Del total recursos, $76.836,9 millones corresponderán a la Administración Nacional. El monto que financiará a la Nación será 11,6% superior al que ingresará en el año 2004.

Los ingresos originados en el impuesto a las Ganancias llegarán en el año 2005 a los $22.739,7 millones, lo que significará una suba de 8,8% respecto del año anterior. En términos del PIB la recaudación registrará una pequeña caída, pasando de 4,9% a 4,8%. La variación de los ingresos se explica por los crecimientos esperados en la actividad económica y en el nivel de precios - que se reflejarán en aumentos en los impuestos determinados tanto por las sociedades como por las personas físicas y en mayores ingresos provenientes de las retenciones y percepciones practicadas en este impuesto. En sentido contrario, y como ya se mencionara, incidirán los muy importantes pagos de la principal empresa petrolera del país realizados durante el año 2004 - que se originaron en el incremento del precio del petróleo, en los métodos de determinación del tributo y en los sistemas de pago del mismo, y la vigencia plena del régimen de pago a cuenta del impuesto sobre los Créditos y Débitos en cuenta corriente.

La recaudación del impuesto al Valor Agregado, neta de reintegros a las exportaciones, se incrementará 12,5% respecto del año 2004, alcanzando los $32.412,2 millones. En términos del PIB, se mantendrá en alrededor 6,8%. Los aumentos en la actividad económica, las importaciones y los precios son las principales razones de la variación nominal de la recaudación. Por otro lado, el establecimiento de un régimen transitorio para el tratamiento fiscal de las inversiones en bienes de capital nuevos, afectará en forma negativa los ingresos de este impuesto en el transcurso del año próximo.

Los recursos originados en los impuestos Internos Coparticipados serán de $3.537,0 millones, subiendo 20,1% con respecto al año anterior. Las alzas registradas en los precios de los paquetes de cigarrillos y los aumentos esperados en las ventas del resto de los productos gravados explican este incremento.

Los ingresos por el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta disminuirán 23,5%, llegando su recaudación a los $944,9 millones. La caída de los recursos se debe, fundamentalmente, a que durante todo el año 2005 se podrá tomar como pago a cuenta en este impuesto un porcentaje del impuesto sobre los Créditos y Débitos en cuenta corriente.

La recaudación del impuesto sobre los Bienes Personales crecerá 7,2%, por lo que alcanzará los $1.864,1 millones. Esta suba se explica por el efecto conjunto del incremento de los precios de determinados activos y el mantenimiento del monto exento.

Los ingresos estimados por el impuesto sobre la Naftas serán de $1.697,0 millones, lo que significará un alza de 2% respecto del año 2003. La recaudación del impuesto sobre el Gas Oil y otros combustibles presentará un incremento de 3,9%. En ambos casos, las variaciones serán consecuencia de los aumentos proyectados en las ventas.

Los recursos provenientes de los impuestos que gravan el comercio exterior –Derechos de Importación y Exportación y Tasa de Estadística- llegarán a $15.115,4 millones, monto que será 11,9% superior al obtenido en el año 2004. Los incrementos estimados en las importaciones y el tipo de cambio nominal y los mayores derechos sobre las exportaciones de petróleo y sus derivados, son las principales causas de la suba de estos gravámenes.

La recaudación del impuesto sobre los Créditos y Débitos alcanzará a $8.706,7 millones, registrando un alza de 13,8% con relación a la del año anterior, que reflejará, básicamente, la variación nominal de la actividad económica.

Las Contribuciones a la Seguridad Social crecerán 13,7% como producto de los aumentos esperados tanto en los salarios nominales imponibles como en el número de cotizantes efectivos. También incidirá en forma positiva la eliminación gradual del límite máximo de $4.800 para el cálculo de las Contribuciones Patronales.

La exteriorización de los Gastos Tributarios tiene por objeto alcanzar una mayor transparencia de la política fiscal y un mejoramiento de la información presupuestaria. Ello se consigue tanto desde el punto de vista de los ingresos, al estimar los montos no recaudados, como de los gastos ya que en la mayoría de los casos los Gastos Tributarios pueden ser considerados sustitutos de gastos explícitos.

Sobre el alcance del concepto de Gasto Tributario es necesario aclarar, ante todo, que la confección de una lista de los mismos no implica efectuar juicios de valor acerca de su justificación y que dicha lista tampoco debe tomarse como una recomendación de medidas de política económica orientadas a aumentar la recaudación tributaria.

Se designa como Gasto Tributario al monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del establecido con carácter general en la legislación tributaria, con el objetivo beneficiar a determinadas actividades, zonas o contribuyentes. Los casos más habituales son los de otorgamiento de exenciones, deducciones, alícuotas reducidas, diferimientos y amortizaciones aceleradas, entre otros mecanismos.

El método adoptado parte de la definición del objeto de cada impuesto establecido en la legislación, para luego determinar los casos que, siendo parte de aquél, son beneficiados por un tratamiento especial. La utilización de este método no está exenta de dificultades, debido a que, por las técnicas de redacción utilizadas en las normas tributarias, en ciertos casos el alcance del impuesto no está precisado de manera inequívoca. Esta situación permite la existencia de diferentes opiniones acerca de la inclusión o no de algunos casos dentro del concepto de Gasto Tributario. Aquí se han utilizado definiciones que se apegan en todo lo posible al texto de las leyes vigentes y que evitan, por lo tanto, la introducción de consideraciones subjetivas sobre la cuestión. En los principales impuestos se han utilizado las definiciones que se presentan en los puntos siguientes.

El impuesto a las Ganancias grava, en el caso de las personas físicas, los rendimientos, rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad y que impliquen la permanencia de la fuente que los produce. En el caso de las sociedades, en cambio, no se aplican los requisitos de periodicidad y permanencia de la fuente. Los ingresos se consideran netos de los gastos que se efectúen con el objeto de obtenerlos, mantenerlos y conservarlos.

Las deducciones más importantes que permite la ley no fueron consideradas Gastos Tributarios ya que, al poder ser utilizadas por la mayoría de los contribuyentes, no están contenidas en la definición del concepto presentada en el tercer párrafo. Es el caso de las deducciones por aportes a obras sociales, a sistemas de jubilación obligatorios y por cuotas de planes de salud, así como del mínimo no imponible y de las deducciones especiales por trabajo personal y por cargas de familia.

El impuesto al Valor Agregado grava las ventas e importaciones de cosas muebles y las obras, locaciones y prestaciones de servicios. Los servicios que se exceptúan o se excluyen en la enumeración de los servicios alcanzados (art. 3º de la ley) no fueron tomados como Gastos Tributarios pues no se consideraron parte del objeto del tributo. Se destacan en este punto los seguros de retiro y de vida y los contratos de afiliación a aseguradoras de riesgos del trabajo. En cambio, las exenciones incluidas en el artículo 7º de la ley forman parte, en general, de dichos Gastos.

En los impuestos específicos sobre el consumo se considera dentro del objeto del impuesto exclusivamente a los bienes alcanzados. Por ello, el criterio para definir los gastos tributarios es la diferencia de tratamiento impositivo en bienes o servicios sustitutos. Este es el criterio adoptado con las bebidas analcohólicas (con y sin jugo de frutas) y en los combustibles (naftas, gasoil y gas natural comprimido).

Las estimaciones no tienen en cuenta el efecto que sobre la economía de las actividades involucradas y, por ende, sobre su continuidad o nivel futuro, tendría la eliminación o reducción del beneficio tributario. Ello implica que su supresión no necesariamente generará recursos adicionales por el monto de gasto tributario. De todas maneras, se puede suponer que existirá una ganancia fiscal por el uso alternativo gravado de los recursos dedicados a la actividad beneficiada.

En muchos de los casos considerados existe una marcada carencia de la información necesaria para efectuar cálculos de aceptable nivel de confiabilidad. A estas falencias informativas habituales se les suman, en las estimaciones posteriores al año 2002, los efectos de la fuerte modificación de los precios relativos que acompañó a la salida del régimen de convertibilidad de la moneda. Este cambio complicó significativamente la elaboración de los cálculos de muchos ítems y elevó el margen de error contenido en ellos.

En función de las mencionadas limitaciones, las cifras que se presentan deben ser consideradas como estimaciones de aceptable confiabilidad del orden de magnitud de la pérdida de recaudación producida por el otorgamiento de los beneficios tributarios.

Se adoptó como criterio general que las estimaciones estuvieran dirigidas a obtener valores de mínimo Gasto Tributario, a los efectos de no sobrestimar las ganancias de recaudación que se obtendrían de la eventual eliminación o reducción del tratamiento especial. Con el mismo objetivo, en el cálculo se tuvo en cuenta la tasa de evasión que se presume existe en cada tributo.

En todos los ítems de los cuadros anexos en los que figura la leyenda "sin datos", se estima que el Gasto Tributario no alcanza montos considerables. Esta leyenda también se utiliza en los casos en que, si bien existe alguna información sobre el ítem, la misma sugiere que el gasto involucrado no es de significación.

Para una mejor comprensión de la magnitud de los beneficios otorgados los mismos se exponen según los impuestos cuya recaudación afectan y, dentro de cada uno de ellos, se agrupan los establecidos en la ley de cada tributo y los originados en la legislación de los diversos regímenes de promoción económica.

El monto de Gastos Tributarios estimado para el año 2005 alcanza a $ 12.291 millones, que equivale a 2,58% del PIB y al 11,2% de la recaudación de impuestos nacionales proyectada para ese año. De ellos, $ 9.080 millones corresponden a tratamientos establecidos en las leyes de los respectivos impuestos y $ 3.211 millones otorgados en los diversos regímenes de promoción económica.

El incremento estimado, en porcentaje del PIB, en relación con el registrado en el año 2004, se origina en la creación del regímen de inversiones de bienes de capital nuevos y obras de infraestructura (Ley 25.924).

El impuesto al Valor Agregado soporta el 52% de los Gastos Tributarios, con un monto de $ 6.424 millones, equivalentes a 1,35% del PIB y al 18,9% de la recaudación proyectada para el tributo, antes de la deducción de los reintegros a la exportación. De ese monto, el 64% es consecuencia de exenciones y alícuotas reducidas establecidas en la ley del tributo y el resto, $ 2.321 millones, se origina en los beneficios otorgados por los regímenes de inversiones de bienes de capital nuevos y obras de infraestructura, de promoción industrial y de Tierra del Fuego.

Le siguen en importancia los Gastos Tributarios que afectan al impuesto a las Ganancias, que alcanzan a $ 2.026 millones (0,43% del PIB). La mayor parte de ellos están fijados en la ley el tributo, siendo poco relevantes los relacionados con los regímenes de promoción económica.

En el impuesto sobre los Combustibles la pérdida de recaudación por estos gastos se estima en $1.910 millones, originándose, principalmente, en las diferencias entre los impuestos que gravan a las naftas, por un lado, y al gasoil (sólo se considera el consumo de automóviles) y al gas natural comprimido.

En las Contribuciones de la Seguridad Social el Gasto Tributario más importante corresponde a la reducción de las contribuciones patronales por zona geográfica, beneficio que al tener la forma de un pago a cuenta en el IVA afecta la recaudación de ese impuesto.

El Gasto Tributario en los impuestos Internos es de $ 38 millones. Este monto surge de la diferencia en las alícuotas que gravan las bebidas analcohólicas, según sea su contenido de jugos de fruta.

El objetivo central de la gestión de la deuda pública y la política de financiamiento del Estado Nacional para el año 2005, es continuar con el restablecimiento del crédito público afectado por la crisis desatada a partir del año 2001.

El normal funcionamiento del sistema financiero y del mercado de capitales es una condición necesaria para el crecimiento de la actividad económica en general. Adicionalmente, el acceso al crédito permitirá atender los vencimientos de la deuda de los próximos años.

Para alcanzar el objetivo señalado es fundamental normalizar los pagos de deuda así como regularizar aquellas obligaciones vencidas e impagas. Para ello se esta trabajando en un programa de reestructuración de la deuda que permita compatibilizar el costo de los servicios de la misma con las reales posibilidades de pago, en un contexto de crecimiento económico.

Se ha definido el universo de deuda alcanzado por la reestructuración, fijando como fecha de corte el 31 de diciembre del año 2001. Así se puede separar la deuda comprendida en la reestructuración de aquella nueva deuda que permanece corriente con sus servicios.

La política de financiamiento durante el año 2004 se ha llevado a cabo en un marco económico de recuperación de las principales variables macroeconómicas. Dentro de este contexto, el desempeño de las finanzas públicas permitió contar con los recursos del superávit primario como una importante fuente de financiamiento. Asimismo, el financiamiento proveniente del Banco Central contribuyó cancelar pagos de servicios de deuda de los Organismos Internacionales de Crédito. Durante el primer semestre de 2004, los pagos netos realizados a dichas instituciones de crédito han alcanzado los U$S 1.200 millones. En lo que resta del año Argentina continuará realizando los pagos correspondientes a los Organismos Internacionales.

Respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno Nacional ha anunciado públicamente la postergación de las revisiones del mismo hasta que el Gobierno finalice el proceso de reestructuración de la deuda pública instrumentada en bonos. Dicho proceso se encuentra en su etapa final y se espera que se concluya en enero de 2005.

Cabe destacar que una postergación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no necesariamente traerá como consecuencia una desaceleración de la economía argentina, sino que ello depende, fundamentalmente, de los comportamientos de los operadores económicos.

Si se replicaran situaciones como las que la sociedad vivió en las décadas de los ‘70, ‘80, ‘90, de sentirse muy dependiente de lo que ocurre con la visión externa que se tiene de la situación o de la economía argentina, seguramente habría efectos negativos. Pero, si la sociedad sigue reaccionando con un profundo cambio de comportamiento, como lo ha hecho a lo largo de los últimos dos años y medio, en realidad no hay razones para suponer que tenga que desacelerarse el proceso de crecimiento.

Actualmente se da una situación de diálogo franco con el FMI, que consideró que la revisión del mes de julio era imposible de ser llevada a cabo exitosamente porque había algunas cuestiones en las que no se avanzó, mientras que en materia de metas macroeconómicas y fiscales se han cumplido todas. Entendiendo esa situación, la revisión de septiembre no es posible porque implicaría una interferencia, que el FMI tampoco quiere, respecto del canje de deuda que se está lanzando en los mercados, precisamente en este momento.

Así, el acuerdo con el FMI no está ni descartado ni suspendido, el acuerdo está al día de hoy vigente y se va a trabajar para encontrar algunas soluciones que permitan llevar la revisión al momento que haya terminado el proceso de canje, que será para finales de diciembre 2004-enero de 2005.

Al no haber una situación de conflicto abierta, la forma en que reaccionan los mercados es de gran prudencia; muestran un cambio muy fuerte respecto de períodos anteriores, quizá porque una crisis tan profunda como la última acontecida en nuestro país, enseña que debe hacerse un análisis más detenido y cuidarse en cuanto a cómo se reacciona.

De manera tal que los pronósticos sobre los cuales se formula el presupuesto del año 2005 permiten inferir el mantenimiento de una tasa de crecimiento que para el comportamiento histórico de Argentina es importante. Dichos pronósticos están largamente por encima de los promedios, pudiéndose prever la reducción al mínimo de la volatilidad.

Por otra parte, cabe recordar que Argentina tiene el 48% de su deuda en condiciones normales. Después de la crisis, tener el 48% de su deuda pagada y cumplida puntualmente no es poco. Asimismo, la República Argentina ha hecho una oferta que tiene, obviamente, una diferencia con lo que eran las ofertas, por ejemplo, de la década del ‘90; es una oferta realista, que se puede cumplir.

Desde el año 1995, la Argentina viene reestructurando su deuda pre default. Algunos otros países lo están haciendo hoy como lo hizo Argentina en aquel momento. Ese procedimiento no puede continuar más para el país porque así se alcanzó el 150% de la relación producto–deuda. En consecuencia, corresponde hacer una oferta sustentable en el tiempo, por exigente que sea para los acreedores, y que registre los cambios de paradigma que ha habido a nivel internacional.

El FMI, el BID y el Banco Mundial, han pasado de ser los prestamistas de última instancia, a ser acreedores privilegiados. Este es un cambio de paradigma que no lo decidió la Argentina. Es sano para la economía evitar esos "salvatajes" que pagaba la población del país y que lo que hacían era postergar el derrumbe. No se puede pretender que la oferta que se haga actualmente al sector privado sea igual a la de los años ‘90, donde había fondos públicos para mejorar las ofertas, incluso reduciendo los pagos de la deuda.

La oferta realizada es muy realista y se ha llegado a ella después de un largo proceso de discusión con 24 grupos de acreedores distintos, a lo largo de dos años de reuniones formales (63) en distintas ciudades del mundo, donde se fue tomando el pulso de las necesidades y deseos de los acreedores. Así, se analizó cuál era la capacidad efectiva de recuperación de la economía argentina y de ello surgió la redacción del punto 8 de la Carta de Intención con el FMI de septiembre de 2003, actualmente vigente, que liga la capacidad de pago al crecimiento, a la generación de empleo y a la reducción de la pobreza. El bono ligado al crecimiento hoy empieza a ser recomendado por los gobiernos del G7, por los más importantes, y empieza a ser analizado con seriedad por el FMI, porque en última instancia sólo con crecimiento se puede pagar la deuda.

Por otra parte, los otros pagos de deuda que se están abonando en concepto de capital e intereses a tenedores originales de Bocones son: a aquellas personas mayores de 75 años y familiares y causahabientes de desaparecidos. Adicionalmente, se está cumpliendo con el pago correspondiente a los Préstamos Garantizados para todos aquellos acreedores que han aceptado la pesificación de los mismos. Adicionalmente se está cumpliendo con el pago de los servicios de los Bodenes emitidos a depositantes y al sistema financiero.

En junio del corriente año el Ministro de Economía y Producción anunció los detalles de la propuesta de reestructuración de la deuda con los acreedores privados. Las principales características de la oferta realizada a los acreedores son las siguientes:

• Si el porcentaje de aceptación fuera menor al 70%, el monto de deuda a emitirse será de U$S 38.500 millones. De éstos, se emitirán bonos Par por U$S 10.000 millones, Cuasipar por U$S 8.300 millones y con Descuento por U$S 20.200 millones.
• Si el porcentaje fuera mayor al 70% la emisión de deuda alcanzaría los U$S 43.200 millones. Las cifras serían: U$S 15.000 millones, U$S 8.300 millones y U$S 19.900 millones respectivamente.
• Además, se les entregará un instrumento cuyo pago estará ligado al crecimiento del PIB. El mismo refleja la idea del Gobierno de compartir los beneficios del crecimiento económico con los acreedores. Este beneficio reduciría el efecto inicial de la quita llevada a cabo en el proceso de reestructuración.
• El proceso de registración ante la SEC (Security Exchange Commission de los EE.UU.) se encuentra en su etapa final. Los documentos denominados 18K-A y 18K fueron presentados en junio y julio respectivamente. El resto de la documentación será presentada durante el transcurso del mes de setiembre.

A partir de las medidas mencionadas anteriormente la política de financiamiento para el año 2005 estará sustentada en el superávit primario como así también en la realización de operaciones de crédito en el mercado doméstico con el fin de cumplir con los compromisos por vencer dentro de este período, fundamentalmente Bodenes, Préstamos Garantizados y la nueva deuda reestructurada. También se obtendrá financiamiento del Banco Central dentro de los límites establecidos por la Carta Orgánica de la institución. Por último, se estima recibir desembolsos de los Organismos Internacionales dentro del marco del programa plurianual 2004-2006 firmado en setiembre de 2003.

En cuanto a la política de reconstitución del sistema financiero, el gobierno prácticamente ha finalizado los distintos mecanismos de compensación que permitió a los bancos recomponer su situación patrimonial y de liquidez. Así también, se espera completar el proceso de selección del asesor financiero para la revisión estratégica del Banco Nación para diciembre de 2004, habiéndose ya realizado la correspondiente selección para el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

La política en relación con los organismos internacionales de crédito y con las entidades que participan en operaciones crediticias bilaterales, es fortalecer la presencia argentina en los mismos y aumentar la inserción de nuestro país, tanto a nivel interregional como regional, con el objeto de mantener un marco favorable en la negociación del financiamiento de programas y proyectos.

En la relación con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y entidades financieras bilaterales, se priorizará la reactivación productiva del sistema económico, el financiamiento de los sectores sociales, la inversión en infraestructura básica y el mantenimiento de los flujos neutros mediante préstamos destinados al Tesoro Nacional.

Asimismo, se dará continuidad a la modalidad de préstamos directos a provincias y a mejorar la eficiencia fiscal en esta materia en la relación Nación-Provincias. Los proyectos de infraestructura de integración regional serán especialmente priorizados en el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA).

Con el objeto de contribuir al desarrollo del sector privado, se dará prioridad al cumplimiento de los compromisos asumidos oportunamente por la República Argentina ante la Corporación Financiera Internacional, la Corporación Interamericana de Inversiones y el Fondo Multilateral de Inversiones, considerando que nuestro país es uno de los principales beneficiarios de estas instituciones.

En relación con los organismos financieros de los cuales nuestro país es miembro no prestatario, se continuarán estableciendo vínculos comerciales con las distintas regiones con el propósito de promover el comercio exterior y permitir a las empresas argentinas participar de los procesos licitatorios de los proyectos financiados por estos organismos.

Asimismo, se continuará interviniendo en la coordinación de las relaciones institucionales con los organismos multilaterales y bilaterales de crédito. Específicamente, en el caso de FONPLATA y Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), se prestará especial atención a los procesos de fortalecimiento y modernización institucional que se están llevando a cabo.

En materia de administración de flujos financieros, la política es privilegiar la seguridad del movimiento de capitales de los organismos de financiamiento hacia la Argentina y viceversa, asegurando la fluidez del financiamiento de proyectos.

Con relación a las auditorías de proyectos con financiamiento de organismos internacionales de crédito, se continuará en el proceso de reducción de atrasos incurridos por las unidades ejecutoras en la presentación de estados contables y se privilegiará la labor de la Auditoría General de la Nación (AGN) en la emisión de sus informes por sobre las consultoras privadas.

A medida que se va superando la crisis económica, social y fiscal que se precipitara en 2001-2002, el presupuesto se encuentra en condiciones de atender una gama más amplia de objetivos de gobierno, contrario sensu al inicio de la crisis donde hubo que concentrar los escasos recursos fiscales en muy pocos y focalizados objetivos prioritarios, entre los que se destacaron los programas de emergencia social.

Así, para el presupuesto 2005 además de atender los gastos prioritarios que se exponen en el punto siguiente también se refuerzan gastos relacionados con defensa, turismo, parques nacionales, relaciones exteriores, agricultura, etc.

La superación gradual de las graves circunstancias económicas y sociales atravesadas recientemente por el país permiten al Gobierno Nacional, en el marco de la política de gasto público para el próximo ejercicio, destinar recursos prioritariamente a la mejora del poder adquisitivo previsional y salarial, al desarrollo de infraestructura económica y social, con especial énfasis en las obras vinculadas al campo energético, al Plan Estratégico de Justicia y Seguridad 2004-2007 y a la ciencia y tecnología, sosteniendo al mismo tiempo las asignaciones presupuestarias orientadas a mitigar los efectos sociales de la crisis económica.

En este sentido, en la programación presupuestaria, tanto en el presupuesto 2004 en ejecución como en el proyecto de presupuesto 2005, se ha considerado el conjunto de gastos prioritarios que a continuación se analizan. Dichos gastos tienden a fortalecer el período de consolidación de la actividad económica. Cabe resaltar que en algunos casos la prioridad se refleja en las cifras asignadas en el corriente año y en otros la misma se visualiza en el año próximo.

• Gastos previsionales y salariales tendientes a mejorar la distribución del ingreso

• Infraestructura Económica y Social

• Ciencia y Técnica

Las políticas que se instrumenten en caso de disponerse la apertura de las convenciones sectoriales pendientes de tratamiento, como así también el llamado a negociaciones de Convenios Colectivos de Trabajo encuadrados en la Ley Nº 14.250, estarán orientadas a incluir los proyectos respectivos, en el marco de los niveles de crédito fijados en el Presupuesto Nacional, observando los principios de contención del gasto público, en correspondencia con los principios de filosofía laboral que surgen de la nueva legislación vigente. Todo ello dentro de las normas y los criterios que surgen del marco presupuestario y de financiamiento, generado por las políticas dirigidas a obtener el equilibrio fiscal.

Se ha comenzado con la recuperación del poder adquisitivo de los salarios de los empleados públicos a partir del dictado del Decreto N° 682/2004, correspondientes a los trabajadores de bajos ingresos, correlativamente con similares medidas tomadas en el sector privado.

Los valores del esquema salarial fijado por los Decretos Nros. 23/01, 172/02, 344/02 se han actualizado con el dictado de los Decretos Nros. 685/2004 y 687/2004, para los funcionarios que desempeñen un cargo político en la Administración Pública Centralizada y Descentralizada o en cualquier otro ente público, con la restricción de no poder superar, en ningún caso, la retribución mensual fijada para el Presidente de la Nación.

Asimismo, se deberá concretar un control del gasto en recursos humanos a través de medidas restrictivas y estructurales que permitan cumplir con los objetivos del Estado, dentro de las condiciones salariales y presupuestarias definidas en la Ley de Presupuesto, entre las que se pueden mencionar:

• Prohibición de aprobar incrementos en la cantidad de cargos y horas de cátedra, dentro de los totales determinados por las planillas de recursos humanos que forman parte del proyecto de Ley de Presupuesto.

• Atención, dentro de los créditos para el Gasto en Personal, asignados a las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, de los crecimientos de cualquier naturaleza que se produzcan por aplicación de las normas escalafonarias vigentes. El mayor costo que pueda originarse como consecuencia de modificaciones orientadas al ordenamiento general de la normativa laboral vigente será atendido con afectación a los créditos asignados en la ley.
• Control más eficiente del gasto en personal, a través de acotar la cantidad de contrataciones, bajo los regímenes vigentes para concretar las mismas, dentro del límite del crédito presupuestario en las partidas específicas, restringiendo sus modificaciones.
• Análisis del múltiple empleo por medio de los sistemas informáticos existentes en la Administración Nacional y la actualización y rediseño del régimen de incompatibilidades de cargos de los agentes públicos, con el objeto de ajustarlo a las necesidades de una gestión moderna de recursos humanos.

Con relación a la política de seguridad social, el Gobierno Nacional viene desarrollando acciones tendientes a recuperar el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales como así también a implementar políticas tendientes a extender la cobertura previsional a aquellas personas en estado de vulnerabilidad social que siendo mayores de setenta años se encuentran sin amparo previsional.

En este sentido, en los años recientes se dictaron sucesivos decretos acordando a los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones distintos subsidios, complementos y adicionales a fin de paliar la difícil situación económica por la que atraviesan dichos beneficiarios. En ese orden de ideas, se implementaron distintas políticas tendientes a incrementar el haber mínimo de las prestaciones previsionales elevándose las mismas a $220 en julio de 2003, a $240 en enero de 2004, a $260 en julio de 2004 y a $280 en septiembre de 2004. Asimismo, se encuentra en proceso de implementación un aumento del 10% en los haberes inferiores a $1.000.

Por su parte, el aumento de la recaudación, tanto de los aportes y contribuciones como de los impuestos afectados al financiamiento de las prestaciones previsionales, permitió el adelantamiento de las fechas de pago de las prestaciones y el pago de retroactivos en una sola vez en lugar de su cancelación en 12 cuotas.

El Poder Ejecutivo se dispone a elaborar un Proyecto de Reforma de la Seguridad Social sustentado en la universalidad, ecuanimidad, igualdad, solidaridad y transparencia, garantizando la protección social contra las contingencias que afectan la seguridad familiar, la capacidad de trabajo y el retiro decoroso. Se enfatizará la justicia social, la solidaridad, la equidad, la sustentabilidad y el equilibrio institucional, como pilares de la democracia económica y de la convivencia civilizada. Se propondrá un sistema de protección integral que garantice mayor cobertura y satisfacción de la población, preserve el carácter público del sistema, y permita el desarrollo armónico de la libertad individual y colectiva. Se favorecerá, además, el logro de otros objetivos importantes: combatir la pobreza y la desigualdad social y promover la integración social y la generación de empleos productivos. La elaboración del Proyecto se basará en estudios, debates y consensos con los actores sociales y sectores involucrados.

Con relación a la política de inversión pública, cabe destacar que la senda de crecimiento iniciada implica mayores requerimientos de infraestrucrtura por el conjunto de la economía así como también la necesidad de lograr una mayor articulación entre la inversión pública y la privada a efectos de sostenerlas y potenciarlas. Sin embargo, este escenario con mayor nivel de actividad económica sigue manteniendo una restricción fiscal que induce a priorizar la ejecución de algunos proyectos frente a la demanda del conjunto de la Administración Pública Nacional.

En este sentido, para el año 2005 se trabaja en base a la priorización de la demanda de inversión considerando especialmente el impacto potencial de cada proyecto en la actividad productiva con el fin de disminuir los "cuellos de botella" existentes en algunos sectores de la economía, dando preeminencia a los proyectos en ejecución, tanto los que reponen como los que amplían el stock de capital, y considerando su impacto sobre la actividad económica.

Asimismo, entre los nuevos emprendimientos, se dará prioridad a aquellos con un grado avanzado de elaboración a efectos de asegurar que los recursos asignados a la inversión sean plenamente utilizados y evitar costosas demoras hasta el comienzo de la ejecución.

La Inversión Real Directa que se presupuesta para el año 2005 asciende a $ 2.396,4 millones de pesos, monto que representa un incremento respecto del ejercicio vigente del 27,7%. Del total de la Inversión Real Directa, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios concentra el 75,6%; de esta jurisdicción, la Dirección Nacional de Vialidad por sí sola representa el 57,2 % del total.

En el caso de las instituciones que ejecutan el Plan Estratégico de Justicia y Seguridad 2004 – 2007 (Secretaría de Seguridad Interior, Policía Federal Argentina, Servicio Penitencio Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina) la Inversión Real Directa presupuestada para 2005 ascienda $ 101,7 millones, monto que representa un 37,1% de incremento respecto del ejercicio vigente.

El incremento de la Inversión Real Directa del Ministerio de Defensa se explica mayormente por la adquisición de vehículos por parte del Ejército Argentino, el traslado del complejo educativo de la Dirección de Educación Naval y la remodelación de la Fragata Libertad.

El año 2003 marcó el fin del profundo ciclo recesivo que padeció la Argentina entre los años 1999-2002 y el punto de partida de un proceso expansivo, que se consolida en 2004 y se proyecta sólido para el período 2005-2007.

En el orden Provincial, el crecimiento económico tuvo su reflejo positivo en los indicadores fiscales; es así como, el ejercicio 2003 y la proyección para el año 2004 a nivel consolidado muestran resultados fiscales superavitarios, tras un largo período de déficit recurrentes. Este comportamiento se basó fundamentalmente en un fuerte crecimiento de los recursos públicos, producto de un mayor nivel de actividad económica, precios internacionales del petróleo y del agro favorables y en un mayor esfuerzo recaudatorio.

Dentro de este contexto macroeconómico positivo, el cumplimiento de los programas de Financiamiento Ordenado (PFO), de Unificación Monetaria (PUM) y de reprogramación de la deuda tanto Provincial como Municipal (canje de deuda), se constituyeron en factores claves del proceso de ordenamiento, saneamiento y transparencia de las cuentas fiscales y financieras de las provincias puesto en marcha durante el ejercicio 2002.

El principal eje de la política fiscal a nivel provincial consistió en la asistencia financiera brindada en el marco del Programa de Financiamiento Ordenado a las Provincias con dificultades financieras que cumplieran con un conjunto de pautas de disciplina fiscal, avaladas por las legislaturas provinciales respectivas.

Una evaluación de los resultados en términos de las metas comprometidas en los Programas de Financiamiento Ordenado muestra desde 2002 (año en que se pone en marcha por primera vez) hasta el presente, un comportamiento positivo.

En 2002, la sumatoria de las metas fiscales comprometidas por las provincias firmantes, las cuales presentaban distintos niveles de complicaciones financieras, mostraba a nivel global un Resultado Financiero deficitario del orden de los $ 2.811 millones que se sobrecumplió en la ejecución, dado que las mismas alcanzaron un déficit de $ 1.928 millones.

En 2003, si bien el conjunto de Provincias se compromete a una meta también deficitaria, el nivel es significativamente inferior al de 2002 alcanzando $ 1.135 millones, en tanto en la ejecución no sólo se vuelve a sobrecumplir sino que se produce un superávit de $ 398 millones para estas Provincias. A partir de ello, la meta fiscal para el 2004 se establece con un superávit consolidado de $ 312 millones.

Ello contribuyó a que el déficit del consolidado de las 24 jurisdicciones alcance en el año 2002 $1.630 millones, y a que en el año 2003 la situación financiera provincial arroje un superávit de $ 1.629 millones.

Por su parte, el Programa de Unificación Monetaria consistió, en esencia, en retirar del mercado los numerosos y heterogéneos títulos provinciales en circulación como cuasi monedas, a fin de evitar los efectos distorsivos y el potencial peligro inflacionario por el uso de cuasi monedas y sustituirlas por la unidad monetaria de curso legal de carácter nacional.

Las Provincias asumieron con el Estado Nacional la deuda resultante del rescate de las cuasi monedas, garantizándola con la afectación específica de los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Las Provincias comprometidas en el citado Programa fueron: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa y Tucumán. A fines de Diciembre de 2003 el rescate alcanzaba el 98% del monto encomendado por las Provincias.

El tercer eje del proceso de reordenamiento, saneamiento y transparencia de las cuentas fiscales y financieras, consistió en el Canje de la Deuda, cuyo fin último era el alivio del costo financiero que representaban las altas tasas de interés y comisiones y la extensión del horizonte financiero de vencimientos de los servicios de la deuda.

Una evaluación del proceso de canje con las Provincias muestra que, al mes de Diciembre de 2003 el 75% del total de jurisdicciones ingresó al programa, obteniendo para sí una importante reducción en el valor actual de su deuda, no sólo derivado de una mayor extensión de plazos, sino también de una reducción en la tasa de interés.

Dentro del total de deuda renegociada en el marco del Dto. Nº 1579/02, el 89% está instrumentada mediante títulos BOGAR ($ 28.350 millones) y el 11% restante ($ 3.600 millones) es reestructuración de deuda con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, refinanciada en las mismas condiciones de los BOGAR.

La aplicación del esquema de canje de deuda establecido entre la Nación y las Provincias, incluyó también al nivel municipal, observándose a la fecha que diez jurisdicciones provinciales han asumido deuda municipal para reconvertir por un monto total de $315,6 millones, de los cuales el 85,4% corresponde a Préstamos Bancarios y el 14,6% a Bonos emitidos por las Provincias de Chaco (Bonos de la Consolidación de deuda de la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia) y Tucumán (Bonos Municipales de la Provincia de Tucumán, Ley Nº 6.824).

El cumplimiento en un alto grado del objetivo central de consolidación del proceso de ordenamiento, saneamiento y transparencia de las cuentas fiscales y financieras de las provincias, permite avanzar en medidas estructurales largamente postergadas, tendientes a dar mayor certidumbre y transparencia a las acciones del Estado y al logro de solvencia intertemporal de las finanzas públicas.

En la búsqueda de estos objetivos durante el año 2004, pero con efectos a partir de 2005, el Gobierno Nacional se propuso avanzar en la implementación de reformas estructurales en lo referido a sus relaciones fiscales y financieras con las Jurisdicciones Provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ello propició: a) el diseño de una propuesta de modificación al régimen de distribución de los recursos de origen nacional, para lo cual creó en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros la Comisión para la Reforma de la Coparticipación Federal (Decreto Nº 872/2003); b) la definición de una normativa que establezca principios de responsabilidad fiscal federal; y c) el apoyo a programas específicos de administración que tengan como objetivo mejorar la gestión pública.

Los lineamientos de los dos primeros aspectos fueron incluidos en una propuesta elaborada por el Poder Ejecutivo Nacional bajo la forma de un acuerdo, con la intención de consensuar el mismo con los señores Gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires para lo cual fue entregada a las distintas jurisdicciones para su discusión.

En base a ello surgió como prioritario avanzar en la estructuración de una ley de Responsabilidad Fiscal que adoptara reglas macro fiscales y de cristalinidad de la información y de la gestión pública que permitan lograr un comportamiento fiscal responsable y dar a la sociedad la posibilidad de un continuo seguimiento del accionar estatal

Luego de un debate en el seno de ambas Cámaras Legislativas, el proyecto se ha convertido recientemente en Ley de la Nación Nº 25.917, abriéndose el proceso de adhesión por parte de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Ley Nº 25.917 consagra un Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal por medio del cual se homogeneizan las reglas de juego fiscales y financieras para todos y cada uno de los partícipes, cuyo seguimiento, control y aplicación de sanciones se realizan a través de una única autoridad de aplicación conformada por un Consejo Federal que se integra con la representación de la totalidad de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno Nacional. Ello se constituye en el ámbito federal por excelencia para consensuar y coordinar acciones entre distintos niveles de gobierno y de las provincias entre sí.

Su contenido general tiene como antecedente directo la rica experiencia alcanzada por el Programa de Financiamiento Ordenando, así como los principios contenidos en las Leyes Nros. 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control en el Sector Público Nacional y 25.152, de Administración de los Recursos Públicos del Sector Público Nacional, los cuales consolida y perfecciona, así como en las distintas normas que, en concordancia con aquéllas, fueran sancionadas por las Jurisdicciones Provinciales.

Cabe resaltar que, en la actualidad, las políticas de índole fiscal se incluyen en los distintos programas de financiamiento ordenado (PFO) que se suscriben entre la Nación y la Provincia correspondiente, por lo que los mismos no involucran a la totalidad de las jurisdicciones provinciales; en tanto que ahora al incluirse tales preceptos en una Ley Federal, a ser ratificada por los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los mismos habrán de regir en forma generalizada en todo el Sector Público Provincial.

La Ley Nº 25.917 prevé, para afianzar la sustentabilidad fiscal, la instrumentación de programas vinculados a la deuda pública. En efecto, para aquellas Provincias que observen pautas de comportamiento fiscal y financiero compatibles con los objetivos del nuevo Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, y que pese a ello no cuenten con los medios financieros suficientes para hacer frente a sus obligaciones, el Ministerio de Economía y Producción, luego de un estudio pormenorizado de la situación fiscal de la jurisdicción de que se trate, proporcionará, a través de programas específicos, el financiamiento para cubrir dichas insuficiencias. Los programas se instrumentarán a través de acuerdos bilaterales, en la medida de las posibilidades financieras del Gobierno Nacional, garantizando la sustentabilidad de su esquema fiscal y financiero y el cumplimiento de sus compromisos suscriptos con Organismos Multilaterales de Crédito.

La Ley Nº 25.917 está estructurada en diversos capítulos que abarcan la totalidad de los aspectos relevantes en materia de comportamiento fiscal, a saber:

El primero se refiere a la transparencia y a la gestión pública; fundamentalmente contiene normas acerca de la cobertura presupuestaria y la publicidad de los presupuestos, información que debe brindarse en forma actualizada y regular, utilizando metodologías para presentar estadísticas que sean comparables entre todas las jurisdicciones.

El segundo trata el gasto público, una de cuyas reglas primeras es que el aumento nominal del gasto primario, excluidos los gastos financiados con préstamos de organismos internacionales de crédito y los gastos de capital destinados al desarrollo social y económico financiado con cualquier uso del crédito, no debe superar la tasa de variación nominal del Producto Bruto, previéndose solamente excepciones para aquellas jurisdicciones que tengan un perfil sostenible de la deuda, es decir que deban hacer frente al pago de servicios en concepto de intereses y amortizaciones con montos que no superen el 15% de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios. En tal caso, la restricción aludida en el total del gasto primario, solo regiría para el gasto corriente primario.

El tercer capítulo está referido a los ingresos públicos, donde básicamente lo que se hace es indicar cómo debe introducirse dentro del Presupuesto cualquier modificación de la política tributaria y de ingresos y la obligación de elaborar estimaciones del gasto tributario originado por las diversas leyes que establecen desgravaciones o diferimientos impositivos.

El cuarto capítulo versa sobre un aspecto central, el equilibrio financiero; establece que tiene que transformarse en superávit en aquellas jurisdicciones donde el monto de la deuda origine servicios que superen el 15% de los ingresos corrientes netos de transferencias a municipios. La obligación de ejecutar presupuestos superavitarios debe ser acorde con la implementación de planes que aseguren la progresiva reducción de la deuda. Asimismo, tanto el Gobierno Nacional, como los Gobiernos Provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben constituir fondos anticíclicos a los fines del mejor cumplimiento de los objetivos fiscales.

El quinto capítulo se refiere al endeudamiento tanto de la Nación como de las provincias. Con relación al endeudamiento público se establece la coordinación necesaria para alcanzar un escenario de sustentabilidad que posibilite preservar la prestación de los servicios básicos. En función de dicho objetivo se fijan pautas conforme las cuales el Gobierno Nacional, las Jurisdicciones Provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán hacer uso del crédito. En tal sentido, aquellas jurisdicciones cuyos servicios de la deuda superen el porcentaje anteriormente citado de sus recursos corrientes, tendrán severas restricciones para acceder a nuevos endeudamientos.

El capítulo sexto crea el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal para garantizar el funcionamiento de esta ley con representación de todos los ministros de Economía o sus equivalentes de las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y la Nación y las sanciones por incumplimiento.

Se prevé que los Gobiernos Provinciales inviten a sus Municipios a adherir a la norma, ampliando así la aplicación en el ámbito de tales gobiernos de principios similares, coordinando la difusión de la información fiscal relevante.

El tratamiento de la temática vinculada a la distribución de la recaudación tributaria de origen nacional no ha logrado el mismo grado de avance experimentado por la Responsabilidad Fiscal, sin embargo es un objetivo permanente del Gobierno Nacional mejorar la asignación de recursos coparticipables, para lo cual se continuará la discusión iniciada con los Gobernadores y con el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del documento "Acuerdo para la Creación del Sistema de Coordinación de Relaciones Fiscales Intergubernamentales", actividad desarrollada por la Comisión para la Reforma de la Coparticipación Federal, creada por Decreto N° 872/2003 en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Resultan prioridades para el Gobierno Nacional, en tal sentido, alcanzar una mayor simplicidad en la distribución de tributos; un adecuado financiamiento que atienda las responsabilidades actuales de la Nación y de las Provincias, promoviendo a su vez, por parte de éstas, un comportamiento eficiente en materia presupuestaria y de ingresos fiscales; impulsar la adopción de políticas que atiendan los problemas sociales de las regiones menos favorecidas y que contribuyan al desarrollo económico de las mismas; prever la participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de igual modo que las Provincias; y , en suma, lograr una norma que se constituya junto con la Ley de Responsabilidad Fiscal en uno de los ejes centrales de la coordinación fiscal interjurisdiccional.

En lo que se refiere al apoyo a programas de administración específicos que tengan como objetivo mejorar la gestión pública se impulsa una serie de acciones entre las cuales se resalta: el fortalecimiento a las direcciones de rentas provinciales para procurar incrementar la eficiencia en la recaudación y fiscalización de los impuestos de ese nivel de gobierno; acciones para propiciar regímenes de distribución de la coparticipación de impuestos provinciales a los Municipios y; la implementación de un sistema integrado de información fiscal y financiera.

Con relación a este último aspecto cabe destacar que en este año se inició un programa cuyo objetivo es desarrollar un proyecto piloto relativo a un sistema de información de gestión financiera en una provincia con miras a la adopción de dichos sistemas en las provincias restantes para el 2005-2006. El programa consiste en una implantación progresiva de Sistemas Integrados de Información Financiera en la totalidad de las provincias y considera, básicamente, dos formas de abordaje destinadas a cumplir con el objetivo planteado. La primera de las mismas consiste en "replicar" un Sistema Integrado de Administración Financiera ya implementado y probado en una Jurisdicción provincial en otra que no tenga desarrollado el sistema la que será considerada como "piloto". La segunda línea propuesta consiste en "estandarizar" los Sistemas de Información ya existentes en las Provincias, aunque a la fecha no satisfacen plenamente los requerimientos mínimos de información deseable y/o no poseen un grado de integración satisfactorio. Cabe señalar que la definición de sistemas integrados incluye los denominados cuatro sistemas básicos: presupuesto, contabilidad, tesorería y crédito público.