias distorsiones económicas en el proceso de creación, distribución y comercialización de los bienes y servicios que se producen y prestan en el territorio de la República. Se han visto también afectadas economías regionales y actividades que hacen al interés público, por las que el Estado debe velar, posibilitando un marco igualitario que favorezca un armónico crecimiento con verdadero sentido federal. Las mencionadas distorsiones afectarán, de continuar, el propósito de reducir el aumento de los precios que anima la política económica del Gobierno Nacional."

No nos olvidemos de que hablamos de las principales rutas del país, que convergen hacia los centros de ingente densidad poblacional y mayor intercambio comercial, es decir que esto tiene un fuerte impacto en las economías regionales.

Más adelante seguimos leyendo: "Que los niveles tarifarios vigentes resultantes de la aplicación de las mecánicas previstas se muestran absolutamente desproporcionados en relación al servicio que se presta y a las inversiones realizadas y a realizar, tendiendo a convertirse en abusivos desde el punto de mira del usuario destinatario del servicio."

Esto se encuentra en consonancia con lo que establecen los artículos 57 y 58 de la ley 23.696, de Reforma del Estado, que se refieren a la necesidad de que exista una adecuación, una razonabilidad entre las inversiones efectivamente realizadas y los ingresos netos que van a tener los concesionarios.

Con el decreto 527 las concesiones dejaron de ser onerosas. El canon que debían pagar las empresas concesionarias sobre 18 corredores viales en el país se cambia por una indemnización o subsidio que no era igual para todos los concesionarios y que dependía de la tasa de transitabilidad. Se rebaja el cuadro tarifario, llevándoselo a un peso cada cien kilómetros. Este fue el primer esfuerzo que se hizo para lograr de alguna manera reacomodar estas concesiones que fueron creadas en un marco modificado sustancialmente y que requiere buscar otros carriles para que se mejore la situación.

En 1992 se dicta el decreto 1817, que de alguna manera afecta nuevamente en forma indirecta los cuadros tarifarios. No ahondaré mucho en este tema porque otros señores diputados se referirán al mismo en detalle.

El Estado jamás renunció a la posibilidad de readecuar estos contratos. Tanto es así que el 5 de abril de 1995 tenemos el decreto 489, que habilita la posibilidad de rediscutir y renegociar estos contratos. En estos tres años -próximos a cumplirse en abril- solamente se ha renegociado un contrato: el que corresponde al corredor vial número 18, es decir, la ruta nacional número 12 -tristemente conocida como "ruta de la muerte"-, que a partir de Ceibas se denomina ruta nacional número 14. Son 620 kilómetros que tienen su inicio en la provincia de Buenos Aires, atraviesan Entre Ríos y culminan en Paso de los Libres, Corrientes.

El decreto 489, que si bien puede merecer distintos juicios de valor manifiesta la voluntad del gobierno en el sentido de lograr una readecuación, fija diversos parámetros y caminos para resolver esta cuestión. Por ejemplo, prevé la extensión del plazo de la concesión para realizar mejoras en el corredor vial. De alguna manera esta renegociación fue criticada, pero es perfectible; las empresas seguían obteniendo grandes ganancias sobre la base de los contratos originarios de 1990. Por lo tanto, mediante ese decreto se cambió "obras a realizar" por un mayor plazo de la concesión.

Pero he aquí que un dictamen de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Reforma del Estado determina que las condiciones de esta renegociación son de carácter excepcional y no se pueden extender a los demás corredores viales. Ello, porque la renegociación se llevó a cabo a raíz de la gran presión que se ejerció en la provincia de Entre Ríos. Sin embargo existía una situación similar en otros corredores concesionados, donde las trochas medían 6,70 metros cuando deben ser de 7,30 metros, que es la medida universal. En consecuencia, los camiones de gran porte se tocan al pasar simultáneamente por un lugar. A ello obedece el gran índice de siniestralidad que se registra en estas rutas. Fíjese, señor presidente, que el 70 por ciento de los accidentes de tránsito corresponde a las rutas concesionadas.

Por otro lado, los contratos del año 1990 no previeron la explosión de tránsito que provocaría el Mercosur: tengamos en cuenta que por estas rutas se produce el 56 por ciento del intercambio comercial con el Brasil. Así, de un parámetro no superior a los cuatro mil vehículos previsto en la casilla de Zárate, hoy observamos que transitan alrededor de 7.500 vehículos.

En el mes de julio de 1997 el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos emitió la resolución 800...

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Señor diputado: la señora diputada Carrió le está solicitando una interrupción por intermedio de esta Presidencia.

Sr. MARTINEZ GARBINO.- La concedo, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Para una interrupción tiene la palabra la señora diputada por el Chaco.

Sra. CARRIO.- Señor presidente: en alguna parte de su exposición el señor diputado por Entre Ríos hizo alusión a un dictamen de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Reforma del Estado -que yo desconocía-, pero no me quedó en claro si allí se establece que, salvo para el corredor citado, no puede utilizarse el mismo procedimiento de renegociación en otros.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. MARTINEZ GARBINO.- Lo que dice ese dictamen es que las condiciones de excepcionalidad que permitieron esa renegociación no son extensibles a los demás corredores. Es decir que no se podría imitar el procedimiento de solicitud de la extensión del plazo de la concesión, ya que las condiciones establecidas para aquel corredor eran de carácter excepcional. Esto es lo que determinó la citada comisión bicameral, de la cual no formo parte.

Quiero con esto exponer en forma sucinta cuál es la situación y cuáles son los pasos que se han dado. Evidentemente, la resolución 800, que viene de alguna forma a convalidar las actas acuerdo celebradas con los concesionarios, escapa un poco de lo que es el decreto 489, pero éste es una herramienta vigente que tiene el Estado para renegociar todo esto en función, como lo dice en sus considerandos, de atender el interés general y el de los usuarios, que está por encima del de los concesionarios. Eso implica readecuar toda esta situación, que es la tarea primordial del gobernante.

La resolución 800, a su vez, congeló los aumentos del año 1997. No se dieron aumentos tarifarios y se fijaron las deudas por subsidios e indemnizaciones que debía el Estado a las empresas.

Ha culminado el año 1997 y se conocen estos nuevos aumentos aceptados por el gobierno a través del Ministerio de Economía, que en promedio alcanzan el 10 por ciento, aunque en algunos corredores han superado el 14 por ciento y en otros oscilan en alrededor de un 4 por ciento.

Se dio el caso -porque los aumentos no son de aplicación automática- de que algunos concesionarios suspendieron la aplicación del aumento, como es el caso de la provincia de Entre Ríos.

Hoy tenemos un marco totalmente diferente del cual no podemos apartarnos. Existe estabilidad, con una inflación del 0,3 por ciento para el año pasado, cifra que es casi similar a la de 1996. Se ha incrementado el parque automotor argentino en cerca de 500 mil unidades por año, tomando la producción nacional y los cupos de importación; y esto indudablemente repercute en el mayor tránsito que se nota en las rutas concesionadas, que son las que convergen a las ciudades más importantes y a los centros de mayor densidad poblacional.

Debemos agregar lo que señala el artículo 42 de la Constitución reformada en 1994, que se refiere a la necesidad de velar en todas estas cuestiones por la protección del usuario frente a los monopolios naturales que se pueden dar. No debemos olvidar que lamentablemente en la mayoría de los casos no hay rutas de alternancia y se hace necesario compensar esas dificultades materiales que se dan. Se han dado estos monopolios naturales, entonces.

Una de las cuestiones que debemos analizar con profundidad es el concepto de peaje. En una ecuación actual cualquier usuario para acudir a una ruta debe pagar un costo representado por la tarifa y en donde el beneficio que recibe debe ser mayor. En esta cuestión, más que utilizar un eslogan, debemos realizar un debate serio y profundo, a fin de llegar a una conclusión práctica y para que las cuestiones cotidianas de la gente, que son esenciales, puedan resolverse.

Frente al concepto del peaje, la pregunta que nos hacemos todos es qué ocurrió en la Argentina o qué cambió entre el 11 y el 13 de enero de este año, cuáles fueron los mayores costos que se originaron en los distintos corredores y cuáles fueron los mayores beneficios que los usuarios empezaron a percibir a partir del 13 de enero. Este es el interrogante que debe ser respondido.

No deseo alargar la cuestión porque creo que este es un debate donde todos debemos aportar algo. Entendemos que corresponde una suspensión, pero no con una mera manifestación declarativa sino a través de una herramienta más importante como es la de una ley. En ese sentido proponemos una suspensión por 120 días, tiempo que nos ha de permitir reanalizar todas estas cuestiones, que a nuestro entender son legítimas dudas e interrogantes sobre las inversiones efectivamente realizadas por los concesionarios, si fueron realizadas en el tiempo oportuno y si guardan relación con el costo de la tarifa que paga el usuario teniendo en cuenta los elementos macroeconómicos, por ejemplo, la estabilidad, la inflación cero y un parque automotor en permanente crecimiento, producto de esta transformación que no es casualidad ni un regalo de la naturaleza sino del esfuerzo de un gobierno con el fin de mejorar la calidad de vida de los argentinos.

Entendemos que mediante esta iniciativa no estamos poniendo piedras en el camino; por el contrario, hacemos fe de este proceso de transformación. Además, por haber sido sus principales responsables pretendemos asumir el compromiso hasta sus últimas consecuencias a fin de que se llegue a buen puerto y se cumpla la finalidad esencial y primitiva, cual es la de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Este es el fundamental planteo que hoy estamos haciendo aquí. Seguramente con el correr de los minutos aparecerán nuevos elementos y quedará en claro que no estamos tras el botín que representan los consumidores. Estamos dando el primer paso para reformular el Estado que queremos -más allá de que a algunos no les guste-, la nueva Argentina, de la cual nuestro gobierno no pretende adueñarse sino ser protagonista a fin de que se den las condiciones para que en el país no haya ciudadanos de primera y de segunda.

Invitamos a la Honorable Cámara a un debate profundo sobre las regulaciones, la fiscalización y los controles en la Argentina. Además, para despejar cualquier duda acerca de que hayamos hecho uso circunstancial de este tema, aclaro que desde hace más de un año se han presentado diez proyectos vinculados no sólo con esta temática sino también con el real funcionamiento de los entes reguladores y la participación de usuarios y consumidores para poder pergeñar definitivamente la institución de la audiencia pública con la participación de todos los protagonistas a fin de que temas esenciales como es el de la fijación de las tarifas dejen de estar en manos de cuatro o cinco funcionarios que no sabemos qué elementos técnicos o económicos tienen en cuenta para llegar a determinadas ecuaciones.

Por otra parte, es necesario democratizar la verdad, y la única manera de hacerlo es abriendo el debate, porque la verdad que queda encerrada entre cuatro paredes se vuelve sospechosa.

Por las razones expuestas invitamos al resto de los bloques que integran la Honorable Cámara a que nos acompañen en la sanción de esta iniciativa que determina que por ciento veinte días se suspenderán los aumentos en las tarifas a efectos de que pueda realizarse un estudio profundo del tema y, en ese ínterin, no se produzca ningún acto administrativo que implique una modificación en las concesiones.

Sr. MARTINEZ GARBINO.- Al mismo tiempo, debemos continuar con nuestra iniciativa de definir el Estado post privatizaciones, especialmente en lo relativo a las regulaciones, fiscalizaciones y control.

Invitamos al resto de los bloques a participar de este debate, porque hay un tema que desborda las pertenencias partidarias y que corresponde a toda la sociedad argentina: el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, que probará que el esfuerzo realizado no ha sido en vano sino para el bien de todos. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (PASCUAL).- Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. ABALOVICH.- Señor presidente: celebro la posibilidad que hoy tenemos de abordar un tema vinculado con las concesiones y el peaje.

Por supuesto, no se trata de un tema nuevo para el bloque que represento, ya que durante muchos años ha venido avalando esta inquietud a través de la presentación de distintos proyectos y ha tenido inclusive pronunciamientos orgánicos del partido político que integro.

Celebro que el oficialismo esté dispuesto a debatir este asunto, aunque no ya en el marco de una reforma del Estado que quedó en el tiempo. La dinámica de la realidad nos exige brindar soluciones sobre temas que son actuales.

Recogiendo los mismos argumentos del señor diputado preopinante, señalo que si este incremento no se hubiera producido o no hubiese tenido una fuerte repercusión social seguramente ahora no estaríamos debatiendo esta cuestión que desde hace varios años queríamos encarar.

Ese incremento promedio del 10 por ciento y la reacción de los sectores intermedios, fundamentalmente del primario, ante la imposibilidad de trasladarlo a los precios se refleja con un simple ejemplo: para aquellos que transportan granos a lo largo de 400 kilómetros por los corredores de mayor tránsito la incidencia en sus costos representa un 4,8 por ciento.

Esto evidencia la gravedad de la situación y la necesidad de encontrar una solución al problema. Sin embargo, me temo que esta solución que se persigue no podrá resolver otros problemas que no alcanzamos a distinguir con nitidez. Hasta el momento no ha habido una sola expresión que determine si todas las obras de los corredores concesionados fueron realizadas en término desde el momento en que se inició la concesión y si realmente se cumplió en forma acabada con los contratos de concesión celebrados oportunamente, que fijaban no sólo el monto de la concesión sino también las obligaciones de la empresa permisionaria y la determinación del costo-beneficio, todo ello a fin de obtener una valuación más aproximada a la realidad en vez de fijar un impuesto encubierto, como ha ocurrido hasta el presente.

Además de que este hecho ha sido agendado por la gente se presenta una situación difícil de desentrañar, porque a partir del anuncio del Poder Ejecutivo de llevar adelante la construcción de 10.000 kilómetros de autopistas se ha abierto una discusión que va más allá de su ubicación o de sus bondades y beneficios, planteándose un conflicto de intereses entre la Cámara Argentina de la Construcción y algunas empresas permisionarias que están ansiosas de participar en tan rentable negocio.

Si bien es cierto -como decía el señor diputado preopinante- que en algún momento la reforma del Estado se realizó dentro del marco de la situación que se vivía, donde existía una gran expectativa inflacionaria, también lo es que muchos de los corredores que se entregaron en construcción en ese mismo marco inflacionario acababan de ser reasfaltados y las obras que debían llevarse a cabo eran mínimas. Sin embargo, no se cumplió con las responsabilidades más elementales que contenían los contratos de concesión.

La incorporación del artículo 58 de la ley 23.696, de reforma del Estado, por el que se faculta al Poder Ejecutivo a celebrar convenios para entregar esas concesiones, ha facilitado que se maneje de manera aviesa la renegociación de muchos corredores viales.

Es el caso, por ejemplo, de las tarifas que se discuten en función del plazo del convenio, o los subsidios por parte del Estado, cuando por otro lado se levantaba el discurso de la corrupción estructural. Es decir que el Estado seguía subsidiando uno de los negocios más rentables que se había implementado a partir de la reforma del Estado.

Estos son los temas que tenemos que discutir, porque a uno a veces legítimamente le puede surgir cierto temor de terminar beneficiando a alguien que tiene intereses ocultos; porque no vaya a ser que con este proyecto -con el cual estamos comprometidos desde hace mucho tiempo-, terminemos simplemente poniendo un paño de agua fría en esta disputa interna encarnizada entre quienes pelean por la adjudicación de los distintos corredores viales, ya sea los que funcionan o los que se construyan en el futuro. Es decir, no vaya a ser que este tema -que nosotros tratamos como un reclamo de la gente, y aun del productor que no puede transmitir los mayores costos a los precios- permita blanquear el camino para otro de los negocios espurios que en nombre de la reforma y modernización del Estado se han implementado en la Argentina.

Entonces, esto no se agota con la suspensión o con la creación de una comisión investigadora, porque cuando este proyecto de ley siga los pasos que tenga que seguir en el marco de la Constitución, en una de esas se estarán renegociando los corredores viales o se estarán licitando algunas obras, con lo cual llegaremos post mortem de los acontecimientos.

Por otra parte, más allá de las expresiones...

Sr. ALVAREZ ECHAGUE.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. ABALOVICH.- Sí, señor diputado.

Sr. PRESIDENTE (PASCUAL).- Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. ALVAREZ ECHAGUE.- Señor presidente: lamento tener que interrumpir al señor diputado Abalovich con quien no niego me liga una amistad muy sincera; pero tal vez pueda contribuir a que este debate cuente con el concurso de todos nosotros en favor de una solución en esta etapa que bien decía el señor diputado Martínez Garbino es la de las postprivatizaciones, donde el Estado debe recobrar el rol de árbitro de los conflictos sociales.

Aquí hay que tener en cuenta que nosotros no hemos privatizado los servicios públicos. Este es un concepto que algunos manejan en forma equivocada. Aquí lo que privatizamos es la gestión del servicio público. Por lo tanto, el Estado no ha perdido el control.

El señor diputado se pregunta qué va a pasar después de la suspensión, y yo quiero expresar qué pasó antes. El 4 de septiembre de 1996 la comisión bicameral de seguimiento de las privatizaciones del Estado, integrada por distintos hombres y mujeres representantes de los partidos políticos de esta Cámara, emitió un dictamen diciendo que el Poder Ejecutivo debía abstenerse de dictar acto administrativo alguno que afectara derechos de terceros hasta tanto se informara a la comisión bicameral de una serie de puntos aludidos por el señor diputado Martínez Garbino. Había que ver si se cumplía con la ley 23.696, que habla de rentabilidad adecuada, de la inversión efectivamente realizada y de la eficiencia y calidad del servicio, y mucho más; si se tuvo en cuenta que las condiciones habían cambiado en favor de los concesionarios y que la potestad variandi del Estado no era para el concesionario sino también para los usuarios, toda vez que en esto de las privatizaciones juegan un rol preponderante el Estado, el concesionario y los usuarios.

Para colmo de males, en la comisión bicameral el secretario de Obras Públicas dijo -y yo como justicialista no puedo aceptarlo- que el Estado está debilitado frente al concesionario.

Insistimos en la suspensión por 120 días pero no sólo por el hecho de suspender sino para que se cumpla con dos decretos: el 527/91, de la época en que era ministro el doctor Cavallo, y el 489/95, en el que el presidente de la Nación mandaba renegociar los contratos.

Por ello pido al señor diputado que hablemos en positivo; debemos reconocer que hay cosas que se han hecho. Y da la casualidad que esta comisión, que es mandataria de este cuerpo, está integrada por compañeros de su bloque que también firmaron este dictamen, pero no a favor de los concesionarios sino a favor de los usuarios.

Eso es todo lo que quería decir y discúlpenme por esta intervención tan prolongada.

Sr. PRESIDENTE (PASCUAL).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. ABALOVICH.- Señor presidente: no pongo en tela de juicio -y permítaseme que responda al colega amigo- el dictamen al que hace referencia.

Sí estoy habilitado, habida cuenta del proceso y la historia del manejo de los corredores viales, para tener una legítima sospecha o por lo menos una duda.

Esperemos que el hecho de estar suspendiendo por cierta cantidad de tiempo el aumento de referencia no sirva para generar un escenario en el que los grandes factores de poder y otros intereses que no se compadecen con la necesidad de la gente sean los que diriman cómo se van a repartir los corredores viales vigentes y los que se harán en el futuro de acuerdo con las promesas realizadas por el presidente de la Nación.

Hay prórrogas pendientes. No falta mucho tiempo para que un negocio tan rentable se vuelva a adjudicar. No estamos en año electoral y creo que este es el tiempo oportuno para maniobrar en este sentido.

A eso me refería. A veces estas advertencias no alcanzan y llegamos post mortem a algunos acontecimientos.

Si vamos a hacer alguna cita legal, debemos decir que nuestra Constitución no prevé el peaje. Hemos necesitado un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para convalidarlo: "Estado Nacional contra Arenera Libertador S.R.L.", dictado en 1991. Nuestro tribunal superior determinó de manera casi taxativa las facultades de todo el sistema de peaje y los derechos de un lado y de otro.

Mucho me temo que, pese a ese fallo y a los organismos de contralor -que no existen o que no funcionan adecuadamente-, muchas de esos requisitos no se cumplan.

Voy a citar uno de ellos, y permítanme leerlo: "Transitoriedad, atento que su imposición se relaciona con la cobertura del costo de una construcción y para el caso de servicio de mantenimiento o seguridad, el monto deberá reducirse proporcionalmente una vez concluida la obra."

En las concesiones de los corredores viales se han dado obras a construir y otras que los adjudicatarios prácticamente han estrenado. En estos últimos casos la única tarea era el mantenimiento y sin embargo han experimentado un aumento permanente y, como si esto fuera poco, subsidiado por el Estado.

Con el mayor de los respetos por el señor diputado Alvarez Echagüe, debo manifestar que tenemos visiones distintas en cuanto a la reforma del Estado o en cuanto a su implementación.

Todos queremos un Estado moderno y que nuestra red vial funcione adecuadamente. Queremos también -tenemos antecedentes sobrados- integrarnos al Mercosur. Pero lo que no queremos es que el Estado sea -como algunos sueñan- la patria del privilegio y de la prebenda.

Todos nos pronunciaremos afirmativamente, porque si en algo coincidimos es en la imperiosa necesidad de evitar el aumento de los peajes en nuestros corredores viales. Creo que es tiempo -aquí recojo el desafío que nos ha hecho el representante de la bancada mayoritaria- de discutir sin demoras el marco legal regulatorio.

No podemos continuar con la vieja ley 17.520, del año 1967, con la modificaciones incorporadas por la gestión Dromi. Esta no es la Argentina de aquel tiempo. Estas tampoco son las medidas ni los resultados que posiblemente vislumbraron aquellos que acompañaron con su voto la sanción de aquella normativa. Tenemos que adecuar nuestra legislación a una nueva realidad, a una forma de vida distinta y a un sistema de comercialización diferente.

Hoy nos urge el tema del Mercosur y la integración con otros países latinoamericanos. Necesitamos nuevos corredores viales, pero no empresas prebendarias. Reitero lo señalado sobre el proyecto del ingeniero Laura sobre los 10 mil kilómetros de rutas: no vaya a ser que, persiguiendo un objetivo con seriedad y responsabilidad, facilitemos el terreno para que esta disputa de intereses espurios tenga el tiempo suficiente como para que cuando termine o cuando el Poder Ejecutivo sancione este proyecto de ley, se hayan renegociado nuevos contratos o se encuentre repartida la red vial de nuestro país. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (PASCUAL).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. GIUSTINIANI.- Señor presidente: en nombre del bloque del Frepaso coincidimos con tres aspectos planteados por el señor diputado preopinante. Además, hemos coincidido con el bloque de la Unión Cívica Radical en un proyecto que defina una serie de cuestiones.

En primer lugar, queremos retrotraer los valores del peaje al 13 de enero próximo pasado. En segundo término, deseamos suspender todo acto administrativo que signifique la renegociación de los actuales contratos. Finalmente, proponemos la conformación de una comisión investigadora.

Algún visitante desprevenido que ingrese al Congreso de la Nación podría sorprenderse y no distinguir a los bloques oficialistas y opositores que tratan este tema. Realmente, nos alegran las opiniones vertidas durante el día de hoy y el conocimiento de los proyectos presentados, en el sentido de que esta Cámara sancionaría un proyecto de ley que anularía el aumento del peaje autorizado por el gobierno nacional a partir del 13 de enero.

Sin embargo, hay una diferencia en las distintas ópticas por las cuales llegamos a la misma conclusión. En primer lugar, este hecho -que va a favorecer a los productores agropecuarios del interior del país, que ha sido solicitado por los comerciantes y que va a beneficiar a todos los usuarios- es altamente positivo, pero no podemos hablar de él sin mencionar las movilizaciones realizadas el 22 de enero en la ruta que pasa por la ciudad de Correa, provincia de Santa Fe, y en la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos; el 29 de enero en la ruta 9, en las proximidades de Villa María; el 1° de febrero en la ruta 41, en Mercedes, Buenos Aires; el 10 de febrero, en la ruta 188, entre San Nicolás y Pergamino; yel 27 de febrero, en la ruta 36, a la altura de Gigena, Córdoba.

Evidentemente, estas movilizaciones de usuarios y productores influyeron para que hoy esta Cámara de Diputados de la Nación pueda retrotraer los valores del peaje.

Tampoco podemos dejar de mencionar por qué se plantea el aumento del peaje. Para ello debemos remitirnos a las condiciones contractuales de cómo se realizaron estas mal llamadas concesiones de obras públicas, porque no es verdad que estemos sufriendo algunas consecuencias y que haya que realizar pequeñas correcciones. La verdad es que las consecuencias son el producto de un sistema pensado, diseñado y ejecutado con una sola lógica. Se planteaba que era un sistema novedoso y lo novedoso de todo fue la lógica del negocio.

Entre el 20 de noviembre de 1989 -fecha en la que se realizó la precalificación- y el 11 de septiembre de 1990, cuando se firmaron los contratos con tanta celeridad, empezamos a sufrir las consecuencias de este sistema. Por eso hoy tenemos los nombres de los notables -entre comillas- y de los responsables de esta situación. Uno de ellos es el señor Rodolfo Perales, presidente de los concesionarios viales, en ese momento asesor ad honorem del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.

Precisamente, el señor Rodolfo Perales nos dijo por medio de la prensa que tengamos cuidado, porque ellos están tranquilos e igual van a cobrar con aumento el peaje aunque nosotros dispongamos lo contrario. Además, fue él quien diseñó todo este sistema de concesión de obra vial, que tuvo por sustento jurídico a otros dos notables -entre comillas- que vuelven a la escena cuando se habla de una nueva reelección del presidente Menem: los señores Dromi y Barra.

Es fundamental suspender las negociaciones actuales, porque todo el plexo jurídico -la ley de concesión de obra pública mediante el cobro de peaje, la 17.250, y la ley de reforma del Estado, la 23.696- ha determinado, en primer lugar, la necesidad de inversión de riesgo por parte de los concesionarios, una tasa de retorno razonable y, finalmente, un beneficio económico para lo usuarios no inferior a la tarifa abonada.

Ninguna de esas tres cosas fundamentales se ha cumplido en estos años, ya que las concesiones se otorgaron sobre rutas preexistentes, lo que impidió que hubiera nueva inversión en la mayoría de los casos. Además, el nivel medio de las tarifas de peaje en las rutas en las que se estableció el sistema aumentó un 10 por ciento el costo de transporte de las personas, y un 15 el de transporte de bienes.

En cuanto a la rentabilidad surge que, frente al compromiso de gastos e inversiones ligeramente superiores a los 1.000 millones de pesos durante los doce años de concesión, las tarifas de peaje habrán de proporcionar a los concesionarios 5 mil millones de pesos.

Consideramos necesaria la formación de una comisión investigadora para ir a las fuentes y ver cómo se elaboraron los pliegos, cómo se efectuaron esas licitaciones y cómo ser firmaron los contratos. Queremos analizar también el incumplimiento flagrante de los contratos realizados y escuchar los comentarios de quien antes, como ministro, renegoció los contratos y hoy es diputado nacional, sobre el hecho de que las empresas no sólo dejaron de pagar el canon que debían al Estado sino que a través de esas renegociaciones el Estado asumió el compromiso de un subsidio oneroso para el erario, que hoy reclaman las empresas por valor de 57 millones de dólares pero que pueden transformarse en 210 millones de dólares a la finalización de la concesión.

Quiero mencionar un último punto que es muy importante. Las concesiones deben terminar en el año 2003 o antes de esa fecha si esta comisión investigadora determina elementos para que caduquen previamente. Por eso es muy peligroso lo que estamos escuchando, -me refiero a la posibilidad de extender los contratos vigentes- porque los actuales ya comprometen al próximo gobierno hasta el año 2003. Sería muy negativo que esto se extienda mucho más.

Finalmente, vuelven los notables, entre comillas. El señor presidente de la Nación, en el discurso pronunciado durante la última Asamblea Legislativa, se refirió al proyecto de autopistas para nuestro país, y aquí es donde aparece permanentemente en los medios el nombre del ingeniero Laura. ¿Quién es el ingeniero Laura, señor presidente? ¿A quién representa el ingeniero Laura? ¿Es el presidente de alguna comisión, de alguna universidad que está subsidiando las necesidades de las autopistas del país? ¿Representa tal vez a los intereses de los productores del interior a fin de analizar cómo se integra la Argentina de cara a las nuevas realidades del Mercosur? ¿Es el señor Laura el representante de los pequeños y medianos productores de la ciudad y del campo? Nuevamente es el negocio el que prima en los proyectos en nuestro país. Esto es lo que queremos revertir, y por eso el lugar para discutir los proyectos y las autopistas a futuro es este Parlamento nacional y no el ámbito de los amigos del señor presidente. La Argentina es una república y no un emirato.

Finalmente, nuestro bloque adelanta que va a votar favorablemente esta iniciativa por la que se pretende retrotraer los valores del peaje al 13 de enero próximo pasado, lo que va a desautorizar las renegociaciones que actualmente se están discutiendo con las empresas concesionarias. Esta postura coincide con la de los distintos bloques que propician la creación de una comisión investigadora. Hoy es una noche trascendente porque llevaremos a los productores y a los usuarios la rebaja del peaje, lo que constituye una iniciativa muy importante que está a punto de sancionar este Parlamento. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (PASCUAL).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. POLINO.- Señor presidente: en el tratamiento de este tema la realidad supera a la imaginación e incluso a la ficción. Estamos tratando un proyecto que tiene origen en el bloque de la mayoría y que responde a lineamientos generales del Poder Ejecutivo, que ha sido el responsable de la aplicación de un régimen jurídico de concesión de obra pública a través del sistema de peaje que posibilitó la existencia de tarifas leoninas, permitiendo ganancias excesivas a las empresas concesionarias.

En la obra titulada Peaje, del señor Luis Montes de Oca, se sintetiza muy bien lo que ha pasado con este tema. Allí podemos leer: "Los peajes nacieron mal durante la gestión Dromi; se implementaron peor; hubo que cobrar el peaje con la Gendarmería armada de ametralladoras; generó una situación de conmoción social y obligó al propio Gobierno, al mismo Gobierno que creó el sistema, a firmar -apenas seis meses después de adjudicados los contratos- el decreto 527 que manifiesta lo siguiente: 'las concesiones son lesivas para el interés nacional; contienen beneficios abusivos para las concesionarias; situación alejada de toda noción de justa retribución; exacción ilegítima, carente de causa jurídica; sistema contrario al interés nacional; ha ocasionado serias distorsiones económicas; los niveles tarifarios se muestran absolutamente desproporcionados en relación al servicio; traducen un gravamen desigualitario negándole así justicia y racionalidad al tributo'."

Analizar las distintas normas jurídicas dictadas a partir del decreto 527 prolongaría mi exposición. No obstante cabe mencionar entre dichas normas el decreto 489/95, que establece un nuevo régimen para las concesiones que altera las bases determinadas en el concurso público inicial, porque se cambian plazos, precios y objetos de los contratos, siendo elemental en derecho administrativo que cuando se modifican esas condiciones no se está frente a la renegociación de los contratos sino ante contratos nuevos, en los que debió haberse procedido nuevamente al llamado a concurso público, estableciéndose en todo caso un sistema preferencial para las empresas que estaban operando. En tales supuestos no se puede actuar de ninguna manera como si estuviéramos renegociando cláusulas meramente circunstanciales o de poca importancia.

Aquí se está haciendo uso y abuso de la figura de la renegociación, estableciendo nuevas cláusulas contractuales y en consecuencia eludiendo el cumplimiento de las normas legales en vigor. Y ni hablemos del decreto 1019/96, referido al corredor 18, ni de la resolución 800/97, que produjo este aumento, este verdadero "tarifazo" que hoy nos proponemos dejar sin efecto y no, como dice el proyecto original de la mayoría, suspenderlo transitoriamente por 180 días, aunque ahora anuncia que sería por 120.

Conforme a los estados contables presentados ante la Inspección General de Justicia por las sociedades que han estado explotando el sistema de peaje, podemos observar que durante los ejercicios de 1995 y 1996 las ganancias obtenidas respectivamente por las siguientes empresas han sido las que paso a detallar: Servicios Viales, 101 por ciento y 92 por ciento; Semacar, 81 por ciento y 61,50 por ciento; Concanor, 103 por ciento y 31 por ciento; Camino del Abra, 90 por ciento y 42 por ciento; Covicentro, 37 por ciento y 38 por ciento; Nuevas Rutas, 54 por ciento y 17 por ciento, y Caminos del Oeste, 25 por ciento y 45 por ciento.

Si tuviéramos en cuenta el artículo 3° de la ley que estableció el peaje advertiríamos que ha sido violado reiteradamente, con la complicidad de la autoridad de aplicación -que ha guardado silencio-, porque no se ha mantenido la relación establecida en el sentido de que el valor del peaje debe representar una cifra igual o menor al beneficio que se obtiene por transitar las rutas. En algunas de ellas el promedio del beneficio es de 30 centavos mientras que el valor del peaje ha sido de 3,30 pesos; es decir que éste ha sido diez veces superior al beneficio que recibe el usuario por las mejoras que el concesionario ha realizado en la ruta, que se traducen en un menor tiempo de traslado desde un punto hacia otro, en menor consumo de combustible y en mayor vida útil del rodado.

De acuerdo con un estudio realizado por Coninagro -que representa al cooperativismo agropecuario-, la incidencia del peaje sobre el costo-valor de la carga es la siguiente: en el trigo, del 3,92 por ciento; en el maíz, del 4,82 por ciento; en el girasol, del 2 por ciento; en la soja, del 1,80 por ciento; en los cítricos, del 0,52 por ciento, y en el azúcar, del 1 por ciento. Es decir que el peaje es más caro que la estructura comercial de distribución y venta de los productos.

Lamentablemente no dispongo de más tiempo porque debo concluir a fin de que haga uso de la palabra al diputado Raimundi; pero deseo señalar que lo que hoy estamos tratando es el producto de la lucha de los usuarios agropecuarios y de las asociaciones de consumidores, quienes tuvieron que recurrir a la Justicia para que, mediante medidas cautelares y acciones de amparo, se dispusiera la suspensión de estos verdaderos "tarifazos" provocados por el Poder Ejecutivo nacional.

Acepto el desafío planteado por el señor diputado Martínez Garbino, por quien tengo un gran respeto personal. Tendríamos que discutir los "tarifazos" que se han producido en los últimos tiempos en todos los servicios públicos, entre ellos, teléfonos, agua y transporte público de colectivos y de trenes.

Hoy estamos debatiendo en torno del peaje en las rutas nacionales, que constituye verdaderas exacciones ilegales y en algunos casos representa extorsiones de las empresas a los usuarios. Ello, frente a la complicidad de los entes reguladores y el silencio del Poder Ejecutivo que, en lugar de actuar en beneficio del interés público, en defensa del interés general, del bien común y del derecho de la gente, lo ha hecho en favor de empresas monopólicas que operan con mercados cautivos, sin competencias y con márgenes de rentabilidad que no existen en ningún otro lugar del mundo. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (PASCUAL).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. RAIMUNDI.- Señor presidente: voy a tratar de completar la media hora que corresponde al bloque del Frepaso. Pero en primer lugar debo efectuar una aclaración: tal como lo señaló el señor diputado Giustiniani, nuestro bloque está dispuesto a acompañar los postulados centrales del proyecto presentado por el bloque de la mayoría, habida cuenta de la buena voluntad que reclamaba el señor diputado Alvarez Echagüe.

Sin embargo, si partimos del supuesto de asumir un compromiso mutuo y recíproco, que implica estar abiertos a algunas modificaciones que estamos dispuestos a proponer, debo decir que hemos empezado mal.

Si observamos que el miembro informante de la mayoría habla y luego abandona su banca, la señal es que no hay intención de escuchar lo que se pueda proponer desde la oposición, porque el oficialismo entiende que por tener mayoría no necesita atender lo que se pueda proponer desde otros sectores.

Sr. LARRABURU.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. RAIMUNDI.- Prefiero seguir completando mi exposición y, si al final queda tiempo, le voy a conceder la interrupción al señor diputado.

Sr. PRESIDENTE (PASCUAL).- La Presidencia recuerda al orador que sólo le restan ocho minutos.

Sr. RAIMUNDI.- Señor presidente: deseo referirme a expresiones textuales del señor diputado Martínez Garbino, y digo esto porque, si se consulta la versión taquigráfica, se advertirá que lo estoy citando con exactitud, porque he anotado sus expresiones en el mismo momento en el que las expresaba.

El señor diputado empezó reclamando que no haya eslogan, que no exista discurso fácil, que no se apele a un análisis global de las privatizaciones y que se vaya a las cuestiones puntuales. Precisamente vamos a referirnos a algunas cuestiones de ese tipo.

Para hablar en el lenguaje de la gente, es decir el que entiende cualquier ciudadano, comencemos mencionando la secuencia de hechos: las empresas pidieron un subsidio al Estado con el cual construyeron las casillas, comenzaron a cobrar el peaje y con la plata de la gente realizaron las pequeñas mejoras que se observan hoy en las rutas concesionadas. Es decir que no efectuaron ninguna inversión de riesgo, tal como estaba planteado en los pliegos de licitación.

Más adelante el señor diputado Martínez Garbino reconoció que pudieron haber cometido "algunos errores" de menor cuantía. Es decir, formaría parte de una política globalmente correcta, en la cual hemos cometido pequeños errores, dijo el legislador.

Veamos ahora algunos de esos errores que se cometieron. Existe un promedio internacional, contenido en el decreto que tanto se ha alabado aquí, por el cual se establece un peaje de 1 peso por cada 100 kilómetros transitados. Si tomamos en cuenta lo que se paga en cada uno de los corredores viales, observaremos que en algunos la cifra está en los 2 pesos, y en otros oscila entre 1,70 y 1,80; el promedio general es de 1,60, lo que significa que no se trata de un pequeño error, ya que los usuarios pagan nada menos que un 60 por ciento más de lo que establecía el decreto, del cual se vanagloriaba recién el señor miembro informante.

Existen otros errores, que paso a detallar. Según el informe técnico de algunas cámaras de transportistas -como la de los transportadores de cemento a granel que hacen diariamente el trayecto de Olavarría al área metropolitana-, el costo del peaje supera el 12 por ciento del costo total del flete, es cuatro veces superior a la alícuota del impuesto a los ingresos brutos que cobra la provincia de Buenos Aires, representa un 54 por ciento del costo del combustible y es un 65 por ciento del salario de bolsillo del transportista; esos son algunos de los "pequeños errores" que se cometieron. No obstante, el señor miembro informante de la mayoría dijo textualmente: "Con las privatizaciones se borró de plano la oportunidad del negocio."

No entiendo muy bien qué ha querido significar el señor diputado. De todos modos, para pedir a la oposición que colabore con una política de Estado hay que partir de la base de que es necesario decir la verdad. Por ello cuando se dice que se borraron todas las oportunidades de negocios basta con ver la realidad para constatar que en ningún lugar del mundo las empresas concesionarias de peaje ganan en el ejercicio anual más del ciento por ciento del capital integrado.

Este último dato demuestra que, lejos de borrarse la oportunidad de hacer negocios, lo que se ha hecho es permitir a las empresas concesionarias realizar mayores negocios de los que hacen en cualquier otro lugar del mundo.

Alguien podría decir que el costo económico que se está pagando tiene algún rédito, como por ejemplo haber incrementado la seguridad en las rutas. Lamentablemente ello no es así, ya que el índice de accidentalidad en las rutas argentinas es seis veces mayor que en las carreteras de los países más desarrollados, en los que el costo de mantenimiento para los usuarios es significativamente inferior.

Además, debemos tener en cuenta que el 70 por ciento de los accidentes que tienen un desenlace fatal se producen por choques frontales en rutas concesionadas, con lo cual no sólo hablamos de un alto costo económico sino también de un mayor riesgo en materia de seguridad.

Por otra parte, no se cumple con el artículo 42 de la Constitución Nacional, que establece el protagonismo de los organismos de control y el derecho a la información que tienen los usuarios, así como su participación activa en dichos organismos.

Desearía que algún integrante del bloque oficialista me diga a qué organismo de control se puede recurrir para denunciar las irregularidades que estoy mencionando.

Quiero hacer referencia a la cuestión política, no tomándola como una competencia deportiva entre el oficialismo y la oposición sino como política de fondo, porque esta rentabilidad económica que consiguieron las empresas a las que el gobierno que representa el bloque Justicialista otorgara las concesiones, significó un retraso en la capacidad de regulación del Estado.

El señor diputado Martínez Garbino invitaba a discutir el papel activo del Estado post privatizaciones. Pero para ello es necesario contar con un amplio consenso y no continuar sometidos a las mismas presiones que soportó el gobierno durante la etapa en que se otorgaron las concesiones.

Sin embargo, no podemos dejar de tener en cuenta que la política oficial con la que se nos responde es la del Estado post privatizaciones que privatiza los aeropuertos por decreto, que acepta una privatización oscura de los DNI, que pretende privatizar el Banco de la Nación Argentina y que se somete a las presiones internacionales para privatizar el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Esa es la discusión real acerca del Estado post privatizaciones, que termina siendo más privatizador que durante la etapa de las privatizaciones.

La segunda maniobra que debemos desenmascarar es la siguiente: con la rebaja de la tarifa del peaje es necesario financiar el mantenimiento de la red vial. Digo esto porque, en forma simultánea con la presentación de esta iniciativa, algunas versiones periodísticas indican que los diputados justicialistas están presionando para lograr una disminución del precio del petróleo atado a la disminución del crudo internacional. Cuidado que esto no signifique aprovechar la baja del crudo internacional para aplicar un impuesto a los combustibles que pase desapercibido, pero que cuando suba el precio implicará que nos quedemos con la suba de ese precio y con el impuesto a los combustibles; porque el hecho de que apoyemos esta iniciativa de ninguna manera significa que apoyemos la política que se plantea de querer justificar un aumento en el impuesto a los combustibles sin discutirlo previamente en el Parlamento.

Hay otra maniobra que quiero denunciar, señores diputados del bloque Justicialista, porque es algo que se ha convertido en una técnica: que lo que se apruebe en esta Cámara no necesariamente se convierta en política oficial. Los legisladores oficialistas tienen el margen de que así como en su momento, presionados por el poder concentrado interno y externo, aumentaron y justificaron los peajes, presionados ahora por la necesidad de recuperar cierta cara social de un gobierno totalmente insensible y cierta iniciativa política en cosas de la gente, aprueben estas medidas que luego habrán de morir en algún cajón de las comisiones involucradas del Senado, como han muerto otras iniciativas; o que, si el Senado se aventurara a aprobarlas, serán vetadas por el Poder Ejecutivo. Este es otro de los riesgos de estas maniobras que tenemos que denunciar.

En definitiva -esto es necesario decirlo porque, nobleza obliga, es un deber de lealtad política frente a la gente a la cual pretendemos dar respuesta-, el oficialismo propone ahora revertir el modelo que él mismo creó. Asimismo, propone conformar una comisión investigadora de sus propias políticas y de los abusos cometidos por las concesiones de una política que hasta no hace mucho tiempo justificaba el mismo bloque oficialista. Esto hay que decirlo de cara a la sociedad con la que los integrantes del bloque Justicialista dicen estar comprometidos.

La iniciativa en consideración señala que una de las principales conquistas de este gobierno ha sido la sanción del decreto 489/95, a partir del cual mejoró la situación de los peajes.

Sr. PRESIDENTE (PASCUAL).- Ruego al señor diputado que se dirija a la Presidencia y que redondee su discurso porque su tiempo ha expirado.

Sr. RAIMUNDI.- Ya concluyo, señor presidente.

El decreto 489/95 permitió no la renegociación -como se ha dicho- sino la formación de un contrato de distinta naturaleza en relación con el corredor 18 de la ruta 14, porque se modificó el plazo, se cambió el objeto (que era de mantenimiento) por el de ejecución de obras, se aumentó la tarifa, se modificó la moneda de pago original de la tarifa llevándosela de pesos a dólares, y se cambió el sistema de indexación para el aumento progresivo de esta última.

Además, gracias a ese decreto se aumentó en un 15 por ciento la tarifa y se extendió en 16 años más el plazo para un corredor de 620 kilómetros respecto del cual sólo se están promoviendo obras en 40 kilómetros. Ello me lleva a esta reflexión: si cada 40 kilómetros le damos a la empresa quince años más de concesión y un 15 por ciento más en concepto de tarifa, terminaríamos con una concesión de 225 años que aumentaría su tarifa en un 240 por ciento.

Por eso planteamos la suspensión inmediata de la renegociación del corredor 18 y la ejecución de las obras, pero no para decirle a la gente que no queremos que haya más obras de remodelación y ampliación de la ruta sino para que esas obras no se hagan exprimiendo aún más el jugo a los usuarios de dicha ruta.

Sr. PRESIDENTE (PASCUAL).- La Presidencia reitera al señor diputado que ha concluido el tiempo de que disponía para hacer uso de la palabra.

Sr. RAIMUNDI.- Señor presidente: durante la discusión en particular vamos a propiciar la inclusión de algunas de nuestras propuestas en el proyecto del oficialismo. Finalmente, si queremos en realidad lograr consenso en esta política de Estado tenemos que reorientar la ampliación de la red vial y apuntar hacia un proyecto de crecimiento y no de reelección. Digo esto porque los ex ministros Barra y Dromi, que fueron los que más favorecieron la creación de este modelo de usura para los usuarios, que no mejoró la red vial argentina, son los que más están trabajando en este momento para la reelección presidencial.(Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (PASCUAL).- Para una indicación tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. CAMAÑO.- Solicito a la Presidencia que sea estricta en el horario asignado a cada señor diputado para que todos puedan hacer uso de la palabra, habida cuenta de que ya existe un horario preestablecido para votar el proyecto en tratamiento.

Sr. PRESIDENTE (PASCUAL).- Es lo que se está haciendo, señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. NATALE.- Señor presidente: voy a informar el proyecto que ha presentado el Grupo Federal, al que se referirán después los señores diputados Pando, Moreno Ramírez y Gustavo Gutiérrez. Daré las razones económicas y jurídicas por las cuales resulta legítimo que no se acepte este incremento de la tarifa del peaje que acaba de disponer el Poder Ejecutivo, y que consecuentemente se retrotraigan los valores a los que estaban en vigencia con anterioridad a la autorización respectiva.

El tema me obliga a hacer alguna referencia. Hacia 1989, el estado vial de nuestro país era realmente catastrófico; de 28 mil kilómetros de rutas nacionales pavimentadas, el 44 por ciento estaba catalogado como en pésimo estado. Vale decir que casi la mitad de las rutas nacionales eran intransitables. El 20 por ciento estaban en estado regular y solamente el 36 por ciento podía considerarse adecuado para el tránsito.

Vialidad Nacional vio reducir gradualmente su presupuesto anual, que en la década del 60 era de 800 millones de dólares. En 1989 y 1990 su presupuesto fue de apenas 150 millones de dólares, con lo que su posibilidad de realizar mantenimiento de rutas era insignificante. Por eso, la idea de privatizar el mantenimiento de las rutas parecía acorde con las posibilidades económicas que el país tenía en ese momento y con la urgencia que había en reparar una red que casi en su 50 por ciento era prácticamente intransitable.

Lo que ocurre es que una buena idea fue ejecutada en medio de uno de los negociados más escandalosos que se vivieron en nuestro país al amparo del Ministerio de Obras Públicas, que era el encargado de llevarlo adelante. Como consecuencia de ello, la tarifa del peaje que se estimaba habría de costar un dólar cada cien kilómetros de ruta simple -que se duplica en el caso de las autopistas-, terminó con un punto de arranque de 2,50 dólares cada cien kilómetros de ruta simple. Este negociado escandaloso, que tuve oportunidad y necesidad de denunciar con intensidad en la Comisión Bicameral, consistió en la distribución de diecinueve corredores en una mesa de la Unión Argentina de la Construcción, donde las empresas y los funcionarios se adjudicaron recíprocamente cada uno de los circuitos y acordaron las tarifas en uno de los mecanismos de licitación más vergonzosos que vimos, donde no sólo había un sistema absolutamente subjetivo de calificar las ofertas, sino que lo más grave fue que el puntaje por el cual se calificó a los oferentes fue discernido con posterioridad a la época en la que se abrieron los sobres con las ofertas.

Me acuerdo que le dije al ministro de Obras Públicas en aquel momento que esto era como jugar al truco, repartir las cartas y después que uno veía las que tenía en la mano decidía que el as de espadas mata al as de bastos y el as de bastos mata al siete de espadas, porque jugaron con las cartas abiertas y fijaron los valores después de que se había repartido el juego.

Esta es la verdad del origen de este tema y por eso esto que debió haber nacido bien nació escandalosamente mal.

Cuando en 1991 iban a comenzar a funcionar las concesiones y los usuarios iban a tener que pagar el precio, surgieron todas las protestas públicas ante ese peaje de 2,50 dólares cada cien kilómetros de ruta simple y se dictaron los decretos 327, del 22 de febrero de 1991, y 386, del 8 de marzo 1991, por los cuales se suspendió el comienzo del cobro del peaje.

Se abrió una instancia renegociadora que llevó muchos meses que se resolvió con el famoso decreto 1817 del 29 de septiembre de 1992.

En ese momento la tarifa de 2,50 dólares baja a un dólar; ésa era la información oficial que se brindaba. Como compensación de ese 60 por ciento de disminución los concesionarios que antes pagaban un canon pasaron a recibir un subsidio del Estado.

De esa forma, las cosas parecían estar adecuadamente resueltas y las escandalosas adjudicaciones de 1990 aparentemente se habían enderezado. Pero a mi juicio hubo un punto equivocado en las renegociaciones que aprobó el decreto 1817 que consistió en prever un ajuste anual a efectuarse el 1° de agosto de cada año en función del 80 por ciento de la cotización de la tasa LIBOR de ese día.

Como todos sabemos, en todo este largo lapso desde 1991 hasta el presente la tasa LIBOR ha oscilado entre picos mínimos del 3 por ciento y picos máximos del 7 por ciento. El 80 por ciento de la tasa LIBOR se imputaba anualmente como reajuste de la tarifa.

Por supuesto que ahora, sentados en estas bancas y apreciando cómo se desenvolvieron los hechos, es más fácil de comprender esta situación que en aquel año 1991, en el que ni siquiera quienes estaban fijando las bases de la estabilidad monetaria confiaban totalmente en que dicha estabilidad alcanzaría los niveles que finalmente ha logrado.

Evidentemente, este ajuste anual en función del 80 por ciento de la tasa LIBOR es el que ha producido un desequilibrio del costo del peaje entre el momento inicial y el actual.

Hace un instante dije que se había anunciado en forma pública en las renegociaciones de 1991 y 1992 que la tarifa volvía a ser de un dólar cada cien kilómetros de ruta simple. Sin embargo, era un poco superior.

Según se desprende de una resolución dictada por la Secretaria de Obras Públicas el 28 de octubre de 1992, la tarifa inicial fue de 1,125 dólares; es decir, algo más de 1,10 dólares. Según un informe que la Comisión Bicameral recabó de la Secretaría de Obras Públicas, la tarifa inicial fue de 1,10 dólares. Existe una ligera diferencia entre nuestra información y la brindada por la Secretaría de Obras Públicas.

Si analizáramos cuál ha sido la evolución acumulativa anual en función del 80 por ciento de la tasa LIBOR pactada en las renegociaciones de 1991 y 1992, llegaríamos a las siguientes conclusiones.

Si considerásemos el período comprendido entre el 1° de agosto de 1992 y el 1 de agosto de 1997, el 80 por ciento de la tasa LIBOR acumulada anualmente es igual al 23,61 por ciento. Si aplicáramos ese índice desde el 1° de agosto de 1993 a al 1° de agosto de 1997 -es decir, un año menos-, obtendríamos una cifra un poco menor: 20,21 por ciento.

¿Qué significa esta situación? Aun con el incremento del 80 por ciento anual de la tasa LIBOR vigente al 1° de agosto de cada año calendario, aplicada sobre la tarifa inicial de 1,10 dólares, estaríamos por debajo de los precios que hoy están vigentes.

La decisión adoptada semanas atrás ha llevado el costo de los cien kilómetros de ruta simple a un precio de 1,65 dólares. Si nosotros actualizáramos la tarifa inicial de 1,125 dólares, aplicando el 23 por ciento de aumento resultante del índice en función de la tasa LIBOR, llegaríamos a una tarifa de 1,39 dólares.

Asimismo, si tomáramos la tarifa del año siguiente, que según la información de la Secretaría de Obras Públicas era de 1,27 dólares, y le aplicáramos el incremento correspondiente a un año menos -es decir, 20,71 por ciento-, llegaríamos a una tarifa actual de 1,53 dólares.

Todo esto nos está demostrando que la tarifa vigente antes del aumento -1,50 dólares los cien kilómetros de ruta simple- se ajusta perfectamente a los términos contractuales pactados, que se vieron desbordados por la realidad económica en función de que la estabilidad habida en nuestro país fue superior a la misma previsión inflacionaria que determinó que hubiera un ajuste en función de la tasa LIBOR.

¿A qué conclusión llegamos? Esto lo he planteado en la Comisión Bicameral hace dos años, lo reiteré el año pasado y se lo mencioné hace dos semanas al actual secretario de Obras Públicas. Así señalé que por aplicación de los contratos, estamos haciendo un ajuste de tarifas que está por encima de la realidad económica de nuestro país.

Adviértase que el principal costo que tiene que enfrentar el concesionario puede ser parangonado con el índice del costo de la construcción. Si tomamos la estadística del INDEC, el nivel general del costo de la construcción, con una base 100 en 1993, llegó a 99,7 en 1997. Es decir que se produjo una ligerísima deflación del 0,3 en un lapso de cinco años.

Si tomamos los mismos índices de la Cámara Argentina de la Construcción veremos que tenemos una base 104,3 en 1993, alcanzando a 99,3 en 1997, lo que implica una reducción de cuatro puntos.

Entonces, los costos se han mantenido inalterados, pero por obra y gracia de este juego de ajuste anual en función del 80 por ciento de la tasa LIBOR los concesionarios que arreglaron 1,12 dólares en las renegociaciones de 1992, hoy cobran 1,65 pesos, es decir, un 50 por ciento más, sin que haya habido aumento de costos y, al mismo tiempo, sin que hubieran existido factores que desequilibren los términos convencionales pactados.

Evidentemente, esto está generando un enriquecimiento sin causa que hace perder legitimidad a los términos contractuales originariamente planteados. Esta situación debería haber movido al Poder Ejecutivo a modificar esta cuestión en las sucesivas negociaciones que tuvo con las empresas concesionarias, de suerte tal que no se hubiera producido este desequilibrio que estoy apuntando.

Es aquí donde el Estado debe prevalecer, porque se equivoca el señor secretario de Obras Públicas cuando manifiesta que aquél está atado a un contrato. Si bien esto último es cierto y también lo es que el Estado debe respetar los contratos, cuando en ellos se produce un desequilibrio sustancial que los torna sumamente onerosos para una de las partes, el Estado nacional tiene la obligación de replantear los términos ante el desequilibrio producido.

Estoy convencido de que este es el meollo de la cuestión y que el planteo que se debe hacer está vinculado con los contratos. No podemos decir simplemente que el peaje es caro o barato, porque a lo mejor entramos en comparaciones que pueden no ser legítimas. Tenemos un punto de arranque y una base contractual, y esta última se ha desequilibrado en favor de una de las partes. Por eso la otra parte -el Estado- tiene que hacer prevalecer sus derechos para restablecer el equilibrio perdido y, consecuentemente, reducir las tarifas que en estos momentos perciben los concesionarios.

Además, existen otros elementos que debo mencionar. En primer lugar, la negligencia. Hoy se preguntaba cuál es la autoridad de aplicación. Al respecto, puedo decir que Vialidad Nacional tiene obligaciones sobre la materia. O sea que en varios corredores existe negligencia por parte de la autoridad de aplicación al no fiscalizar que los concesionarios cumplan con lo pactado. Hay programas de ejecución de reparaciones que los concesionarios realizan en función de sus comodidades y no de las de los usuarios que tienen que transitar por las rutas.

Finalmente, hay otro elemento que está vinculado con el plusvalor que surge del mayor empleo de las rutas como consecuencia de un crecimiento del tránsito que ha superado los flujos previstos en las concesiones originarias. Las leyes 17.520 y 23.696 prevén que los beneficiarios de ese plusvalor deben retrovertirlo en obras. Es por ello que debemos saber con precisión si se ha retrovertido ese plusvalor derivado de la mayor utilización de las rutas por sobre el flujo de tránsito que se había previsto.

Estoy convencido de que existen sobrados motivos para no autorizar la aplicación de este incremento de valor en el peaje. Esto lo vengo planteando desde hace más de dos años en la comisión bicameral cuando hemos hablado con los distintos funcionarios de Obras Públicas.

El proyecto de ley que nos trae la mayoría tiene su singularidad. Convengamos que es un atributo del Poder Ejecutivo fijar las tarifas. Esto lo dice toda la doctrina del Derecho Administrativo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, debemos convenir que no pueden existir decisiones unilaterales y que todas deben ser fundadas y escuchados los interesados.

Nuestro proyecto apunta a que la Cámara de Diputados diga al Poder Ejecutivo que existen razones económicas y jurídicas para no aprobar este aumento del peaje.

Sin embargo, la mayoría nos trae un proyecto respecto del cual no tenemos la certidumbre de que se vaya a convertir en ley. ¿Cuántos proyectos de ley duermen el sueño de los justos en el Senado de la Nación? ¡Cuántos proyectos de ley y cuántas sanciones del Honorable Congreso de la Nación han sido observados por el Poder Ejecutivo! El Congreso está haciendo oír su voz y me atrevería a decir que es unánime. El Poder Ejecutivo tiene en sus manos las herramientas necesarias y debe usarlas. El funcionario no puede decir que está atado a un contrato; el contrato existe. Los contratos deben respetarse porque se celebran para ser cumplidos. Pero cuando se producen desequilibrios sustanciales en esos contratos es legítimo plantear su renegociación y el Estado nacional debe hacerlo.

Por ello estamos convencidos de que hay que retrotraer la situación a la preexistente antes del aumento. Estamos dispuestos a contribuir con nuestro voto a la sanción de esta iniciativa que ha sido discutida en diversos tonos. Sin embargo, creemos que la nuestra es la más sensata porque se dirige al Poder Ejecutivo señalándole lo que la Cámara de Diputados entiende que debe hacer en ejercicio de las facultades que le son propias.

No debemos engañarnos al pensar que el proyecto presentado por el oficialismo y que va a ser aprobado esta noche aquí se convertirá en ley de la Nación; todavía tiene muchos pasos por delante. Lo importante es que la Cámara de Diputados señale al Poder Ejecutivo lo que piensa y le brinde las razones y los elementos que él no ha querido o no ha sabido utilizar para evitar esta situación de desequilibrio que todos los bloques estamos cuestionando. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (PASCUAL).- Tiene la palabra la señora diputada por Corrientes.

Sra. PANDO.- Señor presidente: en la línea argumental del señor diputado Natale quiero expresar que nuestra mayor preocupación no es que hoy sancionemos una norma de la que no sabemos si realmente va a tener el resultado final querido. Suspender un aumento de tarifas de peaje no es la cuestión medular de la concesión de obra pública por peaje. Nosotros creemos que, independientemente de este reajuste, existen cuestiones estructurales que van más allá de este incremento. Concretamente, me estoy refiriendo a dos decretos del Poder Ejecutivo que ya han sido mencionados en el día de hoy.

Sin embargo, me gustaría ahondar en la preocupación que tiene el Poder Ejecutivo nacional para no modificar las relaciones contractuales; dice que debemos cumplir las concesiones. Esto es cierto, los pactos están para ser cumplidos. Sin embargo, el primero que no cumple con el contrato original es el Poder Ejecutivo nacional cuando dicta el decreto 489/95. Allí modifica la realidad y la naturaleza, no en beneficio de la comunidad, de la generalidad o del objeto mismo de la concesión de obra por peaje, lo cual redundaría en una mejor calidad de transitabilidad de nuestras rutas nacionales.

Para ser fiel a lo que estoy expresando y a la modificación del contrato original que hizo el Poder Ejecutivo nacional, me voy a pemitir leer dos o tres artículos de este decreto. El artículo 1° dice lo siguiente: "Los contratos de concesión correspondientes a la Red Vial Nacional regidos por la Ley N° 17.520, reformada por su similar N° 23.696, podrán modificarse con el objeto de satisfacer necesidades de interés público no previstas en el contrato originario y que surjan durante su ejecución."

Pero ocurre que las modificaciones autorizadas por este decreto no fueron para el interés general sino exclusivamente para el de cada uno de los concesionarios. En consecuencia, si modificamos una vez por el interés de los concesionarios, creo que es hora de que analicemos si debemos modificar o no el plazo restante de cada una de las concesiones, porque el mismo decreto dice que la relación entre el concesionario y el contratista que ejecutará la obra licitada se regirá por las normas del derecho privado.

Realmente nos alarma que una relación contractual del derecho administrativo cambie por obra y gracia de un decreto del Poder Ejecutivo de la Nación que modifica su naturaleza jurídica y el derecho que rige la relación, apareciendo un cesionario, un cedente y otra persona con la que no hemos contratado.

Al producirse dicha modificación estamos habilitados para decir al Poder Ejecutivo de la Nación que revise no sólo la base tarifaria sino también cuál es la relación de rentabilidad y si se cumplen los objetivos de los artículos 57 y 58 de la ley de reforma del Estado, modificatoria de la ley 17.520.

Como si eso fuera poco, el mismo decreto, en su artículo 18 dice lo siguiente: "Facúltase al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos para acordar con los concesionarios la extensión de los plazos contractuales..." Ahora bien, ¿por qué el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos puede estar facultado para ampliar los contratos con quien tiene un interés exclusivamente personal, directo y económico, como es el concesionario?

Debemos peticionar la derogación absoluta de este decreto porque lesiona las atribuciones del Congreso de la Nación. Es el Parlamento el que puede fijar el plazo de una licitación. Así lo establece la ley de reforma del Estado, pero resulta que por un decreto estamos autorizando al ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos a que lo amplíe, y lo amplía y lo renegocia en función de un solo interés, el del concesionario, quien obviamente aplicará sus parámetros económicos.

El tema de la tarifa es altamente engañoso. Seguramente, aquí aprobaremos por unanimidad la reducción de la tarifa, pero este no es el mal: el mal está constituido por los decretos que se dictan más allá de las facultades del Poder Ejecutivo de la Nación para modificar leyes. Como ejemplo de esto basta mencionar el decreto 1019/96, por el cual el Poder Ejecutivo modificó el corredor 18. Recién se dijo que es el de la ruta de la muerte, el del camino del Mercosur, la ruta 12 o la ruta 14. Se hizo una modificación alegando que había demasiada siniestralidad, muchas vidas perdidas en accidentes de tránsito. Se habló de que hacía falta una mayor inversión, y como fundamento de la necesidad de una mayor inversión, mediante el citado decreto se otorgaron 15 años más de concesión sin que venciera la concesión original. ¿Acaso ya no es hora de revisar cuán buenos son estos contratos? Es tiempo de que este Parlamento no se limite tan sólo al hecho circunstancial del aumento de una tarifa, que en realidad es altísima y muy contrastante con los servicios que recibe el usuario.

Quienes vivimos en la ciudad de Corrientes estamos a 22 kilómetros de nuestros vecinos chaqueños, y por ese tramo tenemos que pagar 1,50 pesos. Asimismo, para trasladarnos desde Corrientes a Empedrado -que los separa una distancia de 50 kilómetros- debemos pagar más de 3 pesos. ¿Y qué obra han hecho? Tan sólo el cuidado de las banquinas y la demarcación de las rutas con pintura.

Si esa es la inversión y la razonabilidad, podemos decir con mucha justicia que es imperioso que se modifiquen esos contratos. Con ello no faltaremos a la seriedad jurídica que significa su cumplimiento, porque antes que el interés patrimonial de un concesionario debe estar el interés de la mayoría, que es el crecimiento de la Argentina y de cada uno de sus habitantes; de lo contrario, estaremos sancionando leyes sólo para algunos.

Existen ganancias desmedidas. Cómo será ello de cierto que el Orden del Día N° 12 contiene un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, en cuyo sumario leemos lo siguiente: "Rutas nacionales por peaje. Manifestar la urgente necesidad de que los procedimientos de ajustes del régimen tarifario de las mismas, se ajusten estrictamente a lo establecido en la norma legal, y se concreten los objetivos contemplados en los artículos 57 y 58 de la ley 23.696."

En los fundamentos del proyecto se establece lo siguiente: "En el desarrollo del estudio efectuado, la Auditoría General de la Nación concluye que en virtud de que más de la mitad de los corredores exhiben actualmente mayores tránsitos que los previstos resultaría impostergable la adopción de rápidas medidas tendientes a hacer efectivo el compromiso suscrito por las partes, concedente y concesionarios..."

Vale decir que contamos con el dictamen de una comisión mixta que advierte al Poder Ejecutivo que cumpla con los artículos 57 y 58 de la ley de reforma del Estado, que establece que debe haber razonabilidad en la ganancia, teniéndose en cuenta la inversión y el beneficio recibido por los usuarios.

Los llamo a la reflexión: no nos engañemos con un proyecto que votemos por unanimidad, por el que se suspende por 120 ó 180 días el aumento de la tarifa del peaje. Debemos ser más serios. Es necesario analizar los decretos firmados por el Poder Ejecutivo, que han violado lo que por ley podía reformular. Y sobre todo debemos solicitar que quede sin efecto lo resuelto respecto del corredor número 18, cuya concesión fue ampliada en 15 años tres años antes de su vencimiento, porque se ha burlado la buena fe de los argentinos, el control del Estado y, en especial, la participación democrática.

Sugiero la derogación de los decretos 489/95 y 1.019/96, y que las tarifas no se suspendan por un tiempo determinado sino hasta que se haga el peritaje que determine si el incremento corresponde. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (PASCUAL).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. GUTIERREZ.- Señor presidente: deseo ilustrar a los señores diputados sobre algunos datos obtenidos en la Comisión de Transporte de esta Cámara. Los distintos concesionarios están recibiendo por tramo entre 26 mil y 58 mil pesos mensuales de ingreso.

Vialidad Nacional, que debido a su descapitalización tuvo que salir a contratar el mantenimiento de las rutas, sobre todo en el sur, donde por la escasa cantidad de vehículos no se pueden realizar contratos por peaje, ha conseguido por las mismas distancias mantenimientos en licitaciones públicas que no superan los 16 mil pesos mensuales. Estas cifras son demostrativas de la situación que queremos corregir.

Respecto de la preocupación manifestada sobre los ingresos de los concesionarios, hay un tema que no fue mencionado en este recinto, como es el exceso de carga en los camiones.

Se sabe que la ley de tránsito y seguridad vial establece en materia de pesos y medidas dos tipos de sanciones: por un lado, la multa y, por el otro, una tasa que cobra el concesionario cuando detecta un exceso en los pesos o en las medidas.

Aquí se habló del corredor número 18, que es la ruta a Paso de los Libres, que es la vía de mayor movimiento de carga hacia Brasil.

Una carga internacional va precintada con un determinado manifiesto, dentro de los cánones de pesos y medidas internacionales. Cualquier desplazamiento en la carga determina la aplicación de sanciones.

En un año el concesionario del corredor habría obtenido un 60 por ciento adicional al que obtuvo en concepto de peaje, por haber detectado exceso de carga. Dicha preocupación determinó que el señor diputado Nieva enviara una nota a la Comisión Nacional del Transporte, logrando que esta se reuniera por primera vez desde hace dos años.

En esa reunión estuvieron presentes los concesionarios, las empresas de carga, los representantes de Brasil, de Paraguay y de Vialidad Nacional. Allí se detectó que no hay corredor argentino que controle el peso con exactitud. Se realizó entonces una experiencia piloto: un camión argentino y otro brasileño se dirigieron desde Campana hasta Paso de los Libres. En todos los lugares donde se efectuaron controles de peso se obtuvieron resultados diferentes, aplicándosele multas a los concesionarios.

Vialidad Nacional reconoció que no tenía auditoría técnica de básculas para efectuar los respectivos controles. Estamos hablando de un 60 por ciento adicionalal precio de los peajes.

Pero lo más preocupante de esta situación es la queja presentada por Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile a raíz de estos kiosquitos de los empleados de los concesionarios de peaje al lado de cada centro de pesaje. Ocurre lo siguiente: como les va mal por un lado, tienen la empresa tercerizada con los changarines, los autoelevadores, los que movilizan cargas, los agentes aduaneros, los que rompen precintos y los vistas y despachantes de Aduana.

Si bien ya se habló del tema al que me voy a referir a continuación, es necesario mencionar algunas cifras. Por ejemplo, en los años 1988 y 1989 se vendieron en nuestro país 70 mil unidades automotoras, cifra que en 1997 ascendió a 500 mil; de aquí surgen las 10 mil muertes por año que se producen en las rutas argentinas.

Estados Unidos perdía 7 mil vidas por año en Vietnam mientras que la Argentina pierde 10 mil vidas por año porque cuenta con una gran industria automotriz; importamos y exportamos autos, pero al mismo tiempo perdemos vidas en estas rutas que otorgan amplios márgenes de rentabilidad a los concesionarios.

Por otro lado, los concesionarios no son desconocidos: forman parte de la vieja y conocida patria contratista que durante muchos años vivió de la obra pública, y fue ahora, cuando deben someterse a la competencia nacional e internacional, han quedado prendidos con estos contratos sin competencia. Así es como vemos que de la patria contratista pasamos a la patria concesionaria.

En consecuencia, debemos hacer una recomendación que no ha sido tenido en cuenta en el proyecto que estamos considerando; esto es que muchos de los concesionarios de los que estamos hablando son, al mismo tiempo, concesionarios de los ferrocarriles de carga que no están cumpliendo con ninguna de las cláusulas de los respectivos contratos. Por ejemplo, dicen que no pueden pagar peaje porque originariamente no estaba previsto y entonces renegocian; dicen que no pueden cumplir con el plan de inversiones al que están comprometidos por contrato porque son otras las condiciones; y dicen que no pueden cumplir con la planta de personal que absorbieron de Ferrocarriles Argentinos porque no les dan los números.

Pero resulta que estos señores, que tienen nombre y apellido, que son famosos, que salen en las revistas, que van a distintos cócteles y que andan ofreciendo distintos negocios al Estado, cuando llega el momento de manejar el mismo negocio en el ferrocarril de carga, piden aumento y la renegociación del contrato porque el negocio no les cierra.

Es importante tener en cuenta este dato porque representa una de las vergüenzas nacionales. Tenemos que terminar con la patria concesionaria, porque si la Argentina se ha sometido a una tremenda competencia que ha provocado la caída de muchos sectores en beneficio de los consumidores, no se puede continuar con estos feudos, con estos capitales que en un tiempo se dedicaron a la industria de la construcción y que hoy siguen haciendo negocios a costa de todos. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (PASCUAL).- Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. MORENO RAMIREZ.- Señor presidente: quiero fundamentar el sentido de mi voto en torno a la suspensión del aumento tarifario dispuesto en virtud de los informes que hemos decidido recabar a la Secretaría de Obras Públicas referidos a la rentabilidad, inversiones comprometidas y efectivamente realizadas, fundamentos del aumento tarifario, así como también sobre el incremento en el transporte al que hacía referencia el señor diputado preopinante.

Es indudable que el aumento del peaje incide en forma directa en el costo del transporte, ya sea de carga o de pasajeros. También sabemos que el costo del transporte es decisivo a la hora de colocar la producción de bienes y servicios en el mercado nacional o internacional por parte de las empresas, pero mucho más significativo es en aquellas provincias que se encuentran alejadas de esos mercados, como es el caso de San Juan.

El aumento del tránsito en las rutas argentinas no ha sido reflejado en las tarifas ni en las inversiones reales. Por este motivo hoy votaremos a favor de esta suspensión y aspiramos recabar los informes correspondientes para que sean revisadas dichas contrataciones. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (PASCUAL).- Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.

Sra. GUZMAN.- Señor presidente: en nombre del Partido Autonomista de Corrientes, del Movimiento Popular Provincial de San Luis, del Movimiento Popular Jujeño, del Movimiento Popular Neuquino, del Movimiento Popular Fueguino y del Partido Nuevo de Corrientes queremos expresar que llegamos a este punto del debate con mucha complacencia, ya que el tema de los servicios públicos, de sus costos, la falta de control de los organismos y la falta de defensa de los derechos de los usuarios, no había sido contemplado desde el momento de las privatizaciones con la unanimidad que hoy se advierte en la Cámara.

Algunos bloques han expresado su preocupación en el sentido de que esta iniciativa no sea aprobada por el Senado y quizás nosotros tengamos la misma inquietud. Por eso, sin pretender abarcar una propuesta tan ambiciosa y completa como la del señor diputado Maqueda -que compartimos plenamente-, si queremos ser realistas deberíamos avanzar en la creación de una comisión en el ámbito de esta Cámara, con los objetivos enunciados por el señor diputado por Córdoba.

La comisión bicameral también se puede crear, pero sabemos que podríamos encontrarnos con ciertas dificultades en el Senado. Entonces, para empezar a andar este camino podemos definir ahora la creación de aquella comisión con la facultades indicadas por el señor diputado Maqueda.

Sin duda estamos discutiendo este problema porque no funcionaron los entes reguladores, como tampoco funcionan los demás entes reguladores de los servicios públicos.

La incidencia de los costos de los servicios públicos en la vida de la gente es cada vez mayor. En este caso sucede que tampoco se respetaron los intereses de los usuarios.

Profusas publicaciones de algunos medios dicen que se va a desandar el camino de los ocho años y que se quiere reestatizar. Nadie ha hablado aquí de reestatizar ni de desandar el camino -todos sabemos en qué estado se hallaban las rutas nacionales-, pero sí queremos andar bien el camino.

Ha habido un incumplimiento de las empresas de los servicios concesionados y conforme al artículo 17 del decreto 489/95 se permite la modificación de los contratos. De modo que este no es un camino a desandar, sino de andar por la vía correcta.

En estos dieciocho corredores, que se han dividido en tramos, ha habido desde el principio una actitud engañosa hacia los usuarios. Han comenzado a cobrar los peajes sin haber hecho las mejoras. Por supuesto, la cabina para cobrar estaba. Luego se percibieron subsidios. La ecuación de 1991 era de un peso por cada cien kilómetros. Las empresas decían tener pérdida. Les dieron subsidios: 75 millones por año. Los elevaron en 1994 a 90 millones; y en 1995 fueron de 64 millones, más un incremento del 10 por ciento. Aquí ha habido una política de subsidio a las empresas y no una política de subsidio a los consumidores.

Por otra parte, el criterio de la razonabilidad es el que fija el criterio de la legalidad. Es ilegal lo que está sucediendo ahora, porque no se cumple con la ley nacional del peaje, que establece que las tarifas no pueden superar el ahorro o beneficio económico que tienen que recibir los usuarios por el uso de la ruta.

El monto del peaje tampoco cubre el principio de la razonabilidad, que está exigido por la ley y definido en 1991 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos "Estado Nacional c/Arenera Libertador SRL". Este principio de razonabilidad tiene un carácter fundamental. El valor del peaje debe guardar relación con el beneficio.

La incidencia del peaje no puede llegar hasta el 4 por ciento, como ocurre con algunos productos del agro. Esto hace que nuestros productores del interior del país soporten una pesada carga en el costo del flete. La sola estructura de costos, sin contar los peajes, hace que el flete del alcohol desde la provincia de Jujuy hasta el puerto de Buenos Aires sea más caro que el de Buenos Aires-Tokio, vía canal de Panamá.

Todo esto está hablando de una situación que no puede continuar, porque se sigue dividiendo al país y se margina al interior. A todo esto se suma la situación de los costos del peaje, que son irrazonables y, por lo tanto, ilegales.

Se ha hablado aquí muy claramente del deficiente servicio prestado y de los accidentes ocurridos por la existencia de vías de una sola mano, es decir, por la no realización de las obras correspondientes. Esto exige -como consecuencia del incumplimiento contractual por parte del concesionario- una revisión legal.

Nosotros tenemos que asumir nuestra vocación y nuestra obligación de defender los intereses de los usuarios. Por lo tanto, una comisión con facultades amplias será una parte del camino para poner las cosas en su lugar.

En consecuencia, apoyamos la propuesta de suspender el aumento del mes de enero, del 10 por ciento, por ciento veinte días, término en el que deberá dictaminar la comisión.

Sr. PRESIDENTE (PASCUAL).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. ALSOGARAY.- Señor presidente: me permitiré hacer una breve intervención sobre este tema que indudablemente reviste verdadera importancia.

Un aspecto que no ha sido citado pero que tiene gran influencia en la marcha de la economía del país reside en que las tarifas y gastos, como el peaje, forman parte del costo de los bienes no transables.

Cuando se votó la ley de convertibilidad me tocó señalar que esa ley podía mantenerse siempre y cuando se cumplieran cuatro condiciones: que no hubiera déficit, que no hubiera emisión de moneda espuria, que bajaran los costos de los bienes no transables -entre los cuales se encuentra el peaje-, y que bajaran asimismo los costos laborales; no el salario sino lo que está encima de él.

Todo esto se ha cumplido a medias, pero todavía falta mucho para completar la transformación que se está operando en el país.

Al referirme al tema que estamos tratando hoy, enfocaré el problema dentro de ese criterio general. Hay que bajar el peaje y hay que hacerlo porque forma parte de los bienes no transables, y su influencia sobre los transables hace que no seamos suficientemente competitivos en el exterior.

La tarea de bajar el peaje en forma racional requiere un estudio que abarque todos los aspectos de la cuestión.

Hay conciencia de que algunas de las concesiones fueron mal otorgadas y que luego fueron modificadas también equivocadamente. La mayoría de estos hechos responde a errores de la burocracia estatal, y el empresario siempre está dispuesto a aprovechar estos errores. No hay que dar pie para que ello sea posible.

De cualquier manera hemos llegado a una situación en la que hay que hacer una revisión profunda, y a ello apunta este proyecto. Hay que comenzar por suspender el peaje como una forma de ganar tiempo para estudio, porque el gobierno hoy no está en condiciones de rectificar todo este camino.

De manera tal que, por no haberse tomado las medidas y no haberse hecho los estudios a tiempo, hoy hay que apelar a esa suspensión transitoria de los aumentos, lo cual tiene importancia tanto desde el punto de vista jurídico como en lo que respecta a la confianza de los inversores.

En el proyecto se hace referencia a la autoridad de aplicación y al órgano de control de las concesiones viales. La mayoría de los requerimientos que surgen de esta del proyecto que estamos tratando deberían ser contestados automáticamente por esa autoridad de aplicación y ese organismo de control que cuentan con un extenso decreto de reglamentación. No tengo conocimiento -tal vez porque no me haya preocupado antes del tema- de que realmente estén funcionando. Si estuvieran en funcionamiento, esta iniciativa sería prácticamente inútil porque todo lo que en ella se pregunta debería estar contestado por la autoridad de aplicación y el organismo de control.

Lo que buscamos a través de este proyecto es reunir todos los elementos del problema para después ver qué se resuelve. Lo que se vaya a hacer en adelante dependerá de las bases que hayamos establecido. Habrá que tener en cuenta dos cosas: la existencia de los contratos, que deben cumplirse para que no haya inseguridad jurídica, porque ésta afecta a toda la economía del país y al comportamiento de las inversiones.

Sr. ALSOGARAY.- Hay que hacer la revisión, pero hay que tener cuidado al hacerla.

En cuanto a la suspensión transitoria del aumento de los peajes hay que tener en cuenta también que puede dar lugar a problemas judiciales de importancia.

En resumen, si se cumplen todos los puntos A cargo de la comisión a crearse -tengo mis dudas sobre ello porque lo que se le solicita es realmente una tarea enorme-, obtendremos los elementos de juicio para retomar este problema, que en su conjunto es evidente que se ha desbordado.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. PASSO.- Señor presidente: el señor diputado que hizo uso de la palabra en nombre del bloque de la mayoría planteó casi con apasionamiento un debate vinculado con las privatizaciones en la Argentina, que en síntesis se basaba en dos ejes: la posibilidad de la excelencia en la prestación de los servicios y la rebaja en los costos operativos. En el momento actual podemos dudar absolutamente de ambos resultados.

Los peajes nacieron en nuestro país con un debate social importante. Los usuarios se resistían a la implantación del sistema porque tenían la fuerte percepción de que el partido no iba a ser neutro, ya que alguien iba a perder alevosamente y otro se iba a beneficiar muchísimo. Así fueron los resultados.

No quiero reiterar cifras ya mencionadas. Sólo pretendo señalar que en 1996, año que se puede analizar en su totalidad en materia de peajes, circularon por las casillas 44 millones de vehículos livianos y 24 de unidades pesadas. Es decir que transitaron 68 millones de vehículos que permitieron una recaudación de 287 millones de dólares, lo que representa muchísima plata para catorce empresarios.

Sin embargo, como parecía poco, el gobierno sumó 186 millones de dólares adicionales, de los cuales 90 fueron en concepto de subsidios. Ya sé que alguien dirá que estaban presupuestados y no se ejecutaron, pero lo que se presupuesta y no se ejecuta es deuda pública interna, que debe computarse de esa manera.

Existen 74 millones de dólares que reiteran una teoría casi perversa del manejo del gobierno con los concesionarios: la eliminación del canon. Las obligaciones que tienen las empresas concesionarias para con el Estado presentan este beneficio. Así ocurrió con los ferrocarriles: se eliminó el canon que se debía pagar por el uso de las vías que correspondían al Estado.

Lo mismo sucedió con las concesiones viales: se eliminaron 74 millones de dólares de canon, que se repiten desde 1991 hasta la fecha. A ello hay que sumar una rebaja sustancial de más de 22 millones de dólares, también en subsidios y transferencias de obligaciones impositivas.

Es decir que las rutas que fueron construidas con el esfuerzo de nuestros pueblos cuestan 474 millones de dólares anuales en concepto de circulación. Obviamente que cuando existen decisiones de transferencias, ellas no son neutras. Entonces, el desafío del debate que propone el representante de la mayoría implica la obligación de resolver qué decisión se va a tomar en relación a quién pagará el peaje en la Argentina.

Esto es lo que hoy queremos expresar. Los productores agropecuarios de la Argentina aportan las dos terceras partes del dinero que se lleva el peaje. Podemos decir que por cada tonelada de cereal, los productores aportan dos pesos al sistema del peaje. Si movilizamos 45 millones de toneladas por año, encontramos que los productores agropecuarios en concepto de cereales abonan 90 millones de dólares por año. Si se movilizan 12 millones de cabezas por año, con un promedio de 400 kilos, estamos hablando de 4.800 millones de kilos, que significan 48 millones de dólares en concepto de aporte por movilización y comercialización de haciendas. Y si decimos que existe otro 30 por ciento de aporte por la comercialización de otros productos como la lana y la miel, llegamos a 180 millones de dólares que el campo aporta a una decisión perversa. ¡No hubo empate en este partido! El gobierno decidió desde el primer día que en esta privatización -al igual que en otras- ganen los poderosos. Por lo tanto, considero que esta invitación al debate profundo no alcanza con impedir el último aumento dispuesto. La idea debe profundizarse para poder analizar la relación costo-beneficio.

Quiero invitar a este Parlamento al esfuerzo de trabajar en la posibilidad de la rebaja del peaje para la producción primaria, ya que tiene incidencias terribles para nuestra economía. Ya constituye el 14 por ciento del flete en algunos trayectos. Sobre las ganancias netas representa el 5,83 por ciento. En el trigo, antes del aumento, va a significar el 6,4 por ciento; en el girasol y la soja llegará al 2,27; y en el maíz se va a cometer el asesinato de llegar a casi el 9 por ciento de la rentabilidad.

Además, existe un elemento que no se ha tenido en cuenta en este debate: se mencionó esta transformación como base de la estabilidad. ¿La estabilidad en la Argentina garantizó que no aumentara el precio del transporte y del flete en estos tiempos? La respuesta es no. El transporte de cargas aumentó el 15 por ciento desde que existen los peajes en nuestro país. Es decir que existe una pérdida pura de un sector de nuestra Argentina. Debemos reconstituir los pilares de la producción que nos garanticen más empleo. Por eso es necesario que el Parlamento trate de cambiar una decisión política que el gobierno tomó desde el primer día en función de una línea de concentración de riqueza.

Es imprescindible que se deje de continuar dando plata a catorce empresarios para destinarla a la producción argentina. Debemos decir a los productores del país que existe la decisión de sacarles plata para dársela a los poderosos, y que el Congreso de la Nación debe actuar si es que quiere cambiar la historia de retroceso de la economía argentina.

La comisión investigadora sirve siempre y cuando esté dispuesta a revisar estas aristas que perjudican, fundamentalmente, a las provincias más alejadas de nuestro país. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra la señora diputada por San Juan.

Sra. AVELIN.- Señor presidente: hace muchos años que en la Argentina venimos escuchando hablar de las privatizaciones y del modelo de transformación llevado a cabo por el actual gobierno. Pero, lamentablemente, a esta altura observamos que el oficialismo no está acompañando al resto de las bancadas que sí han escuchado todo el debate.

Podemos ver claramente qué es lo que ha pasado en la Argentina con esta concesión y mantenimiento de las rutas y con otras privatizaciones.

Ha habido privatizaciones hechas a medida de los concesionarios, entregándose áreas estratégicas del país en beneficio de grandes empresas y en desmedro del interés nacional. Hoy está a la vista, y hasta reconocido por el propio bloque oficialista, que tenemos que avanzar para revertir esta situación porque el daño puede ser irreparable.

No puede ser que la famosa revolución productiva y el salariazo prometido se hayan convertido en esta Argentina en tarifazos permanentes, en reducción de sueldos, en destrucción de las economías regionales y en el agobio de los productores, que ahora se ven aún más perjudicados porque además de que sus mercaderías o su producción no sirven, no pueden asumir los costos del flete, sumado a lo que significa el costo del peaje.

¿Cuál ha sido el argumento técnico, económico, financiero y fundamentalmente legal de este decreto del Poder Ejecutivo? ¿Dónde está la pregonada seguridad jurídica de la que tanto habla este gobierno para que vengan los inversores y seamos un país creíble? La seguridad jurídica ha sido lesionada sistemáticamente por los famosos decretos del Poder Ejecutivo; y este caso de la privatización por concesión del tema vial es una muestra cabal de lo que estoy señalando.

Estos decretos no han permitido la renegociación de los contratos sino el establecimiento de nuevas pautas, objetivos, plazos y naturaleza de los mismos. En definitiva han cambiado las condiciones y los elementos esenciales que posibilitaron la concesión original, colocando en desventaja al resto de las empresas que en su momento se presentaron. ¿Acaso no hay temor de que se produzcan juicios en contra del Estado y en desmedro de los argentinos en el futuro?

Creo que por primera vez este Parlamento está dando una señal clara en el sentido de que está dispuesto a decir basta a estas privatizaciones subsidiadas por el Estado, con un Estado ausente y con usuarios totalmente perjudicados que se encuentran a la deriva porque no existe el marco regulatorio adecuado y sobre todo porque no hay una decisión política del gobierno en este sentido. A través de este Parlamento hoy podemos dar el puntapié inicial de lo que podrá venir en materia de control de las privatizaciones.

Si de eficiencia se trata -como tantas veces lo señaló este gobierno-, si de rentabilidad se trata y si de evitar el déficit que fue el gran argumento para propiciar la mayoría de las privatizaciones en el país se trata, nos preguntamos a dónde fue a parar el déficit en relación con este tema e incluso con el de los ferrocarriles. Ahora se subsidia con un millón de pesos diarios a las empresas concesionarias y se ha dejado a 90 mil personas en la calle. Se ha incomunicado al país. La gente del interior sabe lo que significa el tren de carga que ha sido totalmente levantado. Usted sabe, señor presidente, que de los 34 mil kilómetros de vías férreas se levantaron 28, quedando sólo 6. De esos 6 mil, 5 mil son de carga y mil de pasajeros. Fíjense la diferencia: ¡6 mil contra 34 mil! Las 34 mil arrojaban un déficit de un millón de pesos diarios; ahora nos quedamos con 6 mil kilómetros de vías, con 90 mil trabajadores en la calle y con un millón de pesos diarios entregados a los concesionarios. Este ejemplo muestra a las claras lo que está pasando y lo que ha ocurrido con las privatizaciones hechas a medida de los intereses de las empresas concesionarias.

Por eso estamos totalmente de acuerdo en que este sistema del peaje debe investigarse a fondo e incluso hasta debe ser suspendido. Pero debemos avanzar aún más: hay que propiciar la derogación de estos decretos que no tienen ningún fundamento legal, técnico, económico y financiero más que el de beneficiar a las empresas y perjudicar a los usuarios, a los productores y a los argentinos en general.

Con esta medida podemos empezar a ponernos de acuerdo en la Argentina que todos queremos. No es cuestión de hablar del pasado ni de volver a la situación de que el Estado esté presente en todo. Sin embargo, no queremos un Estado ausente como el que tenemos hoy y que deja a la deriva, con una verdadera inseguridad jurídica, a los artífices de nuestro país que son los trabajadores y la gente del interior. Los que vivimos en zonas alejadas, con una producción que poco y nada vale, con el agobio que significa para los productores el traslado de su producción, no podemos permitir más este ahogo que se está generando mediante el aumento de las tarifas.

Por lo expuesto, el bloque de la Cruzada Renovadora de San Juan acompañará este proyecto, que creo que puede ser el precedente no sólo para seguir trabajando en las posteriores privatizaciones sino también para que el Senado apoye esta iniciativa, y ojalá que el presidente Menem no vaya a vetar este proyecto de ley una vez aprobado por unanimidad en esta Cámara. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. CAFIERO (M.A.H.).- Señor presidente: en primer lugar, coincido con algo que se manifestó aquí en el sentido de que quizás un observador inadvertido no podría entender por qué bloques de distinta identificación política tienen posiciones muy similares. Tal vez no lo podría entender porque está mirando un cuadro de una película, una escena de una obra de teatro, porque para comprender esto hay que comenzar explicando la historia por la cual llegamos a la situación actual. El título de esta película o novela debería ser La reforma del Estado en la Argentina y la política de las privatizaciones. Ahora estamos analizando en particular este sistema de gestión privada de mantenimiento de la red vial nacional o de peajes.

Si bien aquí se han dado muchas cifras, conviene recordar las correspondientes a los años 1989 y 1990, cuando se tuvo que implementar este sistema. En ese entonces, cuando el país vivía una situación hiperinflacionaria y de caos, se hablaba de que los caminos presentaban un deterioro tal que se podía llegar a una suerte de volatilización de los mismos. Las cifras indicaban la existencia de un deterioro del 10 por ciento anual de esta red; el Estado sólo alcanzaba a recuperar un 3,5 por ciento, y más del 70 por ciento de las carreteras se encontraba en condiciones malas o muy malas.

Conviene repasar también cuáles fueron las razones por las que se llegó a esa situación. En tal sentido quiero resaltar tres aspectos, uno de los cuales tiene que ver con lo que significó en los últimos cuarenta años el crecimiento del transporte interurbano, especialmente de carga, que llegó a ocupar casi el 80 por ciento del transporte terrestre. Como los costos privados de utilizar las redes no incorporaban los costos públicos de mantenerlas se producía una derivación de las cargas, incluso de los sistemas ferroviarios, viales y aéreos. Además, el exceso de carga por unidad de transporte provocaba un deterioro considerable en toda la red vial.

Otro punto es el financiamiento que tuvo el sistema de construcción vial en la Argentina. Como todos sabemos, eso se financiaba a través del impuesto a los combustibles. En los últimos sesenta años el consumo de combustibles aumentó el 600 por ciento; el gravamen bajó del 30 al 5 por ciento y hubo un crecimiento de la red. En definitiva, la inversión vial unitaria, es decir, por kilómetro, se redujo en una relación de 18 a 1 en esos sesenta años.

Aquí también se mencionó el tema de la construcción de rutas y de la obra pública, que terminaba siendo lisa y llanamente un sistema de coste y costas en el que el Estado no sabía en definitiva cuánto terminaba pagando por una ruta. Esta serie de razones dio origen a lo que se calificó como "colapso del sistema".

Así nace la gestión privada de mantenimiento en las rutas por las que transitan más de dos mil vehículos por día, mientras que en las restantes no se paga peaje. Es decir que hoy coexisten dos sistemas en la República Argentina: rutas con peaje y rutas sin peaje. En Italia, por ejemplo, en todas las rutas se paga peaje, en tanto que en Alemania la construcción de las rutas se financia mediante impuestos. En la Argentina el sistema es mixto, y tiene la particularidad o la ventaja de que paga quien transita por una ruta con peaje; en el otro caso pagamos todos, independientemente de que circulemos o no por la carretera.

Aquí se han mencionado cambios producidos en los últimos años desde que se puso en marcha este sistema; pero me referiré a otros que no han sido citados. Han habido modificaciones estructurales en la economía que han generado nuevos polos de desarrollo sectoriales y regionales tanto en la industria de la minería como del turismo, la forestación y el agro. A raíz de ello existe un reordenamiento de tránsito y de tráfico que afecta y cambia las modalidades y la intensidad del transporte en distintos corredores.

También se ha hablado de que como consecuencia del importantísimo proceso de integración regional producto del Mercosur y del intercambio comercial con Chile, ha habido un espectacular crecimiento de los flujos de tránsito. Asimismo en los últimos años la red ferroviaria ha comenzado a formar parte de un mercado que había perdido. También inciden en los cambios estructurales las obras que realizan las provincias, que en definitiva van creando corredores alternativos a determinados flujos.

Es en virtud de todo ello que el bloque Justicialista no sólo resolvió proponer la suspensión de los aumentos del peaje y la necesaria no innovación de los contratos, sino que además entendió que era preciso avanzar a fondo en el análisis de las características de nuestro sistema. Por eso vamos a proponer la creación de una comisión especial en el ámbito de esta Honorable Cámara de Diputados a fin de que analice el sistema de concesión por peaje, pues entendemos que ha llegado el momento de hacer un balance y determinar en qué aspectos debe continuar el sistema y en cuáles no.

Nosotros pretendemos que esta comisión sea eficaz. Por ello, en el artículo 2° de nuestro proyecto establecemos que el propio Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos nos brindará un informe de base detallado acerca de diferentes cuestiones, que no detallaré en este momento pues se hallan precisamente determinadas en el citado proyecto. El hecho de que contemos con esa información significará un importante avance en nuestra tarea, pues nos permitirá disponer de datos precisos respecto de este sistema.

Pensamos que esa comisión debe manejarse con criterios de transparencia, y en ese sentido es importante el contralor que pueda efectuar la Auditoría General de la Nación.

También nos parece oportuno tener en cuenta la acción de la comisión, y por eso ponemos un plazo de sesenta días, al término del cual, tal como lo señala el artículo 4°, la comisión deberá producir dictamen sobre la continuidad del sistema y, en su caso, las recomendaciones acerca de las mejoras a las que deberá ajustarse la renegociación de los contratos.

A continuación deseo referirme a otro aspecto de esta comisión, que tiene que ver...

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia advierte al orador que le restan dos minutos para concluir el término de que dispone para hacer uso de la palabra.

Sr. CAFIERO (M.A.H.).- Señor presidente: teniendo en cuenta que este es un proyecto que ha sido consensuado en el bloque Justicialista, le solicito que me conceda unos minutos más para completar mi exposición.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia la reitera el pedido de síntesis, para evitar problemas ulteriores.

Sr. CAFIERO (M.A.H.).- Creo que el fondo de la cuestión tiene que ver con lo que es el financiamiento de las obras viales en la Argentina. Ese es el fondo de la cuestión, junto con la compatibilización de este financiamiento con los sistemas que vamos a revisar.

El propio señor presidente de la Nación, doctor Menem, en su discurso del último domingo se refirió al proyecto 10, una trascendente iniciativa que nosotros deberíamos incorporar junto a todo otro proyecto que en definitiva signifique un sistema nuevo de financiamiento de obras viales, pues allí hay mucho por hacer en la Argentina.

Estas cuestiones tienen que ver con la reactivación económica, con el desarrollo regional y con mejorar la competitividad y la productividad nacionales. Dicha competitividad tiene que ser sistémica para que entonces aquí tengamos mecanismos realmente más competitivos.

Otro tema que debe ser tenido en cuenta es el referido a la seguridad. Pensemos en la cantidad de accidentes que hay por año en las rutas y en el bienestar de los usuarios en un contexto de equidad.

Por eso, coincidiendo con el señor diputado Abalovich, creemos que el corolario de esta comisión es precisamente lo que señala el artículo 7°, que es proponer a este cuerpo un proyecto de ley enmarcatorio de la actividad, que incluya la creación del ente regulador respectivo.

Si bien en esta cuestión hay coincidencia, quizás no la haya cuando el señor diputado Raimundi manifestó su preocupación frente a maniobras -lamento no coincidir nuevamente con él-, porque si baja el precio del petróleo y si esta es la situación del mercado, se pueden analizar mecanismos que tiendan a aprovechar esta circunstancia en beneficio del bien común y del crecimiento de nuestro país.

Por ello hay que despejar las dudas y sospechas para avanzar en un análisis a fondo en lo que respecta al financiamiento.

Para finalizar señalo que la idea de manejarse con los principios de progreso, de equidad y de transparencia está marcando la voluntad del bloque Justicialista. Y volviendo al principio de esta película que estamos viendo, subrayo que ahora esta película de la privatización va a tener otro capítulo que será el de la discusión sobre la regulación en la Argentina, o si se quiere de la re-regulación. Digo esto porque naturalmente hay fallas en el funcionamiento del mercado, y la eventual constitución de monopolios naturales debe ser controlada y custodiada por el Estado.

El nuevo rol del Estado tiene que ver con esto de la reforma de la segunda generación; y volviendo al principio de mi alocución, el observador desprevenido tendría que mirar toda la película para darse cuenta de que hemos llegado a una circunstancia de consenso fruto de una historia diferente, porque no debemos olvidar que el justicialismo impulsó esta política de privatizaciones con la oposición del resto de los bloques parlamentarios. Tanto es así que de las diecinueve leyes de privatización que sancionó el Parlamento, sólo dos recibieron el apoyo del resto de los bloques; las otras debieron ser impulsadas exclusivamente por la bancada Justicialista y sus aliados.

Ahora se da una suerte de adhesión del resto de las fuerzas políticas a los principios de las privatizaciones, un poco más tarde que lo que le significó al justicialismo tomar esta iniciativa...

Sr. POLINO.- No es así, señor diputado.

Sr. CAFIERO (M.A.H.).- Señor diputado: si lo desea, puedo acercarle los informes que poseo...

Sr. POLINO.- Se hicieron por decreto, señor diputado.

Sr. CAFIERO (M.A.H.).- No es así, señor diputado. Es una falsa creencia suponer que el Congreso no tuvo intervención directa en las privatizaciones; seguramente el señor diputado está mirando la última parte de la película, pero si observa todo el proceso verá el importante rol que tuvo el Poder Legislativo. Por supuesto, se evidenciaron algunas diferencias, porque en una primera etapa ese tipo de iniciativas fueron impulsadas por el Poder Ejecutivo, pero tuvieron su sanción legislativa; después, hubo diferencias entre el Congreso y el Poder Ejecutivo; y en esta última etapa, en la que no se llegó a ningún acuerdo, las privatizaciones se realizaron mediante decretos de necesidad y urgencia.

Es necesario que en esta etapa asumamos los errores cometidos por los que en su momento fue imposible consensuar políticas de Estado, actitud que también deberá adoptar la oposición, porque ha llegado la hora de definir el rol del Estado en las regulaciones.

Seguramente en este tema vamos a coincidir como ocurrió en oportunidad de reformarse la Constitución Nacional, cuando todos coincidimos en que el artículo 42 consagrara el derecho de los usuarios. Esta norma es uno de los basamentos del proyecto de resolución que hace referencia a la necesidad de mejorar el control social; de ahí la inclusión del mecanismo de la audiencia pública con la participación de entidades de la comunidad interesadas en el tema.

En la presente sesión se han presentado distintas modificaciones al proyecto en consideración, las que deberán ser incorporadas al momento de su tratamiento en particular.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia aclara a la Honorable Cámara que el criterio con el que se está manejando es el establecido en el reglamento, mediante el cual se fija que el autor del proyecto, los miembros informantes de los despachos de mayoría y minoría así como el diputado que asume la representación de un bloque dispondrán de media hora para hacer uso de la palabra, mientras que el resto de los señores diputados contarán con un plazo de diez minutos.

Asimismo, la Presidencia advierte a la Honorable Cámara que en caso de que se haya arribado a la redacción de un proyecto consensuado se acerque a la Secretaría a fin de que se le dé lectura antes de proceder a su votación.

Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.

Sr. BARRIOS ARRECHEA.- Señor presidente: en dos o tres oportunidades se habló de una película, y yo estoy muy tentado de hacer referencia a su comienzo y al estado actual.

El señor miembro informante del bloque oficialista mencionó el déficit del Estado como una de las causas más importantes de las privatizaciones. Pero debo recordar que luego de ocho años no ha quedado nada en manos de los argentinos; se privatizó por 29 mil millones de dólares que no sabemos dónde han sido invertidos y, sin embargo, en el curso de este año el déficit del Estado será de 5 mil millones de pesos.

Teniendo en cuenta esta situación corresponde preguntarnos para qué privatizamos todo si tenemos un déficit mayor que al comienzo de la película.

No es cierto que se haya hecho un gran esfuerzo en pos del pueblo argentino. Es mentira. El pueblo argentino ha hecho un enorme esfuerzo en pos del beneficio de 19 empresas que se repartieron el país así como también ganancias fenomenales.

No ha habido errores en las privatizaciones. Ha habido una manifiesta y clara voluntad de favorecer a las empresas adjudicatarias. Este proceso de peaje que comienza en 1990 estuvo plagado de marchas y contramarchas, decretos y resoluciones, y en cada decreto o resolución que anulaba una norma anterior el perjudicado era el usuario y, en definitiva, el pueblo argentino, beneficiándose cada una de las empresas concesionarias.

No quiero aburrir a los señores diputados citando números de decretos y el significado de tal o cual decreto o resolución, pero quiero recordar algunas cuestiones que se han expuesto, aunque no sé si vale la pena repetirlas. Pero vamos a la brocha gruesa.

Esto empezó con que las empresas pagaban un canon y terminó con que no sólo no pagaban canon sino que todo el pueblo argentino pagaba un subsidio a favor de las empresas. El costo inicial era de 1 peso cada 100 kilómetros y en la actualidad es de 1,63 pesos para la misma distancia; en algunas provincias, como la mía, la cifra es de 3 pesos cada 100 kilómetros. Los más pobres, los que vivimos más lejos, somos los que más pagamos. Se comenzó con la filosofía de que el que usa, paga, y se terminó con la de que el que usa, paga, y el que no usa también paga a través de los subsidios.

Se ha aplicado una deliberada política de manos libres para las empresas. Deliberadamente se desinvirtió en Vialidad Nacional, que es el organismo teóricamente encargado de controlar los contratos de peaje. En efecto, mediante el dictado de decretos de emergencia y por falta de inversión en el presupuesto anual de ese organismo, los empleados de Vialidad Nacional no tienen ni la posibilidad de cobrar viáticos para poder controlar a esas empresas. El resultado es que las empresas se manejan por declaraciones juradas cuyo contenido no se puede corroborar. Tengo serias sospechas de que esas declaraciones juradas son falsas, porque en alguna oportunidad nos llamó la atención que declaraban el mismo número de vehículos por casilla. Al indagar y reclamar aparecieron 2 millones de vehículos más por año que los que figuraban en las declaraciones juradas previas de las empresas concesionarias.

De modo que se ha dejado indefensa a la gente y, a la luz de los últimos ocho años, advertimos esta reacción tardía. Incluso no sabría decir si se trata de un maquillaje del bloque oficialista para salvar las formas. Hace bien y tiene razón el señor diputado Abalovich en desconfiar y preguntarse qué viene detrás de esto. Yo también tengo dudas porque no creo en la buena voluntad e ingenuidad con que se ha manifestado el bloque oficialista.

Creo que hay -y pido disculpas por decirlo- una enorme cuota de hipocresía en todo lo que se ha expresado y en esta supuesta comisión investigadora que investigará lo que ya está investigado por la Auditoría General de la Nación. No hace falta investigar mucho porque ya todo ha sido investigado y hace ocho años que debieron tomarse las medidas que no se han adoptado.

Finalmente, señalo que no ha mejorado el servicio ni las condiciones de seguridad para los usuarios. Voy a dar el resultado en mi provincia, con la concesionaria VICOVSA: cuando comenzamos con el peaje hace ocho años transitaban 2.900.000 vehículos; hoy transitan 9 millones por año y sin embargo tenemos el mismo camino y la misma banquina. Lo que ha mejorado un poco es la pintura, el rastrillaje y el cepillado de la banquina, porque los pastos están cortos, pero lo que no ha mejorado es el número de accidentes, que se ha incrementado de manera inaceptable. De manera que queda mucho por cortar y por hacer.

Otra cosa que vale la pena recordar es que las verdaderas obras de inversión se realizan siempre al final de la concesión. En mi provincia, llena de serranías peligrosas para el tránsito, en 1989, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, se estaban realizando terceras trochas para la seguridad del camino; se concesionó la ruta 12 y esas obras, que tenían que ver con la seguridad y la vida de los que transitan las rutas, se pasaron para el año 2003, después de haber embolsado 50 millones de pesos de ganancias en cinco años.

Hace bien el señor diputado Abalovich en desconfiar. Ha llegado la hora de hablar con claridad y de que se hagan las cosas en un gobierno que tiene mayoría en ambas cámaras. Si no se hacen es porque se quiere seguir favoreciendo como desde hace ocho años a las empresas concesionarias. De manera que basta de discursos y a defender la vida y el bolsillo de los ciudadanos.

Como el señor diputado por Entre Ríos, miembro informante de la bancada oficialista, seguramente quiere aportes, formulo uno: en el puente Zárate-Brazo Largo se cobra el peaje más caro del país: 4,50 pesos. En cinco años la empresa concesionaria embolsó 21 millones de dólares, cuando lo único que hicieron fue barrer el pavimento y pintar la raya amarilla del medio, porque el mantenimiento del puente está en manos de Vialidad Nacional, como vimos el año pasado.

Por lo tanto, pura ganancia, puro beneficio, pero valdría la pena que alguna vez se acordaran de los usuarios. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.

Sra. LEYBA DE MARTI.- Señor presidente: permítame expresar una mezcla de orgullo y emoción que me embarga en este instante por ser la primera vez que hago uso de la palabra en este histórico recinto. Lo hago para defender los derechos de los que no tienen voz, el derecho de la gente, en este caso específico se trata del derecho de los usuarios que transitan por las rutas nacionales de nuestro país.

El 4 de febrero del corriente año un grupo de legisladores de la provincia de Córdoba -de mi bancada y del Frepaso- presentamos tres proyectos referidos al tema del peaje. En primer término, un proyecto de declaración solicitando, dentro de nuestras atribuciones, al Poder Ejecutivo que arbitre los medios conducentes para dejar sin efecto el incremento dispuesto por el ministro de Economía de la Nación de un 10 por ciento en el peaje. Asimismo, un proyecto de resolución por el que se dispone que el Poder Ejecutivo nacional informe sobre las inversiones proyectadas por las empresas concesionarias de las rutas nacionales y sobre las inversiones efectivamente realizadas, así como respecto de los motivos por los cuales no se cumplimentaron las obras comprometidas.

No tenemos el beneficio del que goza el bloque oficialista de receptar la información directamente de los funcionarios competentes en el tema.

Por último, hemos presentado un proyecto de ley por el cual se constituye una comisión revisora de los contratos de concesión, integrada por representantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de las cámaras que agrupan a las empresas concesionarias y de las entidades que nuclean a los usuarios y productores legalmente reconocidos, a la vez que se invita a las universidades nacionales y privadas a sumarse a dicha comisión, para que en un plazo de noventa días revise los contratos.

Sólo a partir de esta instancia se podrá formular la renegociación, en caso de que así se determine.

Además, se propicia que se formule el marco regulatorio -muchos diputados que me han precedido en el uso de la palabra ya lo señalaron- que la ley de reforma del Estado preceptúa para que a partir de él se pueda constituir el ente regulador encargado de efectuar las funciones que le competen para asegurar al Estado y a los usuarios los derechos que los asisten.

Con sorpresa y con agrado en esta sesión los legisladores hemos puesto sobre la mesa del debate una iniciativa legislativa de fundamental importancia para el país. Por suerte los legisladores de la bancada oficialista luego de ocho años de iniciado el proceso de reforma del Estado y la privatización y concesión del peaje han puesto de manifiesto algo que la bancada de la Unión Cívica Radical sistemáticamente reclamó ante la necesidad de resolver un problema que ha originado con su administración el Poder Ejecutivo y que generó a todos los argentinos costos económicos y frustraciones al ver un modelo de modernización excluyente al servicio de un grupo que encontró en el modelo de concesión un nivel de prebendas y de rentabilidad que en ningún país del mundo se observa. En efecto, los concesionarios comenzaron a cobrar el peaje antes de que terminaran las obras y arreglos proyectados.

Con sorpresa, también advertimos que los miembros de la bancada oficialista promueven una iniciativa legislativa desconociendo el reclamo que el bloque de la Unión Cívica Radical viene haciendo desde el mismo momento de la concesión y que por la tiranía del número nunca fue abordado por esta Cámara.

Es importante señalar la falta de apoyo sufrida desde 1990, cuando el Poder Ejecutivo concesionó las rutas nacionales. Los miembros del Congreso de la Nación pertenecientes al oficialismo al parecer no tuvieron el tiempo suficiente para abocarse a una cuestión que desde su implementación para nuestra bancada constituyó un tema sustantivo.

A pesar del tiempo transcurrido no es tarde para reconocer los errores. Este hecho configura el mérito de la bancada oficialista.

El proyecto presentado tiene por objeto crear una comisión bicameral para investigar, estudiar y revisar todo lo actuado relativo y vinculado con los contratos de concesión de peajes, a la vez que solicita en forma abarcativa e imprecisa la suspensión de los aumentos por 180 días.

Con sorpresa advierto que desde la implementación de la reforma del Estado se constituyó una comisión bicameral de seguimiento. Creo que en estos ocho largos años esta comisión debería haber expedido un informe, y ello me crea una gran duda en cuanto a la eficacia y la eficiencia de la creación de estas comisiones bicamerales, que a veces nacen con una finalidad gatopardista para proponer cambios y no cambiar nada.

Esto realmente sería una estafa a la sociedad, que nos votó para defender sus intereses, que son los del pueblo. Es importante señalar que en un país tan extenso como el nuestro, el problema del costo del transporte asume una importancia superlativa en la productividad y competitividad de las empresas, producto tal vez de la escasa comprensión territorial de nuestra nación, que encontró un paliativo con la aparición del trazado de las redes ferroviarias, lo que permitió integrar regiones y actividades, a la vez que nos posibilitó incorporarnos a la división internacional del trabajo.

Más de un legislador aquí presente recordará, al igual que yo, las campanas de la salida o llegada de un tren a una estación y la alegría de saber que en ese tren que iba y venía había un sentimiento de pertenencia a un todo, que era la Nación. Ese sentimiento de pertenencia a un espacio común fue abortado por la administración actual, y quienes somos del interior observamos con preocupación pueblos fantasmas inmersos en una desesperanza de la cual no se avizora alternativa alguna, ya que han perdido la esperanza de concretar la comunicación a través de una buena red vial.

Por ello me alegra que los miembros de este cuerpo empecemos a dar una respuesta inequívoca a la demanda de la gente. Es necesaria la revisión de estos contratos, los cuales no hubieran prosperado en ningún país, dado que establecen un sistema indexatorio de las tarifas sobre la base de la tasa LIBOR, porque se les garantizó a las empresas concesionarias compensar las pérdidas con respecto a una tasa de beneficio que a todas luces es de dudosa legitimidad.

En esa oportunidad los legisladores de la bancada oficialista nos deberían haber acompañado cuando insistíamos en que el Estado no debía subsidiar al sector. Este subsidio generó una deuda que debemos afrontar todos y cada uno de los argentinos, y da la posibilidad a las empresas de contar con 75 millones de pesos anuales.

Es importante señalar que hubo cinco incrementos en las tarifas de peaje, producidos incluso en un plan de estabilidad monetaria. Estos aumentos han llevado a que nuestros productores pierdan competitividad internacional, lo que hoy es por demás preocupante, conforme con lo publicado por el World Economic Forum, en el cual la Argentina se sitúa en el puesto trigésimo noveno del ranking.

La decisión adoptada por el señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, que autoriza este último incremento, agudiza las distorsiones económicas y regionales de nuestro país, y genera una puja distributiva entre sectores, regiones y actividades, que tornan vulnerable un proceso de crecimiento sostenido, desalentando a quienes están alejados del puerto.

Frente al desafío del reto que nos impone la globalización económica y financiera, la cuestión de la infraestructura de comunicación terrestre adquiere una importancia superlativa, ya que en todo proceso de integración subyacen problemas que van más allá de la cuestión arancelaria. La infraestructura de la obra pública será un factor determinante, dado que es la infraestructura la que puede aportar los beneficios en términos de crecimiento económico y alivio de la pobreza.

En este marco se sitúa el rol del Estado, que frente a estos desafíos debe acompañar los esfuerzos de especialización que están haciendo nuestros productores y empresarios en pos de la calidad y eficiencia que el mercado internacional demanda. El Estado ha descuidado la función tutelar, ya que no ha realizado ni cumplido debidamente con el control que, al momento de la concesión, había afirmado que iba a efectivizar. De lo contrario, no hubiera tenido razón de ser este proyecto presentado por la bancada oficialista.

La red vial concesionada sigue siendo extremadamente pobre. No resiste las cargas, porque es altamente insegura y obsoleta...

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia desea saber si la señora diputada por Córdoba está hablando en representación de su bloque. Si así no fuera, su tiempo ya se ha cumplido, por lo que le ruego redondee su exposición. A los demás diputados la Presidencia les solicita que respeten a la oradora en el uso de la palabra porque el murmullo existente imposibilita escucharla.

Continúa en el uso de la palabra la señora diputada por Córdoba.

Sra. LEYBA DE MARTI.- Señor presidente: estaba diciendo que la red vial no está en perfectas condiciones, tal como lo expresa el proyecto de la bancada oficialista. Todos los años las muertes ocurridas por accidentes de tránsito nos ubican en los primeros lugares del mundo.

Sr. CORCHUELO BLASCO.- ¿Me permite una interrupción, señora diputada, con la venia de la Presidencia?

Sra. LEYBA DE MARTI.- Ya concluyo, señor presidente.

Ya que los señores diputados están cansados a esta altura del debate y no tienen ganas de escucharme, voy a redondear mi exposición.

Sra. LEYBA DE MARTI.- Señor presidente: voy a solicitar a los señores diputados que nos aboquemos a legislar con seriedad, sin buscar oportunismos políticos ni utilizar procedimientos mediáticos. Por eso sugiero al bloque Justicialista, que representa a la mayoría, que pongamos manos a la obra, sin engaños y sin tapujos, dejando de lado proyectos que tanto ustedes como nosotros sabemos que no van a llegar a buen puerto.

Realmente no querría que el proyecto no fuera sancionado. Aquí se ha hablado de algunas dudas, porque realmente la gente nos mira azorada pensando que estamos jugando con sus intereses, que constituyen el futuro del pueblo. Espero equivocarme en esa apreciación y que este proyecto sea convertido en ley.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. ALVAREZ ECHAGÜE.- Señor presidente...

Sr. CORCHUELO BLASCO.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. ALVAREZ ECHAGÜE.- Sí, señor diputado.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Chubut.

Sr. CORCHUELO BLASCO.- Señor presidente: cuando le había solicitado la palabra a la señora diputada por Córdoba, ella malinterpretó mi pensamiento, porque no pensaba solicitar que acortara su exposición sino formularle una pregunta. Ella manifestó que en las rutas concesionadas existió un exceso de accidentes de tránsito. Me gustaría conocer la fuente de donde extrajo ese concepto y si cuenta con la tasa de accidentología en las rutas concesionadas.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. ALVAREZ ECHAGÜE.- Señor presidente...

Sra. LEYBA DE MARTI.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. ALVAREZ ECHAGÜE.- Sí, señora diputada.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Para una interrupción tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.

Sra. LEYBA DE MARTI.- Señor presidente: quería contestar al señor diputado por Chubut que todos conocen el número de accidentes que se producen en las rutas, y que el mismo proyecto del oficialismo habla de las rutas obsoletas. Esto no lo digo yo sino el proyecto que los señores diputados oficialistas han presentado.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. ALVAREZ ECHAGÜE.- Señor presidente: es muy importante lo que acabamos de escuchar de la señora diputada. Hay que terminar con los discursos oportunistas para empezar a dar soluciones a los problemas de la gente.

En 1990 cuando hubo que concesionar las rutas, pero mucho antes de asumir el presidente Menem, la Asociación Argentina de Carreteras decía que si no se metía mano en las rutas argentinas la pérdida para el país sería el equivalente al monto de la deuda externa. En ese año, cuando comenzamos con dicha concesión, había una inflación del 798,38 por ciento, índice de precios mayorista nivel general, y de 1.343,92 por ciento a nivel minorista. El aumento en el índice del costo de la construcción en 1990 era del 786,29 por ciento, y la tasa de interés de 307,20. Nada tiene que ver aquello con la situación actual. En este sentido, en 1997 la inflación fue del 0,04 por ciento y el crecimiento superior al 8 por ciento.

Hoy nos reunimos en esta Cámara para tratar un problema de la gente. La iniciativa, les guste o no, fue de la gente y nosotros simplemente la recogimos. Todos vinimos con un objetivo común, y en esto discrepo con el señor diputado Cafiero, quien dijo que el que ve la película supone que tenemos el mismo enfoque.

El objetivo común que compartimos es, en primer lugar, suspender el aumento de las tarifas del peaje. En segundo lugar, lograr que esto nos sirva para que no se renegocie a espaldas de la gente y que se adecuen los contratos de acuerdo con lo dispuesto por una ley que es y ha servido de ejemplo para muchos países de América latina y -por qué no decirlo- para algún país europeo. Me refiero a la ley 23.696, de Reforma del Estado, que se discutió aquí en momentos en que se declaraba la emergencia administrativa, y a la 23.697, de emergencia económica.

El señor presidente de la Nación ha reconocido en el mensaje pronunciado en la Asamblea Legislativa que hemos cometido desprolijidades y errores en materia de privatizaciones y que había que sanearlo, pero también dijo que hicimos camino al andar en el marco de la emergencia. Todos declaramos el marco de la emergencia económica y la emergencia administrativa.

¿Saben por qué podemos confluir todos en un objetivo común de revisar los contratos y adecuar las tarifas de los peajes? Porque no estamos en las mismas condiciones de 1990. Si estuviéramos con ese índice inflacionario, con esa tasa de interés, nadie abriría la boca; ¿saben por qué? Porque hubo accidentes; porque se fabricaban 60 mil automóviles y hoy se fabrican 500 mil; porque tenemos la cosecha más importante que se conoce en la historia argentina; porque el transporte de carretera ha aumentado y también ha mejorado el transporte de carga ferroviaria, que hizo bajar la tarifa de camión en un 30 por ciento. Reconozco que ahora se aumentó en un 15 por ciento por este error administrativo de incrementar las tarifas del peaje.

El señor diputado Martínez Garbino ha puesto la cara, y esto es lo importante. Pero poner la cara no significa que nos peguen un golpe en la nuca. Deben reconocer que hoy podemos discutir este tema porque se produjo una transformación en la Argentina y porque también hay estabilidad. Además quiero mencionar a un hombre por el que tengo un gran respeto, que fue profesor universitario y miembro de la Comisión Bicameral desde 1989. Para información de la señora diputada que hizo referencia a dicha comisión, debo aclarar que está compuesta por doce miembros: seis de la oposición -cuatro del radicalismo, el doctor Natale, a quien hacía referencia, del Partido Demócrata Progresista, quien sostiene que en el marco de la seguridad jurídica el Estado puede adecuar los contratos de concesión a la nueva realidad, y el señor senador Romero Feris, del Partido Autonomista- y seis del oficialismo. Es decir que no existe mayoría oficialista. Modificamos contratos, entre ellos el de ENTel y el de adjudicación del ferrocarril Ferroexpreso Pampeano Rosario-Puerto Belgrano, ambos firmados. Tomamos cuarenta y cinco días para modificar el contrato de Ferroexpreso para que no existiera una posición dominante que terminara constituyéndose en prácticas monopólicas.

Ante la crítica que realizó a la Comisión Bicameral la diputada preopinante, propongo a la Cámara se soliciten todos los dictámenes de la Comisión desde el año 1989 hasta la fecha, a fin de determinar si hubo incumplimiento del mandato otorgado por el cuerpo, descuido, o errores deliberados o actitudes incorrectas de sus integrantes.

La cuestión es más profunda que discutir el peaje. Se trata de que todos nos pongamos de acuerdo en algo que no es un problema de un partido político; no es cuestión de culparnos para ver quién cometió más errores ni para ver si Alfonsín no hizo lo que hicimos nosotros, o si nosotros no hicimos lo mismo que él. No se trata de eso. Aquí tenemos que reinventar el Estado y el gobierno. Estamos ante nuevas circunstancias; son nuevos los cánones para el manejo de lo económico, lo político y lo social. Y digo "en lo político" porque mal nos fue cuando se pedía el cierre del debate sin lista de oradores o cuando no se permitía que hablaran los legisladores que habían sido aludidos. También la democracia va creciendo. Por eso es que hay que reinventar al Estado y al gobierno; es el gran desafío que tenemos todos.

Repito lo que dije hoy en el sentido de que aquí no se privatizaron los servicios públicos. El Congreso es el único que puede decir qué industria, producción o servicio es público. Somos nosotros los que tenemos el contralor de los actos administrativos. Debemos pensar que este Estado que ha privatizado la gestión del servicio público debe recobrar el rol de un Estado fuerte en el control y arbitraje de los conflictos sociales, la distribución de los ingresos y la riqueza con equidad. Debe ser el Estado el que controle al mercado, porque la economía popular de mercado no soluciona todos los problemas, y el mercado sirve en la medida en que sea controlado por el Estado; si no, no hay mercado que valga. Estoy repitiendo palabras pronunciadas por el presidente de la Nación en el mensaje que diera a la ciudadanía al asumir por segunda vez la presidencia del país.

Es cierto que la mayor responsabilidad es nuestra; todos estamos en deuda. El artículo 42 de la Constitución Nacional dice que los marcos regulatorios -es decir, las bases, condiciones o reglas de juego para articular al Estado, los concesionarios y los usuarios- deben ser fijados por ley del Congreso. Da la casualidad de que los únicos tres marcos regulatorios existentes por ley no se refieren en lo esencial a servicios públicos. En efecto, la extracción de petróleo y de gas y la generación de energía eléctrica no son servicios públicos. Los servicios públicos son el transporte y la distribución. Aquí radica la deuda que todos tenemos: el resto de los servicios públicos no tiene marco regulatorio por ley.

En consecuencia, tenemos que cumplir lo que establece el artículo 42 de la Constitución y dictar los marcos regulatorios correspondientes a cada actividad privatizada.

Por otro lado, si podemos sancionar el marco regulatorio para una actividad, también tenemos que crear el ente regulador. Este siempre queda integrado por decreto presidencial a propuesta del ministro. Pero los presidentes no están para estas cosas sino para las cuestiones grandes, para la estrategia, para los asuntos propios de estadistas. Muchas veces un ministro lleva al presidente una lista y éste la firma por confianza; por eso se requiere nuestro acuerdo para la integración de los entes reguladores. Es necesario el acuerdo del Congreso de la Nación y no el llamado a concurso. Esto es así porque en ocasiones muchos concursos dejan de ser tales debido a que algunos miembros de los entes reguladores son los mismos que privatizaron las empresas, lo cual los hace caer en una situación de incompatibilidad ética para integrar dichos entes.

Sr. POLINO.- ¿Por qué lo permitieron?

Sr. ALVAREZ ECHAGÜE.- Estaba esperando que alguien lo preguntara. No hacemos esto en respuesta al 26 de octubre; ya habíamos presentado proyectos con anterioriedad en este sentido. Hay dictámenes de la comisión bicameral de 1991 que hacen referencia a los entes y a los marcos regulatorios, y no existía la Constitución de 1994. Esta es la verdad; lo pueden decir los diputados radicales que la integran y el señor diputado Natale.

Hay que tener cuidado al renegociar los contratos existentes; hoy son otras las condiciones y los requerimientos de la gente. La suspensión no es suficiente en el área del peaje; debemos proponer una solución adecuada y seria, de cara al tiempo que viene. Dar una respuesta que no sea emergente a este gran problema existente -tarifas inadecuadas- sino solución global con equidad entre tarifa y servicio prestado con eficiencia y calidad. Cuando la reforma del Estado se refiere a una rentabilidad adecuada a la inversión efectivamente realizada, a la calidad y eficiencia de los servicios, nos obliga a definir esto. Es el Congreso el que debe definir el marco regulatorio o el marco general tarifario, pero nosotros delegamos en el poder administrador la fijación de la tarifa porque no tenemos los elementos suficientes para hacerlo.

Ello deviene de una vieja jurisprudencia de los Estados Unidos, donde la Corte dijo que quien fija las tarifas no es la Justicia sino las comisiones reguladoras, por delegación del Congreso, que no puede hacerlo porque no dispone de los medios suficientes. Quizá muchas veces también pensamos que ello obedece a que nosotros no debemos hacer lo que corresponde a otro órgano, para no caer en inconstitucionalidad.

De ninguna manera podemos tener desconfianza entre nosotros, y decir: ¿no será que estos señores del justicialismo hoy aprueban una suspensión para dar respuesta a la queja de la gente y luego pasa cualquier cosa? No estamos en un período electoral para pensar de esa manera. Hoy tenemos que construir y legislar.

Tengo derecho a decir lo que hoy manifiesto porque ya lo dije muchas veces antes del 26 de octubre, y además he firmado los dictámenes de la comisión bicameral. Dado que una señora diputada ha dicho que esa comisión no cumplió con su cometido, solicitaría que esta Cámara pida todos los dictámenes emitidos por esa comisión y se conforme otra para que analice si alguno de sus miembros, sea de la oposición o del oficialismo, ha cometido algún delito, error o desliz.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia ruega al señor diputado que redondee su exposición.

Sr. ALVAREZ ECHAGÜE.- Señor presidente: sé que usted siempre tiene el apuro de Astorgano. Hoy no pudieron hacer uso de la palabra algunos diputados que fueron aludidos por otros...

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Es mi antipática función...

Sr. ALVAREZ ECHAGÜE.- Mucho más antipático es que no se solucionen los problemas de la gente. Pero voy a redondear, señor presidente.

Vale mucho más el interés de la gente y lo que dice la Constitución Nacional que lo establecido en el reglamento de la Cámara. De todas maneras pienso que hoy, gracias a la transformación del país, podemos revisar los contratos. Debemos ser lo suficientemente flexibles dentro de la seguridad jurídica -me comprometo públicamente con lo que digo- porque yo no trabajo para las empresas, cuyo negocio es que rescindamos los contratos.

Citaré algunos datos a los que nadie ha hecho mención, y lo haré yo, que soy del oficialismo. Me refiero a las ganancias de las empresas durante los ejercicios de 1995 y 1996.

Sr. POLINO.- ¡Yo ya lo dije!

Sr. ALVAREZ ECHAGÜE.- En 1995 Servicios Viales obtuvo una ganancia del 101,50 por ciento; Semacar, del 81 por ciento; Concanor, del 103 por ciento, etcétera.

Lo que queremos es que se cumpla con la ley 23.696 en lo relativo a rentabilidad adecuada a la inversión realmente realizada, eficiencia y calidad de servicios. Para esto debe existir un marco regulatorio por ley y el acuerdo del Congreso para la designación de los miembros de los entes reguladores; lo demás es especulación. Es muy importante que formemos comisiones de estudio, pero a nosotros nos eligieron no para investigar sino para legislar y evitar que en el futuro sucedan cosas que ya pasaron.

Sr. ABALOVICH.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. ALVAREZ ECHAGÜE.- Sí, señor diputado.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.

Sr. ABALOVICH.- Señor presidente: recogiendo la sugerencia que ha venido reiterando la oposición, y de acuerdo con lo que acaba de expresar el señor diputado Alvarez Echagüe, entiendo que podríamos fijar una fecha para que este Congreso se aboque al tratamiento de todos los proyectos de marco regulatorio que obran en el Parlamento y de los que en el futuro se puedan presentar. Creo que esto sería, de cara al tiempo que viene, dar una respuesta que no sea un emergente coyuntural de este gran problema existente.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Dentro del espíritu de conducir el debate adecuadamente, la Presidencia sugiere que en su oportunidad se acuerde una moción de preferencia para ese asunto.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. ALVAREZ ECHAGÜE.- Señor presidente: sin duda el apuro lo tenemos todos; sólo quiero decir que mi exposición obedece a un profundo convencimiento y a la mayor lealtad con todos y cada uno de los señores diputados.

Fundamentalmente, sé perfectamente que el problema no está sólo en el peaje sino en las tarifas de transporte y en muchas otras cosas.

No nos acordemos tarde; ahora discutimos quién tuvo la iniciativa, cuando en realidad tendríamos que decir que la iniciativa es de todos y la construcción también debe ser de todos. Cumplamos con la Constitución; para eso la reformamos. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. LAMBERTO.- Señor presidente: no pensaba participar en el debate pero creo que vale señalar algunas cosas importantes que se dijeron aquí. Pienso que es necesario hacer precisiones; pareciera ser que hay quienes creen en un manual de las cosas inmutables, o sea que gobernar es un hecho lineal que significa que uno se rige por un manual que lo obliga a hacer todo el tiempo lo mismo, y continúa haciéndolo porque el manual lo dice.

Eso es lo que no hacemos los peronistas: no gobernamos por manuales, porque gobernar por manual implica quedarse fuera de la historia, es decir, no dar respuesta a los problemas a medida que aparecen.

Cuando se tienen que solucionar problemas, deben emplearse las herramientas que da la realidad que nos toca vivir. Evidentemente la realidad de 1990 tiene muy poco que ver con la actual. En aquella época había un Estado que tenía todo menos poder, un Estado que era dueño de casi todo pero que tenía que arrodillarse hasta para conseguir un peso.

Ese Estado tenía todo menos la confianza para brindar seguridad, prosperidad y futuro a los argentinos. Con ese Estado tuvimos que tomar decisiones, tuvimos que hacer contratos, y con ese Estado seguramente cometimos errores. No es lo mismo negociar desde una posición donde las cosas se pueden hacer porque hay créditos y alternativas, que desde un Estado carente de posibilidades.

No olvidemos que aquel Estado recurría al mundo y se le contestaba que volviera cuando hubiese ordenado el país. Tampoco olvidemos que en aquel momento la caja de la Nación estaba en cero, el crédito internacional era cero, etcétera, y hubo que empezar a ganar confianza, lo que significó tomar decisiones.

¿Cómo estaban los caminos en aquel entonces? ¿Estaban transitables, eran útiles? ¿No tenían pozos? ¿Estaban ordenados? De ninguna manera: eran un desastre, no había energía eléctrica, tampoco crédito y el país estaba en estado de disolución.

En esas condiciones siempre un país es chantajeado; se chantajeaba al Banco Central de los radicales con tasas de interés del 60 por ciento, y también a nosotros cuando fuimos gobierno.

Creo que cambiaron muchas cosas y hoy, en la era de la post privatización, tiene que cambiar el rol del Estado y del Congreso. Este Congreso también fue un apéndice del Estado; cuando todo era del Estado, el Congreso era en todo caso la representación del aparato estatal. Cuando todo es privado el Congreso es la representación de la gente y es el árbitro de las diferencias. Por eso hoy estamos discutiendo las tarifas del peaje; no discutimos su utilidad.

No queremos desarmar los peajes porque creemos que son buenos; queremos ponerlos en caja, respondiendo a las inquietudes de la gente, que se pregunta por qué le cobran este precio.

Esto es lo que hacen los parlamentos de los países de Occidente, donde se discuten precios y tarifas y se acuerda que el Parlamento es el control que ejerce la sociedad sobre las actividades que desarrollan los particulares.

Esto es lo que estamos haciendo esta noche, porque cuando la gente pregunta por qué aumenta el peaje si no se ven inversiones ni se están haciendo obras, nos gustaría poder responderle.

Alguien podrá argumentar que resulta imposible modificar las condiciones contractuales, porque -como señalaba el señor diputado Maqueda- algunos creen en el fatalismo jurídico. Por ello es importante tener en cuenta que no existe tal fatalismo porque, en última instancia, se indemniza y se paga en las condiciones que el Estado quiera, tal como lo hicimos mediante una ley de consolidación de pasivos en la que el Estado propuso las condiciones.

Este hecho significa que el Estado no está inerme, puede discutir y renegociar. Por ello proponemos que se fije un plazo de ciento veinte días en los que el Congreso dará un claro mensaje al país en el sentido de que, de aquí en adelante, cada vez que algo está en manos de los privados vaya contra los intereses de la gente, tendrá que ser objeto de consideración por el Parlamento a fin de que éste ejerza la función de árbitro a través de la representación que le dio el pueblo con su voto. (Aplausos prolongados.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. GARCIA.- Señor presidente: a esta altura del debate no resulta adecuado agregar más dichos a lo ya expresado. No obstante, quiero detenerme brevemente en el hecho que esta noche ha protagonizado el Parlamento, que me permite hacer uso de la palabra por primera vez en este ámbito.

Me siento satisfecho al ver que la búsqueda del consenso es un elemento que prima en quienes tenemos la responsabilidad de cumplir con el mandato popular. Rescatar esta circunstancia por encima de nuestras diferencias significa un claro mensaje hacia la sociedad argentina, porque estamos demostrando que hay un Parlamento dispuesto a debatir y a poner sobre la mesa la diversidad pero, por encima de ello, a buscar las soluciones que la gente necesita.

Hoy el debate se ha visto enriquecido por los distintos aportes realizados por los señores diputados. En este contexto, el bloque Justicialista ha hecho un gran esfuerzo junto al resto de los bloques que integran la Honorable Cámara para arribar a un consenso y expresar de esa forma una voluntad unánime en el sentido de que al pueblo se lo debe escuchar y respetar y que, por encima de nuestras diferencias, la actitud debe ser la de la defensa de la gente.

Me voy a permitir leer el proyecto que surge como consecuencia del consenso al que hacía referencia.

Por un lado, proponemos la sanción de un proyecto de ley que dispone la suspensión del aumento de las tarifas del peaje de la red vial nacional y vías navegables por entender que también las hidrovías deben ser tenidas en cuenta en la situación actual de la Argentina.

El artículo 1° dice así: "Suspéndese por el término de ciento veinte días la aplicación del aumento de las tarifas de peaje, establecidas a partir del 1° de enero de 1998 emanados de los contratos de concesión correspondientes a la red vial nacional y vías navegables, regidos por la ley 17.520 modificada por la ley 23.696."

El artículo 2° establece: "Durante el plazo prescripto en el artículo 1° no deberá dictarse acto administrativo alguno, unilateral o bilateral, que modifique en perjuicio de los derechos del Estado o de los usuarios, las cláusulas contractuales vigentes de que trata la presente ley."

También impulsamos un proyecto de resolución por el que se crea una comisión especial para el análisis del sistema de concesionamiento de peaje y el estudio de financiamiento de obras viales. Solicito que esta última iniciativa sea leída por Secretaría una vez que haya concluido mi disertación, para que sea considerada a continuación.

Celebro que en la búsqueda del consenso podamos manifestar a la comunidad que los legisladores estamos para defender una vez más los intereses del pueblo. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. ALESSANDRO.- Señor presidente: es justo destacar el esfuerzo común que se ha hecho en la búsqueda de un consenso que por fin nos permita brindar un gesto que la sociedad espera del Parlamento.

Reiteradamente se habló de estar a la altura de las expectativas de la gente y, pese a que quizá la iniciativa que en contados minutos vamos a votar no es lo óptimo desde nuestro punto de vista, consideramos que es mucho más importante suspender la aplicación de estos aumentos tan injustos, dar un gesto en común y que la Cámara unánimemente responda en forma clara y contundente ante esta situación.

Esto es lo que quería aclarar, más allá de algunas interpretaciones que se dieron acerca de la evolución histórica del tema desde 1990 en adelante en relación con la renegociación de los contratos. Como sobre ese aspecto no nos vamos a poner de acuerdo porque la bancada Justicialista ha dicho que un error administrativo en este momento...

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia recuerda al señor diputado que una norma de lealtad parlamentaria indica que, una vez que hace uso de la palabra el bloque de la mayoría, se pasa a votar. Le he dado la palabra para que haga una aclaración, no para que introduzca un discurso.

Sr. ALESSANDRO.- La práctica legislativa permite que los bloques fundamenten su voto.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia entiende que la aclaración ya se ha formulado.

Asimismo, la Presidencia sugiere el siguiente orden respecto de la votación. En primer término, se votará el proyecto de ley en general. Luego se dará lectura por Secretaría -conforme lo acordaron las autoridades de bloque- del informe vinculado con la declaración jurada del señor diputado Cavallo. Posteriormente se procederá a votar en particular el proyecto de ley anteriormente señalado, y finalmente se pondrá a consideración el proyecto de resolución al que se ha hecho oportuna referencia.

Sr. ALVAREZ ECHAGÜE.- Pido la palabra para una aclaración.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. ALVAREZ ECHAGÜE.- Señor presidente: el artículo 2° que acaba de leer el señor diputado García habla de "suspender todo acto administrativo unilateral o bilateral". Al respecto señalo que no existe acto administrativo bilateral. El acto administrativo emana del poder administrador. Un acto administrativo puede ser producto de una negociación bilateral, pero no hay acto administrativo bilateral.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia hace saber al señor diputado que durante la consideración en particular de esta iniciativa podrá formular las observaciones que estime conducentes.

Se va a votar en general el proyecto de ley del que ha dado lectura el señor diputado García.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- La Presidencia señala que la aprobación fue por unanimidad.

Antes de entrar en la consideración en particular daremos lectura por Secretaría del informe...

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Visto el pedido que están realizando los señores diputados de continuar con la consideración en particular del proyecto, se pospone la lectura del informe para una vez que se apruebe el asunto en tratamiento.

En consideración en particular el artículo 1°.

Por Secretaría se dará lectura.

Sra. SECRETARIA (PEREZ PARDO).- Dice así:

"Artículo 1°: Suspéndese por el término de ciento veinte (120) días la aplicación del aumento de las tarifas de peaje, establecidos a partir del 1° de enero de 1998 emanados de los contratos de concesión correspondientes a la red vial nacional y vías navegables, regidos por la Ley 17.520 modificada por la Ley 23.696."

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Se va a votar.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- En consideración en particular el artículo 2°.

Por Secretaría se dará lectura.

Sra. SECRETARIA (PEREZ PARDO).- Dice así:

"Artículo 2°:"Durante el plazo prescripto en el art. 1° no deberá dictarse acto administrativo alguno, unilateral o bilateral, que modifique en perjuicio de los derechos del Estado o de los usuarios, las cláusulas contractuales vigentes de que trata la presente ley."

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. ALVAREZ ECHAGÜE.- Señor presidente: propongo que quede solamente "acto administrativo alguno". Es suficiente, porque no existe acto administrativo bilateral.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. ARAMBURU.- Señor presidente: nuestro bloque ha pedido la aclaración del acto unilateral o bilateral porque existen autores de derecho administrativo que hablan de ambas categorías. En este sentido, me permito citar al tratadista Marienhoff, quien habla de los actos administrativos bilaterales.

A lo mejor estamos muy susceptibles, pero si queda redactado el artículo diciéndose que se suspende el dictado de los actos administrativos podría interpretarse que se refiere sólo a los actos unilaterales, porque el dictado depende solamente del poder administrador.

Por eso, hemos pedido esa aclaración, que se ha hecho así, quizá de un modo imperfecto; pero la idea es que se comprendan tanto los actos dictados por el Poder Ejecutivo como los que se puedan celebrar con el concesionario, por vía de contrato, por ejemplo, que son lo que alguna parte de la doctrina administrativa -que puede no compartirse- llama actos bilaterales.

Cubriéndonos de esta distinción que puede o no compartirse, es que pedimos que se efectúe esta inclusión dentro del artículo para que no se pueda efectuar el dictado de un decreto ni consentir un nuevo contrato o renegociación. Esto fue lo que pedimos y lo que aceptaron.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. BALESTRA.- Señor presidente: quiero poner de manifiesto una pequeña discrepancia, aunque no haré de ella un planteo de tipo doctrinario.

El acto administrativo es la emananción de la voluntad del Estado. Por lo tanto, el acto administrativo es, por mismidad, unilateral.

Aquí se da una explicación desde el punto de vista técnico, pero si eso contribuye a la tranquilidad del ambiente que todos compartimos en estos momentos, no tengo ningún inconveniente en adherir a la propuesta.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. ALVAREZ ECHAGÜE.- Señor presidente: por respeto y homenaje a Marienhoff debo señalar que, cuando él y algún otro administrativista se refieren a acto administrativo bilateral, equivale a un acto administrativo emanado del único de quien puede emanar un acto administrativo, porque no hemos privatizado el Estado. Obedece a una negociación bilateral. Entonces, pueden poner acto administrativo por decisión del Estado o producto de una negociación bilateral; y con eso queda todo solucionado. Pero no existe el acto bilateral; Marienhoff no lo dice.

Por otra parte, creo que la palabra del profesor Balestra es suficiente.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. ARIAS.- Señor presidente: en el texto está debidamente explicitado el sentido del artículado y la comprensión de la norma.

Una vez más debo coincidir con mi amigo René Balestra en cuanto a la explicación que ha brindado.

La redacción de esta norma contempla todo acto administrativo, ya que hace referencia a "acto administrativo alguno". Por ello entendemos que no es necesario el agregado que se ha propuesto.

De todos modos, como debemos ser fieles a los compromisos asumidos a los fines de posibilitar la sanción de esta norma y despejar cualquier tipo de suspicacia, y por aquello de que lo que abunda puede ser admitido en tanto y en cuanto no altere el sentido de la norma, entendemos que podemos aceptar este agregado que no varía la comprensión del texto en análisis.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra la señora diputada por Chaco.

Sra. CARRIO.- Señor presidente: para evitar toda duda -ya que esta norma va a ser interpretada por el Poder Ejecutivo, donde no van a estar ustedes sino posiblemente Barra- habría que poner acto administrativo o acto contractual, con lo cual quedan cubiertas las dos hipótesis y no pierde sentido lo dicho por el señor diputado Alvarez Echagüe.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. GARCIA.- Señor presidente: quiero rescatar que aquí ha quedado expresado que la redacción original habla de "acto administrativo alguno", como recién señalaba el señor diputado Arias.

Además, aceptamos la sugerencia que había efectuado un integrante de la Alianza con respecto a la modificación vinculada con las palabras unilateral y bilateral, entendiendo el planteo jurídico que se había formulado.

En consecuencia, no tenemos ningún problema y aceptamos la propuesta de la señora diputada Carrió, agregando, luego de "acto administrativo", "acto contractual".

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Se va a votar el artículo 2° con la modificación que ha sido aceptada.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Queda sancionado el proyecto de ley.

Se comunicará al Honorable Senado.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Corresponde considerar el proyecto de resolución de los señores diputados Mario Cafiero y otros, sobre creación de una Comisión Especial para el Análisis del Sistema de Concesionamientos por Peaje y el Estudio del Financiamiento de Obras Viales (expediente 297-D.-98).

En razón de que el aludido proyecto fue incorporado como antecedente en el temario cuya consideración ha aprobado la Honorable Cámara para esta sesión especial, la Presidencia estima innecesario que el cuerpo se pronuncie acerca de su inclusión como nuevo asunto a tratar.

Si hubiere asentimiento, se procederá de la forma indicada.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Por Secretaría se dará lectura del proyecto de resolución.

Sra. SECRETARIA (Pérez Pardo).- Dice así:

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- En consideración.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. GARCIA.- Señor presidente: voy a formular dos observaciones que también han sido producto del consenso.

En el artículo 2°, el apartado d) quedaría redactado de la siguiente forma: "Cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de cada una de las empresas concesionarias desde el inicio de las mismas y hasta el 31 de diciembre de 1997, incluido el concepto de multas por incumplimiento de las mismas."

En el apartado k), cuando se habla del sustento legal, técnico y económico financiero del incremento del peaje a partir del 13 de enero, debe cambiarse por "a partir del 1° de enero de 1998", para que coincida con el proyecto de ley, que también habla de esa fecha.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.

Sr. ACEVEDO.- Señor presidente: quiero referirme al punto 6° de este proyecto de resolución. El último párrafo de dicho punto dice textualmente: "Para ello podrá adoptar en los casos que considere conveniente, como mecanismo de consulta previa, el sistema de audiencia pública...". Entiendo que el verbo utilizado debe ser imperativo; es decir, en lugar de "podrá" debería decir "deberá". Digo esto por imperio de un mandato constitucional que es el artículo 42, y también por imperio de los acontecimientos políticos que vive la República Argentina.

Algunos consideramos que el pasado 26 de octubre todas las fuerzas políticas adhirieron a un sistema económico que ha hecho crecer al país. Lo que está en discusión ahora es cómo se distribuye ese esfuerzo, ese crecimiento y cómo se logra la transparencia necesaria que deben poseer el sistema de distribución, el institucional, el político y las decisiones que deben adoptarse en consecuencia. Este es el mensaje que los peronistas hemos tenido que entender para poder seguir contribuyendo al futuro y a la grandeza de la Nación; este es el mensaje y el desafío que aceptamos. Incluso, en una posición que puede no ser compartida por todos, entendemos que es desde las pequeñas cosas, desde este tipo de iniciativas, que debemos comprometer la voluntad política para hacer real estos valores, ver la manera de encarar cómo se distribuye el esfuerzo realizado en el país en los últimos años y lograr la transparencia necesaria en la discusión de los temas que hacen a la ciudadanía y la sociedad civil en sus relaciones con el Estado.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por Capital.

Sr. ALESSANDRO.- Señor presidente: dado el importante nivel de consenso que hemos alcanzado en este proyecto y teniendo en cuenta que el oficialismo ha aceptado algunas sugerencias que hemos incorporado, quisiera efectuar un último pedido: que en el punto 9° se amplíe de once a trece el número de miembros, para permitir una mejor representación de los distintos bloques de esta Cámara. Creo que esta inquietud no altera el fondo de la iniciativa.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Si no hay otras observaciones que formular, luego de la intervención del señor diputado Mario Cafiero, se procederá a votar el proyecto de resolución.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. CAFIERO (M.A.H.).- Señor presidente: respecto del tiempo de verbo utilizado en el punto 6° consideramos que "podrá" es el adecuado para que esta comisión pueda manejarse en función de esta nueva actividad que tiene que desarrollar. La intención con que se va a desempeñar esta comisión está clara; por eso estimamos que esto es simplemente una discusión semántica.

En relación con el aumento de once a trece de los miembros de la comisión, estamos de acuerdo.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra la señora diputada por Santa Cruz.

Sra. FERNANDEZ de KIRCHNER.- Señor presidente: no creo que el cambio de verbo que se mencionó constituya una cuestión semántica.

Además hemos solicitado una redacción más amplia. Sugeríamos que dijera: "La Comisión deberá adoptar el sistema de Audiencia Pública. Sin perjuicio de aquellos casos en los que la Comisión lo considere conveniente, la Audiencia Pública será obligatoria antes de dictaminar sobre la siguientes materias...". Más adelante continúa diciendo:"...cuando se proceda sobre la continuidad de las concesiones, licencias, permisos, autorizaciones y habilitaciones otorgadas a los particulares;

"e) Cuando las tarifas, cargos, clasificaciones o servicios de un prestador sean consideradas, con fundamento, como inadecuadas, indebidamente discriminatorias o preferenciales según la naturaleza del servicio;

" f) Ante solicitud de modificación de tarifas y para la conveniencia, necesidad y utilidad de los servicios involucrados."

Decimos que la cuestión no es semántica porque en definitiva el rol del Estado de intervenir en la economía para restablecer la ecuanimidad, la ecuación que se ha roto...

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Señora diputada: la Presidencia le ruega que redondee su exposición y se limite a fundar su voto.

Sra. FERNANDEZ DE KIRCHNER.- Por eso digo que no es semántica esta cuestión, porque la inclusión de la audiencia pública como sistema obligatorio para adoptar determinadas decisiones otorga mucha mayor transparencia a cualquier discusión y asimismo da cumplimiento al artículo 42 de la Constitución Nacional. Esto lo sostuvimos en el Senado cuando se sancionó la figura del superente regulador.

Hago la presente aclaración porque en definitiva una comisión, sea unicameral o bicameral, no va a garantizar la participación de los usuarios. No puede ser facultad de los diputados dar participación a los usuarios, a los consumidores, en la defensa de sus intereses. Desde la reforma constitucional de 1994 los usuarios y consumidores pueden participar en la defensa de sus propios derechos; se trata de un derecho de ellos y no de la clase política. Por eso creo que las comisiones de seguimiento de las privatizaciones, creadas por la ley 23.696, tampoco han dado el resultado que se esperaba. Esto no significa poner en tela de juicio la actuación de sus integrantes...

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Señora diputada: la Presidencia le reitera que se limite a fundar su voto. El señor diputado Polino también ha pedido la palabra y tiene el mismo derecho que usted para expresar su posición.

Sra. FERNANDEZ DE KIRCHNER.- Sólo quiero agregar que las cosas se miden por los resultados y no por las intenciones. Por eso es que creemos que no es una cuestión semántica el hecho de imponer con carácter obligatorio el sistema de audiencias.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. POLINO.- Señor presidente: muy brevemente quiero recordar a la Cámara que ya existen numerosos fallos judiciales sobre distintas materias vinculadas con los servicios públicos que han establecido la obligación del Estado de convocar a audiencia pública. En tal sentido, quiero mencionar un fallo recaído en un juicio promovido por Jesús Rodríguez contra el Estado nacional, y otro de ADELCO contra el Estado nacional, de 1995. Ambos fallos, que quedaron firmes, obligaron al Poder Ejecutivo a convocar a audiencia pública antes de proceder a la reestructuración de las tarifas telefónicas.

Asimismo, quiero señalar que en 1997 la Justicia suspendió los efectos de los aumentos establecidos en el decreto 92/97 porque el Poder Ejecutivo no cumplió con su obligación de convocar a audiencia pública.

Por último, recuerdo a la Honorable Cámara que existe un fallo de primera instancia, apelado por el Poder Ejecutivo, que está referido a la prórroga del período de exclusividad de las empresas telefónicas, donde la Justicia estableció que, antes de decretar la prórroga de esa exclusividad, el Poder Ejecutivo debe -no dice "podrá"- convocar a una audiencia pública para discutir si las empresas cumplieron con todas las obligaciones establecidas en el pliego de licitación.

Por lo tanto, es conveniente que el texto diga "deberá", porque esta no es una mera cuestión de carácter formal.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Se va a votar el proyecto de resolución con las modificaciones aceptadas.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- Queda sancionado el proyecto de resolución.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- A continuación la Presidencia informará acerca de las diligencias efectuadas a raíz de lo encomendado por el cuerpo con motivo de la cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Ayala.

De conformidad con las instrucciones recibidas, en mi carácter de vicepresidente 1° de la Cámara a cargo de la Presidencia, acompañado por representantes de los distintos bloques que también firman el acta -si la Cámara lo considera conveniente luego daría lectura de los nombres de los suscribientes-, como también por el señor secretario administrativo y la señora secretaria parlamentaria, procedimos a la apertura del sobre que contiene la declaración de bienes del señor diputado Domingo Cavallo. Esta declaración de bienes hace referencia a su estado patrimonial -según consta en el anverso del sobre- al 31 de julio de 1997, y fue presentada el 4 de marzo de 1998.

Sr. BENEDETTI.- ¿Qué día? No escuché bien, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- He sido claro, señor diputado. El documento hace referencia al estado patrimonial al 31 de julio de 1997 y fue presentado el 4 de marzo de 1998.

Sr. BENEDETTI.- Es decir, hoy.

Sr. PRESIDENTE (LOPEZ ARIAS).- En el anverso del sobre hay dos aclaraciones: primero, se deja constancia de que esta declaración es la misma que fuera presentada ante Poder Ciudadano; y segundo, se autoriza a que se abra y se dé copia ante el pedido de cualquier ciudadano o diputado nacional que se presente a solicitarla.

Tras su lectura se procedió a la apertura del sobre, dejándose constancia de que su reverso se hallaba firmado tanto por el presentante como por el secretario administrativo del cuerpo, que extrajo el documento. Allí se verificó una referencia al anexo (punto 7, inciso 7). En relación con la situación patrimonial del núcleo familiar y cuentas bancarias de las que es titular, se menciona su existencia en Banco Roberts, First Union National Bank y Toronto Fund (fondo de inversión). Con ello se dio por cumplido el acto.

No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.