- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
los nueve días del mes de mayo de 2017, a la hora 15 y 18:
- 1 -
Sr. Presidente (Monzó).- Con la
presencia de 129 señores diputados queda abierta la sesión especial convocada
conforme al requerimiento efectuado por varios señores diputados en número
reglamentario.
Invito a la señora diputada por
el distrito electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doña Anabella Ruth
Hers Cabral, y al señor diputado por el distrito electoral de Córdoba, don
Agustín Santiago Calleri, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
-
Puestos de pie los señores diputados y el público presente, la señora diputada
doña Anabella Ruth Hers Cabral y el señor diputado don Agustín Santiago
Calleri, proceden a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos
en las bancas y en las galerías.)
- 2 -
Sr.
Presidente (Monzó).-
Invito a los señores diputados y al público presente a entonar las estrofas
del Himno Nacional Argentino, que será interpretado por el cuarteto de cuerdas
de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación.
-
Puestos de pie los señores diputados y el público presente, entonan las
estrofas del Himno Nacional Argentino. (Aplausos en las bancas y en las
galerías.)
- 3 -
Sr.
Presidente (Monzó).-
Por Secretaría se dará lectura de la resolución dictada por la Presidencia
mediante la que se convoca a sesión especial.
Sr. Secretario (Inchausti).- Dice así:
AQUÍ RESOLUCIÓN dictada por LA PRESIDENCIA
mediante la que se convoca a SESIÓN ESPECIAL
- 4 -
- 5 -
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Donda Pérez.- Señor presidente: creo que todas las personas
presentes en este recinto sabemos de la gravedad que tiene para nuestra
sociedad el fallo conocido como “2 x 1” que, de forma mayoritaria, emitió la
Corte Suprema de Justicia de la Nación hace casi una semana.
Esta decisión beneficia a uno de los
genocidas, en una interpretación equivocada y vergonzosa de la norma. Para mí,
éste es uno de los fallos más vergonzosos de la Corte desde que existe como
tal.
Dada la gravedad del hecho, entiendo
que la Cámara tiene la responsabilidad de aprobar una moción de apartamiento
del reglamento para que, luego del tratamiento de los diferentes acuerdos que
conforman el plan de labor, quede habilitada la consideración de diversos
proyectos presentados sobre el tema a fin de dar un mensaje claro y
contundente: en este país la Cámara de Diputados de
la Nación le dice a la Justicia argentina, y a quien quiera escuchar, que no
vamos a renunciar a la memoria, a la verdad y a la Justicia. No al “2 x 1” a
los genocidas; no queremos a ningún genocida caminando por las calles de
nuestro país. Así tiene que terminar la sesión de hoy en esta Cámara. (Aplausos.)
Por
eso, hago moción de que nos apartemos del reglamento y dejemos para el final el
tratamiento del tema más importante que hoy nos convoca. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr.
Negri.- Señor presidente: expreso mi conformidad
con el pedido de apartamiento del reglamento y de que se incorpore el tema a
considerar en el orden solicitado.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Recalde.- Señor presidente: en el mismo sentido
que los dos diputados preopinantes, quiero poner énfasis en que esta aberración
jurídica que emitió la Corte con una mayoría estricta –ya que el resultado fue
3 a 2‑ debe tener una respuesta condigna para toda la sociedad argentina
que está repudiando esta libertad de los genocidas. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Carlotto.- Señor presidente: apoyo la moción
planteada por la señora diputada Donda Pérez en el entendimiento de que los
crímenes de lesa humanidad no son amnistiables, son imprescriptibles y no puede
existir ningún tipo de condonación de pena por actos tan aberrantes como los
cometidos en nuestro país.
Por
eso, les pido que asumamos el compromiso de sancionar en esta sesión un
proyecto de ley que deje absolutamente en claro ese criterio. Lo hacemos de
cara a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, a los Hijos y a los familiares
que hoy nos acompañan aquí, que son la demostración viva de que no vamos a
sesgar un tranco para conseguir que todos los responsables de crímenes de lesa
humanidad en nuestro país cumplan con cárcel efectiva y común por los crímenes
que cometieron. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Camaño.- Señor presidente: atento al largo camino
que el Estado argentino en sus tres poderes, pero fundamentalmente la sociedad
argentina, ha hecho en materia de derechos humanos en nombre del prestigio
logrado con enorme esfuerzo y sacrificio ‑tuvimos que ir comprendiendo lo
que nos pasó y lo que nos pasaba para hacer este camino‑, creo que es
absolutamente necesario que hoy tratemos este tema.
De
manera que nuestro bloque acompaña gustoso la propuesta de apartamiento del
reglamento, de incorporación de todos los proyectos y del tratamiento como tema
de lo que ha planteado la señora diputada Donda Pérez. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Romero.- Señor presidente: en el mismo sentido,
nuestro bloque va a acompañar la moción formulada por la señora diputada Donda
Pérez.
Si
hay algo por lo que se ha caracterizado y distinguido la Argentina en el mundo
ha sido por la defensa de los derechos humanos, lo cual nos debe hacer sentir
orgullo. En ese sentido, nuestro bloque tiene la firme convicción de que en el
caso de aquellos que han atentado contra la libertad de las personas y han
participado en sus desapariciones y torturas no podemos negociar la libertad,
la conmutación de penas o lo que fuere. La Justicia debe ser aplicada con el
máximo rigor para estos genocidas.
Por
lo expuesto, nuestro bloque va a acompañar la propuesta planteada.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Pitrola.- Señor presidente: apoyo la moción
planteada por la señora diputada Donda Pérez por un sencillo motivo, y es que
estamos ante una operación de punto final. Durante el tratamiento vamos a
defender nuestro planteo de juicio político para ir con el cuchillo hasta el
hueso en la derrota de esta operación de Estado que afecta el régimen de las
libertades democráticas en la República Argentina y contribuir a la
movilización del día de mañana, donde creo que un millón de personas va a ser
la mejor desmentida de esta operación de impunidad y de reforzamiento del
carácter represivo del Estado. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.
Sr.
Franco.- Señor presidente: hay cuestiones que la
sociedad puede discutir y ponerse de acuerdo o no, pero hay otras cuestiones en
las que la sociedad está totalmente de acuerdo, y respecto de las políticas de
derechos humanos en la República Argentina, a partir de la historia por todos
conocida y desde que se tomó la decisión política de someter a juicio a una
junta genocida, creemos que hoy más que nunca se tienen que ratificar en la voz
de todo el pueblo.
Por
lo tanto, desde el bloque misionero vamos a acompañar lo expresado por la
señora diputada Donda para apartarnos del reglamento y efectuar el tratamiento
en el orden que se considere necesario, según lo que ya se solicitó.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
Sr.
Lusquiños.- Señor presidente: desde el bloque
Compromiso Federal adherimos a la propuesta de la señora diputada Donda,
dejando bien en claro que si hay algo que produce asco es este fallo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Giordano.- Señor presidente: acompañamos el
tratamiento del tema, que en nuestra opinión debería ser considerado en primer
lugar habida cuenta de la urgente necesidad que existe.
Adelanto
que estamos en contra de este fallo vergonzoso, indignante y aberrante, y vamos
a tener que sortear un nuevo obstáculo de impunidad.
Sr.
Presidente (Monzó).- Señor diputado: está en tratamiento la moción de apartamiento
del reglamento; después tendrá oportunidad de expedirse sobre el tema.
Sr.
Giordano.- Señor presidente: estamos a favor del
apartamiento y convocamos a todos para el día de mañana, para que seamos miles
en la Plaza de Mayo, para tirar abajo este fallo aberrante de jueces corruptos
y de la impunidad. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sra.
Argumedo.- Señor presidente: apoyo la moción
formulada por la señora diputada Donda.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar la moción de apartamiento del reglamento formulada
por la señora diputada Donda. Se necesitan las tres cuartas partes de los votos
que se emitan.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda aprobada la moción y se agregará el tema al final del
orden del día. (Aplausos.)
- 6 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Teniendo en cuenta la importancia del tema que se acaba de
incorporar al orden del día, y dado que hay seis pedidos de la palabra para
formular cuestiones de privilegio, la Presidencia pide a los señores diputados
que sean muy escuetos y precisos.
Para
una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
Olmedo.- Señor presidente: de acuerdo con los
artículos 126, 127 inciso 6, y 128 del reglamento, quiero plantear una cuestión
de privilegio contra la diputada nacional Gabriela Burgos, por las
declaraciones que hizo, según el medio Clarín.
Yo
soy muy respetuoso de la Cámara. Todos me conocen y saben que no trato con
adjetivos a ningún diputado; solo uso sustantivos y trabajo. Creo que al día de
hoy soy el diputado con mayor cantidad de proyectos presentados este año, que
suman 95. Sobre la cuestión relativa a los violadores he presentado algo así
como 25 proyectos.
Planteé
que quería una sesión especial y me dijeron que necesitaban diez firmas;
conseguí dieciocho firmas, y no seguí porque ya eran suficientes. Y
curiosamente la señora diputada me trató de disc-jockey.
Yo no soy disc-jockey; soy un
diputado de la Nación y me votó el 32 por ciento de los salteños.
Y
por otro lado me trató de payaso. Me puse a ver qué es “payaso”. Si yo le puedo
sacar una sonrisa a un pueblo que tan triste está por las cosas que pasan,
diputada: sígame tratando de payaso. Yo estoy tratando las cosas que el pueblo
quiere que resolvamos.
No
voy a hacer ningún descalificativo hacia usted, porque yo la respeto. Sépame
respetar; soy un hombre de trabajo y así lo demuestro.
Así
como hoy estuve primero que todos en esta sesión, que demoró una hora en llegar
al quórum, espero que mañana, en la sesión para tratar los proyectos sobre
violadores, también haya quórum.
Por
otro lado, el señor diputado Pitrola en su Twitter, si es oficial –y pido
disculpas si no lo es‑, me trató de “facho” y mugriento.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Olmedo.- Pido disculpas, diputado Pitrola, pero
me baño todos los días; no soy mugriento. Si me quiere poner el mote de
“facho”, póngamelo, lo aguanto.
Como
lo respeto, le pedí si quería acompañar con su firma el pedido de sesión
especial para mañana. Tantas marchas realiza la izquierda en contra de los
femicidios y, sin embargo, no me lo quiso firmar, como no quiso hacerlo ninguno
de los presidentes de bloque, pero sí los diputados.
Seguiré
respetando a esta Cámara de Diputados de la Nación. Pido disculpas si en algo
estuve mal. Manifiesto mi reconocimiento para todos los diputados y espero que
mañana tengamos quórum para tratar un tema tan candente como el de los
violadores.
Sr.
Presidente (Monzó).- La cuestión planteada pasa a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
- 7 -
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra la señora diputada por Tucumán.
Sra. Carrizo (N.M.).- Señor
presidente: deseo
plantear una cuestión de privilegio porque veo afectado mi trabajo legislativo
en esta Cámara. He solicitado al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de
Transporte de la Nación disponga las medidas necesarias para el traslado de los
pasajeros de Aerolíneas Argentinas, ya que el aeropuerto de mi provincia estará
cerrado por refacciones durante tres meses. Sabemos que nuestro aeropuerto
necesita una modernización, pero pedimos que los pasajeros sean trasladados
para que nuestra línea de bandera no pierda la venta de pasajes aéreos durante
estos tres meses.
Un mes atrás, el ministro de
Transporte de la Nación dijo en mi provincia que la Nación no se hará cargo del
traslado de los pasajeros. Sabemos que el año pasado, cuando se cerró el
aeropuerto de Mendoza, la Nación se hizo cargo de dicho traslado. Por eso
pedimos igual trato para nuestra provincia.
Esta cuestión de privilegio también se
dirige hacia el presidente de la Comisión de Presupuesto, que no se ha reunido
desde que comenzamos nuestra labor legislativa. Así puedo nombrar otros
proyectos que están “cajoneados” porque el presidente no convoca a la comisión
para que tratemos iniciativas que son importantes para el conjunto de la
sociedad.
Pido al conjunto de los presidentes de
las comisiones, que son oficialistas, que convoquen para tratar los proyectos
que traemos desde nuestras provincias, que responden a los pedidos de nuestros
comprovincianos, para que sean tratados en esta Cámara y no para que los
guarden y dejen estancados. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).-
La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
- 8 -
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.
Sr. Santillán.- Señor presidente: planteo una cuestión de
privilegio contra la Presidencia de esta Cámara. Denuncio la excesiva demora en
la conformación de la comisión bicameral que debe investigar los delitos
económicos cometidos durante la última dictadura militar.
Veo afectada mi tarea legislativa, ya
que fui parte de los diputados que por amplia mayoría aprobamos ese proyecto de
ley, que fuera presentado por nuestro presidente de bloque, el señor diputado
Héctor Recalde, e impulsado también por el CELS. Curiosamente, los diputados
del PRO se abstuvieron en esa votación.
Esta iniciativa también fue aprobada
en el Senado por amplia mayoría el 25 de noviembre de 2015 y promulgado por el
Poder Ejecutivo nacional el 2 de diciembre del mismo año.
Para que todos los diputados sepan,
informo que esta comisión debería elaborar un informe detallado de las
consecuencias de las políticas económicas, monetarias, industriales,
comerciales y financieras adoptadas por la última dictadura militar, y de los
actores económicos y técnicos que contribuyeron y/o se beneficiaron con esta
dictadura.
Además, la comisión debería formular
propuestas concretas y útiles para forjar la memoria, responsabilizar a los
cómplices, consolidar y fortalecer a las instituciones de la democracia, como
así también promover reformas legislativas que tiendan a desalentar las
conductas que en esta comisión se deberían investigar.
Quiero destacar que esta Comisión, en el caso de advertir una eventual comisión
de delito, debería formular la denuncia correspondiente ante la Justicia.
En
el informe elaborado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU el año pasado
se observó que esta Comisión no estaba siendo conformada. Creo que nada es casual, señor presidente,
porque esto tiene que ver con el retroceso en materia de derechos humanos que
se inició en este país a partir del 10 de diciembre de 2015. Primero fue el presidente,
llamándole “curro” a la política de derechos humanos y después sistemáticamente
funcionarios de este gobierno fueron planteando y negando lo que la Justicia
demostró que era real.
Provengo
de la provincia de Tucumán, donde se ha demostrado que sí hubo fosas comunes,
que sí hubo centros clandestinos de detención y que sí hubo compañeros
desaparecidos, torturados y asesinados, pero eso es lo que este gobierno quiere
negar.
Tampoco
es casual esta amnistía encubierta que lleva adelante la nueva Corte Suprema de
Justicia de la Nación, donde se beneficia a través de esa nueva mayoría
automática a los condenados por delitos de lesa humanidad en esa antojadiza
interpretación de la ley “2 x 1”.
Señor
presidente: durante años los sobrevivientes y los organismos de derechos
humanos –a quienes agradezco que hoy estén acompañándonos en esta sesión- han
recogido testimonios -que llaman poderosamente la atención- relacionados con la
participación cómplice de civiles durante la última dictadura militar.
No
por casualidad se demostró que en la Argentina en las empresas Ford y Mercedes
Benz se secuestraba y torturaba a los trabajadores. También en Salta hay un caso de un empresario
de apellido Levín que fue condenado por instigar la persecución, la detención
arbitraria y la tortura de un representante gremial.
¿Para
qué hablar de Blaquier y su relación con “El apagón de Ledesma”? Este es el
hecho más emblemático sucedido en el norte de nuestro país –justamente en la
región de donde yo vengo-, aunque algunos todavía se resisten a aceptarlo. Este
episodio fue servil a los intereses de la dictadura cívico-militar tendiente a
desaparecer compañeros que reclamaban mejoras laborales y salariales.
También,
porque soy del NOA, específicamente de la provincia de Tucumán, quiero
reivindicar a los compañeros desaparecidos, torturados y asesinados de la FOTIA
–Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar‑, que también
padecieron la dictadura.
¿Por
qué doy estos ejemplos? Porque son claras muestras de cómo determinados
sectores económicos de este país se vieron beneficiados por la dictadura.
Algunos de esos funcionarios, por ejemplo, pertenecientes a la familia del ex
ministro de Economía Prat Gay, se vieron beneficiados para evitar el cierre de
sus ingenios y después, gracias al Fondo Patriótico Azucarero administrado por
Bussi –nadie sabe dónde fue a parar ese dinero-, esos militares se
beneficiaron, que fueron los sicarios, al igual que algunos empresarios que
mejoraron sus condiciones de negociación.
Para
terminar, quiero resaltar la posición de este gobierno: se cayó la querella de
parte del gobierno nacional en relación con Papel Prensa y el Estado no hizo
nada. Además, se retiró como querellante en el caso Saguier.
Creo
que esto tiene que ver con la posición que tiene este gobierno pero debe
reevaluarla porque todos los argentinos nos tenemos que sentir orgullosos de
los avances logrados en materia de derechos humanos entre 2003 y 2015.
Por
eso exijo que se conforme esta Comisión. En este sentido, la diputada Mayra
Mendoza ha presentado un proyecto cuyo número de expediente es el 2.329-D.-2017. Creo que para construir un país
como el que nos merecemos -no tan solo los que fuimos víctimas de la última
dictadura militar, sino la sociedad en general- se debe trabajar verdaderamente
sobre la memoria, la verdad y la justicia, con condenas que se efectivicen.
Solamente así podremos contribuir a la memoria colectiva para que estos hechos
no vuelvan a suceder nunca más en nuestro país. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- La cuestión planteada pasará a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
- 9 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Tailhade.- Señor presidente: desde nuestro bloque
venimos a insistir nuevamente en una cuestión de privilegio contra el diputado
Pablo Tonelli, teniendo en cuenta el lugar ilegítimo que ocupa en el Consejo de
la Magistratura.
Hace
pocos días una nota periodística daba cuenta de que el diputado Tonelli estaba
cansado y aburrido de este tipo de cuestionamientos que hacemos. Lamentablemente,
tendrá que seguir escuchándonos hasta que la política o la Justicia resuelvan
esta situación absolutamente irregular.
Insistimos
en que el señor diputado Tonelli ocupa de manera ilegítima el lugar de
consejero de la Magistratura de la Nación. Esa banca corresponde al Frente para
la Victoria –bloque al que represento‑ por un mandato que termina en
diciembre de 2018.
El
doctor Tonelli ingresó al Consejo por la ventana, a partir de la conformación
de una mayoría absolutamente circunstancial fruto de un agrupamiento construido
exclusivamente para ese fin y que hoy no subsiste. Se trata de una mayoría que
burló de manera grosera la ley permitiendo la usurpación de una banca que sin
duda era de pertenencia del bloque del Frente para la Victoria.
En
consecuencia, la representación que asumió el señor diputado Tonelli está
totalmente viciada. Y desde ese lugar ha motorizado una serie de iniciativas en
el Consejo de la Magistratura que creo guardan una gravedad institucional que
no puede ser pasada por alto en esta Cámara.
Voy
a dar dos ejemplos recientes de ello. En primer lugar, el Consejo intentó
designar como juez titular del Juzgado Federal N° 1 de La Plata, con
competencia criminal y electoral, al doctor Juan Manuel Culotta que es juez
federal de Tres de Febrero. Por otro lado, hace pocos días se votó en el
Consejo de la Magistratura –con el voto del doctor Tonelli‑ la
designación –o intento de designación‑ del doctor Carlos Mahiques como
juez de la Cámara Federal de Casación Penal. Se trata de dos procedimientos
absolutamente ilegales.
Recuerdo
a los señores diputados que esta Cámara ha planteado estas dos cuestiones para
discutir la constitucionalidad de este tipo de procedimientos. Pero hasta el
momento, la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el propio
diputado Tonelli, no ha permitido que
las cuestiones de privilegio planteadas a lo largo del año pasado y
durante este año sean consideradas.
También
debo recordar a la Cámara que su designación, aunque ilegal, tenía como mínimo
la pretensión de que el doctor Tonelli cumpliera con la Constitución Nacional,
las leyes, reglamentos y demás normas que regulan el nombramiento de jueces.
Fundamentalmente, debía dar lugar a los concursos públicos, que son el único
camino por el cual puede ser elegido un juez. En los casos que he mencionado ‑del
Juzgado Federal N°1 de La Plata y de la Cámara Federal de Casación Penal‑
se han burlado estos procedimientos porque se quiere designar a los jueces en
contra de lo que estable la Constitución Nacional.
Finalmente,
la semana pasada el representante ilegítimo de esta Cámara ante el Consejo de
la Magistratura realizó dos manifestaciones absolutamente desafortunadas que
nos dan la clara pauta sobre cuáles son los pensamientos del diputado que está
representando de manera ilegítima a este estamento en el Consejo de la
Magistratura.
Por
un lado, ha dicho...
Sr.
Presidente (Monzó).- Señor diputado, le solicito que vaya finalizando su exposición.
Sr.
Tailhade.- Ya termino, señor presidente, me falta
solo un renglón.
El
diputado Tonelli ha dicho que la doctora Gils Carbó debe ser echada de su cargo
mediante decreto presidencial y que el fallo de la Corte del “2 x 1” es
correcto.
Por
eso me parece que frente a estas situaciones
de tanta gravedad en el Consejo de la Magistratura y ante las
manifestaciones de un consejero ilegítimo, como las que acabo de reseñar, se
impone que la política y este Parlamento vuelvan a ubicar las cosas en su lugar
y que se repare el agravio institucional que significó designar a Tonelli en el
Consejo de la Magistratura burlando normas, pero fundamentalmente burlando la
voluntad popular. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- La cuestión pasará a la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 10 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor
diputado por Formosa.
Sr.
Díaz Roig.- Señor presidente: lamentablemente
debo volver a plantear una cuestión de privilegio, que está legitimada en el
hecho de que la ANSES vuelve a violar una ley dictada por este Congreso. Por
ello se afecta no solo mi decoro como diputado sino también el de toda esta
Cámara.
Creo
que existe una confusión que no quisiera que se dirima en la Justicia. El
director ejecutivo de la ANSES no tiene facultades discrecionales; tiene
facultades regladas. Él no puede pagar a los jubilados ni más ni menos que lo
que marca la ley. ¿A qué me refiero? Voy a ser breve en honor a las Madres,
cuya lucha obviamente comparto desde hace muchos años. Mediante la resolución
76-E/2017 vuelven a dictar un decreto para efectuar un procedimiento abreviado
–así lo llaman‑, modificando la resolución anterior, que es la 305. Allí
se establece que van a pagar a determinados jubilados no sabemos qué suma ni en
qué concepto. Tampoco queda claro si a los seis meses –si no terminan el
trámite judicial‑ les van a descontar de nuevo o cómo va a quedar esa
deuda.
Desde
hace tiempo vengo diciendo que están orillando casi en la malversación de
fondos. La ley –aclaro que yo voté en contra‑ los autorizó a realizar un
procedimiento que incluye una presencia de la Justicia que homologa un acuerdo.
No pueden pagarle a nadie si no tienen ese acuerdo. Pero si quieren modificar
esto, ¿por qué no envían a este Parlamento un proyecto para modificar la Ley de
Reparación Histórica y que quede claro a quiénes y cuánto se les va a pagar?
Por
lo tanto, tal como lo como señalé en la última sesión, considero que se está
pagando mal la fórmula de movilidad jubilatoria, porque se bajó del 14 al 12,6
por ciento, y ahora dicen que van a subirlo al 12,9 por ciento, y esa ley
ordena pagar por el INDEC y no por el RIPTE. Entonces, así como creo que se
está pagando mal la reparación histórica, también considero que hay muchas
irregularidades en el FGS.
En
honor a la presencia de las Madres, voy a cortar acá mi intervención para
ampliarla más adelante.
Muy
preocupado, pido al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales que
haga saber al director ejecutivo de la ANSES que no tiene facultades
discrecionales, que no puede modificar la ley por una resolución y que tiene
que cumplir la ley. Y la Ley de Reparación Histórica lo obliga a no pagar hasta
tanto la homologación judicial no tenga el acuerdo de los jubilados. No puede
pagar ni más ni menos. Si cuenta con el acuerdo de los jubilados y la
homologación judicial, tiene que pagar eso, y debe cumplir las sentencias
firmes. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- La cuestión planteada pasará a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
- 11 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Raffo.- Señor presidente: soy reacio a este tipo
de cuestiones pero las circunstancias planteadas me obligan a hacerlo.
Creo
que he faltado el respeto a los privilegios de esta Cámara al firmar un
proyecto descabellado de sesión para tratar proyectos descabellados de Corte
fascistoide. Fui inducido al engaño, señores diputados. Por eso me disculpo.
El
señor diputado Olmedo me presentó un pedido de sesión extraordinaria para
tratar unos proyectos –según me dijo‑ de la señora diputada Donda, de la
señora diputada Camaño, otros de mi autoría y también iniciativas de otros
señores diputados. Me preguntó si a mí me parecía que debían tratarse o no los
proyectos, y a nosotros nos pagan un salario para tratar proyectos. Todos
sabemos que a veces nos pedimos firmas para proyectos en medio de una sesión y
tenemos confianza los unos en los otros. Pero defraudando esa confianza, no me
advirtió que incluía iniciativas de contenido fascista, y si al decir esto
considera que estoy agraviando sus privilegios, como lo consideró del diputado
Pitrola, que amplíe la cuestión de privilegio contra mí también porque lo digo
expresamente: proyectos para castrar personas o para matar gente son de
contenido fascista.
Permítame
decir, señor presidente, que esto se produce además en el desgraciado tiempo en
que salió este infame fallo de la Corte que brinda el “2 x 1” a los genocidas.
La
mayor honra política que considero tener en este país es haber sido en esta
Cámara asesor del diputado Augusto Conte, el diputado de los derechos humanos,
quien me llevó a contribuir al CELS, lugar al que fui a trabajar y del que
nunca me he desvinculado.
Por
eso, todo lo que tiene que ver con proyectos fascistas o beneficios a genocidas
me encontrará dando una tremenda pelea en su contra. Así fue que, desde la
esfera donde me encontraba, di la pelea cuando se nombró a un genocida como
jefe del Ejército o cuando, para mi dolor, vi que se comparaban personas
desaparecidas con goles que no se veían por televisión, lo que me pareció un
agravio a la lucha por los desaparecidos.
Por
eso es que planteé esta cuestión de privilegio, señor presidente, y le pido que
por los mecanismos reglamentarios pertinentes considere retirada mi firma de
ese pedido de sesión especial, y al mismo tiempo, se entienda que estoy
repudiando, como todos los argentinos bien nacidos, este fallo dictado por la
Corte sobre el “2 x 1”. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- La cuestión planteada pasará a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
- 12 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la señora
diputada por Buenos Aires.
Sra.
Volnovich.- Señor presidente: hace unas pocas
horas tuvimos aquí una Asamblea Legislativa en la que se hizo presente el
presidente de Italia, y vimos con mucha alegría la decisión que usted ha tomado
en el sentido de que los palcos estén nuevamente llenos y que, siendo esta la
casa del pueblo, se permita a los ciudadanos argentinos o italianos presenciar
la sesión. Nos dio mucha alegría ver todos los palcos llenos.
Ahora
bien, nuestra preocupación es que los representantes de los organismos que hoy
nos han venido a acompañar se encuentran parados, medio atiborrados, y por eso
solicito a la Presidencia que para las próximas sesiones habilite los palcos
para que los ciudadanos puedan presenciarlas. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- La cuestión planteada pasará a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
- 13 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Con el fin de agilizar el desarrollo de la presente sesión, esta
Presidencia propone la consideración conjunta de los dictámenes de las
comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, y de Presupuesto y Hacienda y
otras, recaídos en proyectos provenientes del Honorable Senado y del Poder
Ejecutivo sobre diversos tratados, convenios y resoluciones contenidos en los
Órdenes del Día números 895, 896, 903, 906, 907, 910, 1282 y 1292, para luego
proceder a la votación en general y en particular de cada uno en un solo acto.
Si
hay asentimiento, se procederá en la forma indicada.
-Asentimiento.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se obrará en consecuencia.
- 14 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda ‑Orden del Día N° 895‑ recaído en el proyecto de ley del
Poder Ejecutivo por el que se aprueba la Resolución 186/XXXVIII denominada
“Décima reposición de los recursos del Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola –FIDA-, adoptada el día 16 de febrero de 2015 (expediente 28-P.E.-2016); el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda ‑Orden del Día N° 896‑ recaído en el proyecto de ley del
Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio de Suscripción de Acciones de
Capital Ordinario serie (B) firmado entre la República Argentina y la
Corporación Andina de Fomento -CAF-, firmado el día 15 de marzo de 2016 en la
ciudad de Panamá, República de Panamá (expediente 33-P.E.-2016); el dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Transportes ‑Orden del Día N° 903‑ recaído en el
proyecto venido en revisión del Honorable Senado por el que se aprueba el
Convenio Relativo a Garantías Internacionales sobre Elementos de Equipo Móvil,
suscrito en Ciudad del Cabo, República de Sudáfrica, el día 16 de noviembre de
2001, y el Protocolo sobre Cuestiones Específicas de los Elementos de Equipo
Aeronáutico, del Convenio Relativo a Garantías Internacionales sobre Elementos
de Equipo Móvil, suscrito en Ciudad del Cabo, República de Sudáfrica, el día 16
de noviembre de 2001 (expediente 121-S.-2015);
el dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Educación ‑Orden
del Día N° 906‑ recaído en el proyecto de ley venido en revisión del
Honorable Senado por el que se aprueba el Acuerdo por canje de notas para
suprimir el tercer párrafo del artículo 4° del Protocolo Adicional al Convenio
de Cooperación Educativa entre la República Argentina y la República de Cuba,
del 25 de noviembre de 1998, relativo al Reconocimiento Mutuo de Certificados,
Títulos y Grados Académicos de Educación Superior, celebrado el 22 de junio de
2007, suscrito en la ciudad de La Habana, República de Cuba, el 15 de agosto de
2014 (expediente 122-S.-2015); el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto –Orden del Día N° 907-
recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el
que se aprueba la adhesión a la Resolución de la Asamblea General de las
Naciones Unidas A/Res/64/13, del día 10 de noviembre de 2009, sobre la
declaración del día 18 de julio de cada año como Día Internacional de Nelson
Mandela (expediente 54-S-2016); el dictamen de las comisiones de Relaciones
Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda ‑Orden del Día N° 910‑
recaído en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el
aumento de los recursos de capital del Fondo Financiero para el Desarrollo de
la Cuenca del Plata ‑Fonplata- (expediente 29-P.E.-2016); el dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto
y de las Personas Mayores ‑Orden del Día N° 1.282‑ recaído en el
proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se aprueba
la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos
durante la 45° Asamblea General de la OEA, el 15 de junio de 2015 (expediente 47-S.-2016), y el dictamen de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto ‑Orden del Día N° 1.292‑ recaído
en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se
aprueba el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la República Árabe de
Egipto, celebrado en la ciudad de San Juan, República Argentina, el 2 de agosto
de 2010 (expediente 12-S.-2017).
AQUÍ
ORDENES DEL DÍA N° 895, 896, 903, 906, 907, 910, 1.282 y 1.292
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración en general.
Tiene
la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Carmona.- Señor presidente: en primer lugar,
quiero destacar el hecho de que se estén tratando estos expedientes, los cuales
han pasado por distintas comisiones, especialmente por la de Relaciones
Exteriores y Culto, donde hemos acordado su aprobación.
Tenemos
la satisfacción de que varios de estos expedientes han sido tramitados en parte
por la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner –de la cual
formamos parte-, y consideramos que hay temas muy importantes.
Entre otros puedo destacar el acuerdo con
Egipto –que de algún modo vino a equilibrar otro acuerdo de libre comercio con
Israel-, cuya ratificación por parte del Congreso se postergó por razones
políticas internas de aquel país, y el convenio internacional que regula
cuestiones vinculadas con los adultos mayores, al que luego se va a referir una
compañera que participó activamente en su elaboración desde la función
Ejecutiva que le tocó desempeñar en la gestión anterior.
En
el mismo clima de valoración debo hacer un pedido muy especial sobre algo que
para nosotros es muy importante. Entendemos que es fundamental que el Poder
Ejecutivo nacional remita al Congreso los acuerdos que está celebrando con
distintos estados. Esto es algo que venimos solicitando desde hace tiempo
mediante diversos proyectos que se fueron presentando, algunos de los cuales ya
fueron tratados en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
Particularmente
me refiero a cuestiones que desde nuestro punto de vista merecen ser
consideradas como si fuesen tratados o acuerdos internacionales que requieren
de la ratificación de este Congreso. En esta situación se encuentra el
denominado “comunicado conjunto” del 13 de septiembre del año pasado entre el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Argentina, y en
el mismo sentido nos hemos manifestado sobre el acuerdo celebrado entre ambos
países para la identificación de los 123 soldados argentinos que se encuentran
sepultados en el cementerio de Darwin.
Todos
esos acuerdos fueron suscriptos y están en curso de ejecución, pero no han sido
tratados por el Congreso Nacional.
Lo
mismo debo decir sobre los numerosos acuerdos que se han celebrado con Qatar,
Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y hasta el propio TIFA, que es el
tratado de comercio e inversiones entre la Argentina y Estados Unidos firmado
el año pasado en oportunidad de la visita a nuestro país del ex presidente
Obama.
Respecto
de ese último cabe señalar que se trata de un acuerdo marco para la relación
comercial y de inversiones entre la Argentina y Estados Unidos, que entre otras
cosas establece que entra en vigencia desde el momento de la firma.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia solicita a los señores diputados que guarden
silencio.
Continúa
en el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Carmona.- Señor presidente: como decía, ese
acuerdo, que establece el marco para la relación comercial y de inversiones
entre la Argentina y Estados Unidos, indica que entra en vigencia desde el
momento de su firma, ignorando totalmente las atribuciones de la Cámara de
Diputados de la Nación y del Senado de la Nación, en definitiva, del Congreso
de la Nación Argentina.
Este
planteo lo hacemos en el mismo clima de concordia y de aporte constructivo con
el que trabajamos en el ámbito de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
que preside la señora diputada Carrió. Simplemente pedimos que en estos temas
se le dé al Parlamento argentino la intervención que le corresponde por
disposición constitucional.
Desde
que inició su gestión el presidente Macri, el Poder Ejecutivo no nos ha
remitido ninguno de esos acuerdos. Entonces, como este gobierno lleva casi un
año y medio en el poder, entendemos que los hechos que acabo de detallar
denotan, como mínimo, cierto descuido institucional.
Del
mismo modo nos enteramos por la prensa que se están renegociando algunos
acuerdos, por ejemplo con la República Popular China. En este sentido, si bien
dentro de las facultades del Poder Ejecutivo está la de renegociar los
acuerdos, queremos que este Congreso sea parte de esas discusiones, dado que en
2015 el Parlamento ratificó los acuerdos con China.
Por
último, también tenemos una situación sobre la que venimos insistiendo en las
comisiones de Economía, de Presupuesto y Hacienda, de Finanzas y de Relaciones
Exteriores y Culto. Concretamente, queremos que la negociación entre el
Mercosur y la Unión Europea, a la que hoy por la mañana hizo referencia el
señor presidente de la República Italiana, no se haga a espaldas del pueblo
argentino y del Congreso Nacional. Creemos que es fundamental que este
Parlamento sea parte de ese proceso de negociación para garantizar condiciones
a favor de los intereses nacionales, a fin de que esto constituya una política
de Estado. En este sentido, consideramos que hay un marco favorable para que se
pueda evitar el secretismo en el que hoy están inmersas las negociaciones.
Nosotros
no solicitamos todas estas condiciones con una actitud de desaire opositor. Por
el contrario, son pedidos que efectuamos en función de hacer valer las
competencias que corresponden a esta Honorable Cámara en materia de política
exterior. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sra.
Garré.- Señor presidente…
Sra.
Carrió.- ¿Me permite una interrupción, señora
diputada, con la venia de la Presidencia?
Sra.
Garré.- Sí, señora diputada.
Sr.
Presidente (Monzó).- Para una interrupción, tiene la palabra la señora diputada por
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra.
Carrió.- Señor presidente: el señor diputado
Carmona solicitó la citación de la señora canciller, quien ya ha sido
convocada. Se pidió que todo sea por escrito y que nos manden de esa misma
forma todos los acuerdos, a fin de que no haya solamente conversaciones. De
esta forma, se procura que el Congreso Nacional tenga todo por escrito. En
consecuencia, esta cuestión ha sido saldada en la reunión anterior.
Sr.
Presidente (Monzó).- Continúa en el uso de la palabra la señora diputada por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra.
Garré.- Señor presidente: finalmente, luego de un
proceso largo y difícil, esta Honorable Cámara está considerando un proyecto
por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores.
En
este momento hay en el continente 106 millones de personas de más de sesenta
años de edad. Las estimaciones dicen que para 2050 habrá 310 millones de
personas de esa edad en América Latina y el Caribe.
De
manera tal que estamos frente a un proceso influenciado por el ritmo de
crecimiento de la población mundial y el aumento de la expectativa de vida.
Dicho proceso nos plantea la necesidad de contemplar cómo estos millones de
personas pueden tener un papel activo y pleno en la sociedad, siendo ciudadanos
de primera y no de segunda, como ocurre hasta ahora fundamentalmente en algunos
países, en virtud de que no se reconocen sus derechos y se las discrimina
permanentemente.
Estamos
ante un desafío en el sentido de permitir un proceso que las transforme en
ciudadanos plenos y que además genere las estructuras necesarias para absorber
a estos ciudadanos en nuevos roles y misiones. Si bien se trata de un desafío
bravo, la aprobación de esta convención, que demandó cuatro años en la
Organización de Estados Americanos, constituye un primer paso muy importante.
La
Argentina tiene un reconocido liderazgo en materia de derechos humanos en el
mundo y, por supuesto, en el seno de la Organización de Estados Americanos. Por
eso, la iniciativa que nuestro país generó en 2011, presentando el primer
proyecto referido a la convención sobre adultos mayores, fue muy bien acogida.
Esa fue una iniciativa de la Presidencia de la Nación –en ese momento la
primera mandataria era la doctora Cristina Fernández de Kirchner‑,
canalizada a través del Ministerio de Desarrollo Social. En este sentido, se
instruyó a la Cancillería para que la promoviera y liderara en el seno de la
Organización de Estados Americanos.
No
fue una tarea fácil. La funcionaria que trabajó intensamente sobre este tema en
la Argentina fue Mónica Roqué, quien me parece que se encuentra presente en
este recinto. Quiero mencionarla especialmente por la fuerza, el coraje y el
empuje que puso en esta cuestión y que evidenció en la Organización de Estados
Americanos, donde trató de convencer a algunos países que tenían una actitud
reacia frente a este tema, básicamente
Estados Unidos y
Canadá, que sostenían que los derechos de los adultos mayores ya se encontraban
enmarcados en una multiplicidad de instrumentos internacionales, por lo que no
era necesario el desarrollo de un instrumento específico.
Esta negativa se insertaba además en
la posición tradicional de estos países respecto a los derechos económicos,
sociales y culturales.
Uno de los temas más controvertidos
fue el de la edad, la definición de adultos mayores. Había diferencias entre
los marcos normativos internacionales, que establecían distintas edades, y
finalmente se acordó en sesenta años, para garantizar así un estándar mínimo en
la región.
Otros temas relevantes fueron los
derechos económicos, sociales y culturales que mencionaba recién, por la
naturaleza de la vigencia progresiva de éstos, y también los sistemas
previsionales, tema que tuvo enorme discrepancia porque en varios países
querían recortar al máximo la responsabilidad del Estado.
Por último, se trató el mecanismo de
seguimiento de la Convención, que también fue muy trabajoso aprobar. Cuando
finalmente se aprobó esta Convención en la Asamblea General de la OEA de junio
de 2015, se empezó a recolectar las firmas y cinco países no firmaron, se
opusieron, faltando aún la definición de los restantes.
Al haber ratificado recientemente
Costa Rica el convenio, siendo que Uruguay fue el primero en hacerlo, entró en
vigencia, con dos ratificaciones. La nuestra sería la tercera ratificación.
Este instrumento vinculante que crea un comité de seguimiento necesita diez
ratificaciones para que éste pueda ejercer plenamente sus funciones,
controlando el cumplimiento de todos los artículos de la Convención.
En este tiempo de vigencia, el comité
de seguimiento que funciona ‑aunque no con facultades plenas‑ ha
logrado desarrollar tres eventos internacionales importantes, dos en Chile y
uno en Buenos Aires. Incluso, en Buenos Aires se concretó una alianza
estratégica con el PAMI porque se entendió que había un desarrollo muy
importante de derechos para los jubilados argentinos, y se quería tomar esa
experiencia.
Otra alianza estratégica es con la
CEPAL, que está volcada intensamente a defender estos logros, estos objetivos
que persigue la Convención.
Por eso hoy es un día importante porque hay un
sector de la sociedad que no tenía una Convención Interamericana que los
protegiera. Nosotros, los peronistas, somos pioneros en este tema porque ya en
el siglo pasado, siglo XX, a nivel constitucional reconocíamos los derechos de
la ancianidad, de la niñez, y por supuesto los derechos de los trabajadores,
como siempre los sectores más vulnerables de la sociedad.
Así que al presentar esto en la OEA,
en realidad no hemos hecho más que seguir una trayectoria de mucha convicción
en relación con la adquisición de derechos. Entonces, hoy debemos celebrar que
a nivel internacional hemos dado un paso más y hemos hecho justicia en relación
con los derechos merecidos de los adultos mayores. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra la señora diputada por la provincia de Buenos Aires.
Sra. Tundis.- Señor presidente: cuando uno habla de los derechos humanos para las
personas mayores piensa en qué derechos les damos. Esta Convención se aprobó
precisamente el mismo día de concientización mundial sobre la violencia hacia
las personas mayores; fue el 15 de junio de 2015.
Es
cierto que la Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Costa Rica y República
Dominicana firmaron este acuerdo.
En
realidad, este acuerdo marco es el único instrumento jurídico que se tiene para
cumplir con la protección y la inclusión de las personas mayores dentro de la
sociedad. Aquí se establece que se debe resguardar el derecho a la vivienda, a
la salud, a la educación, a la cultura y al deporte y a no sufrir situaciones
apremiantes, económicas, sociales ni físicas. Es decir, se tiene en cuenta la
protección integral de la persona para que no sufra violencia interna o externa
porque la violencia también puede provenir de la familia.
Muchas
veces pienso que todos estos ítems de los cuales se habla, los derechos de las
personas mayores incluidos en la convención ‑que es el marco jurídico
específico para defenderlos-, ya están en la Constitución Nacional. Es cierto
que no está de más ratificarla y de hecho acompañé esta cuestión porque estoy
convencida de que debemos defender los derechos de las personas mayores.
Vamos
hacia un mundo envejecido. Muchos países de Europa hoy están trabajando sobre
programas que precisamente tienen que ver con la inclusión y la participación
de las personas mayores debido a que en esta sociedad habrá más personas
adultas que jóvenes.
A
veces me pregunto qué programas específicos está trabajando nuestro país, más
allá de la ratificación de esta convención, cuando hace asistencialismo. Siento
que estamos aprobando y acompañando una convención que no estamos practicando.
Dicen
que la convención entra en vigencia a partir de su ratificación. Espero que hoy
al confirmarla empecemos a responder por estos derechos de las personas
mayores. Muchas veces nos preguntamos qué le damos a nuestros adultos mayores
cuando hablamos de inclusión, protección, cuando declamamos el derecho a la
salud, a la vivienda y a estar protegido socialmente. ¿Qué respuesta tenemos
cuando no les alcanza el dinero y piden préstamos en las entidades bancarias
para poder comprar alimentos? ¿Cuál es el respeto que les tenemos cuando deben
esperar tres meses para acceder a la salud? ¿Cuál es el control que se realiza
cuando los jubilados que viven fuera del cordón metropolitano tienen que pagar
un plus a los médicos y nadie controla? ¿Cuál es el respeto que les tenemos
cuando hace años que existe un bolsón social –viene del gobierno anterior y el
actual no lo modificó- por 184 pesos con los que antes compraba 22 alimentos y
hoy tan solo 11?
Los
centros de jubilados hacen actividades sociales y cada vez se incorporan más
personas. Considero que esta convención es extraordinaria y estoy de acuerdo
con que la ratifiquemos todos los años pero el compromiso debe ser real.
Todos
los diputados que estamos presentes en este recinto debemos ponernos una mano
en el corazón y preguntarnos si vamos a hacer cumplir esta convención, que es
maravillosa y que se refiere a los derechos de nuestros adultos mayores, en una
sociedad envejecida cuando no estamos trabajando en programas de inclusión ni
respetando el derecho a la vivienda.
Hoy
muchos jubilados alquilan y nosotros no contamos con programas de vivienda para
nuestros adultos mayores. Nadie realiza viviendas para ellos y terminan
internados en geriátricos.
Para
finalizar, quiero decir que me siento orgullosa de ratificar esta convención
pero estaría mucho más orgullosa si pudiéramos cumplirla como realmente merece.
(Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Giordano.- Señor presidente: me gustaría saber,
dado que se están tratando los asuntos en forma conjunta, de cuántos minutos
dispongo para hacer mi exposición porque quiero referirme a más de uno.
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia apelará a su sentido común, señor diputado.
Continúa
en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Giordano.- Señor presidente: en primer lugar, ya
que la Cámara considerará distintos proyectos contra la aplicación del llamado
“2 x 1” por parte de la Corte Suprema de Justicia, creo que hay un doble
discurso porque uno de los asuntos en tratamiento es la aprobación de un
tratado de libre comercio con el gobierno dictatorial de Egipto, ejercido por
el asesino Al Sisi.
Hablamos
de una dictadura que no solo tiene miles de jóvenes y de trabajadores en las
cárceles, después de que en 2011 se levantaran contra ella –primero fue Túnez,
después Egipto, más tarde Libia y por último Siria, donde la gente se levantó
contra la dictadura fascista de Bashar al Asad‑, sino que además liberó a
Mubarak, un dictador fascista y pro‑imperialista que respondía a las
multinacionales de los Estados Unidos.
Segundo,
quien fomenta la firma de este tratado de libre comercio al servicio de grandes
empresarios y de multinacionales con un régimen dictatorial, reivindicó el
Tratado de Libre Comercio entre el Estado de Israel y el Mercosur, un Estado
terrorista contra el pueblo palestino. Cuando se firmó el tratado, el gobierno
israelí dijo claramente que era un salto cualitativo en las relaciones
bilaterales; es decir, en las relaciones bilaterales del pueblo de la Nación
Argentina contra un Estado terrorista como el de Israel. Contra las dictaduras
se llevan adelante rupturas de las relaciones políticas y económicas; no
tratados de libre comercio que, además, benefician a grandes empresarios.
Por
otro lado, en lo que se refiere a la aprobación de la Convención Interamericana
sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el doble
discurso lleva a que mientras se da el visto bueno a un documento de esta
naturaleza, en la Argentina no se aplica el 82 por ciento móvil; no lo hizo el
gobierno anterior y tampoco lo hace el actual.
En
Tierra del Fuego, hace más de un año, se arrasó con la caja de previsión
social; lo mismo ocurrirá en Santa Cruz. A esto debemos agregar que el haber
mínimo supera apenas los 6.000 pesos, cuando la canasta básica vale
aproximadamente 14.000, que los afiliados al PAMI no reciben medicamentos
esenciales y que los abuelos deben vivir en geriátricos miserables, en
verdaderos depósitos, pagando entre 15.000 y 20.000 pesos. Muchas veces estos
lugares se incendian y nuestros abuelos pierden la vida.
En
otras palabras, se propicia la aprobación de la Convención Interamericana sobre
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores cuando en nuestro
país las personas mayores son vilipendiadas por los gobiernos de turno.
Finalmente,
otro de los proyectos en tratamiento se refiere a la realización de un aporte
por parte de la República Argentina para erradicar la pobreza rural, fomentar
la agricultura y mejorar los sistemas de producción de alimentos. Fíjense los
señores diputados qué notorio: esto se firmó en junio de 1976, es decir,
durante la dictadura, y la Argentina comenzó a formar parte del tratado en
1978. Desde la izquierda consideramos que todo acto efectuado bajo una
dictadura es nulo de nulidad absoluta.
Dado
que el objetivo es erradicar la pobreza rural, fomentar la agricultura y demás,
sería bueno preguntar a los autores de esta iniciativa cómo se alcanzará cuando
en la Argentina hay terratenientes que se quedan con la mayor parte de la
tierra.
Las
tierras están concentradas en muy pocas familias. Hay 17 millones de hectáreas
sembradas en manos de extranjeros: Benetton, por ejemplo, cuenta con 844.200
hectáreas. Si el comercio exterior está dirigido por Cargill, Dreyfus, Vicentín,
Bunge y tantos otros, me pregunto cómo se puede garantizar la seguridad
alimentaria.
Ya
que hablamos de la población rural, permítaseme recordar que en Misiones, a los
peones rurales de la yerba se les paga con tiques. O sea, no en moneda nacional
sino con tiques.
De los cultivadores de la oliva en San
Juan, hay un 70 por ciento en negro. Por las peras y manzanas de las que se
habló el otro día durante el tratamiento de la ley de emergencia se paga a los
productores entre 2 y 3 pesos el kilo, cuando acá se las vende a 40 o 50 pesos
por kilo. Además ‑este es otro dato‑, la Argentina está entre los
diez países del mundo que más ha deforestado en estos años, generando
inundaciones y demás.
Para
comentarles brevemente qué se puede hacer para solucionar este grave problema,
voy a leer el punto 10 del programa del Frente de Izquierda. Dice así: “Por la
expropiación de la oligarquía terrateniente de los grandes pules de siembra,
así como de los monopolios cerealeros, aceiteros y frigoríficos. Por la
nacionalización de la tierra, comenzando por la expropiación de los 4.000
principales propietarios, repartiendo los derechos a los campesinos pobres, a
los pueblos originarios y a los pequeños chacareros. Basta de trabajo en negro
para los trabajadores rurales.”
Creo
que con esto doy una visión sobre algunos de los temas de los que pude hablar
en tan pocos minutos. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
López.- Señor presidente: simplemente quiero indicar
cómo vamos a votar los distintos órdenes del día. Además, solicito autorización
para insertar algunos discursos en el Diario de Sesiones con respecto a algunos
de estos temas.
En
el caso de los órdenes del día 895, 896, 910 y 1.292, votaremos en forma
negativa. Los órdenes del día 903 y 906 los votaremos afirmativamente. Y en el
caso de los órdenes del día 907 y 1.282, nos abstendremos de votar.
Señor
presidente: como tengo entendido que las votaciones se harán en forma nominal y
nosotros votaremos de distinto modo los distintos órdenes del día, le pido que
nos indique qué debemos hacer a la hora de votar para que se entienda el
sentido de cada uno de nuestros votos.
Sr.
Presidente (Monzó).- Señor diputado: votaremos los órdenes del día por separado en
general y en particular. De manera que en cada votación tendrá la oportunidad
de dejar sentado su voto. Con respecto a la solicitud de autorización para
insertar discursos en el Diario de Sesiones, al final de la sesión se darán por
aprobadas todas las solicitudes, como es de ejercicio en esta Cámara.
Solicito
a los señores diputados que se identifiquen porque vamos a pasar a las
votaciones nominales.
Se
va a votar nominalmente en general y en particular el dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley contenido en el Orden
del Día 895.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
198 señores diputados presentes, 191 han votado por la afirmativa y 6 por la
negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Han votado 191 señores diputados por
la afirmativa y 6 por la negativa.
aquí VOTACIÓN NOMINAL
Sr. Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de ley.
Se comunicará al Honorable Senado.
Sr.
Gioja.- Señor presidente: mi voto es afirmativo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Quedará registrado en el Diario de Sesiones, señor diputado.
Se
va a votar nominalmente en general y en particular el dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley contenido en el Orden
del Día N° 896.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
201 señores diputados presentes, 196 han votado por la afirmativa y 4 por la
negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Hubo 196
votos afirmativos, 4 negativos y no hubo abstenciones.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de ley.
Se
comunicará el Honorable Senado.
Se
va a votar nominalmente en general y en particular el dictamen de las
comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Transportes recaído en el
proyecto de ley venido en revisión, Orden del Día N° 903.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
213 señores diputados presentes, 208 han votado por la afirmativa y 4 por la
negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Hubo 208
votos afirmativos, 4 negativos y no hubo abstenciones.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley.
Se
comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.
Sra.
Martínez Villada.- Mi voto fue afirmativo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se toma nota, señora diputada.
Se
va a votar nominalmente en general y en particular el dictamen de las
comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Educación recaído en el
proyecto de ley venido en revisión, Orden del día N° 906.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
214 señores diputados presentes, 213 han votado por la afirmativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se
registran 213 votos afirmativos. No hubo votos negativos ni abstenciones.
aquí votación nominal
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.
Se
comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.
Se
va a votar nominalmente en general y en particular el dictamen de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto recaído en el proyecto de ley venido en
revisión, Orden del Día N° 907.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
214 señores diputados presentes, 209 han votado por la afirmativa,
registrándose además 4 abstenciones.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Votaron por la afirmativa 209 señores diputados, no hubo votos
negativos y se registraron 4 abstenciones.
aquí votación nominal
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.
Se
comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.
Se
va a votar nominalmente en general y en particular el dictamen de las
comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda recaído
en el proyecto de ley contenido en el Orden del Día N° 910.
Tiene la palabra la señora diputada
por Buenos Aires.
Sra. Litza.- Señor presidente: quiero dejar constancia de
mi voto afirmativo en la anterior votación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Quedará así registrado, señora diputada.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
214 señores diputados presentes, 209 han votado por la afirmativa y 4 por la
negativa.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Votaron por la afirmativa 209 señores diputados y por la
negativa, 4. No hubo abstenciones.
aquí votación nominal
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de ley.
Se
comunicará al Honorable Senado.
Se
va a votar nominalmente en general y en particular el dictamen de las
comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de las Personas Mayores recaído
en el proyecto de ley venido en revisión, Orden del Día N° 1.282.
Sra. Copes.- Señor presidente: quiero dejar constancia de mi voto por la
afirmativa. Me levanté en el momento de la votación y parece que no quedó
registrado.
Sr. Presidente (Monzó).- Así se hará, señora diputada.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al
tablero electrónico, sobre 213 señores diputados presentes, 208 han votado por
la afirmativa, registrándose además 4 abstenciones.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Se han registrado 208 votos por la afirmativa y 4 abstenciones.
(Aplausos.)
aquí votación nominal
Sr. Presidente (Monzó).- Resulta afirmativa.
Queda definitivamente sancionado el
proyecto de ley.
Se
comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al Honorable Senado.
Se va a votar el dictamen de la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto -Orden del Día N° 1.292‑
recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el
que se aprueba el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la República
Árabe de Egipto. (Expediente 12-S.-2017).
Tiene
la palabra la señora diputada por San Luis.
Sra.
Bianchi.- Señor presidente: el bloque al que
represento solicita autorización para abstenerse de votar.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
Olmedo.- Señor presidente: pido autorización para
abstenerme porque, desde mi punto de vista, creo que este proyecto afecta la
economía regional de mi provincia, en particular en lo que hace a la aceituna.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar en general y en particular.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al
tablero electrónico, sobre 213 señores diputados presentes, 194 han votado por
la afirmativa y 12 por la negativa, registrándose además 6 abstenciones.
aquí votación nominal
Sr. Presidente (Monzó).- Resulta afirmativa.
Queda definitivamente sancionado el
proyecto de ley.
Se comunicará al Poder Ejecutivo y se
dará aviso al Honorable Senado.
Sr. Lipovetzky.- Señor
presidente: quiero indicar que he votado por la afirmativa, pero no se ha
registrado mi voto.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada
por Buenos Aires.
Sra. Camaño.- Señor
presidente: solicito que se voten las autorizaciones para insertar discursos,
porque en mi bloque hay diputados interesados en dejar constancia de sus
opiniones por escrito.
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia acaba de aclarar este tema a raíz de una consulta
del señor diputado López. En este sentido, antes de finalizar la sesión se
procederá a votar las inserciones de los discursos en el Diario de Sesiones.
Tiene
la palabra la señora diputada por Entre Ríos.
Sra.
Gaillard.- Señor presidente: quisiera que quede
constancia de mi voto positivo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Cabandié.- Señor presidente: en el mismo sentido,
para que conste mi voto positivo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Quedará constancia, señores diputados.
- 15 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde considerar en forma conjunta los proyectos obrantes
en Secretaría relacionados con los plazos establecidos por el artículo 7° de la
ley 24.390 para la aplicación de la prisión preventiva.
AQUÍ PROYECTOS SOBRE plazos establecidos por
el artículo 7° de la ley 24.390 para la aplicación de la prisión preventiva
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en general.
Tiene la
palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sr.
Negri.- Señora diputada: antes de que comience su
intervención, ¿me permite una interrupción, con el permiso de la Presidencia?
Sra.
Donda Pérez.- Sí, señor diputado.
Sr.
Presidente (Monzó).- Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado por
Córdoba.
Sr.
Negri.- Señor presidente: solicito que el
tratamiento de este tema se lleve adelante conforme al artículo 127, inciso 3),
del Reglamento de la Honorable Cámara, es decir que el debate sea declarado
libre.
Sr.
Presidente (Monzó).- Si la Cámara está de
acuerdo, así se procederá.
- Asentimiento.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Moreno.- Señor presidente: solicito que se dé
lectura del artículo citado.
Sr.
Presidente (Monzó).- Esta Presidencia entiende que el cuerpo se ha expresado con
claridad. Si leemos el artículo por Secretaría, estaremos perdiendo un tiempo bastante
rico para el debate.
No
obstante, si el señor diputado así lo requiere, el artículo 127 –mociones de
orden‑, sobre el que se basa la solicitud del señor diputado Negri, dice
así: “Es moción de orden toda proposición que tenga alguno de los siguientes
objetos:...” A su vez, el inciso 3), que es al que se refirió el señor diputado
Negri, dice así: “Que se declare libre el debate.”
Mientras
la señora diputada Donde Pérez se prepara para su intervención, tiene la
palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Carlotto.- Señor presidente: hemos estado...
Sr.
Presidente (Monzó).- Disculpe, señor diputado, pero quisiera hacer una aclaración.
Hemos establecido un tiempo estimado de diez minutos para que todos tengan
posibilidad de expresarse respecto del tema en tratamiento.
Continúe,
señor diputado.
Sr.
Carlotto.- Decía, señor presidente, que los
distintos bloques hemos estado trabajando en la búsqueda de un texto acordado
con respecto a lo que consideramos un fallo vergonzoso de la Corte Suprema de Justicia,
en particular por el pronunciamiento que tuvieron los jueces Rosenkrantz,
Rosatti y Highton de Nolasco.
Lo
cierto es que vemos este momento con enorme preocupación. La opinión de los
organismos de derechos humanos y de las organizaciones políticas, sindicales y
culturales de la República Argentina es de un profundo rechazo a este
pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.
Nosotros
no podemos dejar de ver este pronunciamiento, que va en contra de los que hace
más de veinte años sostiene la Corte Suprema de Justicia en materia de crímenes
de lesa humanidad y de violaciones graves a los derechos humanos, como parte de
algo que está sucediendo en la Argentina desde el 10 de diciembre de 2015.
Lo
vemos en el contexto político que está viviendo la Argentina desde la asunción
del actual Poder Ejecutivo nacional.
Desde
la renovación de la Corte Suprema en el año 2003, el proceso de recuperación de
derechos y de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia como políticas de
Estado han sido una constante y una construcción. Desde este Parlamento hemos
acompañado cada una de las causas, a los querellantes, a los familiares, a los
sobrevivientes y a cada uno de los testigos para conseguir que la Justicia
argentina actuara con celeridad. Estamos hablando de los crímenes más
aberrantes cometidos en la era contemporánea de nuestro país.
A
cada paso fuimos exigiendo el cumplimiento en tiempo y forma por parte de la
Justicia para dar la satisfacción de que en la Argentina se sancionara a los
responsables de estos crímenes, después de dieciocho años de imposibilidad de
juzgamiento por la vigencia de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final.
Parte
de la exigencia consistió en que se los sancionara con cárcel efectiva y común.
Cuando hablamos de cárcel efectiva nos estamos refiriendo también a que cumplan
la totalidad de la pena.
Hemos
aceptado cada pronunciamiento de la Justicia que generaba algún tipo de
absolución con respecto a la responsabilidad de estos crímenes. Lo que no podemos
aceptar es que después de cuarenta años de lucha por la búsqueda de Justicia…
Sr.
Presidente (Monzó).- Ruego a los señores
diputados que guarden silencio o que se reúnan en la sala contigua a la
Presidencia.
Continúa
en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Carlotto.- Decía que lo que no podemos aceptar es
que después de cuarenta años de búsqueda de
justicia, esperando pacientemente que los
tribunales ordinarios condenaran a los responsables de estos crímenes, de una
manera totalmente amañada tres miembros de esta nueva conformación de la Corte
Suprema de Justicia dicten un fallo que les posibilita el camino a la
liberación. Es absolutamente inaceptable. Nos ofende desde todos los órdenes.
De
hecho, en el año 2015 votamos la ley 27.156 ‑soy firmante de aquel
proyecto‑, que buscaba prever algunos de estos acontecimientos,
planteando que no eran amnistiables, que eran imprescriptibles y que no podían
ser condonadas las deudas de los responsables de participar en crímenes de lesa
humanidad, de actos de genocidio y de graves violaciones a los derechos
humanos.
Hoy
nos encontramos ante esta realidad, y debo decir que inmediatamente que
conocimos este fallo presentamos un proyecto de declaración repudiando el
pronunciamiento de la Corte. Fuimos a acompañar a los organismos de derechos
humanos en la conferencia de prensa que llevaron adelante para solicitar que
los tres poderes del Estado actúen en consecuencia frente a una nueva vuelta de
tuerca que busca impunidad para los crímenes que sucedieron.
A
esto se suma la desafortunada convocatoria a la reconciliación de la
Conferencia Episcopal Argentina. Sabemos que los términos que se han planteado
en nuestro país a este respecto marcan un camino vinculado a la impunidad.
Hemos
expresado que la reconciliación requiere la sanción, el arrepentimiento, la
confesión de los crímenes y que nos digan dónde está cada uno de los detenidos
desaparecidos y dónde está cada uno de los pibes que las Abuelas y nosotros
seguimos buscando inclaudicablemente todos los días.
Entonces,
hemos traído a consideración un proyecto que pueda buscar la unanimidad de la
Cámara para que demos claras señales de que el artículo 7° de la ley 24.390,
llamada del dos por uno, no es aplicable para crímenes de lesa humanidad, para
actos de genocidio, para crímenes de guerra ni para ninguna de las acciones
vinculadas con el derecho internacional de los derechos humanos.
Esta
cuestión la planteo desde distintos lugares. Quienes sufrimos las trágicas consecuencias
de los crímenes que cometió la dictadura cívico-militar, padeciendo la
persecución, la desaparición, la muerte o el robo de la identidad de nuestros
familiares, debemos poner todos los esfuerzos para que el Congreso de la Nación
emita hoy un pronunciamiento contundente, de modo que no exista aquí la
posibilidad de que algún miembro de este Parlamento deje señales de que estos
criminales puedan obtener impunidad.
Reconocemos
que, sobre la base del proyecto que hemos presentado y de los aportes que
puedan hacerse, se está haciendo un esfuerzo para aprobar una iniciativa de
consenso con los distintos bloques.
En
el día de hoy nosotros hemos presentado un proyecto que reúne el consenso de
los organismos de derechos humanos y que tiende a impedir que criminales como
Astiz, el Tigre Acosta, Etchecolatz, Von Wernich, Gallo y tantos otros, como el
emblemático genocida Luciano Benjamín Menéndez, obtengan su libertad.
Es
muy importante que nosotros demos esta señal. Como dijeron los representantes
de los organismos de derechos humanos en su conferencia de prensa, esto no lo
hacemos solamente por aquellos que fueron víctimas, por aquellos que hoy no
están, por los 30.000 detenidos desaparecidos, que dicho sea de paso, en este
tiempo han tenido el tupé de cuestionar el número de compañeros caídos, y la
verdad que eso es absolutamente inaceptable.
Como
decía, esto no lo hacemos por ellos; lo hacemos por nuestros hijos, por
nuestros nietos y por el conjunto del pueblo argentino. Mal seríamos una
sociedad plenamente democrática si nosotros aceptáramos tranquilamente este
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Desde
la jurisprudencia, desde el pronunciamiento parlamentario y desde la mirada
estrictamente política, nosotros tenemos que afirmarnos en que ni uno solo de
los genocidas puede estar en la calle. Cada uno de los responsables de estos
crímenes debe pagar hasta el último día de su condena en cárcel efectiva y
común. Es allí donde está nuestro objetivo.
Debemos
estar a la altura de aprobar un proyecto que contemple la demanda del
movimiento de derechos humanos. Hemos presentado este proyecto, así que
esperamos y sostenemos los aportes que los distintos bloques puedan hacer para
dar esa señal contundente que se dijo desde el juicio a las Juntas y que vamos
a sostener hasta el último día de nuestras vidas, porque queremos que estos
responsables rindan cuentas, pero también queremos algo que para nosotros es
muy caro e importante: garantizar en la Argentina el definitivo “nunca más”. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sra.
Donda Pérez.- Señor presidente: muchas veces
permanecemos aquí hasta altas horas de la noche debatiendo y sancionando leyes,
algunas con un espíritu y otras con otro, pero me parece que lo que hoy estamos
discutiendo tiene un solo espíritu. En realidad, tiene nombres, apellidos y
caras, que hoy están presentes en este recinto. Digo esto porque acaba de
ingresar a este recinto una mujer que para mí es muy especial por lo que
representa; me refiero a Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de
Mayo. (Aplausos.)
También
están presentes las Madres de Plaza de Mayo con sus pañuelos. (Aplausos.)
Les
pido a todos los diputados que les rindamos homenaje con un minuto de aplausos.
- Puestos de pie los señores diputados y
el público presente en las galerías, prorrumpen en un aplauso prolongado.
Sra.
Donda Pérez.- Señor presidente: gracias a estas
mujeres todos pudimos saber lo que pasó en nuestro país. Esto se lo debemos a
estas mujeres, que durante la dictadura les pusieron el pecho a los militares,
a los civiles cómplices, a los civiles activos y también a esa Iglesia que hizo
silencio y fue cómplice de la dictadura militar.
Con
la democracia que vino de la mano de Alfonsín nuestra sociedad empezó a
experimentar el renacimiento de la vida. Así comenzaron a desfilar por
distintos ámbitos institucionales, y ante ese tribunal histórico en nuestro
país, las víctimas a las que habían querido enterrar en vida. Gracias a ese
juicio –conocido como el Juicio a las Juntas- la Argentina se hizo conocida y
empezó a ser contemplada como un ejemplo por todo el mundo, porque nuestro
pueblo estaba dispuesto a llevar adelante el proceso de Verdad, Justicia y
Memoria.
Las
leyes de obediencia debida, de punto final y los indultos quisieron levantar un
muro de impunidad y silencio ante los crímenes que había cometido la dictadura.
Pero la sociedad dijo que no, y si en 2003 se reabrieron las causas para juzgar
a los genocidas fue gracias a que desde la sanción de las leyes de obediencia
debida y punto final y desde los indultos no hubo un solo día en el que este
pueblo bajara los brazos en su reclamo por Justicia, Memoria y Verdad.
Desde
que se reabrieron los juicios muchos hemos planteado cuestiones que todavía no
estaban resueltas. Una de ellas era la del tiempo transcurrido, es decir, el
tiempo que se tomaba la Justicia para brindarnos el derecho de acceder a ella y
conocer la verdad.
- Ocupa la Presidencia el señor
vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, ingeniero José Luis Gioja.
Sra.
Donda Pérez.- Hace una semana la Corte Suprema de
Justicia de nuestro país emitió un fallo por mayoría. En este sentido, debo
decir que hubo dos jueces –los doctores Lorenzetti y Maqueda- que fundamentaron
sus votos de manera brillante, pero como consecuencia de los otros tres votos,
creo que la Corte Suprema de nuestro país va a ser recordada en la historia por
haber dictado uno de los fallos más vergonzantes y aberrantes, pero no de los
últimos años de democracia, sino de toda la historia de la Corte.
Este
fallo va a ser recordado junto con el de aquella Corte que justificó el golpe
militar a Yrigoyen con un fundamento vergonzoso.
Hoy le
toca a la política, al poder democrático por excelencia, a aquellos que somos
elegidos desde distintos sectores de la política y representamos al pueblo,
decirle a la sociedad argentina que no vamos a permitir que se quiera volver a
levantar un muro de impunidad en nuestro país.
Decía
que este proyecto de ley tiene nombres y apellidos. Muchos de ustedes conocen
mi historia y también la de algunos que están en este recinto. Me refiero, por
ejemplo, a la historia del señor diputado Remo Carlotto y a la de un señor
diputado con el que compartí el lugar, la mesa donde nacimos, que es Juan
Cabandié. Hay muchas cosas que puedo no compartir con el señor diputado
Cabandié, pero si hay algo muy importante que compartimos es el lugar donde
nacimos.
Muchos
de nosotros vivimos el horror cada vez que cerramos los ojos un 24 de marzo,
para recordar que en esa fecha empezó el proceso que nos arrebató la
posibilidad de desarrollar nuestras vidas.
El
nombre y apellido que tiene este proyecto que estamos debatiendo es el de nuestras
madres, padres, hermanos, amigos y compañeros, es decir, el de los 30.000
desaparecidos. Respecto de estos últimos, quiero decir que cada vez que alguien
quiere discutir el número es lo mismo que si nos quisiera discutir el nombre.
Me refiero al nombre de mi papá, al de mi mamá, al de la hermana del señor
diputado Remo Carlotto.
Por
eso defendemos nuestras conquistas con uñas y dientes. El lugar donde hoy
tenemos que hacerlo es aquí, generando consensos. Los representantes de cada
uno de los bloques estamos generando un dictamen consensuado que le diga no
solamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino también a los
tribunales inferiores, que acá no se va a perdonar a los genocidas ni se les va
a conmutar la pena, lo que quedará prohibido por ley. ¡Acá queremos sancionar
un proyecto de ley que diga en forma clara que los genocidas deben ser privados
de su libertad y que defendemos las garantías para todos! (Aplausos.)
El
nombre del proyecto de ley que estamos discutiendo hoy es “Justicia”, porque lo
que estamos reclamando es justicia.
En
este sentido, vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que mañana,
quienes tenemos la responsabilidad de concurrir a la marcha que ha sido
convocada y poner la cara, podamos decir que por unanimidad en la Cámara de
Diputados de la Nación se le dijo que no a los genocidas.
Además,
desde esta Cámara y el Congreso de la Nación, sobre todo a esos tres jueces que
están sentados en el Palacio de Justicia, les decimos: ¡señores jueces: nunca
más! (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Tonelli.- Señor presidente: como queda en
evidencia en esta sesión, el fallo que la Corte Suprema de Justicia de la
Nación dictó la semana pasada respecto del caso Muiña ha generado zozobra y
preocupación social. Esto es así, fundamentalmente, por las posibles
consecuencias futuras de dicho fallo, más allá del caso individual respecto del
cual resolvió la Corte.
El origen
del problema –por lo menos, desde mi punto de vista‑ no está precisamente en el fallo de la Corte Suprema, sino en la
ley 24.390, la llamada ley del dos por uno, que es la norma que la Corte aplicó
en esa sentencia y que benefició mediante un cómputo de la pena actualizado a
un condenado por un delito de lesa humanidad.
La ley 24.390 fue sancionada en 1994
para responder al generalizado y justificado reclamo de una enorme población
carcelaria que estaba detenida sin condena firme y sometida a proceso. Pero
ésta fue una mala solución, porque lo que en definitiva dispuso la ley es que
después de los dos años de prisión preventiva, cada día se computara doble.
En realidad, lo que había que resolver
era la duración de los procesos penales y no el modo de computar la pena de
quienes sufrieran la prisión preventiva de manera excesiva. Es decir, la
solución hubiera sido reformar los procedimientos penales para que los juicios
terminaran en un tiempo razonable, que es de dos años, de acuerdo con la Convención
Interamericana de Derechos Humanos.
La solución debió haber sido actuar
más bien sobre los jueces, para obligarlos a resolver las causas dentro de ese
plazo razonable y no adoptar esta suerte de atajo que constituyó la ley del dos
por uno, que tuvo negativos y nocivos efectos en su aplicación. Por eso fue
razonablemente derogada unos pocos años después, en 2001. Pero el carácter de
ley penal más benigna ha llevado a que en muchos casos la ley 24.390 tuviera
una ultraactividad que llega hasta nuestros días, como lo demuestra la
sentencia de la Corte Suprema a la que nos estamos refiriendo.
La ley ya está derogada, pero, sin
embargo, en algunos casos se sigue aplicando. Esto es consecuencia de los
principios universales del derecho penal liberal, que en lo que a este punto se
refiere están plasmados, más allá de estarlo en varios tratados
internacionales, en el artículo 2° de nuestro Código Penal, que prescribe que
siempre debe aplicarse la ley penal más benigna a la hora de sancionar y
condenar conductas delictivas.
De manera tal que no alcanzó con
derogar la ley, porque la semana pasada la Corte Suprema la aplicó. Nos
preocupa la consecuencia de la aplicación de esa ley, como también les preocupa
al resto de los bloques de la Cámara, y así lo han expresado.
Por ese motivo hemos querido buscar
una solución a esa aplicación ultraactiva de la ley 24.390, que nos parece
francamente inconveniente.
Por ello en el día de la fecha, y con
la anuencia de nuestro interbloque, he presentado un proyecto de ley que es
exactamente igual al que originalmente presentó el senador Pinedo en el Senado.
También han sido presentados otros proyectos de ley que buscan dar una solución
a esta aplicación ultraactiva de la ley. Están los proyectos de los señores
diputados Carlotto, que ya habló, Donda Pérez, Recalde y Lipovetzky.
Como queda en evidencia, la derogación
de la norma no alcanza como solución, porque en la medida en que siga siendo la
ley penal más benigna será nuevamente aplicada por los tribunales. Creemos, en
cambio, que la solución consiste en sancionar una norma que constituya una
interpretación auténtica de la ley 24.390.
Nos parece que
no hay nadie más autorizado que el propio legislador que aprueba la ley, al
cabo de un tiempo y a la luz de los resultados que se han producido, porque la
norma tiene el carácter de interpretación auténtica para que los tribunales la
sigan y la apliquen.
Nuestro
proyecto apunta a que la ley 24.390 deba interpretarse de manera tal que solo
pueda beneficiar a quienes padecieron prisión preventiva en el lapso de
vigencia, es decir, durante 1994 y 2001. Pero quienes hayan padecido prisión
preventiva antes o después de la vigencia de la ley, como es precisamente el
caso de Muiño ‑el que acaba de resolver la Corte Suprema-, no deberían
verse beneficiados por la aplicación de ese cómputo del dos por uno previsto en
el artículo 7° de la ley 24.390.
Este
es el sentido de nuestro proyecto, que además tiene la particularidad ‑o
la virtud desde nuestro punto de vista- de que no solo comprende el caso de los
delitos que más preocupación generan, que son los de genocidio, lesa humanidad
o violaciones a los derechos humanos, sino que comprende y alcanza a todos los
delitos.
De
manera tal que nos parece que, además de ser una solución eficiente una
correcta y razonable interpretación del artículo 7° de la ley 24.390, cumple
con el ineludible requisito de respetar la igualdad ante la ley consagrada en
el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional.
Esta
es nuestra propuesta, la hemos discutido con los representantes de otros
bloques y con los autores de otros proyectos y creo que puedo anticipar que
afortunadamente hemos llegado a un acuerdo, a un texto de consenso, por lo cual
a nuestra idea se le agrega algún otro artículo que estaba previsto en los
proyectos de los diputados Carlotto y Donda Pérez. De este modo la iniciativa
cuenta con el auspicio y el consenso necesario para que hoy la aprobemos.
Posiblemente
nos hubiera gustado más aprobar nuestro propio proyecto, sin el agregado del
artículo 1° que hemos consensuado, pero esto ha sido producto de la necesidad
de encontrar una fórmula común que nos permita hoy mismo responder a la
urgencia con que la sociedad nos reclama una definición.
No
quiero terminar mi exposición sin dejar de señalar que se ha hablado mucho del
fallo de la Corte que, al menos en mi interpretación personal y no quiero con
esto comprometer al interbloque, no es arbitrario ni disparatado. Se trata de
un fallo que resume una cuestión muy difícil, que presenta aristas muy
complicadas, que plantea problemas de interpretación muy difíciles, que son
clásicos en el derecho. En este sentido debo decir que a mí, personalmente, me
parece que el voto de la mayoría es razonable y ajustado a esos principios
clásicos del derecho, pero que esto no impide que el resultado del fallo no nos
satisfaga.
Es
decir, el hecho de que personas que han cometido los crímenes más aberrantes se
vean beneficiadas con un cómputo que les reduce la condena, no nos parece bien,
no nos gusta y no nos satisface. Desde nuestro punto de vista, el problema no
está en el fallo de la Corte, sino en la ley 24.390; la Corte no tuvo más
remedio que aplicarla.
En
definitiva, creo que por suerte hemos llegado a una fórmula de consenso, que el
proyecto es satisfactorio y va a permitir resolver de aquí en más el problema
que a todos nos preocupa y que ha generado este debate.
Pienso
que debemos celebrar el consenso y sentirnos satisfechos por haber podido dejar
las diferencias a un lado para acordar en un tema tan delicado y trascendente
para la inmensa mayoría de los argentinos. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Recalde.- Señor presidente: felicito a todos los
bloques no solo por los consensos, sino también por los disensos. No sé si
empezar por estos últimos, dado que son lo menos simpático, y decir que no
estoy de acuerdo con los argumentos del señor diputado preopinante en relación
con el contenido del fallo. (Aplausos.)
Creo
que constituye una regresión inaudita para nuestra patria. Si en algo nos
insertamos en el mundo fue en materia de defensa de los derechos humanos. El
doctor Alfonsín fue consecuente a partir del juicio a las Juntas, y también lo
fueron nuestros tres gobiernos. El perdón a genocidas, violadores, apropiadores
y vendedores de chicos, mutiladores, extorsionadores y torturadores no es algo
que podamos considerar grato. Por eso considero que este fallo es una
regresión.
Quiero
explicar por qué disiento con esta decisión de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación. Si observamos la relación de los hechos, advertiremos que el fallo
no tiene sentido alguno. No había necesidad de dictarlo porque los hechos no
están encuadrados en la tipificación que de las dos leyes –sobre todo la del
llamado dos por uno‑ hacen tres ministros de la Corte. Para nada están
encuadrados, y lo que demuestra esta decisión es la intencionalidad política de
querer dar marcha atrás en la lucha por los derechos humanos. (Aplausos.)
Este
objetivo se puso adelante, depreciándose lo que debe hacer un juez: dictar
sentencia en un caso concreto. No lo hicieron; dictaron sentencia no para un
caso concreto, sino para establecer una doctrina que esta vez, sí, sin duda
alguna tendrá un punto final: el que dé la soberanía popular en este Congreso
interpretando las leyes vigentes y enseñando a quienes opinaron distinto cuál
fue la voluntad del legislador en el momento de sancionarlas.
Esa
voluntad, que es expresa, será ratificada a partir del texto que estamos
consensuando. Solo falta redactar algunos puntos; por eso anticipo que, cuando
culmine este debate, solicitaremos que la Honorable Cámara pase a un cuarto
intermedio en las bancas de diez minutos para terminar de retocar un texto que
congregará las opiniones de todos.
Aplaudimos
este consenso porque entendemos que la sociedad no merece que ocurran estas
cosas. Es buena la respuesta del Congreso Nacional, a través de la Cámara de
Diputados, de fijar hoy –antes de la manifestación de mañana‑ una
posición para que el pueblo sepa que representamos realmente sus intereses y
sus derechos, que son fundamentales cuando se trata de los derechos humanos.
Cuando
nos representamos la figura de un genocida caminando por la calle frente a un
hijo que fue arrebatado a sus padres, sentimos pena y vergüenza; pero vergüenza
ajena, porque nosotros no hacemos concesiones.
La
verdadera interpretación respecto de esta decisión de la Corte estuvo a cargo
del secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, quien en su primera
manifestación dijo que el fallo era bueno. Después cambió de opinión y se
rectificó. Hay un dicho que voy a parafrasear de la siguiente manera: aunque el
gorila se vista de seda, gorila queda, porque esa fue la expresión de un gorila
en contra de los intereses del pueblo, y eso no lo vamos a permitir. (Aplausos.)
No
diré mucho más porque pienso que lo más importante es que podamos terminar este
debate suscribiendo todos los bloques un dictamen que unifique los distintos
proyectos mencionados por el señor diputado Tonelli, más algunos otros que tal
vez omitió. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sra.
Carrió.- Señor presidente: dado que el debate es
libre y, conforme con el reglamento, no hay términos estipulados, pido que se
me permita extenderme porque la cuestión es muy compleja.
Fui
la primera que dijo al señor presidente que este tema debía ser debatido porque
es una asignatura pendiente en la Cámara de Diputados. Me parece importantísimo
que se discuta y, junto con él, otras cuestiones.
En
primer término, yo no hubiera suscripto el fallo de la mayoría; no hubiera
estado con el presidente, porque dice estupideces, pero quizás hubiera
compartido los fundamentos de Juan Carlos Maqueda.
Desde
el punto de vista del positivismo penal liberal, el fallo es correcto y se
limita a aplicar la ley y la Constitución. El problema ha sido que esta norma
que vamos a aprobar hoy no se sancionó durante doce años. (Aplausos.) Y la respuesta la tienen los presidentes de las
comisiones de Derechos Humanos y de Legislación Penal, que durante doce años ‑incluso
en la “ley Carlotto”‑ no pusieron el tema del “2 x 1”. Si lo hubiesen
puesto, este tema estaría resuelto.
Voy
a citar algo ‑después voy a hablar de la filosofía jurídica‑ que
dice el propio Rosatti. El juez Rosatti dice: “Me encuentro frente a un dilema
moral. Por un lado, tengo el artículo 2° del Código Penal, que me obliga a
aplicar la ultraactividad de la ley penal más benigna”. Todos los que acá son
abogados y estudiaron a Kelsen en la Facultad de Derecho ‑o los que
estudiaron con Zaffaroni, que dice lo mismo en el fallo “Rei”‑…
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sra.
Carrió.- Acá lo tengo. En el fallo “Rei”, el juez
Zaffaroni dice que no se puede hacer ninguna excepción. Acá está; lo pueden
controlar.
Entonces,
el problema es mucho más complejo, y se planteó acerca de todas las posiciones
filosóficas del derecho con motivo de Nüremberg. Trataré de resumir todas las
formulaciones filosóficas que están en un libro de Carlos Nino que se llama Introducción al análisis del derecho,
del que me acordé recién, porque hoy no pensaba hablar de este tema.
¿Cuál
fue el problema del juzgamiento a los genocidas alemanes? El gran problema era
que habían cumplido la ley. El gran problema era que los ejecutores –y no estoy
haciendo una relación con esto‑ habían cumplido las leyes secretas del
Reich. Esto le planteó un gran problema a la ciencia jurídica. El que es
iusnaturalista dice que el derecho natural, accesible por la razón –estoy
citando a Aristóteles‑, es superior a la ley positiva, con lo cual estos
actos aberrantes deben ser condenados no obstante que hayan estado ajustados a
la ley positiva en el momento de la ejecución del hecho.
Eso
es iusnaturalismo. Muchos de ustedes que se formaron con Germán Bidart Campos,
en la teoría tridimensional de Goldschmidt, es decir, los iusnaturalistas, que
en realidad son todos los que fueron a la Universidad Católica Argentina,
habrán entendido esto.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sra.
Carrió.- Los que fuimos a las universidades
estatales estudiamos a Kelsen, que habla del formalismo jurídico y dice que la
ley, que es la expresión del mandato coactivo del Estado, no debe carecer de
algún aspecto de subjetividad moral sino que el sistema jurídico debe ser
aplicado tal como está y los jueces no tienen derecho a cambiar la norma
escrita. En ese caso, en el ejemplo que pone Nino, ¿qué decidió este segundo
juez kelseniano, formalista? Decidió absolver a los genocidas de Nüremberg
aplicando lo que se llamaba positivismo jurídico.
El
tercer fallo, que se llama positivismo metodológico –al que adscribí hace años,
mientras dicté clases de derecho‑, sostiene que los derechos humanos no
forman parte del derecho natural. Ahora que me convertí puede ser que combine,
porque estoy hablando de treinta años atrás. Pero en ese momento, Lefort
–izquierda pura- decía que los derechos humanos no son derechos naturales sino
grandes invenciones de la humanidad.
Cuando
ustedes leen el libro sobre los derechos humanos de Lefort, que está en la
transcripción de la jerarquía constitucional de tratados internacionales que yo
hice en la Convención de 1994, él dice que los hombres se defendieron contra el
poder omnímodo del monarca, del dictador y del tirano a través de la invención
de derechos para garantizar algún proceso a los opositores, a los perseguidos,
a los delincuentes; proceso que les sirvió a las izquierdas cuando eran
atacadas por los fascismos de derecha.
Los
derechos humanos fueron inventados por el hombre, básicamente por las teorías
jurídicas, para frenar el poder genocida del Estado. Fue un derecho. La gente
se confunde con las garantías. Las garantías procesales no están hechas para
las monjas, salvo algunas; están hechas para los culpables, para los
delincuentes, para que una persona, a pesar de haber cometido delitos
aberrantes, tenga un trato justo y la posibilidad de que entienda un juez
natural.
Esa
es la teoría de Bentham y la que aplicamos. Los derechos humanos en materia
penal nacieron con Jeremías Bentham para evitar la condena del rey, el juicio
del procurador del rey en virtud del cual delincuentes, opositores, locos o
quienes fueran podían ser condenados arbitrariamente a la guillotina por razón
de Estado.
Otra
cuestión es el positivismo metodológico, que decía que es cierto que hay que
aplicar la ley, pero por encima de la aplicación de la ley hay creencias
universales, está la invención de los derechos humanos, y entonces hay momentos
en que los grandes principios de la ley penal –la prescripción, la ley más
benigna, etcétera- ceden ante un imperativo mayor, en este caso, el de lesa
humanidad.
Por
eso el último juez, como ejemplo teórico positivista, dijo que pese a no haber
norma jurídica condenaba a los genocidas de Nüremberg.
El
tema que se trata acá remite a tres concepciones jurídicas. Lo que hicieron los
tres jueces, que yo no comparto...
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Presidente (Monzó).- Silencio, por favor.
Sra.
Carrió.- Estamos debatiendo y nosotros somos
autores de la ley de nulidad de la obediencia debida; fui la redactora de la
jerarquía constitucional de los tratados; acompañé la sanción de la ley de la
verdad, junto con “Polo” Schiffrin, que empezó los juicios de la verdad en La
Plata ‑y estoy muy apenada porque se fue‑. Acá hay madres y abuelas
que estuvieron con nosotros cuando el peronismo no estaba. (Aplausos.)
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sra.
Carrió.- Voy a continuar.
Entonces,
tenemos tres posiciones jurídicas: una es la que aplicó la mayoría de la Corte.
Y voy a leer lo que dijo Rosatti: “no tengo ley”.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sra.
Carrió.- Dice: Tengo un dilema moral: no le
quiero aplicar el “2 x 1”, pero no tengo ley que me autorice a hacer esto. ¿Qué
quiere decir? Que el proyecto de ley que estamos sancionando hoy viene a
solucionar un error de este cuerpo legislativo y no de la Corte.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sra.
Carrió.- Estamos discutiendo. Ustedes tienen todo
el tiempo del mundo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Continúa en el uso de la palabra, señora diputada. No hay un
tiempo establecido.
Sra.
Carrió.- Los escuché a todos y no opiné antes ‑ustedes
lo han experimentado en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto‑,
porque puedo no compartir la verdad del otro, pero doy la vida por que el otro
diga su verdad. (Aplausos.) Nunca
cercené la palabra.
Entonces,
creo que el avance de la Argentina en este tema ha sido extraordinario. Esto
tuvo que ser previsto, incluso en la norma. No hubo intencionalidad de
omitirlo, pero ya había un precedente de la Corte que ningún organismo reclamó.
Me refiero a la disidencia de Zaffaroni, que citaré a continuación.
En
el caso “Rei”, la Corte Suprema desestimó el recurso del condenado, quien
reclamaba la aplicación del “2 x 1”. La disidencia de Zaffaroni propugnó la
concesión del beneficio incluso teniendo en cuenta que Rei había sido detenido
recién tres años después de la derogación de la ley 24.390. No podría ser más
garantista.
Estos
tres jueces de la Corte vienen a aplicar el voto de Zaffaroni. Es más, en 1994,
cuando se dicta el “2 x 1” –con el que nunca estuve de acuerdo; por eso ustedes
me dicen que soy de derecha, y deben tener razón porque no me gusta ser de esta
izquierda‑, el problema era que las cárceles de la Nación tenían presos
sin condena. Los diputados más grandes, los de la tercera edad ‑como
nosotros‑, nos acordamos. Estaban procesados, detenidos en cárceles o en
comisarías y no tenían condena.
En
Corrientes se registra un caso paradigmático: un hombre fue detenido porque
robó un caballo. Cuando catorce años después se realizó la inspección del
Superior Tribunal de Justicia, preguntó en la comisaría por qué estaba ese
hombre allí y la respuesta fue: “Lo dejaron.” Lo detuvieron, el juez le dictó
prisión preventiva y este hombre estuvo preso catorce años. No todo se reduce a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires. Esto no se
modificó a instancias de este Poder Legislativo sino por el reclamo de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pidió que terminaran con la
aberración de mantener presa a la gente en proceso y sin condena.
Esgrimiré
un último argumento. El señor diputado Carlotto habló de reconciliación y
perdón. El perdón nada tiene que ver con la justicia. Ya lo dijo Isaías: por lo
del rey, yo te perdono, pero no te dejo sin justicia. El perdón es individual.
Una
vez estuve en el Consejo del Partido del Congreso de Sudáfrica, con “Tata”
Quirós –quien fue compañera de muchas detenidas que están acá‑, y quería
saber por qué los negros habían perdonado el apartheid. Un chico malayo, con la remera del Che...
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sra.
Carrió.- Al contrario. Los malayos son muy buenos
mozos. Ojalá ustedes fueran como ellos. (Risas.)
Ese
chico me contesta: “Perdonamos porque queríamos la paz.”
Allí
fuimos a conocer la justicia de restauración que ellos habían implementado. El
genocida podía gozar de una amnistía si declaraba públicamente en televisión
cómo había torturado y todos los hechos aberrantes que había cometido. ¿Pero
saben cuál fue el primer partido que reconoció hechos aberrantes? El partido
del Congreso, el que llevó a la liberación. ¿Y saben lo que dijo? Señalaron lo
siguiente: “Nuestra causa era muy justa, pero nosotros violamos derechos
humanos de civiles y violamos derechos humanos porque ejecutamos a propios
compañeros durante esta lucha”. Así empezó la reconciliación en Sudáfrica.
Entonces,
lo que discuto es que nosotros no nos podemos comportar como los genocidas. No
le podemos mostrar a la sociedad que gente de 90 años esté hundida en una
cárcel, porque esto no responde al humanismo.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sra.
Carrió.- Además, el último argumento, señor
presidente, que se lo comenté a muchos…
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sra.
Carrió.- Yo lo entiendo, y ustedes tienen derecho
a no perdonar.
El
último argumento es el siguiente: hay un avance en derecho internacional...
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sra.
Carrió.- ¿Me escuchan? Les pido que me escuchen,
por favor.
Hay
un avance en el derecho internacional cada vez más fuerte que quiere declarar
como delitos de lesa humanidad a los actos de terrorismo no solo del Estado.
Nosotros tenemos que impedir que eso suceda; no vaya a ser que todas estas
normas se apliquen a muchos que antes mataron, pero cuyos delitos están
prescriptos.
Entonces,
para terminar esta historia –y nosotros la tenemos que terminar, pero no
terminar sin justicia ni sin condena- lo único que tenemos que aplicar a veces
–yo no hubiera fallado en el caso de este hombre- es el derecho humanitario.
¿Saben por qué? Porque la justicia no es venganza. No es venganza. (Aplausos.) La justicia es justicia. Y
si ustedes tienen el derecho a la verdad -y yo agradezco que haya aparecido el
nieto de la mayor luchadora por el derecho a la verdad, que es Estela de
Carlotto-, les digo que hay una parte de la sociedad argentina que también
quiere verdad, como los soldados de Formosa. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Carlotto.- ¿Me permite una interrupción, señor
diputado...?
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Presidente (Monzó).- Sí, señor diputado, pero con calma.
Diputado
Kunkel: el diputado Carlotto le pide una interrupción. ¿Se la concede?
Sr.
Kunkel.- Sí, pero espero que la Presidencia tenga
la misma flexibilidad que tuvo con la oradora preopinante en el otorgamiento de
los minutos, ya que habló el triple del tiempo convenido.
Sr.
Presidente (Monzó).- Es la flexibilidad que se aplica a todos, diputado Kunkel. No
hubo tiempo convenido. Hay un parámetro que queda a criterio de los señores
diputados.
Para
una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires, que fue
aludido por la señora diputada Carrió.
Sr.
Carlotto.- Gracias, señor presidente.
Creo
que hoy estamos frente a un desafío. Algunos estamos llevando a cabo un trabajo
fuera de este recinto tratando de consensuar un texto para que tenga coherencia
jurídica y contundencia política, porque es muy importante lo que estamos
debatiendo en el día de hoy.
Es
nuestra obligación no brindarnos a ningún tipo de provocación ni a ningún
intento tendiente a que aquí no se trate lo que venimos a tratar. Pero me
parece que hay algunas cosas que, muy brevemente, tenemos que aclarar. Hay un
problema de interpretación, y lo que hoy estamos buscando es una aclaración
respecto de esta interpretación.
En
el año 2015 nosotros sancionamos una ley que fue absolutamente contundente. De
hecho, en el debate parlamentario se consideró que la ley 27.156 era
sobreabundante y que establecía algo obvio. Entre otras cosas dicha ley
planteaba como nulos de nulidad absoluta fallos como el dictado por la Corte
Suprema en el caso Muiña.
También
debo decir que mientras desde el oficialismo ejercí la presidencia de la
Comisión de Derechos Humanos y Garantías de esta Cámara, con el acompañamiento
de opositores –como el señor diputado Manuel Garrido‑ recorrimos el país
de punta a punta asistiendo a los procesos de juicios por crímenes de lesa
humanidad.
Entonces,
¿de qué venganza están hablando? Hace cuarenta años que estamos esperando que
se haga justicia en la Argentina, que se cumpla con las sentencias, que se
cumpla con los compromisos que el Estado asumió ante la comunidad internacional,
que se cumpla con la política de Estado sobre la que este Congreso se pronunció
en dos oportunidades, es decir, la política de memoria, verdad y justicia
respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico
militar. La última vez que nos pronunciamos en este sentido en esta Cámara fue
por unanimidad de los bloques que la integran.
Esto
es importante porque aquí estamos discutiendo los basamentos del funcionamiento
del sistema democrático. Me pregunto qué sociedad democrática vamos a construir
si aquellos que cometieron estos crímenes aberrantes están en libertad,
conviviendo entre nosotros, en lugar de purgar sus condenas por los crímenes
que cometieron.
Me
parece lamentable buscar convertirse en algo que uno no es. Acá no hay fiscales
de la patria; acá estamos ante la posibilidad de discernir políticamente en el
momento y en el tiempo que nos toca. Acá no estamos diciendo que los genocidas
son unos pobres viejitos que tendrían que estar en sus casas. Ojo. (Aplausos.)
Digo
todo esto con mucho respeto, pero me produce un enorme dolor. En la conferencia
de prensa –y traté de decirlo hoy también‑ vi el profundo dolor de las
Madres, de las Abuelas, de los Hijos, porque sentían que otra vez debían
empezar.
En
este Congreso se sancionaron dos leyes: de obediencia debida y de punto final.
El sistema democrático las revisó y nosotros revertimos esa situación. En su
momento el Poder Ejecutivo dictó los indultos, y el sistema democrático en su
conjunto también revirtió esa situación. Hoy estamos ante otro poder del Estado
–la Corte Suprema‑ que genera un indulto encubierto más grave todavía,
porque Luis Muiña va a salir como si hubiera cumplido su condena y no es así.
Creo
que debemos tener mucho cuidado. Cada uno puede tener el protagonismo que
quiera, pero todos debemos ser respetuosos. Hoy estamos ante una posibilidad
muy importante, que desde mi perspectiva atraviesa una gran zozobra
institucional. Estamos ante la posibilidad –tal como solicitó el señor
presidente de la Cámara‑ de tener hoy dos pronunciamientos del cuerpo que
sean contundentes, que den una señal al sistema republicano, a la política
argentina y al propio fortalecimiento del sistema democrático. Queremos llevar
esto a la multitudinaria marcha que habrá en el día de mañana. Invitamos a
todos a participar en ella. Hay algo que debe marcar las diferencias. Aquellos
que cometieron los crímenes más aberrantes en este país y quienes fueron sus
cómplices, sean militares o civiles, deben rendir cuentas ante la Justicia,
porque estamos haciendo un gran esfuerzo.
Muchas
veces se ha admirado el ejemplo de Sudáfrica, que se ha mencionado aquí. Se
trata de un ejemplo que tiene muchas valoraciones pero también muchos
disvalores. En este sentido, habría que preguntar a las víctimas del apartheid qué piensan de ese proceso
llevado adelante en Sudáfrica, que tiene sus puntos claros y sus grandes
nubarrones. Esto también lo debemos tener en cuenta.
En
la Argentina se está haciendo un gran esfuerzo que consiste en aplicar el
sistema ordinario de justicia. Repito: es un gran esfuerzo. ¡Cómo nos van a
hablar de venganza!
Hablando
en términos personales, nosotros sabemos quién fue el ejecutor material del
asesinato de mi hermana. Sin embargo, en todos estos años nunca se nos ocurrió
que teníamos que buscar a esa persona y hacer algo con ella. Lo único que
demandamos a lo largo de todo este tiempo fue que la Justicia actuara en tiempo
y forma, que cada uno de los responsables recibiera su sanción y que ese
ejecutor también la recibiera.
La
reparación fundamental consiste en que el Estado democrático remedie lo que el
Estado terrorista hizo en nuestro país. No es mucho más que eso, no hay mucha
más complejidad. Podemos darle vueltas de oreja a todo esto buscando
jurisprudencia y criterios, pero lo que estamos haciendo hoy aquí es dar una
señal política que debe tener coherencia jurídica. Entendámoslo, porque hoy
venimos a generar un acto que lo único que hace es fortalecer la democracia
argentina. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Continúa en el uso de la
palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Kunkel.- Señor presidente: en primer lugar quiero
manifestar que hago mías las palabras de mis compañeros Recalde y Carlotto. Me
parece oportuno aclarar que consideramos que en realidad el ordenamiento
jurídico vigente no hace
imprescindible sancionar la norma que hoy estamos tratando. Es una distorsión
absoluta de la interpretación jurídica plantear que en este caso es aplicable
una ley que no estaba vigente en el momento de la detención. Pero dejemos esto
de lado porque lo que considero más importante en el día de hoy es el gran
esfuerzo y el alto grado de consenso que se ha encontrado entre los distintos
miembros de esta Cámara. Vaya mi reconocimiento a todos y cada uno de los aquí
presentes.
Les
pido que si digo algo que pueda resultarles ofensivo no es mi intención
hacerlo, sino ser sincero con lo que pienso. Si no hablo con sinceridad estaría
cometiendo una hipocresía.
Alguien
dijo aquí, ante esta sentencia, que hubo errores de origen. Yo también lo creo
así: hubo errores de origen. Uno de ellos fue provocado por el Poder Ejecutivo
cuando mediante un decreto de necesidad y urgencia propuso la designación de
dos miembros de la Corte Suprema de Justicia. (Aplausos.) Considero que eso es un error. No lo adjetivo de otra
manera: un error. Además, me parece que cuando los dos miembros propuestos
manifestaron su conformidad con la medida –o al menos no expresaron su rechazo‑
ya estaban inhabilitándose para ocupar cargos en el Poder Judicial argentino.
Porque quien no tiene respeto por sí mismo ni por las instituciones que va a
integrar y representar, podrá merecer otros honores y reconocimientos, pero no
integrar el máximo tribunal de la Nación. (Aplausos.)
También fue un error, a mi entender, que el Senado de la Nación haya
convalidado esas designaciones. No los califico de otra manera que como
errores.
Más
allá de algunas rispideces o chisporroteos que podamos tener, propios del calor
con que cada uno defiende las posiciones que entiende más justas, creo que hoy
empezamos un camino ‑que ojalá se mantenga‑ de analizar y decir las
cosas con sinceridad, tratando de no ofender y de pedirnos disculpas cuando uno
lo hace, y procurando buscar el camino y las soluciones que el pueblo argentino
nos exige como sus representantes en el ejercicio de las funciones para las que
hemos sido elegidos.
Ahora
bien, me permito hacer una pequeña digresión, ya a título estrictamente
personal. Yo no creo que los votos hayan sido en realidad motivados en la
necesidad de ayudar a los represores, como no creo tampoco que la defensa de
los derechos humanos haya sido un “curro”, como se ha dicho profusamente en
este país. Tal vez quienes dicen eso son los que no pueden mostrar, sin que les
dé vergüenza, cómo evolucionaron sus patrimonios. Mientras las víctimas de las
violaciones de los derechos humanos éramos perseguidas por una dictadura
genocida, ellos evolucionaron en sus proyectos económicos. No los hago
responsables directos o personales de los hechos ilícitos, pero evidentemente
hay una cuestión muy simple: que muestren los balances de los años 1975 y 1976
y los que tuvieron después de la dictadura y veamos quiénes fueron los
beneficiarios de esta dictadura oligárquica que asoló la Argentina. (Aplausos.)
Yo
integro una generación que respondió con violencia a la violencia que sufríamos
desde 1955. Cometimos excesos y nos equivocamos en muchos de esos excesos, y
por supuesto desde la restauración de la democracia hemos demostrado que no
vamos a incurrir nunca más en esa desviación. Hemos transmitido a las nuevas
generaciones de argentinos que nos escuchan, que no estamos de acuerdo con eso
y nos hemos autocriticado en los lugares que corresponden. (Aplausos.) La práctica es la mejor forma de expresar la
autocrítica.
Entonces,
a partir de esa realidad, nosotros hemos aprendido. El capitán Sosa, que fue el
ejecutor de las mártires de Trelew, tardó cuarenta años en ser condenado. Nunca
hubo un hecho provocado por las Madres, por los Hijos o por otros militantes
populares en el sentido de ir a escrachar o a agredir a un genocida o a un
delincuente. Con paciencia y perseverancia pedimos que se los juzgara y que
sufrieran las condenas.
Sin
embargo, nos resulta una contradicción que respecto de alguien a quien se tardó
35 o 40 años en condenar después de haber cometido el delito, ahora se diga que
porque está viejito hay que dejarlo en libertad. Pongámoslo en la cárcel con
aire acondicionado y todas las condiciones que sean necesarias, pero la verdad
es que si Jorge Rafael Videla murió en un calabozo, es injusto que José Alfredo
Martínez de Hoz, que fue el mayor instrumentador de la dictadura oligárquica
que sufrimos los argentinos, haya muerto en su departamento. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Cabandié.- Señor presidente: resulta un poco
movilizador lo que sucedió en estos últimos días y horas, que incluso se
agrava, lamentablemente, con algunos discursos que se han vertido en la jornada
de hoy, en especial de una diputada del bloque oficialista...
Sra.
Carrió.- De Elisa Carrió.
Sr.
Cabandié.- …que uno podría decir que fue una
mixtura entre el intento de una clase de derecho –nadie niega que sepa- y una
jornada de Ravi Shankar, tratando de hablar con ínfulas de superación y con
mensajes medio espirituales o esotéricos; no sé cómo calificarlos.
Pero
la verdad es que asistimos a unas horas muy difíciles ‑como bien lo han
expresado otros diputados anteriormente‑ en términos del retroceso que
esto significa en nuestra calidad democrática y en materia jurídica.
En
este último aspecto, no soy la persona más adecuada para señalarlo, pero
considero que no está de más hacer una mención. Ciertamente la Argentina había
logrado un estándar de reconocimiento importantísimo en el orden mundial por
las políticas desarrolladas por el Estado en materia de derechos humanos a
partir de la llegada de Néstor y de Cristina, que obviamente tuvo como base la
inclaudicable y honrosa lucha de los organismos de derechos humanos, muchos de
cuyos representantes están aquí presentes.
Tenemos
un Tribunal Superior que unilateralmente pretende desconocer la
imprescriptibilidad de delitos que fueron incorporados con diversos tratados al
texto constitucional luego de la reforma de 1994, donde se declara a los
crímenes cometidos en la Argentina como de lesa humanidad. Para entender la
etimología de la palabra, esto significa que ofenden a la comunidad
internacional.
Todos
los países que adhieren a esos pactos, como la Convención Interamericana de
Desaparición Forzada de Personas, declaran la imprescriptibilidad de estos
delitos, y en ese sentido la Argentina no puede romper unilateralmente ese
pacto.
Evidentemente
tenemos por lo menos tres integrantes de la Corte Suprema que desconocen el
digesto de normas vigentes en la Argentina.
Una
diputada preopinante señaló que no habíamos hecho nada en los doce años de
gobierno. En este sentido, ya que tiene veinte años de ejercicio en la función
legislativa, me pregunto por qué no lo hizo ella. Personalmente no me olvido de
que en 2003, cuando se sancionó la nulidad de las leyes de obediencia debida y
de punto final, el bloque radical se abstuvo y la diputada Carrió ni siquiera asistió
a la sesión.
Sra.
Carrió.- ¡No mienta! ¡Fui miembro informante y
firmante del dictamen!
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia solicita a los señores diputados que no
dialoguen.
Sr.
Cabandié.- Entonces, hace falta recordar que la
ley a la que se refirió el diputado Carlotto es la 27.156, que impide la
amnistía y la conmutación de penas en los casos de crímenes de lesa humanidad.
Esta norma fue sancionada el 1° de julio de 2015 y promulgada el 24 de julio
del mismo año.
Por
eso decía que tenemos jueces en la Corte Suprema que ni siquiera saben cuáles
son las normas vigentes en la Argentina.
Este
tipo de cuestiones a veces quedan reflejadas en títulos de molde o en palabras
que tienen un significado importante, porque son parte de las banderas que
levantamos las distintas organizaciones y que hemos aplicado como política de
Estado desde 2003. Me refiero a palabras y expresiones como “crímenes de lesa
humanidad”, “dictadura” e “imprescriptibilidad”. Si desagregamos estos
conceptos nos daremos cuenta de que estamos diciendo que van a caminar
libremente por la calle quienes hicieron desaparecer a personas, torturaron,
violaron, mutilaron y cometieron vejaciones; van a caminar libremente por la
calle quienes adormecían a jóvenes –hombres y mujeres-, los subían a un avión y
luego los arrojaban al mar o al río; van a caminar libremente por la calle
quienes asesinaron y mutilaron, luego de lo cual hacían un pozo y allí tiraban
los cuerpos, y posteriormente lo llenaban con tierra.
Es
increíble que en primera instancia varios funcionarios –como el propio
secretario de Derechos Humanos de la Nación- hayan estado de acuerdo con este
fallo.
Me
pregunto quién fue el instigador de todo esto. ¿Cuál de los tres magistrados se
levantó una mañana y dijo que había que avanzar en este punto? Creo que todos
vamos a coincidir en que el contexto no daba lugar para una decisión de este
tipo. Digo esto porque el consenso sobre la condena ferviente y tácita a los
responsables de la dictadura es generalizado en nuestro país, principalmente
gracias a las mujeres y a muchos hombres que fueron parte de esa lucha de más
de cuarenta años y a la política de Estado que se puso en práctica a partir de
2003.
¿Qué
esconde este fallo? Puedo dar mi opinión, que probablemente sea subjetiva ‑otros
lo pueden interpretar de otra manera‑, pero no sea cosa que después de
que Elena Highton de Nolasco cumpla 75 años –que va a ser en los próximos meses‑
perdure en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que esto haya sido
consecuencia de un arreglo.
Si
rascamos un poco más quizás nos demos cuenta de que se fue armando un contexto
para tomar esta decisión aberrante. Creo que el instigador no fue ni más ni
menos que el funcionario de un gobierno que generó opiniones y acciones desde
el Estado para que, entre otras cosas, los jueces se sientan con licencia para
otorgar multiplicidad de prisiones domiciliarias, como ha ocurrido desde la
asunción de la actual gestión.
En
ese sentido, recuerdo que el 15 de diciembre de 2015 ‑tal como señaló el
señor diputado Kunkel‑ se dictó el decreto 83, que designaba a los dos
magistrados que finalmente fueron nombrados como ministros de la Corte.
También
recuerdo que el 14 de enero de 2016 el secretario Avruj recibió a familiares de
víctimas del terrorismo, como así se denomina.
El
25 de enero de 2016 Darío Lopérfido, que hoy tiene una beca suntuosa en
Alemania, dijo que no hubo 30.000 desaparecidos y que ese número se arregló en
una mesa cerrada.
El
26 de enero de ese año Estela de Carlotto, que está aquí presente, dio a
conocer que Macri no le otorgó una reunión por falta de tiempo. Después,
finalmente le concedió la reunión, aunque con cara de bastante disgusto.
También
el 26 de enero de 2016 fueron despedidos 489 empleados del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos que estaban en áreas específicas vinculadas con el
tema de Memoria, Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos.
El
25 de abril de 2016 el ministro de Justicia, Germán Garavano, se reunió con
Cecilia Pando.
El
28 de abril de ese mismo año Jorge Triaca participó de una misa en memoria del
genocida Miguel Ángel Egea.
El
30 de julio de 2016 Garavano se reunió con abogados defensores de genocidas,
entre otros, Solanet.
El
24 de julio de ese mismo año el diario Clarín
informó que alrededor de cincuenta represores obtuvieron prisión
domiciliaria. Lo dijo Clarín. Para mí
son más, pero Clarín miente.
El
10 de agosto de 2016 el presidente dijo en una entrevista que no sabía si los
desaparecidos habían sido 30.000 o 9.000. Es más: habló de una “guerra sucia” y
de la “Secretaría de Recursos Humanos” –sic‑. En realidad, se refería a
la Secretaría de Derechos Humanos. No importa, estamos acostumbrados a esos
actos fallidos del presidente.
El
21 de agosto de ese mismo año Marcos Peña defendió el fallo judicial por el que
se le otorgó la prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz.
El
16 de diciembre de 2016 el juez Ercolini sobreseyó a los empresarios Héctor
Magnetto, Bartolomé Mitre y Ernestina Herrera de Noble en la causa Papel
Prensa.
El
23 de enero de 2017 el presidente de la Nación intentó declarar móvil el
feriado del 24 de marzo, pero después retrocedió.
El
30 de enero del corriente año Gómez Centurión rechazó la existencia de un plan
sistemático de desaparición forzada de personas durante la última dictadura
militar. La señora diputada preopinante
defiende a Gómez Centurión.
Después,
el 24 de marzo –creo que esta es una de las cosas que dan pena porque demuestra
lo poco que hemos aprendido‑, cuarenta y cinco diputados de la bancada
oficialista se sacaron una foto con un cartel que decía “Nunca más al negocio
de los derechos humanos”. Son diputados oficialistas que hoy están
retrocediendo en chancletas por el repudio de la sociedad hacia los genocidas. (Aplausos.)
Ni
hablar de las opiniones de Garavano y de la vicepresidenta de la Nación en
relación con el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia el pasado 3 de
mayo.
Entonces,
cuando uno analiza esto se pregunta quién fue el instigador para que la Corte
Suprema de Justicia piense que tiene licencia para cometer la aberración que
cometió. El instigador fue el mismo gobierno, que generó las condiciones para
que sucediera esto.
Pero con
esta sesión, con las opiniones públicas, con las posturas expresadas en la
calle y con lo manifestado por periodistas de diferentes posiciones ideológicas
queda demostrado que volvieron a pifiar, que el “errorismo de Estado” sigue
vigente y que esto fue impulsado y es una amnistía inconducente, improcedente,
injustificable e ilegal porque desconoce normativas internacionales e incluso
las leyes sancionadas en 2015, que he mencionado, cuyo autor fue el ex diputado
Pietragalla Corti. (Aplausos.)
Entonces,
sinceramente –esto lo dijo con mucha contundencia el señor diputado Remo
Carlotto‑, el hecho de ser hijo de desaparecidos no nos pone en un lugar
distinto. La circunstancia de ser víctimas directas no nos ubica en ningún
lugar diferente porque en realidad lo que realizó la dictadura tuvo como objetivo perjudicar lisa
y llanamente al conjunto de la población. Pero a veces se pasan por alto
ciertas características de las personas, en este caso las que somos víctimas
directas. Seré absolutamente egoísta y hablaré en términos personales.
Mi situación no termina en el hecho de
haber encontrado mi identidad, que principalmente fue gracias al trabajo de
fondo, de base, sustancial e integral de las Abuelas de Plaza de Mayo, y
también a una cuota de mi curiosidad.
Por haber estado –como en otros casos,
como el de Victoria- veinticinco años viviendo bajo una mentira, incluso bajo
un horror, estos fallos me llevan a una reflexión profunda y me hacen pensar en
la posibilidad de que aquellos que robaron nuestras identidades de nuevo estén
caminando tranquilamente por la calle.
Incluso muchos de nosotros fuimos
querellantes para que la Justicia actuara con toda contundencia sobre ese
crimen, ese delito de lesa humanidad. A veces es difícil recibir la
estigmatización, la “esmerilización”. Por supuesto, esto nos moviliza, pero
también ponemos el pecho a las balas, que no son sólo las de plomo que
recibieron nuestros padres, sino las de la estigmatización, la
“esmerilización”, las que nos califican como fanáticos militantes. Son las
balas de tinta de muchos medios de comunicación, como La Nueva Provincia, La Nación, Clarín. (Aplausos.)
Creo que es absolutamente pertinente
hablar en estos términos, reflexionar y decir con mucha tristeza que muchas
veces las balas de la estigmatización y la subjetividad provienen de la bancada
oficialista, que nos califica como la “grasa militante” o ese tipo de cosas.
Más precisamente, esto proviene del oficialismo, aunque también muchas veces de
su bancada.
Recuerdo que el año pasado tuve
oportunidad de reunirme con la diputada en el Instituto Hannah Arendt, y
tuvimos una buena charla que voy a contarles. En ese momento la diputada de ese
instituto, que está sentada en su banca, me dijo: “Lo que pasa es que a ustedes
les falta compromiso democrático”, y citó toda una teoría de politología sobre
el compromiso democrático. Y la verdad es que nosotros sólo creemos en
persuadir, militar, convencer, repartir volantes, hacer pintadas, divertirnos,
cantar canciones. Creemos en las elecciones y las instituciones.
Considero que esa diputada tendría que
preguntarse si con las acciones que está realizando el gobierno tiene ese
verdadero compromiso democrático que dice tener ‑muchas veces ostenta
afirmando que son los padres de las instituciones y la democracia‑,
porque nosotros sí lo tenemos, profundamente.
Aprovecho esta oportunidad para
convocar, como se ha dicho antes, a la marcha de mañana, una convocatoria
ciudadana en la que podremos juntarnos con sectores políticos, sociales y
trabajadores. Ojalá se inunde de distintos gremios y sindicatos. Porque la
verdad es que nosotros tenemos bien en claro que no hacemos esto por odio ni
rencor, sino por justicia y para luchar contra la impunidad, como dijo Néstor
Kirchner.
Para
finalizar, refutando la opinión de la diputada preopinante, quiero expresar que
no tenemos odio y tampoco nos mueve la venganza. Como dijeron los compañeros de
la agrupación HIJOS, nuestra única venganza es ser felices. (Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador)
- 16 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Para una cuestión de
privilegio, tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sra.
Carrió.- Señor presidente: deseo plantear una
cuestión de privilegio contra el señor diputado Cabandié.
La
verdad es que tuvimos una excelente reunión, y yo dije que lo que le faltaba al
peronismo –haré esta precisión porque tiene sentido- era que, y no soy gorila…
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sra.
Carrió.- Mis hijos son hijos de peronistas.
Quizás sea la más peronista de los radicales; esa es la diferencia.
Lo
que quiero decir es que siempre nos faltó sentido republicano, no democrático.
Discutimos sobre la democracia liberal, la democracia de mayorías, y me
preguntó por qué yo había cambiado y ahora decía estas cosas. Siempre dije lo
mismo. Creo que ellos tienen todo el derecho del mundo a sostener lo que dicen.
Comparto el infinito dolor que deben sentir muchísimos chicos argentinos no
solo tragados por la dictadura sino también por la Guerra de Malvinas y ahora
tragados por el paco en las villas. Si bien comparto ese dolor, a veces como
legislador uno tiene que tomar cierta distancia para ver más adelante.
A
mí me conmovió mucho lo de Ignacio porque él fue el gran triunfo de la
democracia y de la lucha por los derechos humanos de las Abuelas de Plaza de
Mayo. Sin embargo, Ignacio pidió clemencia para sus padres adoptivos y eso fue
un dilema. Hay cuestiones que son complejas.
La
hermana de Juan Cabandié, que yo adoro, es hija de represores. Entonces la
cuestión no es tan simple, porque ellos viven como hermanos. Creo que tenemos
que comprender más ese dolor.
Lo
que no puedo admitir es que se mienta, y
este es el motivo de la cuestión de privilegio. Tengo en mi poder la versión
taquigráfica de la sesión del 12 de agosto de 2003, los jefes de bloque que
impulsaron el proyecto de ley de nulidad de la obediencia debida y el punto
final fueron los siguientes: José María Díaz Bancalari, por el PJ; Elisa
Carrió, por el ARI; Patricia Walsh; Jorge Rivas, por el socialismo; Darío
Alessandro y Rodolfo Rodil, por el Frente Grande; Daniel Carbonetto y Francisco
Gutiérrez, por el Polo Social; Alicia Castro, por el Frente para el Cambio, y
Lucrecia Monteagudo, por el Partido Intransigente. Se pueden hacer muchas cosas
menos mentir. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- La cuestión de privilegio
será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 17 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Prosigue la consideración en general de los proyectos sobre los
plazos establecidos por el artículo 7° de la ley 24.390 para la aplicación de
la prisión preventiva.
Tiene
la palabra el señor diputado por San Juan.
Sr.
Gioja.- Señor presidente: sinceramente, quiero
hablar despojado de resentimientos y de todo sentimiento de venganza. Quiero
hablar en nombre de mis canas, del sentido común y de algo que en mi vida es
una pasión, que hice con muchísimos errores y con muy poquitas virtudes: la
política. Desde ella y no desde la politiquería, la demagogia o cualquier otra
desviación que pueda tener la política, quiero hablar. Me honra decir que soy
político; puedo ser mediocre, regular o malo, pero reivindico la política.
No
quiero repetir conceptos vertidos por mis compañeros y mucho menos dar una
clase de derecho penal porque no tengo formación en la materia. Simplemente
deseo hablar, reitero, desde el sentido común.
Estuve,
aunque en verdad muy poquito –solo diez meses‑ privado de mi libertad.
Las horas no transcurrían nunca y realmente no la pasábamos bien. ¿Sabe algo,
señor presidente? En el primer juicio por delitos de lesa humanidad que se
celebró en mi provincia, San Juan, en junio de 2012, tuve que ir a declarar.
Los tenía ahí, a tres metros, a quienes nos reprimieron, nos torturaron,
jugaron con nuestra libertad y llevaron adelante ese terrorismo de Estado que
también en el interior del país se vivió y con muchísima fuerza. En ese juicio
fueron condenados, pero muchos de ellos han pedido la aplicación del llamado “2
x 1”.
Desde
ese sentido común y desde esa política, cuando el jueves pasado nos enteramos
del fallo comenzamos a pensar en qué hacer. Nos preguntamos qué sentirían
quienes padecieron –los que sobrevivieron, los hijos y los que hoy peinamos canas
pero en aquella época éramos jóvenes militantes‑ cuando en un micro, en
una cola en el supermercado, en un avión o donde fuere nos encontremos con
estos señores que, amparados por este fallo de la Corte, recuperaran su
libertad. Al parecer, hoy hemos encontrado una solución desde la política.
Por
otro lado, quiero reivindicar la decisión de la Justicia federal de mi
provincia que declaró la inconstitucionalidad del fallo del “2 x 1” que la
Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el 3 de mayo. No sé si tiene
validez jurídica, pero es un muy buen mensaje para la sociedad. En mi
provincia, un represor ya había pedido la aplicación del “2 x 1” y, con este
fallo, tendría que haber quedado en libertad; pero con la declaración de
inconstitucionalidad, el caso está frenado.
El
sentido común nos lleva a pensar que estas situaciones no se pueden dar porque
los delitos de lesa humanidad, que tienen que ver con hechos gravísimos, no
prescriben. ¿Sabe algo, señor presidente? Estas cosas no pueden ocurrir nunca
más en la Argentina ni en ningún país libre del mundo.
Como
última reflexión, de acuerdo con lo manifestado por el señor diputado Cabandié
y otros oradores, pareciera que hay tiempos de cambio y quieren cambiar los
derechos humanos. ¡Esta conquista del pueblo argentino no se puede cambiar! (Aplausos.) Siempre tiene que haber
memoria, verdad y justicia para que podamos reparar las heridas que ocasionó
este terrorismo de Estado en la vida y la historia de la Argentina. Y lo
decimos con mucha sinceridad, sin ningún tipo de resentimiento, como se dijo,
pidiendo solamente que se respeten la memoria, la verdad y la justicia. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sra.
Hers Cabral.- Señor presidente: frente al
atropello que implica para los familiares y las víctimas de delitos de lesa
humanidad el último fallo de la Corte, como integrante de la Comisión de
Derechos Humanos y Garantías de esta Honorable Cámara, en el día de ayer
presenté una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con
sede en Washington, contra el fallo de la Corte Suprema en el caso Muiña.
En
esa denuncia solicito una medida cautelar que ordene al Estado argentino que se
abstenga de aplicar la ley 24.390, de “2 x 1”, en el cómputo de detención para
casos de lesa humanidad. También solicito que se convoque al Estado Argentino a
una audiencia conciliatoria para arribar a una solución amistosa, que esperamos
ocurra el próximo 22 de mayo, fecha en la que se reunirá la comisión.
La
Corte Interamericana establece que los delitos de lesa humanidad son
imprescriptibles, no susceptibles de amnistía, indultos o conmutación de penas,
y extraterritoriales. Estos principios han sido receptados por el artículo 75
inciso 22 de nuestra Carta Magna, que otorga rango constitucional a los
tratados internacionales ratificados por la Argentina.
El
dilema radica en si es aplicable o no la retroactividad de la ley penal más
benigna y si los delitos de lesa humanidad son diferentes a los delitos
comunes. Ocurre que cuando se sancionó la ley 24.390, del “2 x 1”, estaban en
vigencia las leyes de obediencia debida y punto final, que impedían la
persecución de los delitos de lesa humanidad, motivo por el cual el legislador
no pudo prever lo que jurídicamente no era posible.
Los
delitos de lesa humanidad no tienen la misma estructura que los delitos comunes
por los bienes que afectan; por eso tienen un régimen particular que impide que
sean amnistiados o se conmute la pena. Además, se pueden juzgar en cualquier
lugar del mundo porque son tan graves que no importa el tiempo y lugar.
- Ocupa la Presidencia el señor
vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, ingeniero José Luis Gioja.
Sra.
Hers Cabral.- El fallo Muiña violó el derecho de
las víctimas contemplado en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Por ello, y
para impedir futuras interpretaciones y cambios en los criterios inexplicables
de la Corte Suprema, en el día de hoy acompañé un excelente proyecto del señor
diputado Lipovetzky ‑y por supuesto acompañaré el texto final consensuado
por los diferentes bloques‑ para que las penas en casos de genocidio,
lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en el Estatuto de Roma y en
tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional no
puedan ser alcanzados nunca más por leyes derogadas, como la 24.390, del “2 x
1”, bajo sanción de nulidad absoluta. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
Kosiner.- Señor presidente: desde el bloque
Justicialista, como peronistas no podemos hacer otra cosa que manifestar
categóricamente nuestro descontento, nuestro rechazo y nuestra falta de coincidencia
con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
No
venimos simplemente a plantear discursos. Nuestra postura no es testimonial
sino de apoyatura a la acción. Esta mañana presentamos ante la Corte Suprema de
Justicia un planteo de nulidad. Este fallo vulnera claramente normas que hoy
existen en la República Argentina. Puntualmente creemos que se contradice con
la ley 27.156, norma aprobada por este Congreso en el mes de julio de 2015 y
que específicamente plantea que cualquier decisión o acto procesal es nulo de
nulidad absoluta e insanable cuando determina amnistía, indulto o conmutación
de penas por delitos de lesa humanidad, para aquellos que han cometido
genocidios.
Desde
ese punto de vista, a diferencia de lo que aquí se ha planteado, a nosotros no
nos preocupa este fallo, nos da pena. Condenamos este fallo y creemos que este
momento no es para tibios ni para especulaciones políticas.
Tampoco
creemos que este fallo sea razonable, como se sostuvo en este debate. Este
fallo, repito, es nulo, y no es verdad que los jueces no tenían otra opción.
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tenían otra opción:
cumplir con los tratados internacionales, la Constitución Nacional, las leyes
sancionadas por este Congreso y la política de Estado de derechos humanos que
fue construida en la República Argentina.
Me
detengo en este punto. Cuando hablamos de política de Estado de derechos
humanos no nos referimos a la decisión de un gobierno en la persona de un funcionario
o un presidente. La política de derechos humanos que esta Corte debió respetar
es la construida desde los poderes ejecutivos y el Congreso, pero también desde
la Justicia argentina y fundamentalmente por el conjunto de la sociedad.
Por
eso no tenemos temor en decir que este fallo es un grave retroceso en la
política de derechos humanos de la Argentina. Sin lugar a dudas, representa un
gran perjuicio a nivel internacional en el prestigio de las políticas de
derechos humanos de nuestro país.
Hace
pocos días, en representación de nuestro bloque, me tocó plantear una cuestión
de privilegio contra la figura del señor Gómez Centurión, titular de la Aduana.
Con su permiso, señor presidente, citaré algunos párrafos de lo que dijimos.
En
ese momento expresamos: “Muy mal hablaría de nosotros que dejemos pasar esta
situación”. Planteábamos también que la oposición de Gómez Centurión a
reconocer que existió un plan sistemático para la desaparición de personas era
volver a discutir lo que ya no se discutía en la Argentina. Sostuvimos que ya
la Justicia había dado su veredicto y que eso era producto de una gran lucha
que dio toda la sociedad, y definíamos a esta persona como un personaje
nefasto.
Pero
debo decir que nunca nos imaginamos que unas semanas después íbamos a recibir
casi ese mismo criterio, esa misma línea editorial de parte del máximo órgano
de la Justicia de nuestro país. Nunca pensamos que íbamos a recibir de la Corte
un fallo tendiente a rediscutir la impunidad por los delitos de lesa humanidad
en la República Argentina.
En
estos momentos en que tanto se habla de seguridad jurídica, cuando muchos se
esfuerzan por dar seguridad jurídica a los negocios de las empresas en la
Argentina, desde nuestro bloque nos preguntamos qué hacemos con la seguridad
jurídica de los valores de la sociedad argentina. Si hoy se reclama seguridad
jurídica para garantizar inversiones, ¿no sería importante comenzar por la
seguridad jurídica de nuestra memoria, nuestra justicia y nuestra verdad? (Aplausos.)
En
esta sociedad, a partir de cada crimen lamentable o aberrante contra cientos y
cientos de mujeres, levantamos el cartel que dice “Ni una menos”, y demandamos
fuertemente rediscutir las políticas de Estado en materia de violaciones y
vejámenes. ¿No es contradictorio que en ese marco hoy la Justicia argentina sea
flexible en el cumplimiento de las penas por vejámenes contra miles de mujeres
secuestradas, torturadas y violadas en el marco del proceso militar? ¿No es
contradictorio que en esta sociedad que nos demanda encontrar mejores leyes
para garantizar la seguridad y la protección de nuestros niños, la Justicia dé
estas señales de que aquellos que han cometido los peores delitos de la
historia argentina salgan a la calle sin cumplir su condena? No lo podemos
aceptar.
Somos
categóricos desde lo político y avanzaremos también en los fundamentos
jurídicos. ¡No queremos que en los próximos días Astiz o Etchecolatz caminen
por las calles junto con nuestros hijos y familiares! (Aplausos.)
Creemos que es un retroceso frente a la Justicia y la dignidad.
Más
allá de haber escuchado el relato con toda autoridad de historias de vida, que
conocemos y acompañamos, estas también se integran en el marco de una sociedad
que mayoritariamente no quiere volver al pasado. No abramos una nueva grieta en
algo que ya no se discutía en la Argentina: la política de derechos humanos
asentada sobre la base de la verdad y la memoria.
¿Cómo
explicamos a nuestros hijos, que hace muy pocos días, en cada una de las
escuelas argentinas, estudiaban y valorizaban el 24 de marzo como el Día de la
Memoria, que a partir de este fallo ese concepto empieza a ser discutido
nuevamente? ¿Cómo puede haber memoria en la Argentina si hay fallos de la Corte
que van minando de a poco esa memoria que entre todos hemos podido construir?
Como
sostuvo uno de los votos en minoría de la Corte –el del doctor Lorenzetti‑,
desde lo jurídico este fallo vulnera lo más importante que puede tener la
construcción de un Estado de derecho: pone en riesgo el contrato social, que es
fundamental para la construcción de una convivencia pacífica. No podemos poner
en riesgo ese contrato social que los argentinos supimos conseguir.
Por
ello esta mañana, en un aporte para posibilitar que la Corte revise su propio
fallo, le pedimos que haga lugar a un planteo de nulidad. Creemos que este
fallo vulnera la ley 27.156, sancionada en 2015, que forma parte de las
políticas de derechos humanos que recientemente hemos construido entre todos,
que establece lo siguiente: “Las penas o procesos penales sobre los delitos de
genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los artículos
6°, 7° y 8° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los
tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional no
pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena bajo sanción de
nulidad absoluta o insanable del acto que lo disponga”.
Sr.
Recalde.- ¿Me permite una interrupción, señor
diputado, con la autorización de la Presidencia?
Sr.
Kosiner.- Sí, señor presidente.
Sr.
Presidente (Gioja).- Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por
Buenos Aires.
Sr.
Recalde.- Señor presidente: en la misma línea que
está planteado el diputado Kosiner, es muy importante resaltar un fallo de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Masacre de La Rochela
versus Colombia, donde se dispuso lo siguiente: “En cuanto al principio de
favorabilidad de una ley anterior debe procurarse su armonización con el principio
de proporcionalidad de manera que no se haga ilusoria la justicia penal. Todos
los elementos que incidan en la efectividad de la pena deben responder a un
objetivo claramente verificable y ser compatibles con la convención”.
Sr.
Presidente (Gioja).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
Kosiner.- Señor presidente: desde lo jurídico
también hemos planteado que la aplicación de la ley penal más benigna al reo es
forzada por parte de la Corte y se lleva a cabo en el contexto de una ley
derogada, como es la 24.390. Además, dicha norma no regía al perpetuarse el
hecho, al tiempo de su prisión preventiva ni al momento de la sentencia. Como
tribunal, la Corte ya se había expedido en cuanto a que no se admite la
posibilidad de amnistía, indulto o morigeración de penas, además de ser
imprescriptible la persecución penal de estos delitos desde el punto de vista
del contexto del conjunto de la legislación argentina.
Hoy
en día hay tres instancias abiertas para que la Corte modifique el fallo: las
denuncias realizadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los
planteos de nulidad –como el que ha hecho nuestro bloque- y los recursos in
extremis, como los que han planteado abogados del foro en la República
Argentina. Por lo tanto, no es verdad que esta situación no se pueda modificar.
Estamos
seguros de que la Corte no necesita ninguna ley de este Congreso para fallar de
una manera diferente a la que lo hizo. No hay mora en este Congreso para dictar
norma alguna. La Corte tenía toda la normativa disponible para haber fallado de
otra manera. (Aplausos.)
Desde
nuestro bloque colaboraremos en la búsqueda del consenso para redactar un texto
que trate de destrabar la situación y dar interpretación y certeza hacia el
futuro. Pero debe quedar perfectamente en claro que la Corte Suprema de
Justicia falló, pero a nuestro criterio falló mal.
Para
finalizar, me referiré a una cuestión que los argentinos estamos esperando.
Sobre este tema la Justicia se ha expedido en instancias de apelación y en la
Corte, pero hoy estamos debatiendo porque uno de los poderes del Estado se
pronunció, aunque según nuestra opinión mal. Hoy se está pronunciando el
Congreso y las distintas fuerzas políticas en él representadas. También se han
expresado las organizaciones de derechos humanos y los representantes de la
cultura, la política y la actividad social de nuestro país; los ministros del
Poder Ejecutivo ‑unos de una manera y otros de otro modo-, pero hace
falta que se exprese el presidente de la Nación. (Aplausos.) Para construir una política de Estado es importante
conocer el pensamiento de la máxima autoridad elegida por la voluntad popular
en un país. Como decíamos, la política de Estado se construye entre todos. Por
eso, la posición del presidente de la Nación Argentina no puede quedar en
silencio frente a algo tan importante.
Esperamos
que todo este debate y el esfuerzo que estamos haciendo los distintos sectores
políticos para poder zanjar las diferencias y poner en valor lo más importante,
que es defender una política de Estado, sea acompañado por el presidente. No es
una buena señal el silencio de la máxima autoridad argentina frente a este
tema. Y esto no lo reclama, repito, la política argentina, sino nuestros hijos.
A
mí me da vergüenza mirar a los ojos a las Abuelas, a las Madres, y que a la
altura de estas circunstancias en la Argentina tengamos que discutir todavía si
hay impunidad o no en materia de violación de derechos humanos. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Moreau.- Señor presidente: en primer lugar,
quisiera recordar a esta Cámara –porque desde el oficialismo se omitió
mencionarlo‑ que el bloque del Frente Renovador–UNA había presentado un
proyecto en este mismo sentido, que lleva el número 2.380-D.-2017 y que solicito sea incorporado para su tratamiento.
Posteriormente, el señor diputado Brügge hará referencia a dicha iniciativa.
La
decisión tomada hace una semana por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
de otorgar el beneficio del conocido “2 x 1” a genocidas nos conmocionó a
todos. En realidad, creo que nos conmocionó porque sacudió uno de los pilares
más importantes sobre los cuales se construyó nuestra democracia: los
principios de memoria, verdad y justicia.
- Ocupa la Presidencia la señora
vicepresidente 2ª de la Honorable Cámara, profesora Patricia Viviana Giménez.
Sra.
Moreau.- En un fallo dividido se decidió
beneficiar a un represor con condena firme desde el año 2013, dando un mensaje
negativo al conjunto de la sociedad argentina.
Como
decía el señor diputado preopinante, no es cierto que los jueces de la Corte
encontraron un bache en este tema. Hace más de treinta años que, con sus más y
sus menos, los tres poderes del Estado entendieron que la política de derechos
humanos era un bien a preservar que debía trascender en el tiempo y que
significaba mucho más que el Juicio a las Juntas.
No
obstante, para demostrar que no todos somos lo mismo, hoy debemos sancionar un
proyecto de ley de interpretación auténtica del artículo 7° de la ya derogada
ley 24.390. El “2 x 1” fue una mala ley; esto no está en discusión. Se trata de
una norma que lastima a la sociedad argentina respecto de cualquier delito; ni
qué decir si hablamos de genocidas o de delitos de lesa humanidad. Es una ley
que en vez de otorgar justicia garantiza impunidad.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sra.
Moreau.- Los delitos de lesa humanidad son
imprescriptibles y su carácter es permanente; pueden ser juzgados en cualquier
lugar y en cualquier momento en el mundo entero.
Este
país sufrió demasiado. Somos muchos los que no vamos a parar hasta que el
último niño apropiado recupere su identidad. Queremos saber dónde están los que
ya no están.
Quienes
tuvimos la suerte de ser hijos de la democracia queremos construir un país sin
odios ni rencores. Es por ello que en esta Cámara conviven funcionarios de la
dictadura con hijos de desaparecidos. Todos nosotros entendemos que hay que
mirar para adelante, pero eso sí, no estamos dispuestos a perdonar lo
imperdonable. Si queremos seguir creciendo como sociedad debemos tener en claro
lo que está bien y lo que está mal. Y está mal que el terrorismo de Estado haya
avasallado los derechos fundamentales suprimiendo las normas básicas de lo que
entendemos como convivencia democrática.
La
decisión de la Corte resulta muy grave porque pone en vilo una política de
justicia integral reparadora de delitos de lesa humanidad que se fue
constituyendo en un interés superior de la Nación y que goza de un consenso
respaldado unánimemente por la ciudadanía. Su gravedad radica asimismo en el
impacto que podría tener si hoy no hacíamos algo sobre los consensos judiciales
que están en marcha y también sobre las condenas dictadas en los últimos años,
debilitando la obligación del Estado de prevenir, investigar, castigar y
reparar todos los delitos de lesa humanidad.
La
decisión de la Corte impide que esta condena en particular se cumpla
íntegramente, pero podría determinar asimismo que muchas otras sigan el mismo
camino. Si eso ocurre estaremos dando un paso atrás hacia la impunidad en la
Argentina, y no podemos permitirlo.
Más
allá de los fundamentos técnicos, sin duda la decisión es netamente política y
este es un fallo que tiene un alto contenido político. Por ello hoy intentamos
impulsar con honestidad intelectual un debate franco sobre las prioridades y
los valores que defendemos a la hora de administrar justicia a la Nación.
El
Parlamento debe hacer su parte ante un hecho que, como ya he señalado,
constituye un retroceso. Pero necesitamos que el Poder Ejecutivo haga la suya.
El silencio del presidente es intolerable porque es el único que tiene
legitimación para presentarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Nosotros haremos el intento de llegar a los organismos internacionales si él no
lo hace.
El
Poder Ejecutivo propició este clima. Los climas son sociales, pero también debe
tenerse en cuenta que pueden devenir en consecuencias muy peligrosas.
Quienes
estamos en este recinto sabemos que la memoria y el olvido no transitan por
terrenos neutros sino por verdaderos campos de batalla simbólicos en los que se
disputa la identidad de una sociedad. Por ello, resulta difícil separar esta
decisión de la Corte del intento de modificación del feriado del 24 de marzo,
de la minimización y el desprecio del número de desaparecidos, de los dichos
sobre el “curro” de los derechos humanos o de la cifra de desaparecidos puesta en
discusión para arreglar o conseguir un subsidio. ¡De qué estamos hablando! La
historia argentina todavía reciente nos duele mucho.
Estamos
ante un momento histórico que puede significar un quiebre respecto a todo lo
que hemos hecho hasta el presente. No queremos y no estamos en condiciones de
permitir que esto ocurra porque debemos mirar hacia adelante. Son muchas las
leyes que debemos a la sociedad. Tenemos que discutir las excarcelaciones,
están matando a una mujer cada 28 horas y se pretende volver para atrás con
este tema.
La
sociedad argentina necesita reflexionar profundamente sobre los hechos que
estamos viviendo para resguardar también la dimensión ética y moral de nuestra
democracia. No vamos a destruir esto por más que algunos sectores minoritarios
intenten hacerlo. No vamos a dar lugar al revanchismo revisionista, como se
está planteando, y mucho menos vamos a ser indiferentes.
Para
que nuestra democracia crezca y se fortalezca es necesario que los mensajes de
los círculos de poder sean claros. Para cualquier delito, violaciones,
asesinatos o delitos de lesa humanidad, diez años de cárcel son diez años de
cárcel, ni cinco ni siete.
Nuestro
compromiso, señor presidente, es seguir peleando para que la memoria sea un
faro en la construcción de una sociedad y una democracia más justas.
El
26 de octubre de 1983, a pocas cuadras de acá, y con el fin de unificar a la
sociedad, un hombre nos convocó a una marcha, a la cual se sumaron radicales,
peronistas, socialistas y, sobre todo, independientes, con el objeto de
constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior,
proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los
beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos
los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Pitrola.- Señor presidente: en primer lugar, el
Partido Obrero quiere decir claramente que estamos ante un nuevo Punto Final.
El fallo del “2 x 1” a los genocidas afecta el régimen político, las libertades
democráticas y el ejercicio de las libertades políticas, y busca un giro de
fondo para reforzar la naturaleza represiva del Estado.
No
vamos a ir a un debate meramente técnico, jurídico o constitucional; esto
implica un salto sin precedentes en materia de impunidad. Para nosotros es una
amnistía que supera el indulto por el número de genocidas que serían
beneficiados por este fallo y esta impunidad.
Es
falso lo que dice el señor diputado Tonelli, en el sentido de que la Corte no
tenía otro remedio que fallar de esta manera. Es increíble que nos diga esto a
los diputados de la Nación y al pueblo argentino cuando dos de los cinco
miembros de la Corte han fundamentado en contra del “2 x 1” y han demostrado en
su fallo de minoría la antijuridicidad del planteo cuando corresponde a
crímenes de lesa humanidad, de carácter permanente e imprescriptible.
Se
trata de una operación de Estado, y acá quiero detenerme en algo que denunció
hoy Norita Cortiñas. Tuvimos una nutrida conferencia de prensa en el SERPAJ con
Adolfo Pérez Esquivel, Norita y las organizaciones de derechos humanos del
Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que integramos y que convoca
históricamente los 24 de marzo. Estuvieron presentes las organizaciones de
derechos humanos que han sido autónomas de todos los gobiernos, también del
pasado gobierno kirchnerista y, por supuesto, del actual.
En
esa ocasión, Norita denunció una y otra vez a la cúpula de la Iglesia, que 24
horas antes de este fallo aberrante planteó la idea de la reconciliación de las
víctimas del terrorismo de Estado con sus victimarios. De ninguna manera puede
ser una casualidad, como tampoco lo es que esos jueces, que primero fueron
nombrados por decreto y aceptaban ese nombramiento –lo cual ya los invalidaba
como custodios de los derechos de la Constitución y de la ley-, y que después
fueron votados en el Senado incluso por esta oposición que le ha aprobado todas
las leyes del ajuste al gobierno, sean los que han garantizado este fallo
aberrante.
Se
trata de un fallo estratégico, que formatea el Estado e ilumina, en la
impunidad de los genocidas de la dictadura, las posibles conductas de las
fuerzas armadas y del conjunto de las fuerzas de seguridad en la actualidad;
es un impulso al gatillo fácil y al
aumento de la represión y la arbitrariedad. Este fallo se inscribe en una
política que apunta a habilitar la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones
internas.
Ahora
tenemos un gobierno que se despega; en mi opinión lo hace por los focus group. Creo que se despega porque
advirtió que el 95 por ciento de la población está en contra de esta decisión.
Por eso decidió despegarse de un fallo del que en realidad es autor
intelectual, porque basta recordar los alcances del decreto 721 del año 2016,
que nosotros rechazamos en tiempo real e incluso lo planteamos en esta Cámara
de Diputados, ya que otorgaba mayor autonomía a las fuerzas armadas, reponía a
los oficiales acusados por crímenes de lesa humanidad para darles cursos a los
nuevos oficiales y crípticamente incluía el tema de la intervención de las
fuerzas armadas en cuestiones internas.
Ese
tema viene de antes, de la época de Milani. Digo esto porque la defensa que
hicieron de Milani al frente del Ejército implicó defender también a un militar
acusado de genocidio.
Lo
mismo debo decir sobre el reforzamiento de los aparatos de inteligencia, que
como hemos sabido operan a través de “carpetazos”.
Todo
eso está en línea con la política de la ley antiterrorista y el Proyecto “X”
–que continúa vigente-, que algunos funcionarios del actual gobierno –como
Laura Alonso- antes criticaban y ahora se mandaron a guardar y no dijeron nada
más sobre estas cosas. Acá hay un lineamiento estratégico que es el antecedente
político de este fallo aberrante de impunidad a los genocidas.
Nuestro
bloque presentó el proyecto contenido en el expediente 2.623-D.-2017, que promueve el juicio
político. En este sentido, vamos a pedir –es una moción- que el proyecto sea
votado en forma nominal, porque no creemos en la efectividad del presunto
proyecto de consenso, cuyo texto hemos tenido que salir a buscar porque a pesar
de integrar un bloque de cuatro diputados nadie nos convocó a ninguna reunión.
Acá los consensos se dan entre los amigos del club del ajuste. Esos consensos
son los que ahora dan origen a un paper
que anda circulando, que contiene tres artículos.
El
primero de esos artículos plantea que no tiene vigencia el beneficio del “2 x
1” en los casos de delitos de lesa humanidad. Este es un artículo votable,
aunque es discutible que tenga algún efecto. En este sentido, varios diputados
plantearon durante la discusión que una norma de este tipo difícilmente pueda bloquear
la aplicación del artículo 2° del Código Penal que establece el beneficio de la
ley más benigna.
Por
otra parte, estos jueces de la Corte han tenido el cuidado –por eso digo que es
una operación muy pensada- de aplicarlo en el caso Muiña, que no estuvo preso
entre 1994 y 2001. Esto persigue un objetivo claro; así se lo planteamos a las
madres que están aquí presentes y a Estela de Carlotto, con quienes hemos
estado conversando.
¡Ojo
con el engaño de una ley que no sirva para nada! Digo esto porque el caso Muiña
está fuera del período. Lo buscaron a propósito para que tenga un efecto
abarcativo sobre todos los genocidas. Por ello, pongo de relieve que entre
todos estos aspectos y antecedentes políticos está la prisión domiciliaria de
Etchecolatz. ¿Cómo puede ser que le otorguen la prisión domiciliaria a
Etchecolatz si Jorge Julio López todavía sigue desaparecido? Aclaro que tampoco
tendría que tener prisión domiciliaria en el pisito de Palermo Chico José
Pedraza, que fue detenido en Puerto Madero y ahora goza de una cómoda prisión
domiciliaria habiendo sido el autor intelectual de un crimen político.
Evidentemente
nos encontramos ante un fuerte operativo estratégico de impunidad. Esto no
depende solamente de las declaraciones de Lopérfido, que ahora es repudiado en
Europa en su nuevo cargo. Acá hay una orientación política desde el Estado. Por
eso, como se trata de una operación política del Estado, pedimos el juicio
político. Porque estos jueces dictarán nuevos fallos. Acá hay una cuestión de fondo: quieren formatear el Estado para
fortalecerlo y reforzar el disciplinamiento social frente a los brutales
choques sociales que en la Argentina particularmente han empezado en 2017 y que
no solamente están convulsionando a nuestro país, sino a toda América Latina
por la aplicación del ajuste para que los trabajadores paguen la crisis
capitalista.
Este es
el problema de fondo. No se trata de un debate referido meramente al tema de
los derechos humanos.
Por
otra parte, esta Corte ya estableció que las apelaciones a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos no tienen efecto revocatorio.
De
manera tal que se van cerrando todos los caminos. Además, debemos tener cuidado
en el sentido de no sancionar aquí una ley para zafar en esta sesión y decir
que la Cámara de Diputados se pronunció en contra del “2 x 1”. Esto sería más o
menos una ley que no tendría aplicabilidad. En definitiva, estaríamos ante un
repudio de esta Cámara de Diputados respecto de un fallo. Pero como dijeron acá
tantos representantes de distintos bloques, especialmente del oficialismo, se
trata de la independencia del Poder Judicial.
Creo
que no tenemos una Justicia independiente y que este fallo está fuertemente
imbricado en los intereses de las Fuerzas Armadas con el Poder Ejecutivo, con
la cúpula de la Iglesia y, en este caso, con una mayoría de la Corte Suprema de
Justicia.
Finalmente,
queremos que lo que resolvamos en esta sesión -y por eso sometemos a votación
nuestro proyecto, por el que se propicia el juicio político a la Corte Suprema
de Justicia, aunque sabemos que se han presentado otras iniciativas- sea la
gran contribución que debemos hacer respecto de la movilización de masas que
tendrá lugar en el día de mañana.
Desde
esta banca y esta conquista política de quienes han confiado en nosotros para
defender los derechos populares, digo que si mañana somos un millón de
argentinos vamos a abrir el camino de la derrota de esta Corte de la vergüenza,
de este nuevo punto final y de esta operación del Estado para ir en contra de
los trabajadores y del movimiento popular y restituir la libertad a los
genocidas. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Echegaray.- Señor presidente: en primer lugar,
quiero decir desde dónde vengo a rechazar este fallo de la Corte Suprema de
Justicia que hoy forma parte principal de la agenda política de la Argentina.
Hace poco
tiempo propuse en este mismo
recinto –no podía ser de otra manera- un homenaje a dos víctimas de la dictadura
militar: Sergio Karakachoff y Domingo Teruggi. En consecuencia, si no fuera
enfático y claro a la hora de rechazar este fallo, estaría vilipendiando mi
propia postura política.
También
quiero plantear, ya que he escuchado a algunos señores diputados de la bancada
del Frente para la Victoria, algo que no termina de quedar en claro. ¿Dónde
estuvo Alfonsín en la lucha grande por los derechos humanos en la Argentina?
Para el presidente del bloque radical, Alfonsín estuvo en las grandes páginas
de la lucha por los derechos humanos. En cambio, para otros señores diputados
preopinantes todo empezó en 2003.
Esto
habla francamente a las claras de que hay que ponerse de acuerdo, empezando por
la bancada del Frente para la Victoria.
Como
joven que era al momento de ser convocado, junto a otros miles de personas de
mi edad, por Raúl Alfonsín a esa larga marcha por la recuperación de la
democracia, puedo decir que estoy en condiciones de dar testimonio acerca de
dónde estaba el viejo en aquellos momentos. El viejo estaba hasta las pelotas
en la lucha por los derechos humanos, la Justicia y la memoria en la Argentina.
(Aplausos.)
Voy a dar algunos ejemplos. En honor a la verdad y la construcción
histórica habría que decir que Alfonsín, junto con otros hombres, en plena
dictadura estuvo en la APDH con Alfredo Bravo y Graciela Fernández Meijide, por
ejemplo. Asimismo, estuvo acompañando la lucha de las Madres de Plaza de Mayo y
las Abuelas de Plaza de Mayo, cuando había que jugarse, no había que
esconderse, había que presentar hábeas corpus y había que tener “pelotas” para estar frente a una maquinaria feroz del
terrorismo de Estado. Yo puedo dar testimonio, al igual que muchos, de esa
lucha.
Por eso, mientras otros seguramente estaban
haciendo pingües negocios en algunos lugares, yo sí sé dónde estaba Alfonsín.
Alfonsín derogó la ley de autoamnistía
de los militares una vez en el gobierno, porque lo había prometido en la
campaña electoral, mientras que el partido de la oposición en ese momento
proponía no derogar la ley de autoamnistía por considerarla cosa juzgada.
Eso también responde a la verdad
histórica y hay que decirlo. Alfonsín creó la CONADEP y allí convocó a hombres
y mujeres del ámbito de la política, pero también de la cultura y de los
derechos humanos, y se produjo el Nunca
Más, prologado por el genial escritor Ernesto Sábato.
También propició el juicio a las
Juntas, al terrorismo de Estado y a todos aquellos que habían sido sus
responsables en su etapa embrionaria, teniendo en cuenta que también López Rega
pasó sus días en la cárcel durante el gobierno de Alfonsín. Entonces, yo sí sé
dónde estaba Alfonsín, porque hay que ir aclarando estas cuestiones.
¿Cómo no van a causar dolor los
enormes testimonios que aquí se vertieron, que de alguna manera comprometen a
todo el pueblo argentino, a la política y a todos los que la hacemos con esa
lucha? Son los testimonios de mayor dolor y los que seguramente tienen mayor
basamento para esta posición política frente a este fallo.
Pero se habla mucho del cambio de
época, de que esto pudo ser posible en el marco de un cambio de época. Y yo
quiero recordar, traer a la memoria, que en el año 2013 hubo otro caso, el caso
“Simón”, que tenía una condena de diecinueve años y fue conmutada por una de
once años por el “2 x 1”. En esto también quiero ser coloquial, porque en aquel
momento no hubo cambio de época, y la Corte por una formula ritual dejó en
firme las sentencias de primera y segunda instancia en ese caso.
En definitiva, consagró lo mismo que
se está consagrando ahora, y quiero ser coloquial: la misma mierda con distinto
olor. Es la misma situación que tenemos hoy, pero en aquel momento no generó
estas dobles o triples lecturas del posible cambio de época.
Yo quiero expresar que estoy muy
satisfecho de la posición de la bancada a la que pertenezco, la de Cambiemos,
que va a quedar expresada hoy aquí, con una decisión firme y tajante respecto
del rechazo a este fallo.
También estoy en línea con lo
planteado por la gobernadora de la provincia de Buenos Aries, que fue
taxativamente clara en este punto, por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y por
el ministro Garavano. No es que hay dobles lecturas o que se leen encuestas,
como se dice ahí. En esto se razona de acuerdo con principios y en ese sentido
se obra.
Por eso es que hoy podremos sacar,
seguramente con inmensa mayoría de este cuerpo, una sanción que sea
absolutamente de rechazo a lo planteado por la Corte en el fallo aludido.
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Argumedo.- Señor presidente: solo quiero manifestar mi
profundo orgullo y honor por pertenecer al pueblo argentino, que con una
mayoría aplastante se ha pronunciado en contra de los sucesivos intentos por
revertir la condena histórica hacia los
genocidas de la dictadura militar iniciada en 1976, dictadura que formó parte
de una estrategia integral de restauración conservadora impulsada por Estados
Unidos bajo la orientación de Henry Kissinger.
La Argentina se engarza en un proceso:
1971, dictadura en Bolivia; 1972, en Uruguay; 1973, en Chile; 1975, en Perú, y
1976, la Argentina, complementando las dictaduras militares ya existentes en
Brasil, en Paraguay, en Guatemala, en Nicaragua y otros, en un plan sistemático
por someter al continente a una política de saqueos,
que va a tener como instrumento fundamental la odiosa y fraudulenta deuda
externa y distintos mecanismos de expoliación de recursos públicos y sociales
que todavía seguimos sufriendo.
Frente
a la magnitud de esa agresión, la resistencia se inicia con esas mujeres
inmensas en la Plaza de Mayo y en la Iglesia Santa Cruz que van impregnando la
conciencia mayoritaria del pueblo argentino, que va a ser ejemplo en el mundo
en el sentido de que no se aceptan ‑y se ha dicho que nunca más-
aberraciones represivas como las que nos sucedieron en esos tiempos.
Por
eso, más allá de los eventuales errores que se hayan cometido o de los intentos
de devolver favores a los señores genocidas por parte de grupos económicos y
financieros que se enriquecieron durante esa etapa, quiero decir a las minorías
recalcitrantes que siguen insistiendo en descalificar a los derechos humanos,
que queda claro que los derechos humanos no son un negocio ni un “curro”. Que
queda claro que más allá de los errores cometidos no hubo dos demonios. Que
queda claro que el número irreductible es de 30.000 compañeros detenidos y
desaparecidos. Que queda claro que no vamos a aceptar indultos ni arbitrarios
“2 x 1” porque los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no merecen
amnistía ni perdón. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Córdoba.
Sr.
Brügge.- Señor presidente: creo que a esta altura del debate se han dicho
varias verdades y ha habido varios análisis jurídicos y filosóficos pero quiero
detenerme y hacer una suerte de síntesis sobre qué aspectos estamos tratando de
resolver en estos momentos frente a una decisión del máximo tribunal del país,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien en un fallo dividido dejó
abierta una profunda discusión en el seno de la sociedad argentina.
Esta
discusión no necesariamente tiene sustento en lo jurídico, sino que el mayor
debate debe darse en sus aspectos históricos, sociológicos y políticos.
Desde
lo jurídico humildemente puedo decir que hay diferentes posturas sobre ese
fallo, pero obviamente adscribo al voto prudente, armónico y equilibrado,
aplicando un principio que aquí no se mencionó, que tiene que estar presente en
todo fallo, el de equidad.
El
principio de equidad, que surge de las raíces propias de nuestro sistema
constitucional, fue tenido en cuenta por Juan Carlos Maqueda, ministro de la
Corte Suprema.
En
ese aspecto debemos señalar que los diferentes integrantes de la Corte buscaron
justificar su decisión. No es cierto que haya habido un dilema moral, como
algunos de los ministros plantearon, y tampoco es cierto que no había ley.
En
este punto me puedo referir concretamente a la ley número 27.156, sancionada
por este Congreso, que ya fue reiteradamente citada y analizada por los
diputados preopinantes. Se dieron vastas razones para entender que esa norma
prohibía expresamente la imprescriptibilidad de los delitos, pero también la
conmutación y el indulto, basándose en tratados internacionales ‑que ya
conocemos y se han mencionado aquí- como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Tortura y
principalmente el Estatuto de Roma.
Esto
es justamente lo que reafirma la ley 27.156, que no es una norma más porque
establece el alcance y la aplicación en la República Argentina de los tratados
mencionados. Es más; la propia ley, que contiene un solo artículo, no solo hace
referencia a los artículos 6°, 7° y 8° del Estatuto de Roma y a los tratados
internacionales de derechos humanos, sino que además dispone que este tipo de
delitos no puede ser objeto de amnistía, conmutación de pena o indulto.
La
historia argentina ha transitado todo un camino en lo que respecta a la
búsqueda de la verdad y el juzgamiento de los responsables del terrorismo de
Estado. La pregunta es si se está violando el principio de igualdad cuando a
rajatabla y haciendo gala de una concepción positivista, la mayoría de la Corte
entendió que sí y que correspondía aplicarlo lisa y llanamente dado que todos
los delitos son iguales.
También
hizo gala de uno de sus fallos que en 2010 declaró inconstitucional la ley que
hoy nos ocupa y ha generado esta discusión. En aquella oportunidad, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación entendió que era inconstitucional dejar fuera
de la aplicación del llamado “2x1” a los delitos tipificados en la ley sobre
tenencia y tráfico de estupefacientes. El máximo tribunal, con su composición
del año 2010, declaró expresamente que el mencionado artículo era
inconstitucional por violar el principio de igualdad. Me refiero
específicamente al caso “Véliz, Linda Cristina sobre causa N° 5640” y al fallo
del 15 de junio de 2010 en el cual la Corte declaró inconstitucional el
artículo 10 de la ley 24.390.
Ahora
bien, me pregunto si los delitos tipificados en la ley sobre tenencia y tráfico
de estupefacientes tienen la misma entidad, el mismo contenido y el mismo valor
jurídico que los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los crímenes de
guerra. La respuesta es no, porque la República Argentina ha aceptado una
escala de valores para la protección de los bienes jurídicos en juego. Todos
los tratados sobre protección de derechos humanos tienen raigambre
constitucional, dado que han sido incorporados –yo diría, casi en forma
excepcional en el derecho constitucional comparado‑ en el artículo 75,
inciso 22, de nuestra Constitución Nacional.
Por
lo tanto, no es lo mismo un delito común que un delito de lesa humanidad. El
propio constituyente se encargó de dar a los de esta última clase un
tratamiento especial y jerarquía constitucional. Es más; condicionó todo el
ordenamiento jurídico, incluido el Código Penal, a lo que establece el artículo
75, inciso 22.
En
consecuencia, había argumentos de sobra para fundar la no aplicación de la
ultractividad de la ley que establecía el llamado “2 x 1” en el caso que nos
ocupa, independientemente de que se esté en presencia de un delito continuado o
no, otro tecnicismo utilizado por la mayoría de la Corte para llegar a esta
conclusión.
También
nos preguntamos en este momento, cuando es una suerte de incertidumbre
institucional dictar una normativa que venga a traer luz sobre una situación
que nosotros entendemos es clara desde el punto de vista constitucional, si no
estamos hablando quizás de lo obvio.
¿Hablamos de aquello respecto de lo que
no hacen falta mayores interpretaciones quizá? Y sí. La interpretación genuina
del legislador está habilitada por aplicación de las normas constitucionales
que establecen los poderes implícitos que tiene este Congreso de la Nación a
los fines de poder interpretar el alcance de normas que están derogadas pero
que los jueces siguen aplicando. Fíjese, señor presidente, que estamos hablando
de normas que están derogadas; estamos interpretando normas que están derogadas
pero que en definitiva los jueces, por aplicación del artículo 2° del Código
Penal, entienden que deben aplicarse.
Por
eso desde el interbloque UNA hemos presentado un proyecto de ley –que ya
mencionó la señora diputada Moreau‑ entendiendo que en el artículo 2° del
Código Penal había que incorporar un párrafo donde, siguiendo este criterio de
la ley 27.156, se estableciera expresamente que no era aplicable el concepto de
la ley más benigna en los casos en que estemos en presencia de delitos de lesa
humanidad, genocidio o crímenes de guerra. ¿Eso en consonancia con qué? Con los
tratados internacionales. No estábamos saliendo del principio de igualdad, no nos
estábamos alejando ni creando excepciones o privilegios en favor de ciertas
personas, sino que lisa y llanamente estábamos interpretando el alcance de las
normas constitucionales y de los tratados que son de aplicación obligatoria.
Reitero: que son de aplicación obligatoria. En la escala de valores de un juez
está primero la Constitución, y yo quiero saber por qué la mayoría de los
jueces de la Corte se sacó el sayo de la Constitución, porque los que estamos
mencionando están prescriptos en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución.
Es
cierto, entonces, que esta Cámara está habilitada para hacer esa
interpretación; de hecho, hemos llegado a un consenso, que oportunamente será
explicado por los diputados que hemos estado trabajando en esa tarea. Pero también
es cierto que en el esquema infraconstitucional, el Código Penal de la Nación,
en su artículo 4°, establece que por leyes específicas se pueden alterar los
principios generales que están previstos en los artículos 1°, 2° y 3° del
mismo. O sea que ha sido el mismo legislador el que ha dejado la posibilidad de
que por leyes específicas no se apliquen los principios generales previstos en
el Código Penal, que es lo que se ha hecho al sancionar la ley 27.156, que
tiene sustento constitucional en los tratados específicos.
En
este sentido, se han mencionado aquí diferentes fallos de la Corte
Interamericana donde se exige que, dentro del ámbito de la competencia de los
estados partes, tanto la Convención Universal como la Convención Interamericana
de Derechos Humanos adopten medidas que tiendan a la aplicación de la pena
adecuada. ¿Adecuada a qué? Al interés jurídico en juego con los delitos. Y en
este caso concreto se hace mención a la obligación de imponer penas adecuadas
en base a diferentes comunicaciones, pero sobre todo cuando se habla de la
Convención contra la tortura y otros tratos penales crueles, inhumanos y
degradantes y que el mismo voto del ministro Maqueda hace referencia como
compromiso y como un esquema constitucional superior a la aplicación de la ley
del 2 x 1. Por eso, más allá de las connotaciones jurídicas y de las
interpretaciones que podamos hacer, más allá de los argumentos y de las
corrientes filosóficas que hemos estudiado en las universidades públicas o en
las universidades privadas, la Corte Suprema de Justicia debió obrar, no solo
con un positivismo puro, sino aplicando también la prudencia y la equidad, por
ser el último intérprete de la Constitución.
Como
último intérprete de la Constitución tiene que hacer un uso racional de sus
facultades, porque si no se convierte en el tribunal más arbitrario. Ya Genaro
Carrió, cuando hablaba del concepto de la sentencia arbitraria, decía que la
Corte era el tribunal más arbitrario del país porque no tenía una instancia revisora
que lo controlara.
Entonces,
con mayor razón, cuando los fallos de la Corte son una guía, un faro para el
resto del ordenamiento jurídico, se debe tener prudencia a la hora de resolver.
Máxime cuando están las otras connotaciones que señalamos recién: lo
sociológico, lo político y lo histórico.
La
Corte, al momento de dictar un fallo en un tema relacionado a delitos de lesa
humanidad, tema tan caro para la historia argentina, debió tener en cuenta esos
principios, indudablemente.
Por
eso, señor presidente, entendemos que estamos habilitados y debemos dictar una
norma interpretativa que cierre la puerta definitivamente, para que la Corte y
los jueces inferiores interpreten y apliquen en un sentido los compromisos que
ha asumido la República Argentina. De ahí en más podremos decir verdaderamente
que en la República Argentina hay reglas de juego claras, permanentes, justas y
equitativas. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.
Sra.
Ciciliani.- Señor presidente: la verdad es que en
medio del dolor y estupor por este fallo de la Corte Suprema de Justicia,
pasamos el fin de semana reflexionando acerca de las cuestiones jurídicas, y a
primera hora de la mañana del lunes presentamos un proyecto de ley cuyo artículo
1° dice: “Los delitos de lesa humanidad no son susceptibles de amnistía,
indulto, prescripción o cosa juzgada. Las penas establecidas a los condenados
por tales crímenes no podrán ser susceptibles de reducción o conmutación bajo
ningún concepto”.
Presentamos
este proyecto de ley en medio de una conmoción política, al entender y
comprender que el tema de los derechos humanos no había sido una cuestión
cerrada y superada para la sociedad argentina y que tenemos que seguir alertas,
atentos y en la lucha.
Recién
escuchamos a un diputado que nos contaba dónde estaba Alfonsín. Toda la
sociedad argentina y toda la política argentina saben dónde estuvo Alfonsín en
el momento que tenía que luchar por la libertad y la justicia. Ahora toda la
dirigencia política tiene el deber de tomar ese ejemplo de Alfonsín y de
quienes siguieron su ruta en la lucha por los derechos humanos y ratificar
plenamente esa conducta. No tiene que quedar lugar a dudas de dónde tenemos que
estar, repudiando este fallo inconcebible y que no logramos entender.
La
Corte Suprema es uno de los poderes del Estado que tiene su propia agenda y
elige qué expediente saca del cajón. ¿Por qué sacó del cajón este expediente?
El por qué sacaron este expediente del cajón –que creemos que no estaba en la
necesidad de ninguno de los demócratas de la Argentina‑ lo tienen que
explicar estos tres miembros de la Corte.
Tampoco
creemos que haya una falla en el Congreso de la Nación por no tener leyes para
que este fallo no hubiese existido. No creemos que tengamos que hacer nuevas
leyes para que los jueces de la Corte defiendan la justicia y estén en contra
de la impunidad. Si solo miramos los fallos y los argumentos de Maqueda y
Lorenzetti encontraremos que sí se podían hacer otras cosas.
Tiene
que quedar muy en claro para la sociedad argentina que el fallo de estos tres
jueces puede liberar y permitir que caminen por las calles genocidas hoy presos
por delitos de lesa humanidad.
Este
fin de semana también revisamos cómo ha sido la historia de este país para
juzgar y castigar a los genocidas. Fue un arduo camino, con avances y
retrocesos, incluso en la propia Justicia; pero donde no podemos tener
retrocesos es en la política. Todo el arco político tiene que repudiar
claramente este fallo. Por eso no solo estamos esperando el consenso
mayoritario que estamos trabajando desde muy temprano para que este Congreso
hoy se pronuncie, sino que invitamos a toda la ciudanía para que en paz y en
libertad se exprese mañana por las calles de la República. Evidentemente, la
batalla no está ganada. Debemos tenerlo en claro, no por nuestros hijos sino
por nosotros mismos, porque hay muchos ciudadanos que se jugaron para acusar,
investigar y para que estén presos estos genocidas.
No
estamos discutiendo las condiciones en las que cumplen sus condenas sino las
condenas en sí mismas, que creemos que no pueden ser atenuadas ni modificadas.
El obstetra que cortó el cordón umbilical a la mamá de Vicky Donda Pérez no
puede caminar por la calle. Todos debemos repudiar esto.
Todavía
estamos buscando a nuestros nietos. Observamos a Estela de Carlotto con su
trayectoria con sus canas, y con una sonrisa, trabajando para recuperar a los
nietos, y no vemos revancha.
Pedir
justicia no es revancha, es vivir en una sociedad integrada. Por eso vamos a
seguir luchando, mañana en las calles y hoy en el Congreso de la Nación, para
que no haya ningún genocida libre. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos aires.
Sr.
Daer.- Señor presidente: una vez más la política
nos enfrenta con momentos delicados que pensábamos que no iban a volver a
darse.
Los
que pasamos la adolescencia y la juventud peleando por la democracia, buscamos
que se haga Justicia y se cumpla con ella.
Como
bien se dijo aquí, el doctor Alfonsín fue el primero en poner el pecho a este
tema y llevar a juicio a los integrantes de las juntas militares. No nos
conformaba, era poco, sobre todo para los jóvenes, pero debemos reconocerle la
valentía política y la decisión política acertada.
También
nos avergonzamos, lamentamos y repudiamos los indultos, pero quiero ser más
amplio que algunos de los diputados preopinantes.
No
quiero rotular a ningún sector ni a ningún político, sino que creo que la
sociedad en su conjunto, a partir de que los cambios políticos que se venían
dando
-sobre todo después de la tragedia de
2001 y 2002 y con recuperación de aire fresco que significó el 2003-, había
asumido que existía un debate en la sociedad que estaba terminado.
La
verdad es que todos lo asumíamos de esa manera. Fue así que a los chicos que
nacieron en democracia hubo que explicarles qué fue la dictadura, por qué fue
la dictadura y qué hizo la dictadura.
Cuando
explicábamos a los chicos de la democracia qué hizo la dictadura, les decíamos
que tomaron el poder con un plan sistemático de tortura, de desaparición, de
muerte, y con una finalidad muy clara: barrer con todo lo que reivindicaba a
una sociedad justa y a la justicia social. Por eso la inmensa mayoría de los desaparecidos
fueron militantes políticos, obreros, empleados, delegados y dirigentes
comprometidos con un país más justo y diferente.
Quiero
agradecer las palabras del compañero Carlos Kunkel cuando, después de haber
sido partícipe de una etapa, hizo un reconocimiento crítico de la época -por lo
que lo felicito y aplaudo- pero dicho reconocimiento no tiene que ser comparado
-ni mucho menos- con las políticas de quienes se apropiaron del Estado para
ejercer el terrorismo desde el poder que dan las armas, las fuerzas de
seguridad y el control del Poder Ejecutivo nacional.
Por
eso podemos discutir este tema desde el punto de vista jurídico. No soy abogado
–me quedé en la mitad del camino- pero, con el esfuerzo que implica tratar de
interpretar las distintas visiones de los ministros de la Corte, tengo que
garantizar que me quedo con el voto del ministro Maqueda.
Si
frente a esta situación a alguien se le genera una confusión intelectual o un
dilema ético y moral, no cabe duda de que lo tiene que hacer en favor de que la
impunidad no triunfe.
En
un principio, después del fallo, muchos no estuvimos confundidos, pero hubo
personas con responsabilidad en la justicia que sí lo estaban. Primero fue el
secretario de Derechos Humanos, con esa vorágine ‑creo- de no querer
contradecir a un poder como la Corte Suprema de Justicia –quiero pensarlo así-,
pero el que también se equivocó fue el ministro de Justicia ya que él no puede
decir: “No me gusta el ‘2 x 1’; ni para esto ni para otros delitos”. No es lo
mismo. A este respecto voy a disentir con algunos diputados preopinantes. Hay
delitos que son aberrantes, como las violaciones y los homicidios, pero no son
lo mismo que la práctica sistemática de desaparición y muerte programada desde
el Estado. No hay igualdad aquí.
Por
eso creo que quienes tienen una responsabilidad dentro del gobierno no se
pueden equivocar.
Quisiera
incluir un párrafo también respecto de la cuestión de la reconciliación.
Tengamos cuidado porque si vamos a reconciliarnos y a decir que acá no pasó
nada, abriremos la puerta para que sucedan estas cosas. Es como cuando uno se
vacuna contra una enfermedad; si los anticuerpos que uno tiene contra una
enfermedad pierden su fuerza, la enfermedad avanza. Cabe aclarar que comparar
estas cuestiones aberrantes de nuestra historia con una enfermedad, no
significa agrandarlas.
Por
ello, ante los aspectos jurídicos que muy bien mencionaron y aclararon los
señores diputados preopinantes –el señor diputado Brügge fue muy preciso en
estos términos‑, ojalá la Corte Suprema pueda rectificarse sobre el
camino trazado porque de lo contrario va a dejarnos una gran herida.
Tal
vez no sea tan importante si hoy la Cámara de Diputados sanciona un proyecto de
ley y mañana o la semana que viene lo hace la Cámara de Senadores para intentar
impedir esta seguidilla. Lo que de alguna manera debemos intentar –y sobre esto
podrán opinar los juristas mejor que yo‑ es que esta herida no siga
abierta.
Dentro
del propio oficialismo hay radicales que pelearon por la democracia y que
jugaron a acompañar a Alfonsín en la patriada en contra de las juntas
militares. No se trata de un tema que concierne a la oposición o al
oficialismo; ratifiquemos el trazado de una política de Estado que tenga que
ver con la memoria, con la verdad, con el juicio y con el castigo.
Tal
como señaló el señor diputado Carlotto, hay veces que los fallos pueden
gustarnos o no y quizás ni siquiera opinamos sobre los que no nos gustan, pero
lo mínimo que pretende la sociedad –y que nosotros debemos plantear como
representantes del pueblo‑ es que cuando se condena, las condenas se
cumplan.
Repito:
no podemos sostener un principio de igualdad ante quienes no son iguales. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Giordano.- Señor presidente: conocido el fallo,
desde la izquierda lo catalogamos como un fallo vergonzoso, miserable,
indignante, aberrante y todos los adjetivos que podamos ponerle desde todo
punto de vista.
Los
jueces de la Corte se ponen del lado de genocidas y criminales probados que
secuestraron, que robaron bebés en cautiverio y que hicieron desaparecer a
30.000 luchadores para imponer un plan económico al servicio del imperialismo y
del plan Cóndor a fin de pagar una deuda externa mafiosa que todos los
gobiernos vinieron cumpliendo hasta el día de hoy.
Se
trata de un fallo que beneficia a un represor que con un operativo “Swat” –así
se lo denominó‑, con helicópteros y tanques, ocupó el Hospital Posadas y
lo transformó en un centro clandestino de detención.
Hace
poco estuve en un acto de los profesionales de la salud del Posadas, quienes
decían “transformaron un centro para la vida en un centro para la muerte”.
Apenas uno ingresa al hospital están las fotos de los once trabajadores del
Posadas desaparecidos.
Lo
siniestro de estos jueces es que fueron a buscar una ley derogada para hacerla
pasar como la ley más benigna, violando los tratados internacionales para
intentar salvar a los Astiz, a los Etchecolatz, al cura Von Wernich, al “Turco”
Julián y a todos los que podamos anotar de esta gente despreciable y repudiable
de estos asesinos. De eso se está hablando. Efectivamente, es un fallo
funcional al gobierno nacional, que fomentó la campaña con el desconocimiento
de los desaparecidos y con la complicidad de la cúpula de la Iglesia Católica.
Hay fotos de los obispos entregando la hostia a Videla. Bendecían las torturas
y secuestros. Eso no fue hace cuarenta años. Monseñor Arancedo, del Episcopado,
se la pasó todo este tiempo –hay fotos‑ yendo a las cárceles a visitar a
los genocidas y prometiéndoles la prisión domiciliaria. O sea, el Episcopado,
el Vaticano, venía actuando para la reconciliación con genocidas probados. Esa
es la realidad. Y es una gran mentira que tengamos una Justicia independiente.
Es una Justicia puesta a dedo por el presidente de la Nación. Lo intentó por
decreto, pero como no pudo, fue al Senado y allí recibió el apoyo del Frente
para la Victoria y del resto de los bloques del peronismo para la designación
de los dos jueces de la Corte.
Los
diarios dicen que uno de ellos está ligado al Opus Dei y otro a un estudio
jurídico‑contable que defendía al Grupo Clarín. Por su parte, la jueza
Highton de Nolasco venía del gobierno anterior, designada por Néstor Kirchner.
Por
eso hemos dicho que hay que barrer a estos jueces y designar a otros que sean
elegidos por el voto popular, que tengan cargos revocables y que dejen de ganar
sueldos millonarios. Se decía que debían ganar sueldos millonarios y ocupar
cargos vitalicios para tener la tranquilidad espiritual de fallar a conciencia
y que nadie los pudiera comprar. Una mentira total.
Si
se hubiera aplicado un juicio por jurado para este caso no estaríamos sufriendo
el “2 x 1” de la impunidad. Cualquier trabajador, cualquier luchador que viene
sufriendo y que se viene movilizando desde hace cuarenta años contra el
genocidio sabría distinguir un genocida de un delincuente común.
Por
eso no nos vamos a atar a ningún proyecto de consenso con los bloques de los
partidos tradicionales que han avalado a estos jueces y vamos a apostar a la
movilización porque durante cuarenta años hemos sorteado todos los muros de la
impunidad con la lucha y la movilización. Estoy hablando de las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final de Alfonsín de los ochenta y de los indultos
del peronismo menemista. Asimismo, en los doce años anteriores hemos luchado
para lograr la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final. Fue
un ejemplo internacional de la lucha por los derechos humanos. Denunciamos a
Milani, que está preso por la lucha popular. Denunciamos también la
desaparición de Julio López. Una barbaridad. No se trata de que podamos
encontrarnos con Astiz en un café; se trata de que si Astiz o Etchecolatz están
liberados, es gente de máxima peligrosidad porque son los que hicieron
desaparecer a Julio López, y hoy no se sabe absolutamente nada del tema. Es una
impunidad que reinó durante el gobierno anterior y que denunciamos durante todo
este tiempo. Por eso, confiamos en que mañana se movilizarán miles y miles de
personas en todo el país. Nosotros lo vamos a hacer de manera independiente,
movilizados con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, como lo hicimos en
todos estos años, y con las consignas bien claras: abajo el fallo del “2 x 1”.
Hay que impedir, con la movilización popular, que se aplique este fallo. Por
cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas y todos los
cómplices civiles de los políticos patronales, obispos y empresarios que
apoyaron el golpe. Les va a pasar como a los nazis: adonde vayan los iremos a
buscar. Esto tenemos que cantarlo mañana en la marcha, porque no olvidamos, no
perdonamos ni nos reconciliamos.
Además,
vamos a decir: “Fuera a la Corte de la impunidad”, y pediremos que a los jueces
los elija el pueblo. Basta de seguir pagando una deuda externa que viene
planificada, como un hecho de corrupción y de saqueo, desde la época de la
dictadura, y marcharemos por la memoria de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos.
Vamos a seguir luchando con esta bandera irrenunciable, y con la movilización
de mañana, vamos a enterrar el “2 x 1” y toda la política de impunidad apoyada
por los distintos gobiernos.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.
Sra.
Austin.- Señor presidente: he escuchado con
atención todo el debate y, en primer lugar, quiero manifestar la satisfacción
de que la Cámara de Diputados se haya abocado a discutir un tema tan sensible
para la sociedad argentina.
Quiero
también reivindicar los consensos. Hace unos minutos, alguien se refería
justamente a las contradicciones y los consensos. Yo quiero hacer foco en estos
últimos, porque entiendo que en un tema como este, que nos atraviesa
profundamente en la historia argentina y a todos los ciudadanos, debemos tener
la capacidad de identificar con claridad al enemigo.
También
debemos identificar con claridad quiénes son los actores con los que podemos
forjar las estrategias tendientes a perseverar en la verdad, en la búsqueda de
justicia y en la defensa irrenunciable de los derechos humanos.
No
agudizar la grieta implica reconocer los aportes que se hicieron en la última
década en materia de derechos humanos, que con sus contradicciones e
inconsistencias son aportes fundamentales en un proceso de reconstrucción de la
verdad.
No
profundizar la grieta implica también reconocer el aporte fundamental -como
recién lo hizo el diputado Echegaray- de Raúl Alfonsín en la construcción de
ese primer paso fundamental que distinguió a la democracia argentina de todos
los otros procesos de recuperación democrática en Latinoamérica, como también
también en España y Portugal. Me refiero a la capacidad de juzgar y de poner
por delante la necesidad de construir una verdad común.
Esa
verdad común la tenemos que cuidar; la tiene que cuidar la Corte, la tiene que
cuidar el Congreso y también el Poder Ejecutivo, tal como lo vienen haciendo
todos los argentinos.
En
segundo lugar, celebro que estemos dando este debate sin ampararnos en la división
de poderes, como si eso nos pudiera quitar la responsabilidad de opinar cuando
tenemos que hacerlo. Nuestro sistema es sabio y establece un mecanismo de pesos
y contrapesos, para que sea el Congreso el que levante la voz cuando lo tenga
que hacer, dicte las normas que tenga necesidad de aclarar y también interpele,
cuando requiera la utilización de estos otros mecanismos.
Justamente
eso es lo que hoy estamos haciendo aquí; es decir, estamos dando una discusión
que es política, pero que también es jurídica y específicamente constitucional.
En
tercer lugar, en esta historia de la democracia argentina –que también va de la
mano de Raúl Alfonsín- quiero recordar lo que fue la reforma de 1994, con la
incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía
constitucional. A partir de entonces pasaron a tener la misma jerarquía que la
Constitución Nacional, superior a las leyes y al Código Penal.
Esa
interpretación es la que yo entiendo que resulta violentada por el voto
mayoritario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; ese no es un voto
armonioso, porque no fue capaz de entender el juego de equilibrio que debe
darse con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido,
recordemos que el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional establece
que los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional en las
condiciones de su vigencia. Esto es algo que también ha señalado la doctrina.
Por lo tanto, tienen que ser interpretados conforme los fallos que dicten los
órganos que crean estos instrumentos; en este caso sería la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Justamente,
en el fallo Gelman contra Uruguay, la Corte Interamericana interpretó cómo
debía entenderse el concepto de ley penal más benigna cuando hablamos de
delitos permanentes.
Cabe
aclarar que son delitos permanentes los delitos de lesa humanidad y la
desaparición forzada de personas. Hablamos de delitos que al día de hoy no han
tenido fin.
¿Cómo
puede ser que el argumento que se utilizó para sostener que esos delitos son
imprescriptibles y que no pueden ser amnistiados ni indultados, sea el mismo
que utilizaron bajo una lógica maniquea para aplicar una conmutación de pena?
La aplicación del beneficio del “2 x 1” a los genocidas no es otra cosa que una
amnistía o una condonación de pena.
Por
otra parte, reitero que en nuestro país no es lo mismo un delito común
–cualquiera fuere, incluso los aberrantes- que un delito de lesa humanidad. La
norma más importante que tenemos para protegernos y garantizar nuestros
derechos –me refiero a la Constitución Nacional- no admite ninguna otra
interpretación.
Por
lo tanto, tenemos la obligación de exigirle a la Corte que sea respetuosa de
esa historia. La interpretación del artículo 2° del Código Penal nunca puede
estar por encima de la interpretación armoniosa de la Constitución Nacional y
de los tratados de derechos humanos.
Además,
tengo que señalar que hemos presentado tres proyectos de ley que fueron
acompañados por muchos integrantes del interbloque Cambiemos. Dichos proyectos
están contenidos en los expedientes 2371-D.-2017,
2372-D.-2017 y 2373-D.-2017, que están en consonancia con el
proyecto que seguramente hoy vamos a aprobar. Esas iniciativas buscan
interpretar de manera armoniosa y auténtica el alcance de una norma que ya fue
derogada.
También
tendríamos que analizar de qué manera modificar el artículo 2° del Código
Penal, para que sea interpretado en consonancia con los fallos de la Corte
Interamericana, toda vez que en los casos de delitos permanentes se debe
aplicar la última ley vigente.
No
hay interpretación posible que pueda equiparar la norma procesal penal a la
norma penal. Este es otro error en el que cayó la Corte.
Por
otra parte, si una sentencia nos hace doler las tripas y nos genera
indignación, no es justa. Al respecto, no estoy de acuerdo con lo que manifestó
algún legislador de que este es un debate teórico entre el iusnaturalismo y el iuspositivismo; es un debate que la ciencia
jurídica ya resolvió bajo la figura de la sentencia írrita, que justamente es
aquella que tiene una injusticia extrema verificable.
Precisamente,
sería una injusticia extrema verificable si este fallo se aplicara a los demás
supuestos, porque tendríamos en la calle a muchos de los genocidas que nuestro
país ha condenado con tanto esfuerzo. Este podría ser el caso de Arnoldo
“Chubi” López, respecto de quien el año pasado tuve la posibilidad de escuchar
la sentencia en la mega causa La Perla, en Córdoba, cuando se lo condenó por
281 homicidios y 383 secuestros. Es el primero de los genocidas que en Córdoba
está pidiendo la aplicación del beneficio del “2 x 1”.
¿Qué
es sino una sentencia injusta la que permite aplicarle a esta persona estos
beneficios? Se trata de alguien que no solo no se arrepintió sino que, además,
mientras escuchaba el fallo de la Cámara amenazó a todos los que estaban allí
presentes haciendo una clara alocución en el sentido de que la sed de venganza
que ellos tienen todavía sigue en pie.
Finalmente,
quiero recordar una vieja frase que en los primeros años nos enseñan a quienes
estudiamos derecho: ¿Qué es la Justicia? En este sentido, Ulpiano decía que es
dar a cada uno lo suyo. Creo que este es el mensaje que hoy debemos dar desde
el Congreso Nacional. Se trata de un mensaje político, jurídico y
constitucional, pero por sobre todas las cosas, de respeto irrestricto de los
derechos humanos en nuestro país. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Raffo.- Señor presidente: estamos en una
encrucijada de la historia en la que debemos dar una señal fuerte en esta
coyuntura lamentable y desgraciada que la Corte Suprema de Justicia ha
provocado con su fallo en la sociedad argentina.
A
mi juicio, como estamos en una encrucijada es bueno retomar el hilo de algunas
reflexiones sobre los orígenes de los derechos humanos, que están siendo
agraviados.
En
ese sentido, quiero señalar brevemente que hay quienes con fundadas razones
ponen en el discurso de Antígona, la tragedia de Sófocles, la explicitación
teórico-conceptual de estos derechos cuando ella dice que hay leyes no escritas
e inmutables, cuya vigencia no es de hoy ni de ayer sino de siempre. Esto fue
escrito 400 años antes de Cristo.
Poco
después Esquilo, en su obra La Orestíada,
generó aquellas figuras que fueron las Erinias, que atormentaban la ciudad
porque había crímenes impunes en la sociedad. Esas Erinias no descansaron hasta
que esos crímenes fueron esclarecidos. Y allí se transformaron, según la
mitología griega, en las Euménides.
Una
sociedad con impunidad y privilegios para los criminales genocidas es una
sociedad agraviada en su esencia. Esta línea de reflexión fue reiterada por
Platón en su obra La República,
cuando dijo que la injusticia fundamentalmente agravia al conjunto de la
sociedad, además de hacerlo con la víctima directa de la injusticia.
La
lesión que provocó la dictadura militar mediante los genocidas, secuestradores
y torturadores mutiló a la sociedad argentina y la sometió con el terror.
Alteró las reglas del razonamiento del sentido común instalando como respuesta
lógica la frase “algo habrán hecho”. Lo mismo ocurría cuando la dictadura decía
“no los busquen porque no los van a encontrar y me ofendo si me preguntan”.
Esto constituía la confesión del crimen y la mal llamada ley de autoamnistía,
que afortunadamente fue derogada en su momento por el Congreso Nacional de la
democracia de los argentinos.
Entonces,
estamos ante un hecho que agravia a todos porque agravia a la Justicia y viene
a favorecer el crimen. Como bien lo ha señalado el señor diputado Daer y otros
señores legisladores preopinantes, se trata de crímenes diferentes. Todos los
delitos prescriben, menos estos; todos los delitos pueden ser amnistiados,
menos estos. ¿Por qué? Por la gravedad institucional y social, como así también
por la magnitud y naturaleza del crimen.
Por lo
tanto, la Corte Suprema de Justicia nos ha agraviado a todos, al firmar esta sentencia.
Es verdad, lo dijo el señor Oliver Wendell Holmes, famoso ministro de la
Corte norteamericana de los años treinta: la Constitución y las leyes dicen lo
que los jueces dicen que la Constitución y las leyes dicen. Así que no me
vengan con que algunos jueces estaban presos por la ley o encuadrados en las
palabras de las normas, porque se enseña en las escuelas de derecho natural, el
positivismo kelseniano, la teoría egológica, la teoría tridimensional del señor
Werner Goldschmidt, el sociologismo norteamericano, y en todas las escuelas de
derecho que no es verdad que los jueces están presos por las palabras de la
ley. Todos sabemos que los jueces pueden hacer barbaridades con las palabras de
la ley.
Hay un caso famoso de la Corte
norteamericana, que se llama Dred Scott, de los años 1858-1859, en el que se
planteaba la libertad de un esclavo, y la Corte dijo que las personas de raza
negra no estaban amparadas por las garantías de las enmiendas de la
Constitución porque no eran personas, eran cosas. En Estados Unidos habían sido
puestas en la categoría de cosas y, por consiguiente, no se podía imaginar que
una cosa fuera libre porque era propiedad de su propietario.
Fue uno de los detonantes de la guerra
civil de 1860, esa barbaridad que la Corte Suprema de los Estados Unidos de
Norteamérica estableció en una sentencia.
Así que desde que el hombre es hombre,
los jueces pueden hacer barbaridades, y estos jueces han hecho una barbaridad.
Permítanme reflexionar sobre la
naturaleza de los derechos humanos violados, y por qué son tan diferentes.
Desde el punto de vista teórico, lógico, formal, todos los derechos son humanos
porque no hay derechos de las cosas. El derecho de propiedad es un derecho de
personas humanas; el derecho de transitar, todos los derechos, pero la
expresión “derechos humanos” se acuño axiológicamente para enfrentar el agravio
a ciertos derechos hecho desde el Estado, desde la impunidad del Estado,
ejecutado con las armas del Estado, encubiertos en los cuarteles con las
banderas del Estado y el escudo de los argentinos.
Creo que está pendiente el desagravio
a nuestros símbolos patrios por haberlos hecho presidir edificios donde se
violaba, se torturaba, se asesinaba y se secuestraba. Hace muchos años
jugadores de rugby robaron una bandera de un edificio público y se hizo un
desagravio a la bandera en todas las escuelas del país. Todavía no hemos hecho
a la bandera de los argentinos y a su escudo el desagravio por haber sido
usados para amparar aguantaderos de criminales por delitos de lesa humanidad.
Todo agravio a un derecho debe ser
reprobado y castigado, pero el agravio a un derecho realizado por quien tiene
la obligación de tutelarlo constituye una violación a los derechos humanos, y
ahí está lo aberrante en este tipo de crímenes. Y el fallo de la Corte es lo
que ha venido a agitar las aguas.
El principio de la ley penal más
benigna no es constitucional, es un principio del Código Penal, si bien es
cierto que el artículo 9° del Pacto de San José de Costa Rica recepta este
principio. Pero también es cierto que una gran injusticia –y ya lo dijeron acá-
es tratar como igual a lo que es desigual.
Entonces, el crimen, el delito contra
los derechos humanos, no pueden ser amparados en la mitigación de la pena por
una ley que fue pensaba, regulada y establecida no para estas violaciones de
derechos. Coincido en que está bien esa ley, porque la prisión preventiva es
una grave excepción al principio de inocencia.
Además, nadie puede ser detenido sino en función de una sentencia y un castigo.
Acá mientras se averigua si alguien es o no culpable, lo llevan preso porque
puede fugarse o entorpecer la investigación del delito.
Esta
Cámara en 2014, también el Senado, modificó el Código Procesal Penal de la
Nación estableciendo límites y regulando la prisión preventiva. Allí se
establece que la prisión preventiva no puede durar más de dos años y que es
prorrogable excepcionalmente un año más. Es decir que el Código Procesal dice
que vencido ese plazo, si no hay sentencia que lo condene, se ejercita la
presunción de inocencia y queda libre. Entonces, al contar con el “2 x 1” se
produce una mitigación.
Aclaro
que estoy de acuerdo con que el que está preso sin saber si está condenado o no
esté amparado por el Código Procesal Penal y por garantías de pactos
internacionales y con que de alguna manera tenga alguna compensación en el
delito común, no en el delito de excepción, que es el genocidio. Insisto en que
si el delito es imprescriptible el delincuente no se puede amparar en esta regla
de mitigación de la pena.
Por
lo expuesto, considero que hoy debemos aprobar una norma que salga al cruce de
la interpretación que desgraciadamente ha hecho la Corte, a fin de que caiga
sobre su conciencia el haber agraviado a los argentinos de esta manera.
Según
entiendo, si me equivoco les pido que me corrijan ‑bienvenido sea si esto
ocurre-, ya hay algún texto medianamente consensuado para resolver el problema.
Es obvio que todos queremos enfrentar la cuestión y redactar una norma que
sirva y que, en primer lugar, no implique un retroceso frente a la previsión
que tiene el derecho positivo argentino para el acusado de un delito común que
todavía no sabe si es o no culpable.
En
ese sentido, considero que por resolver un problema no tenemos que agravar
otro. Aquí tengo una versión del texto y espero que se pueda corregir porque el
artículo 3° dice que lo dispuesto por los artículos anteriores en la
interpretación auténtica del artículo 7° de la ley 24.390, derogada por la ley
25.430, será aplicable a las causas en trámite. ¿Están excluidas las causas en
trámite? ¿Qué pasa con los condenados? ¿Los que están cumpliendo condenas están
fuera? No.
Por
lo tanto, solicito que al redactar el articulado final tengamos en cuenta que
no debemos retroceder con respecto a las garantías que ya nuestra legislación
prevé de conformidad con los pactos internacionales de derechos humanos.
Tenemos que cortar con esta interpretación de la Corte que permite aplicar este
beneficio a delitos de excepción. Con esto nos han agraviado a todos y el no
castigo implica el huevo de la serpiente, es decir, se podrá dar lugar a la
repetición.
El
diputado Pitrola me señalaba hace unos instantes la inclusión de los nuevos
delitos, no solo las causas condenadas sino las que están en trámite, las
condenadas y las futuras que tengan que ver con delitos de genocidio. ¿Por qué
las futuras causas de genocidio van a poder invocar la interpretación de la
Corte? Ninguna podrá hacerlo: ni las causas en trámite ni las pasadas ni las
futuras. Ninguna.
Si
redactamos una norma que sea eficaz, que no implique un retroceso en las
garantías y que salga al cruce de esta desgraciada interpretación y decisión de
la Corte, creo que habremos cumplido con lo que la sociedad espera de nosotros.
Esto quedará demostrado en la marcha del día de mañana, a la que todos debemos
concurrir.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
Sr.
Lusquiños.- Señor presidente: trataré de ser
breve.
Así
como creemos que la economía es algo extremadamente serio, tan serio que no se
puede dejar en manos de economistas, nos parece que los derechos humanos son
algo tan serio que no pueden quedar en manos de cortesanos.
Celebro
que esta Honorable Cámara de Diputados se haya puesto los pantalones largos y
revise lo que debe revisar. Espero que la misma actitud tenga cuando vengan del
Senado proyectos mal hechos.
Esta
es una sesión extremadamente rica en la que creo que todos hemos aprendido
muchísimo, no solo desde lo académico y lo político sino también desde los
casos estremecedores de quienes vivieron la tremenda experiencia de sufrir esto
en carne propia. No puedo agregar nada novedoso, ni desde lo jurídico ni desde
cualquier otro punto de vista, pero me gustaría leer –con permiso de la
Presidencia‑ el siguiente texto: “Visto el fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación dictado con fecha 3 de mayo de 2017 en los autos
caratulados ‘Recurso de hecho
deducido por la defensa de Luis Muiña en la causa Bignone, Reynaldo Benito
Antonio y otro sobre recurso extraordinario’ y considerando:
“Que
el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mayoría de la
decisión integrada por Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio
Rosatti, dictado en la causa ‘Recurso de hecho deducido por la defensa de Luis
Muiña en la causa Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro sobre recurso
extraordinario’ ha beneficiado injusta e inexplicablemente al represor Luis
Muiña mediante la aplicación de la ley del ‘2 x 1’, actualmente derogada, lo
que en la práctica viene a significar una reducción del tiempo de la pena
establecido en la condena impuesta oportunamente por numerosos delitos de lesa
humanidad que cometiese durante la última dictadura militar;
“Que
la aplicación de tortura física o psíquica fue el denominador común de estos
abominables períodos y cuando se evidenció la existencia de un plan sistemático
de secuestro, tortura y desaparición de personas comparable solamente con la
barbarie instrumentada por la Alemania nazi, decenas de miles de personas
fueron privadas ilegalmente de su libertad, torturadas y muertas como resultado
de la aplicación de procedimientos inspirados en la totalitaria e importada
doctrina de la seguridad nacional;
“Que
la desaparición de personas como política represiva a partir del asalto a las
instituciones acaecido el 24 de marzo de 1976 demuestra el grado de
criminalidad con que actuaron las fuerzas militares que usurparon el poder una
vez obtenido el control absoluto de la organización estatal. De este horrendo
esquema represivo formó parte Muiña, lo que no se puede soslayar, como tampoco
podemos olvidar a los compañeros que sufrieron cruentos padecimientos de la
dictadura;
“Que
el fallo de la Corte Suprema nacional atenta contra los principios que
sostienen las bases de la República y el Estado de derecho de las víctimas
(artículo 8, punto 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
artículo 14, punto 1, del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos). De igual modo se aparta de la
propia doctrina judicial de la Corte (casos Arancibia Clavel, Enrique; Simón,
Julio Héctor y Mazzeo, entre otros);
“Que lo resuelto por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación resulta a todas luces repudiable, porque en los hechos
consagra la impunidad sobre la justicia, frente a lo cual las instituciones de
la democracia están llamadas a continuar enarbolando las banderas de la
memoria, la verdad y la justicia en resguardo de la vigencia irrestricta de los
derechos humanos;
“Por
ello, y en uso de sus atribuciones, el Consejo Provincial del Partido
Justicialista distrito San Luis resuelve:
“Artículo
1°.- Expresar enérgico repudio a lo
resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fecha 3 de mayo de
2017 en los autos caratulados ‘Recurso…”, etcétera.
“Artículo
2°.- Instar a los poderes públicos,
en todos sus ámbitos, y a la dirigencia en su conjunto a sostener la vigencia
irrestricta de los derechos humanos.
“Artículo
3°.- Dar amplia difusión a la
presente declaración.”
Este
es el documento expedido por el partido Justicialista distrito San Luis, que
lleva la firma de todos sus consejeros y de su presidente, el doctor Adolfo
Rodríguez Saá.
Me
gustaría que sucedieran dos cosas. Primero, que pasemos rápidamente al
tratamiento del tema, no porque pretenda cercenar el uso de la palabra a los
diputados anotados –los que seguramente tendrán muchísimas cuestiones para
aportar‑, sino porque muchos están esperando ansiosamente que esta Cámara
se expida mediante un proyecto de ley lo más rápidamente posible.
En
segundo lugar, me gustaría ‑es un sueño‑ ver a todos los diputados
votando en forma unánime este proyecto consensuado de repudio al fallo de la
Corte y que mañana todos los diputados de esta Cámara podamos marchar en
primera fila a la Plaza de Mayo para acompañar a las Madres y a las Abuelas. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Señores diputados: todavía quedan anotados en la lista de
oradores dieciocho o diecinueve diputados, y se siguen agregando.
Si
cada uno de ellos hablara alrededor de diez minutos, la sesión se extendería
durante tres horas más. Dado que ya se han manifestado todos los bloques, es
conveniente que a partir de ahora ‑si la Cámara lo aprueba‑ se
cumpla estrictamente con los cinco minutos por orador, con lo cual tendríamos
una hora y media más de debate y luego estaríamos votando.
Esta
Presidencia no tiene inconveniente en que se siga debatiendo como lo venimos
haciendo, pero vamos a terminar muy tarde y, por lo que vengo escuchando, no sé
si ese es el espíritu de los señores diputados.
Sra.
Camaño.- Pido la palabra.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Camaño.- Señor presidente: nuestro bloque está de
acuerdo con su propuesta.
Sr.
Bossio.- Pido la palabra.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Bossio.- Nuestro bloque también está de acuerdo,
señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Entonces, se procederá en consecuencia. Gracias, señores
diputados.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Alonso.- Señor presidente: en primer lugar,
quiero decir que me parece acertada la decisión, porque este tema ya se ha
debatido con intensidad.
Aunque
probablemente quede fuera de contexto, quiero referirme a lo que dijo una
señora diputada del oficialismo con un alto perfil mediático y con una impronta
autorreferencial muy fuerte. En dos ocasiones manifestó que el peronismo no
tiene compromiso democrático. Quiero recordarle que el peronismo fue víctima de
golpes de Estado y de proscripciones y que los peronistas fuimos víctimas de
persecuciones, y muchos de ellos fueron encarcelados y hasta desaparecidos.
Aquí
con toda justeza se reivindicó al doctor Alfonsín, y quiero sumarme a ese
reconocimiento, porque en un contexto totalmente diferente al presente se
comprometió con los derechos humanos. Pero déjeme decirle también, señor
presidente, que en el año 1978, cuando la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos visitó la Argentina, el partido Justicialista, con la firma del doctor
Bittel y del compañero Herminio Iglesias, denunció lo que estaba ocurriendo en
la Argentina con respecto a las desapariciones.
También
quiero destacar que cuando al señor Pérez Esquivel se lo honró con el Premio Nobel
de la Paz por defender los derechos humanos, a las 24 horas de haber regresado
a la Argentina visitó la CGT Brasil, presidida por el compañero Ubaldini.
Hecha
esta introducción, déjenme decirles que este pronunciamiento de la mayoría de
la Corte es una afrenta para los desaparecidos. Pero es también un agravio para
la lucha del pueblo argentino por recuperar la democracia. Y es una afrenta a
la política de Estado para ubicar los derechos humanos en un umbral muy
elevado.
¿Por
qué esta reacción de la mayoría del pueblo argentino frente a esta decisión
política de la mayoría de la Corte Suprema? Porque la política de derechos
humanos del Estado argentino es consecuencia de la lucha de las madres, de las
organizaciones populares, de los sindicatos, de los partidos políticos y de las
instituciones de la República.
Con
esto quiero decir que los derechos humanos en la Argentina ya no son patrimonio
de una facción; son patrimonio del pueblo argentino. A mí me convoca a la plaza
mañana el pueblo y mi conciencia; no me convoca un sector en particular.
Ya
que acá algunos han privilegiado el análisis legal o jurídico con respecto a
este pronunciamiento, y queremos acordar un proyecto de ley para que no se
cometan estos desaguisados en el máximo tribunal del país, también quiero
recordarles que si la Corte no actuó de conformidad a derecho y a lo que indica
la Constitución, hay un mecanismo, que es el juicio político, que tal vez
deberíamos considerar.
Finalmente,
quiero decir que cuando se quiere encapsular este debate exclusivamente en lo
legal para que puedan participar solo los abogados, es porque se persigue un
propósito inconfesable. Yo no estoy acá para interpretar el pronunciamiento de
uno u otro ministro de la Corte; yo estoy acá para ratificar una política de
Estado en materia de derechos humanos y para respaldar el pronunciamiento
mayoritario de la sociedad argentina en contra de esta decisión.
Se
pronunció la mayoría de la Corte en una dirección; la mayoría de otro poder del
Estado se está pronunciando en otra dirección; hay un poder del Estado que no
habló, y lo dijeron muy bien diputados preopinantes: que hable un funcionario
del Poder Ejecutivo no indica que hable el presidente de la Nación. Es una voz
ausente, y esta política de Estado que conquistó el pueblo argentino merece ser
refrendada por el Poder Ejecutivo nacional, si realmente queremos homenajear la
verdad y la justicia. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.
Sr.
Olivares.- Señor presidente: sin duda este es un
tema muy sensible para toda la sociedad de nuestro país. Creo que el tema de
los derechos humanos no es propiedad de un sector, de un partido, ni de nadie,
sino de todos los argentinos, que queremos cicatrizar esa herida tan profunda
que se ha producido en muchos, con más de 30.000 desaparecidos, con vejámenes
de una dictadura sangrienta, que le ha hecho mucho daño a la sociedad en su
conjunto.
Creo
que este fallo dividido de la Corte Suprema, con tres miembros votando por la
aplicación del dos por uno ‑una ley derogada por este Congreso Nacional‑
y otros dos jueces fallando en contra, no hace más que volver a abrir esa
herida que los argentinos queremos cicatrizar.
A
este Congreso de la Nación venimos representantes de todas las provincias del
país, que sin duda andamos por cada uno de los pueblos, por las calles de
nuestras ciudades, y queremos hacerlo con la frente bien alta, recordando a
nuestros desaparecidos. En mi provincia hay treinta y tres. Puedo nombrar a
algunos, y espero que no se ofendan aquellos que no menciono: Angelelli, los
curas Carlos y Gabriel, Wenseslao Pedernera, los hermanos Olmedo, los
familiares de Menna Lanzillotto, nieto recuperado hace poco tiempo, un orgullo
para aquellas abuelas que pertenecen a mi provincia.
Al
recordar a los treinta y tres riojanos desaparecidos no puedo olvidarme de
alguien muy reciente, como Agapito Ledo. Hoy está preso César Milani,
cumpliendo una condena. Queremos que lo haga en las cárceles de nuestro país,
como cualquier ciudadano, sin privilegios. (Aplausos.)
Estos
genocidas, que han causado daño a nuestro pueblo, merecen la mayor de las
condenas y el repudio de toda la sociedad argentina.
- Ocupa la Presidencia la señora
vicepresidenta 2a de la Honorable Cámara, profesora Patricia Viviana
Giménez.
Sr.
Olivares.- Respetando el pedido de brevedad para
este debate, que sin dudas es muy caro a los sentimientos de los argentinos,
quiero decir que vamos por más memoria, verdad y justicia. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora diputada por Corrientes.
Sra.
Ferreyra.- Señora presidenta: pese al cansancio,
sobre todo de las madres y los familiares que nos acompañan, quiero destacar la
trascendencia de este debate. Esta norma será sometida al “test de
constitucionalidad”, como en su momento lo fue la declaración de nulidad de las
leyes de obediencia debida y de punto final. La interpretación y finalidad que
nosotros demos al texto que se ha consensuado será determinante al momento de
ser puesto en práctica por los jueces.
Por
ello creo que si aguantamos treinta o cuarenta años, bien podemos hacerlo una
hora más, en lugar de dejar algún resquicio por falta de debate y cansancio.
No
es la primera vez que el Poder Judicial comete barbaridades semejantes. Como
bien dijo la diputada Donda Pérez, allá en los albores de 1930, los golpes de
Estado se convalidaron con fallos similares. Muchas veces los jueces se ponen
creativos, como lo hicieron en ese momento para convalidar la ruptura del orden
democrático y garantizar a los genocidas y dictadores no solo impunidad, sino
continuidad de los actos jurídicos.
La
Constitución de 1949 desapareció a través de un decreto. Se inventó la figura
del decreto-ley, que no existía en la Constitución de 1853 ni en la actualmente
vigente. No contentos con eso, para garantizar que queden vigentes los actos de
las dictaduras, inventaron la teoría de la continuidad de la personalidad
jurídica del Estado.
Siempre
son muy creativos; no es nada nuevo. La diferencia es que estos problemas de la
democracia, en este momento, los vamos a resolver con más democracia. Por eso
el Congreso se expedirá en un sentido que ponga límites a lo que fue no solo
una claudicación ética de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que
también roza la traición a la patria.
Se
están brindando explicaciones, y estamos discutiendo si la “benignidad” es
ultraactiva o no, junto con la diferencia entre delitos ordinarios y de lesa
humanidad. No me voy a detener en esos argumentos, que fueron sostenidos con
claridad por muchos de mis pares. Pero el fallo no se refiere solamente a eso y
es vergonzoso. No solo hay que hacer juicio político y continuar con el proceso
penal que hoy se ha iniciado por prevaricato, sino que hay que mandarlos
nuevamente al primer año de la facultad, porque esto ni siquiera cumple con los
mínimos estándares para ser una sentencia válida.
Actuaron
en prevaricato de la ley porque mientras estamos discutiendo los alcances de la
ley 24.390, esa norma –y lo sabía el Tribunal- no podía hacer diferencia entre
el delito ordinario y el de lesa humanidad, porque en el momento de su sanción
estaban vigentes las leyes de obediencia debida y de punto final.
Por
lo tanto, la solución legislativa de esa época no podía considerar los delitos
de lesa humanidad porque todos estaban fuera del alcance de los tribunales.
Había que abrir juicios por la verdad: hay que acordarse de esto. Esa es la
primera mentira al pretender obviar esa situación.
La
segunda mentira es cuando se habla del artículo 2° del Código Penal. Ya estaba
vigente en la Constitución Nacional el artículo 36, que es la cláusula
antiimpunidad, que justamente se levanta para poner un freno a todos los
alzamientos antidemocráticos originados por estos genocidas.
Esa
cláusula de la Constitución Nacional reputa de nulidad absoluta intentos de
conmutar penas, además de la amnistía y el indulto. Es decir, no solo en la
normativa supralegal convencional -a la que estamos obligados-, sino también en
el orden jurídico interno tenían herramientas suficientes y en exceso de estas
dos leyes con las que nos quieren entretener.
También
estaba vigente -es una ley posterior, y todos sabemos que la ley posterior
deroga la anterior, así como la ley especial deroga la general- la ley 27.156,
que aquí se ha mencionado. Esa ley, también reputa con nulidad absoluta toda
posibilidad de conmutar penas, como hizo el Poder Judicial.
Este
Poder Judicial, a su vez, destrozó la división de poderes, porque así como
nosotros no podemos revivir procesos judiciales fenecidos, ellos tampoco podían
revivir leyes derogadas, y estas normas que estoy citando son el antecedente.
Por eso decimos que fue un fallo en el que se cometió el delito de prevaricato,
porque actuaron en contra del mandato de la Constitución y de las leyes
vigentes desde 2015.
Algunos
piensan que estos fallos estuvieron motivados por la devolución de favores al
poder económico, entre ellos, el grupo Macri. Otros dicen que acá hubo una
intención de conseguir el voto de la familia militar.
La
verdad que eso tendríamos que discutirlo cuando estemos analizando el juicio
político. Lo real y cierto es que la doctora Highton de Nolasco ha declarado lo
contrario en otros casos exactamente iguales, y permítanme leer una parte de la
causa Simón, donde se analizó la constitucionalidad de la ley que declaró la
nulidad de la obediencia debida y el punto final.
En
dicha causa la doctora Highton de Nolasco decía que “era imperativo impedir por
tanto que pueda invocarse la ultraactividad de la ley penal más benigna”. Hoy
viene a sostener exactamente lo contrario, y es ahí donde yo digo que hay
prevaricato y cohecho, porque fue beneficiada con una falta de apelación que la
dejó sentada en la Corte Suprema, pese a haber cumplido y violado el límite que
la propia Constitución establecía. El caso de Fayt no aplicaba en su situación,
porque ella juró por esta Constitución con esa limitación.
Este
fallo no nos equipara al punto final, aunque sea un intento de tener efectos
similares, porque en aquella época de la democracia incipiente, de la
obediencia debida y del punto final, había alzamientos militares que, con las
armas, venían a exigir al Congreso y a los poderes democráticos la amnistía
para que no continúen las causas.
En
este momento no existe ninguno de esos condicionantes y por eso digo que hay
una animosidad dolosa. Nosotros vamos a tener que determinar por qué se
conformó esa mayoría para lograr este fallo.
La
diputada Austin hablaba de la interpretación armónica de la ley. ¿Saben qué
dice el fallo del doctor Rosatti? Que en la Argentina la interpretación debe
hacerse según el texto literal de la ley.
Se
olvida de que el artículo 2° del Código Civil y Comercial de la Nación habla no
solo de la literalidad de la ley, sino también de la finalidad ‑por eso
digo que es tan importante este debate‑ y de los tratados de derechos
humanos. Hay que hacer una interpretación armónica con la Constitución. Por eso
no podían elegir entre dos normas para discutir –el artículo 2° del Código
Civil y Comercial o la ley 24.390‑ sin considerar estas otras normas que
integran el orden jurídico argentino y que, encima, están vigentes, porque no
fueron derogadas.
Como
tengo muchas cosas para decir, voy a pedir permiso a la Presidencia para insertar
mi discurso en el Diario de Sesiones. No obstante, quiero dejar sentado que
esta morigeración de penas estaba prohibida por la ley y que esta respuesta que
hoy va a dar el Congreso de la Nación tiene que servir para que los nuevos
fallos, los nuevos precedentes, los fiscales y hasta los defensores oficiales
tengan en cuenta cuál es la voluntad mayoritaria del pueblo argentino.
Esta
es la casa de la democracia. De los tres poderes, este es el cuerpo colegiado
que mejor representa el espíritu de los soberanos. Si no fuera así, tendríamos
una crisis democrática cuyas consecuencias serían impensables en el tiempo.
Por
ejemplo, ante las barbaridades que se dicen, como la de que los delitos son
permanentes, pasan dos cosas. En primer lugar, aquí hay represores que no
fueron condenados por la comisión de delitos de carácter permanente. De hecho,
el propio Muiña fue condenado por cinco casos de privación ilegítima de la
libertad y uno solo por la desaparición forzada de personas. Si Muiña, en un
acto de arrepentimiento –o cualquiera de los represores‑ nos dijera dónde
están los restos de nuestros desaparecidos, quedan automáticamente excluidos de
este beneficio del dos por uno. Es una barbaridad porque en lugar de convocar a
la pacificación y a preconizar que se diga la verdad, este fallo de la Corte
preconiza que se mantengan los pactos de silencio. Esto es un escándalo.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Señora diputada, habíamos acordado un tiempo de cinco minutos
para cada exposición.
Sra.
Ferreyra.- Pido disculpas, pero lo que sucede es
que este tipo de cosas no son menores y no es lo mismo la inserción del
discurso en el Diario de Sesiones que la versión taquigráfica. Pido disculpas a
la Presidencia y a cada uno de mis pares presentes, pero son temas demasiado
trascendentes.
Más
allá del carácter permanente de los delitos, hay otro tema que no toma la Corte
respecto de la permanencia en el tiempo del delito de desaparición forzada de
personas, que tiene que ver con la voluntad de quien ha cometido ese crimen. Si
se le niega la posibilidad de hablar, porque va a perder el beneficio del dos
por uno, es un escándalo. Por eso hice referencia a la traición a la patria.
Aquí
se está queriendo obstruir el avance de los procesos y de los nuevos juicios
que se están llevando a cabo. Después de esto, ningún represor va a venir a
decirnos –tal como lo señaló la señora diputada Donda Pérez‑ que tiene
una lista. ¡Que nos digan dónde están nuestros desaparecidos! ¡Que nos digan
dónde están los menores apropiados que aún nos faltan! ¡Que nos digan cuáles
fueron las responsabilidades civiles y eclesiásticas!
No
hay reconciliación en este sentido y por eso seguimos hablando del Nunca Más. Esta no fue una guerra sucia,
sino terrorismo de Estado. Aquí hay que poner un punto final a este tipo de
maniobras para que el Nunca Más jamás
vuelva a ser afectado por fallos de esta naturaleza.
Como
siempre decimos, son 30.000 desaparecidos. Se ha expedido la Corte, se va a
expedir el Congreso y ahora tiene que expedirse el presidente de la Nación,
poniendo en claro el tema de los 30.000 desaparecidos y diciendo, sobre todo,
que este fallo de la Corte Suprema es de nulidad absoluta. Si no lo hace, vamos
a encontrarnos con la responsabilidad en la cabeza máxima. Es hora de que
dejemos de lado las tibiezas; es hora de que dejemos las entelequias. Está en
juego el destino de nuestra democracia.
Voy
a insertar en el Diario de Sesiones algunas cuestiones relacionadas con las
aberraciones que expresó la señora diputada Carrió. Ella fue funcionaria de la
dictadura; no va a venir a darnos cátedra de moral. A ella, que se hace
comentarista del dolor ajeno y se hace fiscal de la República, le digo que
aquí, en estas bancas, está sentada Josefina González, que fue torturada y
picaneada siendo una bebé; su abuela y su padre fueron desaparecidos y su madre
y sus tíos asesinados. Nosotros no vamos a dejar que la Corte, la señora
diputada Carrió o quien fuera nos haga retroceder al Nunca Más. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Tierra del Fuego.
Sr.
Martínez (O.A.).- Señora presidenta: la lucha por
los derechos del pueblo argentino, con avances y retrocesos, han sido una
constante a lo largo de toda la historia. En ese sentido, la lucha por los derechos
humanos no ha sido diferente.
Lamentablemente,
la dictadura cívico‑militar, apañada y avalada por patrones y
funcionarios que fueron a golpear las puertas de los cuarteles en el 76, ha
producido consecuencias desastrosas, con avances y retrocesos.
Es
cierto que hubo juicios a las juntas militares, pero también es cierto que hubo
leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. También es verdad que hubo
indultos. Después se vino a plantear la derogación de los indultos y de las
leyes de Obediencia Debida y de Punto Final para poder reabrir las causas y
empezar a enjuiciar, verdaderamente y como corresponde, a los genocidas, que no
son solo militares, sino también civiles que realizaron acuerdos y negociados
que, entre otras cosas, nos trajeron la fraudulenta deuda externa. De esas
personas hoy hay socios que ocupan distintos despachos de la Casa de Gobierno,
en el máximo poder.
Por
eso no es casual este fallo. Hemos tenido que escuchar, como si fuéramos
ignorantes, una clase de derecho de una fiscal de la dictadura, que con sus
argumentos vino a plantearnos la intención de defender a la Corte o a los
funcionarios.
Este
fallo de la Corte está sustentado en una política del gobierno y de los poderes
económicos y financieros de este país, que una vez más pretenden avanzar sobre
los derechos del pueblo y de los trabajadores. Una política de ajuste.
No
es casual que el 24 de marzo del año pasado haya venido a visitarnos el
presidente de una de las máximas potencias mundiales.
No
es casual que en reiteradas oportunidades el ingeniero que ocupa la Casa de
Gobierno se manifestara sobre los derechos humanos utilizando el término
“curro” o negociado.
No
es casual que una y otra vez negaran que los compañeros detenidos y
desaparecidos fueran 30.000. Eran, son y serán 30.000, y estarán siempre
presentes con nosotros en cada una de las acciones de nuestras vidas. (Aplausos.)
No
es casual que la señora fiscal recorriera los canales y cuanto medio le diera
lugar para ir a decir que había que liberar a esos viejitos pobrecitos que
están sufriendo la condena de haber torturado, haber hecho desaparecer
criaturas, violado compañeras y asesinado a miles de trabajadores, estudiantes,
científicos, abogados y funcionarios.
No
es casual que con un decreto de autoritarismo totalitario pretendieran borrar
de nuestra memoria el 24 de marzo.
No
es casual nada de lo que viene a ser la base de este fallo de la Corte Suprema,
porque estos jueces que con su voto pretenden liberar a los genocidas, fueron
nombrados por decreto por este Poder Ejecutivo y están respondiendo a los
mandatos del poder económico y político de este país.
No
es casual que varios funcionarios sigan manifestándose sobre los compañeros
detenidos y desaparecidos. Sabemos que, nuevamente con la complicidad de la
Iglesia, están intentando armar una base de reconciliación vaya a saber con qué
pretextos escondidos y oscuros en contra del pueblo, fundamentalmente de los
trabajadores. Pero hubo alguien que siempre demostró coherencia en todos estos
años de avances y retrocesos, y no fueron los gobernantes, los funcionarios ni
los diputados; fue el pueblo el que salió una y otra vez a la calle a
defenderse de todos los ataques. Como bandera estuvieron las Madres y las
Abuelas primero, y después los Hijos, que con su presencia se sumaron a la
lucha para dar continuidad a aquella búsqueda de una vida más digna, para tener
la posibilidad de contar con salud y educación.
El
de la Corte no es un fallo más, ni alcanza solamente con el repudio. Tampoco
compartimos el consenso que viene a lavar las culpas de algunos.
A
modo de ejemplo, mientras que el señor diputado Cabandié planteaba que el
gobierno, debilitado por el reclamo popular, no tiene otra alternativa que
recular en chancleta, pude observar la soberbia de un diputado de la bancada
oficialista, quien decía: “No vamos a recular”. Esas son las cosas que
realmente nos duelen a quienes nos corre sangre por las venas y que podemos
recordar que la lucha de nuestros compañeros y compañeras no fue en vano, que
no peleaban solamente por una cuestión ideológica, sino por el futuro de un
país que estaba amenazado por el totalitarismo. Esa lucha la reivindicamos acá
y en las plazas.
Por
eso es que no nos alcanza con un proyecto de consenso que venga a lavar culpas
o a hacerle el juego al gobierno porque según alguna encuesta está amenazado en
alguna instancia electoral. Necesitamos un compromiso y una responsabilidad
concreta.
No
sé si podremos llegar a votar un proyecto de ley esta noche, porque parece que
algunos están apurados. Como lo hemos hecho siempre, nosotros tenemos la
responsabilidad y el compromiso de estar mañana en cada una de las plazas, para
acompañar a las Madres, a los Hijos, a las Abuelas, pero sobre todo al pueblo,
que está dando una pelea concreta en contra del abuso y del autoritarismo de
este gobierno, que pretende manejarse solo por decretos. Justamente a partir de
un decreto ha nombrado a dos jueces que le están pagando los servicios con este
tipo de fallos.
Estamos
en contra de ese discurso mediático de “los abuelitos” que están sufriendo. Que
los abuelitos que están sufriendo se pudran en la cárcel por los delitos que
cometieron, por habernos desaparecido a los compañeros, por haberse robado a
los bebés, por haber violado a las compañeras y por haber asesinado a cientos y
miles de argentinos. (Aplausos.)
No
habrá paz ni reconciliación, no hay olvido ni perdón, y seguimos levantando las
mismas consignas. Les va a pasar como a los nazis: adonde vayan los iremos a
buscar. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Cabandié.- Señora presidenta: voy a ser breve,
porque en realidad hubo algo que no pude decir anteriormente.
Analizando
y viendo esta jornada de discusión, con posturas claras en relación con el
repudio a este fallo aberrante, desde el Frente para la Victoria, con el
acompañamiento de distintos bloques –voy a ser justo-, tanto la diputada
Argumedo como los diputados Alonso, Carlotto y Moyano -y sé que en el Frente de
Izquierda hay otro proyecto en el mismo sentido-, estamos presentando un pedido
de juicio político a los tres magistrados de la Corte Suprema, obviamente por
su accionar y mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
Entonces,
viendo que existe hoy un gran consenso en cuanto a repudiar este accionar, y
siendo realmente disparatado lo que sucedió en relación con el fallo de la
Corte, vamos a hacer un pedido a todos los miembros de este pleno, a los
diputados de la bancada oficialista, y sobre todo a los radicales
alfonsinistas, que mucho han hecho en este sentido –hago un reconocimiento al
doctor Raúl Alfonsín-, a todos aquellos que abrazan esa idea del alfonsinismo,
el Nunca Más del año 1985 y del
juicio a las Juntas, que también tienen un acento muy fuerte en relación con
estos temas.
En
este sentido, cuando termine el tratamiento de este tema pediré que votemos
sobre tablas que se trate ese proyecto de ley, que ya tiene número de
presentación en Mesa de Entradas, como creo que también lo tiene el del Frente
de Izquierda. (Aplausos.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Alfonsín.- Señora presidenta: no voy a decir nada
que ya no haya señalado en estos días en los diferentes medios de comunicación.
Creo que hemos experimentado un retroceso importante en materia
jurisprudencial, principalmente en lo que tiene que ver con los criterios y
valores en función de los cuales analizábamos lo que había ocurrido durante la
última dictadura militar, que fue la más sangrienta de la historia argentina.
Creo
que el voto de la mayoría de la Corte carece de una lectura del conjunto de
normas que componen el derecho positivo y el derecho internacional. Incluso, no
han tenido en cuenta la doctrina ni la jurisprudencia internacional.
Aclaro
que en esta materia ningún país cuenta con jurisprudencia nacional. ¿Saben por
qué? Porque la Argentina fue la única Nación que juzgó a los militares que
habían gobernado durante la dictadura; este es el único país del planeta en el
que eso ocurrió. (Aplausos.)
Lo
pudimos hacer porque hubo un pueblo; lo digo sin falsa modestia: eso no fue
gracias a un gobierno y, mucho menos, a un presidente; fue posible gracias a un
pueblo y sus fuerzas políticas que se atrevieron a hacer lo que no había
ocurrido en ningún lugar del mundo en ningún momento de la historia, es decir,
llevar al banquillo de los acusados a quienes nos habían gobernado hasta hacía
24 horas; a quienes todavía estaban en los cuarteles y no querían que los
juzgáramos, en definitiva, a quienes nos habían secuestrado, matado, torturado
y desaparecido. Fuimos un ejemplo para el mundo.
A
través de mi padre tuve la suerte de conocer a muchos políticos en los años 80
y 90. Eran intelectuales, no solo de nuestro país, sino también de América
Latina y de Europa. Les aseguro –no exagero- que ellos observaban con
admiración lo que había ocurrido en la Argentina. Admiraban el coraje del
pueblo, que fue capaz de hacer lo que no había ocurrido en ningún otro lugar
del mundo sin más arma que las propias convicciones democráticas. Reitero:
había admiración en el mundo por lo que el pueblo argentino había sido capaz de
impulsar.
Creo
que lo que ocurrió en aquella transición –me refiero básicamente al juicio a las
Juntas- fue lo que más consolidó la democracia, pero también lo que más la puso
en riesgo. Sin duda también fue el factor que más influyó para introducir en la
cultura argentina valores fundamentales vinculados con la democracia y la
defensa de los derechos humanos.
Con
el juicio a las Juntas comprendimos como sociedad que no hay nada más
intrínsecamente perverso, cruel y brutal que una dictadura.
No
hay cambio de clima ni de época. ¿De dónde sacaron semejante cosa? ¿Quién piensa
que se han modificado valores que en aquellos tiempos se arraigaron en la
cultura argentina? ¿Sinceramente alguien ha observado algo que podría ser
interpretado como un cambio en la disposición o actitud que la sociedad tenía
frente a este tema? ¿Acaso existía una disposición de la sociedad a cambiar la
política y la valoración que se había hecho desde 1983 a la fecha respecto del
terrorismo de Estado? Esto no lo noté en ningún lado, lo que me alegra.
Cuando
les contaba que el mundo admiraba al pueblo argentino, como estaba seguro de
que esa noticia del fallo de la Corte Suprema de Justicia iba a trascender, me
preocupaba que se creyera que había cambiado algo en la sociedad argentina. En
otras palabras, que se pensara que los argentinos, que habían sido muy
corajudos y capaces de hacer, frente a un poder militar intacto, lo que había
que hacer para que se conociera lo que se había hecho desde el Estado con los
derechos humanos, ahora han cambiado, se han puesto más tolerantes y han
relativizado lo que ocurrió en aquellos años.
Me
avergonzaba y apenaba que en el mundo pensaran, después de que trascendieran
estas noticias, que se había producido este cambio en la sociedad argentina.
Por
eso me alegra tanto la reacción que hubo en nuestra sociedad, que en su
totalidad manifestó que está intacta en la cultura nacional la defensa de
valores fundamentales a la hora de organizar la sociedad democrática. (Aplausos.)
En
primer término, debo decir que este fallo constituye un retroceso y que en mi
opinión está mal fundado desde el punto de vista jurídico, ya que no se ajusta
a la doctrina, la jurisprudencia y los tratados internacionales, como así
tampoco a la jurisprudencia nacional.
Además,
tenemos que recordar que este tipo de delitos no son los que fueron previstos
en la ley del dos por uno. Ello es así porque los delitos que estamos juzgando
en este caso eran no justiciables por la ley de Obediencia Debida.
De
manera tal que cuando el legislador sancionó aquella ley, no lo hizo pensando
en esos delitos, que tenían que ver con el terrorismo de Estado. Además, toda
la doctrina sostiene que los delitos de lesa humanidad no son susceptibles de
la aplicación de leyes como esa.
Tengo
que decir algo porque lo he afirmado y no sería noble y leal de mi parte si no
lo hiciera también aquí, en el interbloque Cambiemos. Para mí no es fácil
señalar diferencias, como no lo ha sido en muchos casos. Señalo esto a pesar de
que este fue el compromiso que asumió mi partido cuando se celebró el acuerdo
para crear Cambiemos.
Concretamente,
quiero decir que no somos fuerzas iguales, sino fuerzas que pensamos distinto,
por lo que puede haber diferencias, pero no debe haber miedo a que ellas se
manifiesten.
Entonces,
sinceramente quiero decir que no creo que haya habido interferencias, lo que
hubiera sido gravísimo. Sé que se han dado una serie de hechos que podrían
hacer suponer que existe alguna complacencia con este fallo en una parte del
Poder Ejecutivo. Sin embargo, sinceramente, no creo que haya habido ninguna
interferencia.
Ello
es así por dos razones. En primer término, porque no creo que el presidente de
la Nación se atreva a interferir en la Corte Suprema de Justicia. En segundo
lugar, porque no creo que esos tres miembros de dicho tribunal sean
influenciables. Puedo estar equivocado, pero honestamente eso es lo que creo.
No soy de los que tienen de inmediato la tentación de pensar lo peor.
De
todos modos, si con el tiempo me demostraran que hubo una interferencia, pueden
estar seguros de que voy a estar entre los primeros en salir a denunciarla.
Dicho esto,
estoy seguro de que no hay una interferencia. ¿Por qué razón se monta un discurso de esta naturaleza si no es porque se han dicho algunas
cosas que no fueron las más adecuadas en este tema?
Yo no puedo dejar de decirlo porque lo
he manifestado en los medios. ¿Cómo fue que el día 9 de julio, el día que
recordamos la independencia de la República Argentina, pudieron desfilar
miembros de los carapintadas? ¿Qué pueden decir los chicos que en las escuelas
aprenden que los carapintadas se alzaron contra el gobierno democrático en la
transición y después los ven en directo por televisión desfilar el 9 de julio?
Lo mismo sucedió con los del Operativo Independencia, que desfilaron en Tucumán,
que estaban siendo juzgados por delitos de lesa humanidad. (Aplausos.)
El ministro es de mi partido, y aclaro
que no tenía ninguna responsabilidad, pero ha pasado mucho tiempo y ya
deberíamos saber por qué se produjo esa presencia allí.
¿Qué necesidad de empezar a discutir,
casi como pretendiendo relativizar lo ocurrido, y atribuir intenciones espurias
a la cuestión del número de desaparecidos que el conjunto de la sociedad
argentina cree que existió? ¿Cómo no voy a decir nada a mi partido? ¿Qué lealtad
tendría si acá mismo no lo dijera? ¿Cómo puede discutirse lo del 24 de marzo?
¿Qué creían que iba a pensar la sociedad? ¿Que había un intento relativizador?
Yo no creo que esa haya sido la intención, pero también digo con absoluta
honestidad que las distintas fuerzas que integran Cambiemos tenemos una mirada
diferente en muchas cosas. Y en este tema la Unión Cívica Radical tiene una
mirada distinta a la que tienen muchos miembros –no todos- de otros partidos
que integran Cambiemos. (Aplausos.)
- Ocupa la Presidencia
el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sr. Alfonsín.- Voy a decir algo que ha pasado desapercibido y
revela la distinta concepción que existe. Lo que voy a contar tiene en
principio una mirada bastante obvia, pero si lo analizamos en detalle
comprenderemos que el significado es más profundo. Yo no puedo callarme las
cosas, aunque muchas veces los políticos nos tenemos que callar porque estamos
muy constreñidos por un montón de cuestiones; no digo mentir, sino callarnos las
cosas.
Pero este es un tema en el que debemos
estar todos juntos, y por eso no hay que querer sacar ventaja con esto ni
aprovecharlo para echarnos culpas entre nosotros, porque eso no nos une, y en
este punto debemos estar unidos.
Hace poco escuché un reportaje
bastante frívolo, por cierto. Tal vez esto no lo debería decir, pero me enojó
mucho. Fue un reportaje al ministro de Cultura y no se le dio demasiada
importancia. Hablando de las ventajas, del hándicap que tenían las generaciones
actuales, las que habían nacido después de la dictadura, las generaciones de la
democracia, decía que tenían la ventaja de no cargar con la mochila de la
dictadura.
¿Nos damos cuenta de lo que eso
significa? Imagínense ustedes que un dirigente de la comunidad judía dijera en
un acto de la comunidad que las generaciones actuales no tienen que cargar con
la mochila del Holocausto. ¡Con esa mochila cargamos todos, porque fue un
agravio a la humanidad! (Aplausos.)
Ya
finalizo mi exposición, señor presidente, no me mire con cara de enojado.
¿Saben
por qué hay que recordar? Por justicia. Porque sería un acto más de injusticia
olvidarnos de lo que pasó. Sería someter a una injusticia más a los que ya
sufrieron la terrible injusticia ‑una de las peores‑ del terrorismo
de Estado.
Por
otro lado, tenemos que conocer de qué es capaz la condición humana. ¿Acaso
creen que fue un hecho excepcional en la historia? ¿Qué es capaz de hacer el
hombre en determinados contextos? No es una mochila que no puede volver a
repetirse en la Argentina o en el mundo. Entonces, tenemos que estar muy
alertas. Si advertimos de qué somos capaces, a partir de la comprensión de la
condición humana, podremos entender en qué contexto pueden expresarse esos
aspectos. ¡Gracias a Dios que la sociedad está alerta!
No
hay transformación posible, ni buena ni mala, que pueda hacer la política si no
hay una mayoría social dispuesta a acompañarla, y esto no va a ser acompañado
por la mayoría de los argentinos. (Aplausos
prolongados. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.
Sra.
Martínez (S.A.).- Señor presidente: es difícil
hablar después de estas palabras tan elocuentes; sin embargo el hecho de que me
haya mencionado me obliga a hacerlo.
Quiero
expresar que en este caso en particular creo que la opinión del Poder Ejecutivo
ha sido firme. El jefe de Gabinete manifestó que el gobierno considera que el
“2x1” es un símbolo de impunidad en la Argentina. Es un mecanismo que hace que
se consagre la impunidad, y peor si se aplica a crímenes de lesa humanidad.
Pienso que esa expresión ha sido importante.
Es
fundamental, para seguir la línea que la historia nos marca como partido, hacer
algunas referencias por más que aquí ya hayan sido planteadas.
Debemos
expresar muy fuertemente nuestro repudio al reciente fallo de la Corte que
dispone este cómputo del “2 X 1” al torturador Luis Muiña. Se trata de una
decisión que desconoce totalmente el consenso social argentino en torno a la
persecución, el juicio y el castigo por los crímenes de lesa humanidad. Estos
delitos no son cualquier delito, son graves y constituyen atroces violaciones a
los derechos más básicos y elementales, aquellos que nos pertenecen por el solo
hecho de ser personas.
Hay
que decir que la ley del “2 x 1” fue sancionada mucho después de cometidos los
delitos por los que Muiña fue condenado y que se derogó antes de que fuera
juzgado. Muiña no estuvo detenido durante su vigencia.
Es
una locura pensar que se sancionó para beneficiar a los genocidas, ya que en
esa época Menem acababa de decretar los vergonzosos indultos.
Hablamos
de una ley que fracasó, de una ley que se opone a la lucha contra la impunidad
que llevamos adelante los argentinos y cuya aplicación está fuera de todo
contexto. Solo mediante un artilugio o un tecnicismo jurídico puede estirarse
el principio de la ley más benigna para dar esta interpretación totalmente
forzada y contraria a cualquier estándar de razonabilidad.
Se
repite el grave error en que se incurrió en 2013 con el caso “Simón”, que es
muy semejante al que nos ocupa. Sin lugar a dudas, este fallo es políticamente
inaceptable y jurídicamente irrazonable. Había innumerables argumentos para
fallar en forma absolutamente contraria.
Pertenezco
a un partido, la Unión Cívica Radical, que levantó las banderas contra la
impunidad cuando muchos –por no decir la mayoría‑ prefirieron guardar un
silencio cómplice y aceptar la autoamnistía. Lo mismo ocurrió cuando se dictó
el fallo sobre el caso “Simón” y cuando se promovió al general César Milani.
Esa fue otra de las claudicaciones históricas.
Es
el partido de Raúl Alfonsín y el juicio a las juntas lo que llevamos en nuestro
ADN quienes pertenecemos a la Unión Cívica Radical. Por eso no podemos
callarnos ante una decisión que al final de cuentas resulta una conmutación de
pena encubierta. Este fallo desconoce absolutamente no solo la dimensión
histórica de la cuestión sino también la valoración social de los terribles
crímenes de lesa humanidad que los argentinos no olvidamos ni perdonamos.
Creo
que el consenso al que hemos llegado hoy tiene que ver también con el homenaje
a un fiscal que en su informe final dijo: “Señores jueces, nunca más.” Este es
un homenaje válido para esa decisión, para esos tiempos históricos. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.
Sr.
Díaz Roig.- Señor presidente: en primer lugar,
quiero aclarar desde dónde hablamos. Hoy se habló prácticamente de todo; en
algún momento, hasta de filosofía jurídica y política.
Tuve
la suerte de tener un gran maestro, que fue mencionado tangencialmente solo por
un señor diputado: el doctor Carlos Cossio. Creador de la teoría egológica del
derecho, sostenía que éste tenía nada más que tres vértices: la norma, los
hechos y los valores. Es desde ese ángulo y desde la doctrina peronista que
quiero encarar, amén de todo lo que se ha dicho –a lo que adhiero‑, la
cuestión que estamos considerando.
A
mi entender, resulta meridianamente claro que nos encontramos no solo ante un
acto nulo del Poder Judicial sino también ante un acto jurídico inexistente. Un
fallo que ignora la supremacía de la Constitución Nacional y de los tratados
internacionales incorporados en su texto en 1994, los antecedentes
jurisprudenciales nacionales e internacionales y las leyes vigentes, y pretende
valerse de una norma absoluta y lógicamente inaplicable por las razones aquí
mencionadas, es el típico caso de lo que se ha dado en llamar “acto jurídico
inexistente”. Es un acto jurídico que no tiene ningún apoyo, ni en las normas
vigentes ni en los hechos ni en los valores con los cuales debiéramos juzgarlo.
Estos delitos de lesa humanidad, que no son prescriptibles y que no pueden ser
indultados ni amnistiados, menos aún pueden estar sujetos a una reducción en la
pena.
Así
como hoy hemos debatido este tema y hemos sido muy claros, creo que hay algunos
otros que deberíamos tratar de la misma manera en esta Cámara de Diputados. No
es ajena a todo lo que estamos hablando la problemática de la denuncia de
Alejandro Olmos: las cuestiones de lesa humanidad que integran, sobre todo, los
delitos de la deuda externa y los restantes delitos económicos que han
condenado a nuestro pueblo a un fracaso o a una limitación tremenda de sus
posibilidades.
Entre
ellas, no es ajeno lo que ocurrió en 1982. Cuando en 1982 se pierde la guerra
de Malvinas, los militares resuelven llamar a elecciones. Entonces, llaman a un
grupo de veinte o treinta empresarios de primer nivel ‑entre los cuales
obviamente estaba la familia de nuestro actual presidente, que inició la
dictadura teniendo cinco empresas y terminó con cincuenta y siete‑ y les
plantean lo siguiente: “Miren, tenemos que entregar el poder, así que hagamos
un último negocio”. Es así como el Estado argentino se hace cargo de la deuda
privada de esas veinte o treinta grandes empresas argentinas, que era de 20.000
millones de dólares. De modo que nuestra deuda de 20.000 millones de dólares
pasó a ser de 40.000 millones de dólares, que en ese momento equivalía al
ciento por ciento del producto bruto de la Argentina.
Desde
allí podemos tomar la problemática que nos trae hasta hoy, y desde allí los
civiles de aquel golpe cívico militar –porque fue una dictadura cívico militar‑
están impunes. Allí nació el posteriormente llamado “círculo rojo”. Busquen
esos veinte o treinta nombres; ese es el llamado “círculo rojo”.
El
otro tema sobre el que deberíamos debatir en esta Cámara como lo hicimos hoy,
diciendo lo que pensamos sin que nadie se sienta agraviado –porque nadie es
dueño de la verdad‑, es el del Poder Judicial. Realmente estoy muy
preocupado por el Poder Judicial argentino. Es muy difícil que un árbol que
nace mal dé buenos frutos. Estamos hablando de un Poder Judicial que no respeta
la Constitución sino que la viola permanentemente, con jueces que no pagan
impuestos y que gozan de un régimen previsional excepcional ‑porque
tienen coronita‑, con jueces que no respetan la edad a la cual deben
retirarse y, por último, con dos jueces que han aceptado ser nombrados por
decreto. Personalmente, creo que se tienen que ir.
Es
indudable que sobre el Poder Judicial debemos hacer un debate maduro que no sea
objeto de una coyuntura electoral y sin echarnos culpas. Los argentinos
necesitamos un Poder Judicial en el cual creer. Necesitamos jueces probos que
no solo tengan la garantía de la independencia del poder político de turno sino
la independencia del poder económico y de los poderes mediáticos. Creo que ese
es un debate que nos debemos.
Hoy
aquí se mencionó a Ulpiano, que citaba tres principios: “suum cuique tribuere”, que significa “dar a cada uno lo suyo”; “honeste vivere”, que quiere decir “vivir
honestamente”, y “alterum non laedere”,
que significa “no dañar a otro”. Con respecto a este último, ahora la política
económica está dañando a millones de argentinos.
Antes
de terminar quiero adherir a los homenajes a Raúl Alfonsín, por quien siempre
he tenido un gran respeto. Hoy particularmente he sentido una gran
satisfacción, ya que por primera vez escuché a un diputado ‑creo que fue
el señor diputado Echegaray‑ citar en este recinto a Sergio Karakachoff y
a “Mingo” Teruggi, a quienes he mencionado tres veces en mis doce años de
diputado nacional, tal como figura en los Diarios de Sesiones.
El
día de la Noche de los Bastones Largos me tocó ir a la Catedral de La Plata,
invitado por “Mingo” Teruggi, que había estudiado conmigo. Ahí aprendí por
primera vez lo que era correr y recibir un par de “lonjazos” por el lomo. Después,
entre los grupos que habíamos organizado aquello, hicimos una declaración de
prensa y les puedo decir hasta en qué lugar: avenida 53, número 772, segundo
piso, departamento “I”. El único periodista que pudimos conseguir era de Primera Plana. Si pueden ir a consultar
los archivos de Primera Plana de dos
o tres días después del “Cordobazo”, verán la entrevista que nos hicieron a los
grupos juveniles de La Plata, sin nombres, obviamente.
Así
que me voy muy reconfortado por el recuerdo de Sergio y del “Colorado”
Karakachoff, porque ellos hicieron la decencia de mi bautismo en la militancia
política en las calles.
Ni
hablar de Raúl Alfonsín. Permítaseme una picardía, sin querer empañar esta
sesión, pero siento el imperativo. Hay que honrar todo de Alfonsín y escuchar
esos dos o tres comentarios que hizo, que están grabados, sobre Clarín, sobre la ambulancia que pasaba
por cada comité radical a recoger los heridos, sobre cuál debería ser el límite
de la Unión Cívica Radical y qué persona era ese límite. O en todo caso que lo
debatamos, porque nadie quiere ser el dueño de la verdad.
Quiero
señalar algo que también lo siento de corazón. Yo no hablo en nombre de nadie
sino en el mío solamente. Nosotros realmente queremos la unidad nacional, y
creemos que solo se puede lograr si hay un proyecto común; es muy difícil si
hay dos proyectos totalmente enfrentados. Tenemos que hacer el esfuerzo, como
lo estamos haciendo esta noche.
Quiero
que ustedes sepan que a nosotros en este tema –por lo menos a mí- nos anima un
profundo sentimiento real. Nosotros queremos dar vuelta la página, pero estamos
convencidos de que la única forma de dar vuelta la página de la historia es
cuando termine el último de los juicios, cuando recuperemos al último de los
nietos, cuando encontremos el último de los cadáveres que se pueda hallar. Allí
sí vamos a poder dar vuelta la página y caminar hacia la unidad de los
argentinos. Eso es lo que nosotros sentimos, pero no por venganza sino por un
profundo amor y respeto a todas las partes.
Quiero
terminar citando a los griegos, porque en una forma muy parecida a lo que pasó
hoy, ellos cultivaban la erística, que era el arte de debatir con argumentos y
finalmente los aplausos medían quién de los dos contendientes era el ganador.
Hoy en día no hay que convertir esto en un debate erístico en el que haya
vencedores y vencidos; al contrario, este tiene que ser un debate de unidad.
Quiero
decirles que durante doce años fui feliz, porque cuando llegaba a mi provincia
o me llamaban de allá, todos los días podía transmitir una buena noticia para
la gente, siempre un derecho más, más allá de algunas contradicciones. Pero
desde hace un año y medio, sinceramente soy portador de malas noticias y siento
un gusto amargo. Mañana, cuando me llame la primera radio de mi provincia le
voy a decir que al fin soy portador de una buena noticia: ¡que el conjunto de
los partidos políticos de la República Argentina ha resuelto que nunca más
vamos a permitir no solo la aplicación del 2x1 sino tampoco el retorno de la
dictadura cívico militar y sus efectos, por los 30.000 compañeros desaparecidos
y por todos los hombres y mujeres de todos los partidos políticos democráticos
que luchan por afianzar nuestra democracia! (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Bazze.- Señor presidente: también voy a ser
breve, pero quisiera empezar tomando lo que acaba de decir el señor diputado
Díaz Roig.
La
semana pasada la sociedad recibía una mala noticia: un fallo de la Corte que
ponía nuevamente a los argentinos en tensión. Personalmente me pareció que se
había cometido un error muy importante. Entendí que volvíamos a vivir tiempos
que en alguna medida considerábamos superados. Y hoy, señor presidente, con
toda sinceridad debo decir que recibo una muy buena noticia. Me siento
realmente satisfecho de pertenecer a esta Cámara de Diputados, que rápidamente,
con mucho reflejo, interpretando lo que seguramente siente el conjunto de la
sociedad argentina, asumió la responsabilidad de dejar bien claro cómo debe
juzgarse la violación de los derechos humanos en nuestro país.
Estamos
protagonizando un debate trascendente. Sin temor a equivocarme o exagerar, debo
decir que seguramente este debate será una pieza de lujo en la historia de la
actividad de este Congreso. Desde ese punto de vista saludo y felicito a todos
los bloques que integran esta Cámara. (Aplausos.)
Felicito a los autores de los proyectos, al diputado Remo Constanzo, en cuyo
discurso me he sentido representado. También felicito a la diputada Victoria
Donda Pérez…
Sr.
Presidente (Monzó).- Señor diputado: entiendo que quiso hacer referencia al señor
diputado Remo Carlotto.
Sr.
Bazze.- Perdón, Remo Carlotto. No puedo negar que
nací en Río Negro, provincia por la que Remo Costanzo fue senador.
Hoy
esta Cámara de Diputados está actuando a la altura de su responsabilidad.
Decía
muy bien Ricardo Alfonsín ‑y lo expresaron también otros señores
diputados‑ que fuimos un ejemplo en el mundo cuando durante el gobierno
de Raúl Alfonsín se juzgó a las juntas militares. Y como también afirmó recién,
sentí temor de que en otros países se nos pudiera empezar a mirar con algún
nivel de decepción, precisamente porque los argentinos habíamos sido un
ejemplo. Hoy siento que podemos decir al mundo que los argentinos seguimos
siendo un ejemplo.
En
pocas horas este Congreso de la Nación reaccionó con la responsabilidad que
corresponde. Los diputados de todos los bloques y de nuestro interbloque
Cambiemos trabajaron responsablemente, de manera de llegar a un proyecto de ley
que no fuera una desprolijidad más; a una norma que tuviera consistencia legal
y que realmente sirviera, pero aclarándose cuál era su espíritu.
De
aquí en adelante la Justicia en su conjunto, la Corte en particular, sabrá que
el espíritu de esta Cámara de Diputados ‑en definitiva, del legislador‑
es que un violador de los derechos humanos nunca pueda ser beneficiado, por
ejemplo, con el “2x1”. Hemos dado un paso adelante muy importante.
Esto
también tiene que ver con lo que hace unos instantes dijo el señor diputado
Díaz Roig: esta noche, en este recinto, no hubo brecha. Aquí los diputados que
representamos a los argentinos empezamos a trabajar como corresponde, es decir,
detrás de los grandes temas, todos juntos, buscando lo mejor para el conjunto
de la sociedad.
Por
ello, decía que estamos transitando un debate realmente importante. Creo que
este es un mensaje que entre todos podemos dar al conjunto de la sociedad. Más
que un mensaje se trata de dar tranquilidad, ya que los diputados de la Nación
a lo largo de todo el año pasado supimos construir consensos detrás de leyes
importantes.
Muchas
de esas leyes fueron discutidas en profundidad y logramos sancionar
instrumentos con el aporte de todos los bloques. Algunas de esas leyes fueron
originadas en el propio Poder Ejecutivo y gracias al trabajo responsable que
hicieron todos los bloques de esta Cámara llegamos a sancionar leyes realmente
importantes.
El
año pasado la Cámara de Diputados trabajó muy bien; esto incluso fue reconocido
por distintos sectores. Creo que hoy estamos dando un paso más en esa
dirección. Esta Cámara de Diputados de la Nación se puede sentir orgullosa de
que se está aprobando un proyecto de ley que viene a poner claridad de aquí en
adelante en beneficio de la historia y del futuro de los argentinos. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Carmona.- Señor presidente: no quiero romper el
clima de compromiso democrático que se ha ido generando en esta sesión,
manifestado en buena medida por los distintos bloques de una manera
conmovedora.
Quiero
expresar mis respetos al diputado Ricardo Alfonsín, porque creo que su planteo
expresa sin lugar a dudas la tradición profundamente democrática del
radicalismo más genuino que representó también su padre. Por lo tanto, mi
respeto, mi reconocimiento y mi agradecimiento por sus palabras.
Digo
que no quiero romper el clima porque me sumo a estas expresiones de compromiso
democrático, y lo hago con sinceridad. En ese marco de expresión del compromiso
democrático creo que hay algunos aspectos que, sin romper el clima fraternal
que se ha generado, debemos poner en evidencia.
Estamos
ante una Corte que en su nueva conformación, con la incorporación de los
doctores Rosatti y Rozenkrantz, representa menos derechos y garantías
constitucionales para el pueblo argentino. Se trata de una Corte que se nos
presenta como un organismo que pone en riesgo la posibilidad de que, en esa
instancia fundamental que constituye la apelación a la Corte, se haga
justicia, situación que vivimos con
consternación y preocupación.
Estamos
ante un caso extraño de lo que denominamos strepitus
fori provocado por la propia Corte. Esto no es tan habitual. El escándalo
jurídico, el strepitus fori, está
siendo generado desde la propia Corte.
Por
ejemplo, en la Justicia federal de San Rafael, provincia de Mendoza, durante
esta semana ya se han dictado dos fallos por los que se rechazan pedidos de
“2x1”. También en la provincia de San Juan se ha producido un rechazo al pedido
de aplicación de este criterio.
Estamos
ante situaciones que en casos de normalidad jurídica –sin escándalo jurídico-
implicarían una rebelión de los tribunales inferiores respecto del superior.
Esto no se percibe así en la sociedad argentina ni en los ámbitos jurídicos
porque el strepitus fori, el
estrépito judicial en las causas, refleja el estrépito que ha producido esto,
el escándalo social y político que ha provocado esta irresponsable e irrazonable
decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
He
escuchado con atención algunas argumentaciones jurídicas –si me pongo malo,
diría leguleyas‑ que apelan a la aplicación estricta de la ley sin tener
en cuenta que ello empieza por la aplicación del texto constitucional que a
partir del año 1994 consagró en su artículo 75, inciso 22), la incorporación de
los tratados de derechos humanos a nuestra legislación. La Corte ha obviado,
lisa y llanamente, la aplicación de estos criterios.
¿Por
qué digo que estamos ante una Corte que garantiza menos derechos y menos
garantías constitucionales a los argentinos? Porque es la Corte que ha decidido
en tiempo récord –a partir de la incorporación de estos dos magistrados y con
distinta composición de las mayorías‑ el “2 x 1” vergonzoso,
inexplicable, irrazonable y contrario a las normas constitucionales que
establecen la incorporación a los tratados internacionales, además de
considerar –a través del caso Fontevecchia‑ que los fallos de la Corte
Internacional de Justicia ‑ni más ni menos‑ tienen un efecto
meramente declarativo y que no puede revocarse una sentencia de la Corte por un
fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Esto
implica una restricción de nuestros derechos constitucionales, porque si no
podemos peticionar ante la Corte Internacional, ¿cómo hacemos valer los
derechos que surgen de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por
ejemplo? (Aplausos.)
Estamos
ante una Corte que brinda menos garantías a los ciudadanos porque ya otorgó en
tiempo récord la posibilidad de prisión domiciliaria a genocidas, con
anterioridad a esta decisión. No sorprende esta medida.
Podría
seguir con algunos ejemplos más, pero quisiera hacer referencia a una situación
que va a empezar a afectarnos duramente. Hoy nos enteramos de que el
representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los derechos humanos, Amerigo Incalcaterra, ha dicho que
cuando los jueces hablan de aplicar la ley penal más benigna no pueden
desconocer los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa
humanidad. Lo dice claramente el representante del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas en un país donde ya tenemos situaciones de llamados de atención
internacionales, como en el caso del grupo de trabajo sobre detenciones
arbitrarias por el caso de Milagro Sala.
Dicho
sea de paso, por si no se han enterado, las mismas situaciones producidas en la
provincia de Jujuy se han replicado hoy en la provincia de Mendoza. Entonces,
¿qué garantía constitucional puede ofrecer una Corte con este tipo de
características?
¿Saben
qué pasa? Hay un dicho popular que no sé si se conoce en todas las provincias,
pero que en la mía se dice frecuentemente cuando no se quieren hacer bien las
cosas. Me refiero al método de desplumar a la gallina sin que cacaree. La
impresión que tengo es la de que estamos ante un típico caso donde ciertos
sectores de la institucionalidad –judicial y representada en algunos
funcionarios del Poder Ejecutivo‑ y de la política en la Argentina
pretenden desplumar a la gallina sin que cacaree. ¿Pero saben qué sucede? El
pueblo argentino no es una gallina; el pueblo argentino reacciona frente a
estos hechos de suma injusticia y gravedad. Hay algunos adherentes al gobierno
–por suerte creo que son minoritarios‑ que nos anticiparon que pretendían
desplumar a la gallina sin que cacaree.
Escuchen
lo siguiente. Hace unos instantes el señor diputado Julio Solanas me alcanzó
una nota publicada en Infobae el 31
de diciembre de 2009. El título y el copete de la nota dicen: “El macrismo propone
una amnistía para los represores de la última dictadura militar en la Argentina.
Diego Guelar, secretario de Relaciones
Internacionales del PRO, consideró que hay que ‘saldar nuestro pasado trágico
con una amplia ley de amnistía, después que la Justicia termine los
juzgamientos en curso’. Dijo que servirá para ‘la construcción de un futuro
mejor’”.
Esto
planteaba en el año 2009 Diego Guelar, hoy embajador en China. No sé si está
premiado o castigado allí. No creo que todo el oficialismo piense lo mismo,
pero hay demasiadas coincidencias, como aquí se ha señalado.
Me
parece que estamos ante la posibilidad de construir un fuerte consenso
democrático en torno a esta cuestión que se ha planteado. En ese sentido, si
realmente actuamos con coherencia respecto de la manifestaciones de la mayoría
de los señores diputados –salvo aquellos que dieron argumentos jurídicos
bastante rebuscados para explicar lo inexplicable‑, es decir, si somos
coherentes con lo que se ha expresado aquí, debe plantearse el juicio político
a estos tres jueces de la Corte. (Aplausos.)
Por
lo tanto, vamos a insistir en lo manifestado por el señor diputado Cabandié y
diputados de otros bloques.
Solicito
que la versión taquigráfica de esta sesión se sume a todos los expedientes
formados con pedidos de juicio político, porque la prueba más categórica del
mal desempeño y de la comisión de delitos en la función pública está en lo que han dicho los propios diputados
y diputadas del oficialismo y de la oposición.
Tratemos
de que este acto de compromiso democrático no nos deje ni una pizca de rasgado
de vestiduras. Cuando se rasgan las vestiduras hay hipocresía. Cuando el
compromiso es coherente con las decisiones que se toman, podemos aspirar a que
se adopten buenas medidas y fundamentalmente a que haya justicia en un caso
como éste.
Así
como Raúl Alfonsín ha sido referencia para muchos de ustedes ‑y también
para nosotros‑, voy a terminar mi alocución citando a alguien que fue
referente para nosotros y que dijo: “Hablemos claro: no es rencor ni odio lo
que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. A los que
hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración, como
fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo
argentino.” Esto lo dijo Néstor Kirchner en el año 2004 en la ESMA. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Urroz.- Señor presidente: simplemente quiero
manifestar que los argentinos hemos vivido una tragedia que tuvo y sigue
teniendo heridas muy profundas y terriblemente dolorosas, que suelen ser
consecuencia del lenguaje de las armas y de la ausencia de la ley.
Creo
que para ayudar a sanar estas heridas todos los legisladores de esta Cámara
deberíamos internalizar que los derechos humanos son humanos, no tienen
ideología, no son ni de derecha ni de izquierda. Entonces, como legisladores
debemos asumir la responsabilidad de garantizar esos derechos humanos a todos y
cada uno de los argentinos. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr.
D’Agostino.- Señor presidente: para concebir un
análisis sobre lo ocurrido en el fallo “Muiña” es necesario aclarar desde dónde
uno habla y piensa. Yo hablo desde esa concepción doctrinaria que viene de la
Unión Cívica Radical y que se convierte al humanismo en 1948. Soy un radical
humanista que adhiere al iusnaturalismo. Consecuentemente, cada vez que leo un
fallo de un juez –también soy abogado‑ lo analizo desde mi concepción,
desde mi aprendizaje.
Aquí
se ha nombrado varias veces a Goldschmidt, con su tríada de lo dikelógico, lo
normológico y lo sociológico. El significado de la república no es dividir los
tres poderes sino separarlos e independizarlos. Esa es una idea basada en El espíritu de las leyes, de Montesquieu
-quien toma a Locke como la base de la necesidad de un gobierno que tenga tres
funciones-, y la sustenta en que el poder controla al poder.
Aquí
nosotros hemos demostrado que vamos a controlar al Poder Judicial, porque hay
varios pedidos de juicio político que están en marcha por no considerar
adecuada la posición que la Corte ha tenido en el caso Muiña.
En
cuanto al valor de los fallos en una república, los consideramos
independientes. Por supuesto que si se cometieron vicios o irregularidades, o
se dictó con una concepción exclusivamente normativista, olvidando las otras
dos patas de Goldschmidt, como pasó en los tres votos mayoritarios, como
republicano tengo que decir que estoy absolutamente en desacuerdo con el
resultado del fallo.
Luego
de leer dos veces las sesenta carillas del fallo, no me alcanza para concebir
que se ha cometido un error tal que provoque la inidoneidad del tribunal. Por
supuesto que si recordamos el caso Schiffrin, vinculado con el inciso 4 del
artículo 99 de la Constitución, sobre los 75 años de edad para ejercer como
juez, o el caso Ministerio, que recién fue citado –que en realidad es el caso
Fontevecchia-, la Corte Suprema dice que no le va a hacer caso a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, pero cita el Pacto de San José de Costa
Rica, por cuyo artículo 65 de alguna manera se subordina a los fallos de
aquella.
Conceptualmente
considero que, además de inoportuno, el fallo “Muiña” ha sido un yerro, por la
aplicación de una ley derogada concomitantemente con una norma vigente, al
pretender computar la ley más benigna. ¿Es eso solamente? No lo es. Podríamos
discutirlo si hubiese sido un robo simple o un homicidio, pero aquí estamos
hablando de un delito de lesa humanidad cometido en 1976, con una ley del “2x1”
de 1994, una norma derogatoria del año 2001, un apresamiento del acusado en
2007 y una condena en 2016. Como se sabe, la ley del “2x1” obliga al juez que
condena a hacer el cálculo, y el magistrado, luego de hacerlo, dispone la
reducción de la pena, lo que obliga al fiscal a apelar hasta llegar a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
El
fundamento de la minoría sostiene algo en lo que coincidimos –he escuchado a
varios colegas en este debate-, en cuanto a que no estamos en presencia de un
delito común sino de un delito permanente. Esto significa que se ha cometido un
delito en 1976, en 1977, en 1978, y se sigue cometiendo hoy, pero le estamos
aplicando una ley cuando en realidad no hay ultraactividad sino retroactividad,
que son dos palabras diferentes para el cómputo de la pena. En efecto, la
ultraactividad se debe establecer cuando hay una sola ley; en cambio, cuando hay
dos leyes, una derogada, posiblemente aplicable, y otra vigente -que es la que
derogó a aquella-, se debe aplicar esta última ley.
No
coincido con el análisis hecho por los tres jueces, absolutamente frío y
completamente normativista, que además excluye el tipo de delito de que se
trata, con lo que le quita una pata al análisis de la tríada de Goldschmidt en
lo que respecta a lo sociológico. Uno de los principios del derecho principios
del derecho señala que lo que es en más, es en menos. Entonces, si un delito es
imprescriptible, con lo cual no se puede conmutar la pena ni indultar, ¿se le
puede dar al condenado un beneficio por una cuestión procesal? De ninguna
manera; Muiña está fuera de todo proceso de cálculo de beneficio.
Sé
que en este ámbito se ha producido una buena relación porque estamos frente a
un proyecto de unidad que nos permitirá cerrar este vacío –del que nos debemos
hacer responsables- que quedó en la ley
27.156. Digo esto porque cuando establecimos la imprescriptibilidad y la
imposibilidad de otorgar cualquier tipo de beneficio, tendríamos que haber
incluido esta cuestión.
¿Por
qué no lo hicimos en 1994 o en 2001? Porque no lo previmos, pero sí lo
podríamos haber hecho en 2015. Lo importante es que lo resolveremos ahora por
unanimidad de la Honorable Cámara.
Guardo
en mi memoria y para siempre haber participado del trabajo de la comisión que
redactó este proyecto consensuado, en el que todos nos encaminamos hacia un
objetivo común. De todos modos, eso no quita que me resulte llamativo que
ustedes crean que el Poder Ejecutivo nacional tuvo algo que ver o que influyó
de alguna forma en la decisión de la Corte Suprema de Justicia. De ninguna
manera fue así. Cualquiera que ande por la calle y haya visitado un barrio sabe
que este tipo de resoluciones afectan notablemente la sensibilidad social,
porque los argentinos nos reconciliamos con la democracia. Pero esta
reconciliación no será plena hasta tanto no tengamos verdad y justicia.
Por
lo tanto, es una falacia vincular al Poder Ejecutivo con algún tipo de
injerencia en este fallo que resulta pernicioso para la República -¿quieren
más?‑, para el gobierno -¿quieren más?- y para el resultado de las
próximas elecciones. Es imposible que alguien sostenga una posición de esa naturaleza.
Por
supuesto que vamos a aceptar el ingreso de los proyectos de pedido de juicio
político, porque todos tienen derecho a presentarlos, pero lo importante es que
todos expresemos nuestro rechazo –no digo repudio porque soy republicano- a la
decisión que adoptó la Corte en ejercicio de su poder de gobierno. Como
sabemos, la República se divide en tres poderes, y las tres cabezas de cada uno
de los poderes son gobierno: nosotros somos gobierno, el Ejecutivo es gobierno
y el Judicial también lo es. Por lo tanto, tendrían que haber tenido en cuenta
el clima social y la oportunidad para emitir una sentencia de estas
características, que nos provoca dolor porque nos desacomoda.
Hoy
taparemos ese bache, porque bregamos permanentemente en la búsqueda de lo que
nos ha enseñado nuestra profesión de fe: trabajar intensamente contra todos los
privilegios para que nadie más niegue la justicia ni esconda la igualdad, la
verdad y la transparencia en el ejercicio de los derechos por parte de cada uno
de los ciudadanos que nos vimos afectados por los delitos de lesa humanidad
cometidos por la dictadura. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
Sr.
Riccardo.- Señor presidente: creo que todos los
diputados nos sentimos conmovidos por este debate. Personalmente me sumo a
todos aquellos que creen que esta reunión se ha ido convirtiendo minuto a
minuto en una sesión histórica para la política argentina.
En
el epílogo de este debate todos abrigamos la esperanza de un pronunciamiento
contundente del pueblo argentino mediante sus representantes para cerrar las
puertas a toda interpretación arbitraria, tendenciosa y amañada de la Justicia
argentina respecto del juzgamiento, las condenas y sus cumplimientos en los
delitos de lesa humanidad.
También
quiero decir desde dónde hablo, porque estamos en un debate en el que hubo
enormes contribuciones desde las ciencias jurídicas y la experiencia, por lo
que resulta difícil abordar esa complejidad para los que somos ignotos. Hablo
desde la experiencia y los valores que me dio la universidad pública argentina.
A
los pocos días de haber ingresado a la Universidad Nacional de San Luis, los
alumnos nos enteramos de que su primer rector, Mauricio Amílcar López, había
sido secuestrado, torturado y desaparecido el 1° de enero de 1977.
Pasaron
treinta y cinco años para que con el trabajo paciente de la militancia de
profesores, alumnos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San
Luis y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza –su
presidenta, Elba Morales, ha fallecido recientemente, por lo que quiero
rendirle homenaje en el día de hoy‑ se pudieran celebrar los primeros
juicios por crímenes de lesa humanidad en toda la región de Cuyo, condenándose
a los responsables. Los alumnos y profesores universitarios argentinos fueron
las primeras víctimas de los genocidas del terrorismo de Estado en San Luis.
Por
ello, este fallo de la Corte Suprema de Justicia constituye una provocación.
Cuando salí de la conmoción en que me encontraba y logré leerlo, procurando
entenderlo, expresé que lo consideraba políticamente lamentable, socialmente
repudiable e históricamente inconcebible porque va en contra del sentido de la
historia en lo relativo a la reafirmación de los derechos humanos. Me refiero a
estos últimos como a una de las más justas, preciosas y preciadas
construcciones que tenemos desde el punto de vista social, cultural y jurídico
que se ha podido elaborar en libertad y democracia. Al mismo tiempo, se trata
de una construcción de carácter universal.
Como
este fallo de la Corte Suprema de Justicia pone en tela de juicio el sentido de
esa historia que queremos reafirmar, reivindicamos una vez más a Raúl Alfonsín
y al pueblo argentino que en la coyuntura histórica de 1983, entre amnistía y
juicio eligió juicio, mientras que entre impunidad y justicia optó por
justicia.
Ese
maravilloso pueblo argentino, junto con el liderazgo, coraje cívico, grandeza
política, profundo humanismo y honestidad de hombre de Raúl Alfonsín, no solo
estaba deseando recuperar la
democracia, sino también construir una nueva democracia. Era distinta, quizás
la más ambiciosa de las democracias contemporáneas, porque han pasado muchos
años y todavía esperamos que muchas democracias del mundo sigan este ejemplo de
coraje y de lección histórica que nos dio el pueblo argentino y el liderazgo de
Raúl Alfonsín.
Por eso, como radical, agradezco mucho
a los compañeros peronistas y justicialistas que hoy han reconocido en Raúl
Alfonsín una gran contribución a la historia argentina, y uno de los más
grandes hombres de la historia política de nuestro país.
Esta sesión histórica es una buena
ocasión para que en este recinto, donde legítimamente mostramos nuestras
diferencias, nos comprometamos a unirnos en aquellas causas que nos son comunes
hacia el futuro: la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de una
educación pública igualitaria para todos, la soberanía argentina en las islas Malvinas,
y una justa distribución del fruto de esta bendita tierra argentina y de su
trabajo.
Quiero hacer también una reflexión y una
autocrítica en lo concerniente a la clase política argentina. Desde el sentido
común, no hay duda alguna de que un delito de lesa humanidad –no abundaré
porque se ha expresado en forma muy diáfana- no puede estar amparado en los
beneficios de una ley como cualquier otro delito.
La singularidad de los delitos de lesa
humanidad influye en el tratamiento de sus penas y su cumplimiento. Esto lo
digo con el debido respeto a todos los compañeros juristas y desde la
interpretación que puede tener un ciudadano común.
Asimismo quiero recordar que la ley
24.390, la del “2 x 1”, surgió para maquillar los déficits de la Justicia
argentina a raíz de numerosos conflictos en las cárceles del país y de un hecho
lamentable como fue el motín en la
cárcel de Sierra Chica, donde hubo hasta canibalismo entre los presos.
¿Por qué sancionar una ley para
maquillar la incapacidad de la Justicia argentina para juzgar y condenar en tiempo
y forma? La Justicia no es tal si no se dicta en tiempo y forma, ni para los
culpables ni para aquellos inocentes que puedan estar en las cárceles. En ese
entonces ‑poco menos ahora o igual‑ las cárceles argentinas estaban
llenas de procesados no condenados, y el Parlamento tuvo que intervenir en la
coyuntura política y sancionar una ley que fue un maquillaje para esconder el
problema de fondo de la Justicia argentina, más allá del carácter repudiable y
lamentable que tiene este fallo en particular.
Hoy sancionaremos este proyecto de ley
que terminará para siempre con una interpretación tendenciosa que beneficia a
los genocidas, pero la política y la Justicia argentina todavía seguirán
estando en deuda con el rol que tienen que cumplir.
Lo mismo ocurrió con la ley 25.430,
que modificó para que nada cambiara. ¿Es posible que la filosofía del derecho
no haya previsto la perversidad el nazismo? Es
posible también que a la filosofía política ni siquiera se le haya ocurrido que
los genocidas argentinos iban a agregar a los crímenes de lesa humanidad un
acto de una perversidad inimaginable: la apropiación de los hijos de los
detenidos.
Por
eso hoy, desde la responsabilidad y el rol transformador que tiene la política,
en esta Cámara todos los partidos terminamos con el “2 x 1” y con cualquier
interpretación retorcida para beneficiar a aquellos genocidas que mancillaron
la libertad, en uno de los más tristes capítulos de la historia argentina.
Considero
que con esa responsabilidad daremos un soplo de larga vida a la democracia
argentina y también a la paz social de nuestro país. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Caviglia.- Señor presidente: a esta altura de la
noche no diré nada que no se haya dicho. Con distintos contrapuntos, variantes
o puntos de vista todos coinciden en apoyar este proyecto. Si en este recinto
se ha citado hasta a Goldschmidt para fundamentar esta iniciativa, creo que no
hay mucho más para decir.
Quiero
manifestar que este fallo de la Corte implica una deslegitimación desde las
concepciones política, ética y jurídica. Desde el punto de vista político
porque va en contra del conjunto, de la memoria colectiva que se forjó en el
principio de la democracia y los últimos años de la dictadura.
Recuerdo
que durante la época del alfonsinismo milité en un movimiento de juventudes
políticas en representación del peronismo y luego en el Grupo de los Ocho,
oponiéndome al indulto del menemismo. Es decir que no solo puedo teorizar esta
etapa sino que también la he vivido y militado.
Desde
el punto de vista de los valores y de la ética, este fallo de mayoría de la
Corte implica un grave retroceso, incluso mucho más que desde el sentido
jurídico.
Por
último, quiero expresar que desde la concepción jurídica el fallo es
absolutamente inconstitucional porque las normas procesales derogadas no pueden
estar por encima de tratados internacionales suscriptos por la Argentina que
tienen jerarquía constitucional desde 1994.
Por
las razones expuestas, nuestro bloque acompañará este proyecto de consenso que
se ha redactado. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Santiago del Estero.
Sr.
Oliva.- Señor presidente: en nombre de mi bloque
fijaré nuestra postura de rechazo categórico al fallo emanado del máximo
tribunal judicial de nuestro país, por el cual se hace aplicable el beneficio
del “2 x 1” a los genocidas, autores de delitos de lesa humanidad. Lo hacemos
por diferentes razones.
A
lo largo del debate, los señores diputados se explayaron y profundizaron sobre
distintos aspectos. En líneas generales, adherimos a los argumentos esgrimidos
desde el punto de vista jurídico.
Sencillamente
queremos decir que cuestionamos y repudiamos el fallo de la Corte porque se
aparta del ordenamiento normativo argentino ‑que, como es sabido, implica
el derecho interno e internacional‑ y también de toda la jurisprudencia
mundial en materia de derechos humanos.
Al
inicio de esta sesión, mientras abordábamos otros temas pero ya se avizoraba la
incorporación de éste para ser tratado al final de la jornada, existía cierta
incertidumbre sobre las diferentes posiciones políticas que podían llegar a
adoptar los bloques representados en esta Cámara; pero, luego de escuchar los
discursos, siento una profunda satisfacción y también un gran orgullo al ver
cómo esos espacios políticos pudimos arribar a un consenso, determinar una
posición unívoca de rechazo a este pronunciamiento judicial y, al mismo tiempo,
arbitrar todos los esfuerzos personales para sintetizar un texto, una
herramienta legal capaz de frenar este avance efectuado desde el ámbito
judicial en detrimento de los derechos humanos.
Hoy
nos iremos de este cuerpo con esa gran satisfacción, porque no dudo que el
apoyo será unánime.
También
debemos tener en cuenta que estas reacciones legislativas no se agotan en esta
Cámara: mañana el Senado de la Nación abordará el tema y, por lo que podemos
avizorar, también allí será mayoritario el repudio al fallo de la Corte Suprema
de Justicia.
Como
representantes del pueblo no hacemos más que interpretar lo que el pueblo está
sintiendo: un rechazo unánime, tal como se ha explicitado en diferentes
estamentos. Por eso creo que el repudio a ese pronunciamiento está justificado
en absoluto.
Me
gustaría hacer referencia a una opinión del ámbito internacional, concretamente
al comunicado que acaba de emitir la Oficina para América del Sur del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por el que insta a
la Corte Suprema de Justicia de la Nación a tener en cuenta los estándares
internacionales de derechos humanos y a cumplir con los compromisos asumidos a
nivel internacional.
También
expresa que la Corte debe: “…considerar la Convención de Viena sobre el Derecho
de los Tratados en sentido de no invocar disposiciones de derecho interno como
justificación del incumplimiento de una obligación internacional”.
Más
adelante sostiene que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes de
Guerra y de los Delitos de Lesa Humanidad ‑ratificada por Argentina en
1995, con jerarquía constitucional‑ sumada al Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional, establece que estos delitos son imprescriptibles e
instaura un esquema jurídico para su juzgamiento y la reparación de las
víctimas.
Luego,
el mencionado organismo dice: “Los crímenes de lesa humanidad agravian no sólo
a las víctimas, sino a todos los seres humanos. Por ello, no pueden asimilarse
a delitos comunes y su gravedad requiere de una sanción proporcional.”
Atento
a que se ha reducido el tiempo para hacer uso de la palabra –quiero ser
respetuoso en ese sentido‑, simplemente resalto una vez más el compromiso
democrático de todos los partidos políticos con representación parlamentaria en
esta Cámara para sancionar una herramienta legal que impida que, a través de un
pronunciamiento judicial, la Argentina retroceda en su historia. Eso es lo que
podría ocurrir si no se reacciona de esa manera, algo que no podemos permitir. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Marcucci.- Señor presidente: me parece importante
que en esta sesión todos demos testimonio de nuestro rechazo al fallo de la
Corte.
Queremos
construir la democracia sobre la base de la verdad, la justicia y el combate a
la impunidad. Ese período que vivió la Argentina, de atroz violación de los
derechos humanos ‑se empieza a gestar en 1975 y luego en 1976 se lleva
adelante el golpe‑, muestra esa alianza que hubo entre sectores
militares, otros sectores antidemocráticos y los grupos económicos. Ellos
generaron en la Argentina la violación de los más elementales derechos humanos.
Ese
compromiso con los derechos humanos y la democracia lo aprendimos de Raúl
Alfonsín. Hace poco leía a Graciela Fernández Meijide, que decía que no se
explicaba qué hacía en la APDH una persona que no tenía a ningún familiar que
haya sido víctima de la represión de ese Estado. Supongo que en esos tiempos
difíciles se habrán preguntado más de una vez con qué misión llegaba. Esa
persona era Raúl Alfonsín. Esa es la historia que nosotros tomamos, que
empezamos a mamar cuando allá por el año 1981, por nuestra edad, nos vinculamos
a la militancia.
Les
puedo asegurar que en 1983 todos los que estábamos acá vivíamos con alegría el
triunfo de Raúl Alfonsín en contra del pacto de algunos sectores sindicales con
los militares y los grupos económicos. Ello implicaba dejar a un lado a
Herminio Iglesias y a algunos más que se nombraron en este debate, que significaban
la permanencia y una democracia tutelada bajo la influencia de estos poderes,
algo que de alguna manera marcó otras transiciones políticas. Recordemos que
Pinochet fue senador plenipotenciario por mucho tiempo, o las salidas
democráticas de otros países hermanos. Fue un gran orgullo para los argentinos
lograr ese objetivo.
Después
vinieron las dificultades políticas, como las asonadas de aquellos militares
que defendían las violaciones a los derechos humanos. Pero esas asonadas
militares las generaron con otras excusas. Como ya se sostuvo, fue un gran
desafío, que tuvo importantes adhesiones. Existían grupos en los cuales también
había civiles que no prestaban el debido respaldo a la política de derechos
humanos. Sin embargo, cabe destacar que en esos tiempos difíciles había hombres
que, sin importar el partido ni las circunstancias, también le pusieron el
cuerpo a la situación. Por ejemplo, recuerdo cuando Antonio Cafiero acompañó a
Alfonsín y juntos defendieron la democracia frente a las asonadas militares.
Por otro lado, me queda la amargura de haber permitido que algunos salteadores
del poder, como Aldo Rico, tuvieran cargos electivos durante la democracia.
Creo
que estamos en un momento importante, en el que todos los sectores políticos
logramos esta convicción. Que nadie tenga dudas de que todos los que estamos en
este recinto queremos plenamente la verdad, la justicia y no la impunidad.
En
estos días un represor de la ciudad de Santa Fe, Víctor Brusa –muchos lo
conocerán‑, también pidió el “2 x 1”, solicitud que le podría ser
concedida en el marco de este fallo de la Corte, y esto es algo que no podemos
permitir. Seguramente en cada ciudad y provincia habrá algunos que se
beneficiarán, pero es difícil que esta democracia que hemos construido con
mucho esfuerzo y mucha lucha pueda tener un retroceso y dar un paso atrás.
Hoy
es importante que todos reafirmemos esta convicción. Así lo hacemos desde el
bloque Cambiemos, y también ratificamos el compromiso del jefe de Gabinete de
Ministros, Marcos Peña, que claramente se expresó en contra de este “2 x 1” y
habló de la convicción de que debemos profundizar el camino de la democracia
con verdad y justicia.
Está
muy claro que hay algunos actores que están ignorando ni más ni menos que los
tratados internacionales, que como todos sabemos tienen un rango
constitucional, y cualquier ley tiene un valor infralegal a esos tratados que
integran el bloque de constitucionalidad. Pero pareciera que algunos miembros
de la Corte quieren tener autonomía del derecho internacional, de la
Constitución y de los tratados.
En
este acto no solamente reivindicaremos esos tratados sino también el rol de
este Congreso, que no consiste solamente en que cada uno de nosotros cumpla su
función en la división de poderes sino que interpretaremos la ley y le vamos a
dar el sentido de consolidación de los derechos humanos, ya que la Argentina se
construye sobre la verdad y la justicia.
Algunos
diputados reivindicaron plenamente la figura de Raúl Alfonsín. No se trata de
reivindicar parcialmente la figura de nadie, pero creo que todos tenemos que
construir sobre la base de estas coincidencias.
De
nada sirven algunos discursos sobre defensa de los derechos humanos si después
no son capaces de escribir ni media línea en contra del señor Milani. Considero
que el metro debe ser el mismo para todos y comprometernos sinceramente en una
política de Estado.
Si
algo tenemos que brindar a la humanidad desde la Argentina es que recuperamos
la democracia con un nivel de no aceptación de la violación a los derechos
humanos y de cárcel a quienes los violaron. Este es un patrimonio de todos y
una carta de presentación fundamental en un mundo que va a requerir cada vez
más la defensa de los derechos humanos. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Habiendo desistido de hacer uso de la palabra el señor diputado
Bossio, tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.
Sr.
Goicoechea.- Señor presidente: hago uso de la
palabra en este debate para expresar, al igual que mis pares, este rechazo al
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lamentablemente sienta
una mala jurisprudencia.
Como
cuerpo hemos tenido un rápido reflejo y hemos reaccionado para obliterar ese
vacío legal en el que se fundamenta el fallo. Hoy han hablado juristas de
excelencia, así que el ser médico quizá me inhibe para argumentar con solidez,
pero he aprendido sobre el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional,
sobre el principio in dubio pro reo,
por el que se aplica la pena más benigna, y también sobre el principio de
equidad que garantiza nuestra Constitución.
En
1976, cuando se produjo el golpe militar más sangriento y gravoso de la
República Argentina, yo tenía diez años, y quiero contar a mis pares que
Leandro López nació en 1979 y Martín Maquieyra en 1985. Entonces, la mochila de
la habla el doctor Ricardo Alfonsín no la vamos a cargar, porque en mi caso he
nacido a la vida política con la carta democrática en el bolsillo. Voté por
primera vez en 1983 e integro esta Cámara porque estoy convencido de que con la
democracia se debe poder comer, curar y educar.
La
conquista en esta lucha a favor de los derechos humanos y contra los delitos de
lesa humanidad es un logro colectivo de todo el pueblo argentino, porque
finalmente hemos incorporado la memoria, la verdad y la justicia en todos los
ciudadanos y toda la clase política.
Creo
que en honor a la pacificación y la unión nacional debiéramos empezar a
predicar valores como la reconciliación, el perdón y la misericordia, que como
dijo el papa Francisco, hace un mundo menos frío y más justo a quienes buscamos
justicia.
Por
eso, queridos compatriotas, creo que si se trata de sanar corazones, como
médico no puedo dejar pasar esta fecha. Como durante toda la tarde hemos
evocado esa Argentina de la muerte, el oscurantismo, la tortura, quiero
recordar que un día como hoy, un 9 de mayo, en la ciudad de Cleveland, un
compatriota nuestro llamado René Favaloro inventó una técnica llamada baipás,
que es un desvío aórtico coronario a través de un puente. Han pasado cincuenta
años de ese hecho heroico, uno de los veinte grandes inventos del siglo XX, por
medio del cual millones de argentinos han salvado su vida.
En
esa dirección y en homenaje a ese colega médico deberíamos construir el futuro.
Anualmente, 700.000 norteamericanos salvan su vida gracias al baipás. Sin duda,
en estos cincuenta años ha salvado millones de vidas, y esto sirve como
metáfora.
Finalmente,
propongo que en este día en el que hemos hablado de la muerte, como signo de
esperanza también levantemos vuelo, priorizando la vida. Pensando en voz alta,
tal vez podríamos declararlo como el Día de la Dignidad Argentina. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.
Sra.
Copes.- Señor presidente: simplemente aclaro que
desde el bloque Demócrata Progresista apoyaremos el proyecto de ley
consensuado, y en función de la hora y la extensión del debate, solicito la
inserción del discurso en el Diario de Sesiones. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr.
Negri.- Señor presidente: haré uso de la palabra
por breves minutos para precisar el alcance de la norma que propondremos tratar
y aprobar sobre tablas como resultado de un consenso y una voluntad política
expresada mayoritariamente por los bloques que integran esta Cámara, que ha
tenido en cuenta una cantidad de proyectos presentados en relación con el tema
tan delicado que hoy hemos abordado.
En
mi opinión, hoy la Cámara de Diputados viene a poner certidumbre frente a la
incertidumbre y zozobra que en los últimos días se generaron con un fallo
dividido de los integrantes de la Corte Suprema. Para aumentar la zozobra y la
confusión en la interpretación, por la naturaleza y la envergadura del mismo,
ni siquiera pudo alcanzar un consenso que expresase una mayoría casi abultada
de sus integrantes.
¿Qué
estamos haciendo hoy? Asumiendo una responsabilidad que propia del Congreso de
la Nación. Este cuerpo es el que interpreta las normas que dicta y que expresa
la voluntad popular, y la Justicia es la que las aplica. La interpretación no
puede ser otra que aquella que ha reflejado el espíritu del legislador, a lo
largo del tiempo, de no separarse de los principios de la Constitución y de los
tratados internacionales que adquirieron jerarquía constitucional y se
convirtieron en normas supranacionales de obligación para los Estados, en este
caso, el nuestro.
Como
bien se ha dicho en reiteradas ocasiones, estamos hablando de los tratados vinculados
con los derechos humanos.
También
estamos ratificando y expresando un consenso inquebrantable que desde 1983 se
ha ido edificando en la Argentina y que ha terminado convirtiéndose casi por
unanimidad en la plena vigencia de los derechos humanos.
Ni
la ley del “2 x 1” ni ninguna otra pueden ser interpretadas fuera del alcance
de estas normas cuando se refieran a delitos que están vinculados directamente
a ellas.
Quiero
ser preciso también, para que quede constancia y no haya malas interpretaciones
judiciales que nos sometan a nuevas zozobras. No estamos votando una nueva
norma; estamos votando una ley interpretativa que arroja luz sobre el
significado de otra ley que en algún caso pueda haber resultado ambigua u
oscura, pero que a partir de la interpretación de la nueva ley genera una
interpretación obligatoria para el Poder Judicial. Eso nos trajo acá.
Al
tratarse de eso, válidamente el alcance de la voluntad del Poder Legislativo en
este caso está vinculado a la sanción que oportunamente tuvo el artículo 7° de
la ley 24.390.
De
esta manera, a toda velocidad, y para terminar con la incertidumbre y con los
pedidos de algunos que atropellan a los tribunales para beneficiarse con la
interpretación ambigua del “2 x 1” –derogado, por supuesto‑, no hace
falta analizar el motivo de su creación ni el tiempo de demora para esclarecer
la norma legal que nos lleva a esta discusión. Por lo tanto, venimos a poner
fin a la controversia sobre el alcance de esa norma sin que esto implique
modificar en forma retroactiva el ámbito de aplicación.
Dicho
esto como expresión del cuerpo, solamente me resta manifestar que el esfuerzo
colectivo de la sociedad y del Estado argentino por sujetarse a normas
supranacionales -que en el caso de muchos otros estados las proclaman pero se
las exigen a otros y no las ratifican ellos, como se hizo con la Argentina-,
tiene absoluta claridad para nosotros, si esa es la interpretación que hacía
falta, en el sentido de que en los crímenes de lesa humanidad el Estado tiene
obligaciones internacionales con las cuales ya nos hemos atado definitivamente.
No
solamente no puede amnistiar sino que no puede indultar, no puede aplicar cosa
juzgada o fraudulenta, no puede aplicar penas irrisorias ni tampoco hacer
reducciones, aunque no esté taxativamente estipulado en el artículo de la ley
que se cuestionó o que dio fundamento a la aplicación taxativa de uno de los
votos de la Corte. Esto implica en la práctica un beneficio equiparable casi a
la conmutación de una pena después de haber atravesado un proceso que en la
mayoría de los casos está terminando con condenas. De esta manera, la
incertidumbre de la sociedad radica en que, si se transitó ese camino, si se
creó conciencia, si se logró hacer avanzar a la justicia y si se aplicaron
condenas, la noticia inmediata sea que se confunda reducción de pena con
impunidad.
Por
eso tiene que quedar claro que la ejecución de la pena en nuestro país está
revestida por un imperativo que proviene del derecho internacional para este
caso, para nosotros, para la voluntad del legislador, a lo largo del tiempo y
en nuestra controversia legislativa, a medida que vamos sancionando las leyes.
Aunque
a la ley 27.156 pudo haberle faltado alguna coma con alguna aclaración –pero
que votamos prácticamente por unanimidad en esta Cámara‑, dicha norma ya
establecía que no eran admisibles aquellas decisiones que implicaran un
recorte, perdón o disminución de la pena establecida por grave violación de los
derechos humanos.
Cierro
este paréntesis acá porque creo que sería un enorme retroceso ponerme a
discutir sobre las responsabilidades del pasado, cuando tenemos que ratificar
lo que ha expresado la voluntad del Congreso durante estos años frente a la
incertidumbre y la zozobra a las que hice mención anteriormente. Por eso voy a
pedir que por Secretaría se lea el proyecto de ley consensuado por los
distintos bloques.
Partiendo
de la base de que estamos en una sesión especial y que nos apartamos del
reglamento para tratar un tema que no está contenido en una orden del día ‑como
es habitual, pero que está dentro de nuestras facultades convertir en un
proyecto‑, solicito que sea tratado sobre tablas. Asimismo, como no tengo
dudas de que la voluntad va a ser expresada prácticamente en forma unánime,
solicito a la Presidencia que este proyecto sea elevado de manera inmediata a
la Cámara de Senadores para que sea considerado el día de mañana y quede así
sancionado definitivamente. No tengo dudas de que esto será así porque esa es
la voluntad unánime, tanto de de nuestro bloque como del interbloque Cambiemos, y seguramente de toda la Cámara.
De esta forma, el Poder Ejecutivo podrá promulgarlo dentro de las cuarenta y
ocho horas.
Así
habrán desaparecido los fantasmas, habrá desaparecido la zozobra, dejarán de soñar
los que soñaron con irse antes del tiempo que les corresponde, y volveremos a
saber que la política de derechos humanos en la Argentina vino para quedarse
definitivamente y para no retroceder nunca más. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Por Secretaría se dará lectura del texto consensuado.
Sr.
Inchausti.- Dice así: “Artículo 1°: De
conformidad con lo previsto en la ley 27.156, el artículo 7° de la ley 24.390
–derogada por ley 25.430‑ no es aplicable a conductas delictivas que
encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de
guerra según el derecho interno o internacional.
“Artículo
2°: El cómputo de las penas establecido en su oportunidad por el artículo 7° de
la ley 24.390 ‑derogada por ley 25.430‑ será aplicable solamente a
aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en
forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y
la derogación de aquella ley.
“Artículo
3°: Lo dispuesto por los artículos anteriores es la interpretación auténtica
del artículo 7° de la ley 24.390 ‑derogada por ley 25.430‑ y será
aplicable a las causas en trámite.”
El
artículo 4° es de forma.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Pitrola.- Señor presidente: en primer lugar
quiero aclarar que nuestro voto a este proyecto que acabamos de conocer y cuyo
texto escuchamos recién va a dejar muy claro que esto ha sido forzado por un
repudio popular, pero que al mismo tiempo rescata una Corte cuya orientación
únicamente puede llevar hasta el final el juicio político.
Por
tal motivo insistiremos y después mocionaremos en conjunto –como lo planteó el
señor diputado Cabandié‑ para votar un emplazamiento para la Comisión de
Juicio Político en diez días.
En
cuanto a la votación del proyecto que se acaba de leer, proponemos que se lleve
a cabo en forma nominal en general y artículo por artículo, ya que tenemos
propuestas de modificaciones para los artículos 2° y 3°.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Raffo.- Señor presidente: el señor diputado Petri
me informó que atento a la observación que yo había hecho se había introducido
en el texto una modificación al artículo 3°. Dicha modificación consistía en
que el artículo expresara “aun a las causas en trámite”. De ese modo quedaba en
claro que se trataba tanto de aquellas finiquitadas como de las futuras.
Sin
embargo, en el texto leído por Secretaría no está receptada esa propuesta. No
sé si el señor diputado Petri cambió de opinión –está en su derecho‑ o
no, pero esto me llama la atención. Quisiera que se aclarara.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Giordano.- Señor presidente: le solicito que me
deje fundamentar nuestro voto porque nosotros no hemos participado en
negociación alguna con ningún bloque.
Sr.
Presidente (Monzó).- En primer lugar, se va a
votar la moción de tratamiento sobre tablas del proyecto consensuado. Se requieren las dos terceras partes
de los votos que se emitan.
- Resulta
afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).-
Corresponde pasar a votar en general
y en particular el texto consensuado sobre los plazos establecidos por el
artículo 7° de la ley 24.390 para la aplicación de la prisión preventiva.
Tiene la palabra el señor diputado por
Buenos Aires.
Sr. Giordano.- Señor presidente: consideramos que el artículo
1°, que establece que el “2 x 1” de la impunidad no se va a aplicar para los
delitos de lesa humanidad ‑que es lo contrario a lo que fijó la Corte‑,
constituye efectivamente un logro y un triunfo del repudio popular contra ese
fallo judicial.
Por lo tanto, creo que el bloque de
Cambiemos y de la oposición que han votado a estos jueces de la impunidad se
han visto obligados a elaborar este proyecto de ley. Se han reacomodado ante el
repudio popular.
‑Varios
señores diputados hablan a la vez.
Sr. Giordano.- Por lo tanto, vamos a seguir movilizados contra
la impunidad y vamos a continuar reclamando para que los jueces de la Corte no
permanezcan en sus cargos en forma vitalicia y sean elegidos por el voto
popular.
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Raffo.- Señor presidente: solicito que la votación en
general se realice de manera separada de la votación en particular para poder
fundamentar por qué considero que si no
se modifica el artículo 3° se está favoreciendo a los condenados y a aquellos
que cometan delitos en el futuro.
Me parece que la restricción a este
beneficio no solo es para quienes tienen causas en trámite sino que ese derecho
debe restringirse a los condenados y también a los futuros eventuales
cometedores de ese delito.
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Tonelli.- Señor presidente: respecto de la inquietud del
señor diputado Raffo quiero aclarar que efectivamente la hemos recibido. He
consultado con algunos de los señores diputados que habían participado en la
redacción de este proyecto de consenso, quienes no lo consideraron necesario.
Pero para
que el señor diputado Raffo y todos los que se han expresado en el mismo
sentido se queden tranquilos, vamos a agregar el adverbio “aun” en el artículo
3°. De manera que el final del artículo quedaría así:
“…y será aplicable aun a las causas en trámite”.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Recalde.- Señor presidente: en el mismo sentido, y
con el mismo propósito, lo que abunda no daña.
Sr.
Pitrola.- Pido la palabra.
Sr.
Presidente (Monzó).- Ya habló, señor diputado.
-Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr.
Presidente (Monzó).- Con la modificación aceptada, se va a votar nominalmente en
general y en particular el texto consensuado sobre los plazos establecidos por
el artículo 7° de la ley 24.390 para la aplicación de la prisión preventiva.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre 214
señores diputados presentes, 211 han votado por la afirmativa y 1 por la
negativa. No se ha computado el voto de 1 señor diputado.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
Sr. Secretario (Inchausti).- Hubo 211
votos afirmativos y 1 negativo. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán, para manifestar
el sentido de su voto.
Sr.
Orellana.- Mi voto es afirmativo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se dejará constancia, señor diputado.
Queda
sancionado el proyecto de ley.
Se
comunicará al Honorable Senado.
- 18 -
Sr.
Cabandié.- Pido la palabra.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Cabandié.- Señor presidente: voy a pedir que la
Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento, no sin antes
señalar que en mi discurso anterior había dicho que la diputada Carrió se había
ausentado en la derogación de las leyes de impunidad, lo cual fue un error, ya
que sí estuvo. Pero no estuvo en esta votación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Señor diputado: le pido que no continuemos con ese debate.
Sr.
Cabandié.- Señor presidente: dada la urgencia, la
importancia y la lesión institucional que como sociedad y como democracia hemos
sufrido como consecuencia del fallo de la Corte Suprema, solicito el
apartamiento de las prescripciones del reglamento –y, por lo tanto, que la
moción se vote con los números correspondientes- a efectos de emplazar a la
Comisión de Juicio Político, de modo que se dé tratamiento a los proyectos
presentados.
Sr.
Presidente (Monzó).- Pido a los señores diputados que tomen asiento, a efectos de
continuar escuchando al señor diputado Cabandié y oportunamente votar la moción
formulada.
Sr.
Cabandié.- Como decía, señor presidente, dada la
situación particular del daño institucional que estamos viviendo como
consecuencia de este fallo de la Corte Suprema, solicitamos el emplazamiento de
la Comisión de Juicio Político para que se traten los proyectos presentados hoy
por Mesa de Entradas, sabiendo que dicha comisión tiene procedimientos
específicos a seguir y que se requiere que por lo menos tres diputados pidan a
la Presidencia su tratamiento, lo que no se ha hecho. Uno lo sabe, pero
entiende también que como consecuencia de esta decisión alocada, que todos
hemos repudiado, tal como se demostró recién en la votación, es necesario que
podamos apoyar este emplazamiento, producto de la urgencia y el daño que hemos
sufrido en lo institucional producto de este fallo.
Por
ello, formulo moción de apartamiento del reglamento a efectos de poder
considerar los proyectos del señor diputado Pitrola y el de mi autoría, que también
fue suscripto por los diputados Raffo, Argumedo, Carlotto, Alonso, Moyano,
Josefina González y muchos más.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar la moción de apartamiento del reglamento formulada
por el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se requieren las
tres cuartas partes de los votos que se emitan.
- Resulta negativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda rechazada la moción.
A
continuación, se va a votar si la Honorable Cámara autoriza las inserciones
solicitadas por los señores diputados.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Quedan autorizadas las inserciones solicitadas.
Habiéndose
cumplido con el objeto de esta convocatoria, queda levantada la sesión.
- Es la hora 23 y 7.