19ª REUNIÓN –
18ª SESIÓN ORDINARIA
Presidencia de los señores diputados Emilio Monzó, José Luis Gioja, Patricia
Viviana Giménez, Pablo Gabriel Tonelli y Luciano Andrés Laspina.
Secretarios:
don Eugenio Inchausti, ingeniera Florencia Romano y licenciada María Luz Alonso
Prosecretarios:
doña Marta Alicia Luchetta y doctor Marcio Barbosa Moreira
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
los dos días del mes de noviembre de 2016, a la hora 11 y 59:
- 1 -
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Recalde.- Señor presidente:
tengo el triste deber de recordar que ya ha pasado media hora desde el horario
de la citación a sesión especial. Veo que hay muchos diputados que todavía no
se han sentado y hay otros en la antesala del recinto. Si se acercan y toman
asiento, tal vez llegamos a constituir el quórum.
Sr.
Presidente (Monzó).- Trataremos de formar quórum en los próximos minutos.
- Se continúa llamando. Luego de unos
instantes:
- 2 -
Sr. Presidente (Monzó).- Con la
presencia de 131 señores diputados queda abierta la sesión especial convocada
conforme al requerimiento efectuado por varios señores diputados en número
reglamentario.
Invito a la señora diputada por
el distrito electoral de Catamarca, doña Myriam del Valle Juárez, y al señor
diputado por el distrito electoral de Córdoba, don Juan Fernando Brügge, a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto.
-
Puestos de pie los señores diputados y el público presente, la señora diputada
doña Myriam del Valle Juárez y el señor diputado don Juan Fernando Brügge
proceden a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos en
las bancas y en las galerías.)
- 3 -
Sr.
Presidente (Monzó).-
Invito a los señores diputados y al público presente a entonar las estrofas
del Himno Nacional Argentino, que será interpretado por un cuarteto de la
Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación.
-
Puestos de pie, los señores diputados y el público presente entonan las
estrofas del Himno Nacional Argentino. (Aplausos en las bancas y en las
galerías.)
- 4 -
Sr.
Presidente (Monzó).-
Por Secretaría se dará lectura de la resolución dictada por la Presidencia
mediante la que se convoca a sesión especial.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Dice así:
AQUÍ RESOLUCIÓN dictada por LA PRESIDENCIA
mediante la que se convoca a SESIÓN ESPECIAL
Sr. Presidente (Monzó).-
A efectos de aprobar el tratamiento del proyecto de ley contenido en el
expediente 441-D.-2016, que no
cuenta con dictamen de comisión, se requieren los dos tercios de los votos que
se emitan.
Se va a votar.
-Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).-
Queda incorporado el asunto al temario de la presente sesión.
- 5 -
Sr. Presidente (Monzó).-
Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la señora diputada por
Córdoba.
Sra. Estévez.- Señor presidente: quiero plantear una cuestión
de privilegio contra el senador Ernesto Martínez, de la alianza Cambiemos, en
relación con sus declaraciones irresponsables y discriminatorias en torno del
debate por la paridad de género, que me ofenden como diputada mujer y como
representante de la provincia de Córdoba, de la misma forma que ofenden a todas
las integrantes de este Congreso de la Nación y a todas las mujeres en general.
En diferentes medios de comunicación,
el senador Martínez ha calificado a la paridad de género como innecesaria,
arcaica, demagógica, discriminatoria, corporativa, denigratoria, negativa,
contraproducente, y hasta dijo que era fascista.
Asimismo, afirmó públicamente que en
la Argentina la discriminación política hacia las mujeres había desaparecido,
siendo cosa del pasado, y que la desigualdad de género en la política no
existía de hecho. Como si fuera poco, e ignorando o “ninguneando” los
compromisos internacionales de nuestro país y los amplios debates teóricos y
políticos en torno de la paridad, así como la larga historia de la lucha de las
mujeres, se despachó con que la paridad de género no tenía un cuerpo de ideas
por detrás y que no resolvía ningún problema de las mujeres.
No le alcanzó al senador Martínez con
insultar la lucha histórica y negar las desigualdades de género de nuestro
sistema político; no le bastó arremeter contra las mujeres, sino que aprovechó
también para plantear que la paridad de género abría las puertas para que se
inventen cupos de cualquier cosa. Y en ese “cualquier cosa” están también los
trabajadores, los colectivos desfavorecidos, los pueblos originarios, los
adultos mayores y la comunidad LGBTIQ. Tenía miedo de que estos sectores
pudiesen reclamar algo similar, es decir, que se abran cupos para que
diferentes sectores pidan tener participación política.
Dice el senador Martínez que la
paridad de género tiene olor a fascismo. Yo realmente me pregunto de dónde
viene esa fragancia.
Más grave todavía, tuvo expresiones
muy dolorosas con respecto al contexto de la protesta social en la que se
enmarcaba este debate, por el estado de movilización social contra la violencia
de género y los femicidios. Según el senador Martínez –y voy a utilizar sus
palabras-, con la marcha contra los femicidios se había montado una escena que
hizo complicado que muchos legisladores que estaban en contra votaran de
acuerdo a su opinión, y agregó que los asesinatos de las mujeres, que se vienen
produciendo de manera cruel, no tienen nada que ver con la paridad de género.
El mencionado senador debería recordar
que, hasta que no tuvimos una presidenta mujer, que fue elegida por el voto
popular, en este país no hubo una ley integral de protección contra la
violencia hacia las mujeres ni ley de prevención y sanción contra la trata de
personas ni se incorporó la figura del femicidio al Código Penal. Algo tendremos
que ver, las mujeres que ocupamos espacios institucionales de decisión, con los
avances en materia de derechos y políticas públicas en contra de la violencia
machista. Negarlo es volver a “ningunear” nuestra lucha, nuestro esfuerzo y
nuestro trabajo colectivo.
Además, ¿cómo puede el senador
Martínez referirse a las movilizaciones ciudadanas contra la violencia machista
como una puesta en escena para presionar al Congreso con la paridad de género?
Es muy irresponsable, sobre todo como representante de Córdoba, teniendo en
cuenta que en lo que va del año ya mataron a 20 cordobesas y llevamos un récord
de 230 mujeres asesinadas a nivel nacional.
La marcha que se realizó hace quince
días fue un grito colectivo para que dejen de golpearnos, violarnos y matarnos.
La paridad de género es el
reconocimiento justo a que nuestra democracia solo será representativa cuando
en este Congreso de la Nación y en todos los poderes del Estado haya al menos
un 50 por ciento de mujeres que ocupen puestos de decisión política, sobre todo
teniendo en cuenta que en la Argentina las mujeres representamos más del 50 por
ciento de la población.
Al senador Martínez le encanta
machacar con los requisitos del mérito y la idoneidad para el cargo, como si en
su partido y en todos los partidos no hubiese mujeres idóneas. Pero si, como
dice Martínez, no hay desigualdad de hecho y el único requisito es la
idoneidad, que nos explique a todos los argentinos de qué sirve la idoneidad de
los jueces que liberan a los femicidas para que puedan andar como si nada, la
de los jueces que prohíben los abortos no punibles, la de los senadores que
votaron con “la Banelco” y la de aquellos presidentes que en otras épocas -que
me recuerdan bastante a estas- se fueron en helicóptero mientras hacían que
masacraran al pueblo en la Plaza de Mayo. Además, por casualidad ese
expresidente pertenece al mismo partido de este senador.
No voy a caer en calificar de fascista
la posición del senador tal como él calificó la paridad de género, porque tengo
la responsabilidad y el conocimiento de la historia para saber lo que significa
esa palabra. Pero sí voy a definir esa posición como profundamente conservadora
e interesada. Digo que es interesada porque no solo refleja la ideología del
senador sino que también tiene que ver con los intereses electorales del
partido al que pertenece. De hecho, él mismo afirmó públicamente que, con la
paridad de género, el armado de las listas del año que viene será muy difícil y
altamente dificultoso. ¿Tendrá miedo el senador de que otras dirigentes,
mujeres de su propio partido, más preparadas, representativas e idóneas, ocupen
su lugar?
Sr. Presidente (Monzó).-
Pido a la señora diputada que vaya concluyendo, por favor.
Sra. Estévez.- Ya termino, señor presidente.
No sé si esto es así, pero la forma en
que el senador Martínez se refiere a sus correligionarias nos indica que en su
posición confluyen ideología e interés: “Siempre incorporamos a las mujeres”,
“Siempre sumamos a las mujeres en las listas por su valía”, son algunas de las
declaraciones que hizo el senador.
Permítame decirle que, tanto en su
partido como en todos los demás, las mujeres hemos llegado por mérito propio y
muchas veces haciendo doble esfuerzo que los varones por la discriminación que
hay dentro de los partidos, y no porque nos incorporaran los hombres sino
porque lo hemos ganado por derecho, por capacidad y por idoneidad. La visión
paternalista de Martínez es coherente con su interés y con su ideología.
También dijo que en un país donde
Cristina gobernó durante ocho años era imposible hablar de discriminación. Pido
a cualquiera de los diputados aquí presentes que revise las notas de prensa y
las declaraciones de la oposición política, a ver si no han sido
discriminativas hacia Cristina. ¡Por favor, seamos un poco más honestos y
digamos las cosas por su nombre! La verdad es que hay cierto sector,
particularmente del oficialismo, que no deja de hacer declaraciones misóginas y
discriminatorias respecto de las mujeres.
Pido entonces al senador Martínez que
se retracte y, por sobre todas las cosas, que nos respete porque las mujeres no
pensamos dar ni un solo paso atrás en la conquista de nuestros derechos y de
nuestra representatividad. (Aplausos en
las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- La cuestión de privilegio pasa a la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 6 -
Sr. Presidente (Monzó).-
Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la señora diputada por Buenos
Aires.
Sra. Di Tullio.- Señor presidente: es la primera vez que
planteo una cuestión de privilegio en este recinto en los casi once años que
llevo como diputada nacional. No es que en estos años no haya visto afectados
mis fueros o que no haya sido agraviada en mi condición de diputada nacional o
de mujer, pero siempre pensé que en la política y en la vida había cuestiones
principales y secundarias, y creo haber actuado en consecuencia.
La
verdad es que no me gusta estar en esta situación y plantear esta cuestión de
privilegio relacionada con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, una ex
colega de muchos años de esta Cámara, y además compañera mía. Fue la jefa del
operativo exagerado que se montó con exclusiva intención de terminar en una
represión y que, según sus propias palabras, fue monitoreado por ella misma,
siendo la jefa de las fuerzas de seguridad que estaban presentes el 31 de
octubre –hace apenas dos días- en ocasión de la citación que el juez Ercolini
le hiciera a la ex presidenta Cristina Fernández.
Caracterizo
esta situación –al igual que todo mi bloque y el espacio político al que
pertenezco- como una enorme persecución política, judicial y mediática hacia la
ex presidenta.
Quienes
acompañamos su gobierno y el del ex presidente Néstor Kirchner, es decir,
muchas diputadas y diputados nacionales
acá presentes, fuimos a acompañar a la ex presidenta. De la misma manera,
asistieron dirigentes políticos, sociales y de la órbita de los derechos
humanos, específicamente madres de Plaza de Mayo.
Durante
el tiempo que la ex presidenta estuvo declarando, observé con perplejidad cómo
este número extraordinario de efectivos policiales de las fuerzas de seguridad
–entre 300 y 600 miembros de la Gendarmería y la Policía Federal- llevaban a
cabo una verdadera provocación hacia quiénes estábamos en el interior y en el
exterior de Comodoro Py, donde había miles de militantes y adherentes a la ex
presidenta para acompañarla y darle su apoyo.
La
hilera de gendarmes que tapaba la camioneta de Madres de Plaza de Mayo
constituye una de las tantas provocaciones que hemos vivido quienes estuvimos
allí. Había francotiradores en el techo y la Policía Federal tenía armas de
fuego en una manifestación absolutamente pacífica.
Tengo
muchos años de militancia y he asistido a cientos y cientos de marchas como
militante política, y nunca viví una situación como la que padecí el lunes 31
de octubre pasado.
En
el momento en el que la ex presidenta se retiraba del lugar, luego de atender a
la prensa, algunos dirigentes y diputados nacionales acompañamos la salida de
su auto, pero fuimos reprimidos y violentados por parte de las fuerzas de
seguridad, al igual que los militantes presentes en ese mismo momento.
Yo
sufrí golpes y empujones, y tengo lesiones. Ese mismo día hice la denuncia
penal contra la ministra Bullrich, con la constatación de mis lesiones por
parte de la médica policial.
Quiero
adjuntar a este pedido de cuestión de privilegio –para que usted, señor
presidente, lo envíe a la Comisión de Asuntos Constitucionales- tanto la
denuncia como la constatación de las lesiones.
Además,
una de las cuestiones que más me llamó la atención es no haber recibido una
sola comunicación por parte del Poder Ejecutivo, específicamente de la ministra
Bullrich. Suponía que me iba a llamar para solidarizarse y decirme que se iba a
ocupar de identificar a quienes me habían agredido, es decir, a quienes habían
agredido a una diputada nacional. Aclaro que yo me identifiqué como diputada de
la Nación.
Pero
no es solamente a mí a quienes agredieron las fuerzas policiales sino a muchos
dirigentes, a otros diputados nacionales y también a muchos militantes.
La
ministra Patricia Bullrich dijo que había sido un exitoso operativo. Pregunto:
¿yo soy parte del éxito del operativo de la ministra Bullrich? ¿Mis lesiones
son parte del éxito que tuvo el operativo de la ministra Bullrich? ¿El éxito
consistía en la represión?
La
represión la frenó la ex presidenta de la República cuando se bajó del auto y
puso su cuerpo y su decisión política para tal fin. Dicha represión estaba
absolutamente armada de antemano, pero ella fue al corazón de la manifestación
para sumarse al pueblo que la había acompañado. Ella puso su cuerpo para frenar
la represión.
Señor
presidente: no sólo quiero adjuntar tanto la denuncia como la constatación de
las denuncias que recibí sino también la nota que el presidente de la Cámara
Federal de Casación Penal –doctor Alejandro Slokar- le enviara a la ministra
Bullrich para pedir refuerzos policiales en Comodoro Py.
Patricia
Bullrich se basa –y voy a decirlo suavemente- en forma equivocada –por no decir
mentirosa- en que el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal le pide
que refuerce la seguridad en caso de ser necesario, velando por los derechos
humanos y en función de las normas vigentes, para que se cuidara y resguarda la
vida de todos los que estábamos allí, es decir, nuestra integridad física. En
mi caso, y en el de cientos de militantes y de dirigentes políticos, dicha
integridad física fue vapuleada por la ministra Patricia Bullrich.
Por
lo tanto, como presidente de toda la Cámara
–usted también es mi presidente- le pido que acelere el tratamiento de
esta cuestión de privilegio en la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque
este tema es de suma gravedad.
Espero,
señor presidente, que se ponga en mi lugar -y en el lugar de cada diputado y
diputada- porque la verdad es que estamos ante una hecho de gravedad
institucional y usted también es responsable de que estas situaciones se
frenen. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- La cuestión planteada pasará a la Comisión de Asuntos
Constituciones.
Para
otra cuestión de privilegio, tiene la palabra la señora diputada por Buenos
Aires.
Sr.
Romero.- Señor presidente: quiero contestar a la
diputada preopinante.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tenemos que terminar con las cuestiones de privilegio. No se
puede contestar…
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Romero.- Gracias, señor presidente.
Simplemente
para acompañar la moción de la compañera y amiga diputada Juliana Di Tullio,
nos solidarizamos profundamente con lo que ha ocurrido y repudiamos
absolutamente el hecho que, como ella acaba de describir, es de extrema
gravedad.
Sr.
Presidente (Monzó).- Gracias, diputado Romero.
La
cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 7 -
Sr. Presidente (Monzó).-
Para otra cuestión de privilegio, tiene la palabra la
señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Bregman.- Señor presidente: antes de comenzar,
quiero expresar toda mi solidaridad con la diputada Di Tullio.
Para
mantener nuestra coherencia siempre hemos dicho que la Gendarmería Nacional no
tenía que actuar en las manifestaciones públicas, así que reiteramos toda
nuestra solidaridad con la diputada Di Tullio, y esperamos que se trate la
cuestión de privilegio que ha planteado.
Me
quiero referir a una cuestión que me involucra directamente. En la sesión del
miércoles pasado, a través de una serie de portales de noticias, empezamos a tomar
conocimiento de que esta Cámara y la de Senadores habían dispuesto un aumento
de las dietas de los legisladores por arriba del 47 por ciento. Incluso me
llamaron algunos compañeros preguntándome si este tema se había tratado acá, y
tuve que decir que no, que yo me había enterado de la misma manera que lo había
hecho todo el mundo. Este aumento no se había puesto en conocimiento en el
Parlamento.
Me
quiero referir a esta cuestión porque, a la par, el gobierno nacional, los
gobernadores del oficialismo, del peronismo y del Frente para la Victoria dicen
que no van a pagar el bono de fin de año que se está reclamando. En realidad,
es un “bonito” porque 2 mil pesos es la sexta parte de lo que debería ser un
bono para cubrir lo que se ha perdido por la inflación.
Al
mismo tiempo, cierran un acuerdo con la CGT para que no haya un paro nacional.
Los gobernadores hacen cola para decir que no van a dar un peso a fin de año y
lo mismo han dicho varias cámaras patronales.
Señor
presidente: la mitad de los trabajadores argentinos gana menos de siete mil
pesos, la mitad de las familias argentinas no llega en su conjunto a los
catorce mil pesos de ingresos mensuales. Los jubilados trabajaron cuarenta años
para cobrar menos de seis mil pesos en la Argentina de hoy.
Por
eso no admitimos este aumento en nuestro nombre. Como diputada nacional –lo
vuelvo a decir‑ junto con el ex diputado del Caño presentamos hace ya
tres años un proyecto para que ningún diputado ni funcionario público cobre más
que un docente. Nosotros lo cumplimos; y el resto de los ingresos lo donamos a
distintas luchas obreras y populares.
Por
estas razones, ponemos a disposición nuestro proyecto contenido en el
expediente N° 7.676-D.-2016 para que
sea tratado junto con el que presentó mi compañero del Frente de Izquierda
Néstor Pitrola, a los efectos de que en la presente sesión todos y cada uno de
los bloques den su opinión al respecto, porque no se agravia a nosotros pero sí
a todo el pueblo trabajador que ha manifestado su rechazo ante esta medida.
Sr.
Presidente (Monzó).- La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
- 8 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Para otra cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr.
Depetri.- Señor presidente: en once años que
llevo en esta Cámara jamás he planteado una cuestión de privilegio. En esta
oportunidad quiero hacerlo con motivo de los actos del Poder Ejecutivo nacional
a raíz de la detención arbitraria e ilegal que existe en la Argentina. Se trata
de una revancha política o tal vez de un intento de control social del
conflicto en la calle. Son puntos de vista diferentes acerca de la construcción
de la organización popular, de la política y sobre todo de los derechos del pueblo
jujeño.
Lo
hemos dicho en todos los estrados: en esta Cámara, en movilizaciones masivas de
la CTA, de la CGT, del Frente para la Victoria, de partidos de izquierda, de
organismos de derechos humanos. Hay además un gran trabajo de abogados
prestigiosos y de organizaciones como el CELS y otras entidades que impulsaron
este reclamo ante la ONU, que fue clara: exige la libertad inmediata de la
dirigente social y diputada del Parlasur, la compañera Milagro Sala.
Es
el mismo grupo de trabajo que planteó que en Venezuela había que liberar al
dirigente opositor al chavismo Leopoldo López. También hemos visto al
presidente Macri exigir a los organismos internacionales la inmediata
liberación de Leopoldo López porque la ONU lo indicaba. Y ahora la ONU reclama
la libertad de Milagro Sala. Sería importante que intercediera ante el
gobernador Morales ‑hay una justicia armada a su antojo‑, ante los
defensores de la República y de la democracia.
El
17 de diciembre pasado, a pedido del gobernador Morales, la Legislatura de la
provincia de Jujuy –que no tenía constituida la Comisión de Justicia‑
aprobó un proyecto para ampliar de cinco a nueve los miembros del Superior
Tribunal de Justicia. Dos legisladores radicales que apoyaron esa ampliación
renunciaron el mismo día que votaron y asumieron como jueces del Superior
Tribunal de Justicia. Eso fue lo que garantizó la posterior detención ilegal de
Milagro Sala a quien después, estando presa, se le acumularon todas las causas
para tratar de justificar arbitraria e ilegítimamente su detención.
Durante
el último año la ONU emitió dos resoluciones en relación con nuestro país. En
una de ellas felicitó al gobierno argentino por la renegociación que hizo con
los fondos buitre, marcando un rumbo y dando un marco legal internacional a
todos los otros Estados del mundo que venían renegociando la deuda con los
fondos buitre. La otra resolución que emitió la ONU exige la libertad de
Milagro Sala, declara ilegal esa detención y establece que debe ser reparada
rápidamente esa decisión.
En
los últimos diez meses hemos visto a nuestra canciller, Susana Malcorra,
ofreciéndose para ser la secretaria general de la ONU, promovida por el propio
presidente Macri. Entonces, me pregunto: si Susana Malcorra puede ser quien
lidere la ONU, ¿qué va a hacer? Supongo que va a velar por el cumplimiento de
los pactos internacionales, que tienen fuerza de ley.
Entonces,
solicito, exijo, planteo y quiero que el gobierno de la Nación, que el
presidente Macri, interceda y aproveche esta resolución de la ONU para reparar
esta verdadera inmoralidad. Tiene la oportunidad de intervenir ahora, con la
resolución de la ONU, para ordenar la inmediata libertad de Milagro Sala y
poner las cosas en su lugar. Cualquiera puede ser acusado pero no puede ser
encarcelado sin pruebas y mucho menos estigmatizado.
Aquí
quiero hacer un breve paréntesis, señor presidente, porque esta estigmatización
sobre Milagro Sala por negra, por dirigente social, por pobre…
‑Varios señores diputados hablan a
la vez.
Sra.
Burgos.- ¡¿Pobre?!
Sr.
Depetri.- ¡Sí, por pobre! ¡La estigmatizan por
pobre!
‑Varios señores diputados hablan a
la vez.
Sr.
Depetri.- ¡Háganle caso a la ONU, ya que son tan
defensores de los pactos internacionales!
Sra.
Burgos.- ¡Que analicen todas las denuncias!
‑Varios señores diputados hablan a
la vez.
Sr.
Depetri.- ¡Ustedes no pueden sostener la
detención arbitraria de Milagro Sala, cuyo frente organizó a los pobres, los
reivindicó y creó empleo para ellos, mientras ustedes votaban leyes que
llevaban a la pobreza y a la desocupación
a millones de compatriotas! (Aplausos
en las bancas.)
Entonces,
como tanto el presidente Macri, ustedes y los legisladores de Jujuy no pueden
sostener esta detención arbitraria, pido al presidente que intervenga y
aproveche la resolución de la ONU para liberar a Milagro Sala. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- La cuestión pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Tiene
la palabra la señora diputada por Corrientes.
Sra.
Ferreyra.- Señor presidente: quiero expresar mi
solidaridad con el planteo de la compañera Di Tullio. Estuvimos allí y vimos el
operativo policial.
Días
atrás también planteamos una cuestión de privilegio contra el gobernador
Morales con motivo de lo que nos había tocado padecer como diputadas cuando
fuimos a tomar denuncias en esa Jujuy en la que no hay Estado de derecho ni
sistema democrático y no funcionan las garantías constitucionales. Eso lo vemos
nosotros. (Aplausos en las bancas.)
Atentan no solo contra Milagro Sala y la Tupac, sino también contra los
pobladores originarios, las mujeres y los trabajadores. Es una retahíla de
denuncias las que traíamos.
Hoy
vengo a plantear otra cuestión de privilegio, porque ese gobernador se ensaña
con las mujeres, con Milagro Sala. La conducción de la Tupac está integrada por
ocho mujeres que están detenidas. Persiguió a una comisión conformada por ocho
mujeres, diputadas de distintas bancadas. Es un misógino machista.
Ayer
detuvieron a compañeras de la CTEP, amas de casa y dirigentes que estaban en
una feria barrial tratando de vender productos para llegar a fin de mes. Una de
nuestras compañeras que fue detenida tiene 72 años. Eso es lo que hace Morales.
Por eso, decimos que a Milagro Sala tienen que liberarla; violaron todas las garantías
constitucionales. Tienen que parar con el Estado represivo y volver a un
sistema democrático; es una responsabilidad del Estado nacional.
Deben
cumplir con la resolución de la ONU. No es Morales el que responderá sino el
Estado argentino, los cuarenta millones quedaremos como cómplice de esa
situación si no logramos que se cumpla con esta resolución.
Por
una navidad sin presos políticos y porque Morales cumpla con la Constitución
Nacional y el Estado de derecho; de lo contrario, tendrá que irse. Si de acá a
que termine el período ordinario de sesiones no se cumple con las resoluciones
de la ONU, pediremos el juicio político. Dijo muy graciosamente Gerardo Morales
que las resoluciones de la ONU son tan vinculantes como las opiniones del
radicalismo dentro de Cambiemos. Lamento los problemas que tienen los
correligionarios en la alianza gobernante, pero las resoluciones de los
organismos internacionales son de cumplimiento obligatorio porque firmamos las
convenciones, hemos sido parte y aceptado su jurisdicción, y no vendrán ahora
con esta actitud antidemocrática de querer excusarse, trasladando el compromiso
al Estado provincial de lo que es, a partir de esta resolución, la
responsabilidad de los tres poderes del Estado nacional: gobierno, Poder Ejecutivo
–mal que le pese a Malcorra y a Avruj‑, Corte Suprema y este parlamento.
Por
eso, apoyamos los distintos proyectos de resolución, el presentado por la
señora diputada Gaillard, solicitando que la Cámara se expida en el sentido de
reclamar el cumplimiento de las resoluciones de la ONU y la inmediata libertad
para Milagro y el resto de los presos políticos de este país, así como el de la
señora diputada Raverta para que se constituya la Comisión de Derechos Humanos
del Congreso en defensa no solo de Milagro, de la Tupac, sino también del
pueblo jujeño, frente a este tirano que está arrasando con los derechos y todo
lo que significa el Estado de derecho en una provincia.
Si
Morales sigue con esta irregularidad, pediremos el juicio político de los
ministros que sean cómplices y la intervención federal. Cuando están en juego
las garantías constitucionales no puede usarse la camiseta partidaria como
eximente de responsabilidad. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- La
cuestión de privilegio planteada pasa a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
- 9 -
Sr. Presidente (Monzó).- Para una cuestión de privilegio,
tiene la palabra la señora diputada por San Luis.
Sra. Bianchi.- Señor presidente: voy a hablar desde el bloque
Compromiso Federal, para expresar nuestra solidaridad con la señora diputada di
Tullio.
Particularmente llevo con ella once
años en esta Cámara y muchas veces hemos estado enfrentadas por distintas leyes
y causas; pero siempre fue con respeto, que es lo que pedimos, primero, porque
la violencia hacia la mujer la repudiamos todos. No puede ser que desde el
mismo lugar donde deben cuidarnos, pasen estas cosas.
Creemos que es importante que se
respeten la Constitución, las leyes, y se deje a las personas que puedan
expresarse libremente, porque de lo contrario estaríamos cayendo en lo mismo
que ha sucedido.
No queremos esta Argentina, donde no
dejen a la gente participar, opinar; no queremos una Argentina de esta forma,
con violencia.
Sr. Presidente (Monzó).- La cuestión de privilegio planteada
pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 10 -
Sr. Presidente (Monzó).- Para una cuestión de privilegio,
tiene la palabra la señora diputada por Jujuy.
Sra. Martínez (S.A.).- Señor presidente: quiero plantear
una cuestión de privilegio como diputada de la provincia de Jujuy, contra el
señor diputado Depetri y la señora diputada Ferreyra por las expresiones
falaces que vertieron en sus alocuciones.
- Varios
señores diputados hablan a la vez.
Sra. Martínez (S.A.).- Esta es la actitud autoritaria que
tienen siempre. Yo los escuché con atención...
- Varios
señores diputados hablan a la vez.
Sr. Presidente (Monzó).- Solicito a
los señores diputados que permitan que la oradora plantee su cuestión de privilegio.
Sra. Martínez
(S.A.).-
Interrumpen a cada instante, no soportan a los que piensan distinto.
Quiero decir a todo el pueblo
argentino, como defensora de los derechos de las mujeres desde hace largos
años, que ello no significa buscar impunidad para quien comete delito; eso no
tiene absolutamente nada que ver. (Aplausos en las bancas.)
Milagro Sala es una mujer política; es
más, antes de ser diputada de la Nación fui diputada de la provincia, y ella
también lo fue al mismo tiempo, y estábamos sentadas muy cerca. En cada una de
las sesiones hacía, en forma permanente, que se llenara la barra para que a
nuestro paso nos agredieran tirándonos folletos y demás. Eso no es grave,
comparado con la afrenta hacia cada una de las familias de Jujuy a quienes les
robó la casa, quedándose con plata del Estado. (Aplausos en las bancas.)
Que les robara a los jujeños no
hubiera sido posible si no hubiese tenido la anuencia y la matriz de corrupción
permitida por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. (Aplausos
en las bancas.)
En esa matriz de corrupción de la que
era protagonista en la provincia, está también el ex ministro de Planificación
Julio De Vido, que está aquí sentado. (Aplausos en las bancas.) Él también permitió que nos robaran a los jujeños.
Estamos hablando de 1.800 viviendas que eran techos que hacían falta a cientos
de familias y que figuraban como construidas y, además, que requerían más
dinero.
Milagro Sala es la que se quedó con
ese dinero; la gente lo vio en todo el país, se llevaron los bolsos, porque eso
los caracterizaba; se llevaron la plata de los ciudadanos de Jujuy en
valijas. (Aplausos en las bancas.)
Y ahora vienen a
hablarnos...
Sr. Abraham.- Panamá Papers, Calcaterra...
Sra. Martínez (S.A.).- Quiero decir un par de cosas más.
Sr. Díaz Roig.- Panamás Papers, Calcaterra, Aranguren...
-
Varios señores diputados hablan a la vez.
Sr.
Abraham.- La deuda de Macri: 300 palos...
Sra.
Martínez (S.A.).- La opinión, porque ni siquiera
se trata de una resolución ...
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sra.
Martínez (S.A.).- No existe ninguna resolución de
Naciones Unidas. Lo que hay es una
opinión que deja muy mal parado a ese organismo tan respetable. Se trata de un pedido... (Aplausos
en las bancas.)
Sr.
Abraham.- ¡Andá a decir eso a la ONU!
-
Varios señores diputados hablan a la vez.
Sra.
Martínez (S.A.).- No quieren escuchar la
verdad...
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sra.
Martínez (S.A.).- ¿Saben quién es Milagro Sala?
Es la que tiene una mansión muy cerca de mi casa, en el dique La Ciénaga, que
muchos de ustedes no podrían tener. Tantas propiedades hechas con la plata de
todos los argentinos...
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sra.
Martínez (S.A.).- La matriz de corrupción tuvo
como protagonista a Milagro Sala. El superior tribunal de justicia de Jujuy
nada tiene que ver con su detención; los jueces que la están juzgando son
aquellos que fueron elegidos y definidos por Eduardo Fellner. No tienen nada
que ver con Morales. Gerardo Morales es el político más democrático o uno de
los más democráticos del país.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Presidente (Monzó).- Le solicito que vaya cerrando su discurso, señora diputada.
Sra.
Martínez (S.A.).- Como muestra de las cosas
concretas que realizó, les puedo mencionar lo siguiente. En primer lugar, creó
la Secretaría de Paridad de Género. En segundo término, definió un presupuesto
muy alto para que se luche por los derechos de las mujeres; y digo esto como
mujer y como la primera diputada nacional que encabezó la lista de la Unión
Cívica Radical en Jujuy. Esta es la consideración que tiene Gerardo Morales
para con las mujeres: acompañar a las mujeres de la provincia de Jujuy.
Reitero:
no tiene nada que ver lo que están diciendo. ¡No sean cómplices! ¡No
justifiquen el robo! ¡No justifiquen la corrupción! ¡Eso habla muy mal de
ustedes! (Aplausos y manifestaciones en
las bancas.)
- 11 -
Sr. Pitrola.- Pido la
palabra para una moción de orden.
Sr.
Presidente (Monzó).- Para una moción de orden, tiene la palabra el señor diputado por
Buenos Aires.
Sr.
Pitrola.- Señor presidente…
Sr.
De Vido.- Solicito una interrupción por haber
sido aludido, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Señor diputado Pitrola: el señor diputado De Vido le solicita
una interrupción. ¿Se la concede?
Sr.
Pitrola.- La interrupción se la debió haber
pedido a la diputada que lo aludió y no a mí.
Sr.
Presidente (Monzó).- Pero como la señora diputada ya terminó su discurso, se la
solicita a usted, señor diputado, a fin de poder responder.
Sr.
Pitrola.- Pero entonces no hay interrupción...
Sr.
Presidente (Monzó).- Señor diputado De Vido: cuando termine de hacer uso de la
palabra el señor diputado Pitrola, se la daré a usted.
Sr.
Pitrola.- Señor presidente: he pedido la palabra
para formular una moción de orden a fin de que esta Cámara se aparte del
reglamento para considerar el proyecto contenido en el expediente 7.685‑D.-2016, por el que se propone anular
las resoluciones firmadas por la Presidencia de esta Honorable Cámara que
establecieron aumentos en los montos percibidos por los diputados de esta
Cámara, duplicando los gastos de representación y aumentando el ítem de
desarraigo.
Asimismo,
solicitamos que se ponga en consideración la anulación del decreto 488/16, que
establece el régimen de compensación monetaria por pasajes no usados, y pedimos
que se revea todo el aumento de las dietas del año 2016, que entre enero y
febrero ha sido, como mínimo, del 47,5 por ciento y que con ese polémico
decreto de compensación de pasajes no usados –sean aéreos o terrestres‑
puede llegar a más del 60 por ciento.
Pedimos
que se traten todos los proyectos que hay en esta Cámara sobre las dietas de
los diputados, en una sesión a determinar, para que todos los bloques puedan
discutir esto a la luz y de cara a todo el pueblo argentino. Nosotros desde que
asumimos hemos elaborado un proyecto para que la dieta del diputado esté atada
o sea equivalente a cuatro salarios mínimos vitales y móviles, a fin de que no
se produzca lo que se ha producido este año con este “dietazo”, que es el
divorcio entre los ingresos de los diputados y la realidad social que vive la
mayoría del pueblo trabajador argentino.
Quiero
llamar la atención a cada uno de los diputados y a cada uno de los treinta y
siete bloques que componen esta Cámara sobre lo siguiente: este aumento de
dietas no tiene nada que ver con las paritarias, que han cerrado en un 31 por
ciento promedio, es decir, diez puntos por debajo de la inflación prevista,
como mínimo, porque la de este mes llegará al 3 por ciento.
Además,
este aumento se produce en un país donde se está discutiendo un bono burla de
2.000 pesos, que no se sabe qué provincias ni qué trabajadores de qué empresas
lo van a cobrar, y donde no se ha permitido la reapertura de paritarias.
Por
otra parte, estamos hablando de este aumento en una Cámara que no ha tratado
los distintos proyectos que hay para otorgar un aumento de emergencia a los
jubilados, que son los que más han perdido frente a la inflación, y que va a
tratar un presupuesto del ajuste, con una pauta del 17 por ciento para el año
que viene, consagrando una pérdida histórica de los ingresos de la población.
Además, se contemplan ajustes en salud, educación e investigación y se destina
un presupuesto mínimo para vivienda.
Mientras
tanto, en esta Cámara se consagra un aumento del 47,5 por ciento, como mínimo,
para los diputados. Creo que hay un contraste brutal, y en estos días he tenido
que polemizar con una diputada mendocina del PRO, que ha dicho que deberíamos
ganar el doble si tenemos en cuenta el salario de los ejecutivos de su empresa.
¡Esa
es la comparación que no quiere el Partido Obrero, que no quiere el Frente de
Izquierda, y que no creo que quiera el pueblo argentino! Es la comparación con
los CEOs, con los gerentes y ejecutivos que manejan las corporaciones y los
bancos, para los cuales se está legislando en la República Argentina. Nosotros
queremos comparar nuestro sueldo con el salario promedio de todos los
trabajadores, que –según el INDEC‑ es de 10.771 pesos; y la mitad de
ellos gana menos de 8.000 pesos.
Por
eso, formulo una moción de apartamiento del reglamento para que en esta sesión,
que tiene un temario cerrado por tratarse de una sesión especial –aunque nunca
debió haber sido tal para tratar el presupuesto‑, se considere el tema
que acabo de plantear y todos los bloques se definan frente a esta situación.
Además, solicito que se vote nominalmente. (Aplausos
en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente la moción de apartamiento del
reglamento formulada. Se
requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.
Sr. Lusquiños.- ¿Puede aclarar qué se va a votar, señor
presidente?
Sr. Presidente (Monzó).-
Lo que se va a votar es la moción de apartamiento del reglamento formulada por
el señor diputado Pitrola para tratar la anulación de las resoluciones firmadas
por el presidente de esta Honorable Cámara por las cuales se establecen
aumentos en las dietas de los diputados. Para incluir ese asunto en esta sesión
se necesita el voto de las tres cuartas partes de los miembros presentes.
Sr. Lusquiños.- De acuerdo, señor presidente.
Sr. Presidente (Monzó).-
Se va a votar nominalmente.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
217 señores diputados presentes, 104 han votado por la afirmativa y 112 por la
negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Han
votado 104 señores diputados por la afirmativa y 112 por la negativa. No se han
registrado abstenciones.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda rechazada la moción.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
De Vido.- Señor presidente: seré breve porque los
temas a tratar en la sesión de hoy son sumamente importantes para el pueblo
argentino.
No
voy a responder los agravios de la señora diputada preopinante; me defiendo
donde corresponde: en los tribunales argentinos. El Congreso de la Nación está
para legislar, para trabajar por la gente y para avanzar en proyectos que
contribuyan al bienestar del pueblo argentino, no para difamarnos y
calumniarnos entre nosotros.
Me
siento representado por las palabras vertidas por el señor diputado De Petri en
relación con la situación de Milagro Sala. He tenido el honor de trabajar con
ella, quien ha construido miles de viviendas y piscinas para niños que nunca en
su vida habían tenido la posibilidad de acceder a ningún tipo de esparcimiento.
(Aplausos en las bancas.)
He
participado con Néstor y Cristina en actos multitudinarios de inauguraciones de
viviendas y de centros deportivos para quienes no tenían nada.
Al
igual que el señor diputado De Petri, creo que Milagro Sala está presa porque
es pobre, porque ha violentado los intereses de la sociedad feudal de la
provincia de Jujuy, que también parecen representar algunos legisladores del
oficialismo. (Aplausos en las bancas.)
- 12 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde considerar los dictámenes de las comisiones de
Legislación General y de Presupuesto y Hacienda recaídos en el proyecto de ley
en revisión por el cual se regulan los contratos de participación
público-privada. (Orden del Día N° 815).
AQUÍ ORDEN DEL DÍA N° 815
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en general.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Lipovetzky.- Señor presidente: volvemos a tratar
en este recinto el proyecto de ley sobre participación público-privada, que ya
debatimos la semana pasada y que nuevamente fue discutido ayer en el seno de
las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda. Dicha
iniciativa obtuvo dictamen de mayoría, que seguidamente informaré.
Como
dijimos la semana pasada, la sanción de este proyecto contribuirá a resolver
los problemas de infraestructura que tiene nuestro país. La Argentina no
solamente necesita el aporte del Estado para resolver el hecho de que uno de
cada tres argentinos no tiene agua potable o que el 33 por ciento no tiene
cloacas. Además, es necesario reconstruir las rutas del país y también unos 10
mil kilómetros de vías. Sucede que muchas veces el aporte estatal no alcanza
para todo eso. Por ese motivo, muchos países –incluida la Argentina- han
recurrido a este instrumento de participación público-privada. Por ejemplo, el
expresidente Néstor Kirchner lo hizo en el año 2005 cuando firmó el decreto
967, que estableció este régimen.
- Ocupa la Presidencia la señora
vicepresidenta 2º de la Honorable Cámara, profesora Patricia Viviana Giménez.
Sr.
Lipovetzky.- En la región esto también se ha
hecho. Brasil, Chile y Colombia...
Sra.
Presidenta (Giménez).- Disculpe, señor diputado. La Presidencia solicita a los señores
legisladores que guarden silencio.
Sr.
Lipovetzky.- Como decía, Brasil, Chile y Colombia
han utilizado este régimen y han avanzado mucho en obras de infraestructura,
como la construcción de hospitales y cárceles. Por lo tanto, era necesario
avanzar con una norma como la que estamos tratando, que tuviera fuerza de ley.
El
Honorable Senado de la Nación dio sanción a esta iniciativa con el apoyo de la
mayoría de sus miembros, pero durante la discusión en esta Cámara hemos ido
incorporando diversas modificaciones que han mejorado su texto. Sobre todo, la
idea es cuidar el trabajo de los argentinos, a nuestras pequeñas y medianas
empresas y al medio ambiente.
A
continuación mencionaré las modificaciones introducidas al proyecto para
ilustrar a los colegas en este recinto.
En
primer lugar, hemos puesto énfasis en el cuidado del medio ambiente. El
proyecto en tratamiento...
Sra.
Presidenta (Giménez).- La Presidencia solicita a los señores diputados que están
conversando que lo hagan fuera del recinto para que podamos escuchar al orador.
Sr.
Lipovetzky.- Como decía, hemos incorporado normas
sobre cuidado del medio ambiente, sobre todo en el artículo 5º, cuya redacción
original ponía en cabeza del Estado esa responsabilidad. Por supuesto, aquí
hemos ampliado esa responsabilidad al contratista, es decir, al sector privado,
y además hemos dado intervención al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable para que analice cada uno de los proyectos vinculados con la
necesidad de cuidar nuestro medio ambiente.
Por
otro lado, hemos incorporado normativas para dar prioridad a las pequeñas y
medianas empresas y a las empresas nacionales, tanto en el diseño del proyecto
como en todo lo relativo a la adjudicación de los pliegos, lo cual constituye
una gran incorporación.
Recordemos
que en el proyecto sancionado por el Senado ni siquiera se hacía mención a la
aplicación de la ley de compre nacional. En cambio, en el dictamen de mayoría,
con las incorporaciones realizadas hemos ratificado la aplicación de la ley
25.551, de compre nacional, más allá de que por supuesto se consideraba
aplicable a este régimen.
Además,
a pedido de los diferentes bloques parlamentarios con quienes hemos trabajado
–y aprovecho para agradecer todos los aportes que han hecho-, hemos incorporado
la obligación de que la provisión de bienes y servicios tenga como mínimo un 33
por ciento de componentes nacionales.
De
esta manera, este instrumento que votaremos no solamente generará más obra
pública y mayor cantidad de emprendimientos -que de alguna forma van a derivar en
más trabajo para los argentinos-, sino que además respecto de la provisión de
bienes y servicios impulsará a la industria nacional y a la pequeña y mediana
empresa.
También
nos interesaba avanzar en los controles, y por eso se agregaron más, no solo por
parte del Estado con la intervención de la Procuración del Tesoro de la Nación,
sino además por vía parlamentaria, al crear una comisión bicameral de
seguimiento. Dicha comisión tendrá facultades para seguir cada uno de los
procesos de PPP que vayan avanzando o perfeccionándose por parte del gobierno.
Asimismo, se establece que el titular de la unidad de participación
público-privada que estamos creando como órgano interviniente en este régimen
tendrá la obligación de concurrir a esta comisión bicameral a informar al menos
una vez por año sobre todo lo atinente al desempeño de este régimen.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Honorable Cámara, doctor Emilio
Monzó.
Sr.
Lipovetzky.- Por otro lado, está claro que se
trata de un instrumento más que estamos agregando ya que el Estado puede actuar
en virtud de lo establecido por la ley de obra pública. Sin embargo, creemos
que solo con ese régimen no alcanzará para resolver todos los problemas de
infraestructura que tiene la Argentina.
Si
me permiten, me gustaría leer los requerimientos que hemos relevado respecto de
lo que hoy necesita nuestro país para obras de infraestructura. Por ejemplo, se
necesitan inversiones de 26.000 millones de dólares para las rutas nacionales,
11.400 kilómetros de autopistas y 13.000 kilómetros de rutas seguras, así como
también, 20.000 millones de dólares para obras de agua y saneamiento.
Recordemos que, como señalé, en nuestro país tenemos un 30 por ciento de la
población que todavía no tiene agua potable.
Además,
se necesitan 15.000 millones de dólares para ferrocarriles, y hay que recuperar
10.000 kilómetros de vías por las cuales hoy es muy difícil la circulación de
nuestros trenes. Necesitamos inversiones de 5.000 millones de dólares en
puertos y aeropuertos para su dragado y señalización. También se necesitan
10.000 millones de dólares para inversiones en riego e inversiones por 3.500
millones de dólares para turismo. No
alcanza solo el aporte del Estado para todas estas obras.
Por
supuesto, en el proyecto de ley de presupuesto que hoy se sancionará se prevé
un incremento de un 32 por ciento para inversiones en infraestructura, pero si
no contamos con el aporte del sector privado, va a ser muy difícil cumplir con
nuestros objetivos. Cabe señalar que todas estas inversiones en obras de
infraestructura no solamente mejorarán la calidad de vida de la gente, sino que
también permitirán reactivar nuestra economía y mejorar la producción tan
necesaria para generar empleo genuino en un país donde tenemos un 30 por ciento
de empleo en negro o no registrado.
Para
no extenderme, solo quiero agregar que las modificaciones que hemos introducido
sobre todo se deben al aporte de los diversos bloques. Siempre digo que cuando
las normas se nutren de las diferentes visiones resultan mejores leyes. Creo
que este Congreso ha ratificado este precepto; cada una de las leyes que hemos
sancionado en esta Honorable Cámara han sido aprobadas mejor que cuando
ingresaron. Esto se debe a la posibilidad de diálogo existente, a la búsqueda
de consensos y a la recepción de las diferentes visiones de los distintos
bloques parlamentarios.
El
proyecto de participación público privada no es la excepción. Hemos mejorado
mucho esta iniciativa, que no solamente generará inversión, pues es un
instrumento más para mejorar la infraestructura de la Argentina y fortalecer la
pequeña y mediana empresa y la industria nacional.
Por
lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de
ley.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Kicillof.- Señor presidente: en primer lugar,
como bloque no queremos repetir lo que ya se ha dicho respecto de este proyecto
de ley en el fallido intento del oficialismo por sancionarlo rápidamente junto
con este paquete de leyes –me permito decirlo‑ neoliberales con las
cuales quiere cerrar el año. Sin embargo, me parece que hace falta insistir en
algunos aspectos.
Por
algunos debates que hemos tenido en las comisiones y en el propio recinto antes
de que se desmoronara el intento fallido de aprobar esta iniciativa con rapidez
y solapadamente en la sesión pasada, entiendo que la opinión pública no ha
caído en la cuenta de cuál es la significación de este proyecto. Es más, cuando
lo debatimos la última vez en la reunión conjunta de comisión, las opiniones
oscilaban entre que esto era absolutamente intrascendente –lo decía algún
diputado del oficialismo vanagloriándose de que esta iniciativa era buena
porque en principio era una copia o algo parecido al decreto de Néstor Kirchner
del año 2005, lo que quería decir que era bueno aunque paradójicamente era una
parte de la herencia que les parecía excelente‑ y que era bueno porque no
lo iba a usar nadie o porque no cambiaba el carácter de la realización y la
contratación de la obra pública en el país. Es decir, lo bueno es que se iba a
usar muy poco.
Mientras
tanto, otros diputados, como lo ha hecho el señor diputado Lipovetzky recién,
planteaban que esto era como una especie de revolución para conseguir miles de
miles de millones de dólares para la obra pública. Oscilábamos entre votarlo
porque no servía para nada y era un detalle o votarlo porque significaría un
verdadero cambio en el monto, la cantidad y el volumen de obra pública que se
iba a hacer en la Argentina.
Para
que quede claro a los señores diputados que pueden estar un poco mareados por
estos dos puntos de vista contradictorios del propio oficialismo, me permito
decir que esto es, efectivamente, un cambio cualitativo que quiere introducir
el gobierno de Macri en la forma en que se contrata, se realiza y se apropia la
obra pública en nuestro país. O sea, es de interés e importancia supina y
sustancial para el proyecto neoliberal que está tratando de aplicar el gobierno
actual. Y lo está haciendo de manera solapada, oculta, porque no lo ha
informado en su campaña sino que las cosas van apareciendo de esta manera,
entre gallos y medianoche, mezcladas con otras leyes, pensando: vamos que sale
todo junto. Así pretenden llevar a esta Cámara a tomar decisiones respecto de
un proyecto tan importante como el de asociación público privada que todavía
estamos tratando de dilucidar de qué se trata. Esto es lo más grave, porque no
se ha comunicado a la sociedad de qué se trata.
Tal
como estaba redactada la iniciativa del Poder Ejecutivo, era uno de esos
famosos ejemplos de ensayo y error o de “aprendamos mientras hacemos”, que
tiene el equipo que se vanagloria de ser el mejor de los últimos cincuenta
años, pero cada vez que remite un proyecto presenta un error que después hay
que subsanar. El Poder Ejecutivo debería presentar proyectos con un trabajo
previo o una investigación, pero no es así: nos dicen que son de ensayo y
error. Y en rigor, esto también es mentira, porque no son de ensayo y error;
uno tras otro los proyectos que presenta el Poder Ejecutivo expresan su propia
voluntad, que por ejemplo era aprobar un tarifazo del 1.600 por ciento, y si no
se aprobó, fue porque hubo resistencia.
Cuando
analizamos el proyecto de ley de asociación público privada remitido por el
Ejecutivo, como decíamos el otro día, vemos que el inconsciente del presidente
de la Nación presentó una iniciativa a través de la cual se entregaba total y
absolutamente la contratación, ejecución y apropiación de las obras públicas y
de los servicios públicos en la Argentina. Esta es la voluntad del Poder
Ejecutivo; si después se modificó, fue porque alguien le puso una traba, un
límite o un poco de sensatez.
No
puede ser que un gobierno que en su campaña hablaba de la revolución de la
alegría y de mejorar las cosas que andaban mal, nos venga a decir que así lo
vamos a lograr. Incluso, aseguraban que así íbamos a terminar con la falta de
transparencia, la corrupción, los problemas de la obra pública, y que se iba a
generar muchísima obra. Es mentira; donde se aplicó este tipo de contratación
pasó todo lo contrario. No quieren tener un solo caso de corrupción en la obra
pública, pero con este proyecto van a tener diez, veinte casos. Para que lo
entienda todo el mundo, con esta iniciativa se está tercerizando o privatizando
el proceso de decisión y contratación de la obra pública en el país.
Hablando
con abogados –muchos de aquí lo son‑ advertimos que este proyecto está
diseñado para eludir el derecho administrativo argentino. Dicen que la forma de
contratación de la obra pública anda mal y que muchas de estas leyes no son de
este gobierno, sino que vienen de los 60 o de mucho antes. Bueno, corríjanlas,
pero no inventen un tubo, una autopista, al lado de los métodos normales de
contratación de la obra pública, para que esta se convierta en un cocoliche o
en cualquier cosa guiada por el interés privado. Esto es lo que se pretende con
esta iniciativa, y no exagero.
Podemos
señalar punto por punto. La atribución que tiene el Estado de decidir,
contratar, realizar, interceder, auditar, controlar y, sobre todo, socializar
los resultados de la obra pública queda hoy en manos de privados. El proyecto
de ley en tratamiento pretende esto porque desnacionaliza y desestatiza. ¿Qué
quiere decir esto? Muchos señores diputados no han caído en la cuenta de que
tal como está planteado en el texto casi cualquier obra o servicio que hiciera
el Estado, e incluso aquellas que no realizara, ahora aparecerá como iniciativa
privada conllevando condiciones especiales. De esta manera se acaban los
regímenes; cada contrato será distinto porque le permitirá al Estado contratar
la realización de una cloaca o un gasoducto, pero también prestar un servicio
de telefonía, de cable o de cualquier cosa.
¿Cómo
puede ocurrir eso? Un privado se acerca al sector público diciendo que quiere
prestar un servicio determinado, propone un proyecto e inventa una asociación.
Como el Estado no va a tener una participación sustancial en esta asociación
público privada, se arma una sociedad anónima entre el Estado y el privado con
el 0,01 por ciento en manos estatales y ninguna capacidad de voto. Dale que va:
presentan un contrato, lo aprueban y después, cuando le vendan a cualquier
precio esos servicios o el resultado de esas obras a los argentinos, lo único
que podremos hacer es ver qué decía la letra chica del contrato. Tal como pasó
en Perú y en otros lugares donde aplicaron este sistema, se sumarán miles de
juicios de los contratistas extranjeros y en tribunales extranjeros, tal como
lo admite este proyecto.
De
esa manera tendremos que discutir en tribunales como el del juez Griesa cuánto
cuestan los servicios de agua, de cloacas, de telefonía, de televisión o
cualquier otro servicio esencial. Esto es lo que admite este proyecto de ley.
Considero
que las modificaciones que se han hecho a este proyecto en la Cámara no son
sustanciales. Es fácil demostrar que los problemas que señalamos en el proyecto
en tratamiento han sido impedidos por medio de las modificaciones introducidas,
que tienen buenas intenciones y que van en la buena dirección. En este caso
ocurre lo mismo que sucedió con el pago a los fondos buitre, cuando
introduciendo pequeñas modificaciones decían “está arreglado”, y se les pagó
cualquier cosa. Aseguraban que se iba a producir una lluvia de dólares, pero
citando al presidente de la Nación, “te la debo”; eso no tiene nada que ver con
lo que ocurrió en el país. Las provincias se están endeudando a cualquier tasa,
a pesar de que hablaron de la existencia de tasas de interés favorables. Esa
plata desapareció y no sabemos dónde está. Se pagó a los fondos buitre, los
abogados y la propaganda contra el país.
Esta
iniciativa no va a traer buenos resultados, abre la puerta y directamente
entrega todos los requisitos que no otorga ningún país en su sano juicio para
la contratación de la obra pública, que es un resorte y una palanca para el
desarrollo nacional. Nada solucionaremos incluyendo en la norma la
obligatoriedad de que un porcentaje de la obra tiene que ser argentino. Espero
que las leyes laborales sigan siendo las argentinas y que la mano de obra
también sea nacional. Si solo la mano de obra es argentina y todo lo demás es
importado, habremos cumplido con el porcentaje requerido en el proyecto: 33 por
ciento. Ese porcentaje se cubrirá con la mano de obra y todo lo demás será
importado, y así potenciaremos más las importaciones.
La
solución que nos trae el macrismo es endeudarnos más, entregar la obra pública
a los privados y a los extranjeros, discutir las diferencias afuera y no con
jueces argentinos. Si no quieren contratar, la solución no es entregar y
privatizar la capacidad de obra del país a los privados y extranjeros sino
otra: pensar en los intereses del país, en las pymes, en la mano de obra
argentina, en nuestra capacidad productiva y en nuestro desarrollo nacional.
Esta norma no piensa en eso. Quiero ver cómo la oposición en lugar de estar
pidiendo pequeños cambios al proyecto, se opone a los resultados que tendrá
esta iniciativa, como ocurrió con los fondos buitre. No alcanza con cambiar
algunos puntos al texto.
Este
proyecto no sirve, vende nuestra capacidad de obra, privatiza los servicios,
mata a las pymes y el trabajo nacional.
El
año que viene nos lamentaremos de esto, porque en el proyecto de presupuesto
que vamos a considerar luego dice que un tercio de la obra se realizará por
medio de este sistema. ¿Esto es sustancial o no? Nos van a seguir endeudando
por el lado de las finanzas y por el de la participación público privada. Cortemos esto porque el país ya lo vivió; se
llama privatización, neoliberalismo y endeudamiento. Nuestro bloque votará
negativamente este proyecto de ley que va en contra del trabajo argentino y de
sus intereses. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
López.- Señor presidente: la semana pasada
logramos que este proyecto de ley volviera a comisión, pero antes de expresarme
sobre el punto, desde esta banca y en nombre del bloque del Frente de Izquierda
que integramos con los diputados Soledad Sosa y Néstor Pitrola, quiero exigir
la libertad inmediata de los once choferes de colectivos que están presos en
Salta, rehenes del gobierno de Urtubey, de las empresas de transporte y del
gobierno nacional por denunciar los despidos, el trabajo en negro y una serie
de atropellos cometidos contra los trabajadores del transporte, en defensa de
un enorme negocio que han hecho las empresas y el gobierno con los subsidios
del Estado nacional y el de la provincia de Salta.
Con
respecto al proyecto de participación público privada, ratificamos todo lo que
hemos denunciado en la sesión de la semana pasada y presentamos un nuevo
dictamen.
El
dictamen firmado con el consenso de algunos bloques simplemente ha introducido
un maquillaje porque no ha cambiado el carácter esencial del proyecto, que
sirve para saltear la ley de obra pública, la de peajes y el decreto que regula
las contrataciones del Estado.
Esta
iniciativa, que surge ante la desesperación porque no vienen los fondos de
inversión de los que tanto hablaba el gobierno, entrega mayores prebendas a los
grupos privados nacionales y extranjeros para que hagan negocios. La mayor
parte de esos negocios van a estar vinculados a la obra pública, donde los
recursos los va a poner el Estado y las obras las van a usufructuar los
privados.
El
miembro informante de la mayoría dijo que se necesita el aporte de los
privados, y esto no es así porque ellos no van a poner un peso.
Ya
se ha señalado en el debate en comisión que quieren que la gran mayoría de las
obras públicas incluidas en el presupuesto que discutiremos hoy se hagan por
medio de este mecanismo, como por ejemplo lo dijo el ministro Dietrich. En
infraestructura vial servirá para que no solo las empresas se beneficien con
los sobreprecios de la construcción de una ruta, sino para que también puedan
quedarse con la concesión y cobrar el peaje.
Quiero
señalar un aspecto político importante de esta discusión. Estamos considerando
estos asuntos en una sesión especial, y me parece una irregularidad, porque
deberían debatirse en una ordinaria. Además, el proyecto de presupuesto no
figura en primer lugar a pesar de que es la norma más importante para tratar, y
el primer asunto del temario es el proyecto de participación público privada,
para asegurarse los votos de todos los bloques con los que han tranzado para la
aprobación del presupuesto, prometiendo alguna que otra obra más en
determinadas provincias.
Por
otra parte, los maquillajes realizados no modifican la esencia de la norma.
Esto lo hemos denunciado y lo ratificamos ahora. El miembro informante de la
mayoría dijo que se habían contemplado los reclamos sobre las cuestiones
ambientales incluidas en el artículo 5°. Sin embargo, a ese artículo se le ha
agregado nada más que un párrafo, que dice que “En la documentación contractual
deberán especificarse las obligaciones que, a los fines antes indicados,
deberán recaer sobre cada una de las partes del contrato de participación
público-privada y contener los mecanismos que aseguren el cumplimiento por
parte de la contratista de todas las obligaciones que la legislación aplicable
pudiere imponerle en esta materia.” Y establece que el contrato deberá
aprobarlo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Pero
no dice que la contratista se va a hacer cargo de los pasivos ambientales. Solo
dispone que en la documentación del contrato se va a establecer quién se hace
cargo. Es decir que se mantiene lo que establecía el proyecto original para que
el Estado se haga cargo de los pasivos ambientales, y como dije la semana
pasada, este es el sueño de Chevron y de las empresas que pueden obtener
concesiones: dejar un enorme pasivo ambiental y cargárselo al Estado.
Como
va a contar con la aprobación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, parece que esto fuera alguna mejora, pero no lo es,
sigue con la misma característica.
Lo
mismo sucede con el problema de la entrega de la jurisdicción nacional en caso
de una disputa legal. No ha sido modificado en nada el artículo 25 para evitar
esta situación. Entonces, este gobierno va a hacer lo que hizo el anterior:
entregar la jurisdicción, como bien dijo el señor diputado Kicillof. ¿Qué hizo
su gobierno? Entregó la jurisdicción al juez Griesa.
Ahora,
por pagar a los fondos buitre, a partir de la entrega de esa jurisdicción, no
tenemos recursos para que haya agua, cloacas, viviendas para los trabajadores
de este país. Y eso se profundizará con este proyecto de ley porque, como hizo
el gobierno anterior con los fondos buitres, seguirán entregando la
jurisdicción nacional en caso de conflictos.
Esto
no ha cambiado, es simplemente un maquillaje que se ha hecho a la norma, que no
ha cambiado en su esencia. Como dije la semana pasada, este proyecto ley que se
está discutiendo en medio de los escándalos de corrupción por la obra pública,
va a ser la corrupción misma porque permitirá evadir los pocos y escasos
controles que aún existen sobre la contratación de la obra pública. Es por eso
que ratificamos nuestro dictamen y votaremos negativamente el de mayoría.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Heller.- Señor presidente: hace unos días en este
recinto se decidió que el tema volviera a comisión en función de la cantidad de
cuestiones que se mencionaron como necesarias y eran imposibles de considerar
en el seno de la Cámara. Esto solo me permitiría decir que aprobar el proyecto
como vino originalmente era una verdadera imprudencia, como lo demuestra la
cantidad de modificaciones que se han terminado incorporando en la vuelta a
comisión.
Efectivamente,
algunos aspectos mejoran en cuanto a la información, pero no cambian en lo
esencial los ejes y los contenidos del proyecto.
Como
positivo podemos mencionar la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento
de Contratos por parte del Parlamento, la obligación impuesta al Poder
Ejecutivo de informar a este Congreso del impacto fiscal de los compromisos
asumidos e incorporarlos en las respectivas leyes de presupuesto. Esto nos
parece como avance, pero en los objetivos, la ideología y el contenido central,
el proyecto sigue apuntando a la privatización, a profundizar aún más las
políticas de desregulación, a allanar el camino para privatizar empresas
proveedoras de servicios públicos, como vamos a tratar de señalar.
Como
dije en la anterior sesión, a mi juicio este proyecto debería llamarse “de
pérdida de soberanía nacional”, porque en su contenido hay un fuerte sentido de
pérdida de soberanía, sobre todo en el tema ya mencionado por varios
legisladores: la lesiva cláusula de la posibilidad de resolución de litigios en
tribunales extranjeros, que podría llevar a potenciales conflictos que terminen
otra vez en las comisiones especiales,
como la del CIADI, una dependencia del Banco Mundial. Ello afectaría un
atributo indelegable del gobierno argentino como son las atribuciones
jurisdiccionales del Poder Judicial de la República.
En
cuanto al sentido del proyecto de ley, me tomo la licencia de citar una fuente
que nadie podrá suponer contraria a las intenciones que tiene este gobierno. Me
refiero a la nota publicada en el diario Clarín
el 28 de octubre, firmada por el periodista Marcelo Bonelli. En su editorial
del 28 de octubre el señor Bonelli dice lo siguiente: “...hubo varios CEOs de
las ‘multi’ que le reclamaron beneficios especiales para tomar la decisión de
invertir en Argentina. Uno fue Andrew Liveris de Dow Chemical.”
Además
agrega: “Se trata de una ‘ley maestra’ que le da amplios poderes a la Casa
Rosada para otorgar beneficios estatales a cambio de inversiones. Está direccionada hacia infraestructura y su amplitud
recuerda y tiene puntos de contacto con la ‘ley Dromi’.” Ahora, agrego yo, la
ley de reforma del Estado, conocida como ley Dromi, significó –apelo a la
memoria‑ el punto de partida de la ola de privatizaciones de los 90. El
por entonces ministro de Obras y Servicios Públicos también justificaba la ley
al señalar que las privatizaciones –miren qué coincidencia‑ permitirían
obtener recursos para paliar el déficit fiscal y dar eficiencia a los servicios
públicos. El resultado está a la vista, y los parecidos con los fundamentos de
este proyecto son llamativos.
Como
ya dije, nos parece bien lo de la Comisión Bicameral de Seguimiento de
Contratos, pero no obstante el proyecto no obliga a publicar las licitaciones
en el Boletín Oficial, lo que nos parece inadmisible en una ley que propone
transparencia, porque, por ejemplo, permitiría concentrar la adjudicación de
obras en algunos empresarios en particular sin que la ciudadanía tenga
posibilidades de tomar conocimiento. No se van a publicar en el Boletín
Oficial.
Otros
aspectos de esta normativa que me parecen inaceptables son los que están en el
artículo 9°, inciso x), al que ya nos hemos referido antes: la prórroga de
jurisdicción y la cesión de soberanía.
Cité,
y lo vuelvo a recordar, la cláusula de reserva que el gobierno del doctor
Alfonsín hizo incluir en el Pacto de San José de Costa Rica en el artículo 21,
que dice que el gobierno argentino establece que no quedarán sujetas a revisión
de un tribunal internacional cuestiones inherentes a la política económica del
gobierno, y que tampoco considerará revisable lo que los tribunales nacionales
determinen como causa de utilidad pública e interés social, ni lo que estos
entiendan por indemnización justa. Podríamos acordarnos de aquella actitud del
gobierno argentino en el año 1984.
En
el articulado y en los fundamentos se habla de la definición del Banco Mundial
sobre el concepto de asociación pública-privada, que se refiere a que los
contratos entre una entidad privada y un gobierno para proporcionar un bien o
servicio incluyen que la parte privada asuma un riesgo significativo y una responsabilidad
de gestión, y al mismo tiempo que la remuneración esté vinculada al desempeño.
Sin embargo, el inciso b) del artículo 9° del proyecto dice lo contrario, ya
que establece que los contratos de participación público-privada deberán
contemplar el equitativo y eficiente reparto de aportes y riesgos entre las
partes, con el fin de minimizar el costo del proyecto y facilitar las
condiciones de su financiamiento. Por un lado, decimos que esto está inspirado
en los fundamentos del Banco Mundial y, por el otro, en el articulado del
proyecto, y por el otro sostenemos absolutamente lo contrario.
Por
otra parte, en el inciso g) del artículo 9° se desliza peligrosamente la
posibilidad –supongo que este debe ser un error- de que bienes del Estado
puedan pasar, a raíz de esto, a formar parte de esos contratos. Concretamente,
dicho inciso establece que los aportes que la contratante se comprometa a efectuar durante la
vigencia del contrato podrán consistir, entre otros, en aportes de dinero y en
la cesión de fondos obtenidos de operaciones de crédito público y de la titularidad
de bienes. Esto último implica que queda abierta la posibilidad de ceder la
titularidad de bienes. Más adelante el inciso hace referencia, entre otras
cosas, al otorgamiento de avales.
Asimismo, el inciso d) del artículo 9°
es objetable porque delega a quienes estipulen los contratos de participación
la facultad de fijar los mecanismos de control de cumplimiento, sus
procedimientos de aplicación, las formas de ejecución y el destino de las sanciones
de índole pecuniaria. A nuestro juicio, se trata de una derogación implícita de
las leyes y organismos de control, como la Auditoría General de la Nación y la
Sindicatura General de la Nación, que son obviadas en este proyecto y
reemplazadas en su articulado.
Después aparece el tema de la utilidad
razonable, que constituye una generalidad peligrosa. ¿A qué se considera
utilidad razonable? En nuestra opinión, el texto del proyecto debería ser
muchísimo más explícito, ya que esa utilidad razonable podría ir en detrimento
del poder adquisitivo de los usuarios, cuestión que hoy tenemos a la vista a
partir de las tarifas de los servicios públicos. En consecuencia, nos parece
altamente peligroso dejar abierto el concepto de utilidad razonable.
Por su parte, el artículo 4° establece
que la empresa contratante deberá ponderar la rentabilidad económica y/o social
de los proyectos. Obsérvese el detalle: no dice “económica y social”, sino
“económica y/o social”. Esto podría dar lugar a que se lleve adelante un
proyecto que no sea de interés social, sino que vaya en contra de él pero que
se lo apruebe por revestir un interés económico. Es decir que esa barrita
seguida de la letra “o”, que pasan inadvertidamente, tienen, a nuestro juicio,
una amplitud peligrosísima.
El proyecto menciona varias veces el
tema de las pymes, que ha sido objeto de debate como uno de los aspectos que
debían ser incorporados. Algunos fueron incluidos.
Se excluyó la posibilidad de que el
contratista efectúe subcontrataciones sin previa comunicación a la contratante
y que en caso de subcontratación el contratista optara preferentemente por
empresas nacionales y/o pequeñas y medianas empresas locales. También en este
caso, en nuestra opinión, la expresión “y/o” deja abierta la posibilidad de que
sea “o” en lugar de “y”. Entonces, el espíritu que hemos planteado en el
sentido de que esto esté orientado al compre nacional y a las pymes puede
quedar ampliamente desvirtuado.
Tengo muchos otros temas para
plantear, pero se ha agotado el tiempo de que dispongo para hacer uso de la
palabra y quiero ser respetuoso de esa circunstancia.
Adelanto mi voto negativo respecto del
proyecto en consideración y llamo a la reflexión porque entiendo que se trata
de una iniciativa que compromete seriamente a la soberanía nacional y que
dentro de algunos años nos vamos a lamentar por haberla aprobado. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.
Sr.
Pastori.- Señor presidente: más allá de que este
proyecto de ley ya fue considerado en la última sesión y ampliamente debatido
en la reunión plenaria de comisiones, vale la pena destacar algunas cuestiones
que se han expresado y que son reiteradas por los señores miembros informantes
de los dictámenes de minoría, en detrimento de esta iniciativa.
En
primer término, quiero confirmar nuevamente que este proyecto establece un
régimen de contrataciones alternativas respecto de los diferentes regímenes que
ya existen en el derecho positivo argentino. No estamos derogando, modificando
o liquidando absolutamente ninguno de ellos, como por ejemplo, el de
contratación general del Estado y las leyes de obras públicas y de concesión de
obra pública.
Por
el contrario, estamos incorporando un nuevo régimen a la pléyade de los que ya
existen en el derecho administrativo argentino. Pero se trata de un nuevo
mecanismo, que no es enteramente novedoso porque ya existe en una gran cantidad
de países del mundo, como así también en varias provincias de la Argentina. Me
refiero a aquellas que no están gobernadas por Cambiemos, como por ejemplo, la
de Misiones, a la que represento, que desde hace algunos años aprobó un sistema
de participación público-privada. En consecuencia, esto no constituye una
novedad que estamos trayendo a este recinto, inventada no sé por quién y con
qué oscuros intereses.
Inclusive,
en la reunión plenaria de comisiones celebrada en el día de ayer señalé que
hubo un decreto de necesidad y urgencia dictado en el año 2000, durante el
gobierno de Fernando De la Rúa, que estableció un régimen de participación
público-privada que fue calificado como muy bueno desde el punto de vista de su
propuesta y técnica legislativa. No obstante, ese decreto de necesidad y
urgencia no prosperó porque seguramente al gobierno de la Alianza no lo ayudó
el contexto social, económico y político en que se desenvolvió. Ese decreto no
tuvo vida, sino que prácticamente nació muerto.
Cinco
años después, el entonces presidente Néstor Kirchner dictó un decreto por el
que también propuso un nuevo régimen de participación público-privada. Es aquí
donde aparecen las primeras incoherencias, por lo menos por parte de los
primeros dictámenes de minoría.
La
verdad es que este proyecto podría haber estado en comisión no una semana, como
ha ocurrido, sino un mes o un año. Durante todo ese tiempo le podríamos haber
agregado todo lo que se nos hubiera ocurrido, pero lo cierto es que nunca lo
hubiesen aprobado porque no creen en este régimen de asociación pública y
privada para la ejecución de obras públicas.
Los
mismos señores miembros informantes de los dictámenes de minoría manifestaron
que se introdujeron a este proyecto muchas modificaciones, reconociendo que una
gran cantidad de ellas eran acertadas. Podríamos haber introducido muchas modificaciones
más, pero de todos modos no iban a aprobar esta iniciativa porque lo que
subyace es una negación o no aceptación de este régimen. En otras palabras, no
creen en este sistema.
De
manera tal que se trata de una posición ideológica. Jamás nos podríamos poner
de acuerdo respecto de este proyecto, por más modificaciones que le
introduzcamos.
Aquí
se han reiterado muchas cuestiones que hemos tratado de aclarar. Procuraré
hacerlo una vez más.
En
primer término, deseo expresar que siempre habrá una licitación pública o
concurso, según sea el objeto del
llamado. En varios artículos de esta iniciativa se aclara la
participación de las pymes y de la industria y el trabajo nacionales. Respecto
de este último, se ha incrementado su porcentaje mínimo de participación a
pedido, según se señaló de la reunión de ayer, de la Confederación General del
Trabajo.
En
segundo lugar, se dice que este programa resultaría muy peligroso en manos de
este gobierno. Me pregunto, en todo caso, qué hubiera pasado con un programa
así en manos de la anterior administración.
Lógicamente,
para que esto funcione y que este proyecto de ley pueda tener efectos positivos
y canalice la enorme necesidad de infraestructura que existe a lo largo y lo
ancho del país en todas las áreas requiere de algunas condiciones mínimas. Una
de ellas es que el gobierno tenga credibilidad. No sé por qué fracasó lo del
año 2005. ¿Habrá sido por falta de credibilidad? ¿Habrá sido porque un decreto
no era garantía suficiente y hacía falta una ley? ¿Habrá sido que ni el propio
gobierno que dictó ese decreto creía en este sistema porque ni siquiera lo usó
y fracasó?
En
segundo lugar, se requieren variables macroeconómicas realistas, que son las
que hoy propone el gobierno de Cambiemos en el proyecto de ley de presupuesto
que seguramente vamos a votar en algunas horas. Allí están las variables
macroeconómicas que dan sustento para que el capital privado pueda creer cuando
un gobierno licite una obra bajo este régimen de participación público privada.
Se
habló de falta de controles, y el artículo 22 del proyecto expresamente
establece que la Auditoría General de la Nación, organismo que depende de este
Congreso, va a auditar todos y cada uno de los proyectos que se ejecuten por
este régimen. No lo hará en forma aleatoria, algunos sí otros no, pero además
estos proyectos van a estar determinados, enumerados y explicados en los
proyectos anuales de presupuesto que habrán de venir en lo sucesivo a este
Congreso.
Además,
si en el transcurso del año surgiera la necesidad de alguna obra pública a
realizar por este régimen que no hubiera sido acordada en el presupuesto
aprobado, tendrá que remitirse un proyecto de ley especial al Congreso. Están
dadas todas las garantías. Por supuesto, existen los fantasmas de contrastar
con los regímenes anteriores u otro tipo de obras. Ahora nos quieren venir a enseñar cómo se
debe hacer la obra pública, quieren explicarnos y darnos clase de cómo tiene
que ejecutar la obra pública el gobierno de Cambiemos. Pediría que las
explicaciones se las den a los jueces en los tribunales, quienes están
esperando que se las digan. (Aplausos en
las bancas.)
Con
respecto a la prórroga de jurisdicción, me voy a permitir leer el artículo 25
del proyecto porque está tan claro que no se puede seguir hablando de cesión de
soberanía, que estamos entregando el país a empresas extranjeras, etcétera. El
último párrafo del artículo 25 dice así: “En caso de optarse por el arbitraje
con prórroga de jurisdicción, éste deberá ser aprobado en forma expresa e
indelegable por el Poder Ejecutivo nacional y comunicado al Honorable Congreso
de la Nación.” Se refiere al arbitraje con prórroga de jurisdicción.
Otro
artículo anterior aclara muy bien en qué casos se puede llegar a un arbitraje
internacional. Se trata de un arbitraje internacional y no jurisdiccional, es
administrativo, no estamos cediendo jurisdicción sino pidiendo a un tribunal
arbitral que brinde una solución a una controversia que no se puede resolver
por otros medios en el país. No estamos cediendo jurisdicción a un juez de otro
Estado, es un arbitraje de un tribunal administrativo. Para eso es la prórroga
de jurisdicción; la cesión no es jurisdiccional, es un tribunal que tiene
índole administrativa. No estamos pidiendo a un juez de otro Estado que diga
qué parte tiene razón. Será un tribunal que se conformará seguramente con el
acuerdo de las partes; por lo tanto, no hay cesión de soberanía.
Hay
que despejar estos fantasmas que se esgrimen al solo efecto de poder justificar
por qué no van a votar un proyecto de ley con el cual ideológicamente están en
contra. Está bien que estén en contra, que expresen su desacuerdo, que no lo
voten hoy, como no lo hubieran votado la semana pasada, pero no agiten
fantasmas que no existen poniendo un manto de dudas sobre algo que va a ser
absolutamente transparente, que va a estar controlado por el Congreso, la
Auditoría General de la Nación y el pueblo de la Nación Argentina cada vez que
emita su voto cuando sea convocado a votar. (Aplausos
en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires, que
comparte el tiempo con el señor diputado Carmona.
Sr.
Furlan.- Señor presidente: en primer lugar,
quiero manifestar que sigo teniendo la misma preocupación que tenía la semana
pasada en función de los intereses que vengo a representar en esta Cámara.
Pertenezco
a un gremio industrial, una organización cuyos trabajadores en este momento la
están pasando muy mal en la Argentina, no solamente porque hemos perdido casi
25 mil puestos de trabajo sino que también tenemos otros tantos compañeros
suspendidos y con un escenario que en el corto y mediano plazo no va a mejorar
sino todo lo contrario.
Basta
con leer los títulos de los diarios de ayer para darse cuenta de cuál es la
situación que vive la industria, pero claramente no venimos a alimentar
fantasmas con nuestra posición sino a manifestar nuestra preocupación a partir
de cosas que han sucedido este año en este Parlamento. A principios de año, el
oficialismo nos dijo que resolviendo el problema de la deuda con los fondos
buitre la Argentina se iba a encaminar a obtener préstamos para solucionar el
problema de la inversión que todo el mundo coincide que es necesaria para la
Argentina.
En
aquel momento en el debate también hablaban de no agitar fantasmas, de que esa
iba a ser la salida de la Argentina, y trascurridos siete meses no ocurrió nada
de lo que se nos dijo en este Parlamento como argumento de por qué había que
pagar a los fondos buitre: las inversiones todavía no han llegado a la
Argentina.
Luego
se remitió un proyecto de ley que todos votamos, que fue en defensa de las
pymes y de las autopartistas. En esa ocasión también hubo muchos argumentos de
por qué hacía falta proteger a las pymes y al trabajo argentino. Nuestro bloque
acompañó esa decisión.
Los
titulares de los diarios de ayer decían: “Se demora la recuperación de Brasil y
la industria vuelve a caer fuerte”, “El deterioro de la industria automotriz
arrastra a las autopartistas locales”, “La industria no encuentra piso y se
enciende la alarma por la pérdida de empleos”, “Lejos de mostrar un repunte, la
construcción se desplomó 13,1% y acumuló nueve meses en rojo”, “Todos los
bloques industriales en rojo”, “Las pymes quedaron en el horno” y muestran un
horno con las pizzas.
Lo
peor de todo es que el ministro de Desarrollo Productivo, Francisco Cabrera,
lamentó que las inversiones privadas no creen empleo en las cantidades
suficientes. De esto se trata este
proyecto de ley, que con el argumento de que la Argentina necesita
financiamiento estamos haciendo que las multinacionales y el sistema financiero
vengan a invertir a la Argentina con la excusa de la obra pública que hace
falta. Nosotros sostenemos que hay que
realizarla, pero no tiene que ser a costa de cualquier cosa ni de que esa
inversión traiga como condicionamiento importar trabajo de otras latitudes.
Se
ha dicho en este debate que se han mejorado del 25 al 33 por ciento los insumos
y el trabajo argentino. ¿Está incluida la mano de obra? Como bien dijo el señor diputado Kicillof, si
está incluida, con un poco más vamos a estar cumpliendo con ese porcentaje.
Así, en el párrafo que establece ese
punto no se especifica si realmente la mano de obra está incluida. Pero aun
estando incluida, ¿por qué tenemos que aceptar solamente el 33 por ciento de
nuestros bienes, si es una obra pública que pagaremos todos los argentinos?
El
financiamiento viene condicionado a que la Argentina lo pague. Y si lo
tendremos que pagar, ¿por qué no establecemos, en función de la realidad
productiva que tiene la industria y el trabajo en la Argentina, que un
porcentaje mucho más amplio esté condicionado a que la industria nacional
provea los insumos que necesitará esa inversión en obra pública?
¿Por
qué no se plantea esto? ¿Cuál es el problema que tenemos los argentinos o este
Parlamento, en cuanto a que no podemos debatir estas cuestiones que son
centrales en la defensa de la producción y del trabajo? No podemos dejar de
manifestar esta preocupación. Esto condiciona el futuro y los intereses que
nosotros representamos.
Todos
nos hemos expresado en los medios y en este Parlamento acerca de la necesidad
de cuidar el trabajo argentino, pero, evidentemente, cuando sancionamos este
tipo de proyectos de ley, dejamos a nuestros trabajadores y a las pequeñas y
medianas empresas indefensos ante la imposición a la que se verán sometidos con
las multinacionales, que tendrán un financiamiento mucho más importante que el
que pueda obtener cualquier pyme en la Argentina. De esa forma, aquellas podrán
imponerse en cualquier licitación.
Por
otro lado, seguramente comenzarán a concretar tercerizaciones, precarizando a
las pymes, las que se verán obligadas a aceptar esas condiciones, porque no
habrá trabajo en la Argentina, y el poco que haya existirá con el
condicionamiento que impongan las grandes multinacionales que ganen las
licitaciones de esos contratos de obras públicas. Esto lo sabemos y así lo
hemos expresado.
Me
habría gustado que el oficialismo hubiera tenido una apertura distinta, con un
debate más amplio. Las cámaras de las pequeñas y medianas empresas no pudieron
pronunciarse acerca de la preocupación que sabemos que ellos también tienen en
cuanto a si se aprueba o no este proyecto de ley. Están tan preocupadas como
nosotros, pero no han tenido oportunidad de manifestarse ante este Congreso,
porque solo ha habido dos reuniones conjuntas de las comisiones, que se han
citado de un día para el otro, sin siquiera tener la posibilidad de evaluar si
esta iniciativa está bien o si la podemos mejorar.
Cuando
desde el oficialismo se dice –así lo manifestó el señor diputado que me
precedió en el uso de la palabra‑ que se podrían haber introducido
mayores cambios a este proyecto de ley, pero que por más que hubiera estado un
mes en tratamiento lo hubiéramos votado en contra, deja implícito que la
iniciativa requiere mayores correcciones.
Entonces,
no vamos a votar negativamente porque queramos, sino porque verdaderamente
sentimos que detrás de este proyecto de ley ‑que es central y hasta más
importante que el propio presupuesto‑ está el sueño de muchos argentinos.
Cedo
la palabra al compañero Carmona.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Carmona.- Señor presidente: en primer lugar,
quiero decir que me siento totalmente representado por las palabras del señor
diputado Furlan. Es una genuina expresión de la preocupación de los
trabajadores e industriales argentinos frente al proyecto de ley que impulsa el
oficialismo.
Estamos
a las puertas de la extranjerización, y no solamente de la obra pública. El
objeto de esta iniciativa es tan amplio que habilita lo que internacionalmente
se denomina contrataciones públicas.
Ya ayer hemos alertado, en la reunión
conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
sobre cómo funciona el mecanismo de extranjerización en relación con este
proyecto.
Solicito que se reproduzca mi intervención
de ayer en la reunión de las comisiones y me limitaré a marcar algunas cuestiones
puntuales.
Estamos ante la situación de que en la
Argentina, sin haber negociado ningún tratado con otro país, ni siquiera de
libre comercio –respecto de los cuales tengo desconfianza, pero seguramente
habrán quienes crean que es un camino adecuado‑, sin ninguna negociación,
se están estableciendo las mismas concesiones, los mismos privilegios al
capital internacional, para que vengan a la Argentina con una posición
beneficiosa respecto de la industria nacional.
Cuando se comparan los textos del TPP,
Tratado Transpacífico, con el de la PPP, Participación Público Privada,
observamos que son idénticos; es decir, están calcados.
En el capítulo del TPP relativo a
contrataciones públicas, a cuestiones ambientales o de transparencia, se
expresan los mismos términos que hoy la Argentina está concediendo al capital
multinacional con este proyecto de ley que el oficialismo pretende aprobar.
Ayer dije que mi primera impresión era que
podíamos estar ante una situación de un homónimo: TTP, Tratado Transpacífico, y
PPP, Participación Público Privada. La terminología es muy parecida.
Más tarde, averigüé que esto en realidad se
llama parónimo, palabras que suenan similares, pero que se escriben de forma
diferente y su significado es distinto.
Luego del debate de ayer y de lo que he
escuchado hoy, he llegado a la conclusión de que estamos ante un sinónimo. La
participación público privada, por los beneficios que establece a favor de la
extranjerización y la intervención de multinacionales en la Argentina, es sinónimo
de Tratado Transpacífico, TTP. Tiene el mismo contenido que estos nefastos
tratados de libre comercio para la producción y la industria nacional.
Por lo expuesto, vamos a rechazar esta
iniciativa. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr.
Brügge.- Señor presidente: desde el interbloque
UNA queremos manifestar que se han hecho varios agregados al proyecto en
análisis.
Por supuesto adelanto el voto por la afirmativa, sin perjuicio de
que algunos de los miembros de esta bancada harán observaciones en particular
sobre algunas cuestiones específicas.
He escuchado atentamente las diferentes
posiciones que se han planteado. Como dijimos la semana pasada, creemos que con
esta iniciativa se produce un avance comparativo con los antecedentes que tiene
la República Argentina, especialmente con la llamada ley de reforma del Estado
o “ley Dromi”. En esa norma no existía el nivel de control que hoy estamos
incluyendo.
Es más, quizás uno de los elementos
fundamentales de este proyecto está dado por el hecho de que el proceso de
licitación, que obligatoriamente se debe abrir en todos los supuestos de
contratación público privada, debe tener un parámetro objetivo que permita
efectuar una comparación entre ofertas que sean comparables técnica y
económicamente, y en cuanto a su incidencia en el interés general.
Esto es diametralmente diferente a lo que
pasó en la década menemista. En aquel momento se traían proyectos a través de
la figura de la iniciativa privada que no tenían un marco comparativo, que
incluso fueron aprobados por mecanismo de contratación directa, sin ningún tipo
de control por parte de organismos públicos o con informes muy livianos. Dan
cuenta de ello los dictámenes jurídicos.
Por el contrario, en esta norma las
licitaciones no solamente tienen que llevar este trámite, sino que también, a
propuesta de nuestra bancada –aprovecho para resaltar la excelente tarea que
realizaron los diputados Marco Lavagna y Carla Pitiot‑, se han introducido
importantes avances.
Como
decía recién, en este punto no solamente las ofertas tienen que ser
comparables, sino que, además, se ha establecido concretamente que una vez
determinada la posibilidad de una contratación público privada, la misma debe
ser publicada en el Boletín Oficial. Los pliegos deben ser puestos en
conocimiento de la sociedad, así como el dictamen que establezca la
oportunidad, la conveniencia y la posibilidad técnica de que el interés general
será contemplado a través de este mecanismo más eficientemente de lo que podía
hacerlo el Estado.
Todo
esto nos permite afirmar que habrá una publicidad que para nada tenía prevista
la ley Dromi, en la que no había ningún tipo de conocimiento previo, sino que a
veces esas contrataciones se resolvían en los gabinetes de algunos ministerios.
Dijimos
que se hicieron importantes agregados, que fueron compatibilizados con los
otros bloques, algunos de los cuales hemos compartido. A modo de ejemplo, voy a
señalar algunos, y en lo que respecta a otros, haremos algún tipo de reflexión.
También
nos diferenciamos de la ley que recién mencionamos, porque incorporamos
requerimientos técnicos de medición para determinar de qué manera evolucionará
y se perfeccionará el interés general por medio del uso de este tipo de
contratación, que como han dicho muchos señores diputados, es un modelo que
viene a complementar los regímenes de contratación pública que ya existen.
¿Para
qué sirve establecer criterios de medición? Sirve justamente para que, cuando
por el artículo 22, la Auditoría General de la Nación deba efectuar el control
correspondiente -que es una obligación legal-, pueda analizar el desarrollo, el
resultado y la consecución del objeto del contrato. Esta incorporación es muy
importante, pues para poder evaluar ese resultado debe existir un sistema de
medición. Por eso es que nosotros establecimos ese requisito en el inciso e)
del artículo 9°.
Asimismo,
incorporamos un nuevo concepto, que es el de las externalidades positivas, que
tiene que estar presente en el dictamen que se elabore, de modo de favorecer la
materialización de estos contratos.
También
hemos establecido restricciones a la capacidad de ceder este tipo de contrato.
Es muy común en la obra pública que se presente alguna empresa con vastos
antecedentes, pero que quizás tenga poca capacidad técnica o económica actual,
pero que con esos antecedentes pueda tener una alta calificación en el proceso
licitatorio, y entonces, después lisa y llanamente procede a ceder el contrato
o a subcontratar. Hemos establecido condiciones para evitar esta maniobra a la
que la denominada patria contratista nos tiene acostumbrados en la Argentina.
Asimismo,
en lo que hace a los conflictos que se puedan presentar entre la contratante y
la contratista, se incorpora la intervención de las universidades en los
paneles técnicos. En efecto, les damos participación a los técnicos formados en
nuestras universidades públicas para que puedan opinar al respecto, lo que
asegura un elemento importante en lo que hace a la transparencia.
Un
aspecto no menor es el agregado de los componentes nacionales en los bienes y
servicios, que obligatoriamente deben estar presentes en este tipo de
contratos. Efectivamente, de la versión de la semana pasada a la actual hubo
una mejoría, que está dada por el 33 por ciento que se exige como mínimo en ese
esquema, a los fines de lograr una mayor presencia de componentes nacionales, a
lo que se suma los agregados que hicimos en materia de protección de las
pequeñas y medianas empresas.
En
este sentido, me permitiré hacer una propuesta, que por supuesto luego
desarrollaremos durante el tratamiento en particular. En el inciso i) del
artículo 4°, cuando se hace referencia a que es un requisito de los pliegos
fomentar la participación directa o indirecta de pequeñas y medianas empresas,
propondremos que esa sea una prioridad, en la medida que –por supuesto- las
capacidades técnicas y operativas así lo permitan.
En
ese mismo inciso ya habíamos agregado la generación del valor agregado dentro
del territorio nacional como uno de los requisitos fundamentales para poder
avanzar en esta línea.
Asimismo,
debo mencionar la incorporación de la obligatoriedad de la comunicación a la
Comisión Bicameral de Seguimiento, lo que constituye un elemento de control
parlamentario extra, que se ha agregado al proyecto que vino del Poder
Ejecutivo. Del mismo modo, podemos citar la evaluación del beneficio y el
reparto adecuado de los aportes y de los riesgos, aspecto que no había quedado
claro en el texto originario y que aquí se especifica como aporte nuestro.
No
es menor el requisito del dictamen previo por parte del ministerio con
referencia al impacto en el medio ambiente. Queremos un contrato de
participación público privada que tenga sustentabilidad no solamente económica,
sino también ambiental, es decir, que proteja el medio ambiente y que genere un
valor agregado. Porque justamente de eso se trata. ¿Por qué se permite este
tipo de contrataciones? No es solamente porque el Estado no pueda, sino también
porque la sociedad necesita en tiempo real solucionar problemas que quizás el
Estado, en función de sus prioridades, no puede tener en cuenta. Allí aparece
entonces el sector privado, lo que no significa que estos aspectos no se tengan
en cuenta. Me refiero a la preservación del medio ambiente y a evitar que se
afecte la actividad laboral y económica en aquellos lugares donde se pretenda
llevar adelante este tipo de contratos.
Por
eso es que bien se ha previsto en el proyecto en consideración que se debe
evaluar el impacto sobre la economía regional, sobre los aspectos que hacen al
mercado laboral y, específicamente, sobre las pymes.
En
conclusión, en este punto hemos avanzado en forma cuantitativa y en calidad, en
comparación con aquel intento de querer incorporar al sector privado que se
llevó adelante en la época de Menem y que hizo mucho mal en algunas áreas.
Por
último, y en relación con un aspecto no menor, quiero señalar que un diputado
preopinante hizo referencia a la llamada prórroga de jurisdicción en materia de
arbitraje, en lo que hace al artículo 25. Al respecto, debo señalar que ese
artículo establece que en la documentación contractual también se podrá
determinar la posibilidad de establecer mecanismos de avenimiento y/o
arbitraje.
Si
interpretamos correctamente el artículo 25, debemos entender que la prórroga
solamente se puede admitir para el arbitraje y no para el avenimiento. Con
independencia de que el párrafo segundo así lo establece, insistiremos para que
quede claro que en caso de avenimiento no está permitida la prórroga de
jurisdicción. La diferencia técnica es que en el avenimiento, que es un acuerdo
entre partes, se requiere la homologación o la participación de un juez para
que dé solidez y valor jurídico al acuerdo entre las partes.
Para
finalizar, debo señalar que aquí se mencionó justamente la prórroga de
jurisdicción y la subordinación de las leyes laborales a la legislación
extranjera. Parece que hay quienes tienen muy poca memoria. Hace pocos años se
estableció un criterio en el sentido de otorgar determinadas facultades a
empresas chinas, por medio de contratos específicos elaborados, obviamente, por
los propios chinos.
Se
establecía no solamente que la inversión tenía que ser china, al igual que la
financiación, sino que también las leyes laborales aplicables, en caso de haber
incompatibilidad, eran las que regían en el país de origen del dinero. Esto es
algo que no está previsto ni permitido en esta iniciativa, por lo que regirán
las leyes laborales de la República Argentina, ya que no existe autorización
legal alguna para que suceda esto que algunos han venido planteando aquí.
Por
lo tanto, con las observaciones que hemos hecho, más las que haremos en algunos
aspectos durante el tratamiento en particular, adelantamos el voto favorable
del interbloque UNA. (Aplausos en las
bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.
Sr. Ziliotto.- Señor presidente: en
primer lugar, quiero ratificar plenamente lo que este bloque planteó en la
sesión anterior, en cuanto a la posición que tenemos respecto del proyecto de
ley en consideración.
Hace
quince días, cuando tratamos el tema en comisión, la casi unanimidad de los
bloques políticos de esta Cámara coincidimos en dos cuestiones. Por un lado,
que había que avanzar, que el país necesitaba una herramienta de este tipo para
incorporar infraestructura, pero también coincidimos en que era necesario
introducir una gran cantidad de cambios porque la iniciativa, tal como venía de
la Cámara de Senadores, era –como se dice comúnmente- invotable.
Como
corresponde, señor presidente, nos pusimos
a trabajar. Coincidimos varios diputados de distintos bloques en buscar
responsablemente en nuestra tarea de legisladores una solución que contenga el
respeto a los intereses de distintos sectores de la República Argentina.
Por
eso acordamos cambios en tres direcciones muy claras. Por un lado, la
incorporación de sectores que estaban excluidos del proyecto original; por otro
lado, mayores controles a esta operatoria y, en tercer lugar, establecer
límites a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo nacional en cuanto a hacia
dónde y en qué emprendimientos se iban a invertir los dineros de los
argentinos.
Someramente,
en lo que significa la incorporación de nuestros sectores, hemos hecho un
trabajo conjunto. No nos hacemos dueños de todas las modificaciones. Apuntamos
a que se respete la industria y por eso hay un piso mínimo de participación del
componente nacional del 33 por ciento.
Además,
aseguramos que realmente se respete el trabajo argentino, pero principalmente
esto tiene que ver con una historia que tenemos en este bloque desde hace mucho
tiempo, cuando nos iniciamos conjuntamente y decidimos un camino en común.
Siempre hemos defendido el trabajo argentino, la industria nacional y las
pymes. Por eso logramos que se tenga muy en cuenta a las pymes, no solo al
momento de elaborar los pliegos de licitación en forma beneficiosa, para que
puedan participar de esa compulsa, sino que también se las tenga en cuenta a
partir de criterios diferenciales al momento de evaluar ofertas.
En
lo que hace a los mayores controles, aparte de la AGN, logramos incorporar la
participación de la Procuración del Tesoro en lo que hace a dos cuestiones muy
claras. Por un lado, tiene que intervenir cuando haya cesión de contratos y,
por otro lado, también –y creo que esto es lo más importante- debe informar
cuando alguna de las partes invoque la ruptura de la ecuación
económico-financiera del contrato, ya que esta sería la puerta a una
renegociación del mismo.
Dejamos
salvados los presupuestos mínimos que nos exige la ley ambiental y hemos puesto
mayores controles al privado para que cumpla con esa legislación vigente.
Tal
como lo han planteado otros diputados, hemos incorporado uno de los controles
del Parlamento, que es la comisión de seguimiento de la ejecución de estos
contratos.
En
cuanto a los límites de la discrecionalidad, hemos establecido una
discrecionalidad política. No es mi estilo contestar, señor presidente, pero se
dicen cosas inexactas y se nos trata de mezclar en una “transa”. Parece que al
consenso algunos aquí lo llaman “transa”.
Es
muy claro que ningún privado va a venir a decirle al gobierno: “Yo quiero hacer
esta obra, y la voy a hacer”. No es así. Las obras deben figurar en el
presupuesto con el nombre correspondiente. Eso ha quedado muy claro.
Por
otro lado, también en lo que hace a la participación que tiene este nuevo
programa en cuanto al total de la distribución de los esfuerzos de los
argentinos, se le ha puesto un tope, en el sentido de que esta operatoria nunca
puede superar el equivalente al 7 por ciento del PBI.
Por
eso nos sentimos muy conformes, con la tranquilidad de haber trabajado. No sé
cuántos tendrán esa satisfacción.
Siempre
hemos defendido el trabajo argentino. Eso sí, cuando defendemos a los
trabajadores no ponemos una vara de 2 mil o más de 2 mil para defenderlos o
para llevar adelante medidas de acción directa.
Se
habló hace un rato de extranjerización. Estoy muy conforme con lo que vamos a
votar, pero, seguramente, si esto tiene algún tipo de extranjerización, cuando
vuelva al Senado su sector político mayoritario -que responde a quienes hoy
están en contra de esta operatoria- en el juego de la democracia tendrá la
posibilidad política de hacer valer lo que ellos plantean con respecto a la
extranjerización.
Por último, quiero dejar en claro que, cuando
se habla de extranjerización, ella constituye casi una entelequia si no se la
pone en visos terrenales.
Podemos
hablar de la extranjerización de la soberanía: el acuerdo con China constituye
una extranjerización de la soberanía, porque no solo autorizamos la
contratación directa de empresas chinas o –como lo planteaba el diputado que me
precedió en el uso de la palabra- permitimos que los contratos sean reglados
por las leyes chinas, sino que también las tasas de interés eran establecidas
por el sistema financiero chino. Es decir que la cuantía de esas tasas de
interés no las poníamos nosotros.
Por
eso, ratificando todo lo dicho hoy y lo manifestado la semana pasada, con mucha
convicción –y a partir del trabajo desarrollado- este bloque Justicialista va a
votar favorablemente esta iniciativa. (Aplausos
en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.
Sra.
Cousinet.- Señor presidente: el bloque del Frente
Amplio Progresista se expresó claramente en la sesión anterior.
Ante
la moción de que esta iniciativa volviera a comisión, nos abstuvimos, y lo
hicimos con la intención de que fuera votada y rechazada, porque considerábamos
que ningún tipo de modificación podía transformarla en una buena ley, sobre
todo teniendo en cuenta la posibilidad de que, volviendo al Senado, fuera
ratificada tal como llegó.
Por
lo tanto, vamos a seguir sosteniendo lo que hemos opinado la diputada Stolbizer
y yo en la sesión anterior, y si bien vemos que se ha hecho un esfuerzo por
modificar algunos aspectos de este proyecto, en realidad consideramos que más
bien son modificaciones terminológicas, que no hacen a la esencia de lo que la
iniciativa pretende.
Se
sigue reservando en los futuros contratos la capacidad discrecional para
determinar la responsabilidad de los contratantes y contratistas con respecto a
los perjuicios medioambientales.
Se
sigue sosteniendo la prórroga de jurisdicción, más allá de ciertas
explicaciones que algunos diputados han dado en el sentido de hacer creer que
esta prórroga de jurisdicción no implica efectos jurídicos. Pero el arbitraje
también tiene efectos jurídicos y esta prórroga de jurisdicción, sin la menor
duda, constituye una entrega de la soberanía nacional a tribunales extranjeros.
Se
sigue sosteniendo la garantía de ganancias mínimas. Es decir, se cambió
“ganancias razonables” por “ganancias mínimas”, pero el concepto sigue siendo
el mismo.
No
voy a insistir en lo que ya dijimos durante la sesión pasada; eso quedó grabado
y consta en actas. Simplemente voy a terminar mi exposición ratificando que el
Bloque Progresista se va a oponer a este proyecto de ley y que vamos a votarlo
negativamente, porque consideramos que a pesar de los esfuerzos –que valoro-
por modificarla, lo esencial sigue siendo lo mismo y, en definitiva, responde a
una ideología y a una concepción del desarrollo social y económico del país que
considera que la inversión extranjera debe ser el motor de la economía por
sobre los capitales nacionales. Históricamente vemos que cuando esta concepción
se ha impuesto, peor nos ha ido, y cuando se ha impuesto la concepción de
defender el trabajo y el esfuerzo nacionales, el país ha crecido más. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Giustozzi.- Señor presidente: en primer lugar,
cuando aparece una herramienta de estas características, obviamente es
importante buscar antecedentes, profundizar y ver qué es lo que se está
haciendo en el mundo en esta materia.
Aun
cuando pueda haber aristas para observar, creo que solo se trata de un
instrumento que este gobierno merece y necesita tener, de la misma manera que
en su primer año de gobierno necesita contar con el presupuesto, que
seguramente aprobaremos hoy. Necesita contar con los elementos en los que cree
para poder administrar el país y generar
las herramientas a fin de conseguir los objetivos que se ha propuesto al inicio
de su gestión. A cualquier gobierno le sucede eso, sobre todo por una condición
natural de decidir con qué elementos va a tratar de conseguir los objetivos que
se propuso.
Pero
hay muchos otros temas tan importantes como este. Días pasados esta cuestión
tomó una dimensión tal que al principio me dio bronca y después lástima. Me dio
lástima ver cómo este Congreso dejaba de lado y permitía pasar temas tan
importantes que constituyen casi el corazón de la podredumbre argentina. Aclaro
que, no obstante esto, a lo largo de los años y en este mismo período
legislativo ha habido aportes de prestigiosos diputados.
Hace
dos años, sentado en una banca un poco más allá, dije que había que prestar
atención, porque había compraventa de cárceles según el nivel de recaudación.
Se lo dije también al entonces jefe de Gabinete. Sabiendo que era solo
simbólico, pedí que pusieran este pedido en letra mayúscula en la versión
taquigráfica y que, por favor, se prestara atención, porque era un cáncer que
avanzaba sin ninguna cura.
Pero
hay un cáncer peor aún. Hace muchos años, cuando yo recién empezaba en la
política, un viejo militante me decía: “Mirá, Darío, la prostitución, el juego,
la droga, los delitos manchados con sangre que se llevan vidas, son un
mostrador redondo. Y en el medio está la corrupción judicial, policial,
etcétera.” Eso es importante. Acompañemos este proyecto.
Muchos
que hoy dicen que esto es neoliberal, ¿saben lo que han acompañado en los años
noventa, dando herramientas para la transformación? Aclaro que no los culpo,
era propio de la época. Algunos nos oponíamos, pero quiero recordar de qué se
trataba: eliminación de las paritarias, relaciones carnales, 25 por ciento de
desocupación. Recordarán lo de “ramal que para, ramal que cierra”, el abrazo a
Rojas, el alineamiento con el consenso de Washington, las privatizaciones
salvajes.
Esta
es una herramienta, muchachos, y hay que votarla, pero no escondamos las cosas
importantes, sobre las que voy a volver a referirme en el momento en que se
trate el proyecto de presupuesto.
Hace
años denuncié, repito, que en el medio de ese mostrador redondo estaba la
corrupción policial que tomaba rehenes. Aclaro no estoy hablando de toda la
policía; eso sería caer en una de esas generalizaciones que tanto asco me dan.
Ahora bien, ¿cómo es posible que haya crecido constituyendo casi un estado
paralelo? ¿Cómo es posible que en este recinto –insisto que después voy a
ampliar‑ no le dediquemos el tiempo ni la importancia que tiene la constitución
de un Estado paralelo, un Estado que se financia blanqueando guita del
narcotráfico a través del juego en los bingos donde, además, se cambian cheques
a veces provenientes del Estado? Además, hay servicios de prostitución VIP que
les plantan a jueces, fiscales y políticos. ¿Quieren que les diga más o menos
por dónde anda? Sabemos por dónde anda y hay que empezar a decirlo.
Se
trata de narcotráfico, juego y construcción de hoteles. Y no me estoy
refiriendo a Hotesur ni a hoteles del sur. Hoteles, restaurantes, juego. Todo
difícil de controlar. Todo imposible de cuantificar. Incluso, las iglesias
evangélicas son utilizadas como mecanismo de recaudación de recursos que nadie
puede explicar.
En
mi gestión como intendente, mi primer decreto fue declarar la emergencia en la
nocturnidad. Después, en oportunidad del análisis del proyecto de presupuesto,
voy a ampliar esto. El diputado Caviglia en su momento denunció solitariamente
a Yabrán y mostró el entramado que venía ya desde la dictadura militar.
El
otro día recordábamos lo escandaloso que era eso, pero era apenas un granito de
arena en comparación con lo que resultó ser después. ¿Saben por qué? Porque
pese a que había jueces probos que trabajaban esforzadamente, estaban limitados
en su capacidad operativa. Recordarán en Ezeiza lo de Intercargo e Interbaires,
cuando se denunció que la Aduana era un ámbito por donde entraba y salía de
todo. Ahí ya notábamos que era un mecanismo por donde pasaba el narcotráfico
sin ningún tipo de control.
Recordarán
ustedes –el diputado Caviglia lo tiene bien presente‑ que en ese momento,
estando Juliá a cargo de la Fuerza Aérea, operaban, trabajaban y se
constituyeron ejércitos de complicidades. Con sus manos manchadas con sangre
hicieron lo peor. Ese era un Estado paralelo. Esas son cosas importantes.
En
cambio, este proyecto es una herramienta que debemos dar al gobierno para
intentar dinamizar la economía. Debemos iniciar este debate diciendo las cosas
como son. Cuando me toque intervenir en el debate del proyecto de presupuesto
voy a hablar de lo que son capaces de hacer, cómo actúan y cómo amenazan,
propio de las mafias tanas que se ven en las películas. Que esto tampoco sea
una generalización, también ocurrían estas cosas en la época de la ley seca.
Crecía y crecía, había un Estado paralelo que se comía jueces, fiscales,
políticos, fuerzas de seguridad y todo el mundo miraba para otro lado.
Crecía
el horror y todo el mundo miraba para otro lado. No miremos para otro lado.
Demos a estos temas la suficiente importancia. Somos diputados de la Nación.
Siento que hay quienes han tomado la bandera y con dificultad la llevan
adelante. Pero aquella corrupción policial que denunciamos, vinculada al
servicio penitenciario y a tantas cosas ‑insisto, no todos‑ no era
parte del problema, era el problema. Me refiero al Estado convertido en el
verdugo del pueblo, escondiendo la verdad, garantizando y generando mecanismos
para que fluyan, como torrentes interminables, fondos provenientes del
narcotráfico que envenenan a los pibes, y después salen con caritas de ángel,
corderos; en el fondo, solo son lobos.
No
demos a este tema más importancia de la que tiene. Hay otros asuntos muy
importantes, y es indignante las cosas que se escuchan en los medios de
difusión; cómo se utiliza la difamación, la extorsión y, como dije, la
prostitución VIP para plantar situaciones y tantos otros mecanismos, como las
escuchas clandestinas.
Esto
no es responsabilidad de este gobierno, sino, básicamente, de todos y,
esencialmente, de aquellos que se hacen los giles y son sus principales
actores.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la
palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr.
Guzmán (A.E.).- Señor presidente: voy a ser muy
breve para expresar la posición de nuestro bloque ante este tema, que votaremos
en contra.
En
principio, estamos tratando por segunda vez en el recinto el proyecto de ley
que establece un sistema de contratación de participación público privada, justamente porque no se lograron los
consensos necesarios; es polémico, tiene muchas críticas y no existió la
posibilidad de darle el tratamiento correspondiente durante la sesión pasada.
Si bien en el análisis en comisión se realizaron algunas modificaciones,
finalmente en el día de hoy estamos considerándolo.
Desde el punto de vista técnico,
podemos encontrar algunos puntos a favor y otros, en contra. Particularmente,
el señor diputado Brügge acaba de realizar importantes aportes técnicos.
Asimismo, valoramos muchísimo la actitud de los compañeros de la oposición, que
han tenido la buena voluntad –a pesar de estar en contra en muchas
oportunidades‑ de hacer aportes valiosos.
No compartimos la regla: “Cuanto peor,
mejor”; en realidad, la visión debe ser: “Cuanto mejor, mejor”. Si hay
posibilidad de hacer aportes para contribuir, bienvenido sea. Nadie quiere que
al país le vaya mal; todo lo contrario, en este sentido creemos que a la
Argentina debe irle bien, y para eso tenemos que hacer nuestros aportes. En
todo caso, desde la oposición, debemos buscar las formas para representar a las
mayorías y ser una alternativa política en el futuro, no solo superadora de
Macri, sino también de nosotros mismos.
- Ocupa la Presidencia el señor
presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor Pablo Gabriel
Tonelli.
Sr.
Guzmán (A.E.).- En el marco de ese camino podemos
seguir hablando de cuestiones técnicas, pero lo importante es la lectura
política de esta norma que estamos analizando.
Consideramos
que Cambiemos está dejando pasar otra posibilidad importante que le ha dado el pueblo
argentino a través del voto popular. Macri no es la dictadura, ganó con el voto
popular, generó un partido político, expresó un proyecto político y la gente lo
votó, y ganó; eso hay que bancárselo y hacer una autocrítica para entender por
qué se dio esa situación en la Argentina. Por supuesto que no estamos de
acuerdo con las políticas económicas, advertimos los costos de dichas
políticas, a las cuales somos opositores, y así vamos a expresarlo, pero
responsablemente.
Cambiemos
deja pasar una gran posibilidad porque rompe un pacto electoral que lo llevó a
esa victoria, no solo con promesas como modificar el impuesto a las ganancias o
no devaluar, sino también con una bandera que fue la transparencia y un
gobierno abierto. Recordemos que en oportunidad de tratarse la iniciativa
conocida como “gobierno abierto” o difusión de la información pública, fue
acompañada por los señores diputados, lo cual es correcto. Sin embargo, en esta
ocasión, cuando hablamos de obra pública, tocamos un punto neurálgico muy
importante.
Los
señores diputados de izquierda propiciaron una modificación, destacando algo
trascendente: cómo aumentaron los patrimonios de los funcionarios vinculados
con la obra pública desde la época de la dictadura hasta la fecha. En la
Argentina, la obra pública siempre ha estado asociada a la corrupción; ese es
un problema que debemos poner sobre la mesa. Obviamente, se trata de una
situación que debemos analizar.
Si
hablamos de cambios, de transparencia, de luchar contra la corrupción, asumiendo
que no es propiedad de un partido o sector político, debemos hacer autocrítica
y poner el tema sobre la mesa con absoluta sinceridad, a fin de comprender que
todos somos parte de este debate, que necesitamos cambiar. En ese sentido, eso
es lo que la gente está pidiendo a la política y a sus representantes, sumado a
la situación de que realmente está pasando hambre.
Creo
que Cambiemos deja pasar esta posibilidad, porque ampliando la participación
del sector privado en la contratación de obra pública, no se logrará mayor
control o democratización. Tampoco estamos en contra de los privados; ojalá
haya muchísimas empresas y privados para que no haya monopolios en ningún
rubro, sea algo más horizontal y pueda accederse a licitaciones más abiertas.
Estas
cuestiones no son las que se están debatiendo en este momento; tampoco se está
poniendo la órbita sobre el control de los plazos en el inicio o terminación de
las obras o en las propias licitaciones. Se está ampliando, nada más y nada
menos, que la participación privada en las contrataciones del Estado. Esta
medida no va a resolver este problema, sino alcanzar un mayor control por parte
del Estado, fortalecerlo y así generar un mayor control público.
Desde
este lugar estamos planteando nuestra posición política; debemos abordar el
tema de la transparencia y la corrupción con todas las cartas sobre la mesa.
Por ello, advertimos una incongruencia que deseamos marcar desde esta bandera y
pacto social que tuvo Cambiemos el año pasado con el electorado.
Más
allá de los análisis técnicos, por estos motivos políticos, este bloque votará
en contra de esta norma.
Sr.
Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sra.
Argumedo.- Señor presidente: hace exactamente ochenta
y un años los jóvenes radicales yrigoyenistas nucleados en FORJA, como, Gabriel
del Mazo, Homero Manzi, Luis Dellepiane,
Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz, entre otros, daban a conocer su
primer documento en el que cuestionaban con dolor el silencio del radicalismo
en el Parlamento y, en especial, ante aquello que poco después ellos llamarían
el “estatuto legal del coloniaje”, haciendo referencia al acuerdo comercial
firmado en 1933 por el vicepresidente de la Nación, Julio Argentino Roca, hijo,
y el encargado de negocios de Inglaterra, Walter Runciman.
Me
pregunto qué opinarían esos nobles militantes radicales ante la firma de dos
proyectos que se complementan perfectamente, como son el relativo a las
participaciones público privadas y el irracional endeudamiento que se establece
en el presupuesto, y que constituyen un nuevo estatuto legal.
Por
una parte, la iniciativa de participación público privada, a la que se le han
realizado algunos retoques, pero no de fondo, mantiene un espíritu de
sometimiento del Estado nacional a los condicionamientos y pretensiones de las
corporaciones y bancos, tanto los trasnacionales extranjeros como los locales.
De hecho, se mantiene la sumisión al arbitraje en los tribunales extranjeros,
aunque se le haya puesto este condicionamiento de que debe ser avalado por el
Poder Ejecutivo. Pero un Poder Ejecutivo que está dispuesto a firmar este tipo
de tratados y, por lo tanto, a someterse a la voluntad, no da la sensación de
que se niegue. Con lo cual volvemos a tener una situación en la cual ya hemos
pasado muy malas experiencias, que se sintetizan en la imagen espectral del
juez Griesa de los Estados Unidos.
Se
define que el Estado va a brindar avales y al mismo tiempo garantizar una
racional rentabilidad para las empresas ‑a su vez, esto significa que no
corren ningún riesgo empresario‑ y se establecen las condiciones para
que, ante cualquier tormenta económica o financiera que pueda producirse, estén
dadas las bases para una nueva maniobra de estatización de los costos y de la
deuda privada.
Esto
establece una nueva línea histórica, que no es precisamente la de FORJA: es la
línea histórica que se inicia con Martínez de Hoz y sigue con el ministro
Cavallo, es decir, que se desarrolla durante la dictadura, el menemismo y la
Alianza, y ahora pareciera consolidarse en Cambiemos. ¿Cuál es esa línea?
Otorgar beneficios a las corporaciones y bancos, y costos para el Estado y el
pueblo argentinos. Esta película ya la vimos y sabemos cómo termina: en lo que
pasó en 2001 y en una dramática decadencia del país.
Al
mismo tiempo, esto significa muy claramente ir cumpliendo las condiciones para
la entrada de la Argentina en la Alianza del Pacífico, como parte del ingreso
al Tratado Transpacífico. Una de ellas es entregar el Estado a la voracidad de
las corporaciones y bancos, como muestra el dramático ejemplo de México. El
tema de la paulatina “mexicanización” de la Argentina se va consolidando cada
vez más.
Con
referencia a los daños ambientales, si bien se han establecido algunos
elementos para que las empresas se comprometan a no generar los daños que
conocemos –de Monsanto, de la Barrick Gold y de quienes ahora están dedicándose
al fracking en los hidrocarburos no
convencionales‑, ante la pregunta al jefe de gobierno de quién se hace
responsable de los sucesivos derrames de la Barrick Gold en San Juan ‑en
el río Jáchal y otros‑, la respuesta fue que eso pertenece al derecho
privado. Entonces, o tenemos el derecho privado, donde los pobladores de Jáchal
deben enfrentar ni más ni menos que a la Barrick Gold, o tenemos un Estado que
se hace responsable de cuáles son esos daños o perjuicios ambientales.
Por
lo tanto, hay una subordinación de la soberanía nacional al espíritu de la
Alianza del Pacífico. Quiero mencionar dos elementos de la Alianza del
Pacífico. En la reunión de Puerto Varas, a la cual concurrió el presidente
Macri en junio del año pasado, se declaró que lo nuevo de este proyecto es que
surge de un entramado empresario hacia arriba y no como una política de Estado.
Es decir que la lógica y los valores son esencialmente empresarios: costo‑beneficio‑precio;
el que lo pueda pagar, que lo pague, y el que no, paciencia.
Pero
a su vez esto supuso una inmolación de las pymes y de los trabajadores, porque
otro de los comentarios que hicieron quienes estuvieron reunidos en Puerto
Varas es que el problema más grave de Argentina y Brasil es la fortaleza de las
organizaciones sindicales.
Esto
es un anuncio de un paso peligrosísimo que estamos dando y que se va a consolidar
con el entrampamiento de la deuda externa prevista en el presupuesto. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Bregman.- Señor presidente: en lo fundamental,
adherimos al dictamen expresado por el señor diputado Pablo López. Asimismo,
como lo hicimos en la sesión anterior en que se trató este tema, queremos
reiterar que el nivel de entrega de esta iniciativa, de ataque a los intereses
nacionales, es solo comparable al de la ley de pago a los fondos buitre.
Los
cambios que se introdujeron en las comisiones no modifican en lo esencial el
contenido que venimos denunciando. Sigue vigente la prórroga de jurisdicción y
el arbitraje, cuando la Argentina ya sabe qué significa eso. Puedo citar como
ejemplo el fallo del CIADI, que condenó a la Argentina en más de 400 millones
de dólares a favor de la francesa Suez, dueña y vaciadora de Aguas Argentinas.
También puedo mencionar el caso de Siemens ‑que fue sponsor del “mini Davos”, ese foro de inversiones donde dicen que
se pergeñó esta iniciativa o que fue cuna de esta iniciativa‑, que
anunció que solo traería inversiones si se sanciona esta norma.
Entonces,
creemos que no se puede discutir durante horas y horas de corrupción y después
levantar la mano para aprobar iniciativas como ésta.
También
queremos destacar que en el caso de este proyecto entreguista vuelve a ocurrir
lo mismo que sucedió con la ley sobre los fondos buitre: se ha conformado una
nueva mayoría que cogobierna la Argentina. Digo esto porque esta norma viene
del Senado, donde fue apoyada y promovida por el PJ‑Frente para la
Victoria, y ahora seguramente los gobernadores también estarán llamando a
muchos diputados para que apoyen esta iniciativa en este recinto. Esto lo
queremos destacar particularmente.
Es
tan escandalosa este proyecto de ley que hasta se lo comparó con la “ley
Dromi”, que permitió el saqueo del Estado. Esto no se salva con los controles o
supuestos controles que se han colocado, porque no pueden controlar los que
votan la entrega. Para nosotros, los únicos que pueden y deben controlar un
verdadero plan estatal de obras públicas son los trabajadores.
Quiero
finalizar diciendo lo siguiente: a los trabajadores se les niega garantizarles
por ley un salario mínimo equivalente a la canasta familiar para que puedan
llegar dignamente a fin de mes. Pero con este proyecto de ley sí se garantiza a
las empresas una ganancia mínima. Por lo tanto, es un verdadero desastre y
vergüenza lo que aquí se está votando. Por eso, todo nuestro rechazo para este
proyecto de ley. (Aplausos en las
bancas.)
Sr.
Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Abraham.- Señor presidente…
Sr.
Carmona.- ¿Me permite una interrupción, señor
diputado, con el permiso de la Presidencia?
Sr.
Abraham.- Sí, señor diputado.
Sr.
Presidente (Tonelli).- Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado por
Mendoza.
Sr.
Carmona.- Señor presidente: en primer lugar,
agradezco al señor diputado Abraham por haberme concedido la interrupción.
Quiero
decir que me he quedado preocupado por la afirmación reiterada con respecto a
los acuerdos con China. Aquí se ha dicho que hemos votado algo que no hemos
votado. Yo fui uno de los responsables de defender estos acuerdos en las
reuniones de comisión. Lo que se ha dicho en cuanto a la prórroga de
jurisdicción y a la concesión de privilegios laborales para la parte china no
me parecía haberlo defendido ni votado. Es más: eso va en contra de mis
convicciones.
Por
eso me remití a la lectura de cada uno de los acuerdos que se lograron durante
nuestro gobierno con la República Popular de China, y puedo decirles lo
siguiente. El artículo 6° del Convenio Marco de Cooperación en Materia
Económica y de Inversiones entre Argentina y China dice: “Con sujeción a su legislación y
de conformidad con el derecho internacional aplicable, cada parte otorgará a
los nacionales de la otra facilidades para la realización de actividades
lucrativas, ya sean laborales o profesionales, como empleados o por cuenta
propia, en condiciones de igualdad con los nacionales del Estado receptor”.
¿Saben qué quiere decir esto? Que si
vienen chinos a trabajar a la Argentina, se les aplica igualdad de condiciones;
por lo tanto, se les aplica la legislación argentina.
También quiero hacer referencia
brevemente a lo que se ha afirmado sobre la prórroga de jurisdicción y el
arbitraje. El artículo 8°, que habla sobre resolución de controversias, dice: “Las
partes procurarán resolver mediante negociaciones directas cualquier
controversia que pudiera surgir entre ellas en relación con la interpretación y
aplicación del presente Convenio Marco y de cualquiera de los instrumentos
concertados en el marco de dicho Convenio.”
Entiendo
que a veces se opine desde lo que dicen los medios de comunicación, pero me
parece que en este ámbito tenemos que dirigirnos a los textos que han sido
aprobados para no faltar a la verdad, cosa que se hace muchas veces
involuntariamente.
Esto
se asemeja a la afirmación de que la Argentina estaba permitiendo a los chinos
construir una base militar en la provincia del Neuquén, lo cual es una mentira,
una falsedad que en ocasiones se dice con tanta seguridad que parece ser
cierto. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Abraham.- Señor presidente: seré breve. Un
diputado oficialista decía que la sanción de esta norma va a dar buen resultado
y que tendrá buen acogimiento porque se funda en la confianza y en la transparencia.
A
ese diputado quiero decirle que los capitales no son tontos. En la Argentina
con este gobierno ya se fugaron 10.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué
confianza nos van a tener esos capitales, si en este país los propios
funcionarios se llevan la plata a paraísos fiscales a través de empresas off shore? La verdad es que no sé si
esos capitales van a confiar en nosotros.
Esta
norma no es una herramienta más, sino que será la consagración directa del
fracaso de la política económica del gobierno. Se trata, además, de un proyecto
que ha reunido acuerdos en lugares que no han sido esta casa del pueblo. Digo
esto porque apenas asumió el gobierno eliminó retenciones, lo cual produjo un
rojo que pensaba que iba a salvar con la liquidación que luego harían los
agroexportadores, cosa que no ocurrió. El rojo continúa.
Inmediatamente,
ante esta situación decidió buscar otra solución. ¿Cuál? Pagar a los fondos
buitres así viene una lluvia de dólares, se ven brotes verdes, y no sé cuántas
cosas más, cosas que tampoco ocurrieron. Todavía estamos esperando que eso se
solucione.
Este
gobierno, rápido de reflejos –eso debemos reconocerlo-, sanciona la ley de
blanqueo bajo el grandilocuente título de “reparación histórica para los
jubilados”, que fracasó o está fracasando. Solamente 4.600 millones de dólares
han sido blanqueados o van a blanquearse y ni siquiera se sabe si van a
ingresar al sistema.
Entonces,
digamos las cosas como son: esta norma es realmente un último manotazo de
ahogado que está dando este gobierno para tratar de salvar ese rojo que
produjo, fruto de la transferencia de riquezas de todos los argentinos a unos
pocos sectores agroexportadores y mineros que han sido beneficiados. Hoy no
podemos hacer una obra pública y estamos entregando todo. No quiero ser
maleducado, pero estamos entregando hasta lo que no deberíamos para conseguir
un peso.
Como
decía, los capitales no son tontos: no van a venir con esta ley ni con ninguna.
Y si lo hacen, les aseguro que van a hipotecar el futuro de todos los argentinos,
porque además, con el endeudamiento que se aprobará aquí más tarde –de
aproximadamente 30.000 millones de dólares-, vamos a tener que pagar estas
obras que ni siquiera sabemos que van a ser nuestras.
Entonces,
tampoco mintamos a los gobernadores incorporándoles obras sujetas a condiciones
suspensivas en virtud de esta norma, que sabemos que no va a tener resultado
porque ni el capital -ni nadie- puede tener confianza en un gobierno en el que
su propio pueblo no confía. (Aplausos en
las bancas.)
Sr.
Presidente (Tonelli).- No encontrándose presente en el recinto el señor diputado
Gilberto Oscar Alegre, tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Sánchez.- Señor presidente: hemos escuchado en
esta discusión muchas cosas que son absolutamente inexactas y otras críticas
respecto de asuntos que vienen siendo aprobados, justificados y usados hace
mucho tiempo.
El
verdadero debate sobre esta nueva modalidad de contratación del Estado
-efectivamente debería ser llamada “modalidades”, en plural-, es una discusión
básica que si uno quiere puede resolverla desde el punto de vista ideológico.
Ahora
bien, si la resolvemos desde el punto de vista ideológico lo único que debemos
pedir es que los diputados sean sensatos con la posición adoptada
anteriormente. Uno puede decir “yo quiero más Estado”; otro, “yo quiero más
privado”. ¿En qué aspecto puede discutirse eso? Básicamente en aquellas
funciones que son indelegables del Estado. ¿Cuáles son esas funciones? Las que
seguramente nadie discute acá, y que tienen que ser prestadas por el Estado de
manera eficaz: la Justicia, la seguridad, la defensa, la representación del
Estado en el exterior y alguna otra. Todas las demás pueden ser discutidas.
¿Puede llevarlas adelante el Estado? Sí. ¿Pueden llevarla adelante los
privados? Sí. ¿Puede asociarse el Estado con el privado? Sí. Entre ellas están
las obras y los servicios públicos, unos más que otros. No es lo mismo la
prestación de agua potable que la de telefonía celular, si se trata de un
servicio público. No es lo mismo una obra menor que una de trascendencia, como
por ejemplo una represa.
Mi
posición -si se quiere, ideológica-, mi manera de ver la vida y de ver la
relación entre lo público y lo privado, es que la mayoría de las cuestiones que
tienen que garantizarse con la participación del Estado pueden ser llevadas
adelante de esas tres maneras diferentes.
¿Qué
es lo que no puede dejar de hacer el Estado –y con esto me refiero a la
ejecución-, aun resolviendo que lo lleve adelante el privado o que lo realice
el privado con participación del Estado? La regulación y el control. Eso no
puede delegarlo.
Veo
que a los diputados que están hablando no les interesa lo que estoy diciendo. Compañero Lavagna...
Sr.
Presidente (Tonelli).- La Presidencia solicita a los señores diputados que guarden
silencio para que podamos escuchar a quien está haciendo uso de la palabra.
Sr.
Sánchez.- Lo que también hay que decir es que
esto es una modalidad de contratación o contrataciones alternativas, cosa que
ha mencionado el señor diputado Pastori en su exposición. ¿Alternativa a qué? A
la obra pública. Me refiero a la vieja ley de obra pública que establece
bastantes requisitos, muchos controles y básicamente pone en situación de
privilegio al Estado, aunque no necesariamente sea éste el que más cumple.
Hay
que decir la verdad: en esa relación que se da entre lo público y lo privado
–porque el Estado contrata a un privado para llevar adelante la ejecución de la
obra pública-, se han dado violaciones de contratos y de pliegos de los
privados y el Estado. Esa es siempre la excusa. Es más: el negocio no es la
obra sino la redeterminación de precio.
El
negocio siempre es espurio, porque se tiene que contar con funcionarios
públicos para violar los principios generales de la contratación establecidos
por ley para dar al sector privado beneficios extraordinarios que nada tienen
que ver con el interés general. Ello, por supuesto, siempre dejando una tajada
al funcionario público que lo permite.
¿Cuáles
son las otras modalidades de contratación? La ley de concesiones, que es
también muy vieja, aunque no tanto como la de obra pública.
- Ocupa la Presidencia la señora
vicepresidenta 2ª de la Honorable Cámara, profesora Patricia Viviana Giménez.
Sr.
Sánchez.- Aquellos que criticaron las condiciones
de la ley de concesiones lo hicieron porque esa norma nació en los años 90.
Pero se olvidaron de que hubo algo que se llamó UNIREN: Unidad de Renegociación
y Análisis de Contratos de Servicios Públicos. Deben recordar esto todos los
diputados, pero sobre todo uno que cumplió la función de renegociador, a quien
no quiero mencionar para que no me quite tiempo.
Las
Cámaras del Congreso tenían que revisar esas concesiones renegociadas. ¿Saben
qué encontramos? Yo fui miembro de la comisión bicameral, y no hablo del año
2003 sino de 2007, 2008 y 2009. Encontramos que esas renegociaciones tenían más
privilegios que las leoninas ventajas que había otorgado Carlos Menem con la
ley de Dromi en los años 90. Había más ventajas y existía la comisión
bicameral. ¿Saben lo que hacía la mayoría del Frente para la Victoria? Resolvía
aprobar la renegociación, dar más plata para las concesionarias, y se terminaba
la historia. Además, subsidios y más subsidios.
También
estaban los decretos de Néstor Kirchner sobre la PPP. Es cierto, no fueron
usados, pero existían. ¿Saben por qué no los usaban? Porque era mucho mejor
utilizar la renegociación de contratos y la ley de obra pública, que resultaba
violada en muchísimos aspectos.
Ese
señor diputado no debe recordar que los contratos con China incluían la
contratación directa, es decir, la peor de las formas. ¿Saben dónde queda el
interés general? En el fondo del tacho, porque no hay concurso, competencia,
regulación previa ni condiciones de garantías que sean las más convenientes, y
porque las revisiones no existen.
En
este caso va a haber concurso –artículo 12‑; en este caso va a haber
control –artículo 21‑; en este caso va a haber información a la comisión
bicameral, sobre todo cuando el presupuesto requiera impacto fiscal, es decir,
el uso de recursos públicos, y fundamentalmente va a haber una unidad de
participación público privada, conforme al artículo 29. Pero detengámonos en
los funcionarios del Poder Ejecutivo que estarán a cargo de esta unidad, porque
tanto en la ley de obra pública como en la de concesiones y en la de PPP –en
esta nueva modalidad‑ todo está relacionado con la honestidad, la
probidad y la profesionalidad con que los funcionarios públicos se sientan a escribir,
a negociar y a hacer cumplir los contratos.
El
artículo 29...
Sra.
Presidenta (Giménez).- Vaya terminando, por favor, señor diputado.
Sr.
Sánchez.- Con esto termino, señora presidenta. El
artículo 29 de esta iniciativa dice, entre otras cosas, que la unidad de
participación público privada –esto es sustancial para hacer una diferencia con
la anterior defraudación generalizada de la lluvia de dólares de la década
pasada‑ tiene que crear una página web –pareciera una cosa tonta, pero
creo que aquí está la gran distinción‑ en la que se publique todo,
no solo el pliego de licitación, sino absolutamente todo. Cabe señalar que los
negociados pueden venir después de la licitación, no solo durante la
licitación.
En
consecuencia, señora presidenta, la diferencia la van a hacer los funcionarios
públicos que apliquen esta ley, y en este sentido espero que su conducta sea
absolutamente contraria a la que tuvieron los funcionarios que hoy nos
critican. (Aplausos en las bancas.)
Sra.
Presienta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Castagneto.- Señora presidenta: me permito decir
con mucho orgullo que nuestro espacio político puede dar testimonio del éxito
de los últimos doce años de gobierno, con inversiones que superaron los 200
millones de pesos.
A
veces, cuando se habla, no se tiene conciencia de todo lo realizado. Por ese
motivo quiero mencionar algunas de las obras que hemos realizado en esos doce
años. Ellas son, entre otras, las usinas Belgrano, en Campana, y San Martín, en
Rosario; la Central Vuelta de Obligado, en Santa Fe; las centrales Barragán, en
Ensenada, y Brigadier López, en la localidad de Sauce Viejo, en Santa Fe; la
central Guillermo Brown; las hidroeléctricas Los Caracoles y Punta Negra, en la
provincia de San Juan; las treinta y una centrales eléctricas que trabajan con
energías renovables; los 330 kilómetros de gasoductos troncales; la autovía de
la ruta nacional 14; la ampliación de la Avenida General Paz, y los 30.000
kilómetros de fibra óptica.
En
diciembre de 2015 dejamos obras a mitad de construcción, pero el actual
gobierno las ha parado. Entre los años 2003 y 2015 se ejecutaron obras para el
desarrollo de la industria nacional y del campo tecnológico nacional. Los
trabajadores y las empresas constructoras fueron todas argentinas. No fue
casualidad el crecimiento del sector, que significó un 35 por ciento del PBI en
la construcción.
La
infraestructura creció y creó dos millones de puestos de trabajo en forma
directa e indirecta. Sin lugar a dudas, al país aún le falta mucha obra de
infraestructura y tiene mucha deuda pendiente, pero este proyecto de ley no
encierra la sana intención de mejorar, perfeccionar ni corregir el sistema
actual. Para desarrollar esa infraestructura aún falta, como también falta para
reanimar toda esa industria de la
construcción que este año registra la
mayor caída de su historia.
Este
proyecto cambia todo el sistema actual, ya que propiciará la salida del Estado
en la planificación de la infraestructura, obligará al Estado como principal
responsable de las consecuencias legales negativas, financieras y ambientales
que puedan ocasionar las obras, implicará la dolarización de los contratos de
obra pública a precios y costos internacionales, impulsará un mayor
endeudamiento del país ‑que en once meses ya creció un 8 por ciento del
PBI‑ y beneficiará a las empresas constructoras extranjeras en desmedro
de las argentinas. Esas empresas
extranjeras, con plena seguridad, no mirarán a ningún proveedor de insumos y
materiales que no sea de su país de origen, en desmedro de las empresas y
proveedores argentinos. Asimismo, se destruirán puestos de trabajo, generando
más recesión, pobreza e indigencia.
En
resumen, este es un proyecto para importar y contraer más endeudamiento a la
vez que genera más trabajo e industria extranjera. Además, no se aplicarán
leyes como la 13.064, de obra pública, impulsada por el general Perón, que desde el año 1947 regula el sistema de
inversión pública. Tampoco se aplicará la ley 17.520, de 1967, para las obras
de infraestructura otorgadas en concesión ni la ley de contratación establecida
por el decreto 1.023 del año 2001.
En
este sentido quisiera aclarar varios aspectos. Cuando se habla de licitación,
tenemos licitación pública, privada, directa, indirecta e internacional. Acá
solamente hay consulta de precios, compulsa de precios, es decir, no hay
precios de referencia ni precios testigo ni control de calidad. Este convenio
público y privado lleva nada más a un acuerdo entre partes que va a beneficiar
a un cierto grupo de empresas que, aun más, pueden ceder la contratación.
Por
otro lado quiero aclarar...
Sra.
Presienta (Giménez).- Vaya finalizando, señor diputado.
Sr.
Castagneto.- Ya cierro, señora presidenta.
Decía
que por otro lado la comisión legislativa tiene a su cargo un control ex post. Nosotros queremos que el
control sea ex ante y no después de
un año de realizados los convenios. Asimismo, en el Poder Ejecutivo se crea un
organismo respecto del cual propongo que sea autárquico y regulado.
A
través de esta iniciativa, que vamos a aprobar antes que la ley de presupuesto,
estamos generando un endeudamiento de hasta el 5 por ciento del PBI. Imagínense
cuántos miles de millones de pesos estamos aprobando en este proyecto por un
convenio entre lo público y privado en el que no interviene ningún mecanismo de
contratación como los exigidos en las normas actuales.
Este
proyecto de ley claramente viola el artículo 765 del Código Civil de la Nación
y los artículos 7° y 10 de la ley 23.938. (Aplausos
en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sra.
Lopardo.- Señora presidenta: a pesar de que estoy
convencida de los beneficios que trae este proyecto de ley no quiero abundar en
ellos dado que los diputados Sánchez, Pastori y Lipovetzky ya han sido
elocuentes.
Quiero
resaltar la perspectiva ambiental que trae este proyecto vinculado a la obra
pública, que no estaba en la redacción anterior. Me refiero a la obligación del
gobierno de promover proyectos que tiendan a preservar el ambiente y la
sustentabilidad. Esto habla no solo de la sustentabilidad económica y social
sino también de la ambiental. De esta manera se está dando respuesta a los
objetivos de desarrollo sostenible que planteó la ONU en 2015.
Por
otra parte, en cuanto a la responsabilidad ambiental, que se ha discutido aquí,
fruto del conceso y del debate –ha sido sumamente debatida y se enriqueció
mucho con los aportes de los diputados de los distintos bloques‑, se
deslindan las obligaciones que tienen las partes contratante y contratista. A
mi juicio queda claro que las obligaciones que pacten los contratistas deben
cumplir –así lo establece el segundo párrafo del artículo 5°‑ con
aquellas que en materia ambiental impone la legislación vigente.
En
este aspecto la Ley General del Ambiente dispone que quien ocasione un daño
ambiental tiene la obligación de repararlo, y en su defecto, de sustituirlo
mediante una indemnización. Así está previsto en el artículo 28 de la Ley
General del Ambiente. Las partes en este contrato de participación público
privada no pueden dejar esto de lado porque es una norma de orden público. De
esta manera, claramente quedan a cargo de la contratista las obligaciones que
signifiquen la responsabilidad por el daño que cause. Sin perjuicio de ello,
están incluidas las pautas para mitigar los daños que también debe prever el
Estado, y por ello se habla de la necesidad de contar con un dictamen del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Finalmente
quiero señalar que otro caso en el que se incluye la variable ambiental es al
hacer referencia a la imposibilidad de contratar, porque se incluye ‑les
doy la bienvenida‑ a aquellas empresas que hayan recibido sanciones por
violación a las normas ambientales. Estas tres cuestiones son claramente
innovadoras.
Celebro
este proyecto de participación público privada que no dudo que será un puntal y
un pilar para la reactivación de nuestro país, de las pymes y de la industria
nacional.
Vamos
a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la ONU.
Creo que el hecho de incorporar la variable ambiental es de suma importancia;
así estaríamos a la vanguardia del mundo. (Aplausos
en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Dado que no se encuentra presente el señor diputado Solá, tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Conesa.- Señora presidenta: quiero manifestar que
este proyecto de ley es muy importante para el país porque hay un déficit
fiscal considerable que es necesario reducir.
En
el proyecto de presupuesto oficial el déficit fiscal es del 4,2 por ciento,
pero probablemente será bastante más alto. Una forma de reducir el déficit
fiscal es concesionando la obra pública y utilizando este proyecto de ley. De
manera que me parece muy importante aprobarlo.
Sin
embargo, tengo algunas reservas con respecto a esta norma, porque por ejemplo
el artículo 15 del proyecto habla de la adjudicación a la oferta más
conveniente. Tal como ustedes se darán cuenta, la expresión “más conveniente”
es muy subjetiva y se presta al tráfico de influencias. Paradojalmente el
artículo 24 de la misma norma condena el tráfico de influencias. Por lo tanto,
estamos ante una contradicción en el seno del mismo proyecto. Por un lado ‑repito‑
la adjudicación se hará a la oferta “más conveniente”, y por otro, se penaliza
el tráfico de influencias que está estipulado a través de la vaga frase de la
“oferta más conveniente”.
Por
eso he propuesto ‑no ha sido receptado todavía pero quizá exista la
oportunidad de incluirlo‑ que el artículo 15 establezca que en las
licitaciones las ofertas se presentarán en dos sobres. En el primero
especificarán los detalles del proyecto y se presentará la garantía bancaria.
En caso de que las ofertas del primer sobre cumplan con las condiciones del
pliego, se abrirá un segundo sobre donde estará el factor de adjudicación, que
debe ser único y que puede ser el precio, la tarifa o una fórmula polinómica,
pero tiene que ser una adjudicación indubitable, donde no haya absolutamente
ninguna duda de quién es el ganador. De
esta manera las licitaciones se harán en forma rápida, se evitará la corrupción
y se elegirá sin lugar a dudas la mejor oferta. Esto es fundamental para el
éxito de la norma. En caso de no ser así, las adjudicaciones se demorarán y
esta iniciativa no servirá.
Por
otro lado, quiero destacar que hay ciertas cláusulas que hablan de la prórroga
de la jurisdicción. Yo entiendo que el artículo 116 de la Constitución Nacional
prohíbe las prórrogas de jurisdicción, porque dice que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y sus tribunales inferiores son competentes para dictar
resolución en las causas en que la Nación sea parte.
Esto
se debe a que la Nación Argentina es soberana y no puede delegar sus cuestiones
en jueces de otro país. Si lo hace, queda como una especie de municipalidad de
otro país.
Sin
embargo, puede pactar –entiendo que esto es perfectamente constitucional‑
la cláusula de prórroga a favor de tribunales internacionales a condición de
que sean efectivamente imparciales.
Por
último, quiero destacar una circunstancia que me parece que ha sido pasada por
alto en el análisis que se refiere a la posibilidad de financiar autopistas o
caminos aislados en el país por medio del método de participación público
privada. Esto no funciona de esta manera, porque para poder financiar las rutas
el peaje debe cobrarse en zonas donde haya mucho tráfico, y en el interior del
país no hay suficiente tráfico para financiar las rutas de esta manera.
En
la práctica hemos visto que lo único que hacen los concesionarios en el
interior del país es cortar el pasto; no construyen rutas. Así esto se
convierte en un negociado.
Si
queremos que la ley de participación público privada sea eficiente en la
construcción de rutas y autopistas tenemos que ver la ley federal de autopistas
que nosotros hemos presentado, donde se financia una red de 13.400 kilómetros
de autopistas en todo el país, pero no con un peaje común sino con un impuesto
de 14 centavos al litro de combustible que pagan los vehículos. De esta forma
se permite fácilmente la financiación de un sistema que traería tremendas
externalidades a la economía nacional.
En
los Estados Unidos se probó que la inversión más rentable de toda su historia
fue la red federal de autopistas que hizo construir en la década del 50 el
presidente Eisenhower. Cuando se la hizo se consideraba que era antieconómica;
después se vio que era la inversión más rentable de la historia de los Estados
Unidos.
En
la actualidad tenemos el ejemplo de la República Popular China, que en los
últimos veinte años ha construido una red de autopistas espectacular y que sin
duda ha sido una de las causas del crecimiento vertiginoso de ese país en los
últimos veinte años.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Tierra del fuego.
Sr.
Martínez (O.A.).- Señor presidente: hoy estamos ante un nuevo acto de esta
política de sometimiento y entrega. Es coincidente con lo que ha sido la primera
acción que el oficialismo, en la expresión de su bancada parlamentaria, trajo a
tratamiento en este espacio cuando vino a pretender convencernos de acordar y
pagar con los fondos buitres como única alternativa del desarrollo del país y
la economía, reconociendo esa fraudulenta deuda que, entre otros, tiene como
autores irresponsables al actual presidente de la Nación, que se benefició con
la estatización que en su momento también encaró su socio, Sturzenegger, que
hoy cumple funciones en el gobierno.
Se
trata de un tema muy sensible al pueblo, como es la obra pública y la necesidad
de mayor infraestructura a lo largo y ancho de nuestro país. En esto tienen un
acabado conocimiento porque justamente este presidente y su familia, la
ascendente y también la descendente, se han visto beneficiados en el
crecimiento de su patrimonio, en el enriquecimiento a través de la obra
pública.
Esto
no es casual, y debe tener importantes socios para poder desarrollar este tipo
de proyectos y políticas de entrega y sumisión. Si hasta parece paradójico que
en el 200 aniversario de nuestra independencia, y quizás por algún
reconocimiento también de entrega al rey al que el gobierno nacional invitó
para rendirle honores, haya este tipo de proyectos que vienen a extranjerizar
el derecho y la responsabilidad del Estado y a poner en riesgo la industria
nacional y los puestos de trabajo.
Reiteradamente
se mencionan a las pymes. Si en verdad este gobierno tuviera una política de
apoyarlas y acompañarlas no las castigaría con los tarifazos que les ha
aplicado, con las elevadas tasas de interés ni con la apertura indiscriminada
de la importación, que ha llevado a que muchas estén en riesgo de no poder
mantenerse en la actualidad.
Son
argumentos falsos sobre los que intentan poner una mentira para desarrollar un
proyecto de enajenación, de entrega, como ha sido en otras épocas. Tienen un
apuro sospechoso, quizás por hacer una entrega al que resulte electo en el gran
país del Norte en los próximos días, como un obsequio representativo de la
sumisión en las relaciones carnales, como lo ha sido en otras épocas.
Alguien
dijo, y otro diputado lo reiteró, que lamentaba que éste sea un problema
ideológico. Por supuesto que es profundamente ideológico, y desde esa
convicción clara es donde nos paramos para manifestar nuestro rechazo y
oposición.
¿Cómo
no va a ser ideológica la decisión de quién administra la obra pública, quién
decide sobre los trabajadores, sus condiciones y sus salarios? Conocemos
bastante la actitud y política de los CEO de las multinacionales que hoy están
administrando el Estado nacional.
Por
eso, y con mucha fuerza, queremos manifestarnos rechazando absolutamente este
tipo de proyectos.
Hace
muy pocas horas, en nuestra querida Tierra del Fuego se han movilizado una vez
más miles de trabajadores, acompañados por cientos de habitantes de la
provincia, que han tomado la decisión de defender la industria nacional, en
contra de los ataques por la apertura de la importación. Además, han tomado
como consigna fundamental la defensa de la soberanía nacional ante un gobierno
que intenta como única política de Estado expulsarnos de esa provincia para
despoblarla, quizás como un proyecto para lograr negociar mejor con los piratas
ingleses la entrega del petróleo, la pesca y los recursos naturales de las
islas Malvinas.
Justamente
por eso venimos a denunciar todo esto una vez más y a plantear la necesidad
imperiosa de unir esfuerzos en defensa de la pequeña y mediana empresa, de la
industria nacional y de los puestos de trabajo. Estos proyectos solamente
vienen a generar más entrega y más sumisión, cumpliendo con las órdenes del
Fondo Monetario Internacional que otra vez más viene a entrometer sus garras en
un Estado, que creíamos que había podido resolver las enormes dificultades a
partir del pago de esa fraudulenta deuda externa acumulada, entre otros, por
los privados, como el presidente actual, que se vio beneficiado por su
estatización.
Por
eso, convencidos de que esta no es una buena herramienta –ni siquiera es una
herramienta‑, votamos absolutamente en contra de este proyecto. (Aplausos en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Raffo.- Señor presidente: quiero agradecer al
señor diputado Horacio Alonso, que está anotado para hablar y está aquí
presente, que me haya cedido su tiempo. Le solicito que registre esa cesión,
por la que tendría diez minutos, cinco más cinco.
He
hecho un poco más de quince observaciones al Orden del Día N° 815. Tranquilícense
porque voy a mencionar cuatro o cinco, las más importantes. Solicito que el
resto de mis observaciones se incorporen como anexo de lo que voy a decir
ahora.
En
primer lugar, comprendo la preocupación que hay porque tengamos una buena ley,
y yo la hago mía. Algunos diputados nacionales que en su momento compartimos la
Legislatura de la ciudad hemos votado en su oportunidad una ley que mandó el
entonces jefe de Gobierno para aligerar algunas trabas de trámite de la ley de
contrataciones de la ciudad. El espíritu lo comprendo, lo respeto y lo
comparto. De ahí a que se apruebe todo lo que la ley dice, hay una distancia y
hago mías las palabras del señor diputado Conesa en el sentido de que hay cosas
que deberían ser corregidas, y espero que así sea.
Quiero
destacar algunas cosas que yo atribuyo a la premura injustificada, a mi juicio,
con que esta norma se ha redactado. Esta
es una alternativa a las disposiciones de la ley 13.064. Está bien, ¿pero qué
resulta? Al apartar toda esa ley, como alternativa, se aparta también su
artículo 4°, que dice que “El proyecto de obra pública deberá prever, en los
casos de obra que implique el acceso de público, para su aprobación por los
organismos legalmente autorizados, la supresión de las barreras arquitectónicas
limitativas de la accesibilidad de las personas con discapacidad”.
Aquella
ley preveía, para el caso de obras públicas con acceso del público, la
situación de las personas con discapacidad. Acá nos estamos olvidando de ellas.
Nada costaría hacer referencia a ellas y mantener de la ley 13.064 esta
disposición. Lo pido en nombre de todas las personas con discapacidad física
que hay en nuestro país.
El
artículo 3° establece una norma que a mi juicio es claramente inconstitucional.
Las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios podrán
aplicar esta ley.
En
el artículo 31 se dice que se invita a las provincias a adherir, pero antes de
esta circunstancia ya se aprobó que esto se aplique. La situación se complica
con el artículo 22 de este proyecto de ley, que establece que todos los
contratos que se celebren a partir de esta norma legal serán auditados por la
Auditoría General de la Nación. Quiero recordar que cada provincia tiene sus
propios órganos de auditoría.
Entonces,
si se aplicaran estricta y literalmente las disposiciones de este proyecto de
ley tal como está redactado, habría dos auditorías sobre una misma obra: por un
lado, la de la Auditoría General de la Nación, y por el otro, la de la
respectiva provincia. ¿Cuál de las dos prevalecerá en caso de conflicto? ¿Por
qué no se confía en las provincias? Me parece que esto debe ser corregido.
Por
su parte, el inciso e) del artículo 4° del proyecto de ley establece que en
oportunidad de estructurarse estos proyectos se tendrá en cuenta la
rentabilidad económica y/o social de los mismos. En mi opinión, no debe decir
“y/o social”, sino “y social”. La alternativa no puede ser la rentabilidad
económica o la social. El Estado no es un empresario más que solamente pueda
actuar en función de la rentabilidad económica. Por el contrario, los dineros
públicos siempre tienen que estar destinados a intereses públicos o sociales.
La rentabilidad económica le basta a los empresarios; la comprendo y la respeto
porque hace al desarrollo del país. Pero reitero que el Estado no puede actuar
solamente en función de ella.
En
lo concerniente al inciso k) del artículo 9° del proyecto de ley, adhiero a las
críticas que se han formulado. Dicha disposición hace referencia a las
garantías mínimas razonables. A mi juicio, la parte contratada debería
efectuar, antes de presentarse, un cálculo de costos para determinar si el
proyecto le conviene o no. En caso afirmativo se presentará. Pero yo me
pregunto lo siguiente: a las pymes, que generan una gran cantidad de trabajo
para los argentinos, ¿quién les garantiza la rentabilidad? Como ya lo han
expresado otros señores diputados, esta disposición debería eliminarse.
Por
su parte, el artículo
14 de la iniciativa en consideración establece que cuando la complejidad o
monto del proyecto lo justifiquen podrá establecerse un procedimiento
transparente de consulta, debate e intercambio de opiniones. ¿Qué quiere decir
esto? ¿Que habría obras públicas de montos muy pequeños que no justificarían un
procedimiento transparente de consulta? Toda obra pública es grande. No hay
obras públicas pequeñas que no justifiquen estos procedimientos transparentes.
En consecuencia, creo que esto debería aplicarse a todos los casos y no
solamente a algunos. Además, no hay ningún criterio para determinar cuáles son
las obras públicas y cuáles las pequeñas. Por ello, considero que esto también
debe ser corregido.
Los artículos 23 y 24 del proyecto de ley
establecen con buen criterio –y lo celebro- las restricciones para participar
de estos contratos. Una de ellas es la referida a la corrupción, mientras que
la otra se relaciona con la intervención que podrían haber tenido los
funcionarios públicos. En este sentido, el funcionario que dictaminó no puede
participar en esto. Me llamó la atención lo estricto que se es con los
concursados y quebrados o con aquellos cuyas quiebras están en trámite. Todos
sabemos que una persona concursada es aquella a la que le fue mal en los
negocios, por lo que se presenta en concurso, propone un plan de pagos, se le
aprueba un concordato y de esa forma todo el mundo se queda satisfecho.
Pero los delincuentes que estafan al
Estado no están incluidos en esta iniciativa. Los que han incurrido en cohecho
y los que están presos por haber cometido delitos contra la obra pública no
están comprendidos. Un asesor me dijo –no sé si será cierto- que el señor
Lázaro Báez está esperando una carta de agradecimiento, ya que no se lo excluye
de la posibilidad de participar en la obra pública. Yo me pregunto lo
siguiente: ¿con qué criterio se excluye al que tiene un concurso y no al que
está detenido con prisión preventiva, o bien, condenado, como en el caso de
algunos funcionarios?
Sr.
Presidenta (Giménez).- La Presidencia recuerda al señor diputado que ha finalizado el
tiempo de que disponía para hacer uso de la palabra, por lo que le solicita que
redondee su exposición.
Sr.
Raffo.- Quisiera saber si me ha otorgado un
tiempo de diez minutos para hacer uso de la palabra, considerando los cinco
minutos correspondientes al señor diputado Alonso.
Sr.
Presidenta (Giménez).- Sí, señor diputado.
Sr. Raffo.- Gracias, señora presidenta.
De manera tal que quiero proponer el
agregado de un inciso estableciendo la exclusión de aquellos que incurrieron en
la comisión de delitos comprendidos en los artículos 11, 12 y 13 del Código
Penal.
Por otra parte, se debe considerar el
tema del daño. El artículo 10 del proyecto de ley en consideración determina en
su último párrafo que si hubiera daños se pagarán aquellos previstos en el
contrato. Como dijo un filósofo, es sabido que siempre hay más en lo dado que
en lo conocido y más en lo previsto que en lo imprevisto. Es decir que si un
cierto daño no se encuentra previsto en el contrato –por ejemplo, el derrame de
un ácido- no será indemnizado.
Resulta imposible prever lo imprevisto
y todos los daños que se pueden causar, a menos que se quiera otorgar un bill de indemnidad o patente de corso
para que solamente se indemnicen los daños previstos en el contrato.
Por lo tanto, solicito a la comisión
que por lo menos acepte algunas de las propuestas de modificación que he
formulado.
Para finalizar mi exposición, deseo
señalar que estoy en contra de la prórroga de jurisdicción. También lo estuve
cuando el entonces presidente Néstor Kirchner estableció una prórroga para que
el juez Griesa juzgara nuestra deuda. Cuando hice uso de la palabra en la
reunión de la comisión, un querido y respetado diputado dijo que me refería a
los títulos de la deuda, lo que es distinto al tema de la obra pública. En ese
caso, debo reconocer que lo que me enseñaron en la facultad está mal. En otras
palabras, allí me enseñaron que la soberanía nacional es una sola, mientras que
ahora parecería que hay una para los títulos y otra para la obra pública.
Comprendo a quienes dicen que se puede
prorrogar todo porque hay una sola soberanía nacional. Yo sigo la línea de los
que sostienen, como el señor diputado Conesa, que no se puede prorrogar nada.
Pero lo que no entiendo es lo que dicen algunos, en el sentido de que para
ciertas cosas se puede entregar la soberanía y para otras no. Por mi parte,
considero que, tal como me enseñaron, la soberanía es una sola y es
indivisible.
Sr.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.
Sr.
Goicochea.- Señora presidenta: hace poco
cumplimos treinta y tres años ininterrumpidos de democracia. Curiosamente, en
la Nación tenemos un índice de pobreza del 33 por ciento.
Durante
estos años el país experimentó un neoliberalismo por el que se sacralizaban el
libre mercado, la desregulación y la flexibilización laboral. Pendularmente,
luego del estallido social nos fuimos del neoliberalismo a un estatismo en el
que pensamos que el Estado omnisciente, omnipresente y omnipotente iba a
resolver todo. Pero lo cierto es que hoy estamos aquí con un índice de pobreza
del 33 por ciento sobre nuestras espaldas.
Creo
que más allá de lo que es un contrato comercial público o privado, si los
argentinos somos inteligentes –todos nos conocemos al derecho y al revés, porque
fuimos actores durante estos años y en este ciclo político ininterrumpido;
algunos fueron actores principales y otros de reparto- podremos dar respuestas
a los compatriotas que lo esperan de nosotros, aplicando como una forma de
doctrina política nueva la solidaria interrelación público-privada.
Considero
que si este contrato público-privado ayuda al compre nacional, a la
participación de las pymes y a mover el amperímetro de una Argentina que se
encuentra en recesión desde 2015, debemos brindarle nuestro acompañamiento.
Mediante
la comisión bicameral y los informes que se emitan el año que viene, esta ley
que se sancione probablemente será evaluada en el proyecto de ley de
presupuesto para 2018. Aquí estaremos, en este Parlamento, todos presentes, con
la alegría de haber podido generar empleo genuino en la Argentina, de haber
aumentado la actividad económica y, por qué no, de haber sancionado una norma
exitosa que finalmente permitirá la ampliación de ese límite del 7 por ciento
del producto.
Por
lo expuesto, voy a votar por la afirmativa este proyecto de ley venido en
revisión del Honorable Senado porque es democrático y porque ese cuerpo
representa a las provincias argentinas y no presenta un mapa oficialista, sino
que predominantemente está integrado por legisladores del Partido Justicialista
o del Frente para la Victoria. Pero hoy, desde el oficialismo, desde el
gobierno del presidente Macri, estamos brindando una herramienta que creemos
que es necesaria justamente para generar empleo y mejorar el índice de pobreza
en la Argentina. (Aplausos en las
bancas.)
Sr.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.
Sr.
Doñate.- Señora presidenta: creo que estamos nada
más y nada menos que ante un nuevo capítulo de esta alarmante película que está
viviendo la Argentina. Se trata de una pieza más de esta ingeniería de DNU,
decretos, leyes, resoluciones, designaciones de CEO y operaciones bien montadas
por el Poder Ejecutivo en connivencia con el Poder Judicial ‑con parte
del Poder Judicial‑, del partido judicial, de la corporación mediática
también, y por supuesto, de los intereses económicos y de la especulación
financiera transnacional.
No
se puede analizar este proyecto de PPP que hoy se impulsa, que estamos
tratando, si no es en el marco de todo este andamiaje que describo, en esta
decisión que deriva inevitablemente en resultados absolutamente opuestos a los
que pregonan, a los que prometen y que dicen garantizar.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sr.
Doñate.- Creo que este proyecto de ley de
participación público‑privada es parte de ese engranaje, de una especie
de ingeniería de reloj, un reloj que tiene un tic-tac cada vez más fuerte, de
mayor volumen, que se acelera, que es cada vez más dinámico y que en realidad
no es un reloj suizo de decoración sino una bomba de tiempo que en cualquier
momento va a explotar.
Vengo
escuchando a diputados que apoyan este proyecto, que lo impulsan con el mismo
discurso de la lluvia de inversiones, de la generación de empleo, de lograr la
pobreza cero, y vuelven a repetir los mismos argumentos que venimos escuchando
hace once meses. Lo mismo decían con la devaluación, con la liberación del cepo
y con la quita de retenciones. ¿Qué lograron? Más inflación, más desocupación,
más concentración de la riqueza, más precarización laboral, menos inversiones y
más especulación financiera.
Esos
son los logros de doce meses de permanente tratamiento de leyes y aprobación de
leyes, decretos, DNU y designaciones. Están todos por la misma ingeniería, por
ese reloj, ese mismo tic-tac que no es un reloj suizo sino una bomba de tiempo
que –repito- va a explotar. Lo mismo dijeron con la ley de pago a los fondos
buitre. Los mismos argumentos que expresaron, diciendo que pagando deuda con
deuda venía la lluvia de inversiones. No hay garúa, no hay una gota de
inversiones; nada de eso, todo lo contrario.
Lo
mismo dijeron con el blanqueo. Recuerdo cuando el presidente Macri fue
descubierto con sus fondos, su plata escondida en las cuevas fiscales.
Rápidamente sacaron esa ley para blanquear. Nos prometieron que 60.000 millones
de dólares de esos fondos mal habidos, de esos fondos provenientes de la
evasión, iban a volver al país porque con este presidente, Macri, sí iban a
volver esos fondos de dudosa procedencia. No pasó nada de eso. Ustedes
oficialmente acaban de confirmar que de los 60.000 millones de dólares apenas
más de 4.000 millones quizás sean parte del blanqueo. Un fracaso absoluto, una
mentira más.
Yo
creo que también ahora con este proyecto de ley de participación público‑privada,
como decía el compañero diputado Carmona, haciendo un juego de palabras, en
lugar de PPP ‑participación público‑privada‑, tenemos que
“prepararnos para lo peor”, porque evidentemente los resultados van a ser los
mismos ante una ley idéntica a las aplicadas en la década del 90. Estamos
camino a un proceso de privatización de los servicios públicos nacionales.
Quiero
alertar en este Congreso que están preparando el terreno para una nueva ola de
privatizaciones en la Argentina. Volvemos a un Estado bobo, a un Estado ausente
con esta ley ante el fracaso de una inversión, ante el no logro de los
resultados que se pretenden. Es el Estado el que se va a hacer cargo de esos
pasivos, los ambientales y también los económicos, los de prestación de
servicios.
Es
una vergüenza absoluta, una entrega inaceptable. Escucho además que hay algunos
compañeros de la oposición acompañadora que le buscan la vuelta por todos lados.
Yo creo que hacen esfuerzos interminables por tratar de justificar este
maquillaje que le han hecho en las últimas horas a este proyecto de ley. Es
inaceptable.
Escuché
en la comisión que un diputado de la “oposición”, de la oposición acompañadora,
hablaba de la gran modificación que había tenido el artículo 25 sobre la
prórroga de jurisdicción. ¿Saben lo que modificaron de esta nueva entrega? Es
el mismo texto original; lo único que le agregaron es que se le va a comunicar
al Honorable Congreso la decisión de prorrogar la jurisdicción y dársela a
Griesa o a un tribunal internacional. Es una vergüenza.
Yo
veía que festejaban los cambios producidos en el texto. Creo que es una tomada
de pelo que además tiene que ver con otro tipo de acuerdos que desconocemos y
que no deben traer detrás ningún resultado positivo para el pueblo argentino.
Creo
que también estamos frente a un nuevo acto de complicidad de muchos sectores
–vuelvo a decir- de una oposición acompañadora a los que pido una reflexión: no
han logrado nada acompañando estas leyes durante estos once meses. Los
resultados han sido trágicos. Los vemos todos los días en la calle. Ustedes
también lo saben, y saben también que este proyecto de ley no va a tener ningún
resultado; por el contrario, no va a haber inversión, va a haber una
extranjerización, vamos a perder soberanía y además corremos el riesgo de
quedar en la historia en una triste y lamentable página de una nueva historia
de entrega y destrucción en la Argentina. (Aplausos
en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Amadeo.- Señor presidente: a principios de los
años 70, China, que venía de llenar de soberanía al mundo y no podía ganar una
guerra a un país chico de Asia, tenía hambre, estaba destruida, hasta que un
líder decidió jugarse y empezó a plantear otro país. Hoy en día ese país es la
segunda potencia mundial.
No
me quiero comparar; simplemente quiero decir que a veces cuando oigo alguno de
los argumentos que se dan en este Congreso pienso que están mirando afuera.
¿Están mirando la Argentina que tenemos? ¿Están mirando el país del hambre, el
país de la pobreza, el país de la falta de inversión, el país donde los
argentinos no somos iguales dependiendo de la distancia al puerto? Esta es la
discusión que tenemos hoy en la Argentina.
La
verdadera soberanía es poder hacer lo que uno quiere porque tiene capacidad y
decisión política, pero también porque tiene economía, infraestructura,
trabajo, empresas nacionales potentes, y esta es la discusión que estamos
teniendo hoy, no el onanismo de encerrarnos aquí adentro para ver quién es más
soberano.
Este
proyecto de ley es una fuente enorme de generación de empleo. Aplaudo a los
diputados de la oposición que se han preocupado por la generación de empleo,
por las pymes, pero sin duda esto va a generar empleo. ¿Acaso no generan empleo los ferrocarriles,
los diques, todos los proyectos que se van a financiar con esto?
Quiero
dejar tranquilos a los señores diputados que nos creen, no a los que nos miran
con desconfianza. Este proyecto tiene todos los controles necesarios en respeto
a las leyes para que no vuelvan a repetirse los festivales corruptos que hemos
visto en el pasado. Este es un proyecto transformador.
No
se equivoquen: la Argentina no es una niña de quince años o un joven pintón al
que todos quieren; es un país gastado, triste, que no puede levantar vuelo si
no tomamos medidas audaces, y esta es una medida audaz. Esta es una ley que va
a integrar el país. Por eso quiero reafirmar a los compañeros diputados que se
han preocupado por el tema del trabajo: vamos a generar trabajo, vamos a
generar pymes, vamos a generar seguridad, vamos a integrar la Argentina.
Para
finalizar, quiero leer las obras que haremos con este proyecto. En este
sentido, quiero decir a los diputados que no están de acuerdo con esta
iniciativa que cuando vuelvan a sus provincias podrán decir con orgullo que
participaron de un Congreso que apoyará la construcción de las obras que a
continuación mencionaré: El Salado, tramo 4; El Tambolar, en San Juan; sistema
de riego en la Meseta Intermedia de Chubut; en Neuquén, Valle Inferior del río
Limay; Colonia Josefa, de Río Negro; Acueducto del Este, en San Luis; El
Bolsón; Formosa; La Pampa; Las Tunas; Canal Norte de Santa Cruz. Todas estas
son obras de riego que podrán anunciar en sus provincias, aunque se hayan
opuesto.
Menciono
otras obras: la red cloacal de Chascomús; la obra para control de inundaciones,
en La Pampa; la rehabilitación integral de los trenes de las líneas Mitre,
Roca, San Martín, Urquiza, Belgrano Norte y Belgrano Sur; todo el sistema de
frenado automático; el puerto de Comodoro Rivadavia; la ruta 36, en Córdoba; la
ruta 19, en Córdoba; la ruta 33, de Rufino a Rosario; la ruta 3, en el tramo
que abarca Azul-Bahía Blanca-Coronel Dorrego; la ruta 34, Rosario-Sunchales,
San Genaro-Cañada Rosquín y Taboada-La Banda; el acceso al puerto de Rosario;
el acueducto del Chaco; y muchas otras.
Con
esta norma estaremos respondiendo a lo que la gente espera de nosotros: un país
integrado, con trabajo y equidad federal. (Aplausos
en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente en general el dictamen de mayoría de
las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda recaído en el
proyecto de ley venido en revisión por el cual se regulan los Contratos de
Participación Público-Privada (Orden del Día N° 815).
Tiene
la palabra la señora diputada por Corrientes.
Sra.
Ferreyra.- Pido permiso para insertar mi discurso
sobre este tema.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por el Chaco.
Sra.
Terada.- Señor presidente: solicito insertar mi
discurso.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Daer.- Señor presidente: pido permiso para
abstenerme en la votación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Cleri.- Señor presidente: solicito permiso para
insertar mi exposición sobre este tema.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.
Sr.
Tomas.- Señor presidente: pido permiso para
insertar mi discurso.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Plaini.- Señor presidente: solicito permiso para
abstenerme en la votación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr.
Barreto.- Señor presidente: solicito permiso para
abstenerme en la votación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Moyano.- Señor presidente: solicito permiso para
abstenerme en la votación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se ha tomado debida nota de las inserciones y pedidos de
abstención solicitados por los señores diputados.
Se
va a votar nominalmente en general.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
236 señores diputados presentes, 151 han votado por la afirmativa y 77 por la
negativa, registrándose además 6 abstenciones. No se ha computado el voto de un
señor diputado.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Votaron por la afirmativa 151 señores diputados y por la
negativa, 77. Además, se registraron 6 abstenciones. (Aplausos en las bancas.)
aquí votación nominal
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por San Luis.
Sra.
Arenas.- Señor presidente: quiero consignar mi
voto por la afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Asimismo,
dejan constancia de su voto por la negativa la señora diputada Garré y el señor
diputado De Vido.
En
consideración en particular.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Lipovetsky.- Señor presidente: propongo que votemos
capítulo por capítulo, teniendo en cuenta la gran cantidad de artículos que
contiene el proyecto.
Sr.
Presidente (Monzó).- Si la Cámara está de acuerdo, votaremos capítulo por capítulo.
- Asentimiento.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el Capítulo I, que comprende los artículos 1° a
11.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el Capítulo II, que comprende los artículos 12
a 17.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el Capítulo III, que comprende los artículos 18
a 20.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el Capítulo IV, que comprende los artículos 21
y 22.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el Capítulo V, que comprende el artículo 23.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el Capítulo VI, que comprende el artículo 24.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Recalde.- Señor presidente: solicito votación
nominal para el artículo 25.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Raffo.- Señor presidente: entiendo que la
comisión iba a aceptar una modificación propuesta para la redacción del
artículo 23. Por lo tanto, solicito la reconsideración de esa disposición.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar la reconsideración del artículo 23, de acuerdo con
lo solicitado por el señor diputado Raffo. Se requieren los dos tercios de los
votos que se emitan.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Raffo.- Señor presidente: propuse que en este
artículo se agregara como inciso h) que se excluya a los condenados con
sentencia firme por los delitos previstos en los títulos XI, XII y XIII del
Código Penal.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Lipovetsky.- Señor presidente: se acepta la
modificación, incorporando el inciso h) en el artículo 23, que por supuesto
deberá ser aplicado a los condenados y procesados con sentencia firme.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.
Sra.
Martínez Villada.- Señor presidente: propongo una
reforma al inciso f), cuya redacción dice así: “Haber recibido dentro de los
últimos cinco años anteriores al llamado público sanciones por violación a las
normas ambientales, siempre que la resolución se encuentre firme;”
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Lipovetsky.- Señor presidente: no aceptaremos la
modificación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Kicillof.- Señor presidente: propongo dos nuevos
incisos para agregar al artículo 23. El primero sería modificar el inciso c)
por la siguiente redacción: “Ser
funcionario público, o ser una firma, empresa o entidad con la cual el funcionario
esté vinculado, o haya estado vinculado en los últimos cuatro años, por razones
de dirección, participación o dependencia;”
Asimismo, propongo incluir un nuevo
artículo con la siguiente redacción: “Ser familiar hasta cuarto grado de
consanguineidad de las personas humanas referidas al artículo anterior.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Lipovetsky.- Señor presidente: mantendremos la
redacción dictaminada en la comisión, con la propuesta del señor diputado
Raffo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Abraham.- Señor presidente: el miembro informante
ha hablado de “procesado con sentencia firme”. Me parece que esa figura no
existe. Lo aclaro a fin de que no se deslice un error de técnica legislativa ni
idiomático, incluyendo una figura penal que no existe.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Lipovetsky.- Señor presidente: la terminología es
discutible pero puede ser procesado con resolución firme. En realidad, el auto
de procesamiento puede ser apelado. Por lo tanto, tiene que estar firme para
que se consolide; ese es el espíritu.
Sr. Presidente (Monzó).-
Se va a votar el artículo 23, con las modificaciones aceptadas por la comisión.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el Capítulo VII, que comprende los artículos 25
a 27.
Al
respecto, la Presidencia someterá a votación artículo por artículo, ya que el
diputado Recalde pidió la votación nominal del artículo 25.
Sr.
Kunkel.- Se puede votar los tres artículos del
capítulo en forma nominal, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Es verdad, podría votarse nominalmente los artículos 25 a 27, es
decir, el capítulo completo, con lo que ahorraríamos tiempo.
Sr.
Recalde.- Insisto en que solamente se vote en
forma nominal el artículo 25, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Conforme a lo solicitado, se va a votar en forma nominal el
artículo 25.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
231 señores diputados presentes, 137 han votado por la afirmativa y 89 por la
negativa, registrándose además 3 abstenciones. No se ha computado el voto de un
señor diputado.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han
registrado 137 votos afirmativos, 89 negativos y 3 abstenciones.
AQUÍ
VOTACIÓN NOMINAL
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra la señora diputada por Tucumán.
Sra.
Carrizo (N.M).-
Señor presidente: quiero aclarar que voté por la negativa, porque me levanté de
la banca y se borró mi voto.
Sr. Presidente (Monzó).- Se tiene presente, señora diputada.
Se
van a votar los artículos 26 y 27, que completan el Capítulo VII.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el Capítulo VIII, que comprende los artículos
28 y 29.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el Capítulo IX, que comprende el artículo 30.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el Capítulo X, que comprende los artículos 31 a
33.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
- El artículo 34 es de forma.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de ley. (Aplausos en las bancas.)
Habiendo
sido modificado el texto aprobado por el Honorable Senado, el proyecto vuelve a
la Cámara iniciadora.
- 13 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde considerar el proyecto de ley de la señora diputada
Camaño y otros señores diputados por el que se transfiere a título gratuito un
inmueble de propiedad del Estado nacional, denominado “La Palúdica”, a la
Municipalidad de Salta, provincia de Salta, para la construcción del Museo
Nacional del Folclore (expediente 441-D.-2016).
aquí PROYECTO DE LEY SOBRE TRANSFERENCIA DEL
INMUEBLE “LA PALÚDICA” A LA MUNICIPALIDAD DE SALTA (EXPEDIENTE 441-D-2016)
Sr.
Presidente (Monzó).- No habiendo despacho de comisión, corresponde que la Honorable
Cámara se constituya en comisión.
Se
va a votar. Se necesitan las dos terceras partes de los votos que se emitan.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda abierta la conferencia.
Se
va a votar si se mantiene la unidad del debate.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se procederá en consecuencia.
En
consideración de la Honorable Cámara constituida en comisión el proyecto de ley
de la señora diputada Camaño y otros señores diputados por el que se transfiere
a título gratuito un inmueble de propiedad del Estado nacional -“La Palúdica”-
a la Municipalidad de Salta, provincia de Salta, para la construcción del Museo
Nacional del Folclore (expediente 441-D.-2016).
No
encontrándose presente el señor diputado Pérez, tiene la palabra la señora
diputada por Buenos Aires.
Sra.
Camaño.- Señor presidente: el proyecto en
consideración se refiere a un predio que se encuentra en la capital de Salta y
perfectamente podría informarlo cualquiera de los diputados salteños aquí
presentes, quienes saben que es un predio importante, que actualmente está
deshabitado, que no está siendo usado para los fines que correspondería y
respecto del cual la Municipalidad de Salta está solicitando su transferencia.
Tengo
en mi poder un dictamen de la Sindicatura de esa Municipalidad para que este
predio no solamente pueda ser utilizado a los fines que establece esta
iniciativa, sino que también se siga conservando parte del predio a los efectos
por los cuales ha sido donado, es decir, como un centro de atención de la
salud.
Precisamente
el nombre del predio tiene una vinculación en ese sentido, y la donación a que
hice referencia ocurrió hace muchos años.
Por
este motivo, solicitamos la aprobación de esta iniciativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
López.- Señor presidente: en primer lugar, quiero
proponer que se retire el tratamiento de este proyecto y voy a explicar el
porqué. Tengo en mis manos una nota del diario El Tribuno, del 20 de agosto de este año, escrita por el médico
Mario Zaidenberg, jefe de Control de Vectores del NOA. El artículo en cuestión
se titula “La Palúdica, en la mira”.
Según
informa Zaidenberg -y efectivamente es así‑, en este predio funciona
desde hace décadas la Coordinación Nacional de Control de Vectores, que tiene
que prevenir el dengue. Al respecto debo señalar que tenemos siete muertos por
el dengue en la provincia de Salta en lo que va de 2016. Pero allí también
funciona el Senasa, la Delegación Sanitaria Federal, el Centro Nacional de
Reconocimientos Médicos y Sanidad de Fronteras, y hasta hace dos años
funcionaba el Instituto Nacional de Investigaciones Nutricionales, que ya no
está allí por las malas condiciones del edificio, siendo que también hemos
tenido nueve muertes por desnutrición en la provincia de Salta entre mediados
de 2015 y lo que va de este año.
Zaidenberg
informa que hubo distintas evaluaciones técnicas por parte de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta, habiéndose hecho una propuesta
técnica para reforzar la estructura de este edificio, y él denuncia que esa
propuesta duerme “el sueño de los justos”. Así lo dice textualmente el doctor
Zaidenberg en la nota que publica el diario El
Tribuno el día 20 de agosto de este año.
Si
el señor presidente me autoriza, voy a hacer otras citas. En la nota dice: “Somos
más de setenta trabajadores profesionales, técnicos, administrativos, personal
de servicio” –se refiere a los que allí trabajan-, y agrega que el doctor Luis
Güemes donó ese predio en su momento para la específica función de estación
sanitaria. La nota de la donación, del 24 de diciembre de 1924, enviada por el
doctor Güemes al entonces presidente Marcelo T. de Alvear, establecía como
condición que allí funcionara una estación sanitaria, una dependencia de la
salud pública nacional, que fue desmantelada tal como lo denuncié cuando vino
aquí por primera vez el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña.
En
esa ocasión, como Zaidenberg había dicho que “La Palúdica” y todos sus
trabajadores corrían riesgo en momentos en que arreciaban el dengue, el zika y
la chikungunya en la provincia de Salta…
Sr.
Presidente (Monzó).- Pido al señor diputado que vaya redondeando su exposición, por
favor.
Sr.
López.- Sí, señor presidente, pero me parece que
la Cámara está constituida en comisión y es importante señalar esto.
El
mencionado profesional denuncia que “La Palúdica” ha sido objeto de deseo con
distintos fines, y acá se pretende aplicar a un fin que nada tiene que ver con
la salud pública, ya que es un negocio turístico. Si quieren hacer el Museo del
Folclore, no nos oponemos, pero háganlo en otro lado, no en “La Palúdica”.
Recuperemos ese edificio para que funcione el área de control de vectores, tal
como es el deseo de los trabajadores que, como dice el doctor Zaidenberg, hace
noventa años que vienen trabajando allí con ese fin específicamente designado.
De
manera que llamo a todos los diputados a la reflexión y solicito a los autores
de este proyecto que lo retiren o que vuelva a comisión, porque me parece que
se está cometiendo un atropello muy importante contra el pueblo salteño, contra
los trabajadores y contra este organismo, que debería ser reforzado -y no
desmantelado‑ para atender la salud en todo el NOA, pues allí funciona un
centro que abarca a toda esa región.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
David.- Señor presidente: simplemente quiero
desmitificar un poco algunas ideas.
Este
es un predio de una manzana que está ubicado casi en pleno centro de Salta. Es
un edificio histórico que está venido absolutamente a menos y que se está
cayendo a pedazos.
Efectivamente,
allí funcionan algunas oficinas nacionales que hay que mantenerlas en buen
estado y que tienen que ver con cuestiones de salud. Se trata de una donación
del año 1925 que, como aquí se dijo, tiene como cargo que el bien se utilice
como estación sanitaria.
Lo que nosotros vamos a proponer es no
solo la transferencia, como acá se menciona –que me parece que es lo mejor que
se puede hacer, inclusive con muchos edificios nacionales que se caen en
distintas provincias-, sino además agregar un párrafo donde se establezca el
destino para la construcción del museo. Es decir, el lugar debe contener la
estación sanitaria o el espacio necesario para que se mantengan las oficinas y
los trabajadores que están allí. Esto es perfectamente viable ya que, como les
digo, se trata de un edificio que ocupa una manzana entera y hoy en día se usan
apenas unas pequeñas oficinas porque la gran mayoría del inmueble está
demasiado deteriorado.
Por
eso, vamos a pedir el acompañamiento de la Cámara. En este sentido, y para que
quede claro, voy a proponer un párrafo al final que dice así: “Se destina a la
construcción del Museo Nacional del Folklore y otros espacios de interés
cultural. Deberá además mantener un lugar que contenga una estación sanitaria”.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Camaño.- Señor presidente: me parece perfecta la
solución que aporta el diputado por Salta, es decir, la incorporación del
párrafo para mantener el cargo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Salta.
Sr.
Durand Cornejo.- Señor presidente: para abonar un
poco en este tema, quiero comentar a los señores diputados que el edificio “La
Palúdica” debe su denominación al hecho de que en su momento allí funcionaba el
organismo público que se ocupaba del tema del paludismo.
En
otro orden, y también afianzando los dichos del diputado David, quiero decir
que esta es una manzana ubicada en pleno centro de la ciudad de Salta, cuyo
estado es calamitoso debido a que la construcción está derruida.
En
relación con la cuestión sanitaria, la mayoría de las reparticiones que estaban
allí se han mudado hace tiempo. Eventualmente, no me consta que hubiese ese
número de empleados que mencionó un diputado preopinante pero, de todas
maneras, en el mismo proyecto se señala que el municipio tiene el compromiso de
continuar con una oficina que, por supuesto, esté en buenas condiciones, de
acuerdo a la cláusula que en su momento sirvió para la donación de ese predio.
Por
lo tanto, todos los diputados por Salta estamos a favor y creo que esto va a
significar una solución para todos.
Sr.
Presidente (Monzó).- Lo corrijo, diputado Durand Cornejo; me parece que el diputado
López no está a favor.
Tiene
la palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
Olmedo.- Señor presidente: como salteño me siento
orgullo de que seamos la cuna del folklore de nuestro país, ya que en cada
piedra, en cada rincón hay un poeta y hay un cantor, y cada vez que ustedes van
a visitarnos -con mucha honra lo decimos- nos sentimos agradecidos.
Así
que esto va a contribuir a la cultura nacional y por sobre todas las cosas al
arraigo que muchas veces nos hace falta, más que a nada a la gente del interior
del país.
Por
lo tanto, doy mi apoyo; estoy de acuerdo con lo que está presentando el
diputado David. Digo con total seguridad que no se va a cerrar nada; por el
contrario, se va a abrir la puerta hacia la cultura, hacia al folklore y a todo
el país.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Laspina.- Señor presidente: propongo que se
cierre el debate y que se adopte como texto el producido por la Honorable
Cámara constituida en comisión.
Sr.
Presidente (Monzó).- ¿Con las modificaciones aceptadas por el señora diputado David?
Sr.
Laspina.- Sí, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar la propuesta formulada por el señor diputado
Laspina.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda aprobado como despacho el texto del proyecto aprobado por
la Honorable Cámara constituida en comisión.
Se
levanta la conferencia.
- 14 -
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde votar en general y en particular el proyecto
despachado por la Honorable Cámara constituida en comisión.
Sr.
Recalde.- Señor presidente, pido la palabra.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Presidente (Monzó).- ¿Cuál es la aclaración que quiere hacer, señor diputado?
Sr.
Recalde.- Señor presidente: quiero hablar con
toda autenticidad. Se ha generado un debate de un proyecto que nosotros no
conocíamos. En principio, estamos de acuerdo pero ahora, pensando que este
espacio puede tener otra utilidad, nos vamos a abstener, salvo que haya una
vuelta a comisión y podamos analizar realmente si cumple…
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Recalde.- Yo no rumoreo cuando ustedes hablan,
señores diputados.
Estoy
hablando con la mayor autenticidad: no sabemos. Entonces, no queremos votar al
vacío. Una de dos: podemos analizar algo que vino muy rápido a la consideración
de la Cámara, sin haberse analizado los fundamentos y los pros y contras, o de
lo contrario vamos a pedir permiso para abstenernos. Es decir, no queremos
imposibilitar sino votar con razonabilidad y fundamentación.
Sr.
Presidente (Monzó).- ¿La Cámara autoriza la abstención del bloque del Frente para la
Victoria?
- Asentimiento.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda autorizada la abstención del bloque del Frente para la
Victoria.
Sra.
Bianchi.- Pido la palabra, señor presidente, y
aprovecho para pedirle por favor que mire a los diputados porque, de lo
contrario, estamos todos como locos pidiendo la palabra.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por San Luis.
Sra.
Bianchi.- Señor presidente: si este proyecto no
vuelve a comisión, el bloque Compromiso Federal también se va a abstener.
Asimismo,
pido respeto a los diputados, porque así como nos aplauden cuando apoyamos las
leyes, ustedes también deben respetarnos cuando no estamos de acuerdo. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Corresponde votar en general y en particular el proyecto
despachado por la Honorable Cámara.
Sr.
López.- Pido la palabra.
Sr.
Presidente (Monzó).- Ya habló, diputado López. ¿Es para abstenerse?
Sr.
López.- Señor presidente: quiero formular una
moción de orden: propongo que este proyecto vuelva a comisión. No se trató en
la Comisión de Presupuesto y Hacienda y se incluyó a última hora en un temario
de la Comisión de Legislación General…
Sr.
Presidente (Monzó).- Pero se aprobó el cierre del debate y ya estamos votando, señor
diputado…
Sr.
López.- Estoy haciendo una moción de orden porque
está en discusión el propio proyecto.
Por lo tanto, hago moción de que vuelva a comisión y, si se rechaza,
este bloque va a votar por la negativa porque esto se va a transferir al
municipio y este lugar, donde funcionan organismos de prevención del dengue, va
a dejar de ser de jurisdicción nacional. Es muy grave lo que está pasando.
Por
eso, mociono que vuelva a comisión y, si se rechaza, votaremos por la negativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar la moción de orden formulada por el señor diputado
por Salta.
- Resulta negativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda rechazada la moción.
Corresponde
votar en general y en particular el proyecto despachado por la Honorable Cámara
constituida en comisión en el proyecto de ley por el que se transfiere a título
gratuito “La Palúdica”, inmueble propiedad del Estado, a la Municipalidad de
Salta, provincia de Salta, para la construcción del Museo Nacional del Folklore
(expediente N° 441-D.-2016).
Se
va a votar nominalmente.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme a lo registrado en el tablero
electrónico, sobre 224 señores diputados presentes votaron 142 por la
afirmativa y 10 por la negativa, registrándose además 71 abstenciones.
Sr.
Secretario (Inchausti).- Votaron 142 señores diputados por la afirmativa y 10 por la
negativa, registrándose además 71 abstenciones.
Aquí votación nominal
Sr. Presidente (Monzó).- Resulta afirmativa.
Se
comunicará al Honorable Senado.
Se
deja constancia del voto afirmativo de los diputados Roma, Villalonga,
Albornoz, Montfort, Echegaray, Riccardo y Wolff.
- 15 -
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr. Negri.- Señor presidente: corresponde ahora, según el
plan de labor aprobado, tratar el Orden del Día número 814, relativo a la ley
de administración financiera, y luego el Orden del Día número 813, sobre
presupuesto general para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017.
Por lo tanto, si hay asentimiento,
considerando que ambos proyectos están estrechamente vinculados y se va a hacer
mención a ambos de distinta forma, propongo que unifiquemos el debate en
general de ambos órdenes del día y después, en particular, los votemos por
separado. Teniendo en cuenta que vamos a tener una sesión larga, esto también
nos permitiría ahorrarnos un montón de tiempo y no repetir argumentos.
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Recalde.- Señor presidente: nos parece razonable la
propuesta del señor diputado Negri, de modo que prestamos nuestra conformidad. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).-
Conforme a la propuesta realizada y a lo acordado por el cuerpo, se
considerarán en forma conjunta y luego se votarán por separado los dictámenes
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaídos en el proyecto de ley por el
cual se modifica la ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas
de control Público Nacional (Orden del Día N° 814; expediente 32-P.E.-2016) y los dictámenes de la misma
comisión recaídos en el proyecto de ley de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2017
(Orden del Día N° 813; expediente 16-J.G.M.-2016).
AQUÍ ORDENES DEL
DÍA 813 y 814
En
consideración en general.
Tiene
la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Laspina.- Señor presidente: voy a comenzar
haciendo algunas consideraciones relativas al proyecto de ley de reforma del
artículo 37 de la ley de administración financiera, más conocido como
superpoderes. En la redacción actual dicho artículo concede al jefe de Gabinete
amplias atribuciones para disponer modificaciones en las partidas del
presupuesto de la Nación.
Cuando
éramos oposición, en este mismo recinto exigíamos que en Congreso Nacional
volviese a tener las atribuciones que le confería la Constitución Nacional en
materia presupuestaria. Lo pedíamos cuando éramos parte de la oposición y lo
pedimos y defendemos ahora que somos parte del oficialismo.
Creemos
sinceramente que el Congreso Nacional debe recuperar las atribuciones que en
materia presupuestaria le confiere la Constitución Nacional. Para eso debemos
dar este gran paso que es la limitación de los denominados superpoderes que
otorga el artículo 37 de la actual ley de administración financiera.
La
experiencia de estos años no solo en la Argentina sino en todo el mundo ha
mostrado la necesidad de una mínima flexibilidad a lo largo del año en materia
de ejecución del presupuesto. La falta de una flexibilidad razonable en esa
materia ha llevado en muchos casos al abuso de artículos en la ley de presupuesto
que conferían atribuciones especiales al jefe de Gabinete y a distintas
modificaciones que de alguna forma fueron cediendo más facultades para otorgar
una flexibilidad que luego se tornó excesiva a partir del año 2006 con la
sanción de la ley 26.124, que otorgaba estos superpoderes o atribuciones
extraordinarias al jefe de Gabinete.
Entendemos
que se debe encontrar un equilibrio en los requerimientos que el Poder
Ejecutivo nacional tiene en la ejecución del presupuesto en una economía y en
una sociedad cambiante. Diría incluso que tenemos un medioambiente cambiante
que a veces nos somete a situaciones extraordinarias en materia de emergencia
ambiental, inundaciones y otros fenómenos climáticos que requieren
necesariamente de una mínima flexibilidad.
Por eso apoyamos este dictamen de mayoría que
ha dejado una flexibilidad en el presupuesto, que del ciento por ciento que
existía antes pasó a un escaso 7,5 por ciento del total del presupuesto,
reduciéndose al 5 por ciento a partir del año 2018 y subsiguientes.
Ahora
que somos oficialismo somos consistentes con lo que pedíamos cuando éramos
oposición y estamos convencidos de que este es un gran paso en la recuperación
de las instituciones de la República Argentina, en particular de los poderes
que tiene este Congreso de la Nación.
Creemos
también que no es lo único que se debe hacer en materia presupuestaria. Estamos
convencidos de que en los próximos días –ojalá así sea‑ vamos a poder
sancionar un proyecto que se viene discutiendo en el Congreso de la Nación desde
hace varias décadas, desde la recuperación de la democracia. Estoy hablando de
la creación de la Oficina Nacional del Presupuesto del Congreso. Esta norma fue
pedida sucesivamente por la mayoría de los bloques y hoy estamos más cerca de
llegar a un consenso y aprobarla. Nos parece realmente que esta devolución de
las atribuciones presupuestarias al Congreso de la Nación debe venir de la mano
de una mejora de las instituciones, de una mejor discusión y de una mejor
información dentro del Congreso de la Nación para que haya una discusión seria
y racional respecto de la dinámica fiscal, en definitiva, cómo gastamos y cómo
recaudamos el dinero de los argentinos, porque de eso se trata el presupuesto
de la Nación.
La
segunda herramienta fundamental, además de la limitación de los superpoderes y
de la creación futura de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación,
es la ley de leyes. Es el instrumento fundamental que básicamente determina el
rumbo de la política general del gobierno, dónde gastamos el dinero de los
argentinos.
Para
eso hay que tener un principio de seriedad que tiene que ver con partir de
parámetros razonables. Venimos de muchos años de una triste experiencia en
donde los números con los cuales trabajamos el presupuesto de la Nación eran
francamente un dibujo inexplicable. Veíamos índices de inflación de un dígito
cuando en realidad terminaba siendo entre dos y tres veces más de lo que se
decía. Eso llevó a una situación en la cual, en combinación con los
superpoderes, el presupuesto pasaba a ser letra muerta un minuto después de su
aprobación. Esto es lo que vinimos a cambiar siendo gobierno y esto es lo que
estamos haciendo en el día de hoy.
Nuestro
presupuesto parte de supuestos razonables en lo que respecta a crecimiento e
inflación y así lo reconoce la mayoría de los analistas especializados en
materia económica de la República Argentina. Esto nos permite tener una
proyección de recursos bien elaborada, una visión educada de lo que puede
ocurrir el próximo año respecto de los ingresos de la Nación. Esto nos obliga
en buena medida a ser muy claros en cuanto a cómo vamos a gastar el dinero de
los argentinos.
Creo
que después de muchos años de una triste experiencia en cuanto a los
presupuestos en nuestro país, esta vez hemos logrado tener una discusión seria,
que llevó muchas horas de trabajo, muchas semanas, que contó con la presencia
de cinco ministros de la Nación, quienes en algunos casos explicaron durante
más de seis horas cómo iban a distribuir su presupuesto, cuáles eran las
prioridades que habían fijado, cuáles eran las restricciones que enfrentaban,
cuáles eran las estrategias que iban a llevar adelante.
Eso
permitió que la mayoría de los diputados de esta Cámara tuviese una visión
fidedigna de lo que se estaba haciendo con los presupuestos de cada uno de esos
grandes ministerios que, diría, explican la mayor parte del gasto del Poder Ejecutivo nacional.
Esto
posibilitó una discusión amplia y, como sucedió con la norma que acabamos de
aprobar, hemos consensuado muchas modificaciones a este proyecto de ley de
presupuesto que lo han mejorado y potenciado y han corregido errores que tenía
en alguna de sus especificaciones. Me refiero, por ejemplo, al caso de Ciencia
y Tecnología. El Poder Ejecutivo nacional fue el primero en reconocer la
necesidad de una corrección en esas partidas, que hoy estaremos votando todos
los diputados en este recinto, con un refuerzo de casi 1.300 millones de pesos
al complejo científico y tecnológico de la República Argentina.
Pudimos
lograr eso porque partimos del diálogo, de la sinceridad y de la verdad, como
lo hace también el Poder Ejecutivo nacional cuando hay cosas que corregir en
las leyes.
Estoy
convencido de que estamos votando el presupuesto más federal de los últimos
veinte años. Esto también es una vuelta a los principios de la Constitución
Nacional que ha empezado a partir de este año.
Digo que es el presupuesto más federal de los últimos veinte años porque
cumplimos el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que devuelve a
las provincias el 15 por ciento de la masa coparticipable. En cumplimiento de
la ley de reparación histórica, incluimos una partida de 14.000 millones de
pesos para financiar el déficit armonizado de las cajas jubilatorias
provinciales. Vamos a invertir decenas de miles de millones en el Plan
Belgrano, el plan de infraestructura más ambicioso en décadas, para reparar el
retraso histórico de las diez provincias del gran Norte argentino.
Estos
son solo tres aspectos, además de las muchas modificaciones que se han
efectuado durante la discusión del tema en comisión, como por ejemplo haber
incorporado y potenciado en 5.000 millones de pesos el denominado Fondo de la
Soja, cuyo 70 por ciento estará destinado a las provincias y el resto a los municipios,
para realizar justamente más obras en todo el territorio nacional.
Es
una iniciativa que pone mucho énfasis en la inversión social. Por eso, me tomo
el atrevimiento de decir que la mayoría, más allá de los colores políticos,
reconoce que es un presupuesto que no ha buscado el ajuste, como en algún
momento se pensaba o ansiaba; que enfatiza el gasto social en un país en el que
hoy nos enteramos de manera fidedigna, a partir de la recuperación de las
estadísticas oficiales, que lamentablemente uno de cada tres argentinos está
bajo la línea de pobreza.
Era
imposible e inmoral aprobar un presupuesto que no tuviese un fuerte incremento
de los gastos sociales. Por eso, el gasto en previsión social en este
presupuesto aumenta 35 por ciento, comparado con una inflación proyectada que
ronda el 17 por ciento.
También
hemos tomado algunas medidas que han reforzado partidas en el frente social, en
algunos organismos que así lo requerían; por ejemplo, 170 millones de pesos
para la Sedronar, en particular para las casas de recuperación de adictos. No
hemos ahorrado ni un minuto en el debate para plantear los déficit que podía
tener este presupuesto. Ha estado la ministra de Desarrollo Social, Carolina
Stanley, respondiendo todas las preguntas que se le formularon, y por suerte
allí no hubo fisuras. Esto es una señal muy positiva, y solo por ese hecho,
este presupuesto debería recibir la unanimidad de los votos de este recinto.
Es
un presupuesto que reconoce el valor de la obra pública. Por ese motivo, la
obra pública crece 32 por ciento de manera interanual en esta ley. Reconoce la
obra pública, pero al mismo tiempo ha podido contar con la presencia de los
ministros en las reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Ellos
explicaron los criterios con los cuales se prioriza la obra pública. Hemos
dejado absolutamente de lado los criterios de distribución por banderías
políticas, por color político de cada provincia, para generar el plan de
infraestructura que necesitan todos los argentinos, independiente de las
provincias en las que vivan.
Incluso,
esto ha generado críticas de gobiernos aliados, de gobernadores del frente
Cambiemos, que después de años de haber sido aislados, proscritos en materia de
obras y relegados, ahora sienten que llega un gobierno de su signo político y
advierten que provincias que han sido favorecidas por años, por pertenecer al
mismo color político del gobierno anterior, siguen recibiendo ingentes recursos
del gobierno nacional. Entonces, hubo que explicar a muchos de esos compañeros
de ruta que esta era la mejor decisión en materia de priorización de obras, de
asignación de jardines de infantes, de asignación de planes o programas
sociales. Independientemente del color político de la gente que vive en esos
lugares, no tenía por qué sufrir el castigo por las políticas que se aplicaban
antes.
En
este sentido, contamos con la presencia del señor ministro de Transporte de la
Nación, Guillermo Dietrich, quien explicó cómo se hicieron muchas de esas
priorizaciones, que en algunos casos beneficiaron más a unas jurisdicciones que
a otras. Nobleza obliga, debo decir que esto ocurrió en la provincia de Santa
Fe, de la que soy oriundo. Cabe destacar que esta provincia está en el nudo de
la circulación de la logística de nuestra Nación, con los mejores puertos del
mundo, pero con los peores trenes, los peores accesos a los puertos y las
peores autopistas y rutas. Tenemos cientos de muertos en esas rutas
santafecinas. La priorización no midió que el gobierno de la provincia de Santa
Fe fuera de distinto signo político que el Poder Ejecutivo nacional. Reitero:
no midió esa situación política; priorizó las obras donde más se necesitaban
que, como dije –bien lo explicó el señor ministro Dietrich‑, son el
corazón de la logística y la competitividad de nuestra Argentina y, por
supuesto, comprende la priorización de la infraestructura en esas diez
provincias del gran Norte argentino, que han sido históricamente postergadas y,
por su lejanía con el puerto, sufren elevados costos en materia logística.
Por
esta razón, se ha incluido en este presupuesto una partida adicional de 4.500
millones de pesos para el Ministerio de Agroindustria, destinados a programas
de las economías regionales, de los cuales 1.000 millones irán a compensar los
costos de transporte de esas diez provincias del Plan Belgrano, a la espera de
la llegada de estas obras de infraestructura tan postergadas, que permitan
poner nuevamente en valor y en competitividad a las citadas jurisdicciones.
Por
todo lo dicho, creo que hoy estamos dando un gran paso en materia
institucional, un primer paso en materia de calidad de la discusión
presupuestaria. Ha sido un lujo escuchar las presentaciones de todos los
señores diputados en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y debo destacar el
nivel del debate de las presentaciones de los ministros. Aquí incluyo no solo a
los legisladores de mi bloque, desde ya, sino también a los señores diputados
de la oposición, como Kicillof, Lavagna y Bossio, que lideran la voz cantante
en esas reuniones, quienes plantearon puntos muy esenciales en la discusión.
Como
Congreso, debemos ir hacia una mejora en la cultura presupuestaria. Es
importante que recuperemos el valor del equilibrio fiscal, de la restricción
presupuestaria; que el presupuesto vuelva a ser una herramienta de verdad y no
de ficción; que su discusión en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del
Congreso de la Nación sea libre de demagogias, sabiendo que estamos hablando de
una frazada corta. Si hacemos algún puente en algún lado, quizás nos quedemos
sin algunos jardines de infantes donde se necesitan.
Esa
cultura presupuestaria debemos recuperarla; es un desafío del Congreso.
Nosotros, como oficialismo, estamos dispuestos a dar un primer gran paso con la
sanción de la ley que creará una oficina de presupuesto del Congreso. (Aplausos
en las bancas.) Esa oficina no
tendrá la tarea de molestar al Poder Ejecutivo nacional sino de informar los
números del presupuesto para brindar racionalidad fiscal a la discusión
presupuestaria, y así dejemos de mentir a los argentinos diciendo que vamos a
hacer cosas que después no hacemos. Es una deuda pendiente que tenemos en el
Congreso de la Nación.
Hay una decisión del presidente Macri
de respetar la Constitución y que el Congreso nacional vuelva a tener la soberanía
en materia presupuestaria. Por eso, estamos aprobando esta norma y apoyamos la
que propicia la reforma de los superpoderes, sancionada en el año 2006. Es una
responsabilidad de todos los que estamos aquí entender que ahora la
sustentabilidad fiscal de la Argentina, cómo decidimos gastar el dinero y
cobrar impuestos, cada vez más depende de nosotros. Esta es una gran
responsabilidad que debemos asumir. (Aplausos
en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Kicillof.- Señor presidente: acabo de escuchar atentamente al
señor diputado Laspina, con quien –tal como acaba de reseñar‑ tuvimos
intensos debates en las comisiones en un proceso
bastante largo de discusión. Sin embargo, como esa discusión toca tantos
niveles, lo que hoy podemos decir como oposición es que el proyecto original no
fue cambiado en su sustancia y mantiene sus elementos centrales.
Lamentablemente, nuestro bloque no puede acompañar esos elementos centrales.
Como
se conoce, el presupuesto es la ley de leyes. Como lo hemos dicho cuando nos
tocó presentar el presupuesto, éste contiene previsiones, un plan de gobierno.
Pero lo que aquí tenemos enfrente es una verdadera radiografía o una verdadera
confesión de cuál es la orientación económica que le quiere dar a la Argentina
el presidente Macri. Desgraciadamente no podemos convalidar esta orientación.
Por
otro lado, tampoco podemos felicitar al gobierno y a todo su grupo ‑es
decir, a toda la alianza de gobierno‑ por la sinceridad, porque repiten
mucho la palabra “sinceramiento” pero lo que han hecho durante este año y lo
que confiesan que van a hacer por medio de este presupuesto está en una
dirección absolutamente opuesta a lo que prometieron durante la campaña
electoral.
Este
es un punto que hay que resaltar. En la campaña electoral el actual oficialismo
se negó a hablar del proyecto de país y de la economía, y cuando les tocó
debatirlo, lisa y llanamente el presidente Macri y sus actuales ministros mintieron.
Todas las veces que fueron increpados ‑que fueron muy pocas porque una
parte importante del debate pasó por otros lugares y gran parte del sector
mediático o periodístico nunca fue incisivo con sus preguntas‑ mintieron.
¿Por qué? Porque nos dijeron que podíamos vivir mejor.
Sin
embargo, acá estamos. Para 2017 las últimas cifras del “podemos vivir mejor”
son las siguientes: una caída del consumo de 15 a 20 puntos. Este índice nos
indica cuánto come la gente, si hay una caída en la producción y en la demanda
de leche o de carne, etcétera.
Coincidimos
en que este debe ser el mejor equipo de los últimos cincuenta años, porque no
les salió ni una bien, y realmente es difícil que en términos económicos no
salga una bien. Reitero: no les salió ni una bien. El diputado miembro
informante dijo que este es un presupuesto sincero, realista. Pero empecemos a
hablar un poco de la realidad y de los presupuestos, de las promesas, de lo que
se dice, de lo que se hace y de sus consecuencias.
La
verdad es que abrimos un año con un presidente Macri que venía montado sobre
ese caballo publicitario de la “revolución de la alegría”, del “podemos vivir
mejor”, de “lo que está bien, va a seguir, y lo que está mal, va a cambiar para
mejor”. Pero lo que vemos, hablando en el terreno de la economía y del
presupuesto, es otra cosa.
Lo
que también está haciendo este presupuesto es confesar lo que fue el 2016. El
presidente Macri parece dispuesto a decirles a todos los argentinos a partir de
qué día hay que evaluarlo; esto fue ya hace un mes y la cosa sigue peor, en la
pobreza y en todos los terrenos.
Pero
en particular vamos a hablar de la economía. Ganaron las elecciones diciendo
que había muchos problemas pero que no iban a cambiar todo; por ejemplo, iba a
seguir el programa Fútbol para Todos, el programa de precios cuidados y un
montón de cosas que andaban bien y que la gente quería. Vamos a decirlo
claramente: decían lo que las encuestas les indicaban ‑de manera, como lo
llaman ustedes, populista, vacía y mentirosa‑ que tenían que decirle a la
gente para que los vote. Por ello, dijeron que iba a seguir todo eso.
Cuando
asumieron el gobierno, el ministro Prat‑Gay dijo que la cosa no estaba
mal, que venía bastante bien, aunque había algunas cosas para corregir, y dan
las proyecciones para el 2016. El 2016 existe, señores diputados; es este, es
nuestra realidad. Es el presente y el resultado de las políticas de Macri. ¿Y
qué dicen del 2016, ya en el gobierno y habiendo visto lo que después iban a
denominar la “pesada herencia” y demás dificultades? Que este año la economía
iba a crecer un 1 por ciento. Esto lo dicen Macri, Prat‑Gay y todos.
Todos dijeron, ya siendo gobierno, que en 2016 íbamos a tener un crecimiento de
un 1 por ciento y que la inflación iba a estar en el orden del 20 o del 25 por
ciento. Esto es lo que dijeron Macri y sus ministros. ¿Por qué? Porque estaban
negociando paritarias. Por eso decían que la inflación iba a ser del orden del
20 o del 25 por ciento.
Con
respecto al déficit fiscal ‑que decían que estaba descontrolado pero
después mostraron cómo era el déficit fiscal del año pasado, y ahora lo voy a
señalar‑, dijeron que este año iba a ser menor que el del año pasado.
Esas
eran las metas que se habían planteado. Hoy tenemos esta realidad, y no la digo
yo sino el presupuesto, el INDEC de Macri y todos los consultores privados. En
estimaciones y en proyecciones, este año este gobierno demostró que pifian
todas, no pegan una. ¿Por qué? Porque cada cosa que dicen tiene una
intencionalidad política, social o económica.
Lo
que vemos hoy es que el PBI no creció un 1 por ciento, como estimaron –porque
esta no es la primera proyección‑ sino que está en caída. Y en caída
libre. Este presupuesto dice 1,5 pero los privados ya hablan de un 1,8 por
ciento de caída. ¿Por cuánto le pifiaron? Por casi el doble, pero al revés. El
último estimador mensual de la actividad da 2,4 con respecto al año pasado.
Estamos en caída libre en términos de actividad.
En
términos de inflación, el 20 o el 25 por ciento de Macri, Prat‑Gay y sus
ministros ya lo tenemos hoy. Podemos hablar de la ciudad de Buenos Aires, por
ejemplo, pero cualquier estimador de inflación habla de un 40 por ciento, es
decir, del doble de inflación. Pero, claro, hablando del 20 o del 25 por ciento
fueron a negociar salarios a la baja en términos reales.
Por
eso tenemos un problema; lo tenemos quienes representamos a los trabajadores,
lo tienen los trabajadores y también el gobierno, por la gente en la calle, los
despidos y las protestas. Este es el resultado de este programa económico, que
dio 40 por ciento de inflación, 50 por ciento de devaluación y salarios con un
aumento de apenas el 20 o el 30 por ciento.
¿Y
qué pasó con el déficit fiscal? Según la página del Ministerio de Economía, el
año pasado el déficit fiscal fue del 4,3 por ciento. Cabe aclarar que la
metodología Prat‑Gay es un invento, porque le resta lo que le da el Banco
Central y lo que da el FGS y hace lo contrario de lo que piden el Fondo
Monetario Internacional y todas las estadísticas para computar el déficit.
Como
decía, les daba 4,3 por ciento el año pasado y en este presupuesto les da 4,8
por ciento el déficit de este año. Es decir que duplicaron la inflación y
aumentaron el déficit fiscal. Recocinaron las estadísticas públicas para que el
producto bruto de nuestro gobierno diera distinto; todavía ni se puede explicar
cómo lo hicieron. Pero el año pasado les dio crecimiento, de 2,4 por ciento.
Llevaron una economía en crecimiento a una recesión: duplicaron la inflación,
agrandaron el déficit.
Eso
es lo que vemos en la realidad. ¿De qué realismo, de qué idoneidad o de qué
seriedad me pueden hablar si esto es lo que están haciendo hoy con la
Argentina? En términos de estadísticas y de resultados, lo tenemos a la vista.
El primer elemento que quiero señalar es la caída del salario real. Este es un
gobierno que plantea con eufemismos cuál es su objetivo: la caída del salario
real. Quieren un salario de los trabajadores, en términos de bienes, más bajo,
y en dólares, más bajo. A eso lo llaman competitividad. Ese es el modelo de
país que quieren.
¿Por
qué ese salario en términos de bienes es más bajo? La gobernadora ausente en
los tarifazos y en la defensa de la industria, la gobernadora Vidal, dijo
“Vivíamos demasiado bien. Había una fantasía”. Un laburante de la Argentina
pensaba que podía vivir más o menos como la gente del PRO. No se puede. Eso es
para privilegiados, para CEOS.
Entonces,
¿qué encontramos? Que el tipo que se podía comprar una casa o un auto vivía
demasiado bien. Y está muy bien, porque en el gobierno confiesan que todo lo
que dijeron durante la campaña era mentira. En la campaña dijeron “Podemos
vivir mejor; si estamos en un nivel 5, podemos llegar a 7 u 8”, y ahora dicen
“Vivíamos demasiado bien”. Así que si a Macri le va bien, los argentinos vamos
a terminar en un nivel 4 o 3, porque era todo una fantasía. Era una fantasía
para algunos, para los laburantes, porque los grandes exportadores de soja, los
mineros, los bancos, los bancos extranjeros y el sector financiero
internacional sí tuvieron su “revolución de la alegría”. El presidente Macri se
olvidó de decir para quién iba a ser esa “revolución de la alegría”, porque
este presupuesto ya marca que vamos a seguir con una política de distribución
regresiva.
Planteo
esto en la discusión del presupuesto para no tener que recurrir a ninguna
cuestión estadística rara. Fíjense en lo siguiente. Decían que la inflación era
un escándalo. Tomamos el índice de la Ciudad de Buenos Aires, que para los
primeros meses del año pasado daba 16 por ciento hasta el mes de agosto.
¿Cuánto da ahora ese mismo índice? Da 31 por ciento. Es decir que duplicaron la
inflación. Mientras tanto, subieron la tasa de interés, que es la receta
monetarista para que no haya inflación.
Decían
que la inflación era producto de la emisión, pero para que les quede claro les
digo que la emisión sigue existiendo. Sin embargo, no era la emisión lo que
generaba la inflación sino el descontrol de precios que querían establecer
ciertos sectores. Por eso nosotros desde 2014 hasta 2015 bajamos la inflación a
la mitad –según las estadísticas que manejan ustedes- sin aplicar un plan
recesivo.
Lo
que aquí se está haciendo consolida el plan recesivo; consolida un Estado que
va a jugar a favor de unos pocos; consolida la caída de los salarios. Ese es el
país que quieren, y esto es lo que se va a reproducir cuando aprueben este
presupuesto que consolida estas tendencias, porque ya hemos visto que buena
parte de la oposición va a ayudar a que la norma se sancione. Esto tiene su
raíz central en un elemento que hoy está en todos los medios de comunicación,
tanto locales como del extranjero.
La
única política decidida -y me animo a decir que exitosa en sus términos pero
que es absolutamente ruinosa para los argentinos- que ha desplegado el gobierno
de Macri, es la del sobreendeudamiento de la Argentina.
Quiero
decir esto en números claros y contundentes para no hablar de porcentajes de
tal o cual cosa. Cuando Macri recibe el gobierno, la deuda en dólares con los
privados –porque también hay deuda en pesos y con otras dependencias del
Estado-, esa que te lleva al default,
a la ruina, era de 43.000 millones de dólares.
¿Saben
qué hicieron en 2016? La hicieron crecer un 90 por ciento, es decir, la
duplicaron. Duplicaron la deuda externa, esa que nos llevó al default de 2001.
Eso
no lo digo yo como miembro del bloque opositor del Frente para la Victoria. Lo
dicen el “New York Times”, el “Wall Street Journal”, la BBC y todo el sector
privado financiero: hay riesgo en la manera irresponsable en que están
endeudando el país. Eso es lo que están haciendo. Mientras tanto, ¿dónde están
las obras? Todavía no arrancaron. La deuda, sí; las obras, no.
¿Y
las políticas sociales? Brillan por su ausencia. “Te la debo”, dice el presidente
Macri. Claro, “te la debo” porque la debemos todos los argentinos, la deben
Macri, Juliana y hasta su hijita. Todos los argentinos nos hemos endeudado en
35.000 millones de dólares en un santiamén, que se fueron a la fuga, a las
utilidades y que no está en ningún lado.
Quiero
advertir que este presupuesto en términos macroeconómicos para el año 2017 -es
decir, lo que se va a votar en este Congreso-, implicará continuar con la
política de represión salarial y de endeudamiento externo elevado.
Esto
es un horror: tomaron 35.000 millones de dólares, y además están por autorizar
a un gobierno para que tome una enormidad de plata con el sector financiero, ya
que el año que viene va a tomar 44.000 millones de dólares. Están disponiéndose
a triplicar la deuda externa en dólares con privados. Ese es el camino que
están siguiendo, que viene asociado a la cuestión del salario.
Aquí
me permito decir algo que hemos discutido mucho en nuestro bloque y en este
país, y que también han planteado Néstor Kirchner y Cristina Fernández de
Kirchner. Cuando ustedes empiezan a reprimir los salarios hablando de
competitividad, de lo injusto, de que vive demasiado bien el obrero, de que
trabaja poco y gana demasiado, están destruyendo el mercado interno, que ha
sido la fuente central del crecimiento en la Argentina y en la región durante
los últimos doce años. Ahí tienen los resultados.
Fíjense
que esto es lo que le ha pasado al neoliberalismo y a la ortodoxia. Es decir,
viene a perseguir el déficit fiscal tratando de evitarlo con la premisa de
déficit cero, ajuste permanente y con políticas que ya hemos vivido. Esto ya
está en el discurso.
¿Pero
qué pasa con respecto a esto? Paradójicamente, cuanto más ajustan, más déficit
se obtiene; cuanto más bajan los salarios, mayor es el déficit. Eso es lo que
está pasando.
Señores
diputados: no quiero hablar en chino básico ni en el lenguaje de los
economistas, pero miren la recaudación de este mes: 24 por ciento, con una
inflación aceptada de 40 por ciento. Han hecho pomada el mercado interno y el
poder de compra de los argentinos y, por ende, también a las pymes, la
industria y las economías regionales. Entonces, cuanto más ajustan menos
recaudan; de manera que hay más necesidad de ajustar. ¿Y cómo cubren el
agujero? Con endeudamiento externo.
Es
lo mismo la represión salarial, el ajuste fiscal y el endeudamiento. Son las
tres patas de esa mesa mocha que nos llevó a la ruina tantas veces. Esto es lo
que dice el presupuesto de la Nación que quiere aprobar el Ejecutivo. Eso es lo
que dice, eso es lo que plasma, porque dice que el año que viene la inflación
va a ser del 17 por ciento, a pesar de que ya todo el sector privado está
hablando del 20 a 25 por ciento. Sin embargo, se van a aferrar a ese 17 por
ciento –como hicieron con el 20 o 25- para nuevamente cerrar paritarias a la
baja.
El
hecho de incluir las paritarias en el presupuesto implica sincerar la cuestión,
es decir, que no haya paritarias libres. Es decir que el aumento salarial va a
ser del 17 por ciento y que la pérdida de salario de este año quedará
cristalizada el año que viene por este presupuesto. Además, no van a solucionar
el déficit. Por lo tanto, menos van a recaudar y entonces más van a tener que
recurrir al endeudamiento. Probablemente, más de lo que plantea este presupuesto.
Son 44.000 millones, de los cuales 25.000 millones son nuevos. Y digo: “¡Ah,
qué bárbaro! No son 44.000, son 25.000”. No, eso es pagar deuda con deuda, y
además, seguir endeudándose.
Ya
dicen los diarios de hoy que este endeudamiento está por encima de lo que
implicaron el “Megacanje” o el blindaje financiero. Es decir que han batido un
récord. En poco tiempo pasarán a la
historia por ser el gobierno que más se endeudó en la Argentina en menos
tiempo. (Aplausos en las bancas.)
Por
otra parte, cuando empiecen a aplicar este presupuesto y estas políticas,
entrarán en ese círculo vicioso de más déficit, menos salario, menos mercado,
menos trabajo, más endeudamiento. Esto trataron de negarlo, pero luego lo
confiesan en el presupuesto.
Han
venido varios ministros. Tuvimos frente a nosotros al ministro de Trabajo
diciendo desfachatadamente que no había despidos en la Argentina. ¿Saben qué
sucedió? Cuando tuvieron que empezar a publicar las cifras oficiales de ese
ministerio, nos encontramos con 120 mil despidos.
Quiero
decir que en 2015, a pesar de esa famosa frase –aunque ya deberían dejar de
mentir un poquito- acerca de que el país no crecía desde hace cuatro años, han
reconocido que la Argentina creció un 2,4 por ciento y que el año pasado se
crearon 150.000 puestos de trabajo. O sea que han destruido lo que era un
modelo virtuoso. Desde el gobierno tenían la oportunidad de sostener las
virtudes de lo que recibieron, y hasta algunos que lo votaron pensaban que eso
iba a ocurrir. Pero a pesar de que pudieron plantear abiertamente cuáles eran
los problemas –cosa que indudablemente sabían-, no vinieron a corregirlos, sino
a dar una vuelta de 180 grados al timón para ir hacia atrás, para volver a las
políticas anteriores.
En
este presupuesto eso ya está dicho. No se puede mentir más porque está el
déficit del año pasado, que no es el que ustedes decían; porque está el
crecimiento del año pasado, que no es el que ustedes decían; porque está el
empleo del año pasado, y porque están las cifras de éste. Ya está. Este es el
modelo macrista y el año que viene van a reproducirlo. Eso sí, como el que
viene será un año electoral, posiblemente destinen más plata a la obra pública,
y ahora hemos visto cómo van a hacerlo: a través de la ley de participación
público-privada. Esa ley viene a entregar la obra pública a los privados, y se
nos dice que es esa la única manera de crear empleo que tenemos en la República
Argentina.
Sinceramente,
en términos macroeconómicos, la suerte de este gobierno ya está echada. Ya se
ha planteado cuál es la orientación, se han abierto las importaciones, se han
empezado a endeudar y la fuga de capitales se aceleró. Han creado una bicicleta financiera que no ocurre desde la implementación de “la
tablita”. Además, “plancharon” el dólar, abrieron y liberalizaron el ingreso y
salida de capitales, pusieron la tasa de interés por los cielos con la idea de
la meta de inflación –lo que generó más inflación-, y sin embargo entra dólar
para la timba, lo traducen a pesos, lo ponen primero al 38 por ciento, ahora al
26; compran un seguro cambiario con el dólar futuro, entran y salen.
Con
temor empiezo a ver que el mercado financiero internacional y las consultoras
ponen la luz amarilla y se plantean que el modelo se basa en el endeudamiento
externo. Este año nuestro país fue el que más se endeudó de la región; se
chuparon el 60 por ciento del endeudamiento para Latinoamérica y el año que
viene van a seguir por la misma vía.
Este
modelo no confía, ni cree, ni apuesta, ni piensa en nuestra industria, en
nuestras pymes, en nuestros laburantes, en nuestras capacidades. Es el modelo
de siempre.
Quiero
advertir algo más ‑después, uno tras otro los diputados van a marcar en
ciencia y tecnología lo que han ajustado, y en educación y en derechos humanos
lo que falta, punto por punto, en el sentido de que este presupuesto muestra la
orientación del gobierno. Nadie va a
esperar, a pesar de los eslóganes de campaña, que el gobierno, con los CEO de
las multinacionales adentro de los ministerios, sea el que apueste por la
ciencia y la tecnología argentinas. Aunque todavía nos puede sorprender, sería
raro, porque el presupuesto ya nos dijo la verdad. No viene por ahí, no viene
por más presupuesto educativo, no viene por más cultura, sino que viene por la
deuda, por la caída del salario y por el modelo neoliberal en regla.
Para
terminar, señor presidente, para el año que viene plantean un crecimiento del 3
por ciento y están ahí buscando los brotes verdes todos los días. Empieza a
haber brotes verdes porque este es un modelo que apuesta, exclusivamente, a la
producción primaria. En consecuencia, puede ser que aparezcan los brotes verdes
de soja porque les devaluaron, les perdonaron las retenciones –generando más
déficit todavía‑ y hubo una gigantesca redistribución de la riqueza.
Bienvenido que crezca el campo, pero no a costa de los demás sectores de la
economía. No podemos tener un país como Australia –como dicen‑, ya que en
ese caso estamos ante una cantidad de población mucho menor en proporción a la
riqueza natural del país.
Los
brotes verdes han llegado: son dólares y del sector agropecuario. Ahora empieza
a bajar la inflación a costa de mayor recesión, a costa de más importaciones, a
costa de menos trabajo; linda forma de bajar la inflación. ¿Esa era la solución
que tenían? Eso está en el manual del Fondo Monetario Internacional: abrir la
economía, planchar el dólar, bajar el salario; nadie compra. ¡Claro que así no
hay inflación! Si el crecimiento que están planteando para el próximo año viene
todo del lado de la producción primaria, sin valor agregado, y del lado de los
servicios financieros y de la minería, están aplicando un cambio estructural en
la Argentina para volver a ese viejo modelo de país. Pero tiene un pequeño
problemita: la mitad de los argentinos se queda afuera. Hay que cerrar los
números con la gente adentro; hay que cerrar los números para la gente. (Aplausos en las bancas.)
Adelanto,
aunque luego el presidente de nuestro bloque va a explicar nuestra posición,
que este es un presupuesto de ajuste y unitario. No les dieron los 100 mil a
las provincias –que era lo que reclamaban‑, sino 5.000 o 6.000, más algo
para las cajas. Este es un presupuesto unitario y regresivo en términos de
distribución del ingreso. Señores diputados: la deuda es nuestra atribución; no
dejemos que se endeuden así. Gobernemos para la gente, gobernemos para nuestra
industria, gobernemos para nuestro país. (Aplausos
en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Pitrola.- Señor presidente: creo que en el
tratamiento de los temas del día de hoy tenemos la cicuta toda junta; cicuta
para el pueblo argentino porque esta ley de participación público privada va a
quedar en la historia y va a ser difícil sacarla. En este sentido, los lobbies y las corporaciones
internacionales que están detrás de este tipo de operatoria influyen
fuertemente en la política argentina y tendrá que darse un cambio político y
social de fondo para sacarnos esto de encima. Se trata de una ley de entrega de
características históricas.
No
creo que sea casual que primero se haya tratado dicha ley y la de súper
poderes, después de tanta crítica que, por supuesto, nosotros compartimos
porque jamás apoyamos el régimen de poder personal que montó el kirchnerismo,
ni los súper poderes, ni los presupuestos dibujados. Pero ahora se ha pactado
una libre disponibilidad de 177.000 millones de pesos que estarán a
discrecionalidad del Jefe de Gabinete, del presidente de la Nación, del Poder
Ejecutivo. Esto no es menor. Se prolongan los súper poderes y la reasignación
arbitraria de las partidas delegando potestades que son del Congreso de la
Nación.
Tampoco
es casual, sino que es parte del mecanismo de relojería del ajuste y del
endeudamiento, que después del presupuesto recién venga el tratamiento de la
ley, el cambio o lo que fuera ‑que creo que será absolutamente menor e
intrascendente‑ del impuesto a las ganancias en los salarios. Aquí
tenemos tres leyes y una que no está para terminar con el problema del impuesto
a las ganancias en los salarios. Una vez aprobado el presupuesto vendrá la
extorsión porque no podremos desfinanciar al Estado y cuando ello suceda, ¿qué
discutiremos en relación con el impuesto a las ganancias?
Por
otra parte, está previsto que dicho impuesto aumente el 27,6 por ciento –me
adelanto a una parte de mi intervención‑ contra una inflación
pautada del 17. ¿De dónde va a salir el aumento? Les pronostico a los
trabajadores argentinos que de este Parlamento, votando estas leyes, no va a
salir la anulación del impuesto a las ganancias en los salarios por convenio.
El salario va a seguir tributando ganancias.
Estamos
ante otra promesa del presidente Macri y de todos los presidentes de los
bloques de la oposición que fueron candidatos y que habían prometido terminar
con el impuesto a las ganancias en el salario, porque el salario no es
ganancia.
Este
es el combo; es toda la cicuta. Y ni les digo si agregamos la primera votación,
que da vergüenza, en la que por 112 a 104 votos se aprobó no revisar el aumento
irregular de las dietas, que está completamente por encima de lo que han tenido
los argentinos en 2016 y por encima de la pauta salarial que está imponiendo
este presupuesto para el 2017.
Este
es un presupuesto de ajuste y de endeudamiento, pero además, es un presupuesto
inconsistente. Un proyecto de presupuesto habitualmente contiene un programa de
gobierno, que es lo que creo que falta acá. Este programa de gobierno no
implica otra cosa que colocar a la Argentina como un paraíso de los inversores
de deuda, de la banca acreedora, que viene a resarcirse a estas orillas de los
quebrantos internacionales en el mundo.
El
único concepto que atraviesa las 800 páginas de este proyecto de presupuesto es
el de cargar la crisis capitalista sobre las espaldas de la mayoría
trabajadora, basándose en una posible sustentabilidad y en el propósito de
alterar decididamente las condiciones de explotación de los trabajadores para
solventar los enormes desequilibrios económicos que dejó el gobierno que se fue
el 10 de diciembre y que se han agravado con el gobierno que asumió.
Este
presupuesto puesto a consideración
garantiza el crecimiento de la pobreza y busca contenerla con una
política asistencial que está financiada por el resto de los trabajadores. Por
estas horas se está conociendo que la inflación de octubre estaría dando 2,7
según consultoras que han adelantado el dato. Es mentira total lo de Prat-Gay
al presentar este presupuesto en el sentido de que ya se acabó la inflación,
que es un tema del pasado y que los salarios en el segundo semestre le ganan a
la inflación. Verso total; absolutamente. Los despidos y la caída del poder
adquisitivo de la población van a agravar la pobreza.
- Ocupa la Presidencia la señora
vicepresidenta 2ª de la Honorable Cámara, profesora Patricia Viviana Giménez.
Sr.
Pitrola.- Este es el norte de este presupuesto,
que mantiene un sistema impositivo basado en los impuestos al consumo y al
trabajador, no de carácter progresivo, y es complementario de una política que
ha inflacionado los precios en dólares destruyendo el comercio internacional
del país. Asimismo, este presupuesto desarrolla una política anti-industrial y
de extranjerización económica. Y leyes como la de participación público privada
y la de súper poderes vienen a contribuir con el presente presupuesto. Cabe hacer la siguiente pregunta: ¿esta
política económica en curso tiene presente la situación económica mundial, es
consciente del panorama que enfrentamos desde la República Argentina en América
Latina y en el mundo? Yo creo que ni remotamente es consciente de esto.
Estamos
frente a una crisis de sobreacumulación de capital que no encuentra inversión
productiva porque se está viviendo una sobreproducción, un subconsumo y una
tendencia decreciente de la tasa de ganancia especialmente en la producción
industrial. Esto ha dado origen al agravamiento sistemático de una masa de
capital financiero ficticio. La gigantesca emisión de la reserva federal
norteamericana y de distintos bancos centrales en el mundo ha creado un bombeo
especulativo de características gigantescas.
La
deuda pública y de las corporaciones a nivel mundial alcanzó los 100 billones
de dólares, aumentando un 30 por ciento desde la caída de Lehman Brothers en
2008. La deuda pública mundial pasó de 22 billones a 70 billones de dólares a
fines de 2014, y desde ese momento no ha parado de aumentar. El sistema
financiero en su conjunto ha llegado a la cifra astronómica del trillón de
dólares, mientras el producto bruto mundial es de 60 billones.
Semejante
contradicción y peso sobre las espaldas de la economía mundial está ahogando a
los países. Por eso, China está en caída económica –que además tiene una deuda
pública que triplica el PBI‑, Europa está en recesión con numerosos países
cuya deuda supera el cien por cien del PBI y Japón tiene deflación y una
depresión que lleva décadas. Hay que tomar en cuenta este cuadro de la economía
mundial para discutir la política económica del país.
La
virtual caída del Deutsche Bank, el gigante más grande de Europa, del país más
poderoso de la ex Comunidad Económica Europea –porque ya se está yendo también
Gran Bretaña‑ es un botón de muestra de la crisis mundial.
Creo
que es piadoso decir que el mercado mundial está vendedor –y no comprador‑
tal como lo ha dicho un señor diputado en este debate. Estamos frente a una
crisis mundial que en América Latina tiene por eje a Brasil. Con la política
económica del gobierno de Macri, de Prat-Gay y de todo su gabinete que está
reflejada en este presupuesto, Argentina mete la cabeza en la guillotina del
endeudamiento para favorecer a una banca acreedora que viene a invertir aquí a
altas tasas para resarcirse de tasas nulas y hasta negativas del mercado
financiero mundial.
Esta
es la realidad. Pagamos más del 8 por ciento de tasas de interés, mientras
otros están pagando el 6,75 por ciento y hay provincias que han pagado mucho
más. Somos el jolgorio de la banca acreedora que mide al milímetro hasta dónde
podremos pagar. Cuando nos vayamos a un nuevo default, nos arreglaremos los
argentinos solos y nuevamente seremos los culpables de nuestra propia
bancarrota y de nuestra propia quiebra.
Cómo
no vamos a ver este destino que plantea semejante curso de endeudamiento en el
presupuesto que estamos discutiendo. La Argentina es el país que más deuda tomó
en el mundo en 2016. Ya estamos prefigurados para encabezar el ranking de cualquier país emergente en
2017. El ritmo de endeudamiento supera los 30 mil millones de dólares en la
Nación y más de 7 mil millones en las provincias y en los privados. El año que
viene la refinanciación de este presupuesto, según nuestra lectura, la de los
economistas socialistas, es de 55 mil millones de dólares mientras que la nueva
deuda es de 26.500 millones. ¿Qué es esto si no un curso demencial de
endeudamiento del país?
Solo
en concepto de intereses se van a pagar 247.600 millones de pesos, que al
cambio de 17,92 pesos por dólar que planifica creyéndole al presupuesto, son 13
mil millones de dólares; es más de la mitad del déficit fiscal previsto.
No
está previsto un déficit fiscal para expandir la economía ni para gradualizar
el ajuste, sino que es para pagarles a los usureros internacionales. Esta es la
realidad.
El
ministro Prat-Gay reconoció acá que el total de deuda ya está en los 250 mil
millones de dólares. Este nivel de endeudamiento no es sustentable.
Estas
enormes cifras han sido disminuidas por las ganancias del Banco Central que se
registran todo el tiempo. Se trata de una contabilidad creativa que viene de
los tiempos del kirchnerismo, de la mano de Vanoli y otros presidentes
anteriores de esa entidad, que implica contabilizar con las reservas en pesos
las devaluaciones. Esto da una gran ganancia, pero es completamente ficticia y
mentirosa.
Es
interesante ver el problema de dónde está parado el Banco Central. Acá no se ha
discutido la situación de esta entidad y nadie la ha puesto en discusión, y no
me parece casual que así sea. Las LEBAC han llegado a los 645.388 millones de
pesos, o sea 42.500 millones de dólares. Esto acumula más de 170 mil millones
de pesos de intereses que se van pagando semanalmente con altísimas tasas.
El
primer tema, es que semejante costo lo han pagado los argentinos con inflación
y es una de las bombas inflacionarias que supone esta política económica y que
convalida este presupuesto, tal como lo es aumentar el 70 por ciento las
tarifas de gas el año que viene, porque están dolarizadas, como lo es aumentar
el 70 por ciento las tarifas de luz después del incremento del 400 por ciento
que tuvimos este año. Todo esto es incompatible por completo con el aumento
pautado del 17 por ciento de la inflación y de los salarios. Van a ser
intransigentes con el incremento a los salarios y, por supuesto, con las
jubilaciones que tienen atada su movilidad a la de los salarios.
El
tema del Banco Central es absolutamente clave porque es una bomba de tiempo. En
términos capitalistas se puede salir de dos maneras: emitiendo dinero, con lo
cual se traslada la situación al pueblo y al bolsillo mediante el impuesto inflacionario
lo que daría por tierra el 17 por ciento pautado, o se lo transforma en bonos
para la deuda, hay varias propuestas en este sentido. En tal caso, la nueva
deuda no son 26 mil millones de dólares sino que se incrementa en 40 mil
millones más. ¡Miren qué chiste!
Mientras
tanto varios acreedores del Estado que son trabajadores han seguido esperando:
los ex trabajadores de YPF no han cobrado lo que indica la ley que votamos en
este Congreso. Debería darles vergüenza al gobierno, a los ministros y a los
diputados –que han venido en forma callada a aumentarse la dieta‑ no
haberle pagado lo que marca la ley a los trabajadores de YPF que hace 25 años
que están esperando. En el presupuesto del año en curso se han pagado 400 casos
de 22 mil expedientes. Para el próximo presupuesto se ha incluido una partida
de 6 mil millones de dólares para un conjunto de emisiones de este tipo donde
están incluidos los ypefianos. Lo que veo es que cuando uno es un laburante, si
no gana la calle, no cobra, pero cuando se trata de la banca acreedora, cobra
en forma contante y sonante de manera puntual. Esta es la realidad que está
reflejando la política económica y este presupuesto.
La
tendencia de estos últimos años ha sido que tengan un peso creciente los
impuestos al consumo y a los trabajadores con una disminución de los impuestos
a las rentas y a las fortunas.
¿El
presupuesto plantea algún giro o alguna novedad en ese punto? Nosotros creemos
que no, porque una parte del déficit fiscal son los intereses de la deuda y
otra parte entera se la come el rubro “gastos tributarios” que tiene asignado
314 millones de pesos. Esto viene aumentado en forma constante, porque en 2015
tenía asignado 154 mil millones, un 2,5 por ciento PBI; en 2016, 218 mil millones,
un 2,5 por ciento del PBI y en 2017, 314 mil millones de pesos, un 3,23 por
ciento del PBI. ¿Qué es esto? Descuentos impositivos a los grupos económicos,
porque el 80 por ciento de las exenciones y beneficios, como mínimo, son a los
grupos económicos, no a los jubilados ni a la Asignación Universal por Hijo,
para la que tienen que hacer el trámite de comprar con tarjeta 2.000 pesos para
que les devuelvan 300 pesos y todo lo demás, y que nunca van a llegar a cobrar
lo que dice el presupuesto porque van a usar la partida para otra cosa.
Esta
es la realidad, es un presupuesto que favorece a los grupos económicos, y hay
un festival de exenciones impositivas. Este año se ha hecho lo de las
terminales automotrices con el cuento de favorecer a las pymes que trabajan en
autopartes. Un cuento total, siguieron suspendiendo y despidiendo gente; esta
es la realidad.
Hay
un crecimiento de la desocupación, hay 108 mil despidos, de acuerdo con las
estadísticas del Ministerio de Trabajo, y no son menos de 200 mil si contamos
el trabajo en negro.
El
impuesto que más tributa es el IVA, 7,48 por ciento del PBI, y ya dije que
piensan aumentar el 27,9 por ciento el impuesto a las ganancias, lo cual quiere
decir que van agravar la carga que ya está abarcando a cerca de 2 millones de
trabajadores.
Personalmente
pregunté a los miembros del equipo económico cuál era el número de aportantes
de la cuarta categoría; no sabían. Seguimos sin saber, es un secreto, no
sabemos cuántos trabajadores aportan. Tenemos cálculos de especialistas que nos
dicen que son cerca de 2 millones.
Los
ingresos para la previsión social están basados crecientemente también en
aportes de los trabajadores. En 1993 quedaron anulados los aportes patronales.
Nuestro cálculo es que se están perdiendo 300 mil millones de pesos por año,
que deberían ir a la ANSES, y podríamos estar aprobando un aumento de
emergencia para los jubilados y apuntar al menos al 82 por ciento móvil.
También podríamos apuntar a terminar con el trabajo en negro si no se
discutieran leyes de incentivos que premian a los evasores, que es lo único que
se discute en esta Cámara. Se discutió con el blanqueo, se discutió con la ley
de blanqueo de 2014, y se insiste en la misma línea: premiar a los evasores, a
ver si alguno blanquea a alguien. Es una política fracasada.
Tenemos
que ir draconianamente para que todo trabajador que denuncia que está en negro
le sea garantizada su estabilidad laboral, tenga la protección del Estado y
ayude a blanquear con la fuerza social de los propios trabajadores. Así van a
ver cómo empiezan a entrar los aportes que tienen que entrar a la ANSES.
Definitivamente,
planteamos eliminar el IVA, tener un sistema de impuestos de carácter
progresivo, a la fortuna, al capital y a sus ganancias. Planteamos la nacionalización
del comercio exterior y de los puertos, hay que terminar con el lavado del
dinero y el contrabando y abrir los libros de todos los grupos económicos que
están fugando capitales, que están encareciendo la vida de todos los argentinos
y que están haciendo evasión impositiva; no premiarlos.
Los
salarios y las jubilaciones son los grandes perdedores de este presupuesto,
como así también la educación y la investigación. No me hace falta traducir
todas las cifras, que las hemos puesto una por una al ministro Bullrich, pero
acá en este presupuesto se han colocado 5.000 millones menos -ahora pueden ser
que sean 4- de lo que pidieron los rectores de las universidades. Yo estuve
reunido con ambas confederaciones de docentes universitarios, y ellos piden 10.000
millones más por lo que han perdido de salario y porque tienen 14.000 docentes
trabajando gratis. Han congelado el incentivo docente para todo el 2017. ¿Esto
es lo que Bullrich llama un presupuesto de aumento educativo?
Hay
una nueva jubilación asistencial pero va contra la jubilación mínima. Nosotros
queremos que ningún jubilado gane menos de la mínima.
Mis
compañeros de bancada van a tocar otros aspectos, y quiero decir lo
siguiente. Necesitamos un Congreso de
trabajadores en la Argentina para discutir las prioridades de la mayoría
argentina, para tener un verdadero plan de desarrollo nacional, investigar esta
deuda, dejar de pagarla, terminar con que Argentina sea el paraíso de capitales
financieros y poner proa a un plan económico de los trabajadores. Naturalmente,
esto plantea una cuestión de poder y ese es el objetivo que tiene planteado el
Frente de Izquierda. (Aplausos en las
bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Heller.- Señora presidenta: en mi informe voy a
enumerar un conjunto de argumentos en los que baso el rechazo a este proyecto
de presupuesto que estamos considerando.
En
primer lugar, por un tema de definición de trazos ideológicos. Ideología es una
palabra que molesta, y yo quiero decir a
los que se horrorizan cuando se habla de ideología que viene de ideas. Efectivamente, en cada acto y en cada cosa
hay ideología. Este presupuesto tiene una ideología, es un presupuesto que
refleja las políticas de liberalización, de desregulación y de ajuste que tiene
planteado este gobierno. También, la política que genera fuerte transferencia
de ingresos y riqueza desde los sectores de ingresos bajos e ingresos medios
hacia las grandes corporaciones, un claro ejemplo de redistribución regresiva
del ingreso, como ya lo han dicho otros diputados; es decir, redistribución al
revés.
En
el mensaje de elevación del proyecto el Poder Ejecutivo hace una descripción de
la situación macroeconómica para justificar todas las cosas que luego propone.
Habla de crisis terminal, de colapso de la actividad y de hundimiento de los
salarios reales.
En
realidad, son todos inventos absolutamente “contrafácticos” para poder
demonizar la gestión anterior que en realidad dejó un Estado con baja deuda
externa, con salarios con elevado poder adquisitivo y altísimo nivel de empleo,
todas variables que a partir de la gestión que inició el 10 de diciembre se han
comenzado a deteriorar y es un proceso que sigue aceleradamente. Cualquier
lectura que se haga de los diarios de hoy simplemente alcanzaría para
fortalecer esto que estamos diciendo.
El
presupuesto está basado, a mi juicio, en parámetros macroeconómicos que son
discutibles. El ministro Prat-Gay cuando estuvo aquí habló de que este es el
primer presupuesto en diez años con números reales. Yo en primer lugar quiero
preguntar qué significan números reales en un presupuesto. Porque no hay
números reales en un presupuesto, ya que siempre es, como su nombre lo indica,
una estimación, una visión, un objetivo. El que tiene la conducción presupone
que las cosas van a funcionar de determinada manera y que en función de eso van
a pasar determinadas cosas.
Pero
no hay un presupuesto de verdad. ¿O cuál es la verdad que hay que tomar? ¿La
estimación que hace el gobierno de que este año el PBI va a caer el 1,5 cuando
todo el mundo ya dice que va a caer más del 2? ¿La estimación que tiene el
presupuesto de que el año que viene el PBI va a crecer el 3,5 cuando organismos
como la CEPAL o el Fondo Monetario Internacional hablan del 2,7? El porcentaje
de 2,7 tomado sobre una caída de más de 2 es bastante diferente que 3,5 tomado
con una caída de 1,5. Esto después cambia todos los números grandes, los
ingresos fiscales, el déficit y todas las demás cosas que se van encadenando.
Se
parte de presupuestos, como el que indica que vamos a tener una inflación que
va a estar entre el 12 y el 17 por ciento. No lo cree nadie. El propio Fondo
Monetario Internacional, que se pasa haciendo elogios a las medidas que este
gobierno ha tomado desde el 10 de diciembre, estima una inflación del 23 por
ciento para el 2017, y como dijimos, el presupuesto la ubica entre el 12 y el
17 por ciento.
Es
decir, ¿qué quiere decir presupuesto con números de verdad? Porque por donde
uno lo mire los números parecen ir indicando cosas distintas.
Hablan
de una inflación del 12 al 17 por ciento cuando, por ejemplo, los gobiernos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, ambos de
claro signo oficialista, han anunciado incrementos superiores al 30 por ciento
en la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, en el caso de la primera, y en el
impuesto inmobiliario, en el de la segunda.
Entonces,
no entendemos cómo se puede llegar a ese número cuando están anunciados ajustes
tarifarios de gran significación para el año que viene, que en el caso del gas,
por ejemplo, será en promedio del 48 por ciento. Ese aumento se aplicará en
abril y en octubre, siendo los valores promedio del 23 por ciento y del 21 por ciento,
respectivamente. Lo mismo ocurre con la tarifa para los consumos bajos, que en
realidad tendrá un incremento promedio del 76 por ciento, aplicándose un 34 por
ciento en abril y un 34,5 en octubre.
Por
lo tanto, no entendemos lo que significa el tema de los números-verdad, lo
cuestionamos y mediante unos pocos números tratamos de demostrar que esto no se
ajusta a la realidad.
Dijimos
que este es un proyecto de ley de presupuesto de ajuste, ya que estima gastos
que crecen en un 22,1 por ciento, lo cual está por debajo del incremento del
PBI, que sería del 23,6 por ciento. En otras palabras, el crecimiento y la
inflación prevista permitirían arribar a ese valor.
Pero
hay partidas que tienen un incremento muy por debajo del aumento general, por
lo que tampoco resulta fácil entender cómo se hace. Si se analizan los gastos
por finalidad y por función se observa que hay varios ítems que en términos
reales se reducen. En consecuencia, no se sabe cómo se llega a esa cifra
global.
Hay
muchos detalles que han sido consignados en mi dictamen y que por razones de
tiempo no voy a mencionar en mi intervención.
Hay
reducciones que son realmente llamativas y preocupantes. Por ejemplo, se
disminuye el presupuesto correspondiente a las áreas de Derechos Humanos y de
Memoria, Verdad y Justicia. Hemos tenido acceso a la opinión y a los documentos
elaborados por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, en los que se hace
referencia a una reducción de más de 196 millones de pesos de las asignaciones
presupuestarias correspondientes a 2017 respecto de las asignadas en 2016 a la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, especialmente a las áreas de
Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra Delitos de Lesa Humanidad y de
Formación Universitaria en Derechos Humanos.
Indudablemente
la magnitud de estos recortes afectará el funcionamiento de las áreas
mencionadas y constituye un fuerte golpe a la promoción de los derechos humanos
y de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
En
mi opinión, resulta inaceptable la reducción de más del 50 por ciento de la
asignación presupuestaria destinada a la custodia del Archivo Nacional de la
Memoria. Tal como lo señala la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, “se trata
de un área de extrema sensibilidad para las causas donde se investigan y se
juzgan delitos de lesa humanidad, y para la preservación de la memoria
colectiva de nuestro pueblo”. Reitero que en este caso el proyecto de ley de
presupuesto prevé una reducción del 50 por ciento en la partida
correspondiente.
Por
otra parte, hay una muy baja asignación de los gastos de capital, a pesar del
incremento del Fondo Federal Solidario, que se ha negociado y forma parte del
dictamen final.
Además
de la mención realizada respecto de la muy baja afectación de la deuda en
moneda extranjera al destino de la inversión pública –más adelante me referiré
nuevamente a este tema-, las partidas de gastos que más se subejecutaron en
2016 fueron justamente las de gastos de capital. Concretamente, se ejecutó un
37,6 por ciento sobre el total presupuestado.
Quiero
llamar la atención sobre este tema, en un país cuyo gobierno se la pasa
hablando de las inversiones y las obras. Cuando se habla de gastos de capital
se hace referencia específicamente a esto. Si se dice que se ejecutó el 37,6
por ciento del total presupuestado, lo que se está expresando es que ha habido
una enorme subejecución en un rubro fundamental.
El
proyecto de ley de presupuesto también prevé un recorte de las partidas
correspondientes al área de Ciencia y Técnica. Para nosotros éste es un tema
fundamental. En las discusiones que se llevaron a cabo se resolvió establecer
asignaciones adicionales, pero estamos absolutamente convencidos de que son
notablemente insuficientes. En este caso también quiero expresar que mis
observaciones están incluidas en mi dictamen y que no las voy a señalar a fin
de ajustarme al tiempo de que dispongo para efectuar mi exposición.
Por
otra parte, hay críticas provenientes de las organizaciones más diversas. Ellas
están referidas, por ejemplo, a los recortes previstos para el INTA y para el
área de Ciencia y Técnica, los que han generado que el Grupo Ciencia y Técnica
Argentina, integrado por prestigiosos científicos locales, manifieste en una
carta lo siguiente: “Denunciamos que este presupuesto asesta un duro golpe al
corazón de la ciencia argentina. Pone en riesgo los logros de la última década
y atenta contra cualquier política de fomento del desarrollo soberano”.
Esto
ha sido acompañado de cifras muy concretas por parte de dicha organización. Así,
por ejemplo, en el caso del Conicet se verá seriamente afectada su capacidad de
incorporar nuevos investigadores. A esto debe agregarse lo que ya he expresado
respecto del INTA y del INTI, que sufrirán una reducción real de sus partidas
del 25 por ciento y del 27 por ciento, respectivamente.
También
resulta insuficiente la asignación a las universidades. Tengo en mi poder una
comunicación emitida por el Consejo Interuniversitario Nacional, que solicitó
la suma de 85.061 millones de pesos para el ejercicio 2017. En dicha
comunicación ese organismo señala que se han omitido partidas para el
financiamiento de la ampliación de derechos de los docentes universitarios,
prevista en el respectivo convenio colectivo de trabajo vigente. Lo mismo ha
ocurrido, entre otras cosas, respecto del monto de 5.500.000 pesos solicitados
por el CIN para las señales audiovisuales universitarias y de la cifra de 48
millones de la misma moneda para el programa de Becas de Estímulo a la
Vocaciones Científicas.
Creo
que es gravísimo lo que ocurre con estas cuestiones tan sensibles, en un país
cuyo gobierno, por un lado, se la pasa hablando de la innovación y de la
necesidad de incorporar ciencia y tecnología, mientras que por el otro los
números incluidos en el proyecto de ley de presupuesto indican todo lo
contrario. ¿Serán estos los números-verdad? ¿O serán solamente los enunciados y
títulos que se utilizan para hablar de todas estas cosas, que luego no se
compadecen con las aplicaciones presupuestarias?
En
cuanto a los niveles de endeudamiento que plantea el proyecto de ley de
presupuesto, quiero decir que son francamente inaceptables. Me refiero
especialmente al endeudamiento en dólares, una gran parte del cual queda
librado al arbitrio del Poder Ejecutivo, aunque suponemos que se destinará al
financiamiento del déficit fiscal, que lejos de reducirse –como se ha señalado
reiteradamente- se incrementará por la sencilla razón de que han disminuido
ingresos tales como los correspondientes a las retenciones al agro y a la
minería. A esto debe agregarse la caída del ingreso como resultado de la menor
actividad económica.
Por
su parte, las necesidades de financiamiento para 2017 llegarán al 10 por ciento
del PBI, lo que constituye un monto alarmante, preocupante y significativo. El
endeudamiento público, neto de amortizaciones de deuda, arroja un valor de 685
mil millones de pesos, mientras que el déficit financiero asciende a 481 mil
pesos. Es decir que hay una diferencia de 204 mil millones de pesos que no
tenemos muy en claro y que representa la inversión financiera neta que
estaremos sosteniendo con toma de deuda, aunque sin saber bien para qué.
Siempre
hay asignaciones para inversión financiera, pero en este proyecto de ley de
presupuesto llamativamente se destinan 90.500 millones de pesos a adelantos a
proveedores y contratistas. Esto representa un 42 por ciento de la inversión
financiera total. Reitero que esto llama la atención, sobre todo si se vincula
con algunas cosas que se han estado leyendo en los diarios. En el presupuesto
correspondiente a 2016, actualmente en ejecución, esto era muchísimo menor en
términos porcentuales en relación con el presupuesto.
Por
otra parte, el presupuesto de divisas propone un endeudamiento en moneda dura
de 45 mil millones de dólares. Esto es algo que no se ha dicho. Pido que se
preste atención a lo siguiente: solamente el 0,6 por ciento de esa cifra
–reitero, para que nadie crea que me equivoqué, que es el 0,6 por ciento y no
el 6 por ciento- se destinará a gastos de capital. Esto choca
significativamente con las declaraciones que hacen los funcionarios del Poder
Ejecutivo que dicen que el endeudamiento será para inversión. Nada que ver.
Del
total del endeudamiento que está previsto tomar según el proyecto de
presupuesto, el 42 por ciento se dedicará a la amortización de deuda, es decir,
para hacer verdad lo que dijo el ministro de Hacienda, se paga deuda con deuda;
el 18 por ciento básicamente va a gastos corrientes, que son pago de intereses
que han crecido de manera significativa; hay otro 3 por ciento para
aplicaciones financieras y queda un 36 por ciento sin asignación específica,
algo que ocurre en todos los presupuestos, aunque nunca con un volumen tan
elevado como este. Suponemos que buena
parte de esto no asignado será, como dijimos, destinado a cubrir el déficit
fiscal en el marco de una política monetaria restrictiva. Parece difícil
conseguir hacerlo con emisión y parece también que más deuda ya no se puede
tomar.
No
se puede aprobar un presupuesto en divisas con semejante endeudamiento y que,
además, el destino a gastos de capital sea menor al 1 por ciento, con un 0,6
por ciento. Estos datos que acabo de dar chocan con la declaración que hizo el
ministro Prat-Gay en Nueva York el 20 de setiembre, cuando dijo que no se
tomarían más de 15 mil millones de deuda externa el año que viene, cuando el
presupuesto dice otra cosa.
No
se contempla en el proyecto el presupuesto del Parlamento del Mercosur ni las
dietas de los diputados que representan a nuestro país. Quiero llamar la
atención en varios sentidos. No se cumple con los aportes previstos por el
artículo 20 inciso 1) del Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur ni
tampoco se cumple con el fallo de la Cámara Nacional Electoral, que ha
establecido: “más allá de las partidas presupuestarias a las que se hace
referencia en las presentes actuaciones resulta imprescindible señalar que
transferir al Parlamento del Mercosur el aporte correspondiente es un deber
ineludible del Poder Ejecutivo nacional.”
El
Poder Ejecutivo se va a excusar en que no tiene la partida y el Parlamento mira
para otro lado y no resuelve un problema como este de fijar el presupuesto para
atender las asignaciones que corresponden a estos diputados. Para resolver este problema nosotros proponemos
la incorporación de un artículo en el proyecto con el siguiente texto:
“Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros para que en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 37 de la ley 24.156, efectúe las reestructuraciones
presupuestarias necesarias a efectos de asignar las sumas requeridas para
financiar los gastos derivados del cumplimiento de las disposiciones de la ley
27.120 – Elección de parlamentarios del Mercosur.”
Para
terminar, creemos que por todo lo que hemos dicho estamos hablando de un
presupuesto que nace incumplible; es decir, me voy al otro lado. No es ya que
no es el presupuesto de la verdad porque, como dijimos, no hay presupuesto de
la verdad; los presupuestos son expectativas, intenciones, supuestos de
acciones que se van a llevar adelante, pero este presupuesto es incumplible.
Se
está autorizando un presupuesto con cálculos que no contemplan el efecto de las
modificaciones a la ley de Impuesto a las Ganancias, dado que el gobierno
nacional nos ha dicho ‑y acá ya lo sabemos‑ que lo vamos a tratar
después, pero no está contemplado en el presupuesto, así que tenemos ya una
enorme dificultad para que esto se pueda cumplir.
Se
calcula que los recursos tributarios, como dije antes, aumentarán un 26,2 por
ciento, un valor que es optimista por donde se lo mire, dado que el PBI
corriente lo hará en el 23,6 por ciento. No sabemos cómo piensan rebajar el
impuesto a las ganancias y subir los recursos tributarios más allá de lo que va
a crecer el Producto Bruto interno. Hay
algo que no cierra.
Las
explicaciones que se dan en el mensaje de elevación del proyecto de ley de
presupuesto dicen: “La suba estimada en la recaudación nominal se explica,
principalmente por los aumentos proyectados en la actividad económica, el
comercio exterior, la remuneración imponible y los precios y las mayores
ganancias obtenidas tanto por las sociedades como por las personas físicas.”
¿Cómo es posible, entonces, que crezca más que el PBI? Si los ingresos van a
venir de ahí, ¿cómo puede crecer más que el PBI? ¿Se está esperando que el
impuesto a las ganancias crezca más? Parece una contradicción.
Se
sostiene en el mismo proyecto que la recaudación del año 2017 se verá afectada
por el efecto pleno de la eliminación de las retenciones con carácter de pago
único y definitivo sobre los dividendos y por los beneficios otorgados a las
micro, pequeñas y medianas empresas. No entendemos entonces cómo se resuelve
esta cuestión.
Pido
autorización para insertar la parte de mi discurso que no alcanzo a decir y,
reitero, por todas estas consideraciones, están claramente indicados los
motivos por los cuales voy a votar en contra de este proyecto de presupuesto
que ha enviado el Poder Ejecutivo.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.
Sr.
Pastori.- Señora presidenta: dada la complejidad
del tema y las cifras y datos precisos, pido que se me autorice a utilizar
apuntes y datos que tengo sobre mi banca.
Quiero
comenzar con una muy breve síntesis de lo que el Poder Ejecutivo nos dice al
elevar el proyecto de ley de presupuesto nacional para el ejercicio 2017 a este
Congreso. ¿Qué destacábamos? Que es el primer presupuesto que, luego de varios
años de intervención del sistema de estadísticas públicas, se prepara sobre la
base de estadísticas que vuelven a ser creíbles. Es además el primer proyecto
de presupuesto del gobierno de Cambiemos.
Nos
dice también que venimos de una economía fuertemente intervenida, pobremente
regulada y con severas distorsiones de los precios relativos.
Los
sectores más desprotegidos a los que supuestamente se pretendió favorecer, por
lo menos ese era el discurso o el relato, terminaron siendo los más afectados
por la falta de sustentabilidad de las políticas macroeconómicas expresadas en
los sucesivos proyectos de presupuesto que fueron aprobados por la mayoría de
entonces.
¿Cuál
es nuestro desafío? Por un lado, reducir la inflación, corregir las
distorsiones relativas de precios y desandar el entramado de intervenciones y
malas regulaciones que contraen la actividad productiva.
Por
lo tanto, si estamos hablando de un presupuesto, estamos diciendo qué vamos a
hacer; pero para saber qué hacer hay que saber dónde estamos parados, cómo
arrancamos. Entonces tengo que decir qué
no es el presupuesto. No es solamente o principalmente un acto de gobierno, no
es un acto político-partidario, que obviamente no debió serlo nunca. Es básicamente lo que los ciudadanos quieren
recibir como gestión pública del gobierno que mayoritariamente han votado. Y el gobierno a través de esta ley propone
sus políticas públicas que están expresadas en un instrumento que es financiero
pero con un gran contenido político.
A
partir de este enfoque quiero desarrollar mi pensamiento. Decía recién que
tenemos que saber dónde estamos parados y para esto nada mejor que recurrir a
las variables macroeconómicas, variables sobre las que se asienta este proyecto
de presupuesto. Si va a ser cumplible o no, si es creíble o no, si al final del
año 2017 podemos decir que estamos satisfechos, medianamente satisfechos, muy
satisfechos, o no, lo va a dar el cumplimiento de estas variables
macroeconómicas sobre las cuales se asienta el proyecto enviado por el Poder
Ejecutivo.
Vamos
a tomar algunas de ellas, obviamente no todas, pero las más importantes a
nuestro criterio. La primera es la inflación. ¿Qué ha ocurrido con la inflación
desde el año 2012, por poner una fecha, y el año 2015 en la Argentina, en la
región y en el mundo? Aquí tengo un ranking de los treinta países con la inflación
más alta en el mundo. Son datos del
documento Perspectivas de la Economía Mundial del Fondo Monetario
Internacional, de enero de 2016. Primero, Venezuela, 273,7 por ciento; segundo,
Ucrania, 43,3 por ciento; tercero, Argentina, 26,9 por ciento; luego siguen
–fíjense qué países‑: Sudán del Sur, Zambia, Yemen, Malaui, Bielorrusia,
Sudán, Irán, Myanmar, Eritrea, Kazajistán y Sierra Leona. En esa lista de
países, estamos en el tercer lugar; seguramente, este año habremos estado en el
segundo puesto. Quiere decir entonces que la inflación es un problema. Más
grave aún es no reconocerla, como sucedió hasta el año pasado. Los funcionarios
directamente tenían prohibido pronunciar la palabra “inflación”, como si de ese
modo dejara de existir.
Aquí
tenemos un parámetro para saber que es necesario reducirla, por lo que de aquí
en más resulta necesario adoptar una política antiinflacionaria. Esto es lo que
nos propone el gobierno, con una meta de inflación del 17 por ciento para 2017,
con una reducción progresiva para llegar a un valor del 6 o 7 por ciento en
2019, que es el promedio de la región. Paraguay hoy tiene menos del 5 por
ciento; Uruguay, entre el 7 y el 8 por ciento; Brasil está un poco por encima,
con alrededor de un 10 por ciento.
Entonces,
la primera cuestión es controlar la inflación, con política antiinflacionaria,
en forma gradual, no abrupta. Todos sabemos lo que sucede cuando se ataca la
inflación de forma abrupta. Lo sufrimos con la convertibilidad, que eliminó la
inflación y generó la hiperdesocupación. ¿Qué es más complicado: la inflación o
la desocupación? Ambas lo son.
Pasamos
a la consideración de otra variable: el crecimiento económico de nuestro país.
La Argentina presenta varios años de crecimiento negativo desde 1980 en
adelante, pero en los últimos años la economía cayó. Tengo todos los valores
pero por razones de tiempo no los voy a mencionar. Esto muestra una alta
inestabilidad, con una economía que crea y destruye puestos de trabajo. En
muchos años, ha destruido más puestos de trabajo que los que ha creado.
En
los últimos treinta y seis años, hemos tenido catorce años de destrucción de
riqueza, en algunos casos con valores muy altos, mucho más que los de nuestros
vecinos de la región. Recuerdo que en 2002 llegamos a perder el 11 por ciento
del producto bruto interno.
La
crisis del crecimiento argentino no responde a cuestiones regionales. Nuestros
vecinos no han tenido este problema. Uruguay crece sostenidamente desde 2003.
Brasil también lo hace mucho más previsiblemente, más allá de los problemas de
los últimos años. Paraguay ha tenido tasas de crecimiento mayores que las
nuestras, con caída en 2012 por cuestiones totalmente distintas: la sequía
sufrida en ese año.
Tomemos
como referencia el EMAE, que publica el INDEC, un indicador mensual
desestacionalizado que muestra que la economía argentina está estancada desde
hace varios años en valores de entre 140 y 150. Quiere decir que hace años que
nuestra economía es incapaz de generar nuevos empleos netos, el nivel de
actividad es constantemente el mismo.
Desde
2011 nuestra economía no puede generar mayor nivel de actividad. Está anclada,
con pequeñas variaciones ocasionales que se explican por la suba o la baja del
gasto público, el mayor empleo público o por las devaluaciones de 2014 y 2015,
que a su vez generaron caídas posteriores en la actividad.
Esta
imposibilidad de crecer sostenidamente y con altos niveles de inflación
configura el marco para que crezca la pobreza. La alta inflación y una economía
que no crece es caldo de cultivo para la pobreza, dato que también fue negado
por el gobierno precedente. Es más, se llegó a decir que teníamos menos pobres
que Alemania. La expresidenta Cristina Fernández llegó a ser premiada ‑creo
que en Alemania‑ por los niveles de pobreza que habíamos alcanzado,
inferiores a un 5 por ciento. Esto es lo que nos decían desde el INDEC. A
partir de 2013 ya ni siquiera medían la pobreza porque, según los dichos del
entonces ministro Kicillof, hacerlo era estigmatizar a los pobres; entonces, no
había que medirla.
Para
verificar esta tendencia, tomamos los datos del observatorio de la UCA y de la
CTA. Ambos muestran crecimiento de la pobreza desde 2013. Para la UCA la
pobreza crece desde 2011; para la CTA, desde 2013.
Quizás
el dato más relevante que podemos destacar es que estas mediciones convergen
con las del INDEC actual, que para 2016 da valores coincidentes con los de la
UCA y de la CTA. De esta forma podemos asumir que la pobreza es creciente desde
2011 o 2013 en adelante, según qué estudio consideremos.
Hoy
sabemos a ciencia cierta que es un drama que afecta a casi un tercio de la
población: uno de cada tres argentinos está por debajo de la línea de pobreza.
Este es el diagnóstico; por eso decimos que partimos de una realidad, no de la
ficción de que teníamos menos pobres que Alemania.
Por
ello, en su artículo 1°, este presupuesto establece que para servicios sociales
se destinarán nada menos que 1 billón 512 mil millones de pesos, sobre un total
de 2 billones 363 mil millones de pesos para servicios sociales. El 65 por
ciento de nuestro presupuesto está destinado a los servicios sociales. Esto es
un reconocimiento de la pobreza, que no es solamente por los ingresos
insuficientes sino también porque falta agua potable, cloacas, viviendas dignas,
autopistas. Concretamente, falta más de un millón de viviendas. Esto es
pobreza. Por eso se promovieron leyes como la de PPP, del primer empleo –que
está en estudio en la Comisión de Presupuesto y Hacienda‑, de
emprendedores o de pymes, de reparación histórica a jubilados y pensionados, y
el acuerdo con los fondos buitre, lo que nos ha permitido volver al mercado
internacional de crédito en condiciones dignas, y que ha posibilitado a las
provincias volver a tomar crédito barato en el mercado internacional. Hasta
entonces no podían hacerlo ni la Nación ni las provincias.
En
cuanto al tipo de cambio, nos decían que era imposible salir del cepo de un
plumazo. Lo hicimos, y hoy ya no hay más dólar blue, oficial, paralelo, turista o tarjeta; hay uno solo. El paralelo,
el mercado negro que siempre existe, prácticamente tiene los mismos valores que
el dólar oficial. En la actualidad la moneda no se maneja artificiosamente sino
que, como debe ser, su valor fluctúa con la oferta y la demanda de las divisas.
El
tipo de cambio ha dejado de ser un problema, como lo era hasta el año pasado,
cuando cepo cambiario mediante se lo pretendía controlar.
Hablé
de la inflación, el tipo de cambio y la pobreza. La última variable es el
déficit fiscal. Veamos también qué ha pasado con el déficit fiscal, que
representa el exceso de gastos por sobre los recursos que recauda el Estado.
Cuando
vemos la línea histórica, lo que sorprende es que desde 1961 a 1992 tuvimos
déficits constantes, año tras año. Salvo en el período 2002-2008, los
superávits han sido más que raros. Tuvimos pequeños superávits en 1992, 1993,
1997 y 2010; el resto del tiempo, el Estado ha gastado más de lo que ha
recaudado.
Pero
más curioso es que aquello que parecía esencial para el gobierno de Néstor
Kirchner, de 2003 a 2007, que eran los famosos superávits gemelos, se revierte
con su continuadora, su esposa, de 2007 a 2015. En efecto, el superávit era
presentado como esencial en la política del gobierno de Néstor Kirchner, y
extrañamente, Cristina Fernández lo reduce, lo extingue y lo transforma en
fuertes déficits.
Con
la misma lógica, en un país acostumbrado al déficit, veamos si los valores son
preocupantes o no.
El
déficit de 2015, es decir, del año pasado, es récord histórico en la Argentina,
solamente superado por los déficits registrados en el año del “Rodrigazo”
–quienes peinan canas o casi ya ni siquiera, como en mi caso, sabemos a qué me
refiero- y en la época del Proceso, cuando estábamos en pleno rearme, previo a
la guerra de Malvinas. Esos fueron los dos momentos de récords históricos del
gasto público. El de 2015 vendría a ser el tercero.
Por
supuesto que el déficit fiscal también es un problema que debe ser resuelto, y
en ese sentido, el gobierno actual anunció la caída a valores del 3,3 por
ciento del producto bruto interno. Sin embargo, luego se corrigió, porque al
darse cuenta de la magnitud del estado de las finanzas públicas, en el proyecto
que estamos discutiendo elevó el déficit al 4,2 por ciento del producto bruto,
ya que un déficit del 3,3 por ciento, como se preveía lograr al inicio de la
gestión, hubiera implicado enormes ajustes que este gobierno no estaba ni está
dispuesto a llevar adelante.
Este
es el proyecto de presupuesto que estamos discutiendo. No se trata de una
ficción ni de un dibujo. Antes nos traían un proyecto, nos lo presentaban en
comisión, hablaba el ministro media hora, se iba, quedaban los secretarios y a
los pocos días ya estábamos emitiendo el dictamen, para tratarlo en el recinto
poco tiempo después, sin la posibilidad de incorporar ni un solo punto o una
sola coma.
En
este contexto en el que debatimos esta iniciativa, el Estado no puede aumentar
fácilmente sus ingresos por medio de más impuestos, ya que también hemos
heredado una presión fiscal récord. Nunca hubo en la Argentina tanta presión
fiscal, y este gobierno la está desandando con las medidas que está tomando en
materia impositiva.
Tampoco
puede reducir el déficit fiscal mediante la baja del gasto público, como recién
lo explicaba, en un contexto de tan alta pobreza. Sería un crimen imperdonable
reducir el gasto público cuando uno de cada tres argentinos se encuentra bajo
la línea de pobreza.
Por
esta razón era importante analizar las variables macroeconómicas en su
conjunto, que es lo que he tratado de hacer en mi discurso.
En
el panorama de una economía estancada, que no crea riquezas ni empleo desde
2011, por lo que no hay nuevas actividades que paguen más impuestos ni creen
más puestos de trabajo, el Estado tiene más pobreza que atender. En
consecuencia, el gasto social no puede bajar hasta que la economía crezca
genuinamente.
Si
el gobierno no puede subir impuestos ni bajar el gasto, y si tampoco puede
aumentar la emisión de dinero –que era como se financiaba el gobierno
anterior-, porque la inflación también debe bajar, la única forma que tiene de
sostener el nivel de actividad es por medio de un endeudamiento razonable y
controlable. De ahí que el Estado, a partir de la negociación y el pago a los
fondos buitre, ha comenzado a tener más dólares en sus reservas, a acceder al
mercado de crédito y a conseguir los recursos que antes no podía obtener. Por
más que el gobierno anterior lo haya querido, no podía conseguir esos recursos.
Voy
a dar simplemente un dato: el 31 de marzo de 2003, antes de la asunción de
Néstor Kirchner, la deuda pública era de 145.000 millones de dólares, y al 31
de diciembre de 2015, luego de doce años, era de 238.000 millones de dólares,
lo que arroja un incremento más que significativo.
Este
es el contexto en el que estamos discutiendo el proyecto de presupuesto, que a
nuestro juicio es realista porque parte de entender dónde estamos parados y qué
es lo que debemos hacer, pero reconociendo los problemas que tenemos sobre la
base de datos reales surgidos de un análisis de las variables macroeconómicas
hecho exhaustivamente y con seriedad. Apostamos fuertemente a este presupuesto,
porque consideramos que es realista, cumplible y creíble; a la vez, es un
presupuesto que permitirá al gobierno de Cambiemos llevar adelante todos
aquellos compromisos de campaña por los que la gente ha votado y mantiene sus
esperanzas, que nosotros estamos dispuestos a satisfacer a partir de la sanción
de esta iniciativa.
Por
ello, desde el interbloque Cambiemos venimos a pedir el acompañamiento de
nuestros pares al proyecto en consideración. (Aplausos en las bancas.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Comparten el tiempo de veinte minutos los señores diputados
Norman Darío Martínez, Alejandro Abraham, Julio Solanas y Daniel Di Stefano.
Sr. Martínez (N. D.).-
Señora presidenta: el proyecto de presupuesto en consideración no hace otra
cosa que reflejar y cuantificar o poner en números las decisiones que se han
venido tomando en esta Cámara. En efecto, pone cifras a las actitudes de varios
diputados y de varios bloques, porque no es gratis haber votado el pago -caro y
malo- a los fondos buitre. Eso está reflejado en los números de este proyecto.
- Ocupa la Presidencia el presidente de la
Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sr.
Martínez (N.
D.).- La iniciativa en tratamiento refleja la quita en la coparticipación a
las provincias. Eso sí, les hemos permitido endeudarse, que es otro de los
ítems fuertes de este presupuesto.
El
proyecto en consideración refleja asimismo la quita de retenciones a la
minería, y me pregunto cuántos jardines de infantes representa esa quita de
retenciones, ya que al presidente de la Nación le gusta medir estas cuestiones
de esa manera.
También
refleja la quita en las retenciones a la soja, y eso ya no lo medimos en jardines
sino en universidades, porque para eso sí se disminuye la presión fiscal.
Este
proyecto de presupuesto refleja el fracaso de la ley de blanqueo de capitales,
por la que se premia a los evasores porque se les quita presión fiscal, pero no
se actúa de la misma manera respecto del impuesto a las ganancias.
Por
otra parte, no han llovido los dólares por el pago a los fondos buitre ni por
el blanqueo de capitales. Sin embargo, lo que sí refleja el proyecto en
tratamiento es un récord en materia de endeudamiento, el mayor de la región, y
un récord histórico medido en meses, porque este gobierno lleva meses y ha
batido un récord en este sentido.
Asimismo,
este presupuesto refleja también el “tarifazo”, pero no me refiero a lo que
cada vecino pagará con la tarifa, sino a que, además de dar esa tarifa a las
empresas sin ninguna asignación específica ni atadas a ninguna obra, les vamos
a condonar la deuda. Eso está previsto en esta iniciativa.
Lo
que no se refleja en este caso es la modificación en el impuesto a las
ganancias, algo que todos los que estamos aquí sentados prometimos en la
campaña y en lo cual empeñamos nuestra palabra. El ciento por ciento de los
argentinos se pronunciaron a favor de las modificaciones a esa ley, confiados en
lo que decía un presidente que mintió desde la campaña –y sigue haciéndolo-, y
luego todos los candidatos. Miro a mis pares porque todos se comprometieron y,
sin embargo, los proyectos de modificación del impuesto a las ganancias siguen
sin ser considerados. Eso sí lo refleja este presupuesto: no hay intenciones de
tocar ese impuesto.
Todas
estas son las cuestiones generales que refleja un presupuesto que no se puede
acompañar. En lo particular, mi región tampoco se ha visto beneficiada. En la
portada de un matutino importante de nuestra zona el título central señala:
“Baja el barril criollo”. Otro de los títulos dice: “No hay trabajo: se pierden
3.380 empleos en las chacras”. Esto es lo que pasa a diario en nuestra región;
siempre se deja afuera a los trabajadores.
En
relación con las universidades, se ha beneficiado a la UBA con un nuevo sistema
de distribución, pero se ha perjudicado a las del interior como, por ejemplo, a
la Universidad Nacional del Comahue.
Cabe
mencionar que han caído las partidas presupuestarias respecto de la política de
represas, y también en lo que hace a los pueblos originarios, y este no es un
dato menor en nuestra provincia.
Le
pregunté al jefe de Gabinete qué políticas había en relación con la PIAP, y
sigue parada, no hay partida presupuestaria para esos trabajadores.
Como
frutilla del postre, sobre la represa de Chihuido, el presidente de la Nación
ha hecho todo lo que pudo para tirar abajo semejante inversión, tan sensible e
importante para nuestro pueblo. La señora intendenta de Zapala, con la cual
todo el pueblo neuquino ‑independientemente
del color político- tiene que estar codo a codo, está reclamando cómo fue
posible que una obra ya adjudicada se haya caído a raíz de un exceso de
“chupamedismo” del presidente -quien hizo todo lo posible para que esta obra no
avance- con el gobierno de los Estados Unidos.
Señor
presidente: de ninguna manera podemos acompañar un presupuesto que se resume en
dos ítems. El primero es el récord histórico de endeudamiento en meses, y el segundo
–no es menor-, lamentablemente es el único relacionado con el trabajo que se ha
incrementado en este presupuesto: el seguro de desempleo, en el que está
previsto un aumento del 638 por ciento. Estas dos cuestiones pintan de forma
total lo que estamos discutiendo en este momento y, por lo tanto, no vamos a
acompañar este proyecto de presupuesto. (Aplausos
en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Abraham.- Señor presidente: por parte del
oficialismo tal vez se haya hablado más de nuestro gobierno que del presupuesto
actual, pero creo que si hay un relato, es el que está haciendo el oficialismo
en este momento. No me iba a detener en esto, pero no se pueden decir tantas
macanas y mentiras. El gobierno anterior creó 6 millones de puestos de trabajo
y asistió a más de 3 millones de jubilados. Por lo tanto, no se puede decir con
total liviandad que se destruyó más trabajo del que se creó.
Se
olvidan de que en los años noventa y a principios de 2000, más allá de los
gobiernos y las políticas, la ideología y la economía que se aplicaban era
neoliberales, que hoy están nuevamente en el poder. Entonces, no se pueden
decir estas cosas, porque hasta 2015 en la Argentina se debatían salarios y el
impuesto a las ganancias sobre esos salarios, pero hoy estamos discutiendo
empleo.
Tiene
razón el diputado Norman Martínez cuando dice que prácticamente se sextuplica
la partida relativa al seguro del desempleo. ¿Qué significa eso? Si va a haber
creación de empleo, ¿para qué triplicamos, cuadriplicamos o sextuplicamos estas
partidas? Quiere decir que va a haber más desocupación.
Cuando
nos decían que estábamos haciendo una campaña de miedo solamente señalábamos lo
que iba a suceder en la Argentina: vuelta al endeudamiento, ajuste,
concentración de la riqueza y las consecuencias que todo ello trae aparejado.
En
este presupuesto hay un doble endeudamiento: se destinan 45 mil millones de
dólares a cubrir déficit en forma directa, y además debemos tener en cuenta el
endeudamiento que deviene de los contratos de PPP que se acaban de
aprobar.
Gracias
a las políticas económicas de este gobierno, como la eliminación a las
retenciones y la baja de la presión tributaria que se ha aplicado sobre los
sectores más ricos y concentrados de la economía, en nuestro país los más
pobres tienen que pagar el tarifazo. Lo único que se ha generado es más
inflación, y en ese sentido hoy en día debemos ocupar el primer lugar, cuando
antes estábamos terceros, pero lo grave es que ella viene acompañada de
recesión y desempleo.
Obviamente,
esa baja de la actividad económica también trae menor recaudación fiscal. Con
nuevos endeudamientos y déficits fiscales, tarde o temprano, caeremos de nuevo
en el default. Esta primera parte de
la ley de presupuesto nos va a llevar a caer nuevamente en default, pero nosotros no vamos a ser responsables de ello.
Hemos
advertido acerca de esta posibilidad durante nuestra campaña, que decían que
apuntaba al miedo, pero hoy vemos en este presupuesto que esos miedos se han
hecho realidad y están volcados en este proyecto.
Se
puede decir que este es un presupuesto de ajuste. Al respecto, quizá lo que más
me preocupa no son los grandes ajustes que ha habido en algunas partidas sino
aquel que se ha aplicado en ciencia y tecnología. Creo que todos los organismos
de ciencia –el Conicet, el INTA y el INTI- han reclamado debido al recorte que
ha habido en sus partidas. Este no es un problema de números sino que nos está
indicando qué modelo de país vamos a tener, ya que cuando recorta estas
partidas el gobierno de Cambiemos está optando por un modelo agroexportador con
alta concentración de la riqueza, abandonando la ciencia, la tecnología y la
educación.
Asimismo,
se han recortado fondos en el programa Progresar, FinEs, etcétera. Todo esto
quiere decir que la industria nacional poco importa. Poco importa lo que va a
generar empleo y esto implica mayor pobreza para nuestro pueblo.
Si
a esto sumamos la liberación de las importaciones, es mentira todo lo que se
dice con respecto a que se va a ayudar a las pymes. Directamente estamos
volviendo a una matriz económica vigente a fines del siglo XIX y principios del
siglo XX.
Con
muchísimo esfuerzo, durante estos doce años nosotros tratamos de industrializar
el país a través de la creación de empleo. Sin duda hemos cometido errores,
pero creemos que la única manera de generar empleo es teniendo industria
nacional, ciencia y tecnología.
No
me voy a explayar con temas referidos a mi provincia. Más allá del trabajo de
algunos legisladores de la oposición –a quienes agradezco- para tratar de
ampliar las partidas, nos vemos perjudicados porque dentro de este presupuesto
no se incorporaron los vinos espumantes.
Además,
el artículo 82 –lo veremos en particular- prácticamente traba cualquier tipo de
obra pública hidroeléctrica, que tanto necesitan nuestra provincia y la
Argentina.
En
síntesis, señor presidente, vamos a rechazar este presupuesto por entender que
es endeudador, ajustador y que trae pobreza a nuestro pueblo. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr.
Solanas.- Señor presidente: no hay duda de que
este presupuesto para 2017 plantea mayor devaluación –se calcula un 20 por
ciento-, una inflación del 17 por ciento y una pauta salarial del 18 por ciento.
En ningún caso este proyecto
prevé la recuperación de los ingresos perdidos de los ciudadanos más
vulnerables de la República Argentina y está absolutamente alejado de ellos.
¿Cómo
recuperamos el salario? ¿Cómo recuperamos la viabilidad de tantas familias que
han perdido empleo y poder adquisitivo en la República Argentina? Este presupuesto no lo prevé en absoluto,
señor presidente; al contrario, genera mayor incertidumbre para el pueblo
argentino.
La
baja de la inflación es un deseo, pero el endeudamiento es una realidad
constante no solamente del gobierno nacional sino también de los provinciales y
municipales.
Parecería
que en este presupuesto de la administración que preside Macri la pauta para la
obra pública y los gastos corrientes es endeudarse, y nuevamente, no solo por
parte del gobierno nacional sino asimismo de las provincias y los municipios.
Este
es un momento muy difícil para la Argentina, pero esto no se visualiza en este
recinto. Ya lo dije días atrás: da la sensación de que el oficialismo
manifiesta que todo está bien. Sin embargo, en realidad no está todo bien. En
nuestras provincias hay profundas dificultades en lo que respecta a la
sustentabilidad de las pequeñas y medianas empresas y al desarrollo de obra
pública e infraestructura, que en este caso no ha llegado a Entre Ríos.
Obviamente,
nos pone muy mal cuando vemos la grilla de las universidades nacionales en el
proyecto de presupuesto y observamos que en la distribución de créditos no
figura para nada la Universidad Nacional de Entre Ríos. Esto es muy grave.
Junto con Formosa, la provincia de Entre Ríos es la que menos presupuesto tiene
para desarrollar la ciencia y la tecnología.
En
lo que respecta a la obra pública, es algo que ha alineado a los gobernadores,
lo que también es grave. Este proyecto de presupuesto alinea a los gobernadores
y los legisladores. Hay legisladores y gobernadores que han sentido presión por
parte del gobierno nacional, y digo esto donde corresponde: el recinto de la
Cámara de Diputados de la Nación.
La
única obra pública que diviso en este proyecto de presupuesto es la
sistematización y distribución de agua para riego de Mandisoví. Se menciona un
préstamo que se debe tomar y el plazo de construcción de esta obra, que se
estima en tres años. Aparte de eso, no hay nada.
Al
verificar las obras para mi provincia, Entre Ríos, me encuentro con que no hay
ninguna. Se habla del señalamiento horizontal en varias rutas nacionales de la
zona litoral en las provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones,
Formosa y otras, pero no se especifica de qué obras se trata.
El
proyecto también hace referencia a obras en varios tramos de rutas nacionales
en las provincias de Corrientes, Entre
Ríos, Misiones y Formosa.
Cabe
señalar que entre los años 2017 y 2019 Entre Ríos va a perder el 0,3 por ciento
de la inversión en obra pública, lo que es grave para nuestra provincia. Se
soslaya y no se pone en consideración algo de enorme importante como la hidrovía
Paraguay‑Argentina o el dragado del río Uruguay. Nada se dice de eso,
dejando totalmente de lado las obras más importantes de la provincia de Entre
Ríos.
Por
otra parte, el proyecto de presupuesto contempla la construcción de un número
muy elevado de jardines maternales, con lo que estoy totalmente de acuerdo,
pero también deben estar contemplados los docentes y demás personal. Solo se
habla de la obra pública de los jardines maternales, que están distribuidos a
diestra y siniestra, lo cual está bien.
Por
su parte, el Plan Hábitat contempla una cifra muy importante para inversión,
pero evidentemente se ha destinado más a los intendentes de Cambiemos que a los
de otro signo político.
Asimismo,
el artículo 73 del proyecto de presupuesto contempla el tema de las cajas de
jubilaciones y pensiones, lo que me parece correcto.
Adelanto
mi voto negativo a este proyecto porque no voy a acompañar un presupuesto que
no contempla fundamentalmente la recuperación del poder adquisitivo de los que
menos tienen. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.
Sr.
Di Stefano.- Señor presidente: el proyecto de
presupuesto en consideración es una verdadera ficción que esconde una política
para beneficiar a unos pocos y aumentar el deterioro del nivel de vida de los
trabajadores argentinos.
Se
trata de un proyecto de presupuesto centralista que parece beneficiar a los
amigos del partido gobernante y castigar a las provincias que no se pintaron de
amarillo. Es un presupuesto que en vez de ser federal y velar por los
trabajadores, perjudica a todo el pueblo argentino.
El
gobierno debería dejar de lado la demagogia y plantear las cosas tal como son.
Por ejemplo, los ministerios de Energía y Minería, de Desarrollo Productivo, de
Agroindustria, de Cultura y de Salud son los que mayores recortes registran,
que oscilan entre el 12 y 31 por ciento.
Recuerdo
que en 2013 el hoy ministro de Hacienda y Finanzas Prat Gay ‑en ese
momento en su rol de diputado opositor‑ planteaba escandalizado que el proyecto
de presupuesto para 2014 era inconsistente. Cito a continuación las palabras
textuales del señor ministro: “El presupuesto en Salud y Educación para el
próximo año aumenta solo el 11 por ciento, entonces que se dejen de hablar de
gobierno nacional y popular”.
Ahora
bien, si el aumento del 11 por ciento no es nacional y popular, ¿cómo tomamos
un recorte del 12 por ciento, que en algunos casos asciende al 31 por ciento?
¿Cambiaron las prioridades del señor ministro? ¿Dónde quedó la preocupación por
estos temas? ¿Por qué en el presupuesto que él realizó y defendió no se refleja
la defensa a la educación y a la salud?
Hoy
estamos ante un proyecto según el cual el gobierno nacional nos promete un
crecimiento de la economía cercano al 3,5 por ciento para el año que viene. El
Banco Mundial pronostica una caída del 1,3 por ciento para este año mientras
que el FMI pronostica un 1,8 por ciento. Asimismo, nos dicen que para 2017
habrá una drástica caída de la inflación, que ellos creen estaría cercana al
23,2 por ciento. Estas predicciones tan optimistas resultan difíciles de creer,
cuando el gobierno ha hecho todo lo contrario a lo que prometió en la campaña
electoral.
Hay
teorías económicas que dicen que uno de los indicadores que marca el
crecimiento y desarrollo de un país es la venta de cemento. Si miramos los
datos históricos, el consumo de cemento entre enero y septiembre cayó un 12,4
por ciento interanual, registrando así la mayor contracción desde el año 2002.
Es simple la ecuación, tenemos un ajuste de la economía y menos obras públicas
para las provincias.
Pero
no todo es tan malo. Hay un punto que sí le sale bien a este gobierno nacional.
Hay un punto en el que Cambiemos no falla: la gestión en materia financiera
para retomar los caminos del endeudamiento. Solo el mes pasado se colocaron 9.400
millones de dólares en letras del Tesoro. Esta sí es una verdadera lluvia de
deuda.
Quisiera
recordar a todo el gobierno nacional que en mi provincia –Misiones‑ tenemos
más de 1.000 kilómetros de frontera que compartimos con Brasil y Paraguay.
Resulta muy difícil salir adelante cuando el Estado no está presente, cuando se
abren las importaciones y se mira para otro lado. Solamente en el centro de la ciudad
de Posadas cerraron más de doscientos comercios en los últimos diez meses,
dejando en la calle a muchísimos empleados y a familias que no les alcanza para
llevar el pan a su mesa. Hay que ponerse en el cuero del otro y pensar que la
patria es el otro.
Por
otra parte, la producción de madera está sufriendo su peor momento después de
muchos años. En mi provincia, como en todo el país, las pymes la están pasando
muy mal.
Necesitamos
que por favor se modifique este proyecto y que el artículo 9° se pague con
criterio FONID.
Para
concluir, quiero decir que en la vida hay que hacerse cargo de las
responsabilidades que nos tocan a cada uno, asumir el compromiso y avanzar
siempre mirando hacia adelante, dando presente y futuro a los argentinos.
Como
dijo Cristina Fernández de Kirchner, nunca vamos a dejar a un gobierno sin
presupuesto, como sucedió en 2010, porque cuando el gobierno no cumple con sus
responsabilidades no impacta en los ricos sino en los más vulnerables.
Recuerden,
señores diputados, señores ministros y señor presidente de la Nación –quien
seguramente va a escuchar las repercusiones de esto‑, que todo queda
guardado en la memoria, y no solo la patria juzgará sus acciones sino que también
lo hará todo el pueblo argentino. (Aplausos
en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: permítame en primer
lugar agradecer a la Cámara y a usted en particular el regalo de cumpleaños que
me han mandado al despacho. Hoy
estamos discutiendo el proyecto de ley de presupuesto. Creo que es importante
entender qué es el presupuesto: el corazón de las políticas públicas; el que
permite a un gobierno y a la ciudadanía saber cuál será el rumbo de la política
pública; con lo cual, no estamos debatiendo simplemente una ley, sino la ley de
leyes. Ese es el significado del presupuesto y hay que tomarlo con esa
importancia.
He
escuchado durante el debate que se ha dado hasta el momento varias cuestiones
que podría criticar para un lado o para el otro. El señor diputado Pastori
habló del déficit histórico que había dejado el gobierno anterior, en 2015. El
déficit histórico se registrará este año, llegaremos a un déficit del 7 por
ciento. En el presupuesto que había mandado el gobierno anterior estaba
estipulado un 3,5 por ciento. Esto era parte de las prácticas que solían
utilizarse: por ejemplo, en el año anterior se calculó un déficit del 1,9, y en
2014 llegó al 4,1 por ciento; en 2016 se calculó un 3,5, y terminará cercano al
7. Los parámetros que este año usó el gobierno para planificar el presupuesto
son más reales, dentro de un escenario que es alcanzable. Si bien es
alcanzable, también es muy optimista y, en consecuencia, tendrá que ir
ajustándolo. Estimo que terminará en un déficit parecido al de este año,
dependiendo de si aplica o no un pragmatismo electoral, descuida las cuentas
públicas, y empieza a hacer política electoral.
Esto
es lo típico en la Argentina. En 2014 pasó exactamente lo mismo que este año:
un ajuste fuerte que terminó en recesión económica, devaluación, ajuste
tarifario y aumentos de precios muy importantes. En ese año también llegamos a
un 40 por ciento de inflación, como ocurrió este año. ¿Qué pasó después? En
2015, año electoral, empezamos a hacer correcciones o pragmatismo electoral,
cosa que puede pasar al gobierno en 2016. Esto es, que se vea tentado a hacer
pragmatismo electoral y empiece nuevamente a descuidar las cuentas, a tentarse
con los endeudamientos y, si se quiere, iniciar un camino que indefectiblemente
lo llevará a que en 2018 se cumpla la profecía de los años pares, es decir, que
deba volver a realizar un ajuste, para aplicar el pragmatismo electoral en 2019
y ganar las elecciones presidenciales. Creo que debemos romper esa lógica.
Celebro
la discusión que se ha dado sobre este proyecto de ley de presupuesto. En todo
el proceso llevado a cabo, hemos recuperado la discusión sobre la ley de leyes,
más allá de las distintas posturas y si uno está más o menos de acuerdo con los
parámetros utilizados. Se incluyeron conceptos que hace mucho tiempo no se
discutían, y esto hay que destacarlo: federalismo, equilibrio de los poderes,
prioridades en los gastos y el control, y transparencia que debe tener un
presupuesto respecto del control de las cuentas públicas.
Todo
esto fue puesto en el debate. Si bien falta mucho por recorrer, este ha sido un
primer paso. Por ello, celebro que se haya dado esta discusión, y más allá del
trabajo realizado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, vale destacar la
labor que se ha podido llevar delante de forma muy satisfactoria con los
señores diputados Laspina, Massot, Bossio, con quienes tuve oportunidad de
compartir dichos debates. Asimismo, destaco la participación de otros señores
diputados que fueron sumándose a la discusión, lo cual es muy bueno. Me refiero
a planificar un presupuesto en el que, respecto del proyecto original, se han
realizado veinte cambios en su articulado. Concretamente, se eliminaron tres
artículos e incorporaron veinte adicionales. También se agregaron planillas de
obras, modificaciones de todo tipo. Esto amerita que uno lo festeje y trate de
seguir profundizando este proceso. No quiero ser iluso: creo que este debate se
dio porque nadie tiene mayoría; de lo contrario, seguramente no hubiéramos
podido avanzar en esta línea.
El
endeudamiento es para la Argentina muy complejo. Como lo he dicho en más de una
oportunidad, nuestro país es como un alcohólico: empieza con un trago y no
termina. La deuda para la Argentina es eso: empezamos a tomar deuda y después
no sabemos cómo frenar. Ese fue uno de los puntos centrales en el que pusimos
un interés particular en el sentido de lograr una mayor transparencia y
control. Indefectiblemente, un déficit fiscal como el que describimos había que
pararlo de alguna manera. El gobierno anterior lo hizo con emisión monetaria,
deuda interna, utilizando las distintas cajas de la ANSES, el Banco Nación,
etcétera. En cambio, este gobierno, según lo que ha hecho en estos meses,
parecería estar inclinado a volver al endeudamiento externo.
Ambos
endeudamientos terminan mal; es imposible que terminen bien, con lo cual creo
que debemos ser muy precavidos en cómo hacemos para no caer nuevamente en la
tentación de barrer la mugre debajo de la alfombra, porque tenemos la
herramienta de la deuda que nos permitirá tirar un poco más. Hay que ser muy
claro en esto, y ponerle mucha atención.
Por
eso, parte de las modificaciones centrales se basaron en eso. La información
que tiene que brindarse en la bicameral, conformada a partir de la discusión de
la ley sobre holdouts, debe estar muy
al día respecto de cuál es el proceso de la deuda y los programas financieros
que el gobierno quiere llevar adelante. En mi opinión, estas son cuestiones
centrales.
Más
allá de estos conceptos, la discusión se centró en recuperar la solidez y el
equilibrio de los distintos poderes del Estado. Esto se analizó fuertemente en
el marco de los superpoderes y la Ley de Administración Financiera. Quiero ser
sincero para no engañarnos: los superpoderes hubo que arrancarlos casi con
tirabuzón. Recordemos que venimos con esta discusión desde los holdouts. Recién ahora, quizás porque no
quedaba otra alternativa, se está poniendo sobre la mesa.
El
proyecto de ley de presupuesto que manda el Poder Ejecutivo tenía un superpoder
incluido: el artículo 51, que fue uno de los eliminados. De manera que, más
allá de tener plena confianza en la intención de muchos señores diputados del
oficialismo de lograr mayores controles, transparencia y rigurosidad en su tratamiento,
el Poder Ejecutivo debe tener cuidado de que sus palabras no terminen arrasadas
por lo que escribe en los papeles o en las leyes.
El
equilibrio federal fue un aspecto que se discutió largamente. No coincido con
algunas de las apreciaciones realizadas por el señor diputado que habló
anteriormente. Hay que reconocer que el gobierno hizo un esfuerzo muy grande,
producto del fallo de la Corte o de la composición de la Cámara, en términos de
empezar a transitar un sendero de mayor federalismo. Parte de la discusión que
se dio en el presupuesto fue que este sendero que se había iniciado no se
enlentezca sino continúe. En ese sentido, se incorporaron muchas cuestiones
como, por ejemplo, partidas adicionales para el Fondo Solidario o Sojero, como
también se lo conoce, a fin de que las partidas lleguen a las provincias y a
los municipios para la ejecución de obras; temas de deudas, de cajas
previsionales, pendientes de resolución con esquemas automáticos, etcétera.
Sinceramente, todo esto demuestra que se ha avanzado mucho. El trayecto que hay
que recorrer todavía es muy grande y no hay que abandonar la lucha por tratar
de recuperar estos aspectos que a mi juicio son centrales.
Se
ha incorporado un artículo al que no muchos prestan atención, pero que es
absolutamente esencial a la hora de controlar al Poder Ejecutivo, a las
finanzas públicas. Me refiero al artículo 13, en el que se amplían los alcances
de la información que debe brindar el Poder Ejecutivo sobre los fondos
fiduciarios.
Para
que tengamos una idea, hoy los fondos fiduciarios manejan cerca de 90.000
millones de pesos de recursos del Estado. Son recursos que no votamos con este
presupuesto, están en paralelo a él, y significan el 4,5 por ciento de los
recursos consolidados que existen. De manera que hay mucho por trabajar en la
transparencia y en el control de estos fideicomisos. Este punto es esencial,
porque da equilibrio y permite al Congreso recuperar el poder de contralor que
naturalmente tiene sobre las cuentas del Estado y el comportamiento del
presupuesto.
También
se ha incorporado un artículo que para mí es muy importante, que no tiene un
efecto inmediato ‑por lo menos para este presupuesto‑ pero abre la
discusión hacia adelante. Me refiero al artículo 77, que legisla sobre la forma
en que se debe presentar el presupuesto.
En
ese artículo básicamente se insta al Poder Ejecutivo a que el 30 de junio de
2017 traiga una nueva propuesta acerca de las planillas, cómo es la discusión
del presupuesto y qué es lo que se debe discutir. Esto no se debe a que no haya
información o transparencia sobre lo que se discute, pero creo que en aras de
tener una mayor precisión sobre qué votamos en términos de las prioridades de
los gastos es hora de empezar a cambiar la forma en que se presenta el
presupuesto y qué es lo que se puede hacer después con decisiones
administrativas.
Con
respecto al federalismo, considero que se han hecho muchos avances. También se
han modificado artículos en términos de las prioridades del gasto. Se han
ampliado partidas para ciencia y técnica, algunas de las cuales ya ha enumerado
anteriormente el señor diputado Laspina.
También
es importante que se hayan introducido modificaciones en lo que los distintos
sectores políticos tenían prioridades o veían cuestiones que no iban por el
camino correcto.
Como
ya lo manifesté, creo que hemos iniciado un camino que recién empieza. Es
central recuperar todas las funciones que debe tener el presupuesto, y este es
un muy buen primer paso. Creo que parte de los vaivenes que hemos tenido en
política económica, ir de una punta a otra –el péndulo, como muchas veces se
denomina‑, están relacionados con que en muchos casos los presupuestos
han terminado siendo vulnerables. No solo se vulneraban con el artículo 37.
Esta es una de las discusiones que tenemos pendientes, y es uno de los mensajes
que quiero pasar a la Presidencia, al cuerpo, y también al Poder Ejecutivo. El
artículo 37 es una parte del problema de los superpoderes.
El
problema más grande lo tenemos con los DNU, que tienen un mecanismo de control
por parte de la Cámara, que creo que hay que modificar. La última modificación
que se hizo de la reglamentación de la ley sobre los DNU fue mala, por lo que
debería modificarse nuevamente. Esta Cámara tiene por lo menos cuatro decretos
de necesidad y urgencia que tienen despacho de la comisión bicameral y que no
están siendo traídos al recinto. Este también es un problema de superpoderes y
algo que debemos corregir. Si no, nuevamente surge el discurso de corregir los
superpoderes, pero después los vulneramos con las acciones.
Reitero:
es auspicioso que hayamos empezado a recorrer este camino, que podamos discutir
seriamente el presupuesto y que hayamos tenido las mesas de negociación, las
charlas y las discusiones ‑que han sido arduas, duras y, por momentos,
también tensas‑ que nos han llevado a tener este presupuesto, que creo es
mejor que el que había sido remitido originalmente.
Esperamos
poder profundizar este camino que iniciamos y que empecemos a corregir todas
las falencias que todavía mantiene el sistema. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.
Sra.
Nazario.- Señor presidente: voy a referirme a un
problema que afecta a mi provincia, Córdoba: las compensaciones tarifarias al
transporte automotor de pasajeros urbano y suburbano, comúnmente conocidas como
“subsidio al transporte”.
La
Secretaría de Transporte del gobierno de la provincia de Córdoba, junto al
gremio AOITA ‑Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor‑
y a las cámaras empresariales FETAP –Federación de Empresarios del Transporte
Automotor de Pasajeros‑ y ASETAC –Asociación de Empresarios del
Transporte Automotor de la Provincia de Córdoba‑, han gestionado la
salida de la situación de inequidad generada por la resolución 106/2010, que
permitió a los Estados provinciales recategorizar servicios previamente
informados como interurbanos provinciales que, dada la situación particular de
la jurisdicción ‑especialmente por sus características de funcionamiento,
tales como frecuencia, índice de pasajeros transportados, cantidad de paradas,
etcétera‑, sean asimilables a servicios suburbanos, aun cuando su
recorrido entre cabeceras sea mayor a 60 kilómetros.
La
provincia de Córdoba tiene un parque automotor de colectivos muy importante, y
a su vez tiene mayor cantidad de pueblos y mayores distancias que otras
provincias, lo cual hace que hayan quedado afuera aproximadamente 320 de esas
unidades. ¿Por qué? Porque esa resolución fijaba arbitrariamente un máximo de
hasta el 15 por ciento del total de unidades que conformaban el parque
automotor definido en cada jurisdicción para calcular la compensación.
Como
señalé, ese tope máximo generó que empresas que prestan servicios idénticos no
reciban el mismo trato en lo referido al subsidio. Son 320 unidades; hay
alrededor de mil trabajadores involucrados, 25 empresas, 274 unidades que no
han sido categorizadas y 46 que han sido vendidas y han salido de la
categorización.
Me
permito destacar un planteo que hizo la FETAP –Federación de Empresarios del
Transporte Automotor de Pasajeros‑ referido a este tema: “Además de los
problemas que esta distorsión genera en cuanto a las unidades que prestan el
servicio, las posibilidades de las empresas de afrontar los aumentos salariales
de los trabajadores se ven limitadas por no recibir los subsidios, motivo por
el cual la distorsión termina poniendo en peligro las fuentes laborales.”
Nuestro
bloque ha recibido copias de notas, pedidos de audiencia y planteos de esta situación
dirigidos al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Transporte e incluso al
jefe de Gabinete, por parte de la Secretaría de Transporte de la provincia, la
FETAP y la ASETAC.
La
respuesta a todas esas gestiones ante el gobierno nacional fue que en el
presupuesto del año 2017 se consideraría la partida necesaria para cubrir la
totalidad de la flota que presta este tipo de servicios. Sin embargo, más allá
de la buena intención, no se llegó a ningún acuerdo.
En
ocasión de la visita del ministro Dietrich a la Comisión de Presupuesto y
Hacienda le formulamos la misma pregunta que habíamos hecho por escrito, y
tampoco nos respondió si se iban a incluir esos colectivos, es decir, la flota
que quedaba sin incluir, para evitar estas inequidades que se producen a nivel
nacional y, por supuesto, dentro de nuestra propia provincia, donde tenemos
empresas con subsidios y otras sin ellos.
En
definitiva, señor presidente, solicitamos la recategorización de los servicios
interurbanos provinciales de transporte de pasajeros a los fines de que sean
incluidos en la distribución de los regímenes de compensaciones tarifarias.
Existen
las partidas presupuestarias, pero dado que no están detalladas en el
presupuesto, señor presidente, solicitamos por su intermedio la incorporación,
si es que no se encuentran previstas. (Aplausos
en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Bossio.- Señor presidente: como ya se ha dicho,
estamos discutiendo la ley de leyes, que posiblemente sea la más importante
desde el punto de vista de la planificación de un gobierno. Quizás –como dijo
el diputado Heller-, se trate de una norma de la cual se pueden deducir
cuestiones analíticas e ideológicas, posicionamientos y, naturalmente, el
sentido de la orientación de un gobierno.
Lo
primero que quiero hacer es una reflexión histórica, porque las acusaciones de
uno u otro lado son recurrentes. Lo cierto es que no nos conducen a solucionar
los verdaderos problemas de la Argentina y esto solo queda en la retórica.
Desde
hace años que el Poder Ejecutivo envía el proyecto de ley de presupuesto a esta
Cámara, en el que se fijan tres o cuatro parámetros: inflación, déficit,
crecimiento, macroeconomía. Pero desde la reinstauración de la democracia hasta
la actualidad, esta Cámara ha delegado facultades. Es decir, se ha convertido
en un poder delegativo y no en un Poder Legislativo que efectivamente legisla
sobre los verdaderos temas que requiere la Argentina.
Lo
que se hace –esto lo quiero decir con todo respeto y rescatando la tarea, como
bien lo decía el señor diputado Lavagna, de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda, de sus colaboradores y de su presidente- es llenar casilleros. Es
decir que tenemos los grandes números, pero llenamos casilleros. Entonces,
tenemos unas peleas enormes para ver si van más recursos a una provincia o a
otra, si va algo a las universidades o más para los jubilados, o si destinamos
más a un municipio o a otro. Pero los grandes números no se tocan. Repito: esto
no es algo nuevo, sino que viene de muchos años.
Me
parece que tenemos que dar una discusión muy seria en esta Cámara si queremos
abordar en serio los problemas que nos aquejan. Es decir, si vamos a discutir
acá las políticas de Estado o si vamos a seguir con un método que lo que hace,
efectivamente, es distraer de los grandes problemas y causas nacionales,
mientras quedamos involucrados en un debate que, como dije, es de casilleros.
Algún
diputado en una comisión dijo que la política económica es exclusiva del Poder
Ejecutivo, pero la verdad es que la Constitución nacional no lo dice en esos
términos. Eso habría que discutirlo.
Pienso
que la política económica puede y debe discutirse en este Parlamento.
Posiblemente durante muchos años no se haya debatido como debiera y sea éste el
momento de empezar a hacerlo, incluso con la actual composición política de
esta Cámara.
Se
cumple casi un año desde la asunción de Mauricio Macri. Lleva ya once meses en
el cargo, casi el 25 por ciento del mandato de un gobierno. No sé si en un año
puede hacerse un balance, pero pueden empezar a observarse las primeras pautas
y los primeros síntomas de un gobierno. Además, puede reflexionarse sobre las
cosas que han pasado.
Por
otra parte, quiero decir que en esto comparto lo expresado por el señor
diputado Kicillof. En ese sentido, el peronismo ha trabajado en esa línea. La
experiencia histórica nos marca que es central en la economía el hecho de que
cuando aumenta el salario real, aumenta el producto; cuando cae el salario
real, cae el producto. Es decir, lo que producimos todos los argentinos se
reduce. Ello ocurre en una economía donde el 80 por ciento de nuestro producto
depende de nuestra demanda; es decir, del consumo. Y hay consumo si hay salario
real.
Pasaron
once meses y el primer dato –que no es al azar, sino que el propio gobierno lo
publica‑ es que el salario real en los últimos doce meses –es decir, lo
que aumentaron los salarios, descontada la inflación del INDEC o de San Luis-
muestra un 6,7 por ciento de caída. Esto no lo digo yo, sino el propio
gobierno: hubo casi 7 puntos de caída del salario real.
¿Qué
pasa si cae el salario real? Cae el consumo. La gente consume menos, no puede
ir al cine, no llega a fin de mes, si antes consumía un asado ahora no puede
hacerlo. Hay una política deliberada de caída del salario real, como bien se
explicó en este recinto. Cuando cae el salario real, repito, cae lo que
producimos los argentinos.
Esto
también lo dice el propio gobierno; es decir, dice que se consume menos. La
CAME indica un 4,9 por ciento menos. O sea que no lo decimos nosotros ni la
oposición, sino entidades oficiales. Además, cae el empleo, cosa que reconoce
el propio ministro de Trabajo: hay 73.000 puestos de trabajo menos en el sector
privado. Aclaro que no voy a hablar del Estado, que sí sumó 80.000
trabajadores.
Si
hay menos demanda, se produce menos en la Argentina; nos achicamos los
argentinos. La actividad según la EMAE, entre noviembre de 2015 y agosto de
2016, cayó 3,2 por ciento. La actividad industrial cayó aún más: casi 7 por
ciento.
La
venta de cemento –como decía el señor diputado Di Stéfano, de Misiones- cayó un
9 por ciento si lo comparamos con la serie de los últimos doce meses. ¿Qué
significa esto? Que la gente hace menos casas, arregla menos y que el Estado
consume menos cemento para hacer una autovía, mejorar las rutas o para hacer el
asfalto o el cordón cuneta. Es decir, producimos menos cemento, menos
viviendas, menos calles y menos autopistas.
El
indicador de la construcción, el ISAC, marca un 10,1 por ciento de caída. Es
decir que se construye menos en la Argentina.
También
se producen menos autos en nuestro país: un 14 por ciento menos. Hubo un pico
en 2013, y luego una caída tras otra. Este año la situación se agravó y, como
dije, la actividad cayó un 14 por ciento. Es decir que en las automotrices se
produce un 14 por ciento menos que el año anterior.
A
raíz de todo esto, se recauda menos. Pero también se recauda menos porque
bajaron los impuestos a las exportaciones, con lo cual hay un 38 por ciento de
caída interanual del impuesto a las exportaciones, y en términos reales hay un
7 por ciento de caída de la recaudación. Por eso aumenta el déficit.
Entonces,
la primera cuestión que queremos plantear desde el bloque Justicialista es en
qué momento estaremos agotando el presupuesto. No voy a entrar en la discusión
de si los indicadores aquí son sensatos o no, porque evidentemente el
Parlamento debería tener más herramientas técnicas y mayor capacidad y voluntad
política para discutirlo. Pero desde hace treinta años que esto no se discute,
y deberíamos debatirlo como política y como criterio económico.
Por
otra parte, quiero advertir, porque escuché a algunos diputados del
oficialismo, que estamos en una situación muy compleja en la Argentina.
Respecto de esa visión, no quiero hacer un beneficio de inventario para un lado
ni para el otro: es la realidad, y frente a ella no solo se toman decisiones,
sino que se trata de encontrar el mejor camino hacia adelante.
El
gobierno plantea, en primer lugar, un achique del salario real. Entonces, nos
dicen que la salida no pasa por el consumo, sino por la inversión. Nadie duda
de que hay que invertir en la Argentina. Si yo hablo con cualquier provinciano,
éste me dice que necesita un puente, una represa hidroeléctrica, más rutas, un
puerto. Seguramente todos queremos que haya más inversión en nuestro país.
Ahora
bien, el propio gobierno se interesa y trabaja para que no haya inversión. ¿Por
qué digo esto? Porque si bien se trata de una discusión muy vieja en la
Argentina, evidentemente no pudimos resolver esta cuestión. Además, porque ha
sido mucho más brillante la decisión de invertir en la renta financiera o en la
especulación y no en la actividad real.
Un
argentino que vendió dólares, compró pesos y que todos los meses reinvirtió sus
ahorros o sus excedentes en LEBAC –aclaro que no estoy haciendo ningún juicio
de valor; pueden comprarlas si quieren- tiene una rentabilidad del orden del 50
por ciento en dólares. Entonces, ¿quién va a invertir en la actividad real,
mientras exista la posibilidad de invertir en estas letras sin hacer nada,
desde el home banking, y obtener un
50 por ciento de rentabilidad real?
Entonces,
el propio gobierno sigue una lógica de que la patria financiera o aquellos
sectores que se llevan los grandes excedentes terminan diseñando la política o
el perfil productivo de la Argentina. En este sentido, me parece que esa es una
discusión que debemos darnos.
Esto
que les estoy diciendo también lo leí en un debate parlamentario del año 1985 o
1986, es decir que existió la misma lógica. Ahora bien, si queremos inversión
en la economía real, el gobierno tiene que empezar a cambiar las variables. El
Banco Central es el que decide la política de tasa de interés, se pelea con el
ministro de Hacienda y Finanzas porque no la reduce y fija la tasa de interés
con una encuesta de treinta consultores –sólo treinta- que dicen cuál va a ser
el nivel de expectativa inflacionaria, el REM. O sea, estamos sujetos a treinta
consultores que nos dicen cuál va a ser la inflación, y en función de eso, cuál
va a ser la tasa de interés. Creo que son cosas que este Parlamento debe tomar
en serio y respecto de las cuales debe adoptar una determinación distinta.
Nos
dicen que el problema es el consumo, que hay que apuntar a la inversión
–inversión no hay‑ y que el problema es la inflación. Lo decía muy bien
Heller ‑y lo expresó también Pichetto los otros días‑, que nadie
discute que hay que reducir la inflación en la Argentina. Nadie discute que
esto debería ser una política de Estado. En la medida en que haya una reducción
de la inflación, el salario real y los ingresos reales de los argentinos van a
crecer, como así también la demanda del crédito; ello podrá ser una salida
concreta para la reactivación económica.
La
provincia de Buenos Aires tiene previsto un aumento del 36 por ciento del
impuesto inmobiliario rural. ¿Cómo vamos a hacer? Si vamos a aumentar los
salarios el 17 por ciento y los impuestos el 36 por ciento, ¿dónde cierra la
ecuación? El ABL de la Ciudad de Buenos Aires aumentó el 38 por ciento y
pretendemos que los vecinos de la ciudad paguen este aumento en el alumbrado,
barrido y limpieza, pero que la inflación sea solamente del 17 por ciento.
Evidentemente, esta ecuación no cierra.
Otro
problema es el déficit, respecto del cual también quiero formular alguna
reflexión. Entre los años 70 y 85, el déficit promedio en la Argentina fue de 7
puntos del PBI, con un pico del 16 por ciento y un mínimo del 5 por ciento. En
ese entonces, la discusión entre radicales y peronistas era cómo se financiaba
ese déficit. El 85 por ciento se financió con emisión monetaria y todos sabemos
cómo terminamos: con una hiperinflación insostenible, característica de todo el
proceso argentino.
¿Qué
planteamos nosotros? Acá no se trata de discutir el déficit. Es muy fácil
resolver los problemas de la Argentina yendo siempre en contra del Estado. El
nivel de gasto público en la Argentina no supera, bajo ningún punto de vista,
al de ningún país con perfil desarrollado. Acá pretendemos dar una discusión
mucho más fuerte respecto del Estado. Nosotros no queremos un Estado mucho más
grande, sino mejor, más inteligente, más eficaz y más eficiente.
Queremos
el Estado que realmente debemos tener los argentinos. Nuestra filosofía no es
la de un Estado que estatiza los medios de producción ni la de aquel que deja
todo librado al mercado; queremos un Estado que sea mejor, que represente la
voluntad política de los diferentes sectores y que tenga la fuerza para poder
avanzar en las verdaderas transformaciones que debe llevar adelante la Patria.
La
primera afirmación que queremos presentar es que la Argentina tiene un problema
de diseño productivo, que también se ve en el presupuesto. Este Congreso tiene
que abordar esta discusión. Si nosotros no somos capaces de plantear verdaderas
políticas de Estado que trasciendan los colores políticos, si no somos capaces
de plantear los verdaderos desafíos que tiene la Argentina, va a ser muy
difícil que salgamos de esta lógica de llenar casilleros y de generar peleas
que muchas veces son muy duras y fuertes, pero que no conducen a nada.
Nos
hablan de endeudamiento. Sí, ha crecido mucho en la Argentina. Si hay déficit,
hay endeudamiento. Hasta el año 2006 no había déficit en la Argentina, pero de
allí en adelante, creció. Si el Estado gasta más de lo que ingresa, por
supuesto, genera deuda. El presupuesto del año anterior tenía dos artículos
relacionados con la deuda y no uno solo, como este. Y tenía cientos de miles de
millones menos. Tenemos que abordar el tema seriamente.
Ahora
bien, ¿cómo vamos a resolver el déficit? Creciendo; no vamos a poder hacerlo de
otra manera. Como Parlamento debemos tener una posición política firme para los
millones de argentinos que no están en la vereda de la agresión ni en la del
revanchismo y para que las cosas se resuelvan con políticas de mercado. A esos
argentinos hay que darles una solución y este Parlamento tiene una deuda
histórica en ese sentido.
Los
señores diputados Marco Lavagna ‑fundamentalmente‑ y Luciano
Laspina fueron claros respecto del marco de las modificaciones. Yo también
estoy convencido de que hemos hecho una gran tarea. Escuché también a un
legislador hablar de apriete a los gobernadores. No, a nosotros no nos apretó
ningún gobernador y esa es una política de la que estamos muy lejos. Nosotros
dialogamos, consensuamos y nos juntamos con los gobernadores; ellos tienen
responsabilidad de gobierno y hablan con el Poder Ejecutivo. A mí no me llamó
ningún gobernador para apretarme. Confundir el apriete con consensuar, con el
diálogo político o con la necesidad de modificar determinadas pautas
presupuestarias me parece que dista de una buena metodología política. Nuestro
bloque está muy ajeno a ello.
Nosotros
creemos que hemos avanzado porque hace muchos años que no se discuten
cuestiones relacionadas con el federalismo. Fueron muy duras las discusiones,
como la de los 5.000 millones más para el fondo de la soja, que llega a los
municipios y a las provincias. No sé si es un gran logro, pero es un logro
importante. Se avanzó en el refinanciamiento de deudas y en el financiamiento
de las cajas provinciales. En este sentido, muchas veces he hablado con ex
gobernadores porque teníamos una impronta diferente por los tipos de política
que se aplicaban, pero una parte es automática.
La
verdad es que yo entiendo la política en ese sentido. Me alegra cuando un
gobernador puede construir un puente para unir dos provincias. El Poder
Ejecutivo tendrá que trabajar fuertemente para que estas obras se hagan; esta
situación política que hoy la oposición y el Congreso le han dado al Poder
Ejecutivo implica una gran responsabilidad por parte del presidente Macri y de
todo su equipo.
Estamos
convencidos de que hemos trabajado para el cuerpo de ciencia y técnica, aunque
claramente quisiéramos tener más presupuesto. Nosotros perdimos las elecciones
y teníamos otra política en este sentido, pero en el marco de la negociación y
de los acuerdos posibles logramos que se establecieran más recursos para ese
sector. Asimismo, sacamos artículos que creíamos que eran abusivos, como por
ejemplo con respecto al artículo 51; el jefe de Gabinete podía reasignar
cualquier tipo de partida.
La
Argentina no tuvo presupuesto solo en tres oportunidades: en el año 1975, con
Isabel Perón; en el año 1966, con Arturo Illia –todos saben lo que pasó después
de esos años‑, y en el año 2009, con Cristina Fernández de Kirchner.
Históricamente, este Parlamento discutió el presupuesto de distinta manera,
aunque fuera en forma atrasada, pero siempre fue considerado como una
herramienta de gobierno no solo para la Nación, sino también para las
provincias.
Escuché
al señor diputado Kicillof decir que iban a votar por la afirmativa, porque si
no, nos íbamos a quedar sin presupuesto y esto ya lo habíamos sufrido. Claro
que hay una responsabilidad del gobierno y de la oposición. Se negaron a hacer
muchos cambios –teníamos montones más para hacer‑, pero nosotros optamos
no solo por ser responsables, sino también por hacer valer los criterios que
creíamos que el presupuesto debía incluir.
Quiero
que quede claro que no estamos de acuerdo con el rumbo económico ni con muchas
de las decisiones que ha tomado el presidente Macri. De hecho, quisiéramos que
nuestro presidente convoque a este Parlamento para que no gastemos el tiempo en
discusiones y agresiones o en cuestiones que desvían la atención de los
argentinos. Debemos establecer una agenda parlamentaria para analizar cómo
vamos a cambiar el proceso productivo y cómo vamos a hacer para que la renta
financiera o la patria financiera no sean el eje rector de las decisiones. ¿Qué
Estado queremos? ¿Cómo queremos que actúe el Estado?
- Ocupa la Presidencia el presidente de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda, licenciado Luciano Andrés Laspina.
Sr.
Bossio.- Discutamos estas cuestiones. Por un
lado, están quienes quieren la apertura total ‑ya la vivimos‑ y,
por el otro, están los que quieren cerrar la economía y que cuatro vivos tengan
grandes ganancias a costa de un montón de otras cuestiones. Creo que hay que
mirar las dos cosas.
El
otro día leí una nota en un diario financiero sobre una empresa que no solo era
la primera marca, sino que también había comprado la segunda y la tercera. Esta
apertura indiscriminada, que deja a millones de obreros en la calle, tampoco
puede ser. ¿Vamos a adoptar una postura como argentinos o vamos a seguir
acusándonos y desprestigiándonos? Porque luego de la acusación aparece la
antipolítica. Cuando los dirigentes están deslegitimados, la sociedad, que tenía
alguna esperanza, empieza a sentir la frustración y el fracaso. Esto ya lo
vivimos en la Argentina. Cuando no se cree en los dirigentes, no hay nadie que
pueda marcar el rumbo en ese sentido.
Por
eso desde el bloque Justicialista creemos y estamos convencidos de que hay que
construir una Nación mejor, y esta es una tarea de todos.
Aprobaremos
este presupuesto porque hemos trabajado mucho en ese sentido, a pesar de que
seguramente quisiéramos otra cosa.
Como
legislador y como bloque me comprometo ‑quiero sumar al resto de los
diputados y senadores en este compromiso‑ para que el Poder Legislativo
retome sus facultades y que de una vez por todas hagamos una verdadera síntesis
y discutamos los reales problemas de los argentinos.
De
lo contrario, el año que viene nuevamente estaremos llenando casilleros,
recibiremos un presupuesto con unas pautas macroeconómicas, discutiremos
muchísimo sobre cuánto se le otorga a una u otra provincia, a ciencia y técnica
y a una u otra universidad, pero los argentinos habremos visto pasar el tiempo
y no habremos cambiado la realidad productiva y, fundamentalmente, no habremos
construido una Nación mejor. (Aplausos.)
Sr.
Presidente (Laspina).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Stolbizer.- Señor presidente: el presupuesto
nacional presenta, representa y pone en deliberación la política económica y
también el proyecto de país que impulsa el gobierno.
En
ese sentido quiero remarcar que esta iniciativa expresa la razonabilidad de
estimaciones consideradas sobre bases e indicadores realistas. Esto marca,
fundamentalmente, una diferencia del lugar de donde venimos. Lo cierto es que
después de tantos años de contar con presupuestos dibujados y, sobre todo, del
desprecio y la soberbia frente al debate del Congreso ‑donde se le sacó
al Parlamento el rol principal de discutir la política y el rumbo‑, hoy
estamos con un panorama que merece, obviamente, al menos una palabra de elogio.
Entonces, yo siento que por lo menos hemos avanzado sustancialmente en este
debate y, además, debo reconocer y felicitar por el trabajo que se ha hecho
durante todo este tiempo para alcanzar el debate que hoy estamos dando. Me
parece que eso es significativo.
Reconociendo
todo esto, debemos mirar un poco qué es lo que nos quiere decir este
presupuesto y qué expresa respecto de la política económica del gobierno.
En
primer lugar, quiero mencionar algo que tiene que ver en gran medida con las
discusiones que existen sobre el rumbo económico. Claramente, el gobierno ha
elegido el camino del gradualismo fiscal y no del shock económico que numerosos
grupos económicos concentrados estaban impulsando. Desde luego que quedará en
el seno del debate del oficialismo si esto es por convencimiento o también como
respuesta frente a las necesidades electorales del año que viene, cuando se
aplicará este presupuesto.
Lo
cierto es que el gobierno opta correctamente por un gradualismo fiscal.
Nosotros consideramos que de esta manera minimiza el impacto social que hoy
tiene la herencia recibida y que nosotros deberíamos poder caracterizar dentro
de las políticas para el año que viene; se trata de una herencia tremendamente
compleja.
Hoy
se mencionaron algunas de estas cuestiones: uno de cada tres argentinos es
pobre, la mitad de nuestra fuerza laboral está en condiciones de precariedad o
desempleada, los precios de nuestros commodities
están estancados porque son un 50 por ciento menores al pico de 2011, nuestro
principal socio comercial, Brasil, destinatario de nuestras exportaciones
industriales, está en crisis, la fuerte inercia inflacionaria no se ha podido
dominar y se ha estancado la creación del empleo.
¿Frente
a todo esto alcanza el gradualismo fiscal? No, creemos que no alcanza. ¿Tiene
costos esta política y esta decisión? Claro que tiene costos, porque solo en
2017 aumentará el endeudamiento neto en unos 30 mil millones de dólares.
¿Qué
es lo que hace falta, además de ese gradualismo? ¿Hacia dónde nos hubiera
gustado que avanzara este presupuesto? Creemos que hay dos senderos que se
debieran abordar para ordenar la política económica y, por lo tanto, el
presupuesto.
El
primero es el sendero hacia el desarrollo económico, esa visión estratégica que
el presupuesto y la definición deberían tener. Es algo que muchas veces se escucha
cuando se habla del Malbec, del software y de la maquinaria agrícola. Para
avanzar en este sendero, la discusión estratégica es cómo agregamos a nuestra
economía una competitividad sistémica.
Al
hablar de una competitividad sistémica, el debate no solo trata de la economía,
sino de la infraestructura social, de los caminos, de los puertos, de la
conectividad, del federalismo, de las instituciones, de las reglas, de la
inversión en la educación y en la ciencia y en la técnica, porque todos estos
componentes son los que nos harán efectivamente más competitivos.
¿Cuál
es el otro sendero? El otro sendero es el de las urgencias que no pueden
esperar. Entonces, volvemos y nos preguntamos lo siguiente: ¿qué hacemos con el
32 por ciento de personas en condiciones de pobreza, con los 10 millones de
personas con déficit de vivienda, con la mitad de los habitantes del conurbano
de Buenos Aires que no tienen cloaca, con los millones de compatriotas que no
acceden a una red de gas, con la mitad de los chicos que no terminan el
secundario, si no tomamos los hogares más pobres donde el 70 por ciento no
termina la escuela? El desafío con respecto a estos temas es mayúsculo.
Necesitamos discutir en términos estratégicos y de mediano plazo hacia adelante
un plan mucho más ambicioso de infraestructura social; de qué manera vamos a
incluir a esos trabajadores precarizados que mencionábamos.
¿Este
presupuesto avanza en estos dos senderos? La verdad es que avanza muy poco en
estos senderos. Entendemos que es un presupuesto de transición y que carece de
esa visión estratégica.
También
es bueno hacer un balance y decir cuáles son las cosas buenas. Por este
Congreso desfilaron los ministros y vimos poco de esa visión estratégica.
Quiero
marcar bien las diferencias, para lo cual debo decir cuándo vimos esa visión
estratégica. El ministro de Transporte
Dietrich mostró esa visión estratégica cuando habló de las dos dimensiones de
su plan: las obras que mejoran la competitividad pensada desde las economías
regionales –donde lo estratégico está en el mediano plazo, en el que se produce
la integración regional de nuestro territorio, el federalismo y la producción
nacional‑, y las obras que mejoran el transporte público en los centros
urbanos, y con esto la calidad de vida de los millones de personas que
realmente tienen que tomar ese medio de transporte para llegar a su trabajo.
Son dos dimensiones de una visión estratégica. Esto no lo vimos en el plan que
presentaron los ministros ni lo vemos tampoco dentro de este presupuesto.
¿Qué
le falta al gobierno? Reitero lo que dije una semana atrás: creo que le falta
política. Yo siento que al gobierno le falta política, que andamos siempre como
a los tumbos, resolviendo las urgencias que, por supuesto, implican aceptar la
herencia que les dejaron; eso siempre es sin beneficio de inventario.
Tomemos
un tema que, por supuesto, es central y que así debió haber sido durante toda
esta discusión: la inflación. Por la experiencia de nuestro país se sabía que
una devaluación tendría siempre impacto sobre los precios y que los grupos más
concentrados de la economía iban a terminar, por su posición dominante,
aumentando los precios más de lo que se indicaba. También se sabía que si los
salarios perdían peso en forma significativa, el consumo también iba a caer y,
junto con esto, iba a disminuir el empleo, y así tendríamos, por supuesto,
mayor pobreza.
Sin
embargo, el gobierno actuó ‑quiero decir lo que sigue de la mejor manera
posible‑ con ingenuidad. Creyeron, o nos quisieron hacer creer, que algunas
de estas cosas se resolvían mágicamente y que nada de esto iba a ocurrir,
porque todo se iba a acomodar solo por las señales de los mercados, y que las
inversiones iban a compensar la caída del consumo y del empleo.
Por
supuesto que el gobierno se equivocó mal porque la inflación subió al 40 por
ciento, cayó el poder adquisitivo, se volvió a estancar la posibilidad de crear
puestos de trabajo, aumentó el desempleo y la inflación disminuyó no por el
efecto de la política, sino, al contrario, por el efecto de la recesión.
Entonces,
tenemos un pésimo abordaje con un alto costo social. ¿Nuevamente qué fue lo que
faltó? La política. Esta es nuestra demanda: una política que nos permita
pensar la economía de un país desde un abordaje sistémico, integral,
estratégico en lo profundo y también estratégico en el mediano y largo plazo.
Este es un presupuesto de transición.
Nosotros
esperamos que los avances que se produjeron en el debate, que este Congreso favoreció
con equilibrio, pueda llevarnos a que en los próximos años podamos avanzar.
Nosotros
vamos a aprobar en general este presupuesto, pero nos interesa que podamos
crear un ámbito mucho más institucional de debate, un consejo político,
económico y social donde se discuta mucho más que la situación de precios y
salarios; o sea, cómo construimos una visión de país diferente.
Tenemos
para hacer en el tratamiento en particular algunas observaciones a este
proyecto de presupuesto, y fundamentalmente preferiríamos que se disuelva la
AFI y que esa plata termine yendo a la educación. No se puede seguir
discriminando a la provincia de Buenos Aires, y lo digo como bonaerense. Apoyo
a la gobernadora de la provincia en todos sus reclamos de coparticipación, del
fondo del conurbano y de compensación de deudas.
Una
observación final. Se van a destinar 2.020 millones de pesos a publicidad y
propaganda. Es un gobierno que después de haber reclamado al anterior durante
tantos años una ley de publicidad oficial no ha demostrado ninguna disposición
este año para discutir una ley regulatoria de la publicidad oficial. Es un
monto obsceno, absolutamente obsceno. En la era digital el gobierno nacional no
puede gastar en propaganda tres veces lo que se destina a la Sedronar, o dos
veces lo que se destina a la Secretaría de Pymes.
Hay
algunas otras observaciones que queremos hacer y le paso la palabra a mi
compañera de interbloque, la diputada Ciciliani. (Aplausos en las galerías.)
Sr.
Presidente (Laspina).- Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.
Sra.
Ciciliani.- Señor presidente: seguramente nos
tendrá un poquito de paciencia, ya que se trata de la ley de leyes y tenemos
que discutir mucho.
Yo
en principio quiero reconocer en usted, principalmente, el trabajo que hemos
realizado en forma conjunta en la comisión. Este es el séptimo presupuesto que
discuto y la verdad es que por primera vez sentí que el Congreso de la Nación
recuperaba para sí la potestad y la facultad que nos da la Constitución.
No
es menor que hoy también estemos tratando la ley de administración financiera,
sobre la que mi compañera de bloque, la diputada Troiano, viene trabajando
desde hace muchos años, y hoy podemos recuperar el artículo 1° de la
Constitución Nacional, recuperar la función del Congreso. Esto de por sí es un
hecho trascendente.
También
quiero agradecer y reconocer al bloque del Frente Renovador, en la persona de
Marco Lavagna, y al PJ, en la persona de Diego Bossio, que son voces muy
importantes a la hora de discutir un presupuesto. Hemos tenido un debate importante.
Voy
a pedir permiso para insertar porque son muchas cuestiones las que quiero resaltar. Nosotros firmamos en
disidencia parcial porque estamos en desacuerdo con el enfoque de salud.
Creemos que es un enfoque equivocado, que va a atender a la salud como negocio,
financiando la demanda y no la oferta.
- Ocupa la
Presidencia la señora vicepresidenta 2ª de la Honorable Cámara, profesora
Patricia Viviana Giménez.
Sra.
Ciciliani.- Creemos que también tenemos que hacer
un enorme esfuerzo para aumentar las partidas de hábitat, y esto se lo dijimos
a los ministros cuando vinieron. Esas son nuestras prioridades para el
desarrollo, la salud y el aporte al hábitat y a la vivienda.
Frente
a este presupuesto, con un gran déficit fiscal, que va a ser financiado con
deuda, queremos remarcar la necesidad de que se cree la Comisión Bicameral de
Seguimiento de la Deuda.
Digo
al presidente de la comisión que con mucho beneplácito escuchamos que
finalmente vamos a tener la oficina técnica de presupuesto del Congreso de la
Nación. Eso va a ser un salto cualitativo que va a remediar todos los males a
los que hacía alusión Diego Bossio, y todas las dificultades de lectura de
presupuesto que puntualizó Marco Lavagna.
Además,
lo queremos comprometer a tener una visión de género en la oficina técnica de
presupuesto del Congreso de la Nación.
Los
presupuestos modernos tienen la técnica de distinguir las partidas que se
destinan a la igualdad de género para que las políticas públicas se
materialicen.
Dicho
esto, y recordando que he hecho una solicitud de inserción, paso la palabra a
mi compañera de interbloque la diputada Victoria Donda Pérez.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sra.
Donda Pérez.- Señora presidenta: voy a tratar de
ser breve porque el tiempo apremia. En esta oportunidad, nuestro bloque de
Libres del Sur no va a acompañar el presupuesto propuesto por el bloque
oficialista. Serían muchos los puntos para ahondar y no tenemos tanto tiempo. Voy a tratar de puntualizar los tres puntos
que me parecen más importantes.
Este
presupuesto que nos propone el gobierno nacional no nos explica de ninguna
forma cómo se logró, mediante la desaceleración económica, frenar la inflación;
la inflación no va a aumentar, pero se va a desacelerar la economía.
O
sea, este presupuesto del gobierno nacional está sentado sobre la creencia casi
milagrosa de que se va a lograr la inversión deseada. La lluvia de inversiones iba a llegar en el
primer semestre, y ahora no se sabe bien cuándo, aunque parece que va a ser el
año que viene, de acuerdo con el presupuesto presentado.
Se
supone que la inversión que el oficialismo espera no solo va a venir de la mano
de lo público, mediante contraer más deuda –además hay que ver si tienen la
capacidad de gestión para impulsar este enorme crecimiento que estiman‑,
sino que va a venir también de la mano de los privados, cosa que por lo menos
parece de dudosa concreción, salvo que logren bajar los salarios, como los
privados están reclamando, aún más todavía.
Por
otro lado, plantean que va a aumentar el consumo, pero a la vez proponen para
el 2017 un aumento salarial del 17 por ciento, suponiendo también que los
trabajadores y las trabajadoras van a aceptar de forma pasiva y absolutamente
mansa que no se les reconozca el deterioro salarial que sufrieron este año.
Tampoco
se tiene en cuenta en esta escalada inflacionaria cómo va a impactar en el
precio de los bienes de consumo y de los artículos necesarios para la vida el
aumento en el sector de la energía y los aumentos impositivos que ya plantean
muchos funcionarios del gobierno, salvo que un aumento del 400 por ciento de la
energía, como plantea Aranguren, de alguna forma mágica no se traslade a los
bienes de consumo y, por lo tanto, no genere inflación.
Por
otro lado, otra de las preocupaciones que tenemos, y diría que es la
preocupación central por la cual nosotros no vamos a acompañar este
presupuesto, es que promueve el endeudamiento nacional, provincial y de las
empresas.
Esta
promoción para endeudarse hace suponer que la Argentina tiene una capacidad de
pago que hoy no tiene, porque en realidad la capacidad de pago está asentada
sobre la población más pobre, que es uno de cada tres argentinos y la mitad de
nuestros niños y niñas.
Lo que quiero decir es esto. Mientras en la
Cámara de Senadores se está votando un proyecto para declarar la emergencia
social porque tenemos millones de pobres, no podemos estar votando en la Cámara
de Diputados un presupuesto que no reconoce esa emergencia social. Nosotros
queremos que se discuta la emergencia social porque si hay un problema que nos
afecta es que la mitad de los niños y niñas en este país son pobres. (Aplausos en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Giustozzi.- Señor presidente: en primer lugar, es
importante que nosotros podamos advertir que estamos frente a un avance
significativo en la mecánica legislativa que empieza a reflejar este Congreso,
con aportes de distintos bloques, como ha pasado en otros temas muy candentes,
todos entendiendo que hay mejoras, es decir, que un proyecto ingresa de una
determinada manera y sale mejorado como consecuencia del trabajo de los
especialistas de cada uno de los legisladores, con distintas experiencias y
representando a diferentes regiones. ¡Qué importante es ir creciendo en madurez
política y entender que estas cosas deben ser lo más natural, que esto debe
repetirse y que no se tienen que llegar a adoptar esas posiciones que, casi
diría, son miserables o de otra época! Me refiero a posturas que tienen una
mezquindad rayana en la estupidez.
Como
he dicho, este Parlamento, que ha empezado a debatir cosas importantes, tiene
temas pendientes que también lo son. Yo me equivoqué en alguna palabra cuando
dije que hace unos años –creo que fueron dos-, en otra banca, advertí respecto
del incremento de la corrupción imperante en los organismos de seguridad. ¿Qué
tiene que ver esto con el proyecto de ley de presupuesto? A principios de la
década del 90 el señor diputado Caviglia ya había advertido y denunciado la
convicción y vocación de constituir un Estado paralelo con financiamiento
clandestino.
¿Qué
sería un Estado paralelo? Un Estado paralelo con presupuesto propio. Es decir
que, por un lado, habría un presupuesto financiado con los impuestos que pagan
todos los argentinos. ¿Y por el otro habría un presupuesto financiado por
quién? Esas son preguntas que nos empezamos a hacer en esa época y que tuvieron
sus consecuencias, respecto de las cuales dije que iba a contar, a modo de
síntesis, algunas de ellas.
Cuando
el señor diputado Caviglia formuló esa denuncia que muchos recordarán, sufrió
el secuestro de su hijo, pero no lo hizo público ni se victimizó. Entraron a su
casa, le sacaron la comida del congelador –no sé si el señor diputado Caviglia
tenía freezer en esa época-, la
pusieron arriba de la mesa para que se derritiera y después llamaron por
teléfono a su familia. Así lo hostigaron durante meses y años. Incluso, algún
colega de él, de mente retorcida, cuando a veces lo veía angustiado por esa
situación, le preguntaba: “¿Qué le pasa, Franco?” Él, en su nobleza de
espíritu, siguió adelante con su verdad, pero con la lógica que tiene toda
persona bien nacida, que es la de no arrojar cualquier cosa al voleo.
El
resto de la historia no solamente está escrita en los diarios, sino que ya
empezó a formar parte de la historia de la Argentina.
Vuelvo
al punto de la constitución de un Estado paralelo y me pregunto quién lo
financia. Haciendo una proyección, debo decir que esto empezó durante la última
dictadura militar. Eso es así porque el imperio que construyó Yabrán no empezó
con la democracia, sino con la última dictadura militar.
¿Hacia
dónde querían avanzar y con qué empezaba a conectarse esto? Con la penetración
en las fuerzas de seguridad y en la Justicia, con la protección de los medios y
con la posibilidad de utilizar el correo -con cartas, porque obviamente la
correspondencia es inviolable- como un mecanismo de distribución modernísimo e
innovador del narcotráfico.
¿Cómo
se financia ese Estado paralelo? ¿Cuál es el presupuesto de ese Estado mafioso
que se ha ido constituyendo en la Argentina? Hay algunas cosas que se escuchan
por ahí y que solamente son fuegos de artificio. Inclusive, algunas que son
recientes dan risa.
Por
eso mi indignación. ¿Saben por qué? Porque años más tarde esto se conectó con
mi propia historia, aunque no por ser compañero de militancia, de lucha y de
convicciones del señor diputado Caviglia. Nos aflige escuchar tantas mentiras y
miserias, pero nos alegra la nobleza de espíritu de muchos que aún deciden
sostener lo mejor de la política, aportando toda su capacidad.
Cuando
asumí el cargo de intendente municipal fui a vivir a una ciudad en la que vivía
mi entonces novia. Ambos militábamos: ella lo hacía en Derecho y yo, en
Ingeniería. El primer decreto que dicté declaró la emergencia de la
nocturnidad. ¿Saben por qué? Porque eso que habíamos advertido tenía
verificación en una trama que dominaba la noche y donde la trata de blancas, la
venta de drogas, el juego, la prostitución, la corrupción policial y, como
mínimo, la mirada cómplice de cierta política, se conectaban, por lo que no se
trataba de algo inocuo. Nosotros lo hicimos mediante el dictado del decreto
número uno.
¿Qué
más tiene ese Estado que se financia y que cuenta con un presupuesto paralelo?
Si uno empieza a efectuar un seguimiento de aquello que en su momento denunció
el señor diputado Caviglia, observa que tenía un correlato que se verificaba en
el propio pequeño terreno. Dio la casualidad –esto no lo expreso como una
cuestión personal, sino simplemente como una curiosidad- de que nosotros le
habíamos ganado la elección en el municipio a quien era presidente de la Comisión
de Defensa. Ustedes recordarán quién estaba en esa época en la Fuerza Aérea: el
clan Juliá, socio de Yabrán, que tenía la misma trama o intención.
Cuando
perdieron el municipio, un secretario de gobierno de ese entonces terminó
siendo gerente del bingo. Me quisieron tomar el municipio, a los treinta días
me balearon el auto y vaya a saber cuántas otras cosas hubo, respecto de las
cuales no tenemos dimensión. También amenazaron a mi hija.
Un
día de noviembre, al igual que lo que le pasó a Franco –esto lo voy a decir
públicamente ocho años después-, mi esposa, que en ese momento tenía algún
padecimiento, aunque no grave, se desplomó mientras hacía uso de la palabra en
un acto de homenaje a Evita como consecuencia de las terribles circunstancias
que habíamos vivido. Al otro día falleció. Ella, que era una enamorada de la
nobleza de la política y de la capacidad de transformar, había solicitado
licencia en la Justicia para darnos una mano.
Cuando
uno está cruzado por esas cosas le indigna ver otras, como por ejemplo observar
lobos disfrazados de corderos y pensar que el sistema de la corrupción pueda
tener nombre y apellido. Esto de estar tirándonos, desde la política, tiros en
diferentes direcciones, es algo ridículo porque no estamos luchando contra la
verdadera trama de la corrupción, de las mafias que han ido pudriendo las
instituciones de la Argentina.
Últimamente
también he sido víctima de algunas cosas. El vínculo del juego clandestino pasó
a ser parte de una historia que es casi pintoresca. Es como hablar de los
gauchos; es algo que no existe. Ahora lo peor del juego es legal.
En
esas dificultades que existen para controlar cuánto se juega del dinero de los
pobres, si aumenta la pobreza ello no se debe solamente a la asignación que se
hace en este proyecto de ley de presupuesto o a la definición de las pautas
macroeconómicas para el próximo año, sino porque dejamos hacer todo esto.
Concretamente, me refiero a que permitimos que se robe a los pobres. A mí me
apretaron para que pongamos una sala en Glew, como la que se puso en Puente La
Noria, al lado de Villa Fiorito. Es una comunidad de bajos recursos, y tengo
entendido que el diputado provincial Díaz se opuso hasta el cansancio.
Hay
una situación que debemos advertir y es que cada vez que votamos cosas
importantes las debemos volver importantes.
La
trama del blanqueo de recursos del narcotráfico se hace a través de los bingos
–y no crean que son los mega-, de la construcción de hoteles –no me refiero a
los de la Patagonia- en Europa, Italia, España, la costa argentina, y de
restaurantes, que es imposible controlar cuántos tenedores atienden; solamente
se pueden controlar yendo a hacer una auditoría y ver si los tenedores que
facturan equivalen a la cantidad de comida que compran y a la cantidad de
basura que generan.
Lo
mismo sucede en el caso de los hoteles vinculados a la misma lógica. Eso lo hemos advertido al principio de la
democracia, y ahí está ‑creo yo, y creemos nosotros con humildad‑
el principal trauma de la democracia reciente, que es el trauma de lo formal y
lo informal que dejamos pasar.
Hablamos
de desocupación: pongamos énfasis en el empleo en negro; hablamos de pobreza:
pongamos énfasis en cómo se generan estos mecanismos que generan pobreza,
desazón y, al mismo tiempo, están manchados de sangre.
Es
un sistema que no tiene límites y que ya había arrancado, por supuesto, en la
dictadura militar. Fue el momento
propicio. Fueron teniendo adictos en la Justicia, a los les plantaron -y siguen
hasta hoy- sistemas perfeccionados de prostitución VIP, de escuchas para
perseguir y extorsionar a jueces, fiscales y políticos.
Esta
trama es la que financia el Estado paralelo y que tiene presupuesto;
obviamente, no con partidas asignadas pero ¿saben la cantidad de datos sueltos
que hay y que solo falta reunirlos? Es como cuando miramos al cielo y solo
vemos estrellas. Alguien viene y nos
dice que algunas estrellas tienen forma de ángel, y en una de esas encontramos
el ángel; después nos dicen que están puestas en forma de cruz; miramos y encontramos la cruz. Los elementos están. Yo no soy quién, y ni
siquiera tengo la capacidad para analizarlos.
Uno lo advierte, lo ha sufrido; además, ni siquiera me corresponde, pero
los elementos están.
Ha
crecido con el tiempo, constituye un presupuesto paralelo, financia lo peor y
lo más podrido de la política argentina. Son lobos disfrazados de corderos y
debemos tener cuidado porque, además, hay muchos otros elementos. Aquí lo único que podemos hacer es dotarlo de
la razonabilidad que le debemos poner a las cosas en este tiempo: decir la
verdad, decirlas cómo son, no callarnos la boca, tener cuidado con las
difamaciones, con las generalizaciones y separar la paja del trigo; no engañar
a la gente diciendo que hay una cosa donde no la hay, o en todo caso, que sea
tarea de quienes tienen que hacerla, pero prestemos atención.
Esto
no lo tenemos que hacer de un día para el otro. No lo tenemos que hacer este
año ni proponernos objetivos que no podemos alcanzar, pero tenemos que empezar
a unir todos esos puntos, que no sean víctimas los pobres, que no sean víctimas
los trabajadores, los buenos jueces, los buenos políticos, los buenos fiscales.
Pedimos
mesura a todo el mundo y sentido de responsabilidad, estar atentos...
Sra.
Presidenta (Giménez).- ¿Podría finalizar, señor diputado?
Sr.
Giustozzi.- ...y profundizar la mirada; si no,
solo estaremos viendo un espejo de una persona que no somos. (Aplausos en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
Sr.
Lusquiños.- Señora presidenta: me toca hablar
después de las conmovidas palabras del diputado Giustozzi, así que eso me
agrega una dificultad extra. Voy a tratar de ser lo más breve posible.
Nosotros
vamos a acompañar en general este proyecto de ley de presupuesto. Así como han hablado otros diputados
preopinantes, ha habido un esfuerzo en mejorar, hacer más federal lo que es
bastante unitario, en hacer más abierto lo que es bastante cerrado y en hacer
un poco menos mezquino lo que desde ya es bastante mezquino.
Nuevamente
aclaro que vamos a votar favorablemente en general, y vamos a hablar de cuatro
o cinco temas que nos parecen relevantes y que en este proyecto van a generar
muchos problemas.
En
primer lugar, quiero hablar sobre el artículo 15, que encierra una condonación
de deudas que tienen las distribuidoras eléctricas con Cammesa. He cuestionado
y preguntado si esto incluye a las empresas Edenor y Edesur, y me respondieron
que sí, que efectivamente están incluidas.
Yo
creo que esto es una gigantesca vergüenza. No vamos a acompañar el artículo 15
y me duele muchísimo, porque encierra algunas justas condonaciones de
cooperativas del interior y de empresas provinciales que tienen que ser
ayudadas, pero no puedo dejar pasar que se esté condonando la deuda de dos
megaempresas, como Edesur y Edenor, que además de haber sido beneficiadas con
los subsidios, de ser beneficiadas con el tarifazo, encima reclaman el 70 por
ciento de aumento. Nosotros no podemos
acompañar este artículo y lo quiero dejar expresamente planteado.
El
segundo punto que genera ruido es el artículo 22, que prorroga la vigencia del
decreto 1.399, que es un decreto por el que se financia a la AFIP. Realmente no
puedo comprender cómo incluye una prórroga de un decreto que ha sido declarado
inconstitucional. Hay dos declaraciones de inconstitucionalidad, una ante el
reclamo de la provincia de San Luis y otra ante el reclamo de la provincia de
Santa Fe, además de una cautelar que tiene ‑o tenía‑ interpuesta la
provincia de Córdoba.
No
es explicable. No podemos dar una
prórroga de algo que es inconstitucional. Estamos abriendo las puertas a
infinidad de juicios que, inexorablemente, va a perder y va a tener que pagar
el Estado nacional. Entonces, nosotros
vamos a proponer eliminar este artículo 22. En reemplazo del artículo 22 –y
aquí viene un problema que puede generar ruido- vamos a proponer la inclusión
de dos artículos, que surgen de dos dictámenes de la Comisión Federal de
Impuestos que, como ustedes saben, tiene representación de todos los ministros
de Economía de las provincias y del gobierno nacional.
En
este caso, se reunieron en la provincia de San Juan hace pocos días –a finales
de octubre- y han decidido emitir tres dictámenes y comunicarlos a esta Cámara.
Uno de esos dictámenes ha sido tenido en cuenta y se ha incorporado en el
proyecto de presupuesto. Los otros dos
no se han incorporado y yo quiero hacer un planteo. El primero es una
modificación del artículo 27 de la ley 27.260 ‑de blanqueo o
sinceramiento fiscal‑, por el que se solicita la modificación de ese
artículo, quedando la siguiente redacción: “Instrúyase al Poder Ejecutivo
nacional que, por medio del organismo pertinente, arribe en un plazo de ciento
veinte (120) días, a un acuerdo con las provincias cuyos sistemas previsionales
no fueron transferidos a la Nación a fin de compensar las eventuales asimetrías
que pudieran existir respecto de aquellas jurisdicciones que sí hubieran
transferido sus regímenes previsionales, de manera de colocar a todas las
provincias en pie de igualdad en materia previsional…” ‑y aquí viene el
agregado‑ “…en la medida en que no se halle expresamente prohibido por
las disposiciones constitucionales y legales de cada jurisdicción.” El resto de
la redacción continúa sin modificaciones.
Esto
tiende a que el Estado nacional, provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires
armonicen sus sistemas previsionales sin afectar la normativa autónoma que rige
a cada jurisdicción, situación que con la redacción de la ley de blanqueo
generará conflicto.
El
segundo de los dictámenes ‑más complejo, por cierto‑ es una
modificación del artículo 58 de la ley de blanqueo. Al momento del tratamiento
en particular lo leeremos y solicitaremos su inclusión. Básicamente se trata de
reducir de un 16 por ciento a un 12 por ciento el pago que se debe realizar por
la deuda previsional que se genera por el decreto 814/2001.
Esta
solicitud que hace la Comisión Federal de Impuestos –reitero‑ tiene
relación con el artículo 58 de la ley de blanqueo o sinceramiento fiscal, a
través de la cual se facilita el pago por parte de las provincias deudoras de
la AFIP a raíz del decreto 814/2001.
El
mencionado artículo 58 contiene una exigencia previa para que las provincias se
acojan al régimen propuesto consistente en comprometerse inexorablemente a
financiar a la AFIP. Obviamente, esto se relaciona con los fallos de la Corte
Suprema en los casos Santa Fe y San Luis relativos tanto al 15 por ciento como
al decreto 1.399/2001, de financiación de la AFIP.
Este
dictamen ha sido firmado por las once provincias ‑entre ellas, Mendoza,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, San
Luis y Catamarca‑, e inclusive lo ha suscripto el representante del
gobierno nacional en la Comisión Federal de Impuestos. Por lo tanto, hay
unanimidad en el criterio de llevar esto adelante. Reitero que existe un
consenso en considerar propuestas de financiamiento para la AFIP de parte de
todas las jurisdicciones, ya sea Nación, provincia o Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, pero las once provincias que deben resolver su cuestión con dicho
organismo no pueden hacerlo por la inexorabilidad que plantea el artículo 58.
La
sanción del presupuesto para 2017 es la oportunidad, eliminando el artículo 22
propuesto e incorporando estos artículos. De lo contrario, las provincias se
verán obligadas a pagar en función del decreto 1.399/2001, que sabemos que es
inconstitucional.
La
incorporación del artículo propuesto por la Comisión Federal de Impuestos
despeja el camino para que provincias y AFIP logren un acuerdo que resuelvan el
modo de financiar este organismo. Es por ello que lo estamos planteando.
El
tercer artículo que propondremos procura romper ‑para ser gráfico y
cortito‑ el cuento de la buena pipa que plantea el pago de la deuda a las
provincias de Santa Fe y San Luis. Este cuento consiste en que si no hay
acuerdo o no lo podemos poner en el presupuesto, entonces no pueden pagar; y si
hay acuerdo, como no está en el presupuesto, tampoco pueden hacerlo. Entonces,
palo porque bogas, palo porque no bogas.
A
los efectos de solucionar este punto proponemos un nuevo artículo 30 que diga
que se autoriza al jefe de Gabinete a modificar las partidas presupuestarias
necesarias a fin de dar cumplimiento a los fallos de la Corte Suprema en los
casos San Luis y Santa Fe. Al momento del tratamiento en particular haremos
mención más detallada de los números de expedientes y demás.
Por
lo expuesto, apoyamos el proyecto en general pero manifestaremos estas
disidencias y haremos los mencionados aportes en el tratamiento en particular.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
López.- Señor presidente: como señaló mi
compañero de bancada Néstor Pitrola, estamos en presencia de un presupuesto de
ajuste, endeudamiento y grandes exenciones impositivas para los grupos
económicos.
Este
presupuesto también se traduce en otros aspectos que voy a describir para
mostrar cómo beneficia a estos grupos económicos. Uno de ellos es el transporte.
En
una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda estuvo presente el
ministro Dietrich, que ‑como ya dije en este recinto‑ ocupó el 90
por ciento de su exposición para mostrar la cantidad de obras que se harían en
función de los grupos exportadores, para que puedan abaratar el costo de sus
fletes. Esto abarca no solo inversiones en ferrocarriles sino también en rutas,
puertos y aeropuertos.
En
esa reunión también denunciamos los enormes negocios que se realizarán con la
obra pública, como por ejemplo el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.
Siguiendo
con el tema del transporte, quiero referirme a algunas cuestiones. La primera
de ellas es la atinente al Ferrocarril Belgrano Cargas. Este es un viejo
reclamo de todos los grupos exportadores, no solo de mi provincia, Salta, sino
de todo el NOA.
El
gobierno ha presupuestado más de 2.200 millones de pesos para reestructurar el
Ferrocarril Belgrano. Esto también está atado a los acuerdos realizados durante
el gobierno anterior con China, a créditos que vendrán desde ese país y también
a los grupos exportadores, que además tienen la intención de agregar más de 5
millones de hectáreas a la producción agropecuaria, violentando incluso los
presupuestos mínimos que establece la Ley de Bosques, iniciativa que ha visto
reducido su presupuesto para 2017 en forma abismal. Con algunas modificaciones
se quiere hacer creer que se habría reparado esta situación.
De
esta forma, esta gran obra se hará a costa del presupuesto que no irá a
infraestructura básica que necesitan, por ejemplo, localidades del norte de la
provincia de Salta o de departamentos tales como Rivadavia, de donde sale una
enorme cantidad de las riquezas de estos grupos exportadores que no pondrán un
peso para estas obras. Mientras tanto esas poblaciones seguirán sufriendo la
desnutrición de los niños y el vaciamiento de la salud pública.
No
estará contemplada una ruta que hemos reclamado en las comisiones y en todas
las discusiones presupuestarias en las que participamos desde que llegamos a
esta Cámara. Me refiero a la ruta nacional 34, en el tramo entre Metán y
Rosario de la Frontera, que tiene un alto índice de accidentes viales y
respecto de la cual no se contempla un presupuesto que haga factible su
realización. Siendo una obra de casi 1.000 millones de pesos, para el año que
viene se han presupuestado 1.900.000 pesos, lo que indica que está
completamente dibujada, como la mayoría de las obras públicas para la provincia
de Salta.
En
términos generales, este proyecto de presupuesto achica el gasto de
mantenimiento de las rutas, en algunos casos en un 38 por ciento, y en otros,
en más de un 60 por ciento, y eleva el gasto para reparaciones y obras en rutas
que están concesionadas a las empresas de peaje, las que han anunciado que van
por la automatización de los peajes, algo que atenta contra los puestos de los
trabajadores de peaje en la Argentina.
Otra
cuestión que tiene que ver con el transporte es el caso de Aerolíneas
Argentinas. En el artículo 17 se otorga un cheque en blanco al gobierno para
que compense el déficit operativo de esta empresa. En la reunión a la que vino
con el ministro Dietrich, la titular de Aerolíneas Argentinas, Isela
Costantini, no nos respondió cuál es su estatus legal. Pensamos que su estatus
legal no es el de una empresa del Estado.
Entonces,
se le va a dar un cheque en blanco, pero no se dice cuánto dinero aportará el
Estado ni para qué. Hoy Aerolíneas Argentinas está siendo vaciada. Hay 400
trabajadores que han sido eliminados mediante retiros voluntarios o
jubilaciones anticipadas, y los salarios han caído sistemáticamente medidos en
dólares. Sobre esa base se ha sostenido esta empresa, que hoy está siendo
atacada. Actualmente el gobierno discute con las empresas de bajo costo, las
que ya están en tratativas con el Ministerio de Trabajo para tener normas
laborales flexibilizadoras. Las empresas de bajo costo, que utilizan precios de
dúmping, van a ser una competencia imposible para Aerolíneas Argentinas. Esto
también lo denuncié en esa reunión sin obtener ningún tipo de respuesta por
parte de quien hoy dirige la empresa.
Otro
aspecto de ajuste en este proyecto se vincula con el presupuesto para la
Secretaría de Derechos Humanos, que recibirá 110 millones de pesos menos,
cuando al mismo tiempo se refuerza el aparato represivo y de espionaje.
Llamativamente, en el mensaje del presupuesto para el año próximo aparece que,
por ejemplo, la Gendarmería va a elevar en un 600 por ciento el presupuesto
asignado para intervenir en misiones de paz en el exterior, algo rarísimo. En
contraposición a lo que dicen, en el sentido de que van a combatir el
narcotráfico y cuidar las fronteras, en realidad van a aumentar las partidas
con esos fines, reforzando el aparato represivo en los barrios.
Por
otra parte, quiero polemizar aquí con los diputados de la provincia de Salta
que pertenecen al bloque justicialista. Estos diputados han salido en los
medios salteños a señalar que en este presupuesto se prevé una mejora en las
obras para la provincia. Quiero decir que están haciendo esto de transmitir
estas promesas -que no sabemos si se cumplirán- para justificar que votan un
presupuesto de ajuste, un presupuesto que prevé mayores partidas para el pago
de los intereses de la deuda que para las universidades, las cuales tendrán un
retroceso en sus ingresos. En efecto, más allá de los cambios introducidos, el
atraso continúa y no se llega a compensar la inflación.
Esos
diputados actúan así para justificar que votarán un presupuesto que ajusta el
área de Ciencia y Técnica. Porque no es que se reforzó el presupuesto en ese
sentido; simplemente se ha recuperado lo que se le había quitado, y tampoco se
compensa la inflación.
Lo
mismo ocurre con el INTA, que tiene un desfase de casi 1.200 millones de pesos
y solamente se le agregaron 300 millones de pesos, que al decir de sus
trabajadores solo alcanzaría para pagar los salarios, pero no habría fondos
para llevar adelante las actividades del instituto.
Lo
dicen también para justificar que están votando el presupuesto que ratifica el
“tarifazo” del gas y de la energía eléctrica, que han aumentado en proporciones
elevadísimas, en contraposición al 17 por ciento que se prevé para los aumentos
salariales del año que viene.
Ese
“tarifazo” beneficiará a las empresas, y en particular a las petroleras, que
son las que tanto en el norte de la provincia de Salta como en el sur del país
están despidiendo masivamente a sus trabajadores.
También
quiero decir que en esta iniciativa se ve algo quizás fuera de lo común: una
disputa política del Frente Renovador con el oficialismo por el intendente de
la ciudad de Salta. Por un lado, le acaban de dar un negocio turístico
entregándole el edificio de “La Palúdica”, y por el otro, un presupuesto que
agregó algunas obras para la ciudad. No cuestionamos esas obras ni la
importancia que puedan tener, pero está claro que el objetivo acá no es
resolver los problemas de la población sino que hay una disputa política por
ese intendente que está coqueteando con el frente gobernante y con el Frente
Renovador, por el cual fue candidato.
En
consonancia con este presupuesto, el gobernador Urtubey también está dentro del
jolgorio del endeudamiento, como dijo mi compañero, el diputado Pitrola. En
efecto, Urtubey ha sido uno de los primeros gobernadores que ha contraído
deuda, con la cual está cubriendo los gastos corrientes de la provincia, y lo
ha hecho a tasas usurarias, de más del 9 por ciento, comprometiendo así el
futuro de la provincia. Se trata de un gobernador que dice que de ninguna
manera hay que eliminar el impuesto a las ganancias sobre el salario porque
ello afectará la coparticipación de la provincia.
Urtubey
quiere sacarles la plata a los trabajadores, pero por ejemplo no reclama por
qué se levantaron las retenciones a las mineras o a los grupos exportadores,
pidiendo que de ahí salga el dinero para la provincia y no del bolsillo de los
trabajadores. Esto es lo que está defendiendo el gobernador Urtubey, en
consonancia con el proyecto de presupuesto que ha presentado el gobierno para
el año próximo.
Para
finalizar, ratifico nuestro dictamen, elaborado en función de los intereses de
la clase obrera y de los trabajadores argentinos. Entre otros puntos
programáticos que contempla nuestro dictamen, como una salida a la situación
que estamos viviendo, planteamos que el salario sea igual al costo de la
canasta familiar; que haya un aumento de emergencia de 6.000 pesos para los
jubilados, que también están abandonados en esta iniciativa, y la abolición del
impuesto a las ganancias sobre salarios y jubilaciones.
En
consecuencia, ratifico nuestro dictamen y anticipo que vamos a rechazar este
presupuesto de ajuste contra la población que ha propuesto el gobierno para el
año que viene y que está en consonancia con los que se vienen presentando
incluso desde el gobierno anterior.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.
Sr.
Franco.- Señora presidenta: desde el bloque
misionerista vamos a acompañar la iniciativa en tratamiento.
Debo
aclarar que hemos vivido una etapa de discusión y de negociación, y en tal
sentido quiero agradecer a todos los diputados que integran la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, pero en especial a su presidente y al señor diputado
Massot, quienes pusieron a nuestra disposición todas las herramientas para que
esto pueda llegar a término y nos pudiéramos poner de acuerdo en distintos
aspectos.
Seguramente
hubo cosas que quedaron sin resolver, pero este es el libre juego de la
democracia. A veces uno pide diez y consigue cinco, o bien, pide diez y
consigue siete. Lo importante es que desde la órbita de mi provincia pudimos
avanzar. Seguramente fuimos duros en algunas discusiones. Hay algunas cosas que
nos quedan pendientes y que queremos discutir, pero pudimos avanzar en la
participación de los aportes del Tesoro Nacional. Nuestra aspiración era que
vayan directo a las provincias, y si bien esto no sucedió, de acuerdo a nuestra
visión en definitiva eso le va a llegar directamente a las provincias, y es muy
bueno.
Debemos
tener en cuenta que desde la compensación de las cajas no se hacen
transferencias en este sentido, y esto tuvo que ver con el fondo de la soja,
que va a mejorar.
Seguramente
habrá otras cosas que se podrán discutir diariamente teniendo en cuenta este
difícil arte de gobernar.
También
planteamos en algún momento lo que tenía que ver con las deudas de las
provincias y la prórroga de los vencimientos. Vemos con satisfacción que en el
artículo 80 esto es tenido en cuenta, por lo que nuestros gobernadores van a
estar un poco más holgados al momento de llevar adelante esa pesada carga de la
deuda que en el caso de nuestra provincia viene de los años 90, cuando llegamos
a deber un presupuesto y medio.
También
peleamos por fuera para lograr un objetivo que constituye un compromiso, y
siempre lo vamos a remarcar. No quisiera que los recursos del Fondo Especial
del Tabaco sean inferiores a 1.200 millones de pesos. Si bien se trata de una
partida especial, creo que este es el ámbito para dejar planteada nuestra
posición.
Vemos
con alegría que se pudo discutir la ley de bosques nativos, que tiene su origen
en 2007. Sin embargo, siempre se la tomaba como un elemento más. Trataba de
compensarse a los que plantaban pinos pero esto no apuntaba al espíritu de la
ley, es decir, a mejorar el bosque nativo y cuidar ese capital de la humanidad
que se llama biodiversidad, y cabe destacar que el 30 por ciento del territorio
de mi provincia es una reserva.
Por
lo tanto, aunque pedíamos más, aplaudimos estas medidas porque esto constituye
un pequeño e importante paso, y ojalá en los futuros presupuestos sigamos
discutiendo la forma de mejorar gradualmente esta situación para llegar a
cumplir definitivamente esta ley. Aclaro que no vamos a rehuir el debate si se
quieren plantear las cosas de otra manera.
También
vemos el caso del INTA. Es cierto que no se contempla la totalidad de su
presupuesto. Esto constituye una preocupación en algunos lugares porque si
hablamos de cuidar el agro y la producción tenemos que saber que el INTA es una
herramienta fundamental y que no es bueno achicar sus recursos. Por eso
acompañamos esta disminución en la quita que se iba a implementar.
También
queremos discutir la regalía de Salto Grande. Nuestra provincia está muy
retrasada en este sentido debido a que desde 2003 no se discuten los montos.
Creo que esta discusión tendrá que llevarse a cabo en este recinto junto con
los hermanos de las provincias de Corrientes y Entre Ríos no solo para ver cómo
vamos a mejorar esta situación sino también para obtener en algún momento una
transferencia directa que tenga en cuenta el federalismo que estamos
discutiendo.
Solicito
que en la planilla respectiva se incluyan los avales por 80 millones de dólares
que mi gobernador ha pedido que se tengan en cuenta en caso de que la provincia
decida tomar deuda. Hasta ahora no están incluidos en la planilla que
corresponde al artículo 44, por lo que solicitamos al presidente de la Comisión
que considere la solicitud del gobernador de la provincia.
Hay
una cosa que nos preocupa y duele, que tiene que ver un poco con la esencia de
lo que hablamos siempre: la educación. El artículo 18 no deja del todo claro
cómo van a ser asignadas las partidas del Fondo Compensador de los docentes a
esas siete provincias que necesitan estos recursos porque no llegaban al piso.
En algún momento se les dio esa compensación para que todos los maestros de la
República Argentina puedan tener el mismo salario, pero hoy en día no nos queda
claro cómo va a aplicarse, a pesar de que vemos que las partidas existen. No se
respeta el criterio FONID. Nosotros pedimos que se aplique porque esto
significa que el salario compensador docente se pague por cargo o por
equivalencia a las horas cátedra, y no por persona, como se planteó que podría
llegar a ser.
No
se trata de incluir más dinero ni de generar una erogación más al Estado
nacional; esto ya está en las distintas partidas y constituirá un gran avance
el hecho de tomar a la educación como una inversión y no como un gasto. Por lo
tanto, nosotros vamos a plantear que se defienda el criterio FONID para este
artículo 18.
Para
finalizar, quiero decir dos cosas. En honor al modo en que siempre he actuado y
siendo coherente conmigo mismo, quiero decir que me tocó ser ministro de dos
grandes gobernadores de mi provincia: Rovira y Closs. Siempre respetamos una
cláusula que venía en el presupuesto desde el año 83: la flexibilidad
presupuestaria.
En
tiempos de inflación, de moneda no fuerte y de globalización dicha cláusula era
necesaria para que los gobernantes pudieran administrar sus presupuestos. Con
el tiempo –y no sé por qué- a la flexibilidad presupuestaria la denominaron
“superpoderes”, lo que da la sensación de que un gobernador podía matar a
cualquiera con esa ley.
¿Saben
qué eran los superpoderes? Que quede bien claro: la posibilidad de moverse
libremente dentro del presupuesto. Es cierto; los diputados somos elegidos por
el pueblo y le corresponde al Congreso Nacional legislar sobre el presupuesto.
Por eso digo que hablo en nombre de mis propias convicciones. El presidente
también es elegido por el pueblo, y aunque yo no coincida con él
ideológicamente, se tomó la decisión sobre la base del respeto a las mayorías y
al cuerpo.
Quiero
dejar sentada mi posición porque de lo contrario estaría yendo para atrás,
teniendo en cuenta lo que defendí todos estos años.
En
otro orden de cosas, a la canciller Malcorra en algún momento le planteamos
cuál era la posición del gobierno respecto al Mercosur. Ella decía que el
Mercosur seguía siendo la bandera insignia de la integración de los pueblos
americanos -entre ellos, Argentina, por supuesto-, sin dejar de observar con
atención otros mercados.
Ahora
vemos con preocupación que esto no se manifiesta en términos financieros porque
no llega el dinero para el Parlamento del Mercosur, institución que se decidió
crear en algún momento y sobre la que empezara a discutir Raúl Alfonsín con
Sarney hace mucho tiempo, pero este objetivo no termina de concretarse. Nos
parece que esta es una asignatura pendiente que también tendríamos que discutir
en este recinto.
Quiero
compartir mi tiempo, señora presidenta, con el diputado Closs, si usted lo
autoriza.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Misiones.
Sr.
Closs.- Señora presidenta: coincido plenamente
con las palabras vertidas por el diputado Franco.
Simplemente
quiero hacer dos reflexiones que tienen que ver con la macroeconomía, y hacen
al presupuesto.
Para
que un presupuesto se cumpla, se tiene que recaudar. Se trata de un cálculo de
ingresos que tiene mucho que ver con la actividad económica, y en rigor de
verdad -lo repetimos varias veces ya en este recinto- nuestra preocupación en
especial como provincia fronteriza y eminentemente exportadora de los sectores
forestal, tabacalero y tealero, es la competencia constante que se vive en el
sector comercial con las vecinas orillas de Brasil y Paraguay y la necesidad de
que tengamos un tipo de cambio que nos haga competitivos.
En
función de las pautas macroeconómicas vertidas en este presupuesto se puede
inferir que es probable que terminemos el año 2017 con un atraso cambiario
superior al al 5 o 10 por ciento al que tenemos en este momento. Probablemente
eso va a continuar influyendo en la recaudación no solo de las provincias sino
también de la Nación. Es decir, se trata de un país con un potencial exportador
de 100.000 millones de dólares que apenas araña los 60.000, y esa es la
proyección que tiene este presupuesto.
Quiero
referirme también, concretamente, al endeudamiento que se está votando. En
rigor de verdad, es difícil de calcular el número, pero dependiendo del tipo de
cambio que tomemos podemos inferir que estamos autorizando a este gobierno a
aumentar el endeudamiento entre 20.000 y 25.000 millones de dólares nuevos. Eso
es lo que entiendo, aunque puedo cometer errores. Esta es una decisión que nos
recuerda viejos tiempos. Por eso quiero simplemente llamar a la reflexión en
cuanto a que toda vez que en la Argentina hubo un tipo de cambio atrasado y un
altísimo endeudamiento, eso no terminó bien. Como ocurre en la inundación,
cuando suceden estas cosas en la economía los que vivimos en la frontera y en
la orilla de los ríos somos los primeros que pagamos los costos.
En
cuanto a la sustitución de deuda, hay que tener cuidado de no caer en un gran
negocio para los sectores financieros concentrados. El gobierno anterior
provocó un fenomenal desendeudamiento y una situación de deuda dentro del
gobierno, es decir, una deuda intraestado. No vaya a ser ahora que esa deuda
intraestado se sustituya para que los sectores financieros terminen ganando
como resultado de esa renta financiera.
Tal
como anticipó el señor diputado Franco, vamos a dar debate, como es la
costumbre en este nuevo tiempo del Congreso Nacional, especialmente en los
artículos 18 y 80, porque son muy concretos.
Para
finalizar, en mi carácter de presidente de la Comisión de Turismo –la señora
presidenta también la integra‑ agradezco que se hayan aumentado los
ingresos para el Ministerio de Turismo de la Nación, al pasar de un 5 a un 7
por ciento el impuesto a los pasajes al exterior. La totalidad de esos recursos
debe ser administrada por ese ministerio.
En
ocasión del gran debate en particular seguramente volveré a hacer uso de la
palabra.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora diputada por Tucumán.
Sra.
Villavicencio.- Señora presidenta: en este debate
del proyecto de ley de presupuesto quiero manifestar mi agradecimiento a los
miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en general, y en especial a los
diputados Pastori, Laspina y Massot, quienes entendieron la situación y defendieron la fuente de trabajo de 140
familias tucumanas. Me refiero al aumento de 40 millones de pesos del
presupuesto previsto inicialmente para la Fundación Miguel Lillo.
Esta
institución, que es un orgullo para los tucumanos, tal vez por desconocimiento
iba a resultar perjudicada presupuestariamente, a punto tal de no poder
continuar con los contratos de investigadores, técnicos y administrativos.
Quiero destacar que se trata de personal con contratos de larga data que no pueden
regularizarse en razón del congelamiento de la planta dispuesto por la
normativa vigente. Por ello, entendiendo la justicia de su planteo, desde el bloque
del Bicentenario hicimos nuestra la defensa de esa fuente laboral. Nos reunimos
con sus directivos, recabamos datos concretos de su funcionamiento que muestran
un correcto equilibrio en sus cuentas ‑en especial en cuanto a gastos en
personal‑ y procuramos sensibilizar a quienes tenían la tarea de adecuar
los números definitivos. Hoy puedo decir satisfecha que lo logramos.
La
Fundación Miguel Lillo no es una fundación en sentido estricto. Se trata de una
persona jurídica de derecho público estatal con carácter de entidad autárquica
dentro del Estado Nacional, creada por la ley 12.935 en el año 1947. Fue creada
sobre la base del legado de ese naturalista autodidacta tucumano que no dudó en
dejar todos sus bienes ‑que incluían su extensa biblioteca, su colección
zoológica y un herbolario de más de 6.000 especies‑ para el uso de toda
la ciudadanía.
Desde
hace más de 80 años esta institución ha mantenido la responsabilidad de formar,
enriquecer y contribuir al cuidado del medioambiente, al incremento de la
vocación científica y a la apropiación social del conocimiento.
La
Fundación Miguel Lillo es una institución líder en América Latina en investigación
biológica, geológica, taxonómica, ecológica y de recursos naturales. Ha
desarrollado una tarea sostenida en la conservación de la naturaleza, anticipándose
a las crisis ambientales que soporta hoy el mundo.
El
personal de la Fundación Lillo participó en los proyectos de creación del Parque
Nacional Aconquija y del parque nacional en la región del Volcán Ojos del
Salado; en la creación de otras áreas protegidas, como los parques nacionales
Baritú y Calilegua, y en la reserva de flora y fauna de Olaroz para la
protección de vicuñas en Jujuy. Su personal también asesoró en diversos
proyectos de protección de la cuenca amazónica.
Los
investigadores de la Fundación Miguel Lillo, convocados por la Cancillería
argentina para asesorar sobre la quinoa, vislumbran un futuro prometedor y
exitoso del cultivo en Egipto, donde buscan extender la superficie dedicada a
la producción, ya que ese vegetal resulta ideal para las condiciones de sequía
y salinización de los suelos egipcios. El proyecto se enmarca dentro del
denominado Fondo Argentino de Cooperación Sur Sur y Triangular ‑FO.AR‑, por medio del cual la
Argentina promueve iniciativas de cooperación técnica con otros países mediante
mecanismos de colaboración y apoyo mutuo.
La
Fundación Miguel Lillo además forma parte del asesoramiento y estudio del Inventario
Nacional de Glaciares, que realiza un relevamiento de la Cordillera de los
Andes argentina, que sentará las bases para definir el estado actual de las
reservas hídricas cordilleranas y su posible impacto en los cambios climáticos
futuros en el marco de la ley 26.639, de preservación de los glaciares.
Hoy
tenemos certeza de la suerte de esas 140 familias tucumanas y de la continuidad
de numerosas investigaciones científicas y de campo que se realizan en esta
institución. Se han garantizado derechos laborales, pero sobre todo el avance
del país en materia científica.
Señora
presidenta: solicito autorización para compartir mi tiempo con el señor
diputado Casañas.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.
Sr.
Casañas.- Señora presidenta: en lo que respecta a
la parte técnica, solicito autorización para insertar mi exposición en el
Diario de Sesiones.
Simplemente
quiero remarcar, después de tantos años de estar en esta Cámara, la forma en
que se trabajó en el estudio de este proyecto de presupuesto. Nos gusten o no
los números finales para nuestras provincias o para las instituciones que hemos
representado, siempre hubo del otro lado gente que defendió una postura y que
muchas veces modificó el plan original.
Después
de los años que estuvo el kirchnerismo en el gobierno, realmente esta es una
grata noticia y marca la evolución que vamos teniendo como país y como
democracia. Es destacable el hecho de que hayan venido cuatro ministros a
exponer y debatir en las comisiones, y que tanto el presidente como los
integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda hayan estado dispuestos al
diálogo y a buscar el consenso.
Obviamente
hay instituciones ‑como el INTA y la Universidad Nacional de Tucumán‑
para las que tratamos de conseguir un presupuesto mayor, pero no logramos todo
lo que quisimos. De todas maneras, estamos conformes, apoyamos este proyecto de
presupuesto y felicitamos a los responsables.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora diputada Buenos Aires.
Sra.
Bregman.- Señora presidenta: no puedo comenzar
esta intervención sobre el presupuesto sin decir que los mismos que hoy se
negaron a discutir sobre las dietas que se cobran en esta Cámara ahora van a
votar un presupuesto de ajuste para las necesidades populares.
El
presupuesto que se debate en esta Cámara es el de mayor endeudamiento de la
historia del país. Jamás la Argentina se endeudó tanto en tan poco tiempo.
Rechazamos
tanto el pago a los fondos buitres como el pago de la ilegal, ilegítima y
fraudulenta deuda externa. Esta no solo es mi opinión, sino que fue lo que
determinó un juez de la Nación. Sin embargo, en este presupuesto se elige
cumplir con el fallo de un juez de Nueva York.
Un
gobierno que se la pasó hablando contra el déficit fiscal, y que incluso lo usó
como excusa para el juste, ahora nos presenta un proyecto de presupuesto que
tiene la mitad de ese déficit compuesto por el pago de la deuda externa.
Estamos hablando de enormes recursos destinados al capital financiero y a los
empresarios, mientras que para los sectores populares solo hay migajas para
salud, educación, ciencia y técnica –uno de los grandes debates‑,
viviendas, el 1 por ciento, con la crisis que sufre el país en ese aspecto,
etcétera. A esto hay que restar, por supuesto, la pérdida que todas estas sumas
tendrán por efecto de la inflación.
Como
se ha hablado tanto, quiero detenerme en un aspecto que prácticamente no se
tocó y que resume con claridad la política del gobierno hacia las necesidades
sociales. Por eso respondo a la pregunta de qué se propone en este presupuesto
para frenar la violencia de género.
En
las últimas semanas el país se conmovió con las movilizaciones que
protagonizamos centenares de miles de mujeres en la ciudad de Buenos Aires y en
todo el país, con un paro y una enorme demostración en esta ciudad, bajo la
lluvia, que tuvo repercusión nacional e internacional. Esa movilización volvió
a mostrar el profundo rechazo social que generan los femicidios y la violencia
machista.
Aquí,
en este recinto, muchos se sintieron preocupados por este tema; otros tantos se
sacaron la foto con el cartel “Ni una menos”. Sin embargo, esas mismas
personas, esos mismos diputados, van a votar un presupuesto que consagra la
hipocresía del gobierno nacional y da la espalda a quienes seguimos exigiendo
que no haya “Ni una menos”.
Para
afrontar la violencia machista se está disponiendo de un presupuesto que ya era
escaso anteriormente, y ahora se reduce en un 8 por ciento, en términos reales,
en relación con el año anterior.
Por
ello quiero referirme a la partida que se asigna al Consejo Nacional de las
Mujeres, del que depende el Plan Nacional de Acción contra la Violencia, que
anunciaron este año su presidenta, Fabiana Túñez, y el señor presidente,
Mauricio Macri. Aunque no aparece claramente identificado, solo figura como
anexo en el último apartado de ese plan, el presupuesto para 2017 asigna al
Consejo Nacional de las Mujeres 750 millones de pesos, casi el mismo
presupuesto que tuvo el año anterior, cuando la situación ya era alarmante y el
gobierno kirchnerista incluso lo subejecutó.
Reiteramos:
la situación es grave. El cálculo en términos reales, es decir, teniendo en
cuenta la inflación del 17 por ciento que estima el Poder Ejecutivo, nos
muestra que el presupuesto que recibirá el Consejo Nacional de las Mujeres será
un 8 por ciento menor que el de 2016. Para este año el consejo destinó 3,85
pesos por cada mujer; para el año 2017 el presupuesto será de 4,43 pesos por
cada mujer para todo el año. Una cifra verdaderamente irrisoria si se compara
con otras áreas. Acá quiero detenerme en una comparación que realmente es
vergonzosa. En el presupuesto de 2016 el gasto por día para prensa y difusión
de actos de gobierno equivale a 17 veces el total del presupuesto diario del
Consejo Nacional de las Mujeres.
Hay
que tener en cuenta estos temas, porque demuestran dónde se ponen las
prioridades. Esa diferencia que denunciamos se aumentará aún más en el
presupuesto para 2017, ya que el año próximo se destinará un 13 por ciento más
a la pauta oficial. Estamos hablando de 2.135 millones de pesos.
Esto
es lo que gastará este gobierno en pintar todo el país de amarillo. Si lo
comparamos con lo que se destina a violencia de género, podríamos hablar de una
verdadera malversación de fondos. Por eso, vuelvo a preguntar sobre un tema que
todavía sigue vigente: ¿se acuerdan cuando eran oposición y se horrorizaban de
lo que el gobierno anterior gastaba en publicidad en “Fútbol para Todos”?
El
plan del gobierno nacional enuncia que recién en tres años se construirán 36
hogares de protección integral, lo que implica poco más de un refugio por
provincia; todavía no se ha determinado dónde se harán. Asimismo, hay que
denunciar que es paupérrima la asignación salarial para el personal que
trabajará en estos lugares. Solo el 11 por ciento del presupuesto del consejo
está destinado a salarios, cuando uno de los principales reclamos que tenemos
las mujeres es la creación de equipos interdisciplinarios para atender a las
víctimas de violencia de género.
Partimos
de muy abajo. Quiero dar otro dato que es contundente. Apenas hay en el país
1.700 camas disponibles para mujeres que hoy necesitan acudir a un refugio.
Otro
dato preocupante es el de las partidas del Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable, que ya viene sufriendo la política de ajuste de este
gobierno, y el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. El presupuesto
recorta estas áreas tan sensibles como son la educación sexual, el programa de
gestión educativa y políticas socioeducativas, y la formación docente. ¿Por qué
esto es tan grave e importante? Porque en la Argentina 300 adolescentes se
convierten en madres cada día, y la enorme mayoría no tuvo derecho a decidir.
Entonces, que se recorte la capacitación para la docencia es promover y
fomentar este problema que hoy ya existe en forma muy grave.
Ya
que nos estamos refiriendo a este punto, aprovecho para denunciar otro
escándalo que ocurrió en estos días en la provincia de Buenos Aires. Mientras
la gobernadora María Eugenia Vidal se negaba a aplicar el protocolo de
interrupción legal de los embarazos no deseados, la propia ONU ‑nada más
ni nada menos‑ acababa de afirmar que la ausencia de estos protocolos en
los hospitales públicos constituía una forma de tortura; sí, una forma de
tortura.
Haya
otro número que quiero mencionar porque aterra y es significativo: se calcula
que en la Argentina muere, víctima de violencia de género, una mujer cada 28
horas; incluso algunos dicen que esto se da cada 26 horas. Entre 2008 y 2015,
2.518 niñas y niños se quedaron sin madre, producto de esta violencia. Más de
la mitad de esas mujeres se encontraba desempleada y dependía económicamente de
su agresor, con el que además convivía. Miren la importancia para evitar estas
muertes, que se destine dinero a los refugios y las mujeres puedan acceder a
una vivienda a bajo costo y a crédito de tasa cero, como propone nuestro plan.
Hoy
uno de cada tres hogares es sostenido por una mujer, y la inflación, los
tarifazos, los despidos, la flexibilización laboral y la pérdida de poder adquisitivo
del salario afecta particularmente a las mujeres.
Hay
muchos proyectos en esta Cámara; hay un plan aprobado incluso en el Senado,
pero a pesar de que lo venimos proponiendo en forma consecutiva en las últimas
dos reuniones de la Comisión de Labor Parlamentaria no hemos podido lograr que
llegue al recinto.
Hemos
presentado un proyecto con mi compañero Nicolás del Caño, y hoy aprovechamos
esta oportunidad para solicitar su tratamiento. Este proyecto propone que el
Estado adopte un plan integral que incluya medidas urgentes, mínimas,
elementales que deberían estar en funcionamiento para garantizar que las
mujeres puedan salir de la situación de violencia en la que se encuentran. No
hay un solo motivo que impida que se vote en el Congreso esa ley de emergencia;
solo la decisión política de aquellos que tienen el poder de hacerlo. Son
proyectos que al menos permitirían un paliativo, ante la barbarie de los
femicidios.
Por
eso decimos que cuando el Estado y los gobiernos de turno se niegan a poner en pie
una red nacional de refugios transitorios, planes de vivienda para las mujeres,
vacían programas existentes y obstaculizan la creación de equipos
interdisciplinarios, son responsables. Son responsables de destinar 4 pesos por
cada mujer y limitarse a distribuir tobilleras y botones antipánico; son
responsables de garantizar a las patronales que las mujeres puedan seguir
siendo la variable de ajuste y flexibilización y cobrando los peores salarios;
son responsables de negarles el patrocinio jurídico gratuito que venimos
reclamando, y las licencias laborales, por violencia de género; son
responsables de condenar a miles de mujeres a la desocupación y a la pobreza.
Ningún
gobierno regaló algo a las mujeres; siempre tuvimos que luchar por nuestros
derechos. Por eso, desde el Frente de Izquierda y esta banca que ocupamos, nos
ponemos a disposición para todas las luchas y reclamos que hoy nos movilizan.
Saludamos
las movilizaciones del 19 de octubre y del 3 de junio, que marcan el camino que
debemos seguir las mujeres para avanzar en nuestros derechos y efectivamente
lograr “Ni una menos”.
Hoy
en este debate decimos que acompañamos el dictamen que presentó el Frente de
Izquierda. Rechazamos este presupuesto de ajuste; rechazamos los superpoderes y
volvemos a decir fervientemente “no al pago de la deuda externa”. (Aplausos en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sra.
Argumedo.- Señora presidenta: aquí se han hecho
alabanzas a la apertura del oficialismo para tener un debate e incorporar
aportes. Es cierto –y lo saludamos‑ que se ha incrementado el presupuesto
para ciencia y tecnología y las universidades. Sin embargo, vemos con
preocupación que en el caso de ARSAT se baja el presupuesto o el capital en un
73 por ciento. Esto estaría hablando de la decisión de privatizar la producción
de satélites, que es una de las áreas que la Argentina ha desarrollado a lo
largo de muchos años y que tiene una consistencia técnica que no debiera
perderse. También nos preocupa la disminución del presupuesto para la
Secretaría de Derechos Humanos. Creemos que estos elementos deberían ser
corregidos.
Por
otra parte queremos hacer nuestra la preocupación de un periódico tan poco
sospechoso como el Financial Times
acerca del endeudamiento de la Argentina. Ese periódico señala: “La deuda de
Argentina compra tiempo pero incrementa los riesgos”.
El
Financial Times está mostrando
preocupación por el hecho de que la Argentina es el país que más se ha
endeudado en el mundo en 2016, junto con Arabia Saudita. Pero hay una
diferencia: Arabia Saudita tiene los yacimientos petroleros más importantes del
mundo y un proyecto para dejar de ser productora de petróleo en 2030 y
transformarse en un polo de creación de tecnologías de avanzada, mientras que
en el caso de la Argentina no se sabe hacia dónde va y encima hay un pequeño
detalle, que es que nosotros pagamos entre cuatro y cinco veces más que Arabia
Saudita de tasas de interés por los empréstitos.
Dado
que estamos en el bicentenario, uno puede tener una mirada histórica de esta
política de un proyecto de país sustentado en la “deuda eterna”. En este
sentido, hay que ver cuáles fueron los cinco gobiernos que más se endeudaron en
estos doscientos años. Primero debemos mencionar el de Bernardino Rivadavia;
todos conocemos la triste historia de la Baring Brothers. Luego debemos citar
el de Miguel Juárez Celman, entre 1886 y 1890, en el siglo pasado. Recordemos
que ese gobierno terminó en la crisis del año 1890, con la Revolución del
Parque y el surgimiento de la Unión Cívica Radical.
Más
adelante tenemos que mencionar al gobierno de Videla, con Martínez de Hoz ‑durante
la dictadura militar‑, que llevó a la crisis de 1981. Y como todo eso no
pudo ser resuelto en el gobierno de Alfonsín, culminó en la hiperinflación de
1989.
También
debemos citar al gobierno de Carlos Menem, con Cavallo, a lo largo de los años
90, que terminó en la crisis de 2001. Y ahora el del macrismo es el quinto
gobierno que se endeuda. Lo que hay que tener en cuenta es que todos terminaron
muy mal y nos llevaron al desastre.
Queremos
llamar la atención sobre lo siguiente: en diciembre de 2015 la deuda era de
148.800 millones de dólares, en agosto de 2016 subió a 187.500 millones de dólares,
y con la emisión de bonos prevista para 2017 llegaría a 234.155 millones de
dólares, es decir que en dos años hubo un incremento en moneda extranjera del
60 por ciento. Esto es verdaderamente peligroso.
Según
el proyecto de presupuesto, las amortizaciones de deuda para 2017 suman
alrededor de 58.200 millones de dólares, según el tipo de cambio previsto de
17,9 pesos. El tema es que la totalidad de estos vencimientos tienden a
cancelarse con nuevas deudas, ya sea por novación de acreedores y/o por terceros,
y además se toma una deuda adicional de 38.200 millones, con la perspectiva de
llegar a un total de 96.400 millones.
Además
se incrementa la deuda intraestado, básicamente por las transferencias del
Banco Central y de la ANSES, poniendo en serio riesgo el sistema previsional de
la Argentina, al que se le han estado sacando fondos sistemáticamente para
pagar deuda en dólares y se le dan bonos en pesos que se van devaluando.
Pero
aun antes de llegar a los 90.000 millones de dólares de nueva deuda, el pago de
servicios e intereses de la deuda representa el 10,5 por ciento del gasto
público total, que a su vez es el 20,5 por ciento del gasto de la
administración central: 247.600 millones de pesos, que es el doble del
presupuesto en educación, cuatro veces más que el gasto en salud y el doble del
gasto en desarrollo social.
Este
es el modelo que estamos diseñando. Entramos nuevamente en la lógica de la
deuda perversa, la “deuda eterna”. Es decir, se toma más deuda para pagar los
intereses; va creciendo el nivel de los montos de intereses, lo cual nos obliga
a tomar más deuda, y esto nos va llevando al precipicio.
Si
sacamos la cuenta, en estos 30 años de democracia pagamos 450.000 millones de
dólares. Además, estamos hablando de una deuda respecto de la cual muchas veces
se demostró que era absolutamente fraudulenta, no solo por la estatización de
la deuda privada –pues se estatizó deuda de bancos privados, que además eran
nuestros acreedores‑ sino por el comportamiento de los acreedores.
A
eso hay que agregar la presión para las privatizaciones, el Plan Brady y
compañía. En el caso de YPF y Gas del Estado se perdieron unos 350.000 millones
de dólares. A esto debemos agregar la privatización y destrucción de la flota
mercante y la flota fluvial, por lo cual pagamos 5.000 millones de dólares
anuales por fletes.
Solo
en esos tres aspectos, considerando la destrucción de la flota mercante y la
flota naval como parte de esa política de privatizaciones, estamos hablando de
100.000 millones de dólares más en estos veintitantos años. Estamos hablando de
una pérdida de este país de 900.000 millones de dólares en estos 30 años de
democracia solo en estos tres rubros.
Además,
no nos podemos quedar tranquilos si vemos que los acreedores volverán a ser los
viejos conocidos, es decir, el Citibank‑Santander, el Deutsche Bank –con
los problemas que está teniendo últimamente‑ y el JP Morgan, entre otros.
A
su vez, estamos presenciando que gran parte de la lluvia de dólares que han
llegado e ingresado a las reservas del Banco Central se debe a que se están
colocando, por una parte, bonos en dólares a diez años, pero a su vez las
reservas han subido por este endeudamiento pero sobre todo porque se ha
reimplantado la bicicleta financiera. Es decir, se paga un 26 por ciento en
pesos, pero en la medida en que el dólar está estancado se cambian esos pesos y
se vuelven a comprar dólares, y esto significa una ganancia en dólares no menor
al 20 por ciento anual, mientras que el pago de intereses en Estados Unidos es
del 0,45 por ciento anual. En ninguna parte del planeta el capital financiero
especulativo puede sacar la rentabilidad que está sacando en nuestro país. Esto
ya lo hemos conocido con Martínez de Hoz y sabemos hacia dónde nos lleva.
Hablo
de esto porque me da la sensación de que con este presupuesto el Poder
Ejecutivo no se plantea la elección de un proyecto de país, sino que se deja
llevar dulcemente por las leyes del mercado y la globalización neoliberal. Pero
debemos tener en cuenta que después de veinticinco años la globalización
neoliberal ha generado condiciones críticas a nivel mundial, en especial en el
sector occidental. Fíjense ustedes que la crisis que se arrastra desde 2008 y
que no pudo ser revertida es esencialmente una crisis de sobreproducción por
carencia de demanda.
El
Banco Mundial nos dice que hay 2.800 millones de personas en el mundo que viven
con menos de 2 dólares; esa cifra representa el 47 por ciento de la población
mundial. Si nosotros proyectamos las personas que viven con menos de 5 dólares
–en la Argentina se calculan 6 dólares, pero como el dólar está planchado se
puede llevar a 5‑, está entre el 75 y el 80 por ciento de la población
mundial. Es por esto
que se retrasa la demanda, que cae el consumo y que hay una lógica absolutamente
suicida motorizada por la voracidad de las corporaciones y bancos. ¿Por qué?
Porque al mejor estilo neoliberal, lo que se plantea es que hay que bajar el
costo de los productos hasta que encuentren su demanda.
¿Cómo
se baja el costo de los productos? Bajando el costo laboral. Por lo tanto, la
lógica lleva a un incremento de la desocupación y, consecuentemente, de la
pobreza. Entonces, hay una exacerbación de la crisis.
La
cuestión es que nosotros estamos dando todos los pasos requeridos para entrar
en la Alianza del Pacífico y el Acuerdo Transpacífico, en los mismos momentos
en que estos tratados de libre comercio a ultranza están haciendo crisis en
Estados Unidos, en Alemania y en Inglaterra. ¿O es que no se dan cuenta de que
uno de los problemas de Hillary Clinton y del crecimiento de la popularidad de
Donald Trump fue precisamente el entusiasmo con que Hillary Clinton impulsaba
el Acuerdo Transpacífico, que tuvo gravísimas consecuencias sociales en los
Estados Unidos?
Llamo
la atención en este sentido porque creo que acá debiéramos comenzar a buscar un
consenso acerca de hacia dónde va este país. Ello, definido en términos de
acuerdos y consensos políticos y no por la lógica empresarial de las
corporaciones y de los bancos que guiaron la globalización neoliberal, cuyas
consecuencias están sufriendo, incluso, los países centrales.
Si
esto ha generado problemas en Estados Unidos, en Inglaterra y en Alemania,
imagínense los que podrían generarnos a nosotros. (Aplausos en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- A continuación, compartirán su tiempo de doce minutos los
señores diputados Remo Carlotto y Araceli Ferreyra.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Carlotto.- Señora presidenta: voy a referirme
específicamente a un punto específico del proyecto de presupuesto, que tiene
que ver con los recursos vinculados al funcionamiento de la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación.
Nosotros
solicitamos a Abuelas de Plaza de Mayo, interpretando las inquietudes del
conjunto de los organismos de derechos humanos, su opinión con respecto al
presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo. Allí daban cuenta –ya lo han
expresado aquí otros señores diputados- de la poda de más de 190 millones del
presupuesto correspondiente a esa área en el gobierno nacional. Esto es
realmente un factor de preocupación.
En
este sentido, nosotros consideramos –y ha sido ratificado por este Congreso en
dos oportunidades- que los juicios por delitos de lesa humanidad son una
política de Estado, y esto no está siendo reflejado en el presupuesto nacional
de la manera en que está plasmado. Hemos visto que en el dictamen aparece un
aumento de 25 millones al presupuesto pautado para la Secretaría de Derechos
Humanos, y estamos requiriendo duplicar ese monto, es decir, llevarlo a 50
millones.
Solicitamos
que estos recursos, estos 50 millones de pesos, sean afectados a dos áreas
específicas de la Secretaría de Derechos Humanos: al Área de Fortalecimiento de
Procesos Judiciales contra Delitos de Lesa Humanidad –o sea, el sostenimiento
de las querellas en todo el país en las causas que se sustancian por crímenes
de lesa humanidad-, y a la preservación del Archivo Nacional de la Memoria.
Estos
50 millones de pesos garantizarían la continuidad de lo que es una política de
Estado, una política pública y un compromiso del Estado argentino ante la
comunidad internacional para perseguir y sancionar a los responsables de
crímenes de lesa humanidad.
Por
otra parte, hoy se cumplen cuarenta años de un hecho que ha marcado a la Argentina
definitivamente, fundamentalmente en lo vinculado con la concentración de
medios de comunicación y la constitución de oligopolios informativos que han
determinado claramente su incidencia en el desarrollo de las políticas
públicas. No puedo dejar de hacer mención a esto.
Hace
cuarenta años se producía la apropiación de Papel Prensa por parte del Grupo
Clarín y de “La Nación”, a partir de la tortura de quienes eran los legítimos
propietarios de esa empresa, y al día de hoy seguimos exigiendo justicia. De
allí la importancia del financiamiento de estas querellas, para que causas como
la de Papel Prensa lleguen definitivamente a tener un juzgamiento concreto en
el marco de la comisión de crímenes de lesa humanidad.
Por
eso consideramos que las políticas en materia de derechos humanos no son una
opción: son una obligación del Estado nacional. De la misma manera, y sin
entrar en ningún tipo de adjetivaciones sobre las políticas que llevan adelante
algunos gobiernos provinciales, decimos que la detención de Milagro Sala es de
carácter arbitrario, como correctamente lo ha planteado Naciones Unidas.
Para
nosotros la cuestión no se trata de una opción o de un prejuzgamiento de
carácter político que se puede hacer en este recinto. Es obligación del Estado
nacional en el marco de sus compromisos asumidos e incorporados a la
constitución Nacional resolver prontamente la liberación de Milagro Sala en el
marco del pronunciamiento que tuvo el área vinculada a detenciones arbitrarias
de Naciones Unidas. (Aplausos en las
bancas.)
Por
eso, reiteramos, solicitamos que se duplique el monto asignado de 25 a 50
millones de pesos, y que sea destinado específicamente al sostenimiento de las
querellas por crímenes de lesa humanidad y a la preservación del Archivo
Nacional de la Memoria, que es parte de la memoria colectiva –como lo ha
expresado Abuelas de Plaza de Mayo en su carta- y fundamental para la
sustanciación de los juicios por crímenes de lesa humanidad.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora diputada por Corrientes.
Sra.
Ferreyra.- Señora presidenta: he estado
escuchando desde distintas bancadas alertar sobre el riesgo que implica este
presupuesto en muchos sentidos, pero particularmente quisiera contarles lo que
pasó en Corrientes allá por el año 1999.
Corrientes
vivió el segundo “correntinazo”. Estalló literalmente nuestra provincia. El hoy
senador por Cambiemos y presidente de ese bloque en el Senado, Braillard
Poccard, fue destituido en medio de uno de los procesos por híper corrupción,
pero sobre todo porque durante cinco meses no se pagaron los sueldos a la mayor
parte de la administración pública. ¿Por qué sucedió eso? Porque por cada peso
que ingresaba a la provincia por coparticipación era captado para pagar la
deuda externa. Esto va a terminar del mismo modo si no ponemos un freno a
tiempo.
De
las muchas promesas incumplidas del gobierno de Cambiemos, hubo una que se
verificó: vino la lluvia de dólares, solo que lo hizo hacia la timba
financiera. Esos dólares no fueron al sector productivo ni a ninguno de los que
la sociedad necesita.
Desde
el Banco Central se ha promovido una política de combatir la inflación a costa
del consumo, pero sobre todo facilitando –como bien decían otros diputados- la
timba financiera, y sabemos cómo termina eso: lo pagan los argentinos.
Los
mismos que hicieron estallar el país en dos años, entre 2000 y 2001, son los
que hoy fijan la política monetaria de este gobierno.
Acá
algunos se asustan y hablan de Milagro Sala, pero les voy a decir que
“Stwarzenegger” –y lo estoy diciendo bien, no me equivoco el apellido- es un
“exterminator” del pueblo argentino por lo que está haciendo; es un
“exterminator” de las pymes; un “exterminator” de los trabajadores. Está
haciendo acá una bicicleta financiera como la que hubo en 2001.
Hoy
tenemos un nivel de endeudamiento que supera el del Megacanje y el del blindaje
financiero llevado a cabo por la Alianza. Esa es la desgracia más grande que
tuvo el pueblo argentino y que durante muchas generaciones nos hipotecó el
futuro. Al día de hoy seguimos pagando las consecuencias de ese carnaval
licencioso.
Suelen
enojarse y reclamarnos por qué nos oponemos o decimos tales o cuales cosas.
Pero, con la misma convicción, a principio de año les dijimos que el tarifazo
era inviable, impagable y que iba a destruir a los consumidores, a los sectores
productivos y a las pymes. Hubo pymes que denunciaban que tenían que pagar más
por el servicio eléctrico o de gas que por la nómina de personal que tenían.
También dijimos que eran necesarias las audiencias públicas; sin embargo, las
llevaron a cabo en lugares rodeados de vallas y gendarmes. Esto fue así porque
como acá no se toman medidas populares, tienen que acudir a la represión, como
la que se vivió ayer en la provincia de Jujuy contra personas que simplemente
estaban tratando de ganarse el sustento con dignidad.
Todo
esto lo dijimos. Nosotros sostuvimos que el tarifazo no iba a andar y que las
empresas necesitaban invertir en vez de sufrir tarifazos que son record en el mundo.
Pero no nos escucharon y terminamos como terminamos.
Alguien
habló del tema de los conflictos de intereses. Si no me equivoco, fue el señor
diputado Lusquiños. Claro que no apoyamos el artículo 15 porque aquí hay un
conflicto de intereses. La empresa del amigo del presidente sigue ganando miles
de millones de pesos y no se le pide que invierta. El señor Nicolás Caputo, que
es uno de los accionistas mayoritarios de Edesur, el año pasado tuvo ganancias
por 1.700 millones, pero no quiere invertir y encima se le va a condonar las
deudas con Cammesa. Cabe señalar que estas deudas son pagadas a través de este
sistema perverso por el que, por un lado, nos endeudamos para sostener la timba
financiera y, por el otro, tenemos un presupuesto que es recesivo y recauda
sobre los sectores populares. En este sentido, baja el impuesto a los ricos ‑por
medio de leyes votadas por este Congreso una y otra vez‑ a la vez que
exime a la megaminería.
Aprovecho
para decirle al señor presidente que si le preocupa que Aerolíneas tenga un
gasto por dos jardines maternales por semana, con lo que él les regaló a las
minerías podríamos construir seis hospitales de alta complejidad por mes en
cada una de nuestras provincias. Lo que sucede es que en algunos balances ganan
unos y pierden otros. Este es un presupuesto hecho por ricos para ricos.
En
el día de hoy el Senado sancionó la emergencia social. Ese bono que nos están
dando no alcanza para comprar ni un pan dulce y, mucho menos, para sostener el
consumo al que estábamos acostumbrados. Hay millones de argentinos que se están
quedando sin trabajo y sin la posibilidad de comprar un litro de leche o de
sostener la comida diaria de su casa. Pedimos la emergencia social, pedimos el
salario social complementario y pedimos que se forme un consejo consultivo
porque no puede ser que los CEO de las grandes empresas, que nunca pasaron frío
y que siempre estuvieron en cuna de oro, sean los que definan las políticas
para los sectores más postergados.
Por
estas razones y por las que van a dar cada uno de los integrantes de nuestro
bloque es que vamos a votar en contra de este proyecto de presupuesto. O se
corta este ciclo de endeudamiento o el país va a terminar como lo hizo la
provincia de Corrientes. Pero sepan que cuando esas cosas pasan, el pueblo se
levanta en defensa de sus derechos y no hay quién lo pare.
Nosotros
pedimos las dos cosas: que no se avance con este presupuesto recesivo de
endeudamiento que eliminó impuestos a los ricos y que se acompañe la sanción de
la emergencia social que acaba de dar el Senado. De lo contrario, en estas
fiestas algunos van a estar celebrando mientras la inmensa mayoría del pueblo
argentino no va a poder tener un mísero regalo debajo del arbolito de Navidad
ni tendrá con qué sostener la mesa navideña.
¡Por
una Navidad para todos en condiciones de igualdad y felicidad y por una Navidad
sin presos políticos! (Aplausos en las
bancas.)
Sra.
Presienta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Santiago del Estero.
Sr.
Oliva.- Señora presidenta: venimos una vez más a
abordar el tratamiento de un nuevo presupuesto para el ejercicio, en este caso,
del año 2017. Como ocurre año tras año, hay legisladores de diferentes
provincias que formulan sus planteos, sus observaciones y sus análisis desde el
punto de vista de la macroeconomía. Algunos otros lo harán desde la
problemática de determinado sector en particular o desde alguna región, y otros
nos abocamos a analizar las planillas de las obras proyectadas para ese período
en particular a fin de establecer si satisfacen las expectativas de nuestras
provincias. De hecho, así se ha expresado a lo largo de este debate y así se
continuará haciéndolo en toda esta sesión.
Yo
quisiera hablar desde otro aspecto que involucra no solamente este proyecto en
tratamiento, sino también los sucesivos proyectos que deberá enviar el Poder
Ejecutivo a lo largo de su gestión por mandato constitucional. Voy a referirme
a algunas cuestiones centrales, a partir de la experiencia y de la historia de
las provincias del norte del país, relacionadas con el rol que vamos a
asignarle al Estado en el desarrollo de la economía.
Esta
no es una cuestión caprichosa ni sale del contexto en el que nos encontramos,
sino que tiene mucho que ver con él. Tal vez la plantee a modo de exhortación o
de advertencia para todas las fuerzas políticas en general, pero tiene que ver
con el rol del Estado. Legítimamente algunos conciben un Estado expectante, si
se quiere, de la economía, y otros, como nosotros, sostenemos y adherimos a un
Estado fuerte y absolutamente presente en el desarrollo de la economía y en
aquellas cuestiones que tienen que ver con atender a los sectores más
desprotegidos y vulnerables.
Esto
no es por casualidad. Estamos hablando de la experiencia y de la historia
reciente. Como legislador representante de la provincia de Santiago del Estero
quiero decir que hace más de una década, cuando se implementaron determinadas
políticas y diseños económicos, nos fue muy mal a los argentinos y a las
provincias del norte del país. Se destruyó prácticamente el aparato productivo,
se deterioró notablemente el tejido social con miles y miles de despidos y
cundió la desesperanza. La expectativa mayor que podía tener cualquier joven
era irse de su provincia en busca de mejores horizontes.
Podemos
discutir en más o en menos, pero creo que la historia nos indica y nos ordena
que debe existir un Estado absolutamente presente en las cuestiones centrales,
tratando siempre de brindar igualdad de oportunidades para todos. Nosotros
soñamos con un país que le brinde a cualquier niño, de cualquier provincia, del
lugar más alejado de los centros urbanos, las mismas oportunidades para
educarse que a los que viven en un centro poblado o en las grandes ciudades.
También queremos que un empresario que tenga radicado su emprendimiento en
lugares alejados pueda gozar de las mismas oportunidades.
Pero
esto no ocurre cuando desde el Estado se deja librada la economía a las
empresas o a los sectores privados, porque la atención y los intereses están
focalizados en otros aspectos que nada tienen que ver con el interés general,
sino que se vuelcan sobre los intereses particulares.
En
los últimos años, muchas provincias hemos experimentado un crecimiento
diametralmente opuesto al de aquellas épocas en las que la desesperanza era la
moneda corriente y en las que muchas veces veíamos pasar el tren de la
historia; mientras otras provincias importantes crecían, las más postergadas se
postergaban cada vez más. Ello, producto de este modelo de país –no olvidemos‑
en el que hubo hasta ministros de Economía que pensaron en fusionar algunas
provincias y hacerlas desaparecer como tales con el solo objeto o pretexto de
ahorrar recursos económicos en detrimento de la calidad institucional del país.
En
esta instancia venimos a plantear una cuestión que para nosotros es central:
todas aquellas cuestiones que tengan que ver con acompañar a los sectores más
vulnerables y a las provincias que más lo necesitan deben tener un Estado
presente. Nosotros creemos que algunas cuestiones que deben ser tomadas como
una verdadera inversión son las que hacen a la educación y a los recursos
destinados a la promoción de nuevos emprendimientos industriales que generen
mano de obra genuina. De esta manera serán cada vez menos los argentinos que
carezcan de cobertura o atención de cualquier naturaleza.
Como
resultado del proceso democrático hoy nos toca el rol de ser oposición, pero
queremos ejercer ese papel en forma responsable y jamás dejaríamos al gobierno
sin presupuesto. Vamos a acompañar en general el proyecto y plantearemos
algunas modificaciones en el tratamiento en particular.
Entendemos
que es muy importante, y lo quiero resaltar, el trabajo que se ha realizado a
la hora de considerar el proyecto en comisión, la receptividad que ha existido
de parte de los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y de sus
autoridades, y el trabajo de los diferentes bloques, tanto del oficialismo como
de la oposición, a partir de los importantes aportes que se han formulado. Se
ha realizado un gran trabajo y algunos aportes han sido recibidos y otros no
pudieron concretarse, pero esto es parte de la labor legislativa. Es importante
resaltar esta situación.
Otra
cuestión positiva es la corrección introducida al proyecto original del Poder
Ejecutivo sobre la asignación presupuestaria en materia de ciencia y
tecnología. Creemos que una reducción en esta cuestión no es una medida
acertada, por lo que esta modificación enriquece al presupuesto.
Con
respecto a los parlamentarios del Mercosur quiero dejar planteado algo que ya
han mencionado otros legisladores. Me parece que en el tratamiento en
particular esto debe ser corregido para dar cumplimiento al fallo de la Cámara
Nacional Electoral. Deben agregarse las partidas necesarias a fin de contemplar
estas erogaciones.
Por
estas consideraciones y exhortaciones desde una visión del interior del país,
quiero adelantar que vamos a acompañar este proyecto de ley en general, sin
perjuicio de las propuestas que en la consideración en particular podamos plantear.
(Aplausos en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Para finalizar con los tiempos asignados a los bloques y luego
comenzar con los individuales, tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
Sr.
Poggi.- Señora presidenta: voy a ser breve.
En
primer lugar, quiero adelantar nuestro acompañamiento en general al proyecto de
ley porque es la herramienta que necesita el Poder Ejecutivo para gobernar. En
la discusión en particular daremos matices y visiones diferentes.
A
su vez, celebro algo muy importante para la República, para la división de
poderes y para este Congreso: ponerle límites precisos y concretos a las
facultades del jefe de Gabinete para redistribuir el presupuesto.
Piensen
que el jefe de Gabinete de Ministros hasta la actualidad podía cambiar hasta el
ciento por ciento del presupuesto con una decisión administrativa. Esto
desnaturalizaba toda la tarea legislativa y la competencia de este Congreso en
la materia.
Creo
que el paso que estamos dando al acotar o precisar un porcentaje del
presupuesto es fundamental; a pesar de esto tendrá cierta flexibilidad, pero no
tendrá la facultad de alterar todo el presupuesto por medio de una decisión
administrativa. Desde lo institucional, desde el rol de nuestro Congreso, esto
es algo muy importante.
También
celebro cómo se ha enriquecido el presupuesto con el aporte de los diferentes
bloques. Esto también es muy importante. Me parece que es más federal y que se
han incorporado controles que no estaban previstos en la versión original. Por
supuesto, queda mucho por hacer en materia de federalismo y de controles.
Tal
cual como sucede con esta ley de leyes, los presupuestos provinciales y
municipales deberían ir tendiendo gradualmente a ser normales. Un presupuesto
normal es el que maneja un buen jefe de familia, que no gasta más de lo que le
ingresa, que cuando le sobra un peso lo ahorra para volcarlo a su economía
familiar ante un imprevisto o una pequeña inversión, que no se endeuda para
financiar una fiesta.
El
presupuesto que hoy estamos considerando tiene un déficit de 500 mil millones
de pesos, es casi inflexible. Esto hay que financiarlo con deuda, tal como lo
propone este gobierno, o con emisión. El problema no es la emisión ni la deuda
sino el déficit estructural que tenemos.
La
tendencia en camino, me parece, es ir cobrando bien los impuestos donde hay que
percibirlos e ir eliminando gastos superfluos e improductivos que no suman a la
economía social y al desarrollo productivo para ir equilibrando el presupuesto.
Hay que fijarse ese objetivo a mediano y largo plazo. De lo contrario, deja de
ser sustentable.
Solo
un presupuesto sustentable nos da independencia económica, soberanía política
y aporta a la justicia social.
Celebro
desde la provincia de San Luis que por primera vez aparezca en el proyecto de
ley de presupuesto consignado el 15 por ciento de la precoparticipación para
2017 para la provincia de San Luis que ganó un juicio sobre este tema. En el
año en curso ya lo está percibiendo, pero es la primera vez que aparece consignado
en el presupuesto y nos da una gran alegría.
Adhiero
a lo mencionado por el diputado preopinante de la provincia de San Luis,
Lusquiños, en el sentido de que habría que incorporar en el tratamiento en
particular algún artículo transitorio que prevea esa situación para la deuda
vieja, anterior a la fecha de la sentencia, noviembre del año pasado, y una vez
llegado el acuerdo entre el gobierno nacional y la provincia se faculte al
Poder Ejecutivo a llevar adelante el cumplimiento en ese aspecto. Se podría
elaborar algún artículo de excepción en este proyecto de ley.
También
festejo como contraparte, estoy hablando a su vez de la provincia de San Luis,
que aparezcan consignados los presupuestos de las dos nuevas y jóvenes
universidades: la de Villa Mercedes y la Universidad Nacional de Comechingones.
Si bien son presupuestos casi fundacionales, las van ayudando a comenzar a
marchar.
Por
otro lado, celebro algo que hace muchos años no veía en un presupuesto
nacional: obras públicas relevantes para mi provincia. Veo que se han
consignado dos obras que son muy importantes para San Luis, un embalse, el
dique sobre el río Quines, y el Acueducto del Este, que lleva el agua desde el
centro de San Luis hacia el sur. En nuestra provincia el agua no sobra. Por el
contrario, falta, entonces hay que embalsarla cuando vienen las “creces”, como
dicen los baqueanos, para luego redistribuirlas a través de redes de
acueductos. Estas dos obras por casi 10 mil millones de pesos se van a ejecutar
a través de un presupuesto plurianual en tres o cuatro años. Incorporar en la
agenda del presupuesto nacional la ejecución de esas dos grandes obras es una
muy buena noticia para mi provincia. Esto no lo he visto en los últimos quince
años en los presupuestos nacionales.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Con las palabras del diputado preopinante han finalizado los
tiempos asignados a los bloques. Comenzamos los tiempos individuales.
Tiene
la palabra la diputada por Buenos Aires.
Sra.
González (G.E.).- Señora presidenta: la verdad
que para mí es un honor estar defendiendo este proyecto de presupuesto nacional
para el ejercicio 2017 que envió el Poder Ejecutivo.
En
este tratamiento de la ley de leyes veo que empiezan a darse los cambios que la
gente reclamaba y que votó el año pasado. Puedo decir con orgullo que este es
un presupuesto nacional, federal y democrático. Más aún, quiero destacar las
cualidades que tiene, y más teniendo presente mi experiencia como diputada por
siete años. Durante este tiempo he sido testigo de prácticas legislativas bien
distintas a las que he vivido en esta ocasión.
Este
es un presupuesto que respeta la división de poderes, y esto lo digo porque la
verdad es que han venido ministros, secretarios y funcionarios de todas las
áreas a presentar sus previsiones presupuestarias. Han contestado todas las
preguntas de los diferentes bloques, y eso ha demostrado el enorme respeto que
tiene el Poder Ejecutivo hacia el Poder Legislativo. Durante muchos años como
diputada de la oposición me he sentido realmente ninguneada, por lo que esto
que digo lo considero realmente de valor.
Es
un presupuesto real, creíble, que sincera los números, así como hemos sincerado
las estadísticas sociales y económicas en nuestro país. Es un presupuesto
basado en una realidad, no en un relato. Es un presupuesto orientado
principalmente a lo social. El 64 por ciento del presupuesto está destinado a
servicios sociales, seguridad social, salud, vivienda y educación.
Hay
un aumento de la inversión, fundamentalmente en lo que es estructura social
básica para hacer frente a las obras de agua potable y de cloacas. En la
Argentina, lamentablemente, tenemos más del 30 por ciento de la población sin
red cloacal.
Es
un presupuesto de consenso, y en esto también he sido testigo de un presupuesto
que venía como un libro cerrado, donde la oposición no podía participar
debatiendo o incorporando modificaciones, por más constructivas que fueran. Y
hoy tenemos un presupuesto de un oficialismo que escucha, que incorpora y que
considera valiosa la opinión de los bloques, que se construye entre todos, lo
que es un valor para una nueva Argentina.
Es
un presupuesto federal. Escuchaba a los diputados que recién hablaban de las
diferentes provincias y también me da orgullo formar parte de este oficialismo,
porque son provincias que están reconociendo que la distribución es más
equitativa.
Como
diputada de la provincia de Buenos Aires debo decir que agradezco especialmente
esa distribución más equitativa. Pero no quiero dejar de aprovechar esta
oportunidad para sumarme a reclamos que ha hecho mi gobernadora, María Eugenia
Vidal, respecto de la coparticipación que merece la provincia de Buenos Aires.
Quiero
dejarlo sentado en esta oportunidad como parte del reclamo que incluso la
propia gobernadora hizo viniendo a esta propia casa, porque los bonaerenses no
podemos estar supeditados a la voluntad política del presidente de turno o
apelar a la buena relación que tiene el presidente con la gobernadora.
Hay
que devolver la coparticipación a la provincia y actualizar el fondo del
conurbano, y esto tiene que ser por ley. Ustedes saben que en mi provincia vive
el 38 por ciento de la población argentina, que aporta el 37 por ciento de la
recaudación nacional, pero solo recibe el 18 por ciento por coparticipación.
Hay
650 millones congelados del Fondo del Conurbano, mientras otras provincias,
como Santa Fe o Córdoba, reciben más de 7.000 millones, y Salta, Chaco o
Tucumán, más de 4.000 millones.
La
provincia de Buenos Aires debería recibir 50.000 millones si realmente se
respetara el 10 por ciento que se piensa recaudar con el impuesto a las
ganancias. Y si fuésemos considerados e incluidos en el Fondo de Infraestructura
Social Básica, otros 7.000 millones.
Imagínense
lo que para nosotros los bonaerenses significarían esos fondos para poder
enfrentar la enorme deuda social que tenemos en la provincia de Buenos Aires,
los enormes problemas estructurales y poder mejorar nuestros 77 hospitales,
además de nuestras escuelas. Hay que repavimentar más de 10.000 kilómetros de
rutas y caminos, hay que intervenir nuestras 56 cuencas con obras hidráulicas
para evitar inundaciones. Hay que modernizar un Estado que es bobo, que está
obsoleto, porque los tiempos administrativos en muchos casos cuestan vidas.
Cuando
María Eugenia Vidal llegó a la provincia encontró más de mil pacientes que
habían estado esperando durante medio año medicamentos oncológicos. Encontró
una nula capacidad para enfrentarse a una emergencia de salud, una emergencia
frente a catástrofes, y entre otras tantas cosas, encontró a 100.000 agentes de
policía con solo 29.000 chalecos, que debían turnarse para usarlos. Encontró
una provincia de Buenos Aires quebrada, una provincia –como dice María Eugenia‑
que duele.
Por
eso no quería dejar de aprovechar esta oportunidad para reclamar la
coparticipación que la provincia necesita, la actualización de los fondos del
conurbano, para que se deje de discriminar a los vecinos de la provincia de
Buenos Aires, que son más de 15 millones de personas que merecen que trabajemos
para mejorarle la calidad de vida. (Aplausos
en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora diputada por San Juan.
Sra.
Castro.- Señora presidenta: voy a hacer hincapié
en los temas de ciencia y tecnología porque presido esa comisión.
En
la página 41 del mensaje que el presidente de la Nación nos envía dice que
“continuaremos fortaleciendo las políticas de innovación productiva y
sustentable con el objetivo de incrementar la competitividad de nuestra
economía como la calidad de vida de los argentinos. En esta dirección,
buscaremos aumentar la transferencia de tecnología al sector productivo y
social, así como fortalecer el sistema científico tecnológico”.
Sin
embargo, en el proyecto original ‑porque es sabido que afortunadamente ha
habido modificaciones, aunque no todas alcancen lo esperado y lo necesario‑
para la función ciencia y tecnología se establecían 13.956 millones, lo que da
el resultado más bajo desde la creación del ministerio para el área, quedando
así en un 0,59.
Esto
despertó la necesidad de trabajar muy fuertemente en este presupuesto y la
preocupación de las organizaciones de todo el sistema científico tecnológico.
Esto que tengo aquí, y que vamos a pedir que se inserte en el Diario de
Sesiones, son los innumerables reclamos que también se los hicimos llegar al
presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que van desde los
trabajadores del INTA pasando por la Academia Nacional de Ciencias, que envió
una carta al presidente de la Nación, los
miembros del Conicet, los miembros del Cofecyt, las distintas universidades y
el colectivo por la defensa de la educación universitaria pública, gratuita y
de la ciencia. Son cientos y cientos de preocupaciones.
Las
políticas de ciencia y tecnología, a diferencia de otras políticas, son
plurianuales. Pensemos cuánto tiempo nos lleva formar un investigador, cuánto
tiempo de estudio debe dedicar un doctorando, un becario, que son los sectores
más perjudicados con este presupuesto.
Si
pensamos en el ideal, la función ciencia y tecnología, la jurisdicción 71,
debería tener asignados más de 20.000 millones.
El
oficialismo introduce reducciones en el presupuesto que afecta a distintos
organismos. Entre los reclamos está también el de la Fundación Lillo, donde
nosotros estuvimos en julio, y ya en ese mes los trabajadores e investigadores
de la Fundación Lillo advertían lo que se venía en materia presupuestaria.
Los
nuevos montos que se establecen para la CONAE, para la misma Fundación Lillo,
para el Conicet y para el PROMAR no son suficientes.
Asimismo, hay dos artículos más que ponen en
grave riesgo al sistema científico tecnológico, y estos son el 6 y el 7,
respecto de los cuales nosotros vamos a proponer una nueva redacción; en debate
en comisión ya tuvieron una modificación, pero a los efectos de que quede claro
nosotros vamos a presentar una propuesta durante esta discusión.
- Ocupa la Presidencia el señor
vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, ingeniero José Luis Gioja.
Sra.
Castro.- Nosotros recibimos en la Comisión de
Ciencia y Tecnología al ministro Barañao, que reconoció lo que estaba
ocurriendo, y también a los distintos actores del sistema científico y
tecnológico del país.
Sin
ciencia, sin tecnología, no hay desarrollo posible. La ciencia y la tecnología
nos permiten hoy, igual que la innovación, agregar valor a nuestros productos.
Ya
tuvimos una fuga de cerebros que nos dejó un saldo de cinco mil científicos que
no pudieron volver al país y que forman parte de la Red Argentina de
Científicos en el Exterior. Más allá de esto, fue muy importante el trabajo que
se realizó para que pudieran regresar más de mil científicos.
-
Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio
Monzó.
Sra.
Castro.- No queremos dar saltos al vacío ni
regresar al pasado.
Simplemente
deseo que quede en claro que necesitamos una nueva redacción del artículo 6°
del proyecto de ley de presupuesto. Si bien el oficialismo aceptó
modificaciones, esta iniciativa sigue siendo insuficiente. A esto debe sumarse
lo que mis compañeras de bancada van a detallar posteriormente respecto de las
áreas de Educación y de Ciencia y Tecnología dentro de las universidades, que
son actores fundamentales dentro del sistema científico tecnológico nacional.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Grandinetti.- Señor presidente: quiero efectuar
algunos comentarios respecto del proyecto de ley de presupuesto. Uno de los
elementos que debe destacarse está dado por las modificaciones que se
implementaron.
Después
de muchos años tenemos un proyecto de ley de presupuesto que es realista, ya
que hemos logrado sincerar muchas variables. Este es el aspecto positivo al que
adherimos y por el que compartimos la visión que tenemos respecto de la
iniciativa en consideración. En consecuencia, el bloque del Frente Renovador va
a acompañarla.
Por
ejemplo, destacamos la modificación introducida respecto del artículo 37 del
proyecto de ley de presupuesto, relacionado con los denominados superpoderes.
En este sentido, estamos recuperando para el Congreso Nacional las potestades
que nunca tendrían que haberse delegado. Ello ocurrió en torno a lo que
significó la emergencia producida en 2001. Pero entendemos que este Parlamento
efectivamente debe volver a cumplir las disposiciones de la Constitución
Nacional. En ese sentido, la limitación que hemos impuesto, del 7,5 por ciento
para 2017 y del 5 por ciento para 2018, es una manera de que el Congreso de la
Nación -en particular esta Honorable Cámara- tenga una lógica o un sentido
cuando discute el proyecto de ley de presupuesto general de la Nación.
También
hemos avanzado en el sinceramiento de muchas variables, como por ejemplo las de
carácter macro. En ese sentido, reconocemos que hay inflación y un déficit,
como así también la posibilidad de construir un horizonte medianamente
previsible hacia 2019.
Pero
hay algunos elementos en los que me gustaría detenerme, como por ejemplo que
ese mismo reconocimiento de la realidad que nos toca atravesar no está
acompañado con medidas tendientes a cambiarla. Por ejemplo, decimos que
marchamos hacia la pobreza cero. Sin embargo, el proyecto de ley de
presupuesto, en relación con el gasto social, no condice con esta decisión que
se ha tomado o, por lo menos, manifestado.
Durante
el corriente año el poder de compra del salario y del haber jubilatorio cayó
aproximadamente un 12 por ciento, en tanto que la Asignación Universal por Hijo
lo hizo en un valor promedio del 10 por ciento. De acuerdo con la proyección
establecida en el proyecto de ley de presupuesto para 2017, creemos que esas
mejoras que tendrían que haberse producido no van a tener lugar.
Respecto
del tema habitacional, se reconoció un déficit cercano a 3 millones de
viviendas. El proyecto de ley de presupuesto para 2017 solamente prevé la
construcción de 40 mil nuevas viviendas lo que representa un número
relativamente bajo en relación con un déficit de 3 millones de unidades
habitacionales.
Hay
otros elementos que quiero agregar y que se relacionan con las discusiones de
carácter macro referidas a este proyecto de ley de presupuesto, como por
ejemplo la cuestión del endeudamiento.
Tengo
aquí presentes dos temas. En primer término, la proyección del déficit de la
balanza comercial para 2019 indica que este último será de aproximadamente 5
mil millones de dólares. Esto significa que si no reducimos el déficit de
cuenta corriente, en realidad tendremos una desinversión de la Argentina en esa
proporción, la que solamente podrá ser cubierta mediante endeudamiento.
El
déficit de la economía nacional, que durante muchos años fue financiado por una
emisión a la que podríamos calificar de irresponsable, generó inflación. El
déficit que se cubre con endeudamiento pero que se sigue manteniendo,
inexorablemente en algún momento genera, como acumulación de deuda, algunos de
los problemas que ya conocemos en la República Argentina. Me refiero a las
experiencias que hemos vivido en 2001 y 2002.
En
este sentido, de acuerdo con algunos informes de especialistas que hemos
consultado, el año que viene tendremos un déficit de deuda del 35 por ciento
comparado con el PBI. Cuando se produjo la crisis de 2001 la deuda representaba
el 40 por ciento del producto bruto interno. En consecuencia, si bien el
escenario es diferente, creo que este es uno de los temas que debemos tener en
cuenta de aquí en adelante.
Por
último, acabo de recibir el informe de la Federación Industrial de Santa Fe,
donde se consigna una comparación de las importaciones correspondientes a 2014,
2015 y 2016. Allí nuevamente advertimos que las importaciones en algunos rubros
fundamentales, como por ejemplo el de la maquinaria agrícola, se han
incrementado en un 68 por ciento. Asimismo, en algunos rubros de la industria
del calzado, que es muy importante para mi provincia, se ha registrado un
aumento del 168 por ciento en los últimos tres años. Del mismo modo, en el caso
de algunas materias primas de origen vegetal y animal también se ha producido
un incremento.
Por
lo tanto, creemos que el tema de las importaciones, además de explicar una fuga
de divisas, tiene una repercusión sobre el mercado laboral, razón por la cual
considero que el año próximo debería ser revisado como corresponde.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Borsani.- Señor presidente: creo que esta es la
sesión más importante del año por la envergadura del proyecto de ley que
estamos considerando, que está directamente vinculado con el futuro del país.
Todos los legisladores hemos realizado un esfuerzo para arribar a un trabajoso
acuerdo entre los distintos bloques, a efectos de que puedan contemplarse las
necesidades de las economías regionales de las provincias y de los distintos
estamentos del Estado. Consecuentemente, creo que hemos arribado a un proyecto
de ley que nos comprende y representa bastante bien a todos.
La
dinámica fiscal heredada, así como venía no era sustentable. El resultado
primario en 2015 mostró un déficit del 5,4 por ciento del PBI. Hoy el Estado
está recaudando el 37 por ciento del PBI y está gastando el 44 por ciento. El
déficit primario para este año está previsto en un 4,8 por ciento. Si bien esta
cifra nos parece alta, en realidad no hemos querido afectar la posibilidad de ir
recuperando la economía con un ajuste en el gasto público. Es por ello que para
2017 estamos previendo un déficit del 4,2 por ciento que nos permita, aunque
nos parece alto, garantizar la reparación histórica que nos hemos planteado
para los jubilados y tener una mayor gradualidad respecto de la quita de los
subsidios.
Esperamos
una recuperación de la economía en el orden del 3,5 por ciento, que supera a la
media de la región, es decir, Latinoamérica, que va a estar en el orden del 1,6
por ciento. La inflación prevista en este proyecto de ley de presupuesto para
el año que viene es del 17 por ciento y sabemos que las especulaciones más
pesimistas de los economistas y consultoras del país están en el orden del 19
por ciento. Es decir que hemos iniciado un círculo virtuoso desde ese punto de
vista, aun incrementado el gasto global en un 22 por ciento que si observamos
que tenemos ‑o vamos a tener‑ una inflación del 17 por ciento
estamos con un incremento positivo en este gasto.
Estamos
tratando de mantener el gasto en una proporción razonable del Producto Bruto,
porque la presión tributaría había llegado a su techo, ya que tampoco queremos
que haya ninguna fiesta de endeudamiento. Queremos destacar que la suba del
gasto en servicios sociales va a estar muy por encima del promedio por efecto
de la política de expansión y recomposición de las prestaciones sociales y
previsionales que lleva adelante el gobierno.
La
Asignación Universal por Hijo, las asignaciones familiares, jubilaciones, el
seguro de desempleo, la cobertura de salud universal y demás planes sociales
están generando una respuesta que justamente viene a cumplir con lo que nos
habíamos comprometido.
Nuestra
otra prioridad es la obra pública que, luego del período de revisión que hubo
de la anterior gestión, ha retomado el ritmo y está traccionando a nivel
nacional la actividad. La inversión pública va a crecer más del 32 por ciento.
Quiero
destacar la importancia de las reformas institucionales a partir de este
proyecto de presupuesto. Se transparenta el planteo fiscal, el cálculo de
recursos es realista, la expansión del gasto está fundamentada en la necesidad
de ayudar a la recuperación de la economía para salir de la recesión. El
déficit no va a bajar tan rápidamente como quisiéramos, pero no vamos a hacer
un ajuste que arruine la recuperación económica.
Por
primera vez en años se vuelve a hablar de responsabilidad fiscal, de sujeción a
reglas para gastar con responsabilidad, para reducir déficit y para endeudarse
de manera responsable. Hemos bajado impuestos y vamos a tratar de modificar
antes de fin de año la escala de ganancias.
Reforzamos
el federalismo con la devolución gradual del 15 por ciento de la recaudación,
aumentando la coparticipción a las provincias y retomando la asistencia a las
cajas de jubilaciones.
La
reforma del artículo 37 de la ley de administración financiera pone límites a
las modificaciones que puede hacer el jefe de Gabinete de Ministros y fija un
tope de 7,5 por ciento para 2017 y de 5 por ciento desde 2018 en adelante.
Como
diputado por Mendoza quiero mencionar logros concretos para nuestra provincia
en términos de inversiones, especialmente de obras viales, donde tendremos una
inversión que supera los 1.700 millones para 2017. Asimismo, tenemos obras hidroeléctricas
planteadas como obras prioritarias, como es el caso de Portezuelo del Viento y
de Los Blancos. De manera que esas y otras obras previstas para nuestra
provincia nos ponen a nosotros realmente contentos.
Creemos
que también se ha avanzado con mayor nivel de federalismo, no solamente para
Mendoza sino además para otras provincias, porque también hay una mejora para
las distintas provincias y estoy convencido de que vamos por el camino
correcto.
Lo
he sostenido en cuanto debate he participado. Lo nuestro es una tarea de
reparación que en este caso no admite dilaciones ni tibiezas. La reparación a
los jubilados, la devolución del IVA a la canasta básica, la expansión a las
asignaciones por hijo, la pensión universal para el adulto mayor, la reforma
impositiva que llevamos en tratamiento y la reforma presupuestaria son una
muestra de las reformas que quedan por hacer.
Si
no podemos consolidar un sistema de infraestructura federal y de prestaciones
sociales universales de calidad, la meta de la inclusión social es un puro
eslogan de campaña. El progreso social solamente se logra en un orden de
reformas graduales pero sostenidas. Es desde ese lugar donde podremos construir
la seguridad y el progreso para el conjunto de los argentinos. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Dado que no se halla presente la diputada Troiano, tiene la
palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
David.- Señor presidente: en este corto tiempo
quiero mencionar dos temas importantes que estamos tratando.
En
primer lugar, el tema de los superpoderes. Esta posibilidad de reasignación de
partidas por parte del Ejecutivo es una delegación del Congreso, una pérdida de
competencia de facultades que, como se ha dicho aquí y como se viene
sosteniendo desde hace mucho tiempo, hay que ir recuperando.
Son
poderes o facultades que han usado presidentes, gobernadores e intendentes,
pero que creemos que en esta maduración democrática tenemos que ir tratando de
recuperar. Por eso compartimos la visión de que hoy se esté tratando este tema,
pero también hay que ser absolutamente honestos. El proyecto, tal como está, no
cambia lo que viene sucediendo en la práctica desde hace muchísimos años.
Jamás
un jefe de Gabinete ha reasignado más de un promedio del 7 por ciento, en
algunos años no llegó ni al 2 ni al 3 por ciento, con lo cual un proyecto donde
prohibimos que el jefe de Gabinete reasigne más del 7,5 por ciento ‑10
por ciento era la propuesta original del Ejecutivo‑ es prácticamente
seguir en lo mismo. En eso me parece que ha faltado audacia. Si vamos a cambiar
y hacer algo en serio empecemos a hacerlo en todos los niveles. Creo que es difícil cambiar este tipo de
cosas cuando uno está en el poder. Es fácil decirlo a veces desde la oposición
pero cuando se está en el oficialismo es difícil entregar estos cambios.
Entonces,
se buscó un artilugio que muchas veces se hace, que es armar una ley que parece
que restringe pero que en la práctica no restringe y está manteniendo, por lo
menos para el año que viene, lo mismo.
Quiero
resaltar algo que pasó en esta Cámara de Diputados en el año 2010 cuando se
aprobó una restricción del 5 por ciento para los superpoderes. En ese momento,
la oposición al gobierno anterior había logrado el número necesario para
hacerlo, e incluso se había planteado la posibilidad de poner el límite en el 5
por ciento y ni siquiera eso habían tomado como posible quienes hoy gobiernan
porque decían que el 5 por ciento era mucho.
Creo
que en este tema hay que avanzar mucho más. Obviamente es un paso adelante
poder discutirlo. Es un paso adelante que este Congreso de ahora en más no
tenga que repetir año a año un artículo en el presupuesto que otorgue
superpoderes sino que, como está previsto en este artículo 37, baje
automáticamente, y estoy seguro de que habrá que agregarle otras cosas. Habrá que agregarle qué pasa con el gasto en
capital, con las transferencias de partidas de gastos corrientes a gastos de
capital y un montón de otros temas que tienen que ver con restricciones a fin
de que el Congreso retome estas facultades.
En
ese sentido, me parece que esto es un avance pero tenemos por delante una tarea
muy grande. Dentro del bloque hemos discutido lo que tiene que ver con que esto
parezca que el gobierno está cumpliendo un compromiso que sostuvo durante mucho
tiempo acerca de que no debían existir estos superpoderes. Con esta ley no lo
está haciendo. Debemos avanzar muchísimo más.
Es
muy difícil abarcar todo en tan corto tiempo, pero quiero referirme unos
minutos a otro asunto incluido en el presupuesto: el federalismo. Es cierto que
cuando el proyecto de presupuesto ingresa, podemos discutir más o menos dinero,
una obra más o menos, pero eso no es el federalismo. Lamentablemente, este
tampoco es un presupuesto federal.
Federalismo
es entender que las provincias preexisten a la Nación; que delegamos a las
provincias los recursos para que la Nación se haga cargo de las facultades que
hemos delegado al Estado nacional en la Constitución de la República Argentina,
y que todo lo que el Estado nacional se ha tomado de los recursos provinciales
a lo largo de la historia forma parte de una visión no federalista.
No
pasa por lograr una obra o un recurso más. No quiero que el Estado nacional,
como ha pasado no solo con este gobierno sino con los anteriores a lo largo de
muchísimos años, licite jardines de infantes en las provincias. Quiero que les
dé el dinero a las provincias para que construyan los jardines de infantes. No
quiero que entregue cuestiones sociales, más allá de las automáticas, que son
muy buenas, o que haya que venir a tocar puertas a la Nación para conseguir
beneficios o una prestación para una persona con discapacidad. Quiero que el
dinero llegue a las provincias; ellas saben y pueden administrar. Este sería un
cambio importante en materia de federalismo que, reitero, no pasa por una obra.
En
este presupuesto se reiteran, en mayor o menor medida, los mismos vicios que se
repiten a lo largo de la historia argentina en esta materia, que es que aquel
que llega al poder tiene el dinero y dice: “Si puedo administrarla yo, mejor,
porque entonces puedo distinguir y decidir si la coloco en un distrito mejor
electoralmente, si se la doy a un amigo, si tengo un gobernador o intendente
con mayor o menor tinte político.”
No
digo que este sea el caso.
Sr.
Presidente (Monzó).- Solicito al señor diputado que vaya finalizando su exposición.
Sr.
David.- Señor presidente: le solicito un minuto
más.
Digo
que debemos avanzar hacia eso. Debemos ser más audaces en materia federal.
No
podemos permitir el aumento que se hizo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esto requiere una discusión mucho más profunda, y así quiero dejarlo planteado.
En
muchos otros casos también hay incrementos considerables que, en definitiva,
como bien lo planteaba recién una señora diputada con respecto a la provincia
de Buenos Aires, así como se reclama el fondo del conurbano, también es cierto
que en fondos viales, por ejemplo, más del 50 por ciento está previsto para la
provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esta
es la discusión de fondo que debemos darnos. Ojalá este presupuesto y los
sucesivos sirvan para que podamos hacerlo. Ello implicaría un cambio en serio
en la Argentina en cuanto a la relación con las provincias. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Martínez (S.).-
Señor presidente: quiero hacer dos comentarios generales acerca del tema en
tratamiento.
El
primero tiene que ver con la confianza. Desde mi humilde punto de vista,
heredamos un país sin confianza, donde no se podía confiar en los números del
INDEC ni en información del Estado; un país en el que nos acostumbraron a que
se podían cambiar las reglas del juego cada tanto, siempre que fuera funcional
para el gobierno.
La
verdad es que con este presupuesto, entre otras cosas, buscamos reconstruir la
confianza de los argentinos, con metas concretas, objetivos claros y, por
supuesto, el diálogo y consenso de las distintas fuerzas políticas
representadas en este Congreso.
Este
presupuesto no tiene engaños, y quiero hacer una comparación con presupuestos
anteriores que hemos discutido en este Congreso.
Para
quienes hace algunos años estamos en esta Cámara, esto no ha sido igual. Si
pensamos en los presupuestos del gobierno kirchnerista, estos sí eran ficticios
en sus números. Hemos escuchado presupuestos que preveían una inflación que ni
por asomo se cumplía; algunos preveían superávit pero terminaban en déficit;
otros se jactaban de recuperar la economía y, mientras tanto, en este recinto
se argumentaban crisis y conflictos para mantener los superpoderes.
Si
bien esta es una discusión y un camino largo, como planteaba el diputado
preopinante, hoy estamos dando un primer paso importante en ese sentido. Me
refiero a los superpoderes. Esto también es construir confianza y ganar
credibilidad en cuestiones de transparencia institucional.
Quiero
decir algo más. Este es el presupuesto que no tuvimos este año. Si recuerdan,
el año pasado el kirchnerismo hizo uso de su mayoría y aprobó su presupuesto
para un gobierno entrante. Entonces, este es el presupuesto que no tuvimos este
año.
Este
presupuesto es diferente a los anteriores. Como dije, tiene cifras reales,
objetivos concretos y, sobre todo, realizables. Estamos convencidos de que los
argentinos podrán ver las obras que se realizarán con este presupuesto, y las
podrán controlar y disfrutar.
Sin
embargo, más allá de cualquier discusión técnica o numérica, lo más importante
es que este presupuesto cuenta con el trabajo y compromiso de distintos bloques
y expresiones políticas. También cuenta con el compromiso de muchas provincias
de mejorar la administración de sus finanzas, dándoles más transparencia.
A
veces nos quieren hacer creer que es difícil ponerse de acuerdo, y a mí me
parece que es bastante fácil, sobre todo cuando los que estamos aquí sentados
dejamos de lado la necesidad partidaria o coyuntural del momento y nos ponemos
a trabajar juntos. Esto fue lo que ocurrió con este presupuesto.
Durante
los años que me tocó estar en esta banca, esta Cámara ha vivido debates de
presupuesto escasos, por no decir que no hemos tenido debates en materia
presupuestaria.
Hemos
pasado años en los que los proyectos que se aprobaban eran solo los del Poder
Ejecutivo. Además, no se les modificaba ni una coma. En los presupuestos
anteriores no se ha cambiado ni un número.
Hoy
estamos cambiando esa práctica. Este presupuesto, con las modificaciones entre
todos o por lo menos la mayoría de los partidos políticos, demuestra que nos
podemos poner de acuerdo y trabajar juntos, y me parece que esa es la mejor
noticia para los argentinos. (Aplausos en
las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.
Sra.
Frana.- Señor presidente: a los efectos de no
dilatar mi participación, solicitaré incorporar un escrito en la versión
taquigráfica.
La
mayor preocupación sobre este presupuesto se relaciona con una cuestión
estructural, que es la deuda que está generando.
Traigo
a consideración lo dicho por la Asociación Argentina de Presupuesto y
Administración Financiera Pública, que claramente pone en evidencia, respecto a
financiamiento y deuda pública, que el resultado financiero para el ejercicio
2017 se prevé deficitario en 480.801 millones de pesos, lo que equivale al 4,9
por ciento del PBI.
Esta
cifra fue reconocida cuando vino el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas a
presentar el presupuesto. Lo que sucede con este déficit, a diferencia de otros
años donde también existían, es que claramente se está planteando cubrirlo con
deuda externa. Si centralizamos esta preocupación en la esfera de lo que dice
la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública,
llegamos a esta conclusión.
Ayer
la BBC de Londres también habló de la deuda argentina, y lo hizo con
preocupación. Dijo que en estos once meses de gobierno se han recibido 40.000
millones de dólares en préstamo, con lo que la deuda queda en cerca de 200.000
millones de dólares, que representan un 30 por ciento del producto bruto
interno.
Sin
desconocer la apertura al diálogo, la visita de los ministros y la posibilidad
de plantear temas, esta es una preocupación de fondo y estructural de lo que
sucederá con el presupuesto 2017.
A
su vez, hay ítems que queremos poner en evidencia porque me parece que no son
la mejor noticia, como, por ejemplo, lo que ya dijo la señora diputada Bregman,
en lo que se refiere a políticas de género, y también en lo que hace a áreas
como Salud, Producción, Cultura y Ciencia y Técnica, cuyo crecimiento es
insignificante.
Además,
se está planteando como cierto cubrir la ley de reparación histórica -tal cual
se denominó aquí- con un blanqueo que hasta la fecha, a partir de los números
que conocemos, no ha dado los resultados esperados. De manera que aquel déficit
que se estaba planteando sería aún mayor.
Dicho
esto, y hablando de una de las cuestiones estructurales que más nos preocupan,
también tengo que reconocer que, viendo hoy la planilla definitiva de obras, se
previó un conjunto de obras para la provincia de Santa Fe que en su momento
pedimos. Pero también formó parte de un paquete global de obras propuestas en
general, lo que llevó a que nuestra provincia, que en el planteo original del
presupuesto tenía un 3,3 por ciento del total de obras, pase a tener hoy, a
pesar de estas incorporaciones, un 2,4 por ciento.
A
su vez, quisiera dejar expresada una duda. Las obras incorporadas no indican
cuál será la fuente de financiamiento, con lo cual, si tuviéramos que definir
las posibilidades de que ellas se concreten, tendríamos más dudas que certezas.
Esta
es una preocupación de fondo que hace al futuro, porque puede ser que un
endeudamiento resuelva problemas inmediatos, pero lo cierto es que compromete
situaciones futuras, sobre todo cuando ese endeudamiento, tal como lo afirma la
BBC de Londres, no es para cuestiones estructurales sino para financiar gastos
corrientes.
Por
lo demás, señor presidente, haré luego una inserción en el Diario de Sesiones,
tal como solicité al principio de mi exposición. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.
Sr.
Maquieyra.- Señor presidente: en este recinto se
ha hablado mucho de lo que es el presupuesto a nivel nacional, pero a mí me
gustaría hablar de lo que significa para mi provincia, La Pampa.
En
este sentido, quiero señalar que nos sentimos respaldados por esta iniciativa,
porque para el año en curso mi provincia recibió 10.000 millones de pesos, y en
2017, de acuerdo con el proyecto de presupuesto que estamos considerando,
recibirá unos 16.000 millones de pesos, lo que significa un notable incremento.
Esto
es algo que normalmente no pasaba en nuestra provincia, que por mucho tiempo
estuvo olvidada, al punto que pasó al quinto lugar en lo que respecta a los
fondos enviados.
Esto
en muchos casos se traduce en obras, y en otros, en transferencias directas. Me
gustaría resaltar algunas, como, por ejemplo, las asignaciones familiares,
sobre todo porque se trata de partidas que van a quienes más lo necesitan. En
este caso, el aumento previsto es del 55 por ciento y significan 1.000 millones
de pesos.
Debo
recordar otra ley que votamos en este recinto, que implica una nueva partida
para nuestra provincia. Me refiero a la ley de reparación histórica para los
jubilados, con más de 700 millones de pesos que van directamente al bolsillo de
nuestros jubilados, y en este caso, al bolsillo de los jubilados pampeanos.
Lo
mismo podemos decir en materia de educación, y sobre todo, de educación
superior. Nuestra universidad recibirá un aumento de más del 40 por ciento, a
lo que se suman algunas obras que se están llevando adelante con financiamiento
del gobierno nacional.
Otro
tanto podemos decir en el área de Seguridad y en Justicia y Derechos Humanos,
pero sobre todo una de las partidas que más aumentan es la destinada a
Transporte. En este aspecto, para el año en curso tuvimos un presupuesto de
unos 90 millones de pesos, y para el año que viene pasaremos a 570 millones de
pesos. Imagine, señor presidente, cómo están las rutas nacionales en nuestra
provincia y cómo van a estar una vez que este gobierno pueda hacer las obras
que son necesarias para La Pampa.
Me
gustaría hablar brevemente de lo que es la coparticipación y de lo que esto
significa para mi provincia, algo que quizás se podría ver en materia de
vivienda. Si bien el presupuesto baja, la coparticipación crece en un 41 por
ciento. El gobierno de mi provincia dispondrá de más de 3.000 millones de pesos
para decidir qué obras hacer. No va a ocurrir lo que sucedía antes, que el
gobierno nacional, en una decisión unilateral, disponía dónde tenían que hacer
las obras los pampeanos. Ahora será el gobernador de mi provincia el que
decidirá dónde es mejor ubicar los fondos que vienen de la Nación.
¿Cómo
se traduce concretamente todo esto en obras? Tuvimos la grata sorpresa de que
nuestro presidente de la Nación, Mauricio Macri, nos visite en La Pampa y que
vaya a Ingeniero Luiggi, una pequeña localidad de nuestra provincia, donde
anunció el plan de crear jardines de infantes en todo el país. Incluso anunció
la construcción de cuatro jardines de infantes en mi provincia: uno en General
Pico, otro en Winifreda, otro en Ingeniero Luiggi y otro en Santa Rosa.
En
verdad, ver todo esto reflejado en el presupuesto es algo que me llena de
orgullo, porque sé que vamos a cumplir lo que prometimos y que haremos las
cosas bien. Me alegra saber que ya está reflejado en el presupuesto y que están
listas las licitaciones, porque durante mucho tiempo la gente se cansó de que
le mintieran en la cara, ya que se proponían cosas que después no se cumplían.
No tengo dudas de que este gobierno lo va a lograr.
Dejando
de lado los jardines de infantes y pasando a las obras de transporte, vemos que
está prevista la completa repavimentación de la ruta 35, que es muy transitada
en nuestra provincia, así como de la ruta 152, que se encuentra completamente
deteriorada. También se prevé, para el final del año próximo, el inicio de la
obra de la doble vía al final de la ruta 5, llegando a Santa Rosa, y obviamente
de la ruta 35, en todo lo que es la travesía urbana en dicha ciudad.
Por
último, quiero cerrar mencionando tres obras que se han podido incorporar, con
un trabajo muy fuerte, por pedido de nuestro gobernador y de compañeros
diputados pampeanos. Me refiero al acueducto que va desde Santa Rosa a General
Pico, para que los ciudadanos de mi localidad puedan tener agua potable y de
buena calidad, puesto que hoy el agua de General Pico tiene un alto contenido
de arsénico.
En
segundo lugar, con las últimas inundaciones nos vimos perjudicados una vez más,
pero una obra que fue prometida hace diez años esta vez se podrá concretar. Me
refiero a la Obra de los Daneses, que implica una inversión de 1.900 millones
de pesos.
Sr.
Presidente (Monzó).- Le pido al señor diputado que vaya redondeando su exposición.
Sr.
Maquieyra.- Sí, señor presidente.
La
última obra que quería comentar es la referida al saneamiento de la ciudad de
Santa Rosa.
Con
todo esto quiero decir que vamos a acompañar este proyecto de presupuesto,
porque vemos reflejado en él un apoyo hacia nuestra provincia. No tengo dudas
de que el presidente de la Nación y el gobierno de Cambiemos van a cumplir con
cada obra. Obra que comience, obra que se terminará, porque son beneficios que
mejorarán cada día la vida de nuestros pampeanos. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Río Negro.
Sra.
Soria.- Señor presidente: por donde se lo mire,
este proyecto deja puertas cerradas, desatiende las necesidades básicas de
millones de argentinos y confina nuestras posibilidades de desarrollo como
nación independiente.
Pero
antes de analizar el proyecto de presupuesto, permítame por lo menos intentar
por última vez que el Poder Ejecutivo reconsidere los montos y las obras para
la provincia de Río Negro, sobre todo teniendo en cuenta que el gobernador
Weretilneck se comportó como uno de los mejores alumnos del programa propuesto
por Mauricio Macri desde 2015. En efecto, las bases del manejo de la economía de
nuestra provincia han sido la subejecución presupuestaria, el ajuste y el
endeudamiento. Quizás conozca la receta.
En
lo que va del año, Río Negro ya se ha endeudado en 1.350 millones de pesos, a
los que se suman otros 600 millones de pesos más para el año que viene, para
solventar gastos corrientes.
Nuestro
gobernador ha sido un espectador de lujo de la destrucción de las fuerzas
productivas de nuestra provincia sin siquiera emitir opinión y menos hacerse
escuchar defendiendo a sus vecinos. Se ha quedado en el más cómplice de los
silencios.
Por
eso esperaría por lo menos alguna condescendencia por parte del gobierno
nacional, alguna obra que traduzca ese silencio cómplice de su socio
rionegrino.
El
presidente podría haber invertido en obras en mi provincia los 26 millones que
gastó en el alquiler de jets privados
y charters sin licitación. Así,
podría resolver, por ejemplo, el problema habitacional de Cipolletti o terminar
las 231 viviendas de mi ciudad, General Roca, pero esto no fue así.
Lamentablemente no los invirtió ahí.
Por
eso sí voy a analizar ahora las puertas cerradas que deja este presupuesto.
En
primer lugar, más endeudamiento. Sin lugar a dudas en lo que va del año tenemos
46 mil millones de dólares de deuda, que será pagada seguramente por las
futuras generaciones –seguramente por mi hijo-. Esta deuda se destinará a pagar
gastos corrientes, algo similar a lo que sucede en mi provincia.
En
segundo término, como rionegrina, me preocupa el recorte a los ministerios de
Producción y Agroindustria. Sin lugar a dudas el Poder Ejecutivo está más
interesado en fomentar la importación que las economías regionales y la
industria nacional. Así, sin lugar a dudas el problema de la fruticultura no
está resuelto en este presupuesto.
El
tercer punto es la salud, por supuesto. Se mutilan programas importantes, como
los relacionados con la atención a la madre y al niño y la atención sanitaria
en el territorio. Eso desaparece.
En
cuarto lugar -pero no último-, me quiero referir a la cultura, la educación, la
ciencia y tecnología y el financiamiento de las universidades nacionales. Como
rionegrina, por supuesto me afecta que la Universidad Nacional del Comahue haya
declarado su emergencia económica y ponga en duda la continuidad de su funcionamiento.
Pero
entiendo que no podemos esperar otra cosa de un ministro de Educación y
Deportes que piensa que la Patagonia es un desierto y reivindica -por supuesto-
el exterminio de comunidades originarias.
Sin
lugar a dudas, en el mismo sentido se recorta el presupuesto de ciencia y
tecnología, y no alcanzó con el reclamo de los científicos. Esto tiene
particular incidencia en mi región porque está articulado con INVAP y el
Conicet, pues tienen una gran incidencia en nuestra localidad de San Carlos de
Bariloche.
No
puedo dejar de mencionar al INTA y a sus trabajadores, porque desarrollan una
importantísima tarea en nuestro territorio.
Este
presupuesto nada más alcanza para cubrir salarios, pero ni hablar de tareas de
investigación en el territorio.
Ya
que menciono a Bariloche, no puedo dejar de referirme a dos proyectos, ambos
esenciales para la vida de los barilochenses. Al primero sin lugar a dudas lo
borraron de un plumazo: la terminación de la ampliación del gasoducto
cordillerano, obra muy avanzada en la que, en algunos casos, falta nada más que
el 2 por ciento para su terminación; y estamos hablando de 8 mil vecinos que no
pueden conectarse a la red de gas.
Y
otra obra a la que me quiero referir es la planta de tratamiento de líquidos
cloacales de San Carlos de Bariloche, obra fundamental no sólo para esa
localidad sino para todos los argentinos. No hace falta que les explique el
daño ambiental que se provoca, pero si les cuento la incidencia que tiene en el
turismo y en el PBI quizá lo puedan comprender.
Esta
obra es rica para nuestro lago Nahuel Huapi y el turismo, pero este presupuesto
para 2017 contempla la ejecución del 1 por ciento. Quizá sirvió para poner el
título de la obra dentro del presupuesto, pero como rionegrina esto es un insulto,
una provocación.
Tal
vez no sea lo suficientemente clara: estoy hablando de líquidos cloacales. Me
refiero a la
“caca” que se está tirando en el lago Nahuel Huapi. Son vertidos que se arrojan
directamente sin tratar. Es decir, ustedes hablan de federalismo, pero la
verdad es que este proyecto no tiene nada de eso.
Para
finalizar, quiero decir que sin lugar a dudas se cierran puertas para las
próximas generaciones, porque se las endeuda, y se arruinan la producción y la
industria, porque se las ahoga. Además, no se puede producir conocimiento
cuando la educación, la ciencia y la tecnología son sometidas a este torpe
ajuste.
Finalmente,
por supuesto que no vamos a acompañar este proyecto. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
Kosiner.- Señor presidente: en el año del
bicentenario de la independencia argentina creo que nuestro país tiene la gran
oportunidad de resolver algunos aspectos que hacen al debate más profundo que
puede tener una Nación.
Podemos
tener la capacidad de demostrar si realmente entendemos cuál es el rol que
deben ocupar las provincias argentinas en la estructura de desarrollo
económico, social e institucional de un país.
Debemos
tener la capacidad de demostrar si podemos salir de visiones pendulares de la
Argentina, a veces enamorada de un liberalismo ortodoxo o de un modelo
totalmente de apertura que no puede dominar el crecimiento de las tasas de
desempleo y pasar sin escalas a un modelo proteccionista que en el tiempo tiene
que luchar con el crecimiento de la inflación.
Tenemos
que demostrar si somos capaces de salir de un antagonismo vetusto entre el
enamoramiento de un modelo agroexportador que solamente garantice rentabilidad
para un sector y aquellos que solamente entienden que la salida puede ser
confrontar con un modelo de desarrollo industrial.
El
crecimiento de la economía de nuestro país debe demostrar que hay lugar para la
complementariedad de las visiones de un modelo que impulse el agro y que le dé
valor agregado a la producción de origen a través de un desarrollo industrial.
Tenemos
que demostrar si somos capaces de salir de un enfrentamiento totalmente
ficticio entre la integración al Pacífico o el Mercosur, si somos capaces de
tener en cuenta que hay un mercado mucho mayor de 500 millones de habitantes
que está esperando el crecimiento de la Argentina y si somos capaces de superar
la carencia de no poder aprovechar un corredor bioceánico real que integre los
océanos Atlántico y Pacífico y ponga en valor las economías regionales para el
crecimiento de la Argentina.
Debemos
ser capaces de demostrar que no hay modelo de provincia en crecimiento si la
Argentina no crece y que no podemos apostar al fracaso de un país pretendiendo
creer que cada uno se va a salvar de manera independiente.
Todo
esto lo tenemos que hacer dentro de una visión estratégica de desarrollo de
este presupuesto.
Este
proyecto que ha ingresado al Congreso no es bueno. Creemos que tiene falencias
fundamentalmente en materia de crecimiento y de reducción de los niveles de
pobreza en la Argentina.
Hemos
tenido avances. No me molesta decir, como aquí se ha dicho, que los diputados
de Salta van a decir en su provincia que han obtenido 1.500 millones más de
presupuesto. Nosotros no venimos a calentar bancas a este recinto. No venimos a
decir que está todo mal, que es lo más fácil, sino que venimos a plantear las
diferencias, a decir que hay cosas que están mal, pero también a dialogar y a
aprovechar las cosas que se pueden hacer bien para llevar a nuestra provincia
más presupuesto para la universidad nacional, para tener más rutas, más plantas
potabilizadoras de líquidos cloacales, más pavimento, etcétera.
También
me quiero referir a los 300 millones de pesos del Fondo Federal Solidario de la
soja, que no es lo mejor. Por eso
nosotros habíamos propuesto el fondo de convergencia, porque el Fondo Federal
Solidario de la soja se sigue distribuyendo a través de los índices de
coparticipación. Por ejemplo, Buenos Aires se lleva 900 millones de pesos,
Santa Fe, 400 millones, Córdoba, 400, y CABA, 311 millones, pero las provincias
del Plan Belgrano reciben un poquito más de la mitad de lo que se lleva la zona
central del país. Ahí es donde tenemos que atacar y aplicar criterios
diferenciales.
Este
presupuesto tendrá éxito si a finales del año que viene podemos demostrar que
la pobreza ha descendido en la Argentina. El resto, son números ficticios.
Doy
datos muy puntuales: la diferencia entre el decil de pobreza más alto y el más
bajo en la Argentina pasó de 18,7 veces a 22,4 veces. En la provincia de Salta,
el decil es de 26,8 veces, y esto lo blanqueamos y lo decimos porque las
provincias del NOA y del NEA necesitan tratamiento diferencial, incentivos a la
producción y a la inversión, menor costo, menor flete, e inversión en el
ferrocarril.
Veníamos
sosteniendo que queríamos una planilla anexa del Plan Belgrano, que
lamentablemente no se cumplió; dicha planilla anexa nunca llegó. Tuvimos que
recurrir al último informe del jefe de Gabinete, donde se certifica que la
inversión del Plan Belgrano son 40 mil millones de pesos mientras que el
compromiso del presidente Macri ascendía a 85 mil millones de pesos al año.
Entonces,
ahí es donde tenemos que atacar y apuntar. No hay manera de romper el
crecimiento de la pobreza en la Argentina si no avanzamos en tratamientos
diferenciales.
Para
ir terminando, quiero dar un ejemplo: si yo tomo el gasto de capital y la
totalidad de la inversión que el Estado nacional hace en cada una de las
regiones, veremos que en la zona del Plan Belgrano se invierte el 19,8 por
ciento del gasto de capital y en la región central, el 43 por ciento.
Señor
presidente: de esta manera la pobreza no va a bajar en la Argentina. Nosotros
sabemos de gobernabilidad. Somos oposición pero tenemos gobernadores que
trabajan con nosotros y dirigen sus provincias. Es muy fácil venir acá a decir
“nos oponemos, está todo mal.” Debemos llevar respuestas a cada uno de los
habitantes del interior, que también viven y padecen los grandes problemas.
Por
eso estamos acá y vamos a acompañar este proyecto en general, a pesar de tener
muchas diferencias. Vamos a seguir planteando las disidencias pero insistimos
en que si se sigue invirtiendo en las zonas del NOA y del NEA solamente el 19
por ciento del presupuesto en gastos de capital mientras que en el centro del
país esa inversión continúa siendo de casi el 50 por ciento, no esperemos
disminuir la pobreza en la Argentina.
Vamos
a colaborar para hacer todo lo posible, pero seguimos insistiendo en lo
siguiente. Acompañamos la idea del presidente del Plan Belgrano. No lo pusimos
nosotros en la agenda, lo puso el presidente durante la campaña, pero queremos
que se cumpla, queremos que se dé esa inversión.
Voy
a dar un ejemplo: hay obras que figuran nominalmente en el informe que llegó
aquí del Plan Belgrano, que no estaban presupuestadas. Si nosotros no pedíamos
su incorporación en el presupuesto, no figuraban.
¿Ustedes
creen que puede llegar a hacerse la obra de la autopista Rosario de la Frontera‑Metán,
que tiene un presupuesto de dos millones de pesos? Es una ruta que debe este
gobierno pero que debe también el gobierno anterior. En esto no somos
hipócritas. La falta de inversión vial y de desarrollo en infraestructura de
producción es una deuda pendiente del gobierno anterior pero también constituye
una deuda de este gobierno, que tiene que resolverse para que el presupuesto
realmente cumpla la finalidad que debe cumplir, que no es solamente la de un
análisis numérico.
Para
los peronistas un presupuesto tiene sentido si la pobreza disminuye en nuestro
país. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr.
Pereyra.- Señor presidente: durante todo el día
de hoy he escuchado con mucha atención las exposiciones de mis colegas
diputados de los distintos bloques, cada uno reclamando lo suyo.
La
conclusión es que estamos tratando un proyecto de presupuesto para más ajuste,
para más achique, y que ratifica lo que desde el Poder Ejecutivo se ha venido
trabajando durante 2016.
Felicito
a la gente que tiene mucho optimismo y esperanza. Es cierto que eso es bueno. A
mí también me gustaría que nos vaya bien a todos los argentinos, como
obviamente es el deseo de quien conduce los destinos de nuestra patria y de
todos los que lo acompañan, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo.
Hay
temas que han sido la banderita de casi todos los señores diputados y diputadas
preopinantes, a los que me voy a referir en los pocos minutos de que dispongo.
Como
representante del pueblo de la provincia de Córdoba me hubiese gustado
acompañar al gobierno en el voto del presupuesto, pero ello me resulta
imposible. Mis profundas convicciones y la experiencia de los últimos años me
lo impiden. Me refiero fundamentalmente a los temas de endeudamiento, que es de
lo que más se ha hablado.
Como
manifesté en otra oportunidad, durante muchos años he administrado la cosa
pública con mucho éxito, haciendo transformaciones. Pero lo hice sin
endeudamiento, con el cuidado del día a día, del peso a peso y con la
responsabilidad de mantener las cosas del Estado. También lo hice en el ámbito
privado, con éxito y en la misma línea. No iba prácticamente nunca a los bancos
pero me levantaba a las seis de la mañana y trabajaba hasta las diez de la
noche. De allí viene mi preocupación por el incremento de la deuda pública que
está teniendo esta gestión de gobierno.
La
deuda externa adquirida a partir de la última dictadura cívico-militar y
agigantada irresponsablemente durante la década del noventa se había convertido
en un obstáculo insalvable para nuestra economía, hipotecando el futuro de
nuestras generaciones y condenando a la miseria y exclusión a millones de
compatriotas. Llegamos a deber el 160 por ciento de nuestro producto bruto
interno.
El
Fondo Monetario Internacional fijaba nuestras políticas y año tras año la
Argentina se hundía siempre un poco más. Pero a partir de mayo de 2003
recuperamos nuestra soberanía económica, demostrando al mundo que se podía
negociar y pagar sin condenar al pueblo al hambre y, fundamentalmente, que se
podía crecer.
Con
el presidente Néstor Kirchner conseguimos la quita de deuda más grande de la
historia, pagamos y crecimos. Solo en obra pública se invirtieron 107 mil millones
de dólares durante los doce años de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.
Esas obras fueron ejecutadas por el Poder Ejecutivo nacional, por gobernadores,
intendentes e intendentas, por instituciones intermedias e inclusive por
Cáritas, institución perteneciente a la Iglesia argentina.
Para
diciembre de 2015 la deuda había dejado de ser un problema. La deuda total
estaba en el orden del 9 por ciento del producto bruto interno.
Sr.
Presidente (Monzó).- Vaya terminando, señor diputado.
Sr.
Pereyra.- Nuevamente vemos una política de
endeudamiento para financiar gastos corrientes y obras como las que se
mencionaron aquí. Asimismo, se deja de
cobrar impuestos a los que más tienen para que los pague el conjunto del pueblo
a través de la deuda externa, que ya creció siete puntos en diez meses.
Voy
a concluir, pero a mí me correspondía el uso de la palabra como presidente de
bloque. Sin embargo todos ellos hablaron pero a mí no me dieron la palabra. Eso
lo conversaré con usted, señor presidente, que es tan atento y amable y preside
muy bien esta Cámara.
Finalizo
diciendo que tendremos que debatir en otro momento, cuando así lo decida esta
Cámara, qué modelo de país queremos: si queremos un país de distribución o de
concentración de riqueza, si queremos un país para apoyar la macroeconomía. En
este sentido, no seríamos ni el primero ni el único, hay muchos países del mundo que dejan a la vera
del camino al 80 por ciento de sus habitantes. La concentración de la riqueza
tampoco es para la gente que vive en esos países sino para este mundo
capitalista y globalizado que no tiene fronteras. Muchos se han instalado en la
Argentina hace unos años y lo siguen haciendo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.
Sr.
Cáceres.- Señor presidente: celebramos que por
fin haya llegado a este Congreso un proyecto de presupuesto único en muchísimo
tiempo. Hoy podemos entender que ha sido consensuado con la mayoría de las
fuerzas políticas, que es lo que estaba faltando en este país durante la última
década. Es muy importante que tenga la voz de cada uno de los sectores
políticos, que se los escuche.
Lógicamente,
se trata de un presupuesto perfectible. Siempre va a quedar alguna obra
pendiente para alguna provincia para la que no alcanzó, o tal vez alguna acción
social a mitad de camino. Pero lo más importante es que con una claridad
meridiana, con un supuesto de razonabilidad que no veíamos desde hace muchísimo
tiempo en la Argentina, podemos avizorar que si seguimos este camino del diálogo
y del consenso, sin duda podremos ver finalizadas en nuestras provincias todas
esas obras por las que tanto peleamos todos los diputados.
Es
un mérito de este presupuesto que tenga una herramienta tan fuerte y tan vital
para llegar a la pobreza cero, que constituye una prioridad en nuestro
presidente.
Hablo
de la obra pública que está en un valor singular. Inclusive, vinieron muchos
ministros a explicarnos los criterios de transparencia y ejecución para que
todas esas obras pudieran realizarse. Además, debemos destacar la importancia
en la acción social. Más de cuatro millones de niños tendrán la AUH. Con todas
estas medidas sociales que, de manera inédita se están implementando en nuestro
país, el Estado está ayudando a diez millones de argentinos. Me refiero a la
pensión universal para los adultos mayores, la cobertura universal de salud, la
reparación histórica a los jubilados con aumentos del 23 y del 46 por ciento y
la tarifa social, entre otras medidas.
En
relación con las obras federales que han sido incrementadas en un 30 por
ciento, y considerando el presupuesto para el año 2016, debo detenerme en la
provincia de San Juan. Concretamente, me referiré al túnel de Agua Negra, una
obra muy anhelada por todos los sanjuaninos. Durante décadas y décadas,
gobernadores han puesto el lomo y trabajado un montón, pero faltaba que un
organismo internacional –el Banco Interamericano de Desarrollo‑ denotara
seriedad, garantía y responsabilidad en el país para generar la expectativa de
financiar esa gran obra de más de 1.500 millones de dólares y dar un paso hacia
adelante. Así fue como apenas asumido nuestro presidente, el BID dio ese paso,
hoy es una realidad, y el viernes pasado Macri estuvo en la provincia de San
Juan, llamando a la precalificación de las empresas que construirán el túnel de
Agua Negra. Se trata de un túnel que conectará Porto Alegre, de Brasil, con
Coquimbo, en Chile, y dotará al PBI regional de 252.000 millones de dólares,
algo que cambiará drásticamente la historia de la provincia de San Juan.
Repasando
las obras, es muy importante destacar también la autopista San Juan-Mendoza,
que constituye un brazo que nos unirá con la hermana provincia y potenciará la
región de cuyo. De esta manera, tanto mendocinos como sanjuaninos podrán viajar
más seguros, y los padres podrán sentirse más tranquilos cuando sus hijos deban
viajar por motivos laborales, universitarios o de otra índole.
Son
muchísimas las obras y el término se me agota; pero además de todas las rutas,
la repavimentación y las nuevas arterias que van a implementarse en San Juan,
tengo que destacar un tramo de treinta kilómetros que beneficiará a Barrial, en
el Departamento de Calingasta, una tierra que, dicho por muchísima gente, tiene
el cielo más transparente del mundo. Justamente, por esa característica
natural, allí se instaló hace unas décadas el Observatorio El Leoncito.
Dejo
para lo último la garantía y la seriedad que tiene este proyecto de ley de
presupuesto, con la decisión de limitar al jefe de gabinete de ministros la
reasignación de las partidas. Todo ello se suma a lo que dije al principio, en
cuanto a que, en adelante, tendremos un camino contundente para que cada
diputado traiga la voz cantante de sus necesidades a este recinto, y podamos
contar con las obras necesarias en nuestras jurisdicciones. (Aplausos
en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la
palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Seminara.- Señor presidente: creo que al
finalizar esta sesión puede transmitir al señor presidente de la Nación que los
buenos modales y la buena educación han servido más que los millones de pesos.
Tenemos
muchos bloques que dicen ser opositores, pero terminan ratificando con más
vehemencia las posiciones del propio oficialismo. No quiero que me gane la
economía; ya han hablado muchos economistas sobre este tema. Es tiempo de
hablar un poco de política.
Con
malos modales la hegemonía de economistas llevó varias veces a este país a la
ruina. El 2 de abril de 1976, Martínez de Hoz, el abuelo de muchos de los funcionarios
que hoy tienen responsabilidades en materia económica, nos contaba las
veleidades y las bondades del endeudamiento, la quiebra de la industria
nacional y de que todo lo importado era mejor. Cuando las empresas privadas
terminaron endeudadas vino la mano de Domingo Felipe Cavallo, un funcionario
que atravesó la economía de los últimos cuarenta años, y dijo que toda la deuda
privada pasaba a ser del Estado. Al ser derrocada Isabel Perón, el Estado tenía
una deuda de 5.000 millones de dólares; cuando el presidente de facto Bignone
dejó el poder, la deuda rondaba los 45.000 millones de dólares, de los cuales
la mayoría era deuda privada que pasó a manos del Estado. Se trató de una
operación que se repetiría en varias oportunidades.
Esta
idea de que todo puede hacerse en defensa del mercado no tiene asidero en
nuestro país. Venimos, como Frente para la Victoria, a discutir la idea del
proyecto político que queremos para la Argentina del futuro. Esto nada tiene
que ver con la “primarización” de la economía y la destrucción del aparato
educativo, tanto a nivel universitario como de investigaciones. No queremos ser
cómplices de la fuga de cerebros; no queremos ser cómplices de que haya
universidades de primera y de segunda. Hubo un refuerzo presupuestario que
alcanzó a veintiuna universidades, que se repartirán 1.000 millones de pesos
extra.
Creemos
que hay que ser mucho más serios a la hora de discutir un presupuesto, en el
marco de explicar hacia dónde nos lleva el proyecto político que lo sustenta.
Es la política la que quita los matices de los economicistas. No queremos que
vuelva a pasar lo que sucedió hace cuarenta años. Vale la pena decirlo hoy,
porque mañana se cumplen cuarenta años de la expropiación del diario Clarín en manos de las familias Herrera de
Noble y Mitre. (Aplausos en las bancas.)
En
este país, hemos vivido en manos de los Braun Menéndez, de los Menéndez Behety, de los
Martínez de Hoz, y no queremos que hoy, bien educados, sean estos dirigentes
los que forjen los destinos de la Argentina.
Por
eso, como lo anticipamos, nos oponemos al acuerdo de inversión público privada
que hoy se sancionó en el parlamento; nos oponemos a este proyecto de ley de
presupuesto pero, como dirigentes políticos, venimos a dar el debate en el
lugar que corresponde. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la
palabra el señor diputado por Tucumán.
Sr.
Masso.- Señor presidente: he seguido con mucha
atención el debate respecto del presupuesto para el año 2017. Pero, nobleza obliga, todavía quedan dos
meses del año 2016.
Más
allá de lo que se planteó, de lo que hemos podido lograr para cada una de las
provincias en materia de mejoras, no podemos dejar de ver una realidad que
duele y mucho.
Hoy
en el Senado se avanzó con la sanción de una iniciativa sobre emergencia
social. Creo que antes de finalizar el período ordinario de sesiones, esta
Cámara debería discutir la emergencia social. Es muy lindo decir que la
asignación universal alcanza a un millón de niños más y que este gobierno dispuso
la rebaja en el IVA para los más humildes. Pero lo que no se dice, porque la
hipocresía es grande, es que hoy en la República Argentina ningún programa
social cubre la canasta básica alimentaria. Este propio gobierno, a través del
INDEC, ha dicho que una familia tipo necesita 5.500 pesos para no ser
indigente.
Es
muy importante que la emergencia social se discuta en este Parlamento y se
plasme en una ley, porque ya es hora de que los 13 millones de argentinos, de
los cuales 5 millones son niños que no la están pasando bien, tengan por lo
menos asegurado un plato de comida para este fin de año. Y cuando digo “un
plato de comida” me refiero a un plato de comida para el cual esos niños
vuelvan a usar el cuchillo y el tenedor que hoy no usan, no por el riesgo de
cortarse sino porque desde hace muchos años solamente utilizan una cuchara, ya
que solo toman una sopa o comen una polenta o un puré en un comedor
comunitario.
Ahí
debemos ir, es decir, a discutir la profundidad de la realidad social que hoy
tiene la Argentina. A mí por lo menos no me importa discutir sobre la pesada
herencia o sobre la realidad. Quiero que todos nos hagamos cargo y que podamos
garantizar la paz social en nuestra Argentina, porque hay fotos que no queremos
volver a ver, porque nos duelen y mucho.
Este
gobierno plantea el camino hacia la pobreza cero. Pero frente a esta realidad
social que tenemos en la actualidad nos aflige saber, por ejemplo, que para el
año que viene solamente se prevé un aumento del 1,84 por ciento para los comedores
escolares. Pareciera que no ha habido inflación y que con ese pequeño aumento
se podrán garantizar los insumos para el año 2017. Lo mismo ocurre con los
comedores comunitarios, para los cuales solamente se ha previsto un aumento del
8 por ciento.
- Ocupa la
Presidencia la vicepresidenta 2ª de la Honorable Cámara, profesora Patricia
Viviana Giménez.
Sr.
Masso.- Y lo más complejo en esa realidad social
es que se ha disminuido en 3.426 millones el programa PROG.R.ES.AR, destinado a
los jóvenes que día a día luchan para no ser los “ni-ni” de nuestra patria. Me
refiero a los casi un millón de jóvenes que en esta patria no estudian ni
trabajan.
Por
eso creo que más allá de lo que hoy resolvamos con respecto al presupuesto
2017, en lo que resta del año debemos poner los ojos en esta realidad social
que duele y que no se condice con la realidad económica.
En
este sentido, voy a poner un solo ejemplo. El gobierno ha dicho que para paliar
esa realidad va a llegar a 7,5 millones de argentinos con un bono de 1.000
pesos, lo cual representa una erogación de 7.500 millones de pesos. Y por otro
lado, los que entendemos un poco hacia dónde va la economía de la Argentina
decimos que en el Banco Central se han acrecentado las Lebac de 250.000
millones de pesos a 650.000 millones de pesos, lo que significa que a una tasa
promedio de entre el 20 y el 25 por ciento las entidades financieras se han
llevado este año una ganancia cercana a los 200.000 millones de pesos, mientras
que este gobierno solamente destina 7.500 millones para quienes más lo
necesitan.
Por
eso digo, señora presidenta, que es una necesidad pero también una obligación
de todos nosotros discutir una emergencia social que permita que este mes de
diciembre los 13 millones de argentinos que están bajo la línea de pobreza, y
sobre todo los 5 millones de niños que hoy comen en comedores comunitarios,
puedan comer en sus casas y festejar las fiestas de fin de año en familia. (Aplausos en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora diputada por Tucumán.
Sra.
Gallardo.- Señora presidenta: este proyecto fue
muy cuestionado por diversos organismos, como universidades e instituciones que
realizan tareas de investigación científica y tecnológica, tales como el
Conicet, el INTA, el INTI, la CONAE o la Fundación Miguel Lillo, en mi
provincia.
Como
representantes de cada uno de ellos, nosotros tuvimos muchísimas reuniones con
autoridades de esos organismos, con científicos, con gente de la universidad,
con personal del INTA y con los gremios, tanto en nuestra provincia como en
nuestro despacho, en nuestro bloque y en distintos ámbitos de este palacio
legislativo.
Eso
nos movilizó, y a través de sendas notas firmadas por varios señores diputados
–especialmente los de mi provincia‑ hemos solicitado a cada uno de los
miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, así como también al
presidente, que se revean estas medidas.
En
primera instancia, el presupuesto consideraba serios ajustes a estas
instituciones. Pero aparentemente esa preocupación que teníamos y que
manifestamos a través de distintas notas fue tenida en cuenta. Digo esto porque
hemos visto, con agrado, que en este presupuesto se han mejorado mucho los
números. Por ejemplo, a la Fundación Miguel Lillo le habían recortado 30
millones de pesos de su presupuesto y, gracias a todas las gestiones que
hicimos, hoy se le ha reintegrado esa suma y un poco más.
Pero
me llama la atención, señora presidenta, que se hayan previsto nuevos montos
para la mayoría de las universidades de nuestro país y no se haya atendido el
pedido que hizo la Universidad Nacional de Tucumán, a la cual se le ha reducido
sensiblemente su asignación presupuestaria en relación con otras universidades
nacionales. Cabe aclarar que nuestra universidad tiene más de cien años y
alberga a más de 70.000 estudiantes, con una proyección hacia la comunidad en
servicios superlativa, muy importante. En dicha universidad no solo estudian
los argentinos sino que vienen muchísimos estudiantes de países limítrofes a estudiar
y recibirse. Por eso nos parecía una injusticia que nuestra universidad, que
requiere para sus gastos mínimos durante el período 2017 aproximadamente 3.373
millones de pesos, reciba con este nuevo presupuesto unos 317 millones de pesos
menos. Esto nos preocupa mucho, porque sin duda terminará afectando el normal
desenvolvimiento para el pago de sueldos, servicios y demás gastos. Reitero mi
pedido de que en la medida de lo posible se atienda esta situación y se
modifique esta planilla.
Por
otra parte, considero que la mayoría de los cambios que se hicieron durante el
debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda han mejorado notablemente el
panorama económico, tanto de las instituciones como de las provincias.
Resultará muy importante que a través de este Fondo Federal Solidario las
provincias reciban más de 5.000 millones de pesos en obras, que justamente
serán destinados al financiamiento de infraestructura, de los cuales el 70 por
ciento irá para las provincias y el 30 por ciento a los municipios, en los que
hay tantas necesidades y demandas.
Como
bióloga también quiero resaltar que es muy importante que se considere la
incorporación de cerca de 300 millones de pesos para la ejecución de la Ley de
Bosques, 26.331.
Otra
mejora es el aumento de 1.290 millones de pesos en el monto destinado a ciencia
y técnica, precisamente en respuesta a los justos reclamos que hizo la
comunidad científica.
Por
otra parte, quisiera agradecer y destacar estos 40 millones de pesos
restituidos a una institución muy importante
y querida donde he trabajado como científica durante veinte años: la Fundación
Miguel Lillo.
Sra.
Presidenta (Giménez).- La Presidenta le solicita que redondee su exposición, señora
diputada, pues ha finalizado el tiempo del que disponía para hacer uso de la
palabra.
Sra.
Gallardo.- Además, nos falta hacer justicia con
estos científicos a fin de incluirlos en el régimen especial de jubilaciones,
que incluye a los de todas las instituciones de nuestro país, excepto a
nuestros queridos científicos “lilluanos”. Deseo que muy pronto se haga
justicia por medio de la sanción de un proyecto que he presentado en ese
sentido, que espero podamos tratar en la próxima sesión. (Aplausos en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora diputada por Chubut.
Sra.
Lagoria.- Señor presidente: estamos tratando el
proyecto de ley de presupuesto para 2017, al que se arriba después de un fuerte
trabajo y consenso entre legisladores de las distintas jurisdicciones, así como
también con los gobernadores y el Poder Ejecutivo nacional a través de sus
ministros.
Como
solemos decir, el presupuesto es el plan de acción de un gobierno, pero siempre
condicionado a las variables económicas que imperan. Hoy supongo que influyen
en la propuesta la no llegada de los capitales que se esperaban, el déficit
fiscal que se avizora y la no creación de puestos de trabajo que imposibilitan
la disminución de la pobreza, que ha arrojado a muchos ciudadanos a vivir en la
calle. También influyen la educación -que va para menos- y la caída del
consumo. Pero a pesar de todo, pensando en nuestro extenso territorio, se ha
procurado obtener el equilibrio que posibilite vivir con un poco más de
dignidad, progreso y bienestar.
Observando
el listado de obras propuestas para mi provincia, me retrotraigo a 2003, con
Mario Das Neves como gobernador, quien decidió unir a los pueblos del Chubut
trazando una red de conectividad. Hoy vemos que en sus gestiones persiste lo
mismo. Por ejemplo, la inclusión de los puertos de las ciudades de Puerto
Madryn, Rawson, Camarones, Comodoro Rivadavia; el camino de circunvalación
correspondiente a la ciudad de Comodoro Rivadavia; rutas generales como la 25,
259, 3 y de acceso a localidades; desagües cloacales; emisarios al mar, o la
finalización del tantas veces anunciado Estadio del Bicentenario de esta
ciudad. Largo es el listado, e involucró en su obtención a todos los
legisladores nacionales de la provincia. Ello nos obligó a abocarnos juntos a
los objetivos, sin pensar en el color político sino en el pueblo chubutense.
Quiero
destacar el esfuerzo que encabezó nuestro gobernador Mario Das Neves y el de
mis compañeros de bloque, principalmente nuestro conductor, Sergio Massa, Marco
Lavagna, nuestro vocero, y los otros legisladores de mi provincia, que sin
miramientos políticos y dejando fuera cualquier tipo de mezquindad han podido
trabajar para que Chubut tenga un mejor resultado.
Sabido
es que el aporte nacional para una provincia resulta clave para el desarrollo
de su infraestructura, y hoy podemos decir que si bien nunca es suficiente
–porque uno como chubutense siempre quisiera más- el presupuesto que estamos
votando resulta beneficioso para una provincia que ha dado mucho a la Nación
gracias a su actividad petrolera, entre otras.
Obras
como las que se incluyen en el presente presupuesto para la provincia del
Chubut apuntan no solo al desarrollo social y económico de los pueblos, sino
también a la conectividad de sus habitantes, mejorando por ejemplo las rutas o
los puertos antes mencionados.
Esto
significa afianzar un concepto que es clave en todas las gestiones de nuestro
gobernador: en Chubut no existen pueblos grandes ni chicos, todos son iguales.
Es por eso que las más de 39 obras que tenemos en el presente presupuesto
tienen un carácter federal que es trascendental para el crecimiento de nuestra
provincia.
La
concreción de las obras da trabajo; el trabajo da sustento, y el sustento mejor
vida para los ciudadanos chubutenses. Además, espero que se pague a los ex-agentes
de YPF, las acciones que fueran otorgadas por la ley 27.133, aprobada y
sancionada en abril de 2015. Será justicia. (Aplausos
en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora diputada por Chubut.
Sra.
Llanos.- Señora presidenta: en concordancia con
otros señores diputados, seguimos hablando de la provincia de Chubut. En este
caso, continuamos con el tema de la universidad. Vamos a seguir insistiendo en
un presupuesto digno, acorde, equitativo y que otorgue el derecho de seguir
estudiando a la gente de nuestra Patagonia en una carrera que necesita ser
relevada y que quedó fuera de las partidas.
Debemos
votar un presupuesto que incluya a la Universidad de la Patagonia San Juan
Bosco. La Patagonia también existe, así como nuestros jóvenes, que tienen que
seguir trabajando y estudiando. Hago este pedido por los derechos que nos
corresponden y por todo lo que nuestra provincia ha aportado para el
enriquecimiento de la Argentina. (Aplausos
en las bancas.)
Queremos
que nuestros niños y jóvenes puedan seguir estudiando, vengo peleando por esto
hace bastante y voy a seguir insistiendo. La educación no tiene precio; ese
precio debemos ponerlo nosotros.
Así
que, con la mano en el corazón, saquémosle el 1 por ciento a las universidades
que ustedes han puesto a dedo, y démosle ese monto a Chubut, que lo necesita.
Es necesario que las carreras sean dignas. En Medicina no podemos mandar a los
jóvenes a sus casas. Por eso –reitero- voy a seguir insistiendo por esta
Patagonia, que realmente fue rebelde, y ahora estamos siendo rebeldes para
poder seguir mejorándola.
Continuando
con el tema educativo, el gobernador de nuestra provincia nos ha dicho que es
insuficiente el presupuesto destinado a los científicos, quienes deben seguir
desarrollando un trabajo digno en investigación. Es necesario triplicar ese
presupuesto, ya que el monto asignado no alcanza.
Si
nos endeudamos –ya mi nieto nació con deuda-, vamos a seguir endeudando aún más
un país que debe apuntar a ser más digno para que nuestros hijos puedan seguir
estudiando. Tenemos que mirar a la educación. Si bien es cierto que la obra es
necesaria, viendo cómo están hoy nuestros jóvenes y chicos no pondría tantos
recursos en obras sino en educación.
Otro
tema importantísimo es el de los dos hospitales que tenemos, que necesitan el
ascensor y la morgue. Allí están los muertos, uno arriba del otro. No podemos seguir
con los hospitales como están. Nuestro gobernador necesita más dinero para
componer la lavandería, la calefacción, los dos ascensores, la morgue y la entrada
–que es una sola‑ de las ambulancias.
Otro
gran tema es el del acueducto de nuestra provincia. Tenemos la minería y se
insiste en el petróleo en nuestras
tierras, pero un tema candente es el agua. Para poder seguir trabajando en un
desarrollo digno y que todos los diputados podamos volver con una respuesta a
nuestras provincias, tenemos que defender en conjunto el acueducto.
Hay
muchos asuntos para abordar, pero no quiero extenderme demasiado porque si no,
otros legisladores no podrán intervenir. No obstante, quiero insistir en el
tema de la educación porque es lo que más necesitamos. Queremos que se siga
trabajando en las becas, que nos ocupemos de los docentes, los alumnos y los
niños, y que las universidades estén abiertas día y noche. Cuanta más
universidad tengamos, menos riesgo de drogadicción veremos en nuestras calles
para los jóvenes.
Quisiera
cerrar mi intervención con una frase muy propia para la ocasión: solo la verdad
nos hará libres si realmente llegamos a condicionarla del modo que corresponde.
(Aplausos en las bancas.)
Sra.
Presienta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Echegaray.- Señora presidenta: quisiera referirme
puntualmente a un aspecto del presupuesto que estamos considerando, pero
primero voy a hacer una acotación en particular.
En
el fragor del debate político se hacen críticas sobre este presupuesto no solo
en este ámbito, sino también en la sociedad. Algunos sectores pegan por derecha
y plantean que estamos ante un aumento del gasto público y que continuamos en
la variante de un cierto populismo. Otros, por izquierda, nos acusan de estar
imponiendo un ajuste neoliberal de insospechada magnitud.
Por
cierto, cuando ocurren estas dos cosas tan bipolares desde los distintos puntos
desde los que se ataca esta política presupuestaria propuesta por el gobierno,
algo nos dice que en líneas generales estamos en el camino correcto. No puede
haber interpretaciones tan disímiles sobre un mismo fenómeno. En consecuencia,
tal vez por primera vez, después de mucho tiempo, estemos discutiendo un
presupuesto que es verídico, que tiene bases reales y macroeconómicas que hacen
que sea más real que los que hemos venido votando desde hace años. En
definitiva, este presupuesto no es un dibujo.
Quisiera
ahora ajustarme al tema de ciencia y tecnología, función en la cual me ha
tocado participar más directamente por formar parte, junto a colegas de otros
sectores, de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Quiero
citar las palabras del propio ministro Barañao, quien visitó la Comisión de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y
describió el manejo del presupuesto en años anteriores y en este momento
manifestando lo siguiente: “Oportunamente hemos hecho una presentación de
nuestras necesidades al actual gobierno, pero como decía antes, esto no es algo
inusual. Ya hemos pasado por esta situación. Hasta ahora siempre hemos logrado
contar con los recursos necesarios. Nos consta la decisión política del
presidente y de todo el gabinete de apoyar el sistema científico y tecnológico.
Es la primera vez que se discute en detalle un presupuesto desde el inicio...”
–citaba el ministro‑ “...pero nunca pasó que estuviéramos discutiendo
cuál es el presupuesto del Conicet. Asumían que la plata estaba y nunca tomó
estado público.” El ministro Barañao decía que le parecía muy bueno que se
discutiera exhaustivamente el presupuesto en materia de investigación de toda
la función ciencia y técnica que, por supuesto, no está toda en su Ministerio,
sino en varias instituciones, tales como el INTA, el INTI, etcétera.
Por
esta razón, los diputados de los distintos sectores que conformamos el frente
Cambiemos creíamos que esto era insuficiente, más allá de la palabra valiosa
del ministro Barañao. Precisamente, queríamos que no existieran esos márgenes
de discrecionalidad en la política presupuestaria. Desde el mismo ámbito del
interbloque Cambiemos y de los diputados que participamos en la comisión, junto
con el señor diputado Negri, elevamos una acción al diputado Laspina,
presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a la vista de que el
presupuesto actual era insuficiente en este punto, más aun teniendo en cuenta
el reconocimiento expreso del actual presidente Macri respecto de que este presupuesto
configura una política de Estado. Cabe señalar que el actual ministro de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva es el mismo que el del anterior
gobierno.
Ante
esta acción conseguimos un primer peldaño relevante en la discusión y logramos
que se asumiera que el presupuesto tenía una magnitud que no correspondía. Por
esa razón el presupuesto fue incrementado, en términos generales, en una suma
de 1.290 millones de pesos que se componen de la siguiente manera: 700 millones
para el propio Ministerio, 150 millones para la CONAE, 300 millones para el
INTA, 100 millones para el Conicet, 40 millones para la Fundación Lillo, entre
otros.
Esto
también generó que de alguna manera tuviéramos un presupuesto real. En los
últimos años del anterior gobierno el presupuesto venía en una constante
decreciente, más allá de los fondos que luego giraba el propio gobierno al
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Quiero
destacar que en el actual presupuesto hay un reconocimiento de la función ciencia
y tecnología de las universidades, que había desaparecido en los años
anteriores y que se había tornado irrisoria. Esta función volvió a aparecer y
dista mucho de ser la ideal, pero hoy las propias universidades tienen un fondo
para distribuir en la línea de este aspecto específico. De esta manera logran
la pertinencia local y regional de investigación y mayor autonomía
universitaria, algo que también se fue perdiendo en años anteriores.
Sra.
Presienta (Giménez).- Por favor vaya concluyendo,
señor diputado.
Sr.
Echegaray.- Ya termino, señora presidenta.
Este
capítulo no está cerrado y en los años venideros discutiremos nuevamente esta
cuestión.
Es
necesario volver a crear condiciones para llegar a un presupuesto que genere
condiciones para el sector privado, que ha desaparecido de la inversión en
ciencia y tecnología. Esto constituye hoy un 20 por ciento de la inversión
total en esa materia. Probablemente, las condiciones que establece este
gobierno posibiliten que el sector privado invierta más en proyectos
estratégicos y en nuestro propio sistema científico tecnológico.
Pido
permiso a la Presidencia para insertar en el Diario de Sesiones mi intervención
sobre los superpoderes. (Aplausos en las
bancas.)
Sra.
Presienta (Giménez).- Tiene la palabra la señora diputada por Río Negro.
Sra.
Horne.- Señora presidenta: estamos tratando un
presupuesto de ajuste y de endeudamiento que no reconoce el desastre social que
se ha generado en estos diez meses. Debo recordar que nos encontramos en un
país que tiene un punto de partida con un déficit de por lo menos dos millones
de puestos de trabajo por despidos, lo que ha arrojado a muchas familias a la
calle.
No estoy hablando solamente del empleo
formal que se ha perdido tanto en el sector público como en el privado. Me
refiero también a los sectores de la economía popular que se han tenido que
valer de formas de autogeneración de empleo para subsistir y que hoy requieren
en forma urgente e inevitable que se declare una emergencia social, que por lo
menos les permita generar por un año puestos de trabajo para que sean
reconocidos como trabajadores y no ser sujetos de asistencia y limosna. Creo
que es el punto de partida para señalar el déficit principal del proyecto que
está a punto de ser votado.
Trataré
de ser sucinta y no repetitiva. A pesar de que se dice que nuestro país tiene
un gran desarrollo agropecuario, este presupuesto no reconoce a las economías
regionales que hoy se debaten en una crisis que las coloca al borde de la
desaparición.
Hemos
visto desfilar por esta ciudad a los frutihorticultores de nuestra provincia
regalando fruta y pidiendo programas de fomento, crédito y acceso a la
infraestructura. A cambio han recibido solo políticas de importación
desmesurada y la imposibilidad de comercializar sus productos en el exterior
porque han perdido mercados.
Por
otro lado, en este período estacional nuestras economías regionales van a
comenzar a vivir mayores niveles de despido. Provengo de una provincia en la
cual la mayor empresa frutícola, Expofrut, está despidiendo personal a mansalva
porque ha cerrado sus plantas y galpones de empaque en las ciudades del Alto
Valle, y ahora siguen otras empresas como Moño Azul y San Formerio. Estas
consecuencias se podrían haber frenado si hubiera una política de fomento a las
economías regionales.
Se
ha desprotegido al sector de la agricultura familiar. Cerca de cinco millones
de personas viven de este desarrollo agrícola y generan los alimentos para la
mayoría de nuestros hogares. La secretaría del sector ha sido vaciada, han
despedido a los trabajadores y a los técnicos. Inclusive el secretario de
Agricultura Familiar puesto por este gobierno ha renunciado porque no ha podido
sostenerse con un presupuesto inexistente.
Quiero
señalar la desprotección de este presupuesto respecto a nuestros pueblos
originarios. El INAI, el Instituto de Asuntos Indígenas, no tiene con qué
solventar la ley 26.160, que ordena el relevamiento de las tierras y suspende
los desalojos. Si no reparamos rápidamente este vacío que se ha producido por
el incumplimiento de una legislación, tendremos una gran cantidad de
conflictos.
En
este presupuesto se ha desprotegido a nuestros bosques nativos. Nuestro plan de
manejo del fuego no ha licitado las herramientas, maquinarias, helicópteros y
elementos para el combate del fuego y el funcionario del área solo pide que
recemos porque ni él sabe de qué manera se va a sostener cuando comiencen a
rotar las temporadas de incendios que ahora, justamente, le tocan a la región
de la que provengo.
Quiero
hacer mención a la ciencia y a la técnica, no solo porque tenemos una
universidad magnífica como la Universidad Nacional del Comahue, cuyo
presupuesto ha mermado en 175 millones de pesos, sino porque además Bariloche
es la ciudad que más investigadores tiene por habitante, y el impacto que se va
a sufrir por la merma en el presupuesto de ciencia y técnica lo vamos a sentir
todos los habitantes de la región.
El
INTA es un organismo que se solventa con el 0,45 por ciento de las
importaciones, por lo tanto es autárquico. Su presupuesto ha mermado en 218
millones de pesos en materia de salarios. Su autonomía ha sido condicionada
porque sus consejos regionales ya no pueden decidir libremente su política de
asignación de becas.
Finalmente,
se requieren fondos para impedir que este país siga teniendo presos políticos.
La manera de hacerlo es dando respuesta a las políticas sociales y declarando
la emergencia. Por supuesto, quiero adherir al pedido de una Navidad sin presos
políticos y de la libertad de la compañera Milagros Sala. (Aplausos en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Spinozzi.- Señora presidenta: en anteriores
oportunidades, me ha tocado participar del debate del proyecto de ley de
presupuesto formando parte de la oposición. En esta ocasión, participo como
oficialista de la primera presentación del presupuesto del presidente Macri.
Quiero
hacer una rápida mención a tres aspectos de los que oportunamente fui crítico y
que en esta ocasión se han modificado sustancialmente.
Estábamos
acostumbrados a tener presupuestos que se elaboraban con estimaciones falsas,
básicamente para subestimar ingresos que luego eran distribuidos de manera
discrecional y arbitraria por el Poder Ejecutivo.
La
decisión política de nuestro presidente de recuperar el INDEC nos permite tener
estadísticas que aunque en muchos casos son dolorosas, reflejan la realidad de
la República Argentina.
En
segundo lugar, en los últimos años, una vez terminado el debate en el Congreso,
el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera era absolutamente
desvirtuado a partir de la reasignación de partidas que permitía al jefe de
Gabinete de Ministros. Luego de la modificación que votaremos hoy, el Congreso
recuperará gran parte de las atribuciones que había resignado voluntariamente.
En
tercer término, estábamos acostumbrados a tratamientos exprés, sin debate y a
libro cerrado. En esta ocasión hemos tenido la posibilidad de recibir en el
ámbito del Congreso de la Nación al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas
para presentar el proyecto junto a los presidentes de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda de las Cámaras de Diputados y de Senadores. Luego este
ministro regresó al seno de la comisión para responder preguntas, evacuar dudas
y escuchar propuestas. De igual manera estuvieron presentes el ministro de
Educación y Deportes, Esteban Bullrich; la ministra de Desarrollo Social,
Carolina Stanley; el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio
Frigerio y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
Hemos
escuchado propuestas, muchas de las cuales han sido incorporadas y hoy serán
aprobadas.
Como
santafecino, quiero manifestar mi satisfacción por este gran plan de
infraestructura que nuestro presidente ha puesto en marcha, uno de los más
ambiciosos en la historia del país.
La
provincia de Santa Fe siempre ha reclamado obras de infraestructura básicas
para acentuar y profundizar su perfil productivo.
Si
bien también tenemos que reconocer en este presupuesto fuertes inversiones en
materia social señales claras de la lucha contra el narcotráfico, poniendo en
marcha a partir del año próximo un tribunal federal nuevo en la ciudad de
Venado Tuerto, o construyendo una cárcel federal en la ciudad de Coronda‑,
queremos destacar las importantes inversiones en infraestructura que nos
permitirán recuperar cientos de kilómetros de vías de ferrocarril de las
distintas líneas que circulan por nuestra provincia.
Se
ha conseguido incorporar partidas importantes para la conexión vial entre
nuestra provincia y Entre Ríos, con un puente a la altura de las ciudades
capitales de ambas provincias.
Del
mismo modo, se logró incorporar una partida para la construcción del puente
entre las ciudades de Santo Tomé y Santa Fe, un compromiso incumplido por años
por el gobierno nacional.
También
se prevé grandes inversiones en infraestructura en los ingresos a los puertos
de la zona de Rosario, comparables con los puertos más modernos del mundo, que
sin embargo no tienen la suficiente infraestructura para que el 65 por ciento
de las exportaciones que hace nuestro país por ellos pueda llegar de la manera
más lógica.
Quiero
mencionar también las fuertes inversiones en materia de autopistas. Vamos a
transformar las viejas rutas 11, 33 y 34 en modernas autopistas.
Para
terminar, recuerdo que hace diez años el presidente de turno prometió la
autopista en la ruta 33, que une dos puertos importantes de la Argentina, Bahía
Blanca con Rosario. Nuestra provincia ostenta un triste récord en muertes por
accidentes de tránsito, está segunda a nivel nacional, con más de 700 muertes
por año. Lamentablemente, esos diez años de demora y promesas incumplidas se
cuentan en muertes injustificadas por accidentes de tránsito en la provincia de
Santa Fe. Valoramos las
inversiones que van a permitir a los santafesinos producir más, generar mayores
puestos de trabajo y de esa manera hacer un aporte importante a la grandeza de
nuestra patria. (Aplausos en las galerías.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora diputada por Catamarca.
Sra.
Mercado.- Señora presidenta: el Poder Ejecutivo
necesita del presupuesto para gobernar. El problema es qué presupuesto y para
quiénes gobierna. Presupuestos como el que estamos discutiendo buscan legitimar
y cristalizar los ya graves impactos económicos y sociales que ocasionó este
gobierno en su primer año de gestión.
El
presupuesto para el 2017 tiene el sello de la profundización del ajuste y la
pobreza. Desde el 10 de diciembre pasado la Argentina está llevando adelante
las recetas del manual neoliberal: aumento de tarifas, liberalización
financiera, apertura de importaciones, devaluación, aumento de precios. Así se
genera más desempleo e inflación, menos salario, el abecé, lo más básico del
manual neoliberal.
La
primera medida de este gobierno, la quita de retenciones a las mineras y a los
agroexportadores, generó un déficit mayor a lo proyectado en el presupuesto
para 2015. Esta primera devolución de favores de esta gestión, como en los años
90, generó al pueblo la angustia de no saber cómo se llega a fin de mes.
Se
ha incrementado la deuda externa como nunca, como en ningún otro lado, y en un
tiempo récord, sin dirigirla hacia los sectores productivos, de infraestructura
o tecnología, sino poniéndola al servicio de los gastos corrientes.
Lo
único que hizo este incremento de deuda pública es enmascarar el fracaso de la
lluvia de inversiones que hasta el día de hoy seguimos esperando. Este
presupuesto para 2017 no contempla la recuperación del poder adquisitivo de los
salarios y vende una proyección excesivamente optimista en relación con el
crecimiento, los precios, el tipo de cambio, la recaudación, las exportaciones
y la inversión.
Es
difícil creer en las proyecciones de un gobierno que en diciembre de 2015 nos
dijo que la inflación de este año rondaría entre el 20 y el 25 por ciento,
cuando las estimaciones más optimistas nos hablan de un 42 por ciento,
duplicando lo previsto por el ministro Prat-Gay.
Este
presupuesto nos muestra el Estado relegado al mercado, las empresas privadas,
las consultoras, las multinacionales y a una tropa de personajes que siempre
denostaron el rol interventor y protagónico de las políticas públicas, los
mismos que hoy pretenden confundir inclusión social con marketing engañoso, como ayer lo hacía la ministra Stanley en una
sucursal de L’Oréal.
Este
presupuesto no mejora el reparto de fondos de las provincias, como lo haría una
distribución automática de los ATN, permitiéndoles mayor holgura y autonomía.
Celebramos
que esté previsto un incremento presupuestario para obras en las provincias,
pero sabemos que es inequitativa la distribución y que se desfinancian
importantes obras para las provincias más vulnerables. Por supuesto, no podemos
dejar de subrayar la subejecución de este año 2016.
Este
exceso de optimismo choca con la realidad, que solo refleja mayor endeudamiento
público. En el Ministerio de Educación y Deportes hay pérdidas que van a
impactar en el programa FinEs y en el financiamiento de las universidades
nacionales. Seguramente, poco debe conocer el presidente de la Nación y sus
funcionarios acerca del sacrificio de muchos jóvenes que intentan terminar el
ciclo secundario. Y en cuanto a la reducción de las universidades, ahora se torna
más clara la posición del aquel entonces candidato a presidente cuando nos
decía “¡Qué es esto de universidades por todos lados!”
Se
registra una reducción de las partidas de la Secretaría de Industria y
Servicios y del Ministerio de Agroindustria. El Ministerio de Salud sufre una
caída en términos reales del 12 por ciento. El Programa de Atención a la Madre
y el Niño registra una reducción del 50 por ciento. Los hospitales no tienen
reactivos para el VIH, no se entregan preservativos, y no se está aplicando el
protocolo de atención de la salud integral para las personas trans.
Las
políticas públicas para las mujeres en situación de violencia sufren una caída
del 8 por ciento en términos reales.
Sra.
Presidenta (Giménez).- La Presidencia solicita a la señora diputada que vaya cerrando
su discurso porque se ha agotado su tiempo.
Sra.
Mercado.- Le pido un minuto más porque quiero
abordar la particularidad de la provincia de Catamarca.
Las
transferencias de la Nación a mi provincia se incrementaron en 2016 en un 22
por ciento, lo que significa una reducción de las transferencias en términos
reales del 11 por ciento si se toma la variación del 37,2 de precios implícitos
en este año, que está explicitada en el mensaje del presupuesto.
Según
lo dispuesto en el mensaje del presupuesto para 2017, las transferencias
aumentarán un 38 por ciento, y hay que descontar el 6 por ciento del monto de
impuestos coparticipables que antes se destinaban a la ANSES, un 22 por ciento
en 2018 y un 16 por ciento en 2019.
Solo
un 2,6 por ciento de los recursos presupuestados para obras públicas en el
período 2017-2019 será asignado a la provincia de Catamarca, y ese porcentaje
es incluso menor porque muchas obras están compartidas con otras provincias.
Solicito
que el resto de mi intervención se inserte en el Diario de Sesiones.
Para
finalizar, quiero decirle que pertenezco a un espacio político que siempre ha
luchado por más inclusión y justicia social. Queremos libertad económica y
soberanía política, y no condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. (Aplausos en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Muchos señores legisladores que estaban anotados en la lista de
oradores han decidido no hacer uso de la palabra a fin de acelerar el trámite
de la sesión y de que el proyecto en consideración pueda ser votado dentro de
un horario adecuado. Por lo tanto, la Presidencia solicita a los señores
diputados que se ciñan al tiempo de que disponen para efectuar sus
exposiciones, ya que de lo contrario se estaría incurriendo en una falta de
respeto hacia aquellos legisladores que han declinado la posibilidad de hacer
uso de la palabra.
Tiene
la palabra la señora diputada por Mendoza.
Sra.
Sosa.- Señora presidenta: los primeros elogios
que ha recibido el proyecto de ley de presupuesto para 2017 no provinieron de
los señores diputados del bloque oficialista o de aquellos que han decidido
acompañar esta iniciativa, sino del Fondo Monetario Internacional, de los
organismos del capital financiero, de los que se reunieron en el mini Davos y,
principalmente, de los gobernadores, que están contrayendo deudas millonarias
que van a engrosar las cifras siderales del endeudamiento nacional. En este
sentido, el señor gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, está
colaborando en esta orientación de endeudamiento y ajuste. En consecuencia,
reitero que esos son, a mi juicio, los primeros elogios que ha recibido el
proyecto de ley de presupuesto.
Esto se
da en el marco de una sesión realmente escandalosa, que comenzó con el rechazo
de nuestra moción de que se incluya un proyecto de nuestra autoría por el que
proponemos la anulación del “dietazo” de los legisladores, que fue fuertemente
repudiado por toda la población trabajadora, que ha tenido una repercusión muy
grande en las redes sociales y que incluso demuestra la gran insensibilidad
social que tienen los diputados que están elogiando y hablando maravillas del
proyecto de ley de presupuesto para 2017.
Hasta
el propio presidente de la Nación se ha pronunciado sobre este “dietazo”,
diciendo que los diputados de la Nación deberían hacer el mismo esfuerzo que el
conjunto de la población –no de los trabajadores, ya que nunca habla de ellos
porque es a los que despide- y no pasarse.
Lamentablemente,
se olvidó de comentar esto a los diputados que conforman el bloque oficialista
y a aquellos que con su voto negativo no habilitaron el tratamiento de la
iniciativa que presentamos para anular este “dietazo”.
Por
otra parte, el presidente de la Nación olvidó incluir en el proyecto de ley de
presupuesto para 2017 una de las demandas sociales más sensibles por parte del
conjunto de las mujeres, que se están movilizando masivamente en el país. El
plan que el presidente Macri anunció junto con la presidenta del Consejo
Nacional de las Mujeres en el mes de julio, justamente después de la
movilización denominada “Ni una menos”, establecía que se iban a destinar 750
millones de pesos a la creación de treinta y seis casas refugio. La verdad es
que no sabemos cuáles son las estadísticas que el gobierno nacional ha tenido
en cuenta para considerar que es necesario crear ese número de casas refugio,
que a nuestro juicio es insuficiente.
Ante
ese plan que anunciaron el presidente de la Nación y el Consejo Nacional de las
Mujeres, presentamos un pedido de informes, pero lamentablemente ese proyecto
se encuentra cajoneado en la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.
El
proyecto de ley de presupuesto está muy lejos de cumplir con el anuncio
efectuado en el mes de julio, ya que solamente contempla una partida de 62
millones de pesos para el año próximo. Se trata de una cifra que es doce veces
menor que lo anunciado por el primer mandatario.
Hace
poco se construyó en la ciudad de La Plata una casa refugio para setenta personas.
Ese inmueble cuenta con aire acondicionado, calefacción, habitaciones con baño
privado, salas de juego para los niños, personal y sistemas de protección. Su
costo fue de 25 millones de pesos. Obviamente, esta obra no fue construida con
fondos del gobierno de la señora Vidal, sino de los empresarios y de la
Iglesia. A nuestro juicio, eso no corresponde, ya que debe haber una
responsabilidad estatal.
De
acuerdo con la obra que se hizo en la ciudad de La Plata, la construcción de
treinta y seis casas refugio tendría un costo de 900 millones de pesos. De
manera tal que lo que miserablemente establece este proyecto de ley de
presupuesto para 2017 ni siquiera se aproxima a la cifra necesaria para atender
las demandas de las mujeres, que están muriendo a causa de los femicidios y del
fracaso de las políticas de los gobiernos nacionales y provinciales frente a la
necesidad de prevenir la violencia y proteger a quienes se encuentran en esta
situación.
Tampoco
se ha contemplado la forma en que se va a sostener al personal
interdisciplinario en estas casas refugio. No hay ningún tipo de proyección
sobre eso, y lo digo con mucha preocupación.
Represento
a la provincia de Mendoza, que está conmocionada porque en lo que va del año se
han registrado en ella diecisiete femicidios. En reiteradas oportunidades nos
hemos movilizado en forma masiva porque solamente en el término de un mes
sufrimos siete femicidios. En consecuencia, nos parece que esto constituye una
burla que demuestra la insensibilidad de este gobierno y de los diputados del
oficialismo.
Otro
tema que deseo destacar es que este proyecto de ley de presupuesto prevé una
modificación del Renatea, que pasaría a ser controlado por el Renatre, que es
conducido por “Momo” Venegas, dirigente de la UATRE, un gremio pro-patronal.
Señalo esto con suma preocupación porque en nuestro bloque representamos a
provincias como Mendoza y Salta, que tienen una composición agraria y de
trabajo rural muy fuerte. Dicho organismo fue vaciado mediante despidos
masivos, respecto de los cuales también nos pronunciamos oportunamente.
Como
ya lo han expresado otros compañeros de mi bloque, rechazamos fuertemente este
proyecto de ley de presupuesto del ajuste y el endeudamiento, que además
fortalece la violencia que se ejerce sobre las mujeres, ya que no les está
brindando las mínimas garantías para solventar las condiciones materiales
necesarias para sacarlas de la situación en que se encuentran. (Aplausos en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por el Neuquén.
Sr.
Ciampini.- Señora presidenta: Cambiemos mintió.
Estamos tratando el primer proyecto de ley de presupuesto de este gobierno,
mientras que el del corriente año está subejecutado. Resulta notorio el
“parate” que se ha producido en todo el país, como así también la situación que
se palpa respecto de todas las inversiones que se venían haciendo en la
Argentina.
Si
Cambiemos mintió acerca de la ejecución presupuestaria correspondiente a 2016,
ni queremos pensar lo que pasará con el presupuesto para el año próximo,
elaborado sobre ejes que todavía no fueron plasmados pero que pueden apreciarse
muy claramente en las políticas que se están llevando a cabo.
Este
es un proyecto de ley de presupuesto del ajuste. Podemos hablar sobre todas las
situaciones planteadas en un presupuesto. Cambiemos dijo que este último es
ajuste, lo que este año fue plasmado mediante todas las políticas que
implementaron y que vimos en la calle. Esto pudimos apreciarlo en el ámbito de
la educación, de los emprendimientos regionales, de la obra pública, de las
viviendas –cuya construcción fue paralizada- y en muchos otros.
Entonces,
¿qué es lo que nos vienen a vender hoy con un presupuesto para el año que
viene? ¿Pretenden seguir mintiéndonos?
Desde
la provincia del Neuquén venimos anticipando una situación muy comprometida
respecto del desarrollo petrolero que se venía verificando mediante YPF,
empresa que habíamos recuperado. Hoy hay una paralización muy importante en
cuanto a la producción y exploración petrolera, y ni qué hablar de lo que ha
pasado esta semana con Chihuido, que es un emprendimiento muy importante para
el país en general y el desarrollo energético de la zona central de mi provincia en particular. Esta obra, que se
ha esperado durante mucho tiempo, ha sido licitada y adjudicada. Sin embargo,
por jugar con otros países a nivel internacional en cuanto al cambio de las
tasas cuando en realidad las licitaciones internacionales son sagradas, nos
quedamos sin el financiamiento necesario para la realización de esta obra.
¿Cuántos años más vamos a esperar para que Chihuido se concrete? ¿Tienen que
volver a licitar todo de nuevo? Por eso decimos que este es el presupuesto de
la mentira. Esperemos que esto se revierta durante el transcurso del año que viene
porque todos queremos a nuestro país, pero va a tener que venir una lluvia muy
fuerte, una tormenta muy fuerte de inversiones, como ustedes plantean, porque
si no este ajuste nos va a volver a llevar a lo que ya vivimos hace una década.
(Aplausos en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.
Sr.
Bardeggia.- Señora presidenta: luego de tantas
horas caigo en la cuenta de que en ningún momento escuché hablar de industria,
complejos industriales, complejos agroalimentarios, crédito productivo a las
pymes, crédito productivo a los sectores del trabajo ni del sostenimiento del
empleo. Está claro que todo esto no forma parte de las preocupaciones que se
tuvieron, no solo en el debate de largas horas sino en el presupuesto
propiamente dicho y en las comisiones, es decir, es una temática que no
existió. Solo escuchamos hablar de la implementación de recursos para obra, que
no subestimamos en modo alguno pues es muy importante. Sin embargo, no quiero
dejar de señalar esta omisión.
Si
tuviera que definirlo en muy pocas palabras, diría que es un presupuesto que se
repliega pero que a su vez se endeuda. Sobre la base de las ausencias que
recién señalaba, es un presupuesto que precisamente neutralizó ministerios como
el de Agroindustria, el de Desarrollo Productivo, el de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva y el del Interior, Obras Públicas y Viviendas.
En
una referencia muy rápida a Río Negro y a las provincias patagónicas,
obviamente suscribo lo que dijeron los compañeros de la región y de mi
provincia, pero es un presupuesto que en la provincia también neutraliza en
forma combinada los presupuestos de Agroindustria, que es irrisorio, y de obras
públicas, de ciencia y técnica y de producción.
Además,
en la ejecución presupuestaria de este año es muy fácil advertir que las
provincias patagónicas y Río Negro son las que menos crecimiento tuvieron en
las transferencias de recursos nacionales, tanto coparticipables como no
coparticipables. Este es un presupuesto que genera a la Patagonia los mayores
sacrificios.
Además,
este presupuesto vino acompañado de pérdida de la actividad productiva y de
puestos de trabajo. Hace un rato el diputado Martínez mostró el titular de un
diario que destacaba la pérdida de 3.300 puestos de trabajo solo en el sector
de la fruticultura.
Este
presupuesto también viene acompañado de una estrepitosa caída de la actividad
comercial ‑comercios minoristas‑, y sabemos lo que eso implica en
localidades pequeñas, en los pueblos y las ciudades medianas de las provincias.
Sabemos
muy bien que este presupuesto implica un incremento inusitado del endeudamiento
de la provincia. Hace solo tres días el gobernador anunció otra nueva emisión
de bonos, en este caso por 600 millones, y ya van 2.000 millones. Es algo
absolutamente impensado, que marca el inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento
para la provincia.
Quiero
señalar lo mismo para las provincias patagónicas. Si sacamos el promedio del
crecimiento de las transferencias nacionales al conjunto de las provincias
patagónica, excluida La Pampa, son las que más recursos sacrificaron. De todos
modos, celebro la alegría del diputado que hace un rato habló del incremento
presupuestario de La Pampa.
Si
analizamos el incremento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la diferencia
es abismal, ya que es de 12 puntos. La iniquidad no podría ser mayor. Algo
similar ocurre con la Universidad de Buenos Aires respecto del conjunto de las
universidades del enorme interior de nuestro país, en lo que la iniquidad no
podría ser mayor.
En
resumen, hay una enorme centralización de recursos federales y una desaparición
de ventajas regionales. ¿O acaso no escuchamos algunas versiones respecto a que
pretendían terminar con los reembolsos por puertos patagónicos y los precios
diferenciales a la nafta en la Patagonia? ¿No escuchamos hace unos meses, en
tiempos del tarifazo, que se pretendió terminar con los beneficios o los
subsidios al gas en la Patagonia? ¿No podemos interpretar dentro de este contexto
lo que sobrevuela sobre la isla de Tierra del Fuego? Ahora parece que es un
pecado el subsidio a Tierra del Fuego.
En
realidad, lo que está en cuestión es la región patagónica y las provincias que
la componen en esto que vengo describiendo.
En
mi provincia el presupuesto del Ministerio de Agroindustria es irrisorio frente
a la problemática severa de la fruticultura, y mucho más de los productores
primarios independientes absolutamente descapitalizados y expulsados en forma
sistemática del sistema.
El
presupuesto de Obras Públicas es igual al de 2016, como se viene ventilando en
los medios nacionales.
El
presupuesto de la Universidad Nacional del Comahue va a tener un duro impacto
en la región, y tal como lo señalaron todos los compañeros de las provincias
patagónicas, el presupuesto de ciencia y técnica va a tener un duro impacto en
el principal complejo científico del interior del país, de la ciudad más grande
de Río Negro y una de las más grandes de la Patagonia: Bariloche.
Vecinos
de Bariloche que trabajan en distintos ámbitos del complejo científico del
Conicet, Inibioma, nos enviaron una nota que dice que el proyecto de
presupuesto 2017 plantea una reducción clara y restrictiva de la inversión en
ciencia y técnica al mínimo histórico desde la creación del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Solicito que el texto completo de
esta nota se inserte completa en el Diario de Sesiones.
Para
finalizar, adelanto que no acompañaremos el proyecto de ley de presupuesto. (Aplausos en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr.
Huss.- Señora presidenta: aprovecho esta
oportunidad para solicitar ‑en forma amable, ya que son tiempos en que es
importante la forma, no los contenidos de fondo‑, a través de su
intermediación, al presidente de esta Cámara que revea la decisión de mantener vedadas nuestras
galerías y nuestros palcos al acceso al pueblo. Lo reitero, pues todas las
veces que me he expresado en este recinto lo he hecho de la misma manera porque
nos gusta debatir de cara y con el pueblo.
Adelanto
que obviamente votaré por la negativa este proyecto de ley de presupuesto. No
adopto esta posición con un sentido ideológico o con explicaciones rebuscadas
sino desde lo pragmático.
A
mediados de la década del 40, en la Argentina, un hombre decía que la única
verdad es la realidad. Al principio de este período de sesiones, nos dijeron
que había que acordar con los fondos buitre como sea y bajo cualquier concepto
porque iba a venir una lluvia de inversiones. Esa lluvia de inversiones nunca
llegó.
También
nos dijeron que no habría despidos en ninguna órbita del Estado y que en la
Argentina estábamos en la panacea. Después reconocieron la pérdida de por lo
menos 120 mil puestos de trabajo formales.
Nos
hablaron además de la pesada herencia, y voy a hacer hincapié en la provincia
de Entre Ríos. Quiero que todos mis compañeros de la Cámara sepan que las obras
que el gobierno nacional ha inaugurado en estos once meses de gobierno han sido
parte de la pesada herencia. Para la provincia de Entre Ríos no se han licitado
nuevas obras de infraestructura.
Claramente,
estamos ante un proyecto de presupuesto ajustador, que incrementa en
proporciones históricas la deuda externa que tiene la República Argentina. Me
pregunto quiénes serán los que tendrán que apagar este incendio que se está
empezando a generar. Seguramente las generaciones que nos sucedan.
Hablan
de niveles de obras históricos, cuando en la misma puerta de este Congreso, o a
lo largo y ancho de nuestra querida patria, nuestro pueblo está viendo otra
realidad, con mayor desempleo y pérdida de puestos de trabajo de calidad.
Tenemos
un endeudamiento que nos está empezando a asfixiar, economías regionales que de
a poco van desapareciendo, y podríamos seguir con una larga lista de
frustraciones como pueblo argentino.
Al
comienzo de esta jornada escuché
decir que la Argentina no era una joven de 15 años que estaba triste.
Me tomaré el atrevimiento de decir que
confío plenamente en la grandeza del pueblo argentino. Creo en su autoestima
para superar cualquier crisis, y que los dirigentes políticos debemos ser los
que encabecen ese resurgimiento de la Nación que hoy está permanentemente
postergando.
Este presupuesto, que mis compañeros
de bloque han explicado mejor técnicamente, es un claro ejemplo de lo que
vivimos hace un año, que fue la puesta en escena y la mentira más descarada
para el pueblo argentino a través de ese famoso debate televisivo, ya que el
actual presidente no ha cumplido una sola de las promesas, salvo las referentes
al sector concentrado de la economía. Por eso pedimos que una vez la taba caiga
para el lado de los que menos tienen, el pueblo y los trabajadores, en lugar de
que los únicos beneficiarios –como claramente se ve aquí‑ sean los
banqueros, que colocan deuda y cobran comisiones, y los que más tienen, a
costillas del pueblo argentino.
Por todo lo expuesto, reafirmo mi voto
negativo a este proyecto. (Aplausos en
las bancas.)
Sra. Presidenta (Giménez).-
Tiene la palabra la señora diputada por Neuquén.
Sra. Villar Molina.- Señor presidente: el
bloque que presido, del Movimiento Popular Neuquino, corresponde a un partido
de gobierno en mi provincia. Como tal, comprendemos la trascendencia y relevancia
que revisten los presupuestos. Sabemos la importancia que tiene para un Poder
Ejecutivo contar con un presupuesto. De esta forma, anticipo mi voto positivo
para esta iniciativa. Votaremos por la afirmativa con el convencimiento de que
el presupuesto es la principal herramienta de gestión, que plasma el proyecto
del gobernante.
En
esta Cámara tenemos el ineludible trabajo de controlar, pero no menos
imprescindible es la responsabilidad de cuidar la gobernabilidad.
En
la tarea realizada destaco la predisposición al diálogo y la manera en que se
trabajó elaborando consensos. Esta Cámara no tiene mayorías, motivo por el cual
Laspina, Massot y Lavagna tuvieron que trabajar mucho elaborando consensos. Eso
es muy saludable y, en línea con lo que estaba manifestando, se relaciona con
las responsabilidades. Al votar el presupuesto estaríamos sancionando una norma
que tiene que ver con la vida de todos los argentinos.
Avanzando
en el análisis del proyecto, considero una decisión importante que ponga el
foco en el déficit de infraestructura que soporta nuestro país, pero debemos
ser celosos en la vigilancia de que se refleje y se respete el equilibrio en lo
social, que atraviesa una delicada situación.
Celebramos
lo acordado en relación con la devolución del 15 por ciento de la
coparticipación, que injustamente se retenía a las provincias. También
celebramos el aumento de 5.000 millones de pesos del Fondo Federal Solidario
para obras provinciales y municipales.
Este
aumento es muy bueno para el federalismo, lo cual es muy auspicioso, porque nos
permite pensar en la reformulación integral de la coparticipación federal de
impuestos.
Destaco
que, a pedido de nuestro bloque, se incorporó en la planilla anexa de este
presupuesto la construcción del Hospital Norpatagónico, con asiento en la
ciudad de Neuquén; la ampliación del tramo de la multitrocha de Plottier a
Arroyito, que va a llegar hasta la ciudad de Plaza Huincul, y la construcción
del puente sobre La Rinconada. Todas esas obras son muy importantes para mi
provincia; de hecho, la ruta 22, que une Arroyito con Plaza Huincul, estuvo
cortada hace pocos días durante la última inundación. Por lo tanto, estas obras
van a solucionar graves problemas en mi provincia.
Además,
tengo que destacar las obras que ya estaban incluidas en el proyecto, como la
ruta del petróleo, la Circunvalación en Villa la Angostura, el tercer y cuarto
puente sobre el río Neuquén y la construcción de treinta jardines de infantes.
En
otro orden de cosas debo señalar que la Universidad Nacional del Comahue ha
efectuado un reclamo por no haber sido tenida en cuenta en la distribución de
los 1.028 millones de pesos que figuran en el Anexo, a pesar de haber
presentado distintas obras, que se agregaron como financiación para el año próximo.
Por
último, deseo hacer mención a un tema que le compete a la Nación, pero sobre
todo a las provincias de la cuenca productora; me refiero al precio del barril
criollo. En este sentido, como el ministro del área señaló que se propone ir
llevando gradualmente los precios a los niveles internacionales, apelo a la
razonabilidad, sensibilidad y equilibrio de los funcionarios que trabajen en
este tema. Es importante que actúen con sensibilidad a la hora de fijar el
precio del barril criollo.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr.
Barreto.- Señora presidenta: tiene razón la
señora diputada preopinante cuando señala que todo presupuesto es el reflejo
del proyecto de quien gobierna.
En
ese sentido, como al principio de esta jornada el señor diputado Pastori
manifestó que este proyecto no es de ajuste, porque el gobierno nacional no
está dispuesto a ajustar bajo ningún concepto, le recomiendo que lea –si
todavía no lo hizo- un artículo del diario La
Nación del 24 de octubre.
Este medio, que en cierta forma actúa como
vocero del actual gobierno, publicó el ranking de los ministerios más afectados
por los recortes. Así, por ejemplo, encabeza dicho ranking el Ministerio de
Energía, con un recorte del 31 por ciento –ahí recortaron los 50.000 mil
millones de pesos por los que el pueblo argentino hoy está haciendo frente a un
brutal tarifazo-; lo sigue el Ministerio de Producción, con una disminución del
15 por ciento; luego el Ministerio de Agroindustria, con un recorte del 13 por
ciento y después, con una rebaja del 12 por ciento, los ministerios de Cultura
y de Salud.
Por
lo tanto, voy a coincidir con los diputados del oficialismo que dicen que este
es un proyecto de presupuesto realista y acorde con los tiempos que corren,
porque claramente es un proyecto de ajuste. Por esta razón, no estoy dispuesto
a acompañarlo.
Por
otra parte, hay diputados que se expresan con alegría por haber obtenido obras
para sus provincias. Al respecto, mi provincia tenía proyectadas dos obras
relevantes que se iniciaron durante nuestra gestión. Una de ellas es la autovía
de la ruta nacional 18, que es una ruta del Mercosur muy importante que
atraviesa en forma transversal, de costa a costa, el territorio de Entre Ríos.
Lamentablemente, no han presupuestado su finalización; sólo han contemplado la
construcción de las cabeceras en Concordia y Paraná.
Según
un funcionario de Vialidad Nacional que asistió a la Comisión de Presupuesto y
Hacienda, esa ruta tiene poco tránsito. Parece que no tuvieron en cuenta –como
acabo de señalar- que se trata de una ruta del Mercosur que une Brasil con
Chile.
La
otra obra es la de la ruta provincial 6, que atraviesa la provincia de norte a
sur, que también está licitada, pero no fue presupuestada.
Tampoco
se presupuestó la obra de la entrada a Hernandarias, que es un pueblo gobernado
por Cambiemos, dado que perdimos la intendencia el último 10 de diciembre.
Evidentemente,
no hay un criterio a la hora de aplicar los recortes; le recortan a todo el mundo
sin importar quién gobierne.
Aquí
también se habló de federalismo. Al respecto, les voy a dar un solo dato que
demuestra que este es un gobierno centralista: el 26 por ciento del presupuesto
de Vialidad Nacional –hablamos de caminos, rutas y autopistas- se lo lleva la
provincia de Buenos Aires, mientras que Entre Ríos recibe sólo el 4,7 por
ciento. Entonces, ¿dónde está el federalismo en ese porcentaje? Si bien
hablamos de la provincia más importante del país en relación con otras, ¿cómo
justifican que casi el 30 por ciento del presupuesto de Vialidad Nacional se lo
lleve la provincia de Buenos Aires?
Últimamente
también escuché al ministro Dietrich en algún medio de comunicación, jactándose
de la inversión que van a realizar en los ferrocarriles. Pero lo que no dijo el
ministro es que la mayor parte del presupuesto se lo lleva el área
metropolitana de Buenos Aires. Además, no han presupuestado la refacción del
Ferrocarril Urquiza, que atraviesa toda la Mesopotamia; de hecho, en los
últimos días nos enteramos de que hubo quince despidos en el área jerárquica de
la empresa.
Obviamente,
la preocupación de los trabajadores está más que fundada, teniendo en cuenta
los números que arroja este presupuesto.
Por
otra parte, a la hora de analizar el proyecto también debemos tener en cuenta
el tema del endeudamiento. Digo esto porque en estos once meses de la nueva
administración, la Nación, las provincias y los bancos argentinos han recibido
40.000 millones de dólares en préstamos, con lo que la deuda pública se ubicó
cerca de los 200.000 millones de dólares. Por lo tanto, es incorrecto lo que
manifestó el señor diputado Pastori, que le indilgó al Frente para la Victoria
–que gobernó en los últimos años- haber dejado esa deuda. No es así. Esta deuda
la generaron ustedes en los últimos once meses.
Aclaro
que eso no lo digo sólo yo; lo señaló la BBC Mundo, que en un informe planteó
su preocupación sobre el nivel de endeudamiento de nuestro país.
Lamentablemente,
algunos compañeros gobernadores no se han dado cuenta de que endeudar al país
–como lo ha hecho este gobierno en los últimos once meses- es una política de
vuelo corto. Justamente, la BBC recordó en ese informe que por ese camino
desembocamos en las crisis de 1989 y 2001. Entonces, ¡tengan cuidado, compañeros
de Cambiemos! No sea cosa que les estalle el país en las manos, como les
estalló a los radicales.
Un
señor diputado.- ¿Es una amenaza?
Sr.
Barreto.- No, compañero. ¿Cómo me pregunta si es
una amenaza? Simplemente estoy planteando mis dudas. ¡Amenazas, nunca! ¡Siempre
con la democracia! A diferencia de algunos que han apoyado gobiernos militares,
el peronismo jamás lo hizo. (Aplausos y
risas en las bancas.)
Escuché
hasta el hartazgo hablar de la cuestión de la pesada herencia. Supongamos que
hayan recibido un país en llamas, como ustedes pregonan. Al respecto, los
invito a hacer el siguiente ejercicio: en 2004 Néstor Kirchner envió a este
Parlamento...
Sra.
Presidenta (Giménez).- Señor diputado: la Presidencia le informa que se trabó el reloj
que marca el tiempo del que dispone para hacer uso de la palabra. Lo cierto es
que lleva más de cinco minutos haciendo uso de la palabra, razón por la cual le
solicito que redondee su exposición.
Sr.
Barreto.- Ya finalizo, señora presidenta.
Es
importante comparar las políticas de Estado que se aplican hoy con las que se
pusieron en marcha para hacer frente a la crisis que venía de 2001.
En
el presupuesto de la administración nacional para el año 2004, Néstor Kirchner
–a diferencia del actual gobierno‑ aumentó los recursos para salud,
educación e investigación y destinó 1.000 millones de pesos para inversión
pública. Esto salió publicado en el diario La
Nación del 16 de septiembre de 2003.
Néstor
Kirchner realmente recibió un país en llamas; el pueblo argentino estaba muerto
de hambre. Desendeudó a la Argentina, hizo inversiones y creó 6 millones de
puestos de trabajo. Hoy se está haciendo todo lo contrario. (Aplausos en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
Durand Cornejo.- Señora presidenta: no es
exagerado decir que hoy la Cámara de Diputados de la Nación ha recuperado la
honorabilidad, y no lo es porque el día que este Congreso resolvió delegar sus
facultades en el Poder Ejecutivo comenzó el declive de nuestro país, por lo
menos en algún aspecto.
Este
hecho tiene que ver con todo lo que ocurrió luego, y el colmo se alcanzó con
algunos gobiernos que gozaron de mayoría absoluta en el Parlamento. No fue un
gobierno, sino que fueron dos los que, en los últimos años, pese a esa
situación, recibieron de regalo la delegación de facultades legislativas.
Sin
ninguna duda, el presupuesto de la Nación que estamos tratando contribuye a
recuperar la transparencia republicana. La razón es muy sencilla: esas amplias
atribuciones, esos “superpoderes” de los que hicieron uso y abuso los últimos
gobiernos nacionales, ocasionaron todo tipo de corrupción. En los últimos años
se produjeron las inequidades más grandes; un funcionario de la Nación resolvía
qué obras se hacían y cuáles no. Todos los años venían a este Congreso y
prometían, con nombre y apellido, cada una de las obras que supuestamente iban
a realizar y que luego, por supuesto, nunca concretaban.
Sin
ir más lejos, en la provincia de Salta tenemos el caso de rutas respecto de las
cuales, por lo menos desde hace ocho años, se mantiene un rescoldo de un millón
o 2 millones de pesos, vaya a saber para qué. Se conserva algún obrador, pero
las obras jamás se terminan. Así pasamos los últimos años, no solo en mi
provincia, sino en la mayoría de ellas.
Sin
ninguna duda, a partir de la sanción de este proyecto de ley, el uso indebido
de las partidas presupuestarias volverá a constituir una malversación de
caudales públicos. Así fue siempre, hasta que claudicamos.
A
continuación me referiré a un caso puntual porque, desde luego, los diputados
queremos hacer mención a aquellas cuestiones que más nos interesan. En mi
provincia la diferencia entre el presupuesto de este año y el próximo es de
42,5 por ciento. En algunas partidas, el incremento alcanza el 900 o el 1.200
por ciento; es realmente sorprendente. Podría nombrar y enumerar los ítems
correspondientes a las distintas asignaciones.
Ahora
bien, ¿esto es suficiente? En verdad, no; a ningún diputado le pueden parecer
suficientes los recursos destinados a su provincia. Desde luego, siempre
queremos más; pero, sin ninguna duda –y por eso dije al principio que ésta es
una jornada histórica‑, a partir de hoy lograremos que el presupuesto sea
no una entelequia, sino una realidad. Podremos controlar que las partidas
lleguen efectivamente a sus destinatarios, tarea que siempre debió haber estado
a cargo de esta Cámara.
Voy
a contribuir con el objetivo de terminar un poquito antes esta sesión y con
estas palabras doy por finalizada mi exposición. (Aplausos en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.
Sra.
Copes.- Señora presidenta: la modificación introducida por la ley 26.124 al artículo 37 de
la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector
Público Nacional fue una verdadera violación al principio de separación de
poderes consagrado por nuestra Constitución, tanto antes como después de su
reforma.
No
caben dudas acerca de las atribuciones del Congreso y de las facultades del
jefe de Gabinete de Ministros, como tampoco existen dudas sobre la posición
sostenida históricamente por la Democracia Progresista respecto de dicha
violación a la Constitución Nacional.
La
delegación transfirió al Poder Ejecutivo dos facultades fundamentales. Una con
respecto a la finalidad del gasto, entiéndase sin limitaciones, dentro del
monto total aprobado. Otra, la posibilidad de reducir los gastos de capital y
las aplicaciones financieras en beneficio del gasto corriente.
El
proyecto de ley en tratamiento introduce dos límites importantísimos. El
primero tiene que ver con los montos; como es sabido, se establece un 7,5 por
ciento para 2017 y un 5 por ciento de 2018 en adelante. El segundo se vincula
con la finalidad: no se puede sobrepasar el 15 por ciento del presupuesto
aprobado cuando se trate de incrementar gasto corriente en detrimento de la
inversión real. Pero lo cierto es que falta un tercer límite, y en este punto
hay una propuesta del Partido Demócrata Progresista.
Concretamente,
nosotros pensamos que debe haber una limitación en el tiempo. Esto es
importante, porque estamos hablando de una herramienta que tiene que ver con
que hoy la macroeconomía no está ordenada.
Si
se me permite, mencionaré dos ejemplos. Primero, en el Ministerio de Transporte
hay una serie de licitaciones efectuadas por el gobierno anterior y revisadas
por el actual que significan 2.500 millones en menos. Es decir que resta mucho
por adecuar. Segundo, aquí se afirmó que aquel 7,5 por ciento representa
177.000 millones. Ciertamente es una cifra escalofriante, pero no debemos
olvidar que en 2006, cuando se aprobaron los “superpoderes” que luego se
mantuvieron durante toda la década ganada, el presupuesto era de 93.000 millones.
¿Qué
quiero decir con esto? Que esos 93.000 millones de 2006 son, en realidad, la
mitad de estos 177.000 millones. A ver si nos entendemos, señores diputados:
hoy estamos considerando un presupuesto veinticinco veces mayor. Pero la
Argentina, ¿creció veinticinco veces entre 2006 y 2016? ¿Creció un 2.550 por
ciento entre esos años? ¿O es un país que llegó a porcentajes obscenos de
inflación? ¿Acaso se los van a adjudicar a este gobierno? La inflación no es un
problema en el mundo; ni siquiera en la región. Esta es la cuestión.
En
síntesis, hoy estaremos dando una herramienta para que, en un pequeño
porcentaje, se puedan adecuar partidas que permitan la ejecución del
presupuesto en un contexto inflacionario.
La
sociedad reclama una gradualidad que nosotros respetamos. Como todos los
argentinos, estamos haciendo ingentes esfuerzos. Como muchos tenemos una gran
confianza en que vamos a lograr derrotar la inflación ‑que verdaderamente
castiga al que menos tiene‑, vamos a achicar el déficit y a recuperar la
confianza para atraer inversiones.
Es
por ello que vamos a votar esta limitación, pero no se extrañen que desde la
Democracia Progresista presentemos la posición histórica del partido, que es la
derogación plena. Ello es posible si logramos la estabilidad que merecemos.
Por
último, quiero señalar que cuando concurrió a esta Cámara el señor Jefe de
Gabinete le pedí personalmente por el gasoducto regional que va de Recreo a
Sunchales, y quiero hacer un reconocimiento al hecho de que se haya incluido en
el presupuesto para 2017. Pero, además de este reconocimiento, debo dejar en
claro que mantenemos la lucha de la Democracia Progresista por los temas que no
han sido contemplados: por un lado, la cuestión de la renta vitalicia, una
injusticia que ha quedado desde que se trató la ley de reparación histórica a
los jubilados, y por otra parte, la ley de emergencia agropecuaria, que
mantiene el mismo monto. Ojalá no tengamos que vivir los momentos que,
especialmente en mi región, hemos pasado este mismo año. (Aplausos en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.
Sr.
Beder Herrera.- Señora presidenta: he estado
escuchando atentamente a todos los diputados de todos los bloques, que han
trabajado arduamente en este presupuesto; han hablado todos muy bien, creo que
con sus razones, desde el oficialismo, desde la oposición, desde todas las
bancas.
Pareciera
que desde La Rioja venimos de otro planeta, porque queremos plantear algo que
estaría fuera del presupuesto. En el presupuesto de cálculo de gastos y
recursos de la Nación tendría que estar la plata que envían a las provincias
para obras públicas y demás dineros que se incluyen. Nosotros tenemos otra
realidad. Les anticipo que en este presupuesto La Rioja no tiene ninguna obra
pública nueva, y tenemos paradas el 40 por ciento de las obras en la provincia.
Pero ese sería un problema menor.
El
problema grave que tiene La Rioja es que a partir de 1988 se ha dado una
situación de una injusticia tremenda. Creo que ha sido una de las injusticias
históricas más grandes que ha sufrido la provincia de La Rioja, a pesar de
haber sido una provincia que ha defendido el federalismo, que ha dado hombres
importantes y ha sido una de las trece provincias fundantes del país. A pesar
de todo eso, en 1988 nos quitaron un punto de coparticipación y nos dejaron con
un punto y un poco más.
Imagínense
la situación de nuestra gente. Hay angustia en La Rioja. El gobernador de mi
provincia está aquí presente, trae la angustia de todos los riojanos, que no
podemos creer que a esta altura de la democracia sigan castigando a una
provincia como La Rioja. Ahora nos han parado obras que tienen veinte años de
ejecución, obras como el paso a Chile. Argentina tiene en desarrollo doce pasos
fronterizos; al nuestro lo pararon. También obras como el camino entre
Chilecito y La Rioja, obras energéticas, obras de cloacas, todas importantes.
Pero
no es tanto la queja por eso. El nivel de vida de la gente de La Rioja es
pobre. Creo que tenemos los sueldos más bajos del país ‑entre 9.000 y
10.000 pesos de promedio‑, mientras que la línea de pobreza está en
12.500 pesos. Miles de familias viven del presupuesto de la provincia. Esa es
la angustia que tenemos.
Se
han firmado convenios con la Nación. Propios y extraños nos han reconocido que
La Rioja merece que le restituyan los 4.500 millones de pesos. ¿Cuánto viene?
Solamente 1.850 millones. Ni la mitad de lo que debe tener y merece La Rioja.
Como
provincia tenemos la solidaridad de todos los bloques, porque hemos hablado e
interactuado, como dice algún diario, “cuerpo a cuerpo” con todos.
Somos
de un signo opositor a este gobierno; somos peronistas, pero hemos apoyado al
presidente Macri, como le dijimos. Pero tiene que ser un camino de ida y vuelta,
no solamente un camino de ida. Nosotros hemos votado las leyes que nos pidieron
y que le hacía falta a la Nación, y las hemos votado conscientemente cuando
levantamos la mano, quizá con miradas de reojo de otros compañeros de otras
bancadas y de otras provincias. Pero sepan entender las necesidades de la
provincia de La Rioja. Hay un pueblo que está necesitando esa plata para que no
se profundice la pobreza.
Este
presupuesto nos acrecienta enormemente la pobreza. La angustia queda prendida
en la gente. Hoy todo el pueblo de La Rioja está mirando la televisión,
esperando saber cuánto la Nación, esta Cámara, le va a dar a La Rioja; a sus
habitantes, no al gobierno.
Es
tremenda la injusticia. No se aguanta más esta situación. No quiero detallarles
la situación de nuestras obras, pero este año hicimos el 20 por ciento de las
obras que veníamos realizando en los últimos diez años. La vivienda es
fundamental. En La Rioja todo depende del sector público. Más del 99 por ciento
de los chicos que van al colegio concurren a escuelas públicas; más del 90 por
ciento de los habitantes se atienden en los hospitales públicos o por la obra
social que tiene la provincia. Entonces, tenemos que atender esta situación.
La
provincia ha pasado cien años sin energía eléctrica.
Sra.
Presidenta (Giménez).- ¿Puede ir cerrando, señor diputado?
Sr.
Beder Herrera.- Sí, lo voy a hacer.
Recién
ahora se han hecho 4.500 kilómetros de redes de energía eléctrica, lo que otras
provincias tienen hace cien años.
Le
pido a toda la Cámara que tenga solidaridad con la provincia de La Rioja, con
su gente, con su pueblo, que es valiente, digno e históricamente ha luchado por
la patria. (Aplausos en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora diputada por Misiones.
Sra.
Risko.- Señora presidenta: la verdad que, al
escuchar al señor diputado preopinante, no puedo dejar de coincidir en muchas
cuestiones.
Si
bien yo vengo de la provincia de Misiones y formo parte de un partido político
provincial que, desde que empecé en la función pública como concejal de la
ciudad de Posadas, me ha enseñado que los presupuestos se aprueban porque es la
herramienta para que los poderes ejecutivos puedan llevar adelante sus
propuestas de gobierno, uno no puede dejar de decir lo que ve a través de este
presupuesto.
Parece
que estamos en la época de la lucha entre unitarios y federales, donde,
lamentablemente, los federales perdemos esa lucha, pero no dejamos la batalla.
Cuando
uno ve las inequidades de este presupuesto, con asignaciones millonarias en
obras públicas a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad de Buenos Aires, y
migajas al resto de las provincias para completar lo que ya se había iniciado
–porque, ni siquiera, estamos hablando de que vamos a tener obras nuevas‑,
la verdad que nos damos cuenta de que esta propuesta de que todos vamos a ser
felices y vivir en el mundo de Alicia en
el país de las maravillas no es
cierta, porque se termina en la General Paz. Esa es la realidad. Vemos que tocan a la educación,
directa e indirectamente, afectando no los montos, sino los criterios de
distribución. Por ejemplo, en lo referido al Fondo de Incentivo Docente y al
Programa Nacional de Compensación Salarial –este último fue creado para
disminuir esa gran inequidad que existe entre lo que cobra un docente de la
Capital Federal con el resto de las provincias más pobres del país-, se ha
perjudicado a muchos compatriotas.
Acá se llenan la boca
–cuando el discurso les conviene- hablando de los pobres del NEA y del NOA,
pero seguimos siendo los pobres los que no tenemos gas –creo que no lo vamos a
tener nunca-, pero ya nos hemos adaptado a la garrafa.
Somos los pobres que
aguardamos que exista alguna propuesta de apoyo a las economías regionales, con
el famoso Plan Belgrano. Sin embargo, la única noticia que recibimos es que en
algún momento se va a reactivar el tren de cargas. ¡Ojalá lo podamos llegar a
ver en la realidad!
Las provincias pobres
estamos esperando que incluyan –aunque sea dentro del presupuesto- un pedido
que venimos haciendo de tiempo: que las regalías de Yacyretá nos las devuelvan
en energía, ya que nos pagan la mitad de lo que nos corresponde. De esta forma,
podremos ser distribuidores de energía. Queremos abaratar los costos de lo que
son las tarifas de energía. Soportamos las
consecuencias de Yacyreta, pero no hemos visto beneficio alguno.
Lo más doloroso es
observar cómo, mientras se habla de equidad, de grandeza, de crecimiento, de
inversiones y de que “todos juntos vamos para adelante de la mano para llegar a
ese mundo maravilloso”, la realidad nos golpea, ya que nuestros gobernadores
deben recurrir a tomar deuda pública y a tener el aval de la Nación para
hacerlo. Pero, por otro lado, el presidente de la Nación, por medio de un
decreto, aumentó en casi 3 puntos la coparticipación a la Capital Federal,
siendo retroactiva la medida a enero de este año.
¡Vaya si no tienen razón
los de la provincia de la Rioja o nosotros los misioneros, que hemos tenido un
crecimiento demográfico en proporción superior al resto de las provincias! Sin
embargo, nuestra coparticipación sigue siendo la más baja de todas.
Vamos a acompañar este
proyecto, porque no vamos a dejar al Poder Ejecutivo sin la herramienta para
llevar adelante sus políticas. Pero esto dista mucho de ser un país realmente
federal con un Estado también federal. (Aplausos
en las bancas).
Sra. Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora diputada
por Entre Ríos.
Sra. Cremer de Busti.-
Señora
presidenta: este proyecto de ley de presupuesto para 2017 no es un tema menor,
habida cuenta de la situación que está viviendo nuestro país.
Debemos tener en cuenta
que en esta ley de leyes se encuentra contenido todo el plan de gobierno para
desarrollar por parte de la Nación.
Después de haber escuchado
distintas opiniones al respecto, voy a enfocarme en una cuestión que la he
tratado muchas veces en soledad, años tras año, a pesar de ser uno de los
problemas más importante para nuestra provincia. Por eso me voy a referir al
artículo 15 de este proyecto de ley de presupuesto. En él se establece que los
excedentes producidos por las represas hidroeléctricas –en el caso de mi
provincia, Entre Ríos, estoy hablando de la represa de Salto Grande- van a ser
administrados por el gobierno nacional, lo que se encuentra en franca violación
a las leyes 24.954 –fue la que creó el fondo especial para estos excedentes- y
la 25.671, que es la que excluya estos fondos del manejo por parte del gobierno
nacional.
El problema no solo queda
reducido a un conflicto de normas, sino también a las repercusiones que han
sufrido las provincias que dejaron de recibir estos excedentes.
Tanto Entre Ríos, como
Misiones y Corrientes, al quitárseles arbitrariamente estos fondos, han tenido
que dejar de hacer obras y de efectuar inversiones. Los ocho municipios de
Entre Ríos que habían sido beneficiados con los fondos para reparar los daños
que la represa había ocasionado, no han podido hacer nada. Tenemos una ciudad
bajo el agua, con grandes campos y forestaciones inundados. Los excedentes son
fundamentales para las provincias que se vieron perjudicadas, ya que la energía
que ellas producen se deriva a Buenos Aires y Entre Ríos tiene que volver a
comprarla para tener electricidad en la provincia. Esto nos sale doblemente
caro. De ahí que los excedentes ayuden mucho para el desarrollo de la región.
Teníamos esperanzas de
que para 2017 el presupuesto devolviera a las provincias los excedentes que
habían sido quitados en junio de 2015. Al no devolverlos, debo insistir en el
hecho de que el artículo 15 es absolutamente contrario a las leyes que crearon
el fondo que sigue siendo quitado a las provincias por el gobierno nacional.
Voy a pasar a otro tema
que también preocupa a Entre Ríos, porque no hemos sido demasiado beneficiados
en obras e infraestructura. Nuestra provincia necesita urgentemente un plan
vial, uno ferroviario y uno fluvial. Nuestros puertos deben ser dragados. Son
lugares por los que salen las cosechas y los productos de toda la gente que
trabaja en el campo. Hoy en día, los productos de Entre Ríos van por caminos
que están en malas condiciones. A esto hay que agregar lo caro que salen los
fletes, lo que pone en desventaja a nuestros productores en relación con los
demás.
Para no ser tan
pesimista, quiero destacar algo muy importante para Entre Ríos y otras
provincias. Me refiero a los fondos para cubrir los déficit de las cajas
previsionales de las provincias que no trasfirieron sus cajas jubilatorias.
Estos fondos son muy esperados por las provincias, dada la situación de crisis
previsional que viven.
Finalizo destacando el
trabajo realizado en este Congreso, por el diálogo, la participación y los
consensos logrados por todas las fuerzas políticas en distintos temas, tal el
caso de aumentar las partidas en ciencia y tecnología. También me reconforta
que se hayan otorgado los fondos que establece la ley de bosques nativos.
Como diputada de la
Nación, seguiré defendiendo los intereses de mi provincia para tener un país
más federal y poder seguir trabajando en la forma que lo hicimos hasta ahora,
fortaleciendo nuestra democracia.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Marcucci.- Señora presidenta: creo que es muy
importante que estemos discutiendo el proyecto de presupuesto que,
indudablemente, refleja la herencia, por más que a algunos no les guste, de una
inflación reprimida del orden del 30 por ciento, una de las más importantes del
mundo, un período de estancamiento prolongado, de bajas reservas y de destrucción
de la moneda nacional.
Cuando
se habla de soberanía, uno de los aspectos más claros es la destrucción de la
moneda nacional, del ahorro, de un dólar que era casi similar al de la
convertibilidad, al de la tablita de Martínez de Hoz ‑que aquí se mencionó-
y que tuvo varios efectos, entre otros destruir a las pymes exportadoras.
Obviamente, eso estaba reflejado por el mercado, que marcaba otro tipo de dólar
que nada tenía que ver con el que se mantenía ex profeso a esos niveles.
¿Cómo
llamaban a ese presupuesto de 30 por ciento de pobreza? ¿Cómo llamaban a ese
presupuesto de 40 por ciento de economía en negro? ¿Cómo llamaban a ese
presupuesto que no daba futuro a la Argentina? ¿Cómo llamaban a ese presupuesto
que escondía bajo la alfombra algo que todos conocían, la brutal inflación?
Ustedes
recordarán ese papelón que quedó en la historia; me refiero a Lorenzino
diciendo: “Me quiero ir”. Se acordarán de los papelones de Aníbal Fernández
tomando de estúpida a la gente, diciendo que la pobreza en la Argentina era
similar a la de Alemania; así le fue en la provincia de Buenos Aires. El
argentino no es idiota.
Por
supuesto que cuando hablamos de este presupuesto estamos refiriéndonos también
a lo que fuimos heredando. Hay algunos que quieren dibujar un modelo neoliberal
y un presupuesto funcional a ese modelo. Yo pregunto si ese déficit fiscal
tiene que bajarse con políticas ortodoxas. Esto es lo que no queremos y por eso
el gradualismo. Tampoco queremos las emisiones espurias que llevan a procesos
inflacionarios que siempre pagan los que menos tienen. Sabemos que presión
fiscal está en su máximo histórico.
Entonces,
defendemos fervientemente este presupuesto, que prevé un incremento
significativo de la inversión social del orden del 35 por ciento y un aumento
de la obra pública del 32 por ciento. Se trata del presupuesto más federal de
los últimos 20 años.
En
este recinto se habló de energía. Recuerden que estábamos subsidiando a quienes
tienen altos ingresos en la ciudad de Buenos Aires. Sucede que la autonomía en
energía también es soberanía y dejaron una cuenta con un déficit fiscal de 5
mil millones de pesos.
Por
otro lado –sé que se agota mi tiempo para hacer uso de la palabra-, quiero
destacar que este presupuesto tiene una visión progresista, porque el modelo
que nos vendieron era el del capitalismo berreta, el de los Lázaro Báez, el de
los López, que crecían gracias a la teta del Estado, el que hacía que la
economía del juego fuera una de las principales creadoras de empleo.
Les
digo más, en un análisis de algunas de las políticas berretas que sufrió mi
provincia figura el cierre de las exportaciones de carne. Esto fue reflejado
por un estudio de Roberto Frenkel, cuando el salario, desde el período base de
2001 a diciembre de 2014 aumentó un 135 por ciento, mientras que la carne
alcanzó el 200 por ciento. Estamos hablando de la carne vacuna, que compone la
canasta básica familiar.
Sé
que a algunos diputados no les gusta lo que estoy diciendo, pero estas son las
políticas de consumismo. Esto duele. Es la política del consumismo, que
desalienta la oferta. Este es el resultado: 30 mil trabajadores quedaron en la
calle porque cerraron los frigoríficos. Desatendieron una industria como tantas
otras.
Hoy
estamos votando un proyecto de presupuesto diferente. El endeudamiento es para
el crecimiento.
Por
último, quiero decir que hoy priorizamos el proyecto de participación público
privada y el de presupuesto, pero no doy por cerrada la cuestión de las dietas,
ya que coincido con el presidente Macri en el sentido de que no hay que pasarse
de largo.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Conesa.- Señora presidenta: provengo del Partido
Demócrata, que es aliado del PRO, el de Sarmiento, de Roca y de Avellaneda, el
viejo partido del crecimiento argentino. Durante esa época nuestro país tenía
el 2 por ciento de las exportaciones mundiales. Si hoy tuviéramos el 2 por
ciento y no el 3 por mil, debiéramos estar exportando por 500 mil millones de
dólares. En tal caso, la economía sería desarrollada y nuestros salarios cinco
veces más altos que los que tenemos en la actualidad. Incluso, en los años 20,
durante las presidencias de Yrigoyen y de Alvear, las exportaciones de nuestro
país eran del 3 por ciento contra las de hoy, que solamente son del 3 por mil.
Si exportáramos hoy como en la época de Yrigoyen y de Alvear, lo haríamos por
700 mil millones de dólares.
Entonces,
si una vez nuestro país fue capaz de figurar entre los más avanzados del planeta
por su ingreso per cápita y estuvo entre los diez primeros, me pregunto por qué
ahora estamos en el lugar cincuenta o sesenta.
Debemos
implementar políticas macroeconómicas que nos lleven al crecimiento. Una vez lo
hicimos y por muchos años nos fue muy bien. ¿Por qué ahora no podemos reiniciar
un nuevo proceso de crecimiento sobre bases sólidas? ¿Por qué no podemos
hacerlo sobre la base de las exportaciones, del equilibrio fiscal y del tipo de
cambio competitivo?
Señora
presidenta: quisiera hablar durante horas, pero solo tengo cinco minutos.
Por
ello, en lugar de desarrollar todas las políticas que deberíamos ejecutar para
volver a alcanzar la gloria del pasado, he presentado al presidente de la
Cámara algunas observaciones que todos los señores diputados tienen sobre sus
bancas. Se trata de un plan económico de largo plazo para sacar a nuestro país
de la decadencia en la que vivimos. Reitero que no voy a referirme al tema en
detalle porque sería muy extenso; simplemente quiero decir que la Argentina una
vez alcanzó el desarrollo económico y debe volver a estar entre los países más
avanzados de la tierra porque está en condiciones de lograrlo. Simplemente se
trata de seguir una política macroeconómica correcta. (Aplausos en las bancas.)
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra la señora diputada por Entre Ríos.
Sra.
Gaillard.- Señora presidenta: como no me fue
concedido el uso de la palabra en ocasión de pedir una cuestión de privilegio,
antes de referirme al proyecto de ley de presupuesto en tratamiento haré
algunas consideraciones sobre un tema que derivó en un escándalo internacional,
teniendo como protagonista al gobierno nacional presidido por Mauricio Macri.
Específicamente me refiero a la resolución de la ONU comunicada a la
Cancillería argentina el 27 de octubre que señala que Milagro Sala, diputada
del Parlasur, fue detenida arbitrariamente. En dicha resolución se establece
que Milagro Sala debe volver a la situación anterior a su detención y ser
indemnizada por la situación vivida.
Todos
sabemos lo que ocurre en Jujuy, donde no hay Estado de derecho y se cometieron
muchísimas irregularidades desde su detención. Milagro Sala es una presa
política, no es una política presa. Por eso pedimos que el Estado nacional
cumpla con el ordenamiento jurídico interno e internacional que concluyó que
Milagro Sala debe ser liberada.
Aunque
a algunos no les gusta y no coinciden con su ideología, los preceptos deben ser
iguales para todos los ciudadanos del país. Para la Constitución argentina
Milagro Sala es inocente porque no fue condenada por ningún juez de la
provincia de Jujuy.
La
resolución de la ONU fue el resultado de muchísimas irregularidades suscitadas.
Como legisladores y representantes del pueblo debemos velar por el Estado de
derecho, base del Estado democrático.
Por
todo lo expuesto, solicitamos que en el temario de la próxima sesión se incluya
el tratamiento del proyecto de resolución por el cual se solicita al Poder
Ejecutivo que disponga dar cumplimiento a lo resuelto por el Grupo de Trabajo
sobre la Detención Arbitraria de la ONU (expediente 7.698-D.-2016).
Pasando
a la consideración del proyecto de ley de presupuesto quiero manifestar la
preocupación que siento por el hecho de que en el dictamen de mayoría no fue incorporada
la dieta correspondiente a los diputados del Parlasur electos en 2015. Esta no
es solamente mi opinión sino que incluso la Justicia lo ha considerado. A
partir de la demanda del diputado Karlen la Cámara Electoral ha emitido un
fallo por el cual los diputados del Parlasur deben cobrar sus salarios de
acuerdo con el texto de la ley 27.120 y de los protocolos que establecen que
los Estados nacionales deben hacerse cargo hasta la constitución definitiva del
organismo, lo que sucederá en 2020 según lo fijado en el Protocolo de Asunción.
Claramente
vemos que el objetivo del actual gobierno es debilitar al Parlasur, evitando
que los diputados electos por la gente cumplan sus funciones por no estar
cobrando sus salarios. Esto sucede porque el Estado argentino está
desconociendo el ordenamiento jurídico interno que lo obliga a hacerse cargo de
esos salarios. La Cámara Electoral resolvió el tema pero fue apelado en la
Corte, y ahora debemos esperar su resolución.
Por
lo expuesto, solicitamos al gobierno nacional a través del bloque mayoritario
de esta Cámara que por favor incorpore la remuneración correspondiente para
cumplir con el ordenamiento vigente y a la vez honrar el sistema democrático
respetando instituciones regionales como el Parlasur.
Pasando
a mi provincia, quiero hablar puntualmente de un tema que me preocupa tanto
como a los demás diputados preopinantes por Entre Ríos. Me refiero
concretamente a los excedentes de Salto Grande.
La
tarifa que se abona a la represa de Salto Grande, que es de 120 pesos por
megavatio/hora, no se actualiza desde 2003, mientras que a las distribuidoras
se les está pagando 350 pesos por megavatio/hora. En el caso de Salto Grande, a
raíz de la crisis la tarifa se mantuvo para lograr un abastecimiento a bajo
costo a toda la población.
Ahora
bien, el gobierno nacional quitó los subsidios; sin embargo, la tarifa de la
represa no se vio actualizada, tal como ocurrió con las distribuidoras
eléctricas.
Como
no se actualizaron las tarifas de las represas de Yacyretá ni de Salto Grande,
no podemos tener excedentes. Consecuentemente, solicito que sea eliminado el
actual artículo 15 del proyecto de ley de presupuesto porque el excedente de la
represa de Salto Grande tiene como finalidad compensar los daños ocasionados a
toda la región de Entre Ríos. Asimismo, quiero comentar que un porcentaje de
esos fondos se destina a las provincias de Misiones y Corrientes.
Pedimos
que el Estado tenga a bien actualizar la tarifa y reitero la solicitud de que
sea eliminado el artículo 15 del proyecto de ley de presupuesto para dar
cumplimiento a las leyes 24.954 y 25.671.
Por
último, solicito que se incorpore una partida de 20.000.000 de pesos para la
Universidad Nacional de Entre Ríos con el objeto de finalizar la construcción
de los laboratorios de investigación que tiene junto con el Conicet en la
Facultad de Bioingeniería de Oro Verde.
Sra.
Presidenta (Giménez).- Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.
Sr.
Ziliotto.- Señora presidenta: voy a explicar el
sentido del artículo 82 del proyecto de ley de presupuesto. Es muy claro y
concreto: que según lo establece la ley 25.688, se respete la legislación
vigente en el marco de los presupuestos mínimos ambientales para la utilización
de las aguas. No se trata de una ley cualquiera sino de una normativa votada
por una gran mayoría de este Parlamento y ratificada por la Corte Suprema de
Justicia cuando una provincia argentina pretendió demostrar su
inconstitucionalidad en 2009. Durante ese proceso judicial se contó con las
opiniones del Ministerio de Salud, del procurador general y de la procuradora
fiscal. Finalmente la Corte, contando con la unanimidad de sus siete
integrantes, ratificó que se trata de una ley constitucional que está vigente.
En
ese sentido, este tema lo hemos abordado en la comisión, como corresponde,
tanto como cuando vino el secretario de Hacienda, doctor Marconato, como cuando
vino el señor ministro Frigerio. Nosotros planteamos claramente que íbamos a
proponer un artículo que garantizara el cumplimiento de la ley de presupuestos
mínimos ambientales.
Señora
presidenta: quiero leer textualmente de la versión taquigráfica la respuesta
del señor ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Dice así:
“Nosotros…” ‑refiriéndose al gobierno nacional‑ “...estamos dando
una importancia sustancial a la institucionalidad de las distintas cuencas
hídricas, tal cual lo marca la ley. Hay una decisión irrestricta del Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda de no avanzar en ninguna obra que no
tenga previamente el aval de los que conforman las distintas cuencas hídricas
de la Argentina.”
Por
último, para que quede claro que con este artículo no frenamos ninguna obra,
estamos pidiendo que se garantice el cumplimiento de la ley y que quienes
manejen la represa sean quienes tienen el derecho que les otorga la ley, es
decir, todas las provincias condóminas.
-
Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, doctor Pablo Gabriel Tonelli.
Sr.
Ziliotto.- Nuevamente, aclaro que no nos oponemos
a que se construyan Portezuelo, El Tambolar y Los Blancos; lo que queremos es
que se cumpla la ley y que el manejo de las aguas interjurisdiccionales
corresponda a sus dueños, que son todas las provincias condóminas. (Aplausos
en las bancas.)
Sr.
Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra la señora diputada por Misiones.
Sra.
Britez.- Señor presidente: mi voto será
negativo. No voy a acompañar ni voy a
ser cómplice de este presupuesto del ajuste y del endeudamiento.
Todos
sabemos que el presupuesto de un Estado expresa necesariamente una
intencionalidad política que, articulada con un programa económico, toma
medidas que pueden favorecer o perjudicar a diferentes sectores
socioeconómicos. No cuenten con esta diputada para favorecer a los mismos de
siempre. No cuenten con esta diputada para apoyar este presupuesto, que es la
continuidad de un programa económico neoliberal que lo único que arroja y va a
seguir arrojando es recesión y más exclusión social.
Señor
presidente: siguen legislando con los ojos cerrados. No están viendo lo que hoy
necesita la gente, las provincias y en particular mi provincia. Por eso
trajimos el mapa de la República Argentina, para mostrarles dónde está
Misiones; por lo menos lo van a ver acá, en el recinto. Aquí les muestro dónde se encuentra la
provincia de Misiones: está dentro de la República Argentina.
¿Por
qué digo que por lo menos lo van a ver aquí, en el recinto? Porque si bien es verdad que muchos diputados
van a Misiones, se encierran en los hoteles de lujo y ahí hacen su política,
con la gente afuera, por supuesto.
Después suben al avión y vuelven, seguramente a la Capital Federal.
Quiero
mostrarles dónde se encuentra la provincia de Misiones y la particularidad de
su ubicación geográfica, porque a partir de las nuevas políticas económicas
nosotros estamos viviendo una crisis en nuestra provincia. Como verán -me
encantaría que lo filmen más directamente-, estamos rodeados por Paraguay y
Brasil, con más de 1.300 kilómetros de frontera y más de 34 pasos fronterizos,
los cuales están produciendo una sangría comercial a partir de las políticas
económicas como la devaluación o los tarifazos.
Se están fugando a Brasil y Paraguay más de 600 millones de pesos
mensuales de la provincia de Misiones. Solamente en Posadas tenemos más de 200
comercios cerrados. Además, frente a Posadas se encuentra Encarnación, la
tercera localidad más importante de Paraguay.
Por su parte, en Iguazú, en la triple frontera, tenemos a Ciudad del
Este, la segunda localidad más importante de Paraguay. Allí se está yendo todo el dinero.
Si
tomamos como referencia esos 600 millones de pesos mensuales que se dejan de
gastar en la Argentina y calculamos el 21 por ciento de IVA, se trata de unos
120 millones de pesos mensuales que deja de percibir la Nación, perjudicándonos
a todos nosotros.
Los
diputados de la oposición y del oficialismo desde abril a esta fecha venimos
reclamando un ITC diferenciado, compensaciones por los altos costos de los
fletes y una alícuota diferencial del IVA para productos fabricados en la
provincia de Misiones. Sin embargo no hemos obtenido ninguna respuesta, ni
siquiera los diputados oficialistas. Teníamos muchas esperanzas y expectativas
con el artículo 10 de la ley de pymes, pero resulta que lo ignoraron en la
reglamentación. Este artículo facultaba al Poder Ejecutivo a tomar medidas que
beneficiaran a las empresas de zonas de frontera justamente para compensarlas
por las asimetrías que sufren. Nuevamente Mauricio Macri le da la espalda a Misiones.
Cuando
escucho que la gobernabilidad con gobernabilidad se paga, mientras veo que le
están votando todas las leyes y este proyecto de ley de presupuesto, no lo
entiendo. ¿Qué les están dando a cambio?
Gobernabilidad con gobernabilidad se paga, pero quiero saber qué le
están dando a Misiones. (Aplausos en las
bancas.) No le están dando nada.
Desde
la banca del Frente para la Victoria decimos que la lealtad con lealtad se
paga. Nosotros vamos a seguir siendo
leales al voto y al proyecto político que nos permitió estar hoy en estas
bancas de diputados defendiendo a quienes nos votaron y confiaron en nosotros;
y a los que no nos votaron, también. (Aplausos
en las bancas.)
Sr.
Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.
Sr.
Olivares.- Señor presidente: hoy estamos tratando
la ley madre que marca el plan de gobierno de un año. Realmente me llena de satisfacción participar
en este debate, y fundamentalmente haber participado en los debates de la Comisión
Presupuesto y Hacienda –aunque no la integro‑ tratando de aportar
humildemente lo que pensamos con el objeto de recuperar la verdad para los
argentinos.
Creo
que este gobierno ha tomado la iniciativa de decir la verdad al pueblo de la
Nación. Conociendo la verdad podremos tomar los caminos para tratar de cambiar
esta realidad que nos toca atravesar en nuestro país y en cada una de las
provincias a las que representamos.
Me
voy a referir a algo particular que atañe a mi provincia de La Rioja y que
hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo con el Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas, con el Ministerio de Producción y con la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
En
1982 mi provincia fue beneficiada con la ley 22.021, conjuntamente con las
provincias de Catamarca, San Juan y San Luis. A través de esta ley, que
permitió la radicación de empresas acogiéndose a beneficios promocionales, en
mi provincia se generaron más de 10.000 puestos de trabajo en forma directa
desde 1982 hasta 2010.
En
el año 2002, cuando se produjo una devaluación en nuestro país, muchas de estas
empresas que tenían beneficios promocionales han visto declinar esos beneficios
por efecto de dicha devaluación.
A
partir de ello han recurrido a la Justicia, buscando un reconocimiento que era
justo, y la Justicia de mi provincia ha fallado a favor de las empresas.
En
ese momento la Administración Federal de Ingresos Públicos apeló el fallo. Por
eso, sobre muchas empresas hoy radicadas en el parque industrial ‑ya sin
beneficios promocionales‑ pende una espada de Damocles por juicios millonarios de la AFIP.
Hemos
hablado con Alberto Abad, Marcelo Acosta y Jaime Mecikovsky a fin de poder
incluir dentro de este presupuesto un artículo que permita a estas empresas
poder liberarse y sacarse ese peso que cae sobre ellas. Esto permitiría
transmitir una seguridad para los 8.000 puestos de trabajo que generan en forma
directa estas empresas y muchos otros en forma indirecta.
Es
una fuente de trabajo. Por ello apelo a la voluntad de todos los legisladores
nacionales para que acompañen la propuesta de incorporar un artículo que
permita darle certeza, dejar libres de estos juicios a estas empresas y
permitirles que sigan invirtiendo en nuestra provincia y que sigan generando la
mano de obra que los riojanos necesitan. Sería un acto de justicia para nuestra
provincia, para sus trabajadores y por supuesto para todo el pueblo de la
provincia de La Rioja. (Aplausos en las
bancas.)
Sr.
Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra la señora diputada por Córdoba.
Sra.
Martínez Villada.- Señor presidente: la
corrupción siempre es repugnante, pero cuando los negocios se realizan con el
dinero destinado a la salud de los más humildes se transforma en intolerable.
Como
integrante del bloque Cambiemos, celebro y debo reconocer el considerable
aumento que el Poder Ejecutivo ha destinado a los hospitales universitarios,
que asciende a 300 millones de pesos.
La
función primordial y fundamental de estos hospitales es la formación de nuevos
profesionales de la salud, como así también la prestación de salud que abarca a
gran parte de la población.
Mi
interés en este tema se debe a que en el pasado mes de abril presenté una
denuncia sobre el Hospital Nacional de Clínicas por supuestos hechos de corrupción
cometidos allí por mucho tiempo, de los que tenía serias evidencias que
llegaron a mi conocimiento.
Estas
evidencias manifestaron un accionar ilícito de mafias enquistadas dentro de
esta institución. Las pruebas están y la denuncia se hizo.
Debo
decir que si no combatimos estas mafias es imposible que los dineros públicos
no sean mal administrados.
Yo
decidí hacer esta denuncia no solamente por el deber legal que tengo como
funcionaria pública, sino también por un compromiso asumido para reivindicar a
la Coalición Cívica en la lucha contra la corrupción.
Estas
mafias enquistadas están integradas por sindicalistas, escasos médicos,
funcionarios, y sobre todo con connivencia del anterior gobierno nacional, que
mediante maniobras fraudulentas intentaban enriquecerse y utilizar los recursos
destinados a la salud de la población cordobesa para hacer negocios.
Todas
aquellas personas que no acataron el pacto de silencio propuesto por estas
personas eran denostadas, perseguidas, precarizadas laboralmente y muchas veces
forzadas a renunciar.
Por
eso le reitero y recuerdo al ministro de Educación de la Nación –ya tuve
oportunidad de hablar con él‑ su compromiso de mandar auditores o
coadministradores al Hospital Nacional de Clínicas de Córdoba. Sé que está en
eso.
Por
otro lado debo hacer un reconocimiento al nuevo rector de la Universidad
Nacional de Córdoba, que se ha manifestado con mucha preocupación y con un gran
compromiso por el cambio.
No
es admisible que estas mafias, luego del cambio que votó la ciudadanía en
noviembre del año pasado, intenten infiltrarse nuevamente con un oportunismo en
esta nueva administración.
Debemos
tener mucho cuidado, porque con los mismos actores los dineros públicos pueden
ser dilapidados y no estaremos haciendo nada más que darle de comer al lobo.
Tengamos bastante cuidado en los controles. (Aplausos
en las bancas.)
Sr.
Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Cleri.- Señor presidente: hoy empezamos la labor
legislativa, principalmente con un programa de participación público privada
que era invotable tal como vino del Senado y también con las modificaciones
realizadas.
En
los países donde se aplicó este tipo de programas lo único que generó fue mayor
flexibilización, ganancia extraordinaria para los privados y que el Estado se
hiciera cargo de las pérdidas.
Esa
matriz, que a través de leyes anteriores y que por supuesto termina coronando
este presupuesto, nos va mostrando el destino, a dónde va dirigida la Argentina
comandada por el gobierno de Mauricio Macri y de la alianza Cambiemos. Hasta el
10 de diciembre de 2015 había un proyecto de país, a partir del 10 de diciembre
de 2015 hay un nuevo proyecto de país. Pero este nuevo proyecto de país repite
recetas antiguas probadas que llevan al desempleo, al ajuste, al endeudamiento,
a la desesperanza, a la desintegración familiar y a que las futuras
generaciones asuman el costo de las decisiones equivocadas que se empezaron a
tomar el 10 de diciembre y que se materializan en este presupuesto.
Son
dos proyectos de país completamente distintos. El proyecto anterior era el de
la inclusión; el actual es el de la exclusión. El proyecto anterior era el del
desendeudamiento, la autonomía, la justicia social, la independencia económica
y por supuesto la soberanía política. Este proyecto político apunta a la
privatización, al endeudamiento brutal y salvaje, a que no tengamos posibilidad
de buscar la justicia social porque no van a estar los recursos, volviendo a
los presupuestos de déficit cero, ajuste y desempleo.
No
hay independencia económica; vamos a estar dependiendo de los capitales
extranjeros que van a pedir mucha más tasa de interés; se va a ir pagando y
repagando la deuda y se van a imponer distintas condiciones y flexibilización
laboral.
Ya
en un día tan triste como el de hoy, hace muchísimo tiempo, hubo una entrega,
cuando una miembro informante ‑en aquel momento, de la Alianza‑,
Margarita Stolbizer, vino a proponer la flexibilización laboral. (Aplausos en las bancas.) Y en aquel
momento también hubo entrega, concesión de derechos y supuestas beneficencias
que en el futuro ‑porque eran beneficencias, no derechos‑ tendrían
los trabajadores, perdiendo sus derechos, mientras los privados estaban ganando
mucho.
Señor
presidente: ya hemos vivido el destino final y la película de terror que se
genera por la deuda terrorífica que están tomando ahora, y que van a seguir
tomando. Ya lo hemos pasado. Seguramente los argentinos que tienen más de 50
años lo han sufrido, como lo sufrieron en 1989, en 2001 y en cada promesa
incumplida de cada uno de los presidentes, cuando les prometían la solución y
los estafaban en su proyecto de país.
También
lo vamos a sufrir los jóvenes, la generación del bicentenario, quienes pudieron
irse a vivir solos, independizarse, tener un empleo, buscar un proyecto
personal y de país y ver que sus padres tuvieron en la última década ganada la
posibilidad de contar con un empleo y de pensar en tener una casa propia.
Hoy
con este presupuesto y las decisiones que se empezaron a tomar el 10 de
diciembre se está embargando el futuro de las generaciones que vienen,
imponiéndoles el peso de la inflación que no pueden controlar con el pago
terrible de la deuda.
La
única concesión que siguen dando es para las concentraciones económicas. En el
artículo 15 le van a condonar la deuda a las distribuidoras; le condonan a
Edenor y a Edesur 25.000 millones de pesos, un tercio de los subsidios.
¡Es
increíble! No se animan a poner el monto en el artículo 15. Simplemente dicen
que las empresas distribuidoras van a tener derecho a terminar de reclamar lo
que le adeudan a Cammesa siempre y cuando hayan cumplido con su contrato de
concesión, lo que indirectamente significa que con 25.000 millones de pesos les
limpian el balance y nos hacemos cargo todos los argentinos. Siguen
concentrando el poder las empresas amigas de Macri; aumentan las tarifas y las
dolarizan, porque seguramente detrás de eso está la dolarización, que ya se
empieza a ver.
Y
así ocurre con la dolarización de las tarifas, con la desindustrialización y
con la generación de desempleo, que es lo único que aumenta en este presupuesto
de ajuste. Aumenta el seguro de desempleo porque no van a crear un solo puesto
de trabajo, porque no hablan de industrias, de pymes o de un proyecto de país
con inclusión de los 42 millones de argentinos.
Para
finalizar, quiero decir que se han incorporado muchas modificaciones en este
proyecto de ley; pareciera que por estar en una planilla de Excel pensaran que
se va a cumplir. Pero la ley pyme, que fue consensuada por todos los sectores
políticos, no tuvo una reglamentación completa. Simplemente se reglamentó la
posibilidad de pagar el IVA en distintas cuotas, pero no el resto de lo que
pedía cada una de las cámaras y las pequeñas y medianas empresas para poder
seguir generando empleo. Lo siguen reclamando, pero mientras ven cómo se está
destruyendo el empleo con la apertura indiscriminada de las importaciones.
Para
eso es el endeudamiento, para fugar divisas con este dólar barato –ya están
pidiendo la devaluación‑ y seguir trayendo productos importados; y con
cada producto importado aumenta el desempleo argentino.
Por
mandato popular, por comprensión histórica, voy a votar a favor de los jóvenes
y de las futuras generaciones. ¡Por eso nunca voy a votar a favor de este
presupuesto entregador! (Aplausos en las
bancas.)
Sr.
Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza, que compartirá
su tiempo con la señora diputada Juárez.
Sra.
Giménez.- Señor presidente: este año el
presupuesto no estuvo blindado, como en años anteriores. Se aceptaron
sugerencias y pedidos de todos los bloques. Hemos recuperado nuestra función de
representar los intereses de la Nación y también los de nuestras provincias.
Hemos mejorado el proyecto que llegó del Ejecutivo para asegurar la presencia
del Estado en beneficio de los ciudadanos.
Podemos
afirmar que si bien hay gente a la que tal vez no le gusta el presupuesto, éste
es fruto de una construcción colectiva a partir de lo que recibimos del
Ejecutivo. Se han transformado más de 19 artículos de los 70 que tenía
originalmente el proyecto.
Tenemos
la certeza de que a esta altura el año próximo podremos decir que este proyecto
se transformó en una realidad. En el día de ayer, cuando el señor diputado
Pastori justificaba este presupuesto, se refería a las variables
macroeconómicas que lo sustentan.
Yo
quiero analizar la política económica, pero también los compromisos de gestión
que asumió el presidente, quien nos propuso trabajar para lograr una pobreza
cero y terminar con el narcotráfico y con las grietas entre los argentinos.
En
la búsqueda de los compromisos, este proyecto tiene cinco prioridades: pobreza
cero, reparación histórica a los jubilados, política energética, combate del
narcotráfico y reforma electoral. Las dos primeras se llevan cerca del 70 por
ciento del presupuesto, lo que no es menor.
Ahora
bien, un presupuesto puede tener errores macroeconómicos que no le permitan
alcanzar todas sus propuestas, pero los presupuestos de los últimos años fueron
una película de ficción, por lo menos para Mendoza. Voy a dar un ejemplo.
Quienes viajan en nuestra provincia por la ruta 40 desde San Juan ‑en
particular en este momento en que estamos arreglando el aeropuerto‑ sabrán
que es un desastre. Esto se podría haber evitado si las obras se hubieran hecho
en 2015, cuando fueron presupuestadas.
Cabe
destacar que todos los años, cuando se analizaban los presupuestos una vez
finalizado el ejercicio, el dinero se había gastado, vaya a saber en qué,
porque las obras no estaban y los proyectos no se habían ejecutado. Es decir
que no solo había incapacidad en la gestión sino también corrupción.
El
diputado mandato cumplido por la provincia de Mendoza, Enrique Vaquié, se cansó
de marcar estas deudas con la gente. Él indicaba que el dinero se ejecutaba en
su totalidad, pero las obras no se hacían. Por ejemplo, en el programa “Techo
Digno” el análisis indica que se gastó toda la plata y sin embargo quedaron
unas 21.500 viviendas sin hacer.
Un
cambio fundamental respecto de los años anteriores en este proyecto de
presupuesto es el hecho de que éste recobra su función como indicador de los
objetivos de gobierno. Se sustenta en supuestos macroeconómicos coherentes
basados en estadísticas creíbles y recupera su utilidad como instrumento para
analizar la política económica del gobierno. Hay incrementos importantes en el
área social y en transporte.
Solicito
la inserción en el Diario de Sesiones de parte de mi intervención.
Quiero
decir que el gobierno anterior dejó desequilibrios en toda la economía;
resolverlos implica unir a los argentinos. Debemos salir del círculo vicioso
del “sálvese quien pueda” y plantear un horizonte a largo plazo que resuelva en
verdad los problemas de todos los argentinos.
Sr.
Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra la señora diputada por Catamarca.
Sra.
Juárez.- Señor presidente: quiero solamente hacer
tres reflexiones. Voy a adherir a lo que decía la señora diputada Giménez.
Este
presupuesto ha sido muy
debatido, se ha trabajado mucho para alcanzar los consensos y esto marca la
primera diferencia con los años anteriores. Aquí se construyeron consensos y el
señor diputado Laspina ha dado muestras de poder escuchar a todos los sectores
para consensuar esta iniciativa y que todas las voces se encuentren
representadas.
El presupuesto que estamos
considerando fortalece el federalismo, porque se está devolviendo
progresivamente a las provincias una serie de recursos que en los años
anteriores ni siquiera fueron considerados.
La tercera cuestión que quiero
mencionar es que aquí se habló de la devolución del Renatre con algún
favoritismo. Solamente voy a señalar que hay un fallo de la Corte Suprema de
Justicia en este sentido y que en los sistemas republicanos impera la división
de poderes y los fallos deben ser respetados y cumplidos.
La concentración de poder, el manejo
de los recursos y las prácticas nocivas con las que se disciplinó a los
gobernadores en relación con las necesidades de cada una de las provincias no
son prácticas propias de este gobierno.
Les pido a los señores diputados
memoria completa, no selectiva. (Aplausos
en las bancas.)
Sr. Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra el señor
diputado por Chubut.
Sr. Bermejo.- Señor presidente: el presupuesto que estamos tratando posee una virtud
que no presentaron los últimos diez presupuestos, porque esta iniciativa ha
sido consensuada entre quienes tuvieron la voluntad de hacerlo.
Represento a la provincia del Chubut,
y hemos trasladado nuestro pedido a quienes estudiaban este tema, planteándoles
que nuestras aspiraciones eran lograr fondos para inversiones vinculadas con el
desarrollo, que es lo que conlleva trabajo.
Es así que se han asignado fondos para
reparar el puerto de Comodoro Rivadavia, el mineralero, el que recibe los
cruceros de Puerto Madryn y el puerto pesquero de Rawson, para terminar la
autovía que don Lázaro dejó inconclusa -pues cobró 800 millones de pesos por el
total de la obra, pero construyó solamente la mitad-, el desagüe de los
residuos cloacales de Comodoro Rivadavia, el emisario de Comodoro Rivadavia, la
Unidad Penitenciaria de Esquel, etcétera.
No puedo recordar las cuarenta obras
que están asignadas, pero la mayor parte de ellas tienen que ver con el desarrollo.
No hay que asustarse respecto de lo que significará esa cantidad de inversiones
para el país, pues para el año próximo se asignaron 1.500 millones de pesos,
que equivalen a dos estaciones de subte y un metrobus.
Tenemos un país desequilibrado geográfica
y poblacionalmente. Eso nos lleva a adoptar medidas económicas que buscan
beneficiar la vida de quienes habitan en las metrópolis, pero tenemos que
desarrollar el país en su integridad para lograr que despegue de una vez por
todas.
Todo esto lo planteamos ante el
ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, pero él nos hablaba de obras
utilizadas por aproximadamente 11 millones de personas. Obviamente, las obras
del interior no son de esa envergadura, pero tienen que ver con la producción.
Hemos solicitado que se asignen más
recursos para una ruta específica, que es la única comunicación que tiene la
comarca cordillerana del Chubut con la zona costera y que está íntegramente
relacionada con los pasos que nos comunican con nuestros hermanos de Chile.
Ellos saben de integración y de actuar económicamente en función de su
desarrollo porque tienen caminos que facilitan las compras baratas que realizan
allí los argentinos.
Logramos un pequeño ajuste, pero
seguiremos insistiendo porque el país tiene que desarrollarse, y para eso hace
falta infraestructura. Considero que para despegar, este equilibrio tiene que
darse en toda la extensión del país, tanto en el Sur como en el Norte.
Adelanto mi voto positivo a esta
iniciativa porque después de muchos años el presupuesto se encamina a organizar
nuestro país con un criterio más democrático y mucho más participativo. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr. Tailhade.- Señor presidente: el presupuesto de la “pobreza
cero” terminó siendo el presupuesto “para los pobres, cero”.
Después de todas estas horas de
discusión ha quedado claro que los humildes de nuestro país no están entre las
prioridades del presidente Macri ni tampoco de la mayoría de esta Cámara. El
presupuesto refleja justamente cuáles son las prioridades. Una de ellas son los
negocios del presidente de la Nación, de sus ministros y de sus amigos. Voy a
dar algunos ejemplos, porque tengo solamente cinco minutos para expresarme,
pero podemos estar muchos días enunciándolos.
Todos sabemos que el Poder Ejecutivo
nacional le dio 45.000 millones de pesos a IECSA, la empresa de Ángelo
Calcaterra, para la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
Ese decreto lo firmó la vicepresidenta
de la Nación en ejercicio de la Presidencia, porque el primer mandatario estaba
de viaje. Seguramente se habrá pensado que con la firma de la vicepresidenta se
garantizaba la impunidad de esa maniobra. Pero eso no es así, porque ese decreto
es una maniobra delictiva de punta a punta, pues implica una violación
flagrante del pliego licitatorio de aquella obra. La condición fundamental de
esa adjudicación era que la adjudicataria consiguiera el financiamiento por su
cuenta, pero resulta que ahora la obra no la financiará algún ente privado que
le presta el dinero a la adjudicataria sino que lo financiará el gobierno
nacional con 45.000 millones de pesos con los que podrían construirse 3.750
jardines de infantes, ya que al presidente le gusta correr a los trabajadores
con chicanas por el estilo.
Reitero que se trata de 3.750 jardines
de infantes que no se construirán, porque el presidente Macri se autoadjudicará
esa obra. Recordemos que las acciones de Calcaterra, que lo revelan como
propietario de IECSA, están prendadas por diez años a favor de la familia
presidencial. Esto es un acto simulado. No hay otra manera de interpretar esa
operación.
Es decir que el presidente Macri se
está autoadjudicando 45.000 millones de pesos, además de las violaciones
flagrantes cometidas al pliego licitatorio. Reitero que este monto equivale a
la construcción de 3.750 jardines de infantes o cuatro presupuestos de ciencia
y tecnología, que es lo que trajo el Poder Ejecutivo en este presupuesto. El
diputado Kosiner recién mencionó el Plan Belgrano, que implicaría 40.000
millones de pesos supuestamente para el año 2017, cuando estaban prometiendo
80.000 millones por año. O, por ejemplo, el total de
los presupuestos juntos de los ministerios de la Producción, de Agroindustria,
de Turismo, de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y de Cultura. Todo
eso se lo lleva el presidente Macri.
Pero
en esta trama también hay otros actores interesantes que tienen que ver con el
festival de deuda pública que implica este proyecto de ley de presupuesto y que
mis compañeros se han encargado de describir con precisión.
¿Saben
quiénes son los responsables de la deuda pública de este año, del que viene y
de los sucesivos hasta 2019? Ellos fueron, son y serán Alfonso Prat‑Gay y
Luis Caputo, ministro de Hacienda y Finanzas Públicas y secretario de Finanzas,
respectivamente. Ambos pertenecieron a J. P. Morgan, mientras que Caputo
también trabajó en el Deutsche Bank.
Esta
última institución le prestó al país 21.000 millones de dólares en trece
operaciones de toma de crédito. Tengo en mi poder el resumen correspondiente.
Por
su parte, J. P. Morgan intervino en diez operaciones de toma de crédito del
Estado nacional por 5.810 millones de dólares.
¿Alguien tiene alguna duda de que Prat‑Gay
y Caputo se van a llevar su parte de esos 28.000 millones de dólares que J. P.
Morgan y el Deutsche Bank le están prestando a la Argentina? (Aplausos en las bancas.)
Yo no
tengo ninguna duda al respecto, como tampoco la tengo en el sentido de que
Caputo se la llevó con el tema del dólar a futuro. En tres meses ganó 200
millones de pesos. Compró 750 millones de dólares en contratos a futuro, luego
de saber que iba a ser el que tomaría la decisión de devaluar y de fijar el precio
de los contratos.
Caputo
maneja un fondo de inversión que el año pasado, con toda su gama de ofertas,
ganó 50 millones de pesos. Este año ganó más de 350 millones de pesos. Todo se
explica en los últimos dos meses, cuando se puso a comprar dólar a futuro
sabiendo que él iba a fijar el precio de esos contratos.
Por
su parte, Alfonso Prat‑Gay también estuvo particularmente interesado en
la ley de blanqueo porque estaba imputado por haber fugado a Europa el dinero
de Amalita Lacroze de Fortabat. Esto lo logró porque fue sobreseído en la
causa.
¿Saben
qué pasó con el blanqueo? El titular de la AFIP acaba de prorrogar mediante una
resolución el plazo establecido por la ley. Antes los ricos tenían tiempo hasta
el 31 de octubre para blanquear el dinero que tenían afuera. Ahora el titular
de la AFIP prorrogó ese plazo por un mes, en franca violación a la ley. Les
aviso que el señor Abad va a ser denunciado por esto.
De
manera tal que para los ricos, todo, y para los pobres, nada.
Para
finalizar quiero decir lo siguiente: sigan dialogando, consensuando, poniéndose
contentos y planificando la miseria de los argentinos, porque el dinero se lo
van a llevar Macri, Prat‑Gay y Caputo. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.
Sr.
Torroba.- Señor presidente: este es el primer
proyecto de ley de presupuesto que presenta un gobierno que ha recibido una
pesada herencia. Estoy hablando de déficit fiscal, inflación, pobreza,
informalidad laboral, estancamiento económico, déficit de la balanza comercial,
escasez de reservas, retraso cambiario y tarifario, cepo cambiario y default.
En
beneficio de este proyecto de ley de presupuesto podemos decir que es la
primera vez en muchos años que consideramos un presupuesto que se acerca a la
realidad, en contraposición con los de los años anteriores, que eran un
verdadero dibujo o ficción.
Conjuntamente
estamos modificando el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera,
referido a los denominados superpoderes, que otorgaba facultades ilimitadas al
jefe de Gabinete de Ministros. Hoy iremos eliminando en forma progresiva esta
arbitrariedad. Una menor arbitrariedad significa un mayor federalismo.
Yo
diría que este proyecto de ley de presupuesto es, en términos de federalismo,
un poco más federal. Si mantenemos esta tendencia en el tiempo lograremos un
verdadero federalismo fiscal.
El
tratamiento que se ha otorgado en este Parlamento al proyecto de ley de
presupuesto está basado en la búsqueda de consenso, de diálogo y de
participación, habiendo concurrido a la respectiva comisión funcionarios de
diferentes ministerios.
Yo
diría que a partir de hoy el Congreso Nacional está recuperando el rol que le
corresponde en la formulación del proyecto de ley de presupuesto.
Quiero
dedicar un párrafo aparte para hacer referencia a lo que significa este
proyecto de ley de presupuesto para la provincia de La Pampa, a la que
represento. Esta iniciativa favorece a mi provincia, ya que respecto de ella se
prevén partidas para el mantenimiento de rutas –son 1.500 kilómetros de rutas
nacionales olvidadas en el tiempo, respecto de las cuales podemos mencionar la
reparación de las números 35, 151 y 152, como así también de las autopistas
Anguil‑Santa Rosa y General Pico‑Santa Rosa‑, la construcción
de obras de desagüe y la Universidad Nacional de La Pampa.
Estamos
de acuerdo y valoramos todo esto, pero no podemos dejar de mencionar nuestra
preocupación porque entendemos que este proyecto de ley de presupuesto es
demasiado optimista respecto de los niveles de inflación, de inversión privada,
de recaudación y de déficit fiscal que se prevén.
Si
bien estamos de acuerdo en lo relativo al gasto social y al esfuerzo que desde
la Nación se hace en materia de obras de infraestructura, nos preocupa
especialmente el déficit fiscal, que entendemos que será superior al 4,2 por
ciento previsto y que llegará al 6 por ciento del PBI.
Para
cubrir ese déficit se prevé recurrir al endeudamiento externo. Esto nos
preocupa, al igual que la falta de coordinación entre la autoridad financiera
–o sea, el Banco Central de la República Argentina‑ y el Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas.
También
nos preocupa el elevado nivel de las tasas de interés, que desalientan el
consumo y la inversión, estimulando la especulación financiera.
Asimismo
sentimos preocupación por la lluvia de dólares dirigida al sector financiero y
a la especulación, en lugar de estar orientada a la inversión directa. En ese
sentido, ese ingreso de dólares puede generar un retraso cambiario.
Siguiendo
las enseñanzas del profesor Eduardo Conesa, podemos decir que el retraso
cambiario, el déficit fiscal y las elevadas tasas de interés constituyen el
combo perfecto para una tormenta perfecta.
En
síntesis, creo que están haciendo falta audacia, ingenio y trabajo en equipo
para salir de una situación extremadamente precaria desde el punto de vista
socioeconómico.
Con
estas palabras he querido señalar las diferencias que tengo –y que también
fueron formuladas por escrito‑ respecto del dictamen de mayoría, que voy
a acompañar.
Sr.
Presidente (Tonelli).- Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.
Sr.
Santillán.- Señor presidente: quiero anticipar mi
posición negativa respecto del proyecto de ley de presupuesto porque en él se
puede apreciar claramente cómo se va configurando un nuevo modelo de país, al
que podemos describir como menos inclusivo, resignándose derechos y conquistas
que fueron alcanzadas en este tiempo y que definían al Estado presente que
teníamos.
Por
otra parte, el proyecto de ley de presupuesto abandona una de las banderas
fundamentales que los argentinos lograron con muchísimo esfuerzo, que es la de
la independencia económica.
A
pesar de que algunos señores diputados quieren describir la iniciativa en
consideración como virtuosa, creo que a la hora de hilar fino nos damos cuenta
de que en realidad este es un proyecto de ley de presupuesto de ajuste y con un
alto nivel de endeudamiento, características que fundamentalmente van en contra
de los argentinos.
Quiero
aclarar que a mi juicio no a todos los argentinos les va a hacer mal porque va a haber algunos que
se van a salvar como siempre, pero creo que el que sí va a perder es el sector
de las grandes mayorías, los trabajadores, los jubilados, los que menos tienen.
Considero que acá se visualiza la
intención de que haya menos recursos en áreas que son sensibles para los
sectores populares, para las grandes mayorías del pueblo argentino, porque lo
asignado en el marco de una economía con un alto nivel inflacionario resultará
insuficiente.
En este proyecto se castiga al futuro de la
salud, de la educación, de la ciencia y de los programas sociales que son
útiles para la contención de los más vulnerables. También serán insuficientes
las partidas asignadas a las universidades, al INTA, al Conicet, que son
importantes para el desarrollo de nuestro país.
Pareciera ser que en este presupuesto
queda muy en claro que el monto destinado al endeudamiento es una de las
prioridades del Estado, y esto tiene que ver con la ineficiencia y la falta de
ideas, como recién reclamaba el señor diputado que me precedió en el uso de la
palabra. Eso servirá para cubrir el déficit fiscal producto de la transferencia
de recursos que maneja el Estado a sectores concentrados de la economía, y
también para tratar de solventar ese supuesto plan de obras públicas que se
viene anunciando desde hace muchísimo tiempo pero del cual no vemos nada.
Además, servirá fundamentalmente para
pagar la timba financiera de las Lebac y justificar una baja inflación que no
es tal. Pero aun así se beneficia a unos pocos con jugosos intereses.
También queda en claro que las
economías regionales, aunque lo quieran negar, están siendo castigadas, sin
créditos accesibles y haciéndolas más vulnerables. Se ha enfriado la economía y
a la par de esto se destruyó el poder adquisitivo de los trabajadores y, por
ende, el mercado interno.
Todo eso fue en pos de aplicar recetas
neoliberales para la apertura de la economía. Este presupuesto representa esas
políticas y ratifica cada una de las acciones implementadas por este gobierno
desde que asumió. Claramente, define un gobierno neoliberal.
Yo vengo de una de las provincias del
Norte, que supuestamente iban a ser beneficiadas por ese plan Belgrano, un plan
que ha generado muchas expectativas, ya que hasta el propio Papa se interesó y
pidió que se ejecutaran esas obras, pero en realidad no pasó absolutamente
nada. Son simplemente anuncios.
- Ocupa la presidencia
el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sr. Santillán.- Para el bien de la región a la que pertenezco
me gustaría que se hiciera algo con respecto a todo lo anunciado, porque lo
gracioso de todo esto es que pararon la obra pública para anunciar con las
nuevas autoridades las obras que ya estaban definidas, y aun con estos nuevos
anuncios no se está haciendo nada.
También quiero preguntar algo que me
llama la atención. Yo no integro la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero
hace poco llegó a mis manos una planilla y me gustaría saber cuál fue el
criterio para confeccionarla, relativa a la distribución de partidas a las
universidades nacionales. ¿Por qué Tucumán no está? Sé que diputados de mi
provincia, a quienes acompañé en la gestión, solicitaron que se incluyera el
incremento de la partida asignada a la Universidad de Tucumán, pero en esta
planilla no está.
Se trata de una universidad que nuclea
a estudiantes de Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Catamarca. También hay
estudiantes de La Rioja que asisten a esa institución. Hay institutos que
dependen de esta universidad. Me llama poderosamente la atención que no esté
acá y que sin embargo universidades que corresponden a provincias de algunos
diputados y senadores, tienen asignados más de 51 millones de pesos. Por eso
quiero preguntar cuál fue el criterio para definir esa planilla y por qué la
hicieron así.
Me gustaría que todos los diputados
que han hablado del consenso fueran sinceros y pusieran las cartas sobre la
mesa, porque esta planilla se hizo en función de otras cosas, en mi visión
particular. Es un claro ejemplo de cómo se beneficia a algunas provincias y a
otras se las perjudica, fundamentalmente a las del Norte.
A mi entender, en el marco del plan
económico que viene desarrollando el Estado nacional, este presupuesto va a
traer más pobreza, más desempleo, menos actividad económica y una menor
distribución de la riqueza. Los verdaderos beneficiarios de este presupuesto y
del plan económico que se viene desarrollando son los bancos y las
transnacionales, que desde dentro del Estado, junto con los CEO que forman
parte del gabinete, realizan acciones en beneficio propio.
Creo que esto es lamentable y
considero que este presupuesto es el inicio del fin de muchísimas conquistas. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra la señora diputada por Santiago del Estero.
Sra. Morales.- Señor presidente: es importante remarcar que el
proyecto de ley que hoy estamos debatiendo es la herramienta fundamental de
gobernabilidad para el Poder Ejecutivo nacional, y también para los ejecutivos
provinciales y municipales.
Todo lo que se ha tenido en cuenta
desde los distintos bloques políticos para introducir en el proyecto,
respetando las necesidades de nuestros intendentes e incluso de nuestros
gobernadores, es el resultado del trabajo en equipo de los distintos referentes
políticos que hoy tenemos.
Es por eso que quiero remarcar el
trabajo que ha tenido mi espacio político con total responsabilidad y
compromiso hacia los intendentes que nos han solicitado, como representantes de
los pueblos provinciales, la incorporación de obras que plantean los
ciudadanos.
Es así cómo se ha respetado desde
distintos ámbitos lo que es el federalismo, expresado en el artículo 1° de la
Constitución Nacional.
No puedo dejar de remarcar y agradecer
que se hayan tomado en cuenta distintas obras para la ciudad a la que
pertenezco, un pedido de larga data. Es lo que los santiagueños venimos
pidiendo sobre la ruta nacional 34, que incluso ha sido previsto en
presupuestos anteriores y nunca se llegó a ejecutar. Esto cobró la vida de
muchos santiagueños y también de norteños, porque por la ruta 34, en el camino
de la ciudad de Taboada a la ciudad de La Banda, pasan quienes se trasladan a
las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán.
Por eso veo con mucho beneplácito todo
esto y me complace sin duda acompañar este proyecto, que si bien prevé la
creación de la autopista de la ruta nacional 34 en tres etapas, o en tres
períodos anuales, por lo menos está incluida la iniciativa. También solicito el
compromiso de que no quede como una mera expresión de deseo en el presupuesto,
sino que se tomen todos los recaudos para que se lleve a cabo la ejecución de
las obras que hoy se prevén.
Quiero agradecer que se haya tomado en
cuenta a la ciudad de La Banda en distintas obras incluidas en el presupuesto
nacional, como es la construcción del sistema de desagües cloacales. Además, la
construcción del Jardín N° 20 en el barrio Independencia, un barrio muy grande
de mi ciudad con muchas necesidades.
También, las mejoras y refacciones en
el Mercado Unión. El Mercado Unión es la institución más antigua de nuestra
ciudad, es por donde pasa toda la actividad comercial. Así que agradezco
enormemente que el Frente Renovador haya acercado las necesidades que el intendente
de la ciudad de La Banda ha planteado, y se hayan tenido en cuenta para su
incorporación en el presupuesto.
Quiero dejar en claro que el
compromiso del Frente Renovador ha tenido grandes avances respecto del proyecto
que hoy tratamos. Se hizo un esfuerzo muy grande en lo que es la limitación a
la libre disponibilidad o discrecionalidad del jefe de Gabinete sobre el uso de
las partidas presupuestarias. Es un gran avance para nosotros porque significa
también la revalorización de los tres poderes del gobierno y sin duda el
respeto al sistema republicano que nosotros tenemos en nuestro Estado.
Se establece también la obligación del
Poder Ejecutivo de presentar un plan de reforma integral del presupuesto
nacional que tienda a lograr mayor precisión y eficacia en el cumplimiento de
los objetivos del Poder Ejecutivo nacional al momento de elaborar un proyecto
para la administración general del país.
Además,
quiero sumarme al pedido de la señora diputada Ciciliani, a fin de que el Poder
Ejecutivo asuma el compromiso de trabajar para incluir en el presupuesto el
principio de igualdad de género. Digo esto porque el presupuesto también debe
contemplar la igualdad de género en las políticas públicas que se apliquen.
Por
lo tanto, voy a acompañar este proyecto, porque tal como lo he señalado me
siento gratamente complacida con las obras que se prevén para la ciudad y la
provincia de Santiago del Estero. (Aplausos
en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Barletta.- Señor presidente: esta es una larga
noche; estamos cansados y hemos escuchado muchos discursos. Pero debo confesar
que a pesar de eso me siento tranquilo y reconfortado. Digo esto porque en la
década de mayores ingresos en la historia de nuestro país, quienes generaron
una economía que estuvo estancada en los últimos años, provocaron un déficit
fiscal récord en 2015, generaron pobreza desde 2011, despilfarraron recursos en
novelas y máquinas de efectos especiales, provocaron la destrucción del INDEC,
aplicaron el cepo cambiario y nos entregaron a las garras de los buitres y del
juez Griesa, fueron los mismos del peronismo neoliberal de los 90. Ellos –me
refiero a los Boudou, López, Jaime y Echegaray-, tienen mucho que ver con la corrupción,
porque durante largo tiempo respondieron a colaboradores inmediatos de un ex
ministro que parece no saber lo que estaban haciendo, a pesar de que los fondos
eran asignados por otro ex ministro –el de Economía‑ que tampoco sabía lo
que hacía su colega de Planificación ni los López, Jaime y demás. En este
sentido, si bien no puedo decir que fueron cómplices porque no tengo nada que
me lo demuestre, debo entender que si no eran cómplices fueron ineptos.
Me
da mucha tranquilidad que sean ellos los que nos digan que estamos equivocados.
Sinceramente, creo que tenemos razones para tener expectativas favorables sobre
el presupuesto que se ha elaborado.
Se
ha dicho con certeza que en relación con la macroeconomía no se pueden dar
números exactos, porque esta es una estimación que se hace sobre la evolución
que tendrá la economía. Pero me llama la atención que digan que este proyecto
es un relato o una mentira. ¿Qué información teníamos antes de la macroeconomía
como para elaborar un presupuesto más o menos optimista y con datos ciertos?
En
mi opinión, los condicionamientos para elaborar este proyecto son importantes,
porque vivimos una circunstancia muy difícil. Sin embargo, no debemos olvidar
que el 65 por ciento de los recursos se destinan a la asistencia social, pero
no como consecuencia de las políticas aplicadas por este gobierno sino por las
decisiones equivocadas que dilapidaron los recursos que como nunca antes había
tenido la Argentina desde 1810.
¿Qué
hicieron con toda esa plata? Quiero que me digan qué hicieron con esa Argentina
que tenía una enorme potencialidad, sobre todo teniendo en cuenta que
ostentaron todo el poder en el ámbito del Ejecutivo, al igual que en el
Legislativo, donde no pudimos discutir los aspectos vinculados con los diferentes
presupuestos.
Es
reconfortante que en este momento haya preocupación por alcanzar acuerdos.
Probablemente esto se deba a que el presupuesto tiene algo que ver con la
realidad que vamos a vivir en 2017.
Más
allá de los discursos que hemos escuchado, no creo que ninguno de los presentes
esté especulando con que nos vaya mal. Personalmente, parto del entendimiento
de que son hombres y mujeres de bien.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Barletta.- Axel: yo te escuché sin interrumpirte.
Te pido por favor…
Sr.
Presidente (Monzó).- Solicito al señor diputado por Santa Fe que se dirija a la
Presidencia.
Sr.
Barletta.- El problema es que el señor diputado
Kicillof me está interrumpiendo.
Creo
que todos los presentes esperamos transcurrir el año 2017 en las mejores
condiciones.
Antes
de finalizar debo señalar que durante la discusión en particular voy a proponer
la modificación de un artículo que en mi opinión tiene que ser revisado, a fin
de llevarle equidad y tranquilidad al sistema universitario.
Por
último, invito a todos los diputados para que más allá de las diferencias
apostemos a un 2017 en el que el presupuesto se haga realidad para que la
Argentina crezca. (Aplausos en las
bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Como la señora diputada Ana Carla Carrizo no se halla presente,
tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Alegre.- Señor presidente: estamos participando
de una jornada extensa, en la que venimos a tratar un tema trascendente para el
próximo ejercicio, porque se trata de la herramienta que necesita el Poder
Ejecutivo para llevar adelante su proyecto.
Además,
no debemos perder de vista que durante todo este año el gobierno se manejó con
el presupuesto que había sancionado la gestión anterior.
Creo
que este es el proyecto de presupuesto posible, porque no tengo dudas de que
quienes lo trabajaron lo hicieron con la mejor buena fe. Digo que es el
presupuesto posible, porque a lo largo de las horas que llevamos de debate
escuché a muchos legisladores quejarse del excesivo endeudamiento y a otro
tanto de la falta de obras. Por ende, resulta difícil saber cuál es el punto de
equilibrio y dónde está la verdad. Sin ninguna duda, la verdad está en este
presupuesto al que llegamos luego de una negociación entre todos los bloques
que representan a nuestra sociedad. Es el presupuesto que pide el gobierno, que
es quien ganó las elecciones. Nos guste o no, en un sistema democrático la
verdad está en el que gana las elecciones; es hacia allí que debemos apuntar.
De
todas maneras, esto no significa que no se puedan formular observaciones. ¿Por
qué digo esto? Porque cuando pensamos en el nombre de la alianza a la que
pertenece el gobierno, Cambiemos, y observamos este presupuesto, advertimos que
no hay tantos cambios.
En
la provincia de Buenos Aires, fui intendente durante muchísimo tiempo;
concretamente, durante dieciocho años. Puedo afirmar que nunca un mandatario de
un municipio de la provincia de Buenos Aires debió migrar a la Capital Federal
para buscar una obra; siempre tenía que dirigirse a la provincia.
Esto
cambió con el kirchnerismo; se modificó la forma de hacer política. Por una
cuestión de control político, las obras para los municipios empezaron a darse
desde el gobierno nacional. Ahora, en este presupuesto, observamos que ocurre
lo mismo.
En
la planilla anexa B del artículo 11 encontramos montones de obras destinadas a
municipios de la provincia de Buenos Aires. Obviamente, también hay para
municipios de todo el país. Vemos, por ejemplo, obras de asfalto y de
iluminación para distintas localidades. Estamos en la Cámara de Diputados de la
Nación; entonces, esto no está bien.
Recuerdo
que cuando era candidato a concejal en mi pueblo y hablábamos de la deuda
externa o de los juicios a los ex comandantes, la gente nos miraba y se
preguntaba qué hacía un candidato a concejal no diciendo, por ejemplo, cómo
solucionaría el problema de la basura. Cuando ingresé a esta Cámara lo hice con
la idea de que debatiríamos acerca de las obras nacionales y de todas aquellas
acciones que requiriese la Nación para romper la curva de crecimiento de la
pobreza. Sin embargo, me encuentro con que este presupuesto continúa con la
misma tónica de años anteriores.
Vengo
de un distrito, General Villegas, que está todo inundado. Durante el último
tiempo –aclaro que esto no es responsabilidad del actual gobierno‑ no se
hizo ninguna obra o, por lo menos, no se desarrollaron aquellas que hubieran
sido necesarias para que ello no ocurra. Cuando arrancó el plan de saneamiento
del Río Salado, lo hizo por la zona donde vivimos nosotros porque era allí
donde más rápidamente se recuperaba la economía rural. Era una buena política
y, para llevarla adelante, se creó por ley un fondo especial; la idea era
financiar las obras con esos recursos provenientes del cobro de un impuesto al
gasoil. Sin embargo, estos fueron utilizados para financiar la hidrovía, los
ferrocarriles, Tecnópolis, etcétera; no para solucionar aquel problema.
Entonces, cuando con las lluvias empezaban los problemas, hacía algunas obritas
para generar la sensación de que se estaba trabajando.
En
este presupuesto no veo –aunque ello no quiere decir que no las haya‑
demasiadas inversiones destinadas a resolver las dificultades urgentes que
tenemos en nuestra zona. Esto implica pérdida de muchísimos recursos; porque
esto es lo que estamos perdiendo, señor presidente: recursos para el país. Sin
ellos, difícilmente la Argentina crezca. Son las obras que necesitamos las que
nos darán un futuro distinto.
Nuestra
región requiere la construcción de un gasoducto que fue anunciado hace muchos
años y nunca se hizo. Como consecuencia de la falta de energía, en General
Villegas cerró una aceitera muy importante. Para hacer funcionar sus calderas
utilizaban cáscaras de girasol, pero como éste se dejó de producir por las
retenciones y el atraso cambiario –tengamos en cuenta que las cáscaras de
girasol eran transportadas en camión desde Necochea hasta General Villegas‑
la fábrica terminó cerrando.
Otra
fábrica, que deshidrataba suero e iba a producir leche en polvo, se trasladó a
Villa María porque en General Villegas no había gas. Situación similar se da en
Coronel Charlone, donde una fábrica de Sancor no pudo seguir produciendo ante
la falta de gas. General Villegas es una de las zonas más ricas del país;
produce gran cantidad de recursos para nuestra Nación, pero esos recursos nunca
vuelven. Muchos se quejan porque a sus regiones pobres no llegan fondos;
nosotros somos parte de una región rica y tampoco llegan.
En
General Villegas hay un cruce carretero importantísimo que une las rutas
nacionales 188, 33 y 226. La ruta nacional 33 es la que une el puerto de Bahía
Blanca con Rosario; es la llamada “ruta cerealera”, por la que además circula
todo el turismo desde el litoral hasta la zona de montaña. La ruta nacional
188, que se extiende desde San Nicolás hasta el sur de San Rafael, es utilizada
por todo el turismo de Buenos Aires que va hacia Las Leñas. Finalmente, por la
ruta nacional 226 va todo el turismo desde el noroeste de nuestro país hacia
Mar del Plata. Esta obra, que asciende a 40 millones de pesos, no fue incluida
en el presupuesto, pese a que está licitada y adjudicada desde hace muchos
años.
Me
pregunto por qué nos ocupamos de resolver problemas de los municipios, que son
responsabilidad de los gobiernos provinciales, y no atendemos las obras
nacionales. Me parece que el gobierno de Cambiemos debería empezar a cambiar
esto a fin de no reiterar errores. (Aplausos
en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
Sr.
Riccardo.- Señor presidente: reconozco el trabajo
enorme y arduo llevado adelante por esta Cámara, y en particular por la
Comisión de Presupuesto y Hacienda, para articular todas las expectativas que
acompañan la sanción de la “ley de leyes”. Asimismo, antes de referirme a la
cuestión de fondo, celebro la disposición del Poder Ejecutivo nacional de
atender las necesidades de mi provincia, a la que se asignó un presupuesto muy
importante para infraestructura; al decir esto pienso en el Acueducto del Este
y en otras obras fundamentales del plan plurianual. Debo mencionar también la
buena voluntad para encontrar la manera de atender los reclamos por las
acreencias que tiene nuestra provincia para con la Nación. Nuestro gobierno ha
hecho un gran esfuerzo para descentralizar los recursos hacia las provincias.
Hechas
estas consideraciones, quiero referirme al presupuesto de las universidades
nacionales, al que se refiere el artículo 12 del proyecto en tratamiento. Es
una muy buena noticia que el Poder Ejecutivo nacional haya enviado una
propuesta de distribución de recursos para las universidades –que suma
aproximadamente 75 millones de pesos y surge de la voluntad política original
del Poder Ejecutivo, con la intercesión del Ministerio de Educación y la
participación del Consejo Interuniversitario Nacional‑ que se acerca en
mucho a la pedida por el CIN. Lo celebro porque entiendo que es un gran avance.
En
estos pocos minutos de que dispongo para hacer uso de la palabra, no quiero dejar
de señalar lo siguiente. A esa propuesta para el reparto de recursos, que
respeta y jerarquiza el larguísimo trabajo llevado adelante por el Consejo
Interuniversitario Nacional para desarrollar pautas objetivas de distribución
en el gran sistema nacional que atiende a más de un millón y medio de alumnos,
se agrega la distribución de recursos obrante en la planilla B por más de 1.028
millones de pesos.
Por
supuesto, esta es una muy buena noticia. Sin embargo, llama poderosamente mi
atención que esa planilla B contenga solo los nombres de veintiuna
universidades nacionales, cuando el sistema universitario nacional está formado
por cincuenta y seis. Quiere decir que hay treinta y cinco universidades
nacionales que no pudieron, o no supieron, acercar sus necesidades para ser
incluidas en ese refuerzo. Debo decir que la mejor prueba de la necesidad de
las universidades nacionales ‑de todas ellas, de las 21 que aparecen en
la planilla B más las 35 que miran de afuera‑ es justamente que el presupuesto
del CIN, si bien ha estado muy cerca del presupuesto nacional, es mayor que el
propuesto por el Poder Ejecutivo.
¿Qué
ocurre con esto? Nosotros comprendemos las necesidades políticas, los acuerdos,
somos políticos y sabemos cuáles son los instrumentos de la política. Lo que no
sabemos es qué les vamos a decir a las 35 universidades nacionales que
respetaron los acuerdos, que apostaron por la mayor calidad institucional
reflejada en la distribución presupuestaria del CIN y elevada por el Ministerio
de Educación, cuando aparecen 21 universidades con un crédito adicional de
1.028 millones de pesos.
No
pongo en tela de juicio las necesidades de esas universidades y me gustaría ver
la justificación de esos montos, pero no los cuestionamos. Sí creemos que es
una fuerte afrenta a la calidad institucional no entender y no buscar darles al
Poder Ejecutivo nacional y al ministro las herramientas necesarias para dar
respuesta a esas 35 universidades nacionales que el día de mañana van a
preguntarse por qué no están en esa lista si también tienen necesidades que
pueden demostrar.
Todas
las universidades son igualmente legítimas, pero en esa lista de 21
universidades no encontré a las universidades de Buenos Aires, Cuyo, La Pampa,
La Plata, La Rioja, Río Cuarto, San Luis. Por las dudas, quiero decir que
ninguna de las tres universidades nacionales ubicadas en el territorio de San
Luis aparece en esa lista, porque justamente en nuestro trabajo político
honramos el consenso logrado en el Consejo Interuniversitario Nacional, pues
creemos que es el mejor aporte a un cambio en la calidad institucional.
Entonces,
no ponemos en tela de juicio los acuerdos, las necesidades que aparecen en esa
lista de 21 universidades, pero tenemos la convicción profunda...
Sr.
Presidente (Monzó).- Señor diputado, ¿puede ir cerrando su discurso?
Sr.
Riccardo.- Sí, señor presidente.
Tenemos
la convicción profunda de que con la discrecionalidad le hacemos un flaco favor
a la credibilidad de nuestra labor y al largo trabajo de consenso en el
sistema.
Por
lo tanto, si bien vamos a acompañar este presupuesto nacional en el 99,9 por
ciento, debo decir que si en el tratamiento en particular no se pone en
consideración de manera diferenciada ese artículo, me voy a abstener de votar
esa planilla anexa que modifica el presupuesto, a no ser que se les den al
Poder Ejecutivo, al jefe de Gabinete de Ministros y al ministro de Educación
los instrumentos para hacer las asignaciones adicionales necesarias en el
sistema para atender las demandas que pudieran surgir en el conjunto de
universidades que no han sido contempladas.
No
pretendemos alterar ningún acuerdo ni ponerlo en tela de juicio, pero sí dejar
sentado que esta es una posición clara de nuestra parte hacia los consensos
logrados en el sistema universitario.
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia informa a los presidentes de bloque que faltan
dos oradores para comenzar con los discursos de cierres.
Tiene
la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr.
Baldassi.- Señor presidente: voy a ser muy breve
porque el miembro informante, el diputado Laspina, ha dicho todo y ha sido muy
claro.
Este
es el tercer presupuesto que voy a votar en esta Cámara de Diputados, y quiero
destacar las características generales de este proyecto, del que surge con
claridad que estamos encaminados hacia un país normal; un país donde podamos
discutir responsablemente los intereses de cada provincia y de cada sector, con
el fin de lograr una mejor y más justa distribución de recursos que atienda las
demandas políticas y sociales de todo nuestro país.
Aunque
suene fuerte hablar de que nos encaminamos hacia un país normal, quiero decir
que vengo de una provincia que durante muchos años fue discriminada y donde la
pelea entre la provincia y la Nación tomó como rehenes a todos los cordobeses.
Siendo ambas del mismo signo político, no pudieron lograr un diálogo y
convivencia que pusiera a resguardo los intereses de todos los cordobeses.
Señor
presidente: hoy podemos discutir un presupuesto con índices reales, y esto también
hace a un país normal. Aunque estos índices sean muy dolorosos, como los de la
pobreza y la desocupación, nos permiten dimensionar la realidad y orientar los
recursos con el fin de construir un país más justo y con mejores oportunidades.
Ser
un país normal también es proyectar obras, hacerlo sin sobreprecios, mostrar
números confiables, proponer objetivos consensuados, revalorizar las
instituciones, respetar la autonomía de las provincias y municipios, respetar
las transferencias de recursos dispuestas por ley y no en forma discrecional.
No
soy, por mi origen, quien tenga que hacer un análisis técnico del presupuesto,
pero como diputado me he preocupado por entender las funciones esenciales que
tiene el Estado para garantizar los intereses de cada vecino y en el caso
especial de mi provincia.
Mi
provincia se va a ver beneficiada este año con aproximadamente un 43 por ciento
de los recursos coparticipables. Este es un hecho inédito, porque hace muchos
años que no recibía absolutamente nada. Esto también nos va a garantizar una
inversión de unos 3.500 millones de pesos en obras públicas, que se va a ver
reflejado en mayor empleo, más actividad económica, mejores condiciones de
competitividad comercial y, sobre todo, mejor calidad de vida para los cordobeses,
que también están esperando viviendas, gas, cloacas y agua.
Podría
enumerar algunas obras que se han programado, pero el señor diputado Amadeo ya
ha hecho un racconto de las obras que
se van desarrollar, por lo que no voy a abundar en ello.
Sé
también que el gobierno deberá trabajar mucho para resolver otra cuestión
importante: cómo achicar lo más que pueda el déficit fiscal. Creo que es una de
las mejores maneras de cuidar el bolsillo de todos los argentinos. Y quiero
decirle, señor presidente, que esto no se resuelve con fórmulas mágicas.
También
podemos hablar de endeudamiento. Para aquellos que plantean el endeudamiento
del país como una cuestión apocalíptica, quiero decirles que en sí mismo el
endeudamiento no es negativo. Obviamente, depende para qué nos endeudamos: una
cosa es si lo hacemos para financiar gastos corrientes, corrupción y
sobreprecios, y otra cosa es endeudarse con responsabilidad, en el marco de un
plan de inversiones que nos permita lograr el crecimiento del país. Esto va generar
empleo y mayor riqueza para ser mejor distribuidos.
En
la política siempre se habla de derecha o de izquierda; de populista o
desarrollista; en el fútbol se habla de ofensivo o defensivo. Pero en la
sociedad, el tema es menos complejo. Solo se dice “me va bien” o “me va mal”.
Sr.
Presidente (Monzó).- ¿Puede ir concluyendo, señor diputado, que se ha excedido en su
tiempo?
Sr.
Baldassi.- Ya concluyo, señor presidente.
Si
bien en la sociedad se habla de si a uno le va bien o mal, nosotros estamos
convencidos de que con un Estado decente y comprometido vamos a ir para
adelante.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.
Sr.
Igon.- Señor presidente: creo que estamos
tratando un proyecto de ley de presupuesto que está llevando a la Argentina a
una crisis tremenda. Se trata de muchísimo ajuste y endeudamiento.
Me
resulta muy raro ver que del otro lado se dice que es un presupuesto único que
va en búsqueda de la pobreza cero. Sin embargo, hay algo en lo que me tengo que
detener porque me llamó mucho la atención. Estamos ante una iniciativa que les
está devolviendo a las provincias lo que hacía mucho les pertenecía.
La
verdad que soy un agradecido por la cantidad de obras que va a recibir la
provincia del Chubut. Son 39 las que me acuerdo. Por eso, aprovecho el momento
para hacer una pregunta con el fin de ver si el señor diputado Laspina me la
puede responder. De esas 39 obras, tenemos la ampliación del puerto pesquero de
Rawson, la reparación y ampliación del muelle Storni, la ampliación del muelle
para cruceros turísticos de Bahía Camarones, la ampliación de otros muelles,
etcétera. Cada una de esas ampliaciones y construcciones tienen asignadas un
presupuesto de 10.000 pesos.
Me
gustaría que el señor diputado Laspina me explique en algún momento si existe
un error o a los chubutenses nos están tomando de tarados.
Las
obras son muy importantes y es algo que reconozco. En 2017 la provincia del
Chubut va a estar recibiendo fondos por 1.500 millones de pesos. Pero,
lamentablemente, en este año nuestra provincia se endeudó en 700 millones de
dólares. Por eso, si bien no soy economista, hay relaciones y números que no me
cierran. Esto ocurre porque mucha gente ha quedado marginada. Lo que he dicho
sirve para corroborar una realidad. Por ejemplo, hoy mostraron un diario de Río
Negro y ahora yo estoy exhibiendo uno de la provincia del Chubut. En este
ejemplar se ve claramente que dice que se perdieron casi 4.000 empleos privados
en este último año. Esto no pasa solamente en la provincia del Chubut, porque
tiene más desempleados la provincia de Santa Cruz, y ocurre casi lo mismo en
Río Negro, en el Neuquén y también en Tierra del Fuego, con una densidad
demográfica mucho más pequeña. Esto está pasando en todo el país, pero me voy a
detener a hablar de la región, donde aproximadamente tenemos 400.000 empleados
registrados. Más de 20.000 perdieron sus empleos, lo que representa un 5 por
ciento de la masa total de trabajadores registrados. Ojo que no estamos hablando
de trabajadores no registrados que seguramente perdieron sus empleos antes que
los que estaban registrados.
Este
presupuesto es consecuente con lo que estamos viendo y viene a coronar todo
colocando la frutilla del postre respecto de una gran cantidad de normas que
estuvimos votando a lo largo de este año.
Es
un presupuesto para muy poca gente. En definitiva, en este caso la obra pública
termina siendo el revoque de una estructura muy endeble y peligrosa, porque
recorta oportunidades. En definitiva, legitima una pobreza estructural a la que
vamos en camino.
Explíquenme
cómo es posible un crecimiento exponencial en el seguro de desempleo. ¿Qué hay
detrás de ese aumento del 600 por ciento de dicho seguro? Respuesta: una
flexibilización laboral de la que todavía no nos han avisado.
Hay
mucho más para decir. Sé que se ha cumplido el tiempo de que disponía pero
quiero referirme a algo concreto. Más allá de la discriminación en las obras de
distintas ciudades de la provincia –olvidando que existe Comodoro Rivadavia,
que aporta mucho a la Nación, por lo que debería contar con más presupuesto
para que se hagan más obras, incluso en la Cordillera- debo decir que hace poco
tiempo estuvieron los ministros Bergman y Bullrich. Este último le aseguró al
secretario general de la CTA que el Plan FINES iba a continuar. Debo ser
honesto y decir que de dicho plan no vi absolutamente nada. En cambio, el
ministro Bergman nos mandó a rezar, luego de que en mi provincia se quemaran 37
mil hectáreas de bosques nativos. No hay presupuesto para esto tampoco, pero no
lo habrá para la Universidad Nacional San Juan Bosco…
Sr.
Presidente (Monzó).- Vaya concluyendo, señor diputado.
Sr.
Igon.- Ya concluyo, señor presidente.
La
Universidad no va a contar con presupuesto por lo que recién comentaba el señor
diputado Riccardo. Celebro que un radical levante esta bandera, porque siempre
defendieron la educación y es el único que se ha referido al tema.
Han
discriminado a más de 34 universidades nacionales. Si quieren un presupuesto
federal, tengan la decencia de repartir los montos que aparecen en esa planilla
en forma equitativa a todas las universidades. Dejen de lado a los que se
acercaron a hacer algún tipo de pacto, porque nosotros y el rector de la
Universidad San Juan Bosco no nos enteramos.
Sean
un poco más federales. Piensen en la educación de los pibes. Por eso no voy a
votar este proyecto. Voy a votar lo que mis convicciones me indican, que no
tienen que ver con endeudarnos hacia adelante en perjuicio de mis hijos o de
los hijos de ninguno de los que están acá.
Termino
diciendo que lo que más hicieron a lo largo de este año fue despotricar contra
un montón de cosas, sosteniendo que iban a acompañar las normas para que
existiera institucionalidad. En mi caso, para que haya institucionalidad y
gobernabilidad, no voy a votar este proyecto. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz, último orador
individual.
Sr.
Costa.- Señor presidente: después de 12 años de
kirchnerismo, hemos recibido la Argentina con más del 30 por ciento de pobreza.
Con una inflación promedio –en los últimos cuatro años- del 25 por ciento, lo
que deteriora el salario real de los trabajadores. Por ejemplo, en 2014, ese
deterioro fue del 10 por ciento. En los últimos cuatro años hubo un déficit
fiscal del 4 por ciento. Mientras esto ocurría, duplicaban la presión
tributaria. La pregunta consiste
en saber para qué este tremendo déficit fiscal si en estos 4 años no se generó
empleo privado ni se mejoró la infraestructura. El 30 por ciento de la
población tiene problemas con el agua potable; el 45 por ciento de la población
no tiene cloacas; el 40 por ciento de la población no accede a la red de gas
natural; hay 1.500.000 personas con déficit habitacional y uno de cada dos
chicos está en situación de vulnerabilidad en la República Argentina.
Por
otro lado, solo en el año 2015 el kirchnerismo transfirió a las empresas 25 mil
millones de dólares. ¿Sabe, señor presidente, cuánto transfirió el Estado a los
sectores más vulnerables? Transfirió 10.000 millones de dólares. Si ese no fue
un gobierno de CEOS, se le parece bastante. Este es el Estado que nos han
dejado. Para esta realidad este es el mejor presupuesto, porque enfrenta el
déficit de infraestructura y el problema del empleo con un incremento del 39
por ciento en la obra pública para mejorar la condición de vida de los
argentinos. Este proyecto de
presupuesto prevé 2.771 por ciento más que en la época kirchnerista para
espacios de primera infancia, proyecta un 13.280 por ciento más de inversión en
educación y deportes y lleva de 236 a 473 la cantidad de centros asistenciales
de salud y de atención para la madre y el niño en situación de vulnerabilidad.
Este
proyecto de presupuesto prevé un incremento del 54 por ciento para el Plan
Nacional de Viviendas. La Pampa, Neuquén, Jujuy, San Luis y San Juan son las
provincias en las cuales más va a crecer la obra pública. Hay que tener en
cuenta que cuatro de ellas están gobernadas por la oposición, algo impensado en
un gobierno kirchnerista.
En
el caso de Santa Cruz, mi provincia, se va a llevar a cabo la obra de la
represa, donde se van a invertir 20.000 millones de pesos. Además, se prevé una
inversión de 4.200 millones de pesos en el yacimiento de Río Turbio, a fin de
extraer carbón y de 3.000 millones de pesos en la usina de Río Turbio, a
efectos de generar energía. Todas estas políticas van a generar trabajo en el
territorio argentino.
Por
otra parte, como el kirchnerismo dejó una deuda social y al 30 por ciento de la
población en la línea de pobreza, en este proyecto de presupuesto se prevé el
gasto social más elevado de los últimos treinta años. El 64 por ciento del
presupuesto nacional va a gasto social. Se incorporan 1.200.000 chicos que van a
recibir asignaciones familiares. Se incrementa el 750 por ciento el subsidio
por desempleo. Se prevé la devolución del IVA para los alimentos de los
beneficiarios de planes sociales. Se incrementa el programa de Pensión
Universal para el Adulto Mayor y la reparación histórica para los jubilados. Se
aumenta un 165 por ciento el programa para atender niños y adolescentes en
situación de vulnerabilidad. Se da un 89 por ciento de aumento en este
presupuesto con respecto al anterior en políticas alimentarias y un 79 por
ciento de aumento en programas de apoyo al empleo.
Ahora
bien, ¿qué dicen los integrantes del kirchnerismo y del Frente para la Victoria
con respecto a este proyecto? Que es un presupuesto de ajuste, que este es un
gobierno que prioriza y privilegia los intereses de los ricos.
Señor
presidente: los kirchneristas son quienes han privilegiado a los ricos. En 2012
dejaron que Lázaro Báez se llene los bolsillos sin haber ejecutado la obra
pública. Con ese dinero la asignación universal por hijo llegaría a 4 millones
de argentinos.
No
estamos ante un presupuesto de ajuste; por el contrario, es el de mayor
inversión social. Este proyecto de presupuesto va a permitir que los habitantes
de Santa Cruz podamos avanzar con el agua en la zona Norte, con la represa y el
complejo minero energético. Este proyecto va a dar tranquilidad a los jubilados
de mi provincia porque se asigna una partida para cubrir los déficit del
sistema previsional santacruceño, además de contemplar la vivienda, el centro
de primera infancia y los jardines de infantes.
Por
las razones expuestas, adelanto mi voto afirmativo a este proyecto de
presupuesto. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia informa que a partir de este momento se da inicio
a las exposiciones de cierre.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Romero.- Señor presidente: voy a tratar de ser
breve. Hay mucho para decir, pero quiero resaltar la exposición del diputado
Bossio, cuando planteó cuestiones que tienen que ver con el endeudamiento, el
déficit, la caída del empleo y de la demanda, los desafíos que plantea un
presupuesto, la visión que uno debe tener sobre la economía y la posibilidad
que contamos en la Cámara de discutir políticas económicas.
En
ese sentido, quiero subrayar que en algún momento debemos terminar con la
situación de decir, por un lado, que este es un presupuesto entreguista y, por
el otro, que es el mejor que hemos votado en la historia de la Cámara. No es ni
una cosa ni la otra. Se trata del trabajo de muchos diputados que debe ser
valorado por todos nosotros y descuento que lo han hecho con la mayor capacidad
e integridad.
El
compañero David se refirió a restringir las facultades del jefe de Gabinete y a
esta situación que el gobierno parece que plantearía como una gran medida pero
que no va ni en un sentido ni en el otro. Rescato el planteo de buscar un
federalismo y salir del centralismo que hemos tenido hasta ahora, que no es de
este presupuesto sino que también tiene que ver con los anteriores.
El
diputado Kosiner planteaba los desafíos de generar diálogo y propuestas a fin
de comenzar a discutir seriamente la pobreza, la falta de infraestructura, los
ferrocarriles, entre otras cosas.
El
diputado Luis Beder Herrera ha planteado muy claramente la situación que desde
hace mucho tiempo se viene dando en La Rioja. Aquí está presente el gobernador
de su provincia conjuntamente con algunos intendentes.
Nuevamente
estoy presenciando en esta Cámara una situación muy difícil. Hasta ahora mis
compañeros de bloque me han tratado de convencer con respecto a que mi discurso
vaya en un sentido, estoy haciendo todo lo posible para medirme, pero me cuesta
mucho porque vengo del palo sindical.
En
esta jornada he presenciado un grado de hipocresía muy grande, de un lado y del
otro. Me refiero a diputados que en vez de estar discutiendo aquí se ponen
frente a una cámara de televisión y hacen bandera sobre cuestiones que tienen
que ver con la actividad propia de los legisladores.
En
este sentido, quiero decir que hace dos años y medio que pertenezco a esta
Cámara. He conocido diputados que ponen todo, que han venido con la mayor de
las ilusiones para representar de la mejor manera al territorio y al espacio
político al que pertenecen, lo hacen con absoluta convicción y firmeza y no
vienen en busca de un fuero para cubrirse de algo o en búsqueda de incrementar
algunos valores para después decir que los están donando. (Aplausos en las bancas.)
Señor
presidente: hay una situación que no puedo dejar pasar por alto. Siempre
volvemos a la postura de los gobernadores. Pareciera que ellos viven siempre
con los pantalones bajos.
Aunque
me cuesta, cada vez que hablo trato de defender la situación de los
gobernadores, aunque no debería hacerlo. Tanto en este proyecto de ley de
presupuesto como en los anteriores, cada gobernador trata de conseguir lo mejor
para su provincia, al igual que lo hacen los intendentes y seguramente también
los rectores. No podemos estar bastardeando ni a las instituciones ni a los gobernadores
ni a los intendentes ni a nosotros mismos. Tenemos que reivindicar la política
y jerarquizarla.
En
esta casa trabajamos muchas horas. Sé que en este proyecto de ley presupuesto
deben faltar un montón de cosas, además estoy convencido de que se podría
mejorar y que deberíamos profesionalizar el debate, pero descuento que se
estuvo mucho tiempo intentando lograr un consenso para llevar a la mayoría de
las provincias la mejor de las soluciones. (Aplausos
en las bancas.) Aunque quizás no sean todas las que hemos buscado ni
convenzan a todos, reivindico el esfuerzo realizado en la Cámara. No soy de los
que va a la televisión a poner un recibo de sueldo ni a decir que va a donar
esto o a comprar patrulleros. (Aplausos
en las bancas.) Vengo a esta Cámara, pongo la cara y defiendo lo que tengo
que defender, que son mis convicciones.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.
Sr.
Snopek.- Señor presidente: como se dijo, y lo
respaldo, este proyecto de ley de presupuesto es mejor que los anteriores sobre
todo porque es producto del voto del pueblo en las últimas elecciones. Los
argentinos lograron sabiamente que no haya mayorías absolutas en la composición
de la Cámara. Gracias a ello este proyecto es producto del consenso, del
acuerdo y del trabajo en equipo. Al respecto quiero agregar que valoro el
trabajo desempeñado por el compañero Lavagna.
Nosotros
integramos una oposición constructiva y queremos seguir al Papa cuando dice que
entre todos pongamos el hombro al país. Del mismo modo trabajamos este proyecto
de ley de presupuesto.
Si
bien tengo muy poco tiempo en esta Cámara, algunos compañeros me comentaron que
antes los ministros de cada una de las áreas no venían a explicar los motivos
por los cuales pretendían la asignación de determinadas partidas ni a defender
los aspectos valorables de sus gestiones. En este caso, los diputados que
representamos al pueblo argentino tuvimos la oportunidad de formular las
preguntas que consideramos pertinentes. A algunos pueden gustarnos más o menos
las respuestas brindadas, pero lo cierto es que pudimos hacerlo, cuando en el
pasado no ocurría de ese modo.
Siendo
el presupuesto la ley de leyes, tenemos mucho trabajo para mejorarlo año a año.
En este sentido estamos dando un paso adelante.
¿Qué
cosas creemos que tenemos que mejorar en los presupuestos venideros? Una es el
establecimiento de más mecanismos de “presupuestación” por programas, de manera
que los recursos que se asignan no solo se puedan cuantificar económicamente
sino también físicamente. Voy a dar un ejemplo. Si se arma una campaña de
vacunación y se presupuestan 2.000.000 de dosis a un costo de 100 pesos cada
una, ello significa destinar una partida de 200 millones. Pero luego hay que
ver la partida física. Entonces si pudiéramos avanzar del mismo modo en los
distintos aspectos, podríamos medir los kilómetros de rutas y la cantidad de
puentes. Es decir que asignando partidas a los distintos programas se logran
cuantificar los resultados. A mi entender estamos mejorando en ese sentido.
Por
otro lado, esta noche también estamos considerando la reducción de los
superpoderes. Me refiero al recupero de parte del Congreso de las facultades
asignadas por la propia Constitución. Años anteriores podía suceder que los
representantes del pueblo votaran a favor de un tema y luego el jefe de
Gabinete modificara su presupuesto en forma casi completa. Sin embargo, ahora
la participación del jefe de Gabinete está limitada a un 7,5 por ciento.
Mientras el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo consideraba un 10
por ciento, la oposición planteó un 5 por ciento y se logró consensuar en un
7,5 por ciento.
Por
otro lado, entiendo que queda pendiente mejorar algunos temas que afectan el
presupuesto, como ser los decretos de necesidad y urgencia que muchas veces
alteran significativamente la letra del presupuesto. También falta incorporar
el control de parte del Congreso a los fondos fiduciarios, considerándose no
solo la cuantía, la administración, la transparencia y el control de los gastos
de los fondos fiduciarios sino también la distribución en el país. Me refiero,
por ejemplo, a los fondos fiduciarios para el manejo de los ferrocarriles, el
vial y el eléctrico. La idea es que los representantes del pueblo podamos tener
participación activa en la distribución de recursos.
Asimismo
debemos mejorar lo atinente a la ley de administración financiera. Sobre el
particular nuestro bloque presentó iniciativas para que el Ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda logre mejorar la forma de presentar las
planillas porque en muchos casos cuesta mucho identificar las jurisdicciones
con sus respectivas obras y el detalle preciso de las partidas. Hemos planteado
al ministro la posibilidad de agregar solamente una columna con un número correlativo
para las 24 jurisdicciones.
Pasando
a los números macro, tal como se ha dicho y así lo entendemos, están
razonablemente reflejados en el proyecto. Si bien una inflación del 17 por
ciento es optimista, sobre todo partiendo de una inflación del 44 por ciento
durante este año, entendemos que hay que reducirla. El tema es cómo lo hacemos.
Una forma es manteniendo las tasas de interés altas, pero ello hace que las
pymes que se financien en el mercado interno tengan complicado el acceso al
crédito. Entonces aunque es una manera de bajar la inflación, perjudica el
desarrollo de la economía porque las pymes son las principales empleadoras.
Tampoco
creemos que sea adecuado, si se piensa bajar la inflación, importar productos
de menor valor en el mercado internacional muchas veces producidos a precios de
dumping. Por eso la única manera de
bajar la inflación razonablemente es aumentando la oferta, es decir, haciendo
un shock de inversiones en materia
productiva. Esto puede lograrse con inversiones en infraestructura y
producción. Por eso hacia allí queremos orientar el presupuesto.
Nos
preocupa que tengamos un déficit del 4,5 por ciento del PBI y la evolución de
la deuda para cubrirlo. Queremos que el Congreso recupere la plena potestad en
lo atinente a la determinación de la deuda. En este sentido, tenemos que
constituir la comisión bicameral creada por ley al momento de tratarse el tema
de los holdouts.
También
quiero comentar que hemos logrado mejoras en educación y universidades, como
así también en Ciencia y Técnica y en el INVAP. Hemos asignado 300 millones de
dólares adicionales al INTA, que está presente en todo el país. Hace falta asignarles esos recursos porque es
parte de la inversión productiva. También se ha mejorado la asignación de los
recursos del SENASA.
Asimismo,
se mantiene muy fuertemente la asimetría respecto del subsidio al transporte, y
esto lo hemos mencionado cuando vino el ministro. Se mantienen más de 12.000
millones para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la región metropolitana
contra 6.000 millones para el resto de la Argentina.
En
cuanto al Plan Belgrano, hemos presentado las objeciones en muchas ocasiones.
Se nos dijo que se ha ingresado una planilla anexa al presupuesto, conforme se
comprometió el ministro Frigerio en la reunión de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda. Vamos a ver si se hizo, pero
sabemos que de los 97.000 millones preasignados prioritariamente, están
llegando a 40.000 millones, es decir un monto menor que las inversiones
necesarias para hacer que esta región -la más postergada del país- pueda crecer
y desarrollarse.
La
cuestión federal también tiene muchos aspectos que nos preocupan y que queremos
remarcar. Nos inquieta el nivel de inversiones en obras de infraestructura en
la Capital Federal. Hemos reflejado en
el presupuesto la megaestación debajo del Obelisco o el soterramiento del
Sarmiento, que va a costar 45.000 millones de pesos. Del conjunto de los recursos de los
argentinos, ya buena parte se destina a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
tiene su propio presupuesto aumentado este año por la coparticipación.
Otra
buena parte del conjunto de los recursos de los argentinos se gasta en la
administración central del conjunto del Estado, es decir en los tres poderes.
Los gastos se realizan en la Capital porque aquí funcionan todos los
Ministerios.
Sin
embargo, las obras para el desarrollo productivo del país las tenemos que hacer
a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Esta idea tenemos que
desarrollarla para que este país crezca y se desarrolle equilibradamente con
igualdad de oportunidades. (Aplausos en
las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Recalde.- Señor presidente: voy a compartir el
tiempo con el señor diputado Kicillof.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Kicillof.- Señor presidente: voy a hacer unas
breves menciones sobre nuestras exposiciones respecto del dictamen de minoría y
acerca de la posición que hemos tomado respecto del proyecto de presupuesto.
Quiero
agregar a eso nuestra opinión respecto de lo que se ha presentado después de un
tiempo en relación con las facultades delegadas, sobre los famosos
superpoderes. Ya han dicho varios señores diputados que durante estos doce años
los famosos superpoderes ‑la capacidad de asignar partidas‑, rara
vez superaron el 2 por ciento. Es decir
que esos famosos superpoderes no se empleaban o no se los utilizaba de forma
significativa.
El
oficialismo, junto con algunos otros bloques, ha dicho que va a autolimitar los
superpoderes. ¿Cómo lo va a hacer? Bienvenido sea que se limiten los
superpoderes si el Poder Ejecutivo encuentra que el 2 por ciento es mucho.
¿Pero cuál es la novedad? La limitación de los superpoderes resulta en una
ampliación de los superpoderes mediante el otorgamiento
"super-superpoderes", poniendo un límite abstracto pero muy concreto
al mismo tiempo, pues le está generando una posibilidad de extensión del
presupuesto al jefe de Gabinete de Ministros, prácticamente multiplicando su
partida cuatro veces.
¿Vamos
a decir para afuera que limitamos los superpoderes cuando no se usaba más del 2
por ciento y ahora se admite el 7,5 por ciento?
Esto desenmascara lo que va a hacer el oficialismo, que es utilizar con
mucho más vigor esos superpoderes para algunos ajustes, lo que antes se hacía
mínimamente.
¿Qué
vamos a hacer nosotros? Lo vamos a acompañar en general, porque está bien que
se limiten los superpoderes; pero en particular vamos a dejarnos de mentiras y
vamos a decir que esa facultad no puede superar el 2 por ciento. A su vez, no
han derogado la facultad de usar los excedentes presupuestarios si la
recaudación supera la recaudación esperada.
¿Qué
es lo que va a pasar entonces? Para disimular que este año tuvieron más déficit
que el año pasado ‑como lo dicen todas las estadísticas, las mismas que
dicen que van a tener el mismo déficit el año próximo-, probablemente están
sobreestimando los ingresos. ¿Por qué digo probablemente? Porque este mes tuvimos un aumento de la
recaudación del 24 por ciento y una inflación del 40 por ciento. Si esto se
reproduce, si siempre pasa que recaudan menos porque están generando una
recesión cada vez más grande, siempre recaudarán menos que la inflación, y
entonces irán por los superpoderes.
Denunciamos
que esto no es una restricción de los superpoderes. No debe irse más allá de lo
que usábamos nosotros, para no seguir con la misma hipocresía del oficialismo.
Además,
no salgamos de acá diciendo que el gobierno se ató las manos, puesto que ha
puesto 7,5 por ciento, porción que nunca se usaba y que no es abstracta. Bajo
la frase “nos limitamos”, se están expandiendo los superpoderes, es decir que
están queriendo votar "super‑superpoderes". No estamos de acuerdo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Recalde.- Señor presidente: como anticipó mi
compañero Axel Kicillof, el bloque del Frente para la Victoria-PJ va a votar
mayoritariamente en contra del presupuesto, mientras que algunos compañeros y
compañeras van a votar por la afirmativa.
Considerando
la campaña electoral de 2015, uno podría pensar qué presupuesto hubiera
imaginado para 2017. Este presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo no
tiene nada que ver con la campaña electoral. Nosotros nos habíamos comprometido
a no dejarlos sin presupuesto, como nos habían hecho a nosotros en un año en
que éramos minoría en esta Cámara de Diputados de la Nación. Realmente, no hace falta cumplir con el
compromiso porque el oficialismo ‑junto con otros bloques‑
consiguió mayoría suficiente para aprobarlo.
Esta
es una cuestión ideológica y de posicionamiento político. Nosotros respetamos la posición de quienes
van a votar a favor, pero nuestra lectura es que este es un presupuesto de
ajuste y endeudamiento.
Sin
pretensiones de semiólogo, cuando analizamos el proyecto, vemos que se ignora
totalmente toda referencia a la soberanía nacional, como si nuestra patria
fuera un virreinato conducido por las casas matrices de las corporaciones
multinacionales. Las cuestiones
relativas al cuidado del medio ambiente suenan como palabras huecas, aunque el
ambiguo concepto de “utilidad razonable” puede ser adoptado como un consejo y
no como una norma imperativa del presupuesto.
Voy
a pasar rápidamente a hacer un repaso a vuelo de pájaro de lo que se ha hablado
durante este debate. El Compre Nacional,
una bandera de muchos años de reivindicaciones del empresariado argentino,
aparece en modestas menciones no mandatorias y en textos oficiales. De la misma
forma, no se atienden los angustiosos reclamos de las pequeñas y medianas
empresas frente a la avalancha importadora indiscriminada que destruye sus
puestos de trabajo.
Voy
a hacer un pequeño paréntesis. Ya se aprobó el proyecto de asociación
público-privada, herramienta íntimamente relacionada con el presupuesto. Si tuviera que poner un título a ese proyecto
aprobado en las primeras horas de debate de esta sesión, diría que es la "Crónica
de privatizaciones anunciadas". Esto me hace acordar a un cuento que
contaba el general Perón en el que un señor ‑llamémoslo la parte privada-
le ofrecía a otro -la parte pública- hacer un gran negocio naviero. La parte pública pregunta: “¿Cómo sería el
negocio?” Y la respuesta es: “La verdad, es muy bueno. Usted compre los barcos, consiga la
tripulación, contrate los seguros, busque las cargas que tenemos que
transportar, y va a hacer un negocio espléndido.” La parte pública entonces
dice: “Muy bien, yo pongo eso. ¿Y usted qué pone?" El otro, la parte privada, le dice: "Yo
pongo el mar.”
Me
da la sensación de que con este proyecto de participación público-privada, el
Estado está poniendo todo y los privados están poniendo el mar. (Aplausos en las bancas.)
En cuanto al proyecto de presupuesto
que estamos considerando, quiero recordar que, según la vieja definición de los
profesores de finanzas públicas, el presupuesto constituye la expresión cuantitativa
de un plan de gobierno. Acá, es
explícito cuál es el plan de gobierno. Nosotros ratificamos que es ajuste y
endeudamiento.
Además, los derechos humanos no son prioridad.
Las políticas de defensa de estos derechos, de los delitos de lesa humanidad,
sufren una fuerte reducción del presupuesto asignado. El fortalecimiento de los
procesos judiciales contra delitos de lesa humanidad, bajó un 49 por ciento y
la formación universitaria en derechos humanos bajó un 76 por ciento.
Lo
mismo ocurre con el área de ciencia y tecnología. Y acá quiero hacer un
paréntesis expreso. Me parece que este aspecto es muy significativo, pero no me
va a dar el tiempo para hablar de todo lo que quisiera.
La
aprobación de este presupuesto, en lo que respecta al sector de ciencia y
tecnología, significa un retroceso enorme para el país.
La
cifra mínima necesaria que el Congreso debería aprobar, para sostener el actual
sistema científico en los valores históricos y continuar la política de Estado
declamada por el gobierno para el sector, es de 4.400 millones de pesos.
Se
corrigió la cifra originaria y se llegó a 1.280 millones, cuando la necesidad
es de 4.400 millones. ¿Qué significa esta desfinanciación? Que va a comenzar a
desandarse el camino iniciado hace doce años, que llevó a consolidar el dominio
de tecnología compleja, como la satelital, la nuclear y la biotecnología.
Este
presupuesto también implicará un marcado retroceso en la capacidad de
incorporar nuevos investigadores y becarios al sistema científico, afectando en
particular al CONICET y contradiciendo los propios objetivos del plan 2020 del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de incrementar los
recursos humanos en esta materia.
Eso
abrirá seguramente las puertas de un período de fuga de cerebros. Al revés de
lo que conseguimos nosotros, que es que volvieran los cerebros que habían
emigrado.
Por
lo tanto, no podemos ser cómplices de esta situación. Estamos convencidos de
que sin tecnología no habrá desarrollo para nuestro país, algo que han
comprendido cabalmente los países más desarrollados, que invierten un 3 por
ciento de su producto bruto interno.
Por
otro lado, hay otra fuerte caída en términos reales, que se produce en los
subsidios al transporte, en los servicios públicos, en los programas
asistenciales del Ministerio de Salud, en programas del Ministerio de Cultura,
etcétera. Como contrapartida de estos recortes, crecen fuertemente los
servicios de la deuda, que pasan de 186.000 millones en 2016, a 247.328
millones en 2017.
Por
último, no quiero pasar por alto una cuestión que representa serias implicancias
para el bolsillo de todos los trabajadores argentinos y que, evidentemente,
también influye en el mercado interno. Me refiero a que el presupuesto asume
como hipótesis una inflación del 17 por ciento para todo el año. Esto realmente
significa un meta mensaje para los empresarios para que traten de tener
reajustes salariales del 17 por ciento.
El
poder adquisitivo del salario en 2016 perdió entre el 8 y el 15 por ciento,
según los salarios, y no sé cuánto va a poder recuperarse con el bono, que es
algo que está rondando en el aire como un misterio insondable.
Entonces,
si además de esa pérdida se pretende instalar la presunción de que el aumento
del costo de vida va a ser de un 17 por ciento, prácticamente es como ponerle
un techo a las paritarias. Algo que nosotros reconquistamos en el 2003, luego
de que estuvieran paralizadas más de once años.
Las
comisiones paritarias, que es la mejor herramienta que tienen los trabajadores
para defender su salario, el poder adquisitivo y las condiciones de trabajo,
estuvieron paralizadas once años. Mientras que para nosotros fueron comunes,
corrientes y no hubo techos ni nada. Se discutieron libremente y, en términos
generales, superaron en poder adquisitivo, salvo en el 2014 que quedaron
empatadas.
Eso
fue gracias al esfuerzo que hicieron los trabajadores, con la colaboración de
un gobierno que piensa en los más débiles. (Aplausos
en las bancas.)
Yo
vengo diciendo desde hace rato que este es un gobierno para ricos. Pero como me
pareció que era muy retórico, traté de advertir cómo había asignado los
recursos este nuevo gobierno desde que asumió hasta agosto de este año, que es
la mejor manera de comprenderlo.
En
números redondos, a los sectores medios altos y altos, se le dieron 296.894
millones de pesos. A los sectores medios y bajos, vía devolución del IVA,
extensión de la asignación universal o aumento de la asignación universal,
fueron 35.894 millones de pesos. De manera que, en términos futboleros, de
básquet o el deporte que quieran, el sector más rezagado perdió 290.000
millones a 35.000 millones.
Por
todas estas razones, vamos a votar en contra. Pero no vamos a votar en contra
solamente del presupuesto. En nuestra lectura, en nuestra concepción y en
nuestra ideología, estamos votando en contra y defendiendo la soberanía
nacional, la independencia económica y la justicia social. En definitiva,
defendiendo los intereses del pueblo. (Aplausos
en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr.
Negri.- Señor presidente: es como si yo dijera
que cuando preveían en el presupuesto el 8 por ciento de inflación, le estaban
poniendo un techo a las paritarias.
Sr.
Kunkel.- Hablá de este presupuesto…
-
Varios señores diputados
hablan a la vez.
Sr.
Negri.- Quizás este presupuesto no sea el que nos
guste a todos...
Sr.
Kunkel.- Estamos tratando el presupuesto de este
año….
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia solicita al señor diputado Kunkel que respete el
uso de la palabra.
Sr.
Negri.- Señor presidente: manéjese con el reloj
de la FIFA y descuente. Yo lo escucho.
Quizás
este presupuesto no nos guste a todos, pero en alguna medida debo decir que hay
un punto de inflexión que nos hace sentir un poco orgullosos.
Quizás
hubiésemos querido un presupuesto con más expansión, más inversor, con más
crecimiento, más distribucionista y menos fiscalista. Pero es el presupuesto
que hemos podido construir entre todos para el país que heredamos. Esa es la
verdad.
Estamos
bastante orgullosos, porque es un presupuesto realista, que no promete gastar
mucho más allá de lo que puede financiar.
También
estamos orgullosos porque lo hemos construido entre todos, con gobernadores,
escuchando, corrigiendo. ¡Ay, la nostalgia! ¡Cuántos años no pudimos cambiar ni
una coma del presupuesto! ¡Cómo no vamos a estar orgullosos! Es un presupuesto que no delira, no fantasea
y no es un dibujo en el agua.
Estamos
orgullosos porque es un punto de inflexión: le estamos devolviendo al Congreso
facultades que le son propias, aunque no les guste escuchar esto. Además, hemos
comenzado a modificar la pirámide del federalismo invertido al que se sometió
durante los últimos doce años en la Argentina. Es un presupuesto transparente y
que no esconde artículos. Lo que está, está. Además, se le han puesto controles
por todos lados, lo cual me parece bien.
Podemos
equivocarnos, pero es un presupuesto razonable y prudente. El crecimiento que
se prevé es moderado: del 3.5. Los mercados –como dicen algunos y les gusta-
prevén el 3.2 o el 3.5. Puede ser que el IPC no sea del 17, señor diputado.
Pero están previendo el 19.8 o el 20. Se
prevé un dólar a 18,9, cuando otros lo prevén al 18,5.
Además,
ahora hay inversión en pesos, a diez años y a tasas del 18. No sé si está bien
o está mal. Seguramente preverán que el dólar no va a andar dando vuelta, ni va
a estar en 40, como los fantasmas y lo que se pensaban para fin de año.
Es
un proyecto que está muy lejos de los que teníamos los últimos años, donde las
proyecciones macroeconómicas eran inconsistentes y los índices de inflación
eran incontrastables porque no los podíamos chequear.
Es
cierto que a lo mejor no gastaban más del 2, pero no se animaban a ponerse la
autolimitación. ¿Por qué? Porque subestimaban los recursos enormemente y
entraban por la ventana a través de DNU.
Así,
se metieron 200.000 millones más, distribuyéndolos por la subestimación en el
último ejercicio. Por otro lado, ni hablar de la discrecionalidad con la que se
manejaron. Ahí sí había hijos y entenados en serio. Ahí, sí. No había
gobernadores opositores sacándose fotos con el presidente y menos pidiendo
plata.
Lo
dijimos el año pasado, cuando no sabíamos quién iba a ganar. Fuera quien fuera,
recibiría un país en crisis. Ese era un dato de la realidad. Después veremos
por dónde se lo aumentaba.
No
quiero repetir mucho, pero hay una enorme inversión social, de un 64 por
ciento, como bien se ha dicho. No se ha hecho mucho hincapié en lo que
significa la ley de Reparación Histórica, que prevé 58 mil millones en este
presupuesto para el año que viene. Vamos a llegar a 2018 con 2.400.000
jubilados, un incremento de más del 30 por ciento en la jubilación; está lejos
del 35 por ciento, pero hay un esfuerzo en esa dirección. La asignación
universal por hijo cubría a 3.850.000 chicos; vamos a llegar a 4.200.000. El
gasto en obra pública creció en un 39 por ciento, y además de manera federal.
Y
pensar que dicen que no hay gradualismo. El populismo nos dice que estamos
haciendo un presupuesto de derecha, y la derecha está escribiendo esta semana
que nos hemos zambullido en el populismo. Creo que si corregimos algunos
errores, estaremos en el camino correcto, sin prejuicios y administrando con
responsabilidad y con sentido de equidad.
Somos
conscientes de que debemos ser cuidadosos, no solo con el nivel de
endeudamiento y su utilización. Somos conscientes de que hay que tener cuidado
con el déficit fiscal, aunque no vivimos enamorados de él. Sabemos que debemos
ser prudentes, por eso trataremos de ver si podemos con un gran esfuerzo bajar
de un 4,7 a un 4,2 este año. Se requiere un esfuerzo colectivo, pero no se
puede golpear la cabeza haciendo el análisis del final del mandato cuando van
diez meses de gobierno.
El
federalismo invertido. Pareciera que fuera una cosa menor. Los gobernadores
llegaron después de la elección legítimamente sedientos, de palabras y de
recursos, porque si hablaban los retaban y si pedían plata tenían que hacer la
venia. Eso fue lo que se vivió en los últimos años. La verdad, cambiar esa
tendencia sin mirar el color político implica un esfuerzo muy grande. Por
supuesto, en la desesperación llegaron creyendo que había una piñata; saltaban
todos y le pegaban sopapos para que caigan caramelos y plata.
Obviamente,
era necesario ser moderados, y por eso se dialogó mucho. Después del fallo de
la Corte Suprema sobre las tres provincias que demandaron ‑y que nosotros
acompañamos en Córdoba‑, el gobierno no solo fue a saldar las deudas en
el medio de esta profunda crisis sino que además dispuso recursos para las
provincias que no habían iniciado la demanda. Se dispone de 7 mil millones para
transferir automáticamente a aquellas provincias que no han transferido las
cajas, se afectaron 5 mil millones adicionales al Fondo Federal Solidario y se
suman los recursos de origen nacional a las provincias, 775.470 millones en
total.
Vaya
si vale el esfuerzo. Está lejos del país que soñamos, por supuesto, pero
estamos saliendo del país que nos dejaron. Esa es la realidad. Comenzaron bien,
pero terminaron en baja.
Señor
presidente: se ha mencionado lo de los superpoderes casi como una ficción. El
problema no es cuánto gastaron ‑si es el 2 o el 3‑, sino animarse a
devolver las atribuciones y ponerlas en los artículos de la ley.
En
esto sí quiero hacer un llamado. El gobierno ha firmado con los gobernadores un
acuerdo de responsabilidad fiscal. Me parece bien que vayamos saneando y
alineando el país con los sentidos de equidad que deba tener.
Lamento
que las trece o catorce provincias que tienen facultades delegadas desde hace
veinte años no hayan puesto una autolimitación, en forma progresiva, no
abrupta. Hubiera sido una medida sana. No es posible que le saquemos plata al
gobierno nacional, le restrinjamos legítimamente la disposición de los recursos
porque así deba ser y en nuestras casas sea un “viva la pepa” y se gaste de
cualquier forma.
Eso
no es construir un país federal; es construir un país esencialmente
desarticulado, que va a vivir únicamente del recuerdo y de los recursos de la
Nación.
Señor
presidente: este es un presupuesto que apunta a reconstruir stock en la economía en lugar de
liquidarlo. Es una diferencia.
No
tuvimos la época del viento de cola. No tuvimos la época de las vacas gordas.
Ya pasó, se perdió. No sé si será cíclico.
Salir
de la crisis implica sacrificios y sufrimiento, por supuesto, y se debe salir
con equidad. Pero no se puede actuar a una velocidad y con una ansiedad
colectiva como si todo hubiese pasado. Es imposible. De algún lado queda corta
la camisa, queda corta la sábana, y se deben sacar los recursos de otro lado.
Señor
presidente: es cierto que no es magia. Con magia no se puede salir de la
crisis. En todo caso, si se quiere pensar en la magia se va a profundizar la
crisis. Venimos a agradecerle a quienes han colaborado, a quienes han
contribuido, a todos, incluso a quienes votaron en contra.
Es
el primer presupuesto de nuestra gestión y tenemos la legítima chance de
imaginar que queremos una oportunidad para mejorar entre todos la Argentina que
nos merecemos. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Les pido que se identifiquen para comenzar a votar. Mientras lo
hacemos, la Presidencia va a aclarar un tema que ha sido de impacto en la
opinión pública en el transcurso de los últimos días.
En
primer lugar, quiero aclarar lo relativo a la dieta. La dieta de los diputados
se fija de acuerdo con el artículo 4° de la Resolución 13/11, que dice: “Fijar,
a partir del l° de enero de 2012, los conceptos de Dieta de los señores
Legisladores Nacionales, en más un veinte por ciento (20%) de los valores que surgen
del art. 1 de la presente.”
El
artículo 1° se refiere a la remuneración que percibe el director del Congreso
de la Nación. Por lo tanto, los diputados tuvieron un aumento del 18 y el 13
por ciento, en marzo y agosto, producto de las paritarias.
Separemos
los gastos, que es lo que se confunde y tergiversa. Los gastos son
responsabilidad y competencia del presidente de esta Cámara, y me hago
responsable del sinceramiento de esos gastos, de los tramos aéreos y del
aumento del gasto de representación.
Esto
tuvo eco, producto de conversaciones con varios de ustedes, pero en pos de
mantener el prestigio ganado por los legisladores en el transcurso de este año ‑del
que habló hoy muy bien el señor diputado Romero‑ he decidido suspender la
medida de los gastos y, junto con los presidentes de bloque, estimar cuál es el
gasto en que incurre un diputado nacional para viajar y estar en la Ciudad de
Buenos Aires.
Gracias,
señores diputados. (Aplausos sostenidos
en las bancas.)
Se
va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley por el cual se modifica la
ley 24.156, sobre atribución del jefe de Gabinete para realizar modificaciones
presupuestarias, orden del día N° 814.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Giustozzi.- Señor presidente: en primer lugar,
quiero agradecer que haya aclarado lo que todos sabíamos. Si bien usted no
tenía la atribución de aumentar las dietas, se insistió con esta cuestión y las
noticias recorrieron los medios e hicieron de la política nuevamente la peor de
las miserias. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- La
Presidencia manifiesta su preferencia para votar este proyecto y que esta
cuestión no sea motivo de debate.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Kicillof.- Señor presidente: ¿se está por votar
el proyecto relativo a las facultades delegadas?
Sr. Presidente (Monzó).- Sí. Se
están por votar las atribuciones del jefe de Gabinete.
Se
va a votar.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
237 señores diputados presentes, 230 han votado por la afirmativa y 6 por la negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han
registrado 230 votos por la afirmativa y 6 votos por la negativa.
aquí votación nominal
Sr. Presidente (Monzó).- Queda
sancionado el proyecto de ley.
Se
dará aviso al Honorable Senado.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Kicillof.- Señor presidente: tal como hemos
aclarado en relación con el artículo 1°, queremos manifestar que dichas
reestructuraciones no podrán superar.
Sr. Presidente (Monzó).- ¿Es una
aclaración en particular, señor diputado?
La
Presidencia aclara que se tiene que votar en general el proyecto de
presupuesto.
Sr.
Kicillof.- Es una modificación sobre el proyecto
relativo a las facultades delegadas.
Sr. Presidente (Monzó).- Se votó
en general y en particular. Se trataba de un solo artículo.
Sr.
Kicillof.- Queremos introducir una modificación.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr. Presidente (Monzó).- La
Presidencia ha leído oportunamente que se iba a realizar la votación en general
y en particular, pero podemos votar la reconsideración.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Kicillof.- Pido la reconsideración. Respecto de
las facultades delegadas solicito el cambio del 7,5 por ciento por el 2 por
ciento como techo.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a
votar la reconsideración solicitada por
el señor diputado Kicillof.
- Resulta negativa.
Sr. Presidente (Monzó).- Queda
rechazada la petición, pero queda registrada su manifestación.
Sr.
Kicillof.- No escuché cuando la Presidencia leyó
el número del proyecto, pero me parece excesivo no dejar que planteemos esta
modificación.
Sr. Presidente (Monzó).- Ya se
votó la reconsideración, señor diputado.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a
votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda...
Sra.
Rossi.- Solicito autorización para insertar mi
discurso referido al proyecto de presupuesto.
Sr. Presidente (Monzó).- La
Presidencia informa que están autorizadas todas las inserciones que han sido
solicitadas durante el transcurso del debate.
Disculpe,
señor diputado Recalde, porque ya había solicitado que esta cuestión fuera
puntualizada.
Tiene
la palabra el señor diputado por Tucumán.
Sr.
Masso.- Señor presidente: solicito autorización
para que el bloque Libres del Sur pueda abstenerse en la votación en general
del proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2017.
Sra.
Donda Pérez.- Señor presidente: me manifiesto en el mismo sentido.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Neuquén.
Sr. Martínez (N.D.).- Señor presidente: es la tercera vez que pido hacer uso
de la palabra por este tema. Las autorizaciones para abstenerse se votan, no
las otorga la Presidencia, porque el reglamento especifica que son otorgadas la
Cámara. La Presidencia las tiene que poner en consideración...
Sr. Presidente (Monzó).- Disculpe, lo realizamos de esta
manera por un tema de practicidad, pero –por su solicitud- las pondremos a
votación cada vez que lo soliciten.
Sr. Martínez (N.D.).- No es por mi solicitud; lo dice el reglamento.
-
Varios señores diputados
hablan a la vez.
Sr. Presidente (Monzó).- Lo vamos
a hacer de acuerdo con el reglamento.
Se
van a votar las abstenciones...
Sr. Martínez (N.D.).- Le hablo con respeto, señor presidente. Así lo dice el
reglamento y usted lo debe hacer respetar.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr. Presidente (Monzó).- La
Presidencia le habla con el mismo respeto.
Se
van a votar las abstenciones solicitadas.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la
palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Daer.- Señor presidente: en el mismo sentido,
solicito autorización para abstenerme.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a votar
la solicitud formulada por el señor diputado Daer para abstenerse de votar esta
iniciativa.
- Resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a
votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda recaído en el proyecto de ley por el cual se aprueba el Presupuesto
General de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente
al año 2017 (Orden del Día N° 813).
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
240 señores diputados presentes, 177 han votado por la afirmativa y 58 por la
negativa, registrándose además 4 abstenciones.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han
registrado 177 votos por la afirmativa y 58 votos por la negativa. Se han
registrado 4 abstenciones.
aquí votación nominal
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la
palabra la señora diputada por Chaco.
Sra.
Mendoza (S. M.).- Señor presidente: yo no me abstuve. Voté a favor.
Sr. Presidente (Monzó).- Queda
constancia del sentido de su voto, señora diputada.
Tiene
la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Recalde.- Señor presidente: quiero plantear una
cuestión previa. Teníamos entendido que esta cuestión se iba a incorporar en el
tratamiento en particular, porque no había dictamen. Me refiero al tema de la
dieta de los parlamentarios del Parlasur. Más allá de lo que hemos conversado,
la verdad es que no se incorporará, porque los representantes de los distintos
bloques y los diputados en general no lo aprobarán.
Quiero
plantear esta cuestión porque me parece un imperativo de conciencia, dado que
no solamente existe una ley que consagra la obligación de pago, sino que un
fallo de la Cámara Nacional Electoral también establece que tienen que cobrar
dieta, pero era necesario que en este presupuesto se facultara al jefe de
Gabinete de Ministros a destinar una partida presupuestaria cuando el Parlasur
fijara sus dietas.
Digo
esto con la mayor autenticidad con la que me gusta hablar. Considero que hubo
campañas de prensa que señalaron que íbamos a fijar las dietas del Parlasur,
pero de ninguna manera ocurrirá esto. Las dietas del Parlasur las fijarán
ellos.
También
quiero decirles, por una deformación profesional, que el trabajo no se presume
gratuito. Los diputados del Parlasur están trabajando, tienen la
incompatibilidad de ejercer cualquier otra profesión, y están trabajando sin
percibir una retribución.
Consideramos
que la forma de llevar a la práctica y ejecutar el imperativo legal y la
resolución judicial era facultar al jefe de Gabinete para destinar una partida
para cuando el Parlasur fijara sus dietas. Gran parte de la prensa dijo que nosotros íbamos a fijar la dieta,
pero no es así. ¡Basta de dietas! ¡Basta de desprestigiar a la política y a la
representación política!
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Recalde.- Queremos plantear que lamentamos que
los parlamentarios del Parlasur sigan trabajando sin percibir ninguna
remuneración y sin poder tener otra ocupación.
Sr. Presidente (Monzó).- En
consideración en particular el artículo 1°.
Tiene
la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Laspina.- Señor presidente: sugiero votar
conjuntamente los artículos en los cuales entiendo que no hay mayores
observaciones. En este caso, votaríamos del artículo 1° al 5°, porque el Frente
para la Victoria tiene observaciones a partir de los artículos 6° y 7°.
Sr. Presidente (Monzó).- Si la
Cámara está de acuerdo, votaremos conjuntamente desde el artículo 1° al 5°.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Kicillof.- Señor presidente: vamos a acompañar
los artículos 1° a 5° del proyecto.
En
cuanto al artículo 6°, queremos introducir algunas modificaciones. Entiendo que
la votación se efectuará a mano alzada.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se van a votar los artículos 1° a 5°.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración en particular el artículo 6°.
Tiene
la palabra el señor miembro informante.
Sr.
Laspina.- Señor presidente: propongo que el
artículo en consideración se vote tal como está en el dictamen de mayoría.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Kicillof.- Señor presidente: quiero efectuar dos
aclaraciones importantes respecto de este artículo. En primer término, atribuye
al señor jefe de Gabinete de Ministros la asignación de los cargos y las horas
cátedra, estableciéndole un límite. Esto restringía específicamente el
nombramiento de nuevos científicos e investigadores del Conicet y otros cargos,
lo que ha generado una modificación que celebramos. No obstante, consideramos
que ha sido incluida incorrectamente.
La
modificación actual del artículo 6° establece que se exceptúa de dicha
limitación a los cargos correspondientes a la Carrera de Investigador
Científico y Tecnológico. En realidad, lo que debería establecerse es que se
exceptúa de esa limitación a los cargos correspondientes al Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación, determinado por la ley 25.467. Ello tendría
que ser así porque no todos los cargos a asignar para el Ministerio y los
investigadores corresponden a dicha carrera, sino que ésta se encuentra
incluida.
De
manera tal que todavía estaríamos incurriendo en el problema de limitar a otros
científicos en cuanto a la posibilidad de acceder a sus cargos.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor miembro informante.
Sr.
Laspina.- Señor presidente: la comisión acepta la
modificación propuesta. (Aplausos en las
bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 6° con las modificaciones propuestas y
aceptadas por la comisión.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia desea saber hasta qué artículo no se propondrán
modificaciones.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Kicillof.- Señor presidente: vamos a proponer
modificaciones respecto del artículo 11.
Sr.
Presidente (Monzó).- Muy bien.
En
consideración en particular los artículos 7° a 10.
Tiene
la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Stolbizer.- Señor presidente: nuestro interbloque
va a votar negativamente los artículos 8° y 9°.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda constancia.
Se
van a votar los artículos 7° a 10.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración en particular el artículo 11.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Kicillof.- Señor presidente: en primer término,
respecto de los artículos que estamos votando afirmativamente, quiero señalar
que nosotros ya nos hemos referido a la naturaleza del presupuesto. Creemos que
muchísimas partidas son insuficientes. De todos modos, no queremos votar en
forma negativa porque eso implicaría no aceptar las partidas previstas, a pesar
de que son insuficientes.
En
algunos casos particulares vamos a proponer una ampliación de las partidas,
mientras que no vamos a acompañar con nuestro voto otros artículos. Hago esta
aclaración porque esto es lo que muy bien ha expresado el presidente de nuestro
bloque.
En
segundo lugar, en relación con el artículo 11, deseo señalar que respecto de la
planilla complementaria que contempla diferentes obras hay una planilla
original que ha sido modificada a partir de una negociación. Lo que quiero
plantear es que se ha dejado afuera una infinidad de obras y no reconocemos un
criterio visible para ello, más allá de otros que entendemos que son sumamente
arbitrarios en cuanto a la asignación de las obras.
Voy
a solicitar la inserción de un listado de obras que consideramos que faltan y
que deberían tener financiamiento. En ese sentido, cuando se formule alguna
pregunta respecto del déficit fiscal se deberá decir que le han perdonado
impuestos a los sectores más concentrados de la economía. Entonces, no se los
perdonen y hagan las obras públicas que cada una de las provincias necesita.
Entre
las obras que han quedado afuera del proyecto de ley de presupuesto pueden
mencionarse, en el caso de la provincia del Neuquén, las correspondientes a la
terminal de colectivos de Zapala, la Universidad Nacional del Comahue, el
equipamiento del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, el puente de la ruta nacional
N° 14, el alcantarillado y el pavimento urbano de Sarmiento y del barrio de la
calle Chaco. Al igual que en el caso de La Pampa, queremos agregar la
construcción de 2.000 viviendas más.
En
cuanto a la provincia de Chubut, podemos hablar de las obras viales del
convenio suscripto, como por ejemplo las correspondientes a las rutas 3 y 259.
A esto deben agregarse las obras correspondientes a los aeropuertos de Esquel y
de Trelew, los desagües cloacales, las obras pluviales e hídricas,…
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Kicillof.- En el caso de la provincia de Tierra
del Fuego, la ampliación del muelle histórico de Río Grande, la construcción de
viviendas de la Agencia de Extensión Rural de esa ciudad y la construcción de
viviendas en Ushuaia.
También
la provincia de Santa Cruz ha resultado muy desfavorecida en materia de obras.
En ese sentido queremos agregar la rehabilitación de calzadas y autovías…
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Kicillof.- Bueno, si quieren priorizar otras
obras, háganlo, pero sepan que hay necesidades que no están contemplando,
respecto de las cuales van a tener un listado completo para poder leerlo en
forma detallada.
En
el caso de la provincia del Chaco, podemos mencionar el Plan de Dirección de
Desagües Cloacales y el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable.
Podría
seguir dando lectura de este listado de obras, cuya inserción solicitamos.
Vamos a acompañarlas porque estamos de acuerdo en construir aquellas que han
sido previstas, pero creemos que son insuficientes por el programa de ajuste
que ha planteado el gobierno. (Aplausos
en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor miembro informante.
Sr.
Laspina.- Señor presidente: vamos a tratar de
hacer en cuatro años todo lo que no se hizo en los últimos doce. (Aplausos en las bancas.)
Respecto
de la planilla número 11, debo reconocer ‑nobleza obliga‑ que hubo
un error operativo en la carga de dos obras en particular que estaban
consensuadas y que debían ser incorporadas al dictamen de mayoría. Por eso
proponemos agregarlas ahora, en oportunidad del debate que estamos llevando a
cabo en esta sesión. Obviamente, vamos a acercar a la Secretaría el detalle de
estas obras, indicándose el monto y la ejecución física por año, a fin de que
esa información sea incorporada a la planilla B.
Concretamente,
se trata de las obras de puesta en valor del Paseo Costanero Peatonal de
Miramar y de la Renovación Urbana de Área Asentada del Partido de General
Alvarado, provincia de Buenos Aires. A esto deben agregarse las obras de
construcción de pozos y de estaciones de agua en ese mismo partido.
Reitero
que acercaremos a la Secretaría el detalle de estas obras a fin de que sean
incorporadas en la planilla anexa B.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 11 con las modificaciones propuestas
por la comisión.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 12.
Tiene
la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Barletta.- Señor presidente: como lo manifesté
oportunamente, entendemos que debe destacarse el trabajo de los rectores de las
universidades nacionales, que durante muchos años elaboraron desde una
perspectiva técnica y profesional una propuesta de distribución presupuestaria
para esas casas de estudio.
Asimismo,
debe destacarse el esfuerzo del gobierno nacional para atender la propuesta
referida a la distribución presupuestaria de esas universidades. Incluso, creo
que se ha planteado una expectativa mayor que la que ellas esperaban.
Se
ha hablado mucho del tema vinculado con Ciencia y Tecnología. Si bien se ha
incrementado la partida presupuestaria correspondiente a esa área, no se ha
señalado con el mismo énfasis que las universidades nacionales van a recibir,
dentro del presupuesto del área de Ciencia y Tecnología, algo que nunca habían
obtenido.
Más
allá del monto que esto representa, este hecho tiene una gran importancia para
seguir trabajando en la articulación de la labor científica y tecnológica entre
las universidades, el Conicet y otros organismos en materia de Ciencia y
Tecnología.
Además
de esta propuesta, respecto de la cual el Consejo Interuniversitario Nacional
había solicitado que fuera respetada, se agregó otra planilla que entiendo que
puede haber tenido una justificación por razones políticas. Pero esto genera
una situación que me parece que debemos atender, a fin de que el trabajo entre
las universidades nacionales no produzca rispideces y desacuerdos.
Se
trata, simplemente, de efectuar un agregado al artículo en consideración, a fin
de que todos podamos votarlo afirmativamente. Por medio de ese agregado se
facultaría al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las modificaciones
presupuestarias que resulten necesarias a fin de atender las necesidades
urgentes –digo “urgentes” porque, por supuesto, no todas las necesidades pueden
atenderse- de las universidades nacionales que no han sido contempladas en el
segundo párrafo del artículo 12.
De
esta manera dejaríamos una
atribución explícita a la Jefatura de Gabinete para que algunos aspectos que no
han sido tenidos en cuenta acerca de algunas universidades puedan ser
contemplados. Así estaríamos logrando unanimidad de criterios porque está la
planilla que aprobó el Consejo Interuniversitario Nacional, y también las
correspondientes a algunas universidades que habrán tenido la capacidad para
justificar sus necesidades. Estaríamos contemplando otra serie de universidades
que por algunas situaciones urgentes deberían incorporarse.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
Sr.
Riccardo.- Señor presidente: el artículo 12 tiene
un primer párrafo para distribuir más de 75 mil millones, que refleja la
propuesta original del Poder Ejecutivo nacional de distribución para las
universidades. No hay objeción, es la voluntad política del Poder Ejecutivo
plasmada en el primer párrafo del artículo 12.
El
segundo párrafo dispone la distribución de algo más 1.028 millones para 21 de
las 56 universidades, que humorísticamente llamaría “la lista de la felicidad
universitaria de parte de la oposición”. Esa lista es producto de la distribución
de un crédito y resultado de los acuerdos parlamentarios.
La
propuesta es incorporar un tercer párrafo a ese artículo 12 –creo que es en el
mismo sentido que lo planteado por el señor diputado Barletta- para que se
faculte a la Jefatura de Gabinete a resolver las necesidades adicionales que
puedan surgir del sistema, que no estén comprendidas en los párrafos
anteriores. Ni siquiera estoy hablando de aquellas que quedaron afuera, sino de
todas las necesidades que puedan surgir; ni qué hablar de las 35, porque no hay
resortes para resolverlo en este articulado.
El
párrafo que propongo dice lo siguiente: “Facúltese al jefe de Gabinete de
Ministros a realizar las asignaciones presupuestarias adicionales necesarias en
acuerdo con el Ministerio de Educación y Deportes, a fin de atender las
necesidades que surjan de las universidades nacionales no comprendidas en las
asignaciones de los párrafos precedentes del presente artículo.” Este párrafo
comprende a todo el sistema universitario, y es el resorte mínimo que debe
tener el Poder Ejecutivo nacional y el ministro de Educación y Deportes, del
cual me consta su voluntad de atender a todo el sistema universitario. Es lo
mínimo que podemos poner en razón de que se ha incluido el párrafo segundo, que
tiene una distribución explícita para las 21 universidades nacionales y que no
se pone en tela de juicio ni en discusión, pues ya lo hemos debatido.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.
Sra.
Copes.- Señor presidente: quiero referirme a algo
que han planteado los señores diputados preopinantes. Se ha hecho referencia al
segundo párrafo del artículo 12 como la “lista de la felicidad” resultado de
los pedidos.
Deseo
aclarar que la Universidad Nacional del Litoral no ha hecho ningún pedido. He
hablado personalmente con su rector, y esto es así, a tal punto que durante el
gobierno anterior –todo los sabemos- existía esta segunda planilla que hablaba
de una cierta discrecionalidad.
Justamente,
lo que están cuestionando los diputados preopinantes es la práctica, el
criterio. Por lo tanto, depende de lo que se acepte o no, voy a pedir
fundamentar mi voto. La Universidad Nacional del Litoral nunca tuvo que ver con
ese criterio que siempre criticó del gobierno anterior, y por lo tanto ahora
aclara que no tiene que ver con ningún pedido para figurar en la planilla B.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por San Luis.
Sra.
Bianchi.- Señor presidente: solicito a los
señores diputados que por favor sean concisos porque no podemos estar haciendo
discursos nuevamente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene razón, señora diputada.
Tiene
la palabra la señora diputada por Río Negro.
Sr.
Horne.- Señor presidente: quiero apoyar el
sentido de la ampliación que propone el señor diputado Riccardo, no en función
de ninguna “lista de la felicidad” ni de ningún privilegio, sino de las
universidades que han pedido formalmente ampliación de presupuesto por
restricciones que no se han explicado, como es el caso de la Universidad
Nacional del Comahue, de la Universidad Nacional de Lanús y de las
universidades que se han mencionado con claridad. Por lo tanto, apoyamos esa
moción.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
Kosiner.- Señor presidente: no extenderíamos el
debate si se hablara con un poco más de responsabilidad y menos soberbia,
fundamentalmente cuando estamos tratando de contribuir a un acuerdo para
sancionar este proyecto de ley presupuesto.
Hablar
tan livianamente de una “lista de la felicidad” cuando estamos tratando de
reforzar partidas de las universidades, por lo menos me parece irresponsable.
Quiero
aclarar que en el caso de la Universidad Nacional de Salta son 41 millones de
pesos de refuerzo. Si ese refuerzo no se aprueba, corren riesgo 35 mil becas de
estudiantes universitarios que comen en el comedor universitario, carreras
universitarias y sedes. Una de ellas es la sede de Santa Victoria, donde al
poco tiempo de asumir el presidente fue a sacarse una foto con estudiantes de
pueblos originarios que recibían su título de enfermeros.
Entonces,
pido un poco de responsabilidad, porque no es que acá estamos viendo quién
empuja más para sacar unos pesos adicionales. Esto tiene que ver con la
supervivencia de carreras y posibilidades de estudio, no es ni una “lista de la
felicidad” ni “una lista de la alegría”. Nosotros venimos responsablemente a
plantear las necesidades de nuestras universidades.
Por
otro lado, acabamos de aprobar la autorización al jefe de Gabinete para la
transferencia de partidas, y ahora se pretende volver a incluir algo que ya
autorizamos en una ley anterior. En verdad es un debate que tiene muy poco
sentido.
Reitero, no seamos tan soberbios de
menospreciar los planteos de los diputados; a veces le toca a una provincia y a
veces a otra, pero en este caso estamos hablando de posibilidades de estudio de
compañeros universitarios que necesitan de la partida presupuestaria
correspondiente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Kicillof.- Señor presidente: cuando discutimos la
ley de facultades delegadas planteamos con claridad lo que esta Cámara sabe:
que era un maquillaje poner un límite del 7,5 por ciento. Ese porcentaje excede
en mucho lo que se venía utilizando; en realidad, no es un límite sino una
extensión.
Además,
la propuesta del oficialismo intenta maquillar lo que ocurre en la realidad,
que es que en la planilla B hay universidades que resultan favorecidas –no me
refiero a ninguna en particular, porque son dirigidas por rectores de
diferentes orientaciones-, a pesar de que hay otras 35 que también necesitan de
un refuerzo que no consiguen a través de este proyecto. Evidentemente, el Poder
Ejecutivo y el oficialismo de esta Cámara no están dispuestos a otorgárselo.
El
propio CIN hizo una propuesta para la distribución de los recursos que no fue
incluida en la primera ni en la segunda planilla que se elaboró.
Entonces,
teniendo en cuenta que si se propusiera otra forma de repartir los recursos
contemplados en la planilla B y se agregara a las demás universidades es
posible que alguna pierda lo que ya ha conseguido, sugerimos que a las
universidades que están en esa planilla se les asigne los fondos previstos y
que para las demás se incluya un refuerzo adicional en función del criterio
planteado por el CIN o, en su defecto, en base al criterio de la planilla
anterior.
Tengamos
en cuenta que estamos dejando a muchas universidades sin refuerzo por decisión
de funcionarios que hoy están en el Ejecutivo que durante años se quejaron de
lo que se daba a unas u otras. Con esta propuesta han puesto en riesgo la
distribución balanceada en función de las necesidades de las universidades.
Podría
detallar qué monto necesita en concepto de refuerzo cada universidad, pero me
limito a señalar que les estamos generando un quebranto porque no quieren poner
más plata.
Por
lo tanto, sugerimos ampliar lo que figura en la planilla B en 800 millones de
pesos adicionales ‑propongo un mínimo para no romper la ecuación; es
mucho más lo que necesitan-, que deberían ser distribuidos en base a un
criterio racional y de equilibrio que sostenga el balance entre las diferentes
universidades.
Por
otra parte, a través de este artículo se otorga al señor jefe de Gabinete
atribuciones que ya tiene, toda vez que él puede readecuar las partidas.
Evidentemente, lo hicieron para que el oficialismo no tenga que reconocer que
la planilla B favorece a determinadas universidades.
En
consecuencia, reitero que estamos de acuerdo con que se les asigne más
presupuesto, pero no vamos a aceptar que dejen afuera a 35 universidades
nacionales, que con esta medida se van a quedar sin alumnos, sin carreras y con
más problemas de los que hoy tienen. (Aplausos
en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Tucumán.
Sra.
Gallardo.- Señor presidente: nosotros pedimos
expresamente que se revea el presupuesto para la Universidad Nacional de
Tucumán. Este fue un pedido expreso que nos hizo la rectora, que también
realizó gestiones en el Ministerio de Educación y Deportes. Por lo tanto, no es cierto que no
se pidieron más recursos.
En
la actualidad, nuestra universidad tiene un déficit de 317.332.000 pesos.
Tengan en cuenta que hablamos de una institución que tiene una fuerte
incidencia en la comunidad, que alberga aproximadamente a 70 mil estudiantes.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por San Juan.
Sra.
Castro.- Señor presidente: tengo una observación
que formular en relación con el artículo 12.
En
uno de los párrafos se establece que las universidades deberán presentar la
información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos, ya que de
lo contrario se podrá interrumpir la transferencia de los fondos. Esto es algo
que ya hemos discutido. Desde nuestro punto de vista habría que modificar la
redacción de ese párrafo eliminando la última parte, porque las universidades
hacen rendiciones y, además, son controladas por la Auditoría General de la
Nación.
Creo
que casi todos los legisladores hemos sido contactados por las distintas
universidades del país para acercarnos este planteo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Entre Ríos.
Sra.
Gaillard.- Señor presidente: en línea con lo que
ha planteado el señor diputado Kicillof, debo decir que hay 35 universidades
que no fueron incluidas en la planilla B. Puedo citar como ejemplo el caso de
la Universidad Nacional de Entre Ríos, que solicitó 20 millones de pesos para
finalizar las obras del laboratorio de biotecnología de la ciudad de Oro Verde.
Al respecto, no hemos obtenido ninguna respuesta sobre las razones por las
cuales esta universidad no fue incluida en la planilla B.
Por
eso –tal como manifestó el señor diputado Kicillof-, planteamos que los 500
millones de pesos que figuran en el presupuesto de las universidades para
gastos en ciencia y técnica –que serán distribuidos discrecionalmente por la
Secretaría de Políticas Universitarias- sean repartidos tal como lo solicitó el
CIN: un 50 por ciento entre todas las universidades y el 50 por ciento restante
en función de la cantidad de alumnos de las distintas casas de estudio.
Creo
que hay modo de resolver este inconveniente, porque los fondos están. El
problema es que de la manera en la que está planteado este proyecto, esos 500
millones para gastos en ciencia y técnica serán distribuidos discrecionalmente
y no en base a un criterio de proporción y de racionalidad entre las distintas
universidades.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Laspina.- Señor presidente: quiero creer que para
la distribución de los recursos entre las distintas universidades, en los
últimos años se han aplicado los criterios de racionalidad y equilibrio a los
que hizo alusión el señor diputado Kicillof.
Sinceramente,
me siento azorado por todo lo que he escuchado. Digo esto porque el año pasado
el bloque del FPV asignó 2.000 millones de pesos de manera discrecional e
irracional a las universidades amigas, y hoy nos vienen a correr con la vaina
del equilibrio y la racionalidad sobre lo que figura en la planilla B. (Aplausos en las bancas.)
Reitero
que el año pasado se distribuyeron 2.000 millones de pesos entre determinadas
universidades; a valores de hoy serían unos 3.000 millones de pesos.
Una
cosa es el pedido del señor diputado Barletta, que hace años viene planteando
en este recinto la discrecionalidad que contenían los proyectos de educación
del Poder Ejecutivo, que luego eran manoseados en este Parlamento. Lo mismo
debo decir respecto de lo que expuso el señor diputado Riccardo, que ha
trabajado en la misma línea. Todo eso es entendible, pero escuchar estas cosas
de quienes en los últimos años han abusado de esas prácticas, me parece un
atropello a la paciencia. (Aplausos en
las bancas.)
Por
otra parte, hemos recibido del Poder Ejecutivo nacional un proyecto de
presupuesto que ha sido consensuado con todas las universidades, que ha
merecido la aprobación del CIN y sobre el cual prácticamente no hemos recibido
reclamos. Personalmente, he mantenido reuniones con representantes de las
universidades en mi despacho, en las que me pidieron por favor que no se tocara
una coma del presupuesto, porque estaba bien.
Entonces,
lo que vamos a hacer ahora es no solo ratificar la planilla que vino del Poder
Ejecutivo, sino también lo que ha sido producto de un arduo trabajo de
consenso, que es el proyecto contenido en el dictamen de mayoría, el cual
contempla el refuerzo de partidas para determinadas universidades. Esto es lo que
queremos ratificar. Por eso, reitero que nuestro bloque apoya el texto
propuesto en el despacho de mayoría.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr.
Solanas.- Señor presidente: en primer término,
solicito que este artículo se vote en forma nominal.
En
segundo lugar, aclaro que respeto al señor diputado Laspina, pero tengo que
señalar que voy a defender los intereses de la Universidad Nacional de Entre
Ríos, que no figura en esta planilla, tal como lo manifestó la señora diputada
Gaillard. Por lo tanto, solicitamos que esos 500 millones de pesos sean
distribuidos de otra forma.
El
diputado preopinante hizo un planteo como si nuestro pedido fuera una chicana.
Sinceramente, no lo entiendo. La verdad es que esto responde a una solicitud
que nos hizo nuestra universidad, los alumnos y los hombres y mujeres que la
sostienen. De modo tal que no entiendo esa chicana. Es algo totalmente
descabellado que tiene que ver con la soberbia y no con las universidades
nacionales.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Stolbizer.- Señor presidente: quiero dejar
constancia de que no compartimos el criterio que acaba de expresar el señor
diputado Laspina. Hay una cantidad de universidades que injustamente y sin
objetividad alguna, quedaron fuera de la distribución de recursos. A nuestro
juicio, sería justo que todas ellas fuesen incluidas con una partida específica
o bien que se asignara una atribución especial al señor jefe de Gabinete de
Ministros exclusivamente para este fin; es decir, para que atienda las
necesidades propias de cada universidad con una partida concreta.
Simplemente
quiero dejar constancia de nuestra disconformidad con la manera como se ha
resuelto esta cuestión.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Kicillof.- Señor presidente: deseo aclarar el
sentido de nuestro voto. Obviamente, estamos de acuerdo en dar más presupuesto
a las universidades; hemos defendido esa postura. Como según el oficialismo
nosotros éramos arbitrarios, ellos pueden serlo doblemente; es una excelente
excusa para no destinar fondos a muchísimas universidades que lo merecen, lo
necesitan y lo pidieron.
No
podemos acompañar la aprobación de este artículo con la actual redacción, señor
presidente.
Sr.
Riccardo.- Pido la palabra…
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia no concederá el uso de la palabra a los
legisladores que ya han hablado.
Tiene
la palabra el señor diputado por San Juan.
Sr.
Gioja.- Señor presidente: pienso que corresponde
votar si se acepta la modificación propuesta por el señor diputado Riccardo.
Sr.
Presidente (Monzó).- El señor diputado Laspina ha dicho que no la acepta.
Sr.
Gioja.- Indudablemente, no votaremos no otorgar
recursos a las universidades…
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia reitera que debe atender a lo que ha manifestado
el miembro informante, señor diputado.
Tiene
la palabra el señor diputado por el Neuquén.
Sr.
Martínez (N.D.).- Señor presidente: el señor
diputado Laspina manifestó que la distribución de recursos fue efectuada de
acuerdo con el criterio del CIN, pero no es esa la información con que yo
cuento. Tengo entendido que no se respetó el criterio del Consejo Interuniversitario
Nacional ni en el esquema original, en la planilla A, y mucho menos en la
planilla B, en la que discrecionalmente fueron excluidas varias universidades.
Además,
queda en evidencia un criterio contrario al federalismo, porque el nuevo
sistema de distribución beneficia ampliamente a la Universidad de Buenos Aires
y perjudica a muchas otras universidades. Por ejemplo a la Universidad Nacional
del Comahue, ya que el presupuesto otorgado alcanza solamente para pagar los
sueldos. Es decir que el rector dejará de ser rector para comenzar a dirigir
una oficina de recursos humanos, dado que solamente podrá liquidar haberes. Ni
siquiera podrá pagar los servicios de luz y gas ni los insumos que requiera la
universidad.
Me
tomo el atrevimiento de mencionar a la Universidad Nacional del Comahue porque,
al menos para ella, no se respetó el criterio de distribución general y tampoco
el establecido en la nueva planilla anexada, donde ni siquiera se la menciona.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Carmona.- Señor presidente: el bloque del Frente
para la Victoria votará en forma negativa la propuesta del oficialismo, por
entender que se contradice con una justa distribución de recursos, y acompañará
la expuesta por el señor diputado Kicillof que, en caso de que sea aprobada la
de la mayoría, no será sometida a votación.
Sr.
Presidente (Monzó).- Si no hay objeciones, se autorizarán las abstenciones de los
señores diputados.
- No hay objeciones.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente el artículo 12.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
228 señores diputados presentes, 138 han votado por la afirmativa y 67 por la
negativa, registrándose además 22 abstenciones.
Sr. Secretario (Inchausti).- Han
votado 138 señores diputados por la afirmativa y 67 por la negativa,
registrándose además 22 abstenciones.
aquí VOTACIÓN NOMINAL (ARTÍCULO 12)
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 13.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se vota y aprueba el
artículo 14.
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 15.
Tiene
la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr.
D’Agostino.- Señor presidente: en los
presupuestos se evidencia un problema residual que data de 2008 y que ahora
observamos en la primera parte del artículo 15.
La
situación impacta directamente en los fondos especiales de la represa de Salto
Grande, ya que con la aplicación de este artículo colisionan normas. La 24.954
es la primera ley que da lugar al aprovechamiento hidroeléctrico de los saltos
del río Uruguay, mientras que la ley 25.671 dispone que los excedentes del
Fondo Especial de Salto Grande no podrán formar parte del presupuesto nacional.
Tal
como está redactado el artículo 15, y estando claramente identificadas las
leyes 24.954 y 25.671, en el caso de Salto Grande se estaría suspendiendo el
derecho a que los fondos especiales sean distribuidos de la siguiente manera:
65,5 por ciento a Entre Ríos, 25 por ciento a Corrientes y 5 por ciento a
Misiones.
La
situación empeora aún más porque, con la existencia de este artículo, se
bloquea el valor de la tarifa que surge de resoluciones dictadas por el
Ministerio de Energía y Minería no solo este año sino también en 2013, 2014 y
2015, que congelan en 120 pesos el precio del megavatio cuando el valor
promedio se ubica en 350 pesos.
Si
se mantiene la incorporación de Salto Grande, se genera un déficit para las
tres provincias, hecho que trae como consecuencia una pérdida en la
distribución de utilidades que van directamente a la obra pública a través de
las comisiones administradoras de los fondos especiales de Salto Grande en Entre
Ríos, Corrientes y Misiones.
En
suma, mi propuesta es que el Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande sea
excluido del artículo 15.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
Sr.
Lusquiños.- Señor presidente: en nombre del
interbloque Juntos por Argentina, integrado por Compromiso Federal y Juntos por
Argentina, adelanto nuestro voto negativo al artículo en consideración.
Estamos
totalmente en contra de que se condone la deuda a dos empresas como Edenor y
Edesur, que son modelo de ineficiencia e inoperancia. Pese al tarifazo han
pedido un 70 por ciento más, cuando nunca han cumplido con sus planes de
inversión. El servicio es pésimo, han recibido subsidios, por lo que no podemos
estar de acuerdo con este artículo que incluye estos beneficios para estas
empresas. O se las excluye expresamente o votamos en contra.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Stolbizer.- Señor presidente: quiero aclarar que
nuestro interbloque va a votar negativamente. Algunas de las razones ya fueron
explicitadas; no es solamente porque se trata de una condonación a empresas que
prestan un deficiente servicio sino porque si el Poder Ejecutivo quisiera
impulsar esta condonación debería hacerlo mediante una norma especial. No tiene
nada que ver incluir esta condonación dentro de la ley de presupuesto. Por eso
vamos a votar negativamente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Entre Ríos.
Sra.
Cremer de Busti.- Señor presidente: en el mismo
sentido de lo expresado por el señor diputado D’Agostino, solicitamos la
exclusión de la represa hidroeléctrica de Salto Grande del artículo 15. En caso
de no ser posible, pido autorización para abstenerme de votar este artículo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Corrientes.
Sra.
Ferreyra.- Señor presidente: adelanto el voto
negativo de nuestro bloque a este artículo, en coincidencia con lo planteado
por los señores diputados D’Agostino y Lusquiños. No se puede condonar y
transferir a todos los argentinos las deudas que tienen algunas empresas,
particularmente Edenor y Edesur, que han tenido ganancias operativas
monumentales y han elegido no cumplir sus obligaciones.
Además,
como dijo la señora diputada Stolbizer, no se puede tratar en el proyecto de
ley de presupuesto la derogación o modificación de leyes particulares, como en
el tema de las regalías.
Por
esas dos razones, votaremos en contra.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr.
Gervasoni.- Señor presidente: votaré por la
negativa el artículo 15 en caso de que no se acepte la modificación que muy
bien plantea el señor diputado D’Agostino.
Pedimos
que se excluya la represa de Salto Grande de este artículo 15, tal como explicó
nuestro coterráneo, y como creo que también estarán de acuerdo los diputados
por Corrientes y Misiones, y por supuesto los entrerrianos, que tenemos el
interés más grande en la represa de Salto Grande.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por el Neuquén.
Sr.
Martínez (N. D.).- Señor presidente: adelanto
también mi voto negativo porque he pedido en el artículo anterior la
condonación de las deudas que más de 25 universidades del país tienen con el
Estado. Si no les pudimos condonar a las universidades, que son estamentos
públicos y forman el futuro de la Argentina, ¿cómo les vamos a condonar a estas
empresas privadas, a las que tan mal no les ha ido? Encima, en el año del
tarifazo, sería una falta de respeto para aquellos que lo han padecido.
Solicito
que la votación sea nominal.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Laspina.- Señor presidente: proponemos votar el
artículo tal como figura en el dictamen de mayoría.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Kicillof.- Señor presidente: tal como han
mencionado varios miembros de nuestro bloque, vamos a votar negativamente, y
pedimos que la votación sea nominal.
Sr.
Presidente (Monzó).- Si no hay objeciones, se dará por concedido el permiso a los
señores diputados que se van a abstener en la votación.
- No hay objeciones.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente el artículo 15.
- Resulta afirmativa.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
222 señores diputados presentes, 127 han votado por la afirmativa y 84 por la
negativa, registrándose además 10 abstenciones.
Sr. Secretario (Inchausti).- Votaron
127 señores diputados por la afirmativa y 84 por la negativa, y hubo 10
abstenciones.
aquí VOTACIÓN NOMINAL (Artículo 15)
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 16.
Tiene
la palabra la señora diputada por Jujuy.
Sra.
Martínez (S. A.).- Señor presidente: en primer
lugar, quiero decir que el presupuesto asignado para el Consejo Nacional de las
Mujeres para el año 2016 fue de 87.600.000 pesos, y el presupuesto para 2017 se
fijó en 96.500.000 pesos, a lo que deben sumarse los 20.000.000 de pesos que
prevé el artículo 16, lo que totaliza 116.500.000 pesos.
Por
otro lado, el 26 de julio de 2016, el presidente Mauricio Macri presentó el
Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres.
Por
ese motivo, hemos acordado una modificación en el quinto párrafo del artículo
16, que quedaría redactado de esta forma: “Asígnese la suma de pesos cincuenta
millones ($ 50.000.000) a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la
suma de pesos sesenta y siete millones ($ 67.000.000) al Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales, de los cuales se destinará la suma de pesos
veinte millones ($ 20.000.000) a atender las actividades del Consejo Nacional
de las Mujeres, y la suma de pesos cuarenta y siete millones ($ 47.000.000)
destinados al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres...” y luego continúa el texto
como está planteado en el dictamen.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Carlotto.- Señor presidente: en el mismo sentido,
y a partir del criterio solicitado cuando expuso nuestro bloque, proponemos
duplicar los 25.000.000 de pesos adicionales para la Secretaría de Derechos
Humanos, llevarlos a 50.000.000 de pesos.
En
coincidencia con la señora diputada preopinante, proponemos que esos recursos
de la Secretaría de Derechos Humanos estén destinados al área de
Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra Delitos de Lesa Humanidad y al
área de Archivo Nacional de la Memoria.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.
Sr.
Pedrini.- Señor presidente: por el primer párrafo
del artículo 16 se asigna al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la
Conservación de los Bosques Nativos, en virtud de lo establecido por el
artículo 31 de la ley 26.331, un monto de 270.000.000 de pesos.
Quisiéramos
que se cumpla con lo establecido por la ley 26.331, conocida como Ley Bonasso.
Los montos que se proponen son insuficientes para mantener los bosques nativos
en la Argentina, ya que estaría dando un promedio de 5 pesos por hectárea por
año. Como digo, es total y absolutamente insuficiente.
La
ley 26.331 claramente establece que los fondos destinados a la protección de
bosques nativos no pueden ser menores al 0,3 por ciento del monto total del
presupuesto.
De
acuerdo con el artículo 16, lo máximo que se va a otorgar llega a 270 millones
de pesos y luego el jefe de Gabinete de Ministros podrá ampliar la suma hasta
300 millones más. Esto está claramente en contra de lo que establece la ley
26.331. Reitero que como mínimo debe contemplar el 0,3 por ciento del presupuesto
o el 2 por ciento del total de las exportaciones agrícolas y forestales.
Por
ello, voy a proponer que al menos el monto establecido sea de 570 millones de
pesos y no que esos 300 millones sean potestad del jefe de Gabinete de
Ministros otorgarlos o no.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Kicillof.- Señor presidente: el artículo 16 ha
provocado un sinnúmero de manifestaciones de científicos argentinos y
extranjeros. También tuvo repercusiones en el propio ministro del área, quien
ha dicho que lo que se ha pautado es insuficiente para sostener los niveles que
tenía el sistema científico y tecnológico argentino. Indudablemente, ha crecido
y ha repatriado científicos, ha obtenido innumerables logros.
Por
ello, planteamos una ampliación del presupuesto, no como fue acordado en una
suma de 1.200 millones de pesos, sino de 6.000 millones, que es lo que pedía el
ministro del área en coincidencia con los otros científicos. Así lo hicieron
los becarios y demás participantes del sistema.
Sin
duda, esta suma implicaría más recursos para la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales y para el Conicet. Aprovecho la oportunidad para dejar
en claro que en el siguiente párrafo la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también ha tenido un
desfinanciamiento. Queremos que sus recursos se amplíen a 196 millones de pesos
y a 124 millones de pesos para el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales.
Lo
mismo se puede decir de la Finalidad Educación, Jurisdicción 70, porque el
Ministerio de Educación y Deportes de la Nación ha solicitado 21 mil millones
de pesos adicionales. Hay que mencionar el Plan FinEs, el Instituto Nacional de
Formación Docente, el FONID y los fondos compensadores, que precisan 6.400
millones de pesos más. También hay que considerar las becas para educación
superior.
Cuando
hablamos de ajuste, no hacemos mención a lo que pasó en materia macro, sino
también de las partidas de Derechos Humanos, de Cultura, de Ciencia y de
Educación, que han sufrido recortes muy concretos.
Es
necesario atender lo que piden nuestros científicos, educadores y los
organismos de derechos humanos.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Laspina.- Señor presidente: aceptamos las
modificaciones propuestas por la señora diputada Martínez y por el señor
diputado Carlotto. Para tener la redacción correcta, le solicito que repita
cómo sería la asignación de esos 25 millones de pesos.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Carlotto.- Señor presidente: la propuesta tiene
que ver con dos áreas sumamente sensibles. Comprendemos lo que ha sucedido con
la disminución abrupta del presupuesto para la Secretaría de Derechos Humanos,
pero existen dos sectores importantes para la continuidad de los juicios por
crímenes de lesa humanidad. Uno tiene que ver con el Área de Fortalecimiento de
Procesos Judiciales contra Delitos de Lesa Humanidad y el otro con el Archivo
Nacional de la Memoria.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por San Juan.
Sra.
Castro.- Señor presidente: más allá de que no se
acepten los montos para ciencia y tecnología, esto lo comenté con el presidente
del bloque PRO. En el tercer párrafo, donde dice: “Establécese para el
Ejercicio 2017…”, queríamos incorporar algo complementario a lo que está en la
planilla de la Jurisdicción 71. Que se entienda que esto significa un
complemento a esos 13 mil millones de la mencionada jurisdicción. ¿Me expliqué
bien?
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Laspina.- Señor presidente: aceptamos las
modificaciones propuestas por la señora diputada…
Sr.
Kicillof.- Señor presidente: la redacción del
tercer párrafo sería: “Establécese, en forma adicional, para el Ejercicio
2017…”
Sr.
Presidente (Monzó).- ¿Es así, señor diputado por Santa Fe?
Sr.
Laspina.- Sí, señor presidente.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 16, con las modificaciones aceptadas
por la comisión.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 17.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 18.
Tiene
la palabra el señor diputado por Misiones.
Sr.
Franco.- Señor presidente: en su momento ya
argumenté, de modo que para ser breve voy a proponer que el artículo 18 quede
redactado de la siguiente forma: “Establécese
que los recursos destinados al Fondo Nacional de Incentivo Docente y al
Programa Nacional de Compensación Salarial Docente serán distribuidos según
criterio FONID y no serán inferiores a los fondos asignados en la ley 27.198.”
Me gustaría que esto se vote en forma
nominal.
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr. Laspina.- Señor presidente: proponemos que se vote el
artículo tal como figura en el dictamen de mayoría.
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.
Sr. Basterra.- Señor presidente: vamos a votar negativamente
este artículo, de forma tal de intentar que el artículo no prospere tal como
está redactado. En ese caso, vamos a sugerir una redacción alternativa que
incluya la forma de distribución copiando el criterio utilizado por el FONID.
Esto forma parte del acuerdo paritario firmado por el ministro Bullrich este
año. Además, los gremios docentes solicitan que el Fondo de Compensación –que
tiene los montos acordados- sea distribuido con ese criterio. Proponemos que la
Cámara vote negativamente, para luego sugerir una nueva redacción.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos
Aires.
Sr.
Giustozzi.- Señor presidente: solicito
autorización para abstenerme.
Sr.
Presidente (Monzó).- Si no hay objeciones, se le dará por concedido el permiso para abstenerse
en la votación, señor diputado.
- No hay objeciones.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar nominalmente el artículo 18.
-Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
214 señores diputados presentes, 127 han votado por la afirmativa y 83 por la
negativa, registrándose además 2 abstenciones. No se ha computado el voto de un
señor diputado.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han registrado 127 votos
afirmativos, 83 negativos y 2 abstenciones.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL (artículo 18)
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 19.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se votan y aprueban
los artículos 20 y 21.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 22.
Tiene
la palabra el señor diputado por San Luis.
Sr.
Lusquiños.- Señor presidente: en este artículo
aparece algo que puede ser pasajero, pero podría ser muy grave pues se propone
prorrogar para el ejercicio 2017 lo dispuesto en el artículo 22 de la ley
27.198. Este barullo chiquito se refiere al decreto 1.399, que fija el sistema
de financiamiento de la AFIP.
Este
decreto ya ha sido declarado inconstitucional, entonces estamos prorrogando
algo que ya fue declarado de ese modo. En caso de que esto se apruebe, habrá un
desfile de provincias ante la Corte, lo que generará una situación de
incertidumbre para el financiamiento de la AFIP.
Este
tema se trató en la reunión de San Juan los días 20 y 21 del mes pasado y la
Comisión Federal de Impuestos, que también está representada por el gobierno
nacional, emitió un dictamen unánime proponiendo una modificación al artículo
58 de la ley 27.260, sobre blanqueo de capitales, que de alguna manera pretende
solucionar este problema del financiamiento de la AFIP y, como si fuera un
billar a tres bandas, remediar un problema de 11 provincias que tienen deudas
generadas por el decreto 814.
La
Comisión Federal de Impuestos ha presentado un proyecto que voy a proceder a
leer. Propone modificar el artículo 58 de la ley 27.260, que quedaría redactado
de la siguiente forma: “Artículo 58.-
Establécese un régimen de regularización de deudas por contribuciones
patronales destinados a Estados Provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que actualmente
mantengan deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se
encuentre iniciado juicio al respecto o no, por un plazo de noventa (90) cuotas
mensuales, fijándose una tasa de interés calculado en base a la Tasa Pasiva
Promedio del Banco de la Nación Argentina y estableciéndose el plazo para
acogerse al presente beneficio hasta el 31 de diciembre de 2016. Para acceder
al beneficio deberán realizar un pago a cuenta por el equivalente al diez por
ciento (10%) de la deuda.
“Alternativamente
al plan dispuesto por el párrafo anterior, la Administración Federal de
Impuestos podrá ofrecer a los Estados Provinciales y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires un tratamiento análogo al dispuesto para las Universidades
Nacionales por el Decreto 1571, del 1° de noviembre de 2010.
“La
Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá las modalidades, plazos
y demás condiciones para el acogimiento al mencionado tratamiento alternativo.
Las cuotas de los planes de facilidades de pago que se dicten serán detraídas
de la coparticipación federal de impuestos juntamente con la cancelación de las
obligaciones previsionales corrientes.”
Señor
presidente: para ser breve, en virtud de la hora, esto viene a solucionar el
financiamiento de la AFIP y le da certidumbre. Las otras son medidas que van a
terminar siendo declaradas inconstitucionales y que pondrán en serio riesgo la
capacidad operativa de la AFIP.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Laspina.- Señor presidente: proponemos votar el
artículo según el texto del dictamen de mayoría.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo
22.
- Resulta
afirmativa.
- Sin
observaciones, se votan y aprueban los artículos 23 y 24.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el
capítulo IV, que comprende los artículos 25 a 27.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el
capítulo V, que comprende los artículos 28 a 31.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el
capítulo VI, que comprende los artículos 32 y 33.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el
capítulo VII, que comprende los artículos 34 a 46.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Kicillof.- Señor presidente: el artículo 34
permite al Poder Ejecutivo nacional seguir avanzando en una situación que hemos
explicado muy bien, que es de público conocimiento y de preocupación
generalizada en la Argentina y en el mundo, no por la derecha ni por la
izquierda sino por todos los que han notado que el gobierno actual ha iniciado
una carrera desenfrenada de endeudamiento externo, duplicando la deuda en
moneda extranjera con privados.
Nuestro
bloque no acompañará esta política de endeudamiento y votará en forma negativa
el artículo 34. Solicitamos además que la votación sea nominal porque creemos
que este será un problema que los argentinos tendremos por muchas generaciones.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la
señora diputada por Santa Fe.
Sra.
Ciciliani.- Señor presidente: quiero manifestar
nuestro voto negativo en este artículo y reclamar la constitución de la
Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda, tal como ha sido aprobado en
oportunidad de tratarse la ley de pago a los holdouts.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Santa Fe.
Sr.
Laspina.- Señor presidente: deseo aclarar que en
la planilla anexa del artículo 34 existe un error de forma. Al final de la
planilla hay un asterisco donde se hace referencia al artículo 64. Este
artículo cambió su numeración, ahora es 69, dado que se agregaron los artículos
de responsabilidad fiscal.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la
señora diputada por Corrientes.
Sra.
Ferreyra.- Señor presidente: conforme lo
anticipamos, vamos a votar negativamente este artículo. Las cifras de
endeudamiento son realmente preocupantes y superan algunas que fueron
contraídas en las peores épocas de este país.
Por
otra parte, adhiero al planteo realizado por la señora diputada Ciciliani,
solicitando que la integración incluya también a quienes pertenecen a los
bloques minoritarios.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar
nominalmente el artículo 34, con la modificación de forma propuesta por el
miembro informante.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al
tablero electrónico, sobre 209 señores diputados presentes, 136 han votado por
la afirmativa y 71 por la negativa, registrándose además una abstención.
Sra.
Secretaria (Luchetta).- Han votado 136 señores diputados por la afirmativa y 71 por la
negativa, habiéndose registrado una abstención.
aquí votacion nominal
Sr.
Depetri.- Pido la palabra.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Depetri.- Señor presidente: solicito que se deje
constancia de mi voto por la negativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Así se hará, señor
diputado.
En
consideración el artículo 35.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el
artículo 36.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Kicillof.- Señor presidente: así como hemos
votado negativamente el artículo 34 por representar una política desmesurada y
explosiva de endeudamiento, como bloque vamos a pronunciarnos en contra del
artículo 36 por el agravante de que representa deuda de corto plazo. No
conocemos una situación en la que fuera del presupuesto nacional el Banco
Central de la República Argentina, que es de todos, haya endeudado al país en
una cantidad equivalente a la base monetaria. Batió otro récord de
endeudamiento de corto plazo, y en pesos, y no estamos de acuerdo con esto. Es
un organismo autónomo, pero si nos acompañan los diputados que comparten la
preocupación, como bloque no vamos a permitir que sigan incurriendo en esta
política de endeudamiento.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo 36.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se votan y aprueban
los artículos 37 a 46.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Laspina.- Señor presidente: solicito que se
reconsidere la votación del artículo 44, ya que necesitamos hacer una
incorporación y dos modificaciones a la planilla anexa. En primer lugar,
debemos modificar un error en la denominación de un aval de la provincia de
Jujuy; donde decía “Río Burrumayo” debe decir “Río Negro”. Por otro lado, en el
aval para el parque fotovoltaico denominado “La Puna”, debe decir “Caucharí 1,
2 y 3”.
Estas
modificaciones ya las hemos pasado a la Secretaría Parlamentaria. Asimismo se
agregan dos avales para la provincia de Misiones: uno por 50.000.000 de dólares
para el Programa de Agua y Saneamiento, y otro 30.000.000 de dólares para el
Programa de Vialidad. Luego acercaremos dicha planilla a Secretaría.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se
va a votar el pedido de reconsideración de la votación del artículo 44. Se
requieren los dos tercios de los votos que se emitan.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 44,
con las modificaciones propuestas por el señor diputado Laspina.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el capítulo VIII, que comprende el artículo 47.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el capítulo IX, que comprende los artículos 48
a 55.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 56, contenido en el capítulo X.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se votan y aprueban
los artículos 57 a 60.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 61.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: proponemos que este
artículo sea eliminado. Se trata de un artículo que cumple con lo establecido
en un fallo de la Corte, pero creemos que lo hace parcialmente. Básicamente,
este fallo declara inconstitucionales algunos artículos, devolviendo los fondos
de los trabajadores agrícolas justamente a los gremios que representan a esos
sectores.
Cuando
la eliminación se hace del modo propuesto, la devolución es solamente a una
parte de los gremios y no a todos. De ese modo queda afuera, por ejemplo, el
gremio de las frutas frescas y hortalizas, que debería estar incluido en la
administración de los fondos de los trabajadores, porque también representa al
sector.
Reitero
que sugerimos la eliminación del artículo y la posterior discusión de una
reforma a la ley 26.727, a fin de incorporar al resto de los sectores.
De
no ser aceptada la eliminación, el bloque Frente Renovador votará en contra de
este artículo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Kicillof.- Señor presidente: por motivos
similares votaremos a favor de la eliminación del artículo; o sea, en contra
del artículo del dictamen.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra.
Stolbizer.- Señor presidente: apoyamos la
propuesta del señor diputado Lavagna.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Laspina.- Señor presidente: vamos a mantener el
texto contenido en el dictamen de mayoría.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Corrientes.
Sra.
Ferreyra.- Señor presidente: queremos que conste
el voto negativo de nuestro bloque.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Cabandié.- Señor presidente: quiero hacer una
observación.
Observo
en las pantallas algunos errores, porque se repite el nombre de las personas a
las que no les funciona la tecla para votar. El diputado Roma siempre aparece.
No sé si habrá algún problema técnico.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va votar en forma nominal el artículo 61.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
207 señores diputados presentes, 108 han votado por la afirmativa y 98 por la
negativa.
Sr. Secretario (Inchausti).- Se han
registrado 108 votos afirmativos y 98 negativos.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda aprobado el artículo 61.
Se
va a votar el artículo 62.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se votan y aprueban
los artículos 63 a 72.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 73.
Tiene
la palabra la señora diputada por Santa Fe.
Sra.
Ciciliani.- Señor presidente: queremos incorporar
un artículo nuevo, que llevaría el número 73 bis. Por otra parte, estamos de
acuerdo con el texto del artículo 73, que votaremos por la afirmativa.
El texto del artículo 73 bis propuesto es el
siguiente: “Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las
modificaciones presupuestarias necesarias a fin de dar cumplimiento al pago de
condenas judiciales firmes a favor de la provincia de San Luis, conforme
sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos:
‘San Luis, Provincia de c/ Estado nacional, s/ acción declarativa de
inconstitucionalidad y cobro de pesos’, expediente S191/09, y ‘San Luis,
Provincia de c/Estado nacional, s/ cobro de pesos’, expediente S1039/08, y a
favor de la provincia de Santa Fe, conforme sentencia dictada por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en los autos: ‘Santa Fe, Provincia de c/
Estado nacional, s/ acción declarativa de inconstitucionalidad’, expediente
S538/09 y ‘Santa Fe, Provincia de c/ Estado nacional, s/ acción declarativa de
inconstitucionalidad’, expediente S539/09.” Esto sin modificar los límites
presupuestarios ya aprobados.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Laspina.- Señor presidente: sería largo explicar
a esta hora las consideraciones y aristas legales, institucionales y de la
relación entre la Nación y las provincias que implica el pedido que está haciendo
la señora diputada Ciciliani. Lo compartimos en lo conceptual, pero creemos que
merece un tratamiento más profundo por las implicancias que tiene un fallo tan
delicado para el Estado nacional, teniendo en cuenta el peso de esos
compromisos.
Así
que proponemos mantener el dictamen sin la inclusión propuesta.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.
Sra.
Ciciliani.- Señor presidente: nosotros pedimos la
incorporación y votación de este nuevo artículo.
Sr.
Presidente (Monzó).- No se puede votar porque la comisión no lo acepta. No se vota el artículo; es como si quisiera
agregar un párrafo. Es lo mismo.
Sra.
Ciciliani.- ¿Por qué no se vota, señor
presidente?
Sr.
Presidente (Monzó).- No se vota porque la comisión no lo acepta, señora
diputada. Hay un miembro informante.
Sra.
Donda Pérez.- Pido la palabra.
Sr.
Presidente (Monzó).- Señora diputada Donda Pérez: explíqueme reglamentariamente...
Sra.
Donda Pérez.- Señor presidente: usted tiene el
reglamento a mano y no hace falta que yo se lo explique. Lo que pido es que se constituya la Cámara en
comisión para incorporar un nuevo artículo y que se vote nominalmente. Quienes
voten en contra de constituir esta Cámara en comisión para introducir nuestra
propuesta estarán votando en contra de que el Poder Ejecutivo cumpla con lo que
dice la Corte Suprema, como estuvieron diciendo durante toda la campaña.
Sr.
Presidente (Monzó).- Pero hay un despacho, señora diputada. No podemos constituir la Cámara en
comisión. Si no, por cada párrafo que
alguien proponga, se solicitaría que la Cámara se constituyera en comisión.
Tiene
la palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
David.- Señor presidente: simplemente deseo dejar
aclarado que nosotros apoyamos el artículo que se acaba de proponer porque
creemos que es justo, más allá de la cuestión reglamentaria. Además, la propuesta habla de autorizar, por
lo que no se está diciendo que mañana tengan que salir a pagar. Es una expresión de esta Cámara en la necesidad
de que el Poder Ejecutivo trate de arreglar estos juicios que tienen sentencia
firme.
Dado
que no hay un artículo determinado, reitero lo que dije en el momento de la
alocución en el sentido de que no comparto ni consiento el aumento de la
coparticipación para la Capital Federal en la forma en que se ha hecho.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Grandinetti.- Señor presidente: adhiero a la
posición de la señora diputada Ciciliani. Creemos que es absolutamente
necesario reconocer en este proyecto de ley de presupuesto la posibilidad de
que el jefe de Gabinete renegocie o inicie las negociaciones para devolver lo
que nos corresponde, dado que la Justicia ‑luego de un largo litigio‑
ya le dio la razón a Santa Fe, entre otras provincias.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
Olmedo.- Señor presidente: adhiero a lo expresado
por la señora diputada Ciciliani en relación con las provincias de Santa Fe y
San Luis.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.
Sr.
Lusquiños.- Señor presidente: lo que está
diciendo el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda es
totalmente equivocado. Estamos
planteando autorizar, y más laxo no se puede ser. Estamos proponiendo autorizar que el jefe de
Gabinete disponga de las partidas presupuestarias para hacer frente al pago de
una condena del Estado nacional con sentencia firme.
No
tiene ninguna consecuencia hacia ningún otro territorio de la Nación Argentina,
sino que implica reconocer simplemente lo que el fallo de la Corte ha
sostenido.
Por
supuesto, esto generará después una mesa de discusión donde se debatirá qué
tipos intereses se aplicarán, si se utilizará la tasa de interés pasiva o la
activa, etcétera.
Además,
el texto propuesto ni siquiera contiene montos ni lenguaje imperativo. Incluso,
estamos considerando la precaución de no modificar los límites presupuestarios
que ya presenta este proyecto de ley que estamos acompañando. ¿Qué más quieren
que hagamos?
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Cleri.- Señor presidente: adhiero al planteo
sobre las provincias de San Luis y Santa Fe.
Para
tratar de salvar esta cuestión reglamentaria con la que se trata de impedir lo
que la amplia mayoría del cuerpo está tratando de legitimar mediante esta
autorización, sugiero que se agregue un párrafo más al artículo 73. Así se salvaría la cuestión reglamentaria. Tienen el texto según se ha acordado, y la
mayoría de los bloques parlamentarios están de acuerdo, a excepción de la
alianza Cambiemos.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr.
Negri.- Señor presidente: no sumemos a la
confusión. Hay una sentencia firme de la Corte, por lo que no hace falta poner
nada en el presupuesto. En todo caso,
quien tiene el ejercicio del derecho, puede pedir la ejecución de la
sentencia. Esto es menos que el poder de
la sentencia de la Corte. ¿Qué le va autorizar al jefe de Gabinete? Si el jefe de Gabinete no quisiera hacer
nada, no hace nada, y usted le pide la ejecución de sentencia al Estado
nacional exactamente de la misma manera.
Así es como se hace.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada
por Santa Fe.
Sra.
Frana.- Señor presidente: en el mismo sentido que
los señores diputados Cleri y Grandinetti, acompaño la moción de la señora
diputada Ciciliani.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Formosa.
Sr.
Díaz Roig.- Señor presidente: adhiero al pedido
de incorporar el texto leído al proyecto de ley.
Tenemos
un precedente que ya hace que cualquier cuestión reglamentaria de este tipo
carezca de sentido. Hace un tiempo, a
esta misma hora, durante el tratamiento de una iniciativa previsional,
sancionamos una norma que transfirió la UIF del Ministerio de Justicia al de
Economía sin que hubiera un solo dictamen y sin haber entrado en el análisis
del presupuesto.
Atento
a ese precedente, no veo ningún motivo para que no tratemos esto como un
agregado a un artículo o como un nuevo artículo, tal como se agregaron aquella
vez dos artículos sin dictamen de comisión y sin pedir los dos tercios ni los
tres cuartos reglamentarios.
Hagamos
lo mismo ahora, porque no solo es en el interés de dos provincias, sino en el
de todas las demás interesadas en que se cumpla, porque recordemos que se trata
de la detracción del 15 por ciento.
Adherimos
al planteo de la señora diputada Ciciliani, y atento al precedente que he
invocado, no vemos ningún inconveniente reglamentario en que se trate como
agregado a un artículo o como uno nuevo.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Recalde.- Señor presidente: me parece que es
necesario aceptar la inclusión como último párrafo del artículo 73, porque más
allá de que hay una condena firme de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
el Parlamento -que es un poder del Estado- está expresando su voluntad en la
dirección del cumplimiento de la sentencia.
Este es el espíritu del legislador del que queremos que quede constancia
y queremos que se vote, para que el jefe de Gabinete ya tenga la habilitación
presupuestaria de este Congreso para proceder al pago de la sentencia firme de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
(Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: pido que a través de
la Presidencia transfiera la pregunta al señor diputado Negri en el sentido de
que si no es necesario hacerlo porque hay un fallo de la Corte, ¿por qué
incluimos el artículo 61, que también hacía referencia a un fallo de la
Corte? Creo que se puede hacer una
modificación al artículo. (Aplausos en las bancas.)
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.
Sr.
Negri.- Señor presidente: para evitar una
discusión que pueda ponernos en una posición caprichosa, vamos a aceptar el
agregado. A esos efectos, pido que se
precisen los términos de la autorización.
Sr.
Presidente (Monzó).- Señora diputada Ciciliani: ¿puede precisar nuevamente su
propuesta?
Sr.
Ciciliani.- Señor presidente: quiero aclarar que
esto lo hemos conversado reiteradamente en las comisiones. Esto no afecta en nada los recursos de la
Nación. Nosotros somos provincias que estamos negociando trabajar juntas y que
formamos parte de una Nación, pero queremos que se nos reconozcan nuestros
derechos. Así como figuran las provincias deudoras, ¿por qué no van a figurar
las provincias acreedoras? Esto no representa ningún problema y no entendemos
por qué tuvimos que llegar a esta discusión. Lo único que dice es: “Autorízase
al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias
necesarias, a fin de dar cumplimiento al pago de condenas judiciales firmes, a
favor de la provincia de San Luis, conforme sentencia dictada por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación de los autos ‘San Luis, Provincia de c/ Estado
nacional, s/ acción declarativa de inconstitucionalidad y cobro de pesos’,
expediente S191/09 y ‘San Luis, Provincia de c/ Estado nacional, s/ cobro de
pesos’, expediente S1039/08, y a favor de la provincia de Santa Fe, conforme
sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos
‘Santa Fe, Provincia de c/Estado nacional, s/ acción declarativa de
inconstitucionalidad’, expediente S538/09 y ‘Santa Fe, Provincia de c/ Estado
nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad’, expediente S539/09,
sin afectar los límites presupuestarios ya aprobados en los artículos
precedentes”.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Laspina.- Señor presidente: no era intención de
esta presidencia de la comisión insertar un nuevo artículo que para nosotros
era redundante en términos legales.
Entiendo
el significado político de este artículo que se propone y he escuchado las
opiniones de la mayoría de los bloques aquí presentes.
Como
dije al principio de mi alocución, comparto el sentido del reclamo, más no el
sentido jurídico de lo que se está proponiendo. Pero como este es un cuerpo
esencialmente político, vamos a apoyar la incorporación propuesta por la
diputada Ciciliani, como un párrafo adicional al artículo 73 del presente
proyecto de ley.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va votar el artículo 73, con las modificaciones aceptadas por
la comisión.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Pastori.- Señor presidente: pido la palabra para
formular una moción de reconsideración.
Sr.
Presidente (Monzó).- Para una moción de reconsideración, tiene la palabra el señor
diputado por Misiones.
Sr.
Pastori.- Señor presidente: voy a tratar de ser
breve. Se trata del artículo 17.
El
año pasado, cuando se trató el presupuesto que rige el corriente ejercicio, el
entonces oficialismo del Frente para la Victoria aprobó un artículo que excluyó
del control de la Auditoría General de la Nación y de la SIGEN a las empresas
Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur, Sociedad Anónima.
Este
año, en consecuencia, no están siendo auditadas.
El
proyecto del Ejecutivo vuelve a incorporar a las empresas dentro de la órbita
de la ley 24.156, pero advertimos que la redacción que hemos votado
recientemente en el último párrafo, a nuestro criterio, es deficiente. Dice:
“La Auditoría General de la Nación fiscalizará, evaluará y emitirá dictamen
sobre las rendiciones de cuentas de los fondos transferidos...”
En
realidad, la Auditoría General de la Nación no fiscaliza, no evalúa ni emite
dictamen sobre las rendiciones de cuentas, sino que tiene que efectuar la
auditoría de las cuentas de estas empresas.
Por
lo tanto, señor presidente, si se acepta la moción de reconsideración, y a
efectos de que quede mejor precisada la redacción, para que no quede ninguna
duda sobre nuestra intención, leeré el artículo tal como lo hemos votado: “Art.
17.- Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio del
Transporte de la Nación, a instrumentar los mecanismos correspondientes, a los
fines de cubrir las necesidades financieras de Aerolíneas Argentinas Sociedad
Anónima y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur Sociedad Anónima y sus
controladas hasta el 31 de diciembre de 2017.
“El monto de las asistencias a
realizarse deberá considerarse, como transferencias corrientes y de capital según
corresponda, con obligación de rendir cuentas de su aplicación al Ministerio de
Transporte”.
Este
es el texto que hemos votado. El cambio
que proponemos es el siguiente: “Las empresas comprendidas en el presente
artículo se regirán por las normas y principios del derecho privado, por lo que
no le serán aplicables las disposiciones de la ley 19.549 de procedimientos
administrativos, y sus modificatorias del decreto 1.023 de fecha 13 de agosto
de 2001, régimen de contrataciones del Estado y sus modificatorias, de la ley
13.064 de obras públicas y sus modificatorias, ni en general normas o
principios de derecho administrativo, sin perjuicio de los controles de
legalidad, gestión y auditoría de la Sindicatura General de la Nación y de la
Auditoría General de la Nación que resultan aplicables, por imperio de la
Constitución Nacional en su artículo 85 y de la ley 24.156 de administración
financiera y de los sistemas de control del sector público nacional y sus
modificatorias”.
Esta
es la propuesta y el pedido de reconsideración.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Laspina.- Señor presidente: efectivamente, aunque
es un poco compleja la redacción, esta es una propuesta que ha conversado el
diputado Pastori con miembros de la Auditoría General de la Nación para mejorar
la redacción y ser más específico respecto al rol de la Auditoría, dado que se
trata de una situación particular en la cual se estará auditando a una empresa
privada.
Pero
quiero ser claro: esto no cambia en absoluto el espíritu de lo que se ha
votado, en cuanto a que la AGN vuelva a tener injerencia y control sobre la
compañía. Por el contrario, refuerza los atributos de control de la AGN sobre
Aerolíneas Argentinas y Austral.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va votar la moción de reconsideración propuesta por el señor
diputado Pastori. Se necesitan los dos tercios de los votos que se emitan.
- Resulta negativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda rechazada la moción.
En
consideración el artículo 74.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se votan y aprueban
los artículos 75 a 77.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el artículo 78.
Tiene
la palabra el señor diputado por La Rioja.
Sr.
Olivares.- Señor presidente: quiero incorporar en
este artículo algo que he expresado en mi intervención cuando se trataba el
presupuesto, respecto a condonar deuda de las empresas que han hecho uso de la
reexpresión de los bonos de crédito fiscal.
Se trata de empresas que han estado beneficiadas por el régimen de
promoción industrial de la ley 22.021.
Creo
que es una decisión política importante de este gobierno preservar,
fundamentalmente, las fuentes de trabajo que estas empresas generan en la
provincia de La Rioja, porque de ellas dependen 10.000 puestos de trabajo.
Consideramos
esto como una reivindicación histórica para la provincia de La Rioja, teniendo
en cuenta que estas empresas, desde hace más de diez años, tienen juicios
pendientes. Por ello queremos darles la certeza y la resolución sobre este
tema, que es tan caro al acompañamiento de todos los trabajadores que se ven
beneficiados por los puestos de trabajo que hoy generan.
Durante
más de diez años, el gobierno que finalizó el 10 de diciembre no tomó la
decisión política de solucionar este inconveniente…
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Olivares.- Debo ser claro en esto, señor
presidente…
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr.
Olivares.- Vamos a generar certidumbre a las
empresas y a muchos trabajadores que dependen de esto para poder vivir en
nuestra provincia.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por La Rioja.
Sra.
Madera.- Señor presidente: a todos los compañeros
de esta Cámara, pero también al bloque oficialista y al miembro que ha tenido
la tarea de informar sobre este dictamen, quisiera pedirle que tenga a bien
incorporar un artículo, que va a venir a saldar una vieja deuda que tenemos con
la provincia de La Rioja.
Creo
que con esto, de alguna manera, podríamos estar cumpliendo, no con 10.000
familias como decía el diputado que me antecedió en la palabra, sino con 5.000
familias, porque son 28 empresas precisamente las que necesitan solucionar sus
problemas de los bonos fiscales.
Proponemos
el siguiente artículo: “Incorpórese a continuación del artículo 116 de la Ley
N° 11.672, complementaria permanente del presupuesto 2014, el siguiente
Artículo 116 Bis.- ‘Condónense las
deudas de empresas beneficiarias del régimen de promoción industrial N° 22.021
y sus modificaciones, generadas hasta el
período fiscal 2015 –cualquiera sea el estado en que las mismas se
encuentren‑, originadas por el usufructo de una cantidad de bonos de
crédito fiscal superior a la originalmente reconocida, que hubiera sido
acreditado en el marco de un proceso judicial cuyo resultado finalmente fue
adverso a las beneficiarias del citado régimen, en la medida en que dichas
empresas hubieran cumplido con las obligaciones previstas en su acto particular
de concesión de beneficios. La condonación alcanza el capital adeudado,
intereses resarcitorios y/o punitorios. Quedan excluidos de la condonación
prevista en el párrafo anterior todos aquellos beneficios otorgados al amparo
de actos considerados o que pudieren considerarse nulos y sin valor en los
términos del artículo precedente.
“Facúltase
al Poder Ejecutivo Nacional, previa intervención favorable del Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas, del Ministerio de Producción, de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, y de las respectivas autoridades
de aplicación del citado régimen, a extender el correspondiente certificado de
cumplimiento promocional a los efectos de habilitar la mentada condonación para
cada caso en particular.
“Suspéndase
por 180 días hábiles administrativos, contados desde la entrada en vigencia de
la presente ley, las ejecuciones fiscales relacionadas con las deudas
mencionadas en el primer párrafo del
presente artículo; facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos a
prorrogarlo hasta tanto concluya la verificación del cumplimiento por parte de
las empresas involucradas.
“El
Poder Ejecutivo Nacional reglamentará lo prescrito en este artículo y dictará
las normas complementarias que resulten necesarias para su aplicación.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Laspina.- Señor presidente: ha sido un pedido de
varios diputados de la provincia de La Rioja. Ha sido también conversado con el
Poder Ejecutivo Nacional y con la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Propongo que esta propuesta de la diputada se considere en el recinto para ser
incorporada, de la misma forma en que hicimos en el caso de la provincia de
Santa Fe.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr.
Recalde.- Señor presidente: simplemente es para
apoyar exactamente lo que narró la señora diputada Madera.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Sr.
Olmedo.- Señor presidente: usted sabe que parte
de mi vida también está en La Rioja.
Sr.
Presidente (Monzó).- Lo sabemos.
Sr.
Olmedo.- Es, entonces, un orgullo acompañar a los
riojanos en la propuesta.
Sr.
Presidente (Monzó).- ¿Dónde se incorporaría el
artículo que vamos a votar?
Diputado
Laspina: ¿el artículo 78 se vota como está?
Sr.
Laspina.- Sí, el artículo 78 se vota como está.
Hay
que renumerarlo. Propongo que sea el 79.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: simplemente para que
quede claro que estaríamos votando el 78 y después la incorporación, que sería
un 78 bis y no el 79 actual que está en el dictamen. Porque el artículo 79 del
dictamen tiene cambios. Que no se confunda la propuesta del diputado Laspina.
Sr.
Presidente (Monzó).- Muy bien, señor diputado.
Después
sigo con el 79 del orden del día. Ya me enseñó un día la diputada Graciela
Camaño cómo se hace.
Se
va a votar el artículo 78.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el nuevo
artículo 79, propuesto por la señora diputada Madera.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el
artículo 79 del orden del día.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad de Buenos Aires.
Sr.
Lavagna.- Señor presidente: se trata de un régimen
por el cual se pueden utilizar las pautas publicitarias para pagar las deudas
que tienen algunas empresas. Solicitamos una incorporación al final del
artículo por la cual se disponga la prohibición de utilizar este mecanismo 90
días antes de las elecciones primarias y hasta que terminen las elecciones
generales, en todos los años electorales.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Laspina.- Señor presidente: vamos a aceptar la
modificación propuesta por el señor diputado Lavagna. Voy a leer cómo quedaría
el artículo 79 del orden del día modificado:
“Facúltase
al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las modificaciones presupuestarias
que resulten necesarias a fin de lograr la regularización de los circuitos administrativos
y de las obligaciones generadas, como consecuencia de la dación en pago de
espacios publicitarios y/o servicios conexos generados con anterioridad y
durante el ejercicio 2017, en el marco de lo dispuesto en el decreto 1.145/2009
y sus modificatorios decretos 852/2014, 2.379/2015 y 345/2016. Asimismo,
autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a dictar las normas complementarias
para la instrumentación del presente artículo.
“La
utilización de la publicidad producto de la dación en pago queda expresamente
prohibida noventa (90) días antes de la elección primaria y hasta la
finalización de la elección general, en los años de realización de elecciones.
El crédito a utilizar nunca podrá ser superior al 20 por ciento por período
fiscal.”
Sr.
Presidente (Monzó).- Solicito al Cuerpo que
autorice a la Presidencia a renumerar el articulado del proyecto de ley
aprobado en general.
- Asentimiento.
Sr.
Presidente (Monzó).- Se va a votar el artículo
79, con las modificaciones propuestas.
- Resulta afirmativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- En consideración el
artículo 80.
Tiene
la palabra el señor diputado por la Ciudad de Buenos Aires.
Sr.
Kicillof.- Este artículo ratifica los convenios
celebrados en el Programa Federal de Desendeudamiento para las Provincias
Argentinas, un programa creado por el decreto 660, de mayo de 2010.
Proponemos,
en favor de las provincias que están dentro de este régimen, que se establezca
un plazo de gracia. Propongo para ello la siguiente redacción:
“Prorrógase
el plazo de gracia para el pago de los intereses y la amortización acordados en
el marco del Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas,
como así también en los Convenios de Asistencia Financiera rubricados por el
Estado nacional y las distintas Provincias en el marco del artículo N° 26 de la
Ley N° 25.917 y del Artículo N° 130 de la Ley N° 11.672 por el término de TRES
(3) ejercicios, debiendo las Provincias interesadas manifestar su intención a
tal fin dentro de los DIEZ (10) días de promulgada la presente norma.
“Establézcase,
como régimen excepcional, que los Adelantos Financieros otorgados por el Estado
nacional durante el ejercicio 2016 a favor de las Provincias, y en tanto éstas
manifiesten su intención dentro del plazo establecido en el párrafo anterior,
sean pagaderos bajo las mismas pautas, plazos y condiciones establecidos en los
Convenios celebrados en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento de
las Provincias Argentinas.”
Esto
es en beneficio de las provincias, y pido a los bloques que consideren la
posibilidad de dar esta certeza financiera a quienes están con problemas de
recursos, por la caída de la recaudación nacional y provincial.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la
palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Laspina.- Señor presidente: no se acepta la
modificación propuesta al artículo 80.
Sr. Presidente (Monzó).- Se va a
votar el artículo 80, tal como figura en el dictamen de mayoría.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se vota y aprueba el
artículo 81.
Sr. Presidente (Monzó).- En
consideración el artículo 82.
Tiene
la palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Borsani.- Señor presidente: a unos cuantos
legisladores nos ha sorprendido la incorporación de este artículo, que no trata
de una materia presupuestaria, sino de asuntos que están previstos en la
legislación de fondo en relación con la iniciación de contratos de obras
públicas o de obras hidroeléctricas.
El
artículo 82 propuesto por el dictamen señala que, no obstante las autorizaciones
otorgadas –referidos a las obras públicas-, se podrán iniciar los procesos de
contratación de las obras de infraestructura energética e hidroeléctrica cuando
exista la expresa aprobación de la partida del Comité de Cuenca Hídrica
respectiva o, si todavía no se ha constituido, de cada uno de los gobiernos
condóminos, según lo previsto en la ley 25.688, sobre régimen de gestión
ambiental de aguas.
Se
está poniendo en riesgo la iniciación de varias obras hidroeléctricas en el
país. Se trata de obras cuya iniciación es urgente, porque todos sabemos la
situación energética crítica por la que atraviesa nuestro país.
Nos
estamos refiriendo a obras que tienen proyecto ejecutivo concluido, que se
encuentran dentro del Programa de Obras Prioritarias de este presupuesto y que
tienen las planillas de avales para la financiación. Por ejemplo, Chihuido I,
Portezuelo del Viento, Los Blancos, El Tambolar y Potrero del Clavillo.
En
algunos casos, como en Chihuido I o en Portezuelo del Viento hay cuencas que
están constituidas. Por otra parte, obras como Los Blancos, El Tambolar y
Potrero del Clavillo pertenecen a cuencas que no están constituidas. Por lo
tanto, el Comité de Cuencas no puede decidir sobre su autorización o no.
Entonces,
de acuerdo a este caprichoso artículo, ello queda a resultas de la autorización
de todas y cada una de las provincias que conforman la cuenca de los ríos
respectivos.
Sr. Presidente (Monzó).- Le queda
un minuto para concluir su exposición, señor diputado.
Sr.
Borsani.- El tema es muy grave como para
soslayarlo, porque estamos hablando de 7.000 millones de dólares en el caso de
los avales para Chihuido I, Portezuelo y Los Blancos, de 1.000 millones para El
Tambolar en la provincia de San Juan y 639 millones en el caso de Potrero del
Clavillo, previstos en este presupuesto.
Esto
es un riesgo enorme. No es posible que tengamos un artículo como este, que
incluye expresiones atribuidas a leyes que no expresan eso. Cuando dice “...o,
si aún no se ha constituido, de cada uno de los gobiernos condóminos, según lo
previsto en la ley 25.688.” ¡La ley 25.688 no dice eso! Entonces, nosotros no
podemos especificar en el proyecto de ley de presupuesto lo que no dice otra
ley. Esto no está bien hecho y nos sorprende, porque no es materia de este proyecto
de presupuesto. Esto es inconveniente para el país.
El
91 por ciento de los ríos que escurren en la Argentina son interprovinciales,
hay más de 15 cuencas, pero solo 3 están constituidas. Entonces, dejamos al
arbitrio y al capricho de que algunas provincias lo autoricen o no.
Voy
a proponer que se excluya este artículo del proyecto de presupuesto de la
Nación.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la
palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Carmona.- Señor presidente: me voy a sumar a las
expresiones vertidas por el señor diputado preopinante.
En
este caso, por la vía presupuestaria, estamos tratando de buscar la resolución
de un viejo conflicto interprovincial que deberíamos resolver por la vía del
acuerdo y del diálogo, tal como se ha propuesto en más de una ocasión.
Sin
embargo, sumándome a la posición expresada por el señor diputado Borsani, creo
que es muy importante que reconsideremos el papel del Comité de Cuencas en la
República Argentina. Muchas veces se ha soslayado su rol y se han dejado de constituir
comités de cuencas que correspondía constituir. En todo caso, los comités de
cuencas tienen que favorecer los acuerdos entre las provincias en relación con
estos conflictos.
Concluyo
señalando que acompañaré la posición expresada por el señor diputado Borsani.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la
palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr.
Abraham.- Señor presidente: cuando hice mi
alocución respecto de las consideraciones generales del proyecto de
presupuesto, marqué al artículo 82 o artículo 83 renumerado como uno de los
problemas de esta iniciativa.
Por
lo tanto, acompañaré la propuesta del señor diputado Borsani respecto de
eliminar este artículo del proyecto de presupuesto.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la
palabra el señor diputado por San Juan.
Sr.
Gioja.- Señor presidente: quiero compartir la
inquietud y la postura del señor diputado Borsani.
Es
preciso tener un razonamiento muy simple, porque no se trata solamente de estas
obras que él mencionó, sino que esto quedará para las obras futuras. Todas las
provincias andinas, donde nacen los ríos -generalmente, nacen en la
cordillera-, van a tener la misma dificultad.
Por ello creo que estamos agregando un tema
burocrático en obras que están resueltas, que tienen financiación y, como en el
caso de El Tambolar, ya están contratadas. Me parece que es un tema para
debatir en otro espacio y no en la discusión del proyecto del presupuesto.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la
palabra el señor diputado por Santa Fe.
Sr.
Laspina.- Señor presidente: es un tema que divide
aguas, y conviene someterlo a votación.
- Varios señores diputados hablan a la
vez.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la
palabra el señor diputado por La Pampa.
Sr.
Ziliotto.- Señor presidente: sorprende mucho
cuando se buscan argumentos falaces para mantener una posición e incumplir con
las leyes vigentes. Las leyes no son buenas o malas, simplemente se cumplen. Si
se presenta un proyecto, se debate y, si se tiene mayoría, se cambia la ley.
Este
tema fue abordado en la comisión. No nos sorprendió a quienes hemos trabajado
en la iniciativa. La inserción de este artículo fue planteada en dos ocasiones
en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y esta posición fue acompañada por el
ministro Frigerio.
En
mi intervención leí la versión taquigráfica. Lo digo claramente: no estamos en
contra de ninguna obra. Queremos que las obras se realicen porque es progreso y
es hacer eficiente el uso del agua, pero debemos garantizar que se cumpla con
la ley de presupuestos mínimos ambientales para la utilización de las aguas.
Queremos
que esas represas se realicen, pero que sean manejadas en virtud de los
derechos que todas las provincias condóminas tienen sobre los recursos
naturales. No solo las que tienen cuenca, sino también aquellas cuyos ríos han
sido declarados interjurisdiccionales por la Constitución Nacional.
Sr.
Presidente (Monzó).- La Presidencia desea señalar que hay seis señores diputados
anotados para hacer uso de la palabra respecto de este tema, por lo que considera
que se va a generar una disputa territorial que podría extender el debate hasta
las 10 de la mañana.
Si
no hay objeciones, se autorizarán las abstenciones de los señores diputados.
- No hay objeciones.
Sr.
Presidente (Monzó).- Por lo tanto, se va a votar nominalmente el artículo en
consideración sin modificaciones, tal como lo solicitó el señor miembro
informante.
- Se
practica la votación nominal.
- Conforme al tablero electrónico, sobre
194 señores diputados presentes, 110 han votado por la afirmativa y 67 por la
negativa, registrándose además 14 abstenciones. No se ha computado el voto de 2
señores diputados.
Sr. Secretario (Inchausti).- Hubo 110
votos por la afirmativa, 67 por la negativa y 14 abstenciones.
AQUÍ VOTACIÓN NOMINAL
Sr.
Kicillof.- Pido la palabra.
Sr.
Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr.
Kicillof.- Señor presidente: solicito que se deje
constancia de mi voto por la negativa.
Sr.
Presidente (Monzó).- Así se hará, señor diputado.
Tiene
la palabra el señor diputado por San Juan.
Sr.
Gioja.- Señor presidente: quiero aclarar que con
el señor presidente del bloque del PRO habíamos acordado agregar un artículo,
pero finalmente he decidido no presentar la propuesta.
Sr.
Presidente (Monzó).- Muy bien, señor diputado.
En
consideración en particular el artículo 83.
Se
va a votar.
- Resulta afirmativa.
- Sin observaciones, se votan y aprueban
los artículos 84 a 86.
- El artículo 87 es de forma.
Sr.
Presidente (Monzó).- Queda sancionado el proyecto de ley. (Aplausos en las bancas.)
Se
comunicará al Honorable Senado.
Si
hay asentimiento de
- Asentimiento.
Sr.
Presidente (Monzó).- Quedan autorizadas las inserciones solicitadas.
Habiéndose
cumplido su objeto, queda levantada la sesión especial.
- Es la hora 5 y 45 del día 3 de
noviembre.