12ª REUNIÓN – 11ª SESIÓN
ORDINARIA (INFORMATIVA)
Presidencia
de los señores diputados Emilio Monzó, José Luis Gioja, Pablo Gabriel Tonelli y
Patricia Viviana Giménez
Secretarios: don Eugenio Inchausti, ingeniera Florencia Romano y licenciada María Luz Alonso
Prosecretarios: doña Marta Alicia Luchetta y doctor Marcio Barbosa Moreira
Ministros y funcionarios presentes:
Señor jefe de
Gabinete de Ministros, licenciado Marcos Peña; señora secretaria de Relaciones
Parlamentarias y Administración, doctora Paula María Bertol; titular de la
Unidad Plan Belgrano, doctor José Manuel Cano; señor secretario de Comunicación
Pública, don Jorge Miguel Grecco; señor secretario de Coordinación de Políticas
Públicas, licenciado Gustavo Sebastián Lopetegui; señor secretario de Asuntos
Estratégicos, licenciado Fulvio Valerio Pompeo; señor secretario de
Coordinación Interministerial, licenciado Mario Eugenio Quintana, e ingeniero
Hernán Santiago Lombardi, titular del Servicio Federal de Medios y Contenidos Públicos.
Lista de asistencia
SUMARIO
1. Izamiento de la bandera nacional.
2. Himno Nacional Argentino.
3. Informe del señor jefe de Gabinete de
Ministros.
- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veinticuatro días
del mes de agosto de 2016, a la hora 12 y 49:
- 1 -
Sr. Presidente (Monzó).- Con la presencia de 132 señores
diputados queda abierta la sesión en la que el señor jefe de Gabinete de
Ministros brindará su informe, de acuerdo con lo previsto en el artículo 101 de
Invito a la
señora diputada por el distrito electoral de Entre Ríos doña Yanina Gayol y al
señor diputado por el distrito electoral de Santa Fe don Alejandro Grandinetti a
izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
- Puestos de pie los señores diputados y el público presente,
la señora diputada doña Yanina Gayol y el señor diputado don Alejandro
Grandinetti proceden a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.(Aplausos en las bancas y en las galerías.)
- 2 -
Sr. Presidente (Monzó).-
Invito a los señores legisladores y al público presente a entonar las
estrofas del Himno Nacional Argentino, que será interpretado por un cuarteto de
cuerdas de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación.
- Puestos de pie, los señores diputados y el público presente
entonan las estrofas del Himno Nacional Argentino. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)
- 3 -
Sr. Presidente (Monzó).-
Oportunamente, la Presidencia hizo llegar a los presidentes de los bloques
políticos que componen la Honorable Cámara copia del escrito que fuera remitido
por el señor jefe de Gabinete de Ministros, en el que se informa sobre los
temas a exponer.
La Presidencia
comunica que se encuentra en antesalas el señor jefe de Gabinete de Ministros.
Si hubiere asentimiento, se lo invitará a ingresar al recinto.
- Asentimiento.
Sr. Presidente (Monzó).-
Invito al señor jefe de Gabinete de Ministros a hacerse presente en el recinto.
- Ocupan sus asientos en el recinto el señor jefe de Gabinete
de Ministros, licenciado Marcos Peña; la señora secretaria de Relaciones
Parlamentarias y Administración, doctora Paula María Bertol; el señor
secretario de Comunicación Pública, Jorge Miguel Grecco; el señor secretario de
Coordinación Interministerial, licenciado Mario Eugenio Quintana; el titular de
la Unidad Plan Belgrano, doctor José Manuel Cano; el señor secretario de
Coordinación de Políticas Públicas, licenciado Gustavo Sebastián Lopetegui, y
el señor secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Valerio Pompeo. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)
Sr. Presidente (Monzó).-
Con el objeto de brindar el informe previsto en el artículo 101 de la
Constitución Nacional, tiene la palabra el licenciado Marcos Peña.
Sr. Jefe de Gabinete
de Ministros.- Señor presidente, señores diputados: es una alegría estar
nuevamente presente aquí y aprovechar el ámbito institucional para conversar,
responder a preguntas e inquietudes, y al mismo tiempo, analizar la agenda de
lo que pasó en estos meses y de lo que viene por delante en el marco de trabajo
entre la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo.
En primer
lugar, quiero hacer una pequeña mención de solidaridad del gobierno argentino
–y de todos nosotros- con el pueblo de Italia a raíz del terremoto que sufrió
en el día de hoy dicho país. El señor presidente de la Nación se ha comunicado
con el primer ministro, Matteo Renzi, para expresarle nuestra total solidaridad
y apoyo en este momento tan complejo para un país muy querido por todos
nosotros.
Hace unos
días estuve repasando lo que ocurrió el 27 de abril, cuando vine aquí. Tomé
nota de los temas sobre los que conversamos en ese momento, que fueron motivo
de debate, propuestas e inquietudes. Viendo todas las cosas que ocurrieron
durante estos cuatro meses, lo primero que deseo manifestar –como lo hice en
esa ocasión, por una norma importante que se había sancionado- es mi
agradecimiento y felicitación tanto al señor presidente de la Honorable Cámara,
diputado Monzó, como a los presidentes de los distintos bloques y a los
legisladores en general por haber avanzado en muchísimos temas luego de un
intenso trabajo en esos cuatro meses.
En muchos
casos, se trató de propuestas del Poder Ejecutivo que se mejoraron y
enriquecieron a partir del debate, y en otros, de planteos de esta Cámara que
se resolvieron y lograron concretarse. Lo más importante es que más allá de las
diferentes opiniones que expresa cada fuerza política podemos trabajar en un marco
de respeto y entendimiento, considerando que los acuerdos y los consensos son
más importantes que los disensos y las diferencias. En este sentido, buscar
puntos en común nos permite avanzar.
Deseo
destacar cinco cuestiones. La primera, sin duda la más importante y
trascendente en este momento del país, es la reparación histórica de los
jubilados. Por esta iniciativa, más de dos millones de jubilados se verán
beneficiados por esta política que se trabajó aquí en forma conjunta. Cabe
aclarar que más de 250.000 ya han cobrado sus haberes mejorados, y a partir del
mes de septiembre se empezarán a pagar sentencias. De esta manera, podremos
empezar a transitar el camino de reparación con una de las grandes deudas que
tenía la Argentina: sus abuelos y abuelas.
Centralmente,
esto fue posible gracias al trabajo en equipo, que permitió lograr una ley muy
compleja que contempla el sinceramiento fiscal, el desafío de la devolución del
15 por ciento a las provincias y muchos otros temas relacionados con deudas
internas que veníamos arrastrando y que hoy podemos decir que estamos en
proceso de superación.
En segundo
lugar, quiero destacar la ley sobre devolución del IVA para los sectores más
postergados, para los beneficiarios de la AUH y también para los que reciben la
jubilación mínima. Gracias a esa devolución del IVA, ya en los primeros quince
días de aplicación de la norma se realizaron más de un millón de transacciones
y casi seiscientas mil personas recibieron un beneficio. En ese sentido,
sentimos que este primer paso ha sido muy exitoso. Junto con la AFIP y la ANSES
seguimos trabajando para ver cómo mejorar su implementación. Claramente, esta
fue una política que surgió del consenso para ayudar a recomponer el poder
adquisitivo de los sectores más postergados en nuestra sociedad en este momento
tan particular.
Destaco lo
que también fue un trabajo en conjunto, como es el caso de la ley de autopartes
‑que surgió de la iniciativa de esta Cámara‑ y la ley de pymes. Se
trata de dos instrumentos concretos tendientes a fortalecer el trabajo y
generar más herramientas para que los sectores productivos tengan capacidad
para crecer y así generar empleo. Estamos terminando el proceso de
reglamentación y por todo lo que hemos podido trabajar con el sector de pymes
en la Argentina, estas serán herramientas que ayudarán a multiplicar la
generación de empleo en todos los sectores.
También
quiero resaltar la importancia de las leyes de seguridad y justicia que han
sido tratadas aquí. Estos también fueron pasos importantes para conseguir el
objetivo de terminar con el narcotráfico y lograr un cambio de dinámica en
torno al fortalecimiento de la capacidad del Estado para poder hacer justicia,
aplicar la ley y terminar con la impunidad, y de esa manera dar una señal clara
de que el delito y el narcotráfico en nuestro país serán más costosos.
Podríamos
hablar de muchas cosas más, pero por último quiero destacar también la sanción,
por parte de esta Cámara, de la ley de acceso a la información pública. Hemos
planteado en el Senado la importancia de resolver este tema lo antes posible
para poder contar con un instrumento que aún está pendiente en la Argentina.
No voy a
hacerme el distraído acerca de la diferencia pública que tuvimos en su momento
con respecto a la “ley antidespidos”. De todas formas, eso no impidió debatir y
llegar a consensos en muchísimos temas tales como los que he citado hasta
ahora, que nos abren oportunidades para trabajar en más consensos a futuro.
En el Poder
Ejecutivo hemos podido avanzar en muchas herramientas que surgen del consenso y
el diálogo, particularmente a partir del trabajo en conjunto con los
gobernadores y gobernadoras de nuestro país.
En ese
sentido, quiero subrayar el acuerdo que se hizo en materia de educación por su
trascendencia y por lo que implica a largo plazo. La vez pasada habíamos
mencionado el acuerdo de Purmamarca planteado entre los ministros de Educación
provinciales a principios de año para incorporar la evaluación, tener una
mirada sobre la mejora en la calidad educativa, trabajar en el fortalecimiento
de la escuela y la inclusión de la sala de 3, entre muchos otros objetivos.
Semanas
atrás, el presidente, junto con el ministro de Educación y varios gobernadores,
incorporaron a la sociedad civil, los cultos, las universidades para que
participen en el fortalecimiento de un esquema que permita establecer
propuestas para avanzar en materia educativa, como política de Estado en
nuestro país.
Otra cuestión
muy importante es que ayer fue un día histórico para el federalismo en la Argentina.
Gracias a la ley de reparación histórica y a un acuerdo suscrito con las
veinticuatro jurisdicciones de nuestro país, ayer se pagó la primera cuota de
la devolución del 15 por ciento. Este nos parece un paso muy importante para
llevar a los hechos lo que manifestamos desde el discurso: la importancia de
que el federalismo no sea solo una cuestión que se menciona en las campañas,
que la relación con los gobernadores no sea –como algunos han planteado‑
solo para sacar algo a las provincias. Por el contrario, a partir de seis
reuniones realizadas con todos los gobernadores, coordinadas por el ministro
del Interior, se pudo avanzar en la articulación de una agenda común, no solo
en la resolución de las metas fiscales de cómo pensar el futuro en lo que tiene
que ver con el Estado y el federalismo, sino también para fortalecer cada vez
más las competencias y los recursos que las provincias necesitan para ejercer
las políticas que les corresponden.
Otro tema
importante para nosotros tiene que ver con el lanzamiento de la Cobertura
Nacional de Salud, además de la solución de la cuestión vinculada con las
deudas sindicales. También hemos elaborado un proyecto que ya está en
tratamiento, referido a la agencia tecnológica en materia de salud. Deseamos
tener una mirada integral incorporando los tres subsectores ‑obras
sociales, prepagas y sistema público estatal‑ con una mirada estratégica
común que nos permita determinar hacia dónde queremos ir en materia de
salud. Tenemos que trabajar con una
agenda en la que hay un montón de deudas que se acumulan ilegítimamente.
Debemos tener una mesa de trabajo conjunto para decidir cómo vamos a ir
planificando lo que viene.
Sabemos que
las complejidades en el tema de salud hoy son muy grandes: los costos de los
medicamentos, la tecnología, lo relativo a enfermedades especiales, la
discapacidad, etcétera. La idea es que tengamos una agenda de trabajo en común.
Creo que hemos dado un paso muy importante en la labor que encaramos con los
tres subsectores que he mencionado, además de las centrales obreras y las obras
sociales sindicales.
Cuando vine a
esta Cámara hace cuatro meses, uno de los reclamos que me formularon se refirió
a la necesidad de un INDEC que diera estadísticas confiables y que de a poco se
fuera normalizando. Dijimos que habría un cronograma en ese sentido. Primero,
fue la inflación y el IPC. Ahora, además de otros indicadores, podemos tener
sobre la mesa datos creíbles y sólidos en materia de empleo y desocupación. A
partir del mes que viene tendremos datos relativos a la pobreza. Estos pasos,
que parecen básicos, hoy son importantes por la palabra empeñada y los logros
de un país que se va normalizando.
Ante todo,
debemos poder decir la verdad, y a partir de ahí ver cómo trabajamos todos
juntos para ir resolviendo estos temas.
Quiero
destacar que es importante que entre todos podamos tener la honestidad
intelectual del diagnóstico. Somos conscientes de que la desocupación de la que
hablamos ayer genera preocupación. Así lo ha dicho el señor presidente de la
Nación, y lo sabemos. También es importante que todos tengamos la honestidad de
la que les hablé para reconocer que el porcentaje de gente que trabaja es el
mismo que el del año pasado, esto es, el 41 y pico por ciento. Es el desafío
que tenemos en materia de generación de empleo.
Uno de los
temas a debatir en el futuro surge del hecho de que la desocupación en los
sectores jóvenes duplica la del resto de la población. Por eso, creemos que es
muy importante avanzar en la discusión del proyecto de ley del primer empleo.
Este instrumento es perfectible, pero creemos necesario tener políticas activas
y presentes del Estado para ayudar a compensar a aquellos sectores que se ven
más afectados por la falta de trabajo. Lo mismo habíamos dicho respecto del
Plan Belgrano y la posibilidad de tener políticas preferenciales de promoción
del empleo para el Norte de nuestro país.
Otro punto
importante para nosotros en estos meses tuvo que ver con la implementación del
plan “El Estado en tu Barrio”. Dicho plan incluye a más de doce dependencias
estatales que trabajan en forma desarticulada.
Muchas veces lo hicieron en el territorio y hoy lo están haciendo en el
conurbano bonaerense junto al gobierno provincial y a los intendentes de todos
los signos políticos. La idea es tener un abordaje territorial común. Se ha
estado entre cinco y seis días en los barrios postergados trabajando en temas
de salud, educación, documentación, ANSES, PAMI, prevención de la violencia de
género y prevención de las adicciones. Se ha generado un nuevo abordaje
territorial que ahora extenderemos al Gran Rosario. También trabajaremos en
Bariloche y en toda la zona que contempla el Plan Belgrano. Esto lo iremos
extendiendo por todo el país para que las áreas del Estado trabajen juntas,
independientemente del signo político al que pertenezcan. La idea es estar en
aquellos barrios que más lo precisan.
La
experiencia ha sido muy positiva, y aspiramos a contactarnos antes de fin de
año con un millón de personas que formaron parte de este programa. La idea es
ir cambiando la cultura para que la gente vea cómo trabaja el Estado dentro de
sí y cómo se relaciona en de los barrios.
Quiero
destacar el lanzamiento del plan contra la violencia de género, que fue muy
importante para reglamentar una ley pendiente desde hace varios años, surgida
de este Congreso. De esta manera, damos una primera respuesta integral y una
hoja de ruta de trabajo para hacer realidad el grito “Ni una menos” que todos
los argentinos, independientemente de esa señal política, suscribimos hace poco
tiempo en las calles de nuestro país.
Este plan es
un abordaje muy interesante e integral que está abierto siempre a la mejora y
la discusión, pero no cabe duda de que hay una mirada conjunta de todas las
áreas del Estado, con una cantidad de metas y seguimientos que nos permiten
decir que realmente este discurso del “Ni una menos” se lleva a la práctica con
una presencia del Estado. Esto tiene que ver más que con un compromiso
político, con una cuestión de responsabilidad humana, porque el Estado no se
puede hacer el distraído en este tema.
Tal como habíamos anticipado, también ha sido
importante el lanzamiento del Plan Nacional del Agua y del Plan Nacional del
Hábitat. Estamos recorriendo todo el país implementando en las localidades más
postergadas la posibilidad de abordajes integrales junto a la Secretaría de
Vivienda y Hábitat, y dentro de esta, la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo
Humano, del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda trabajando con
los intendentes en forma directa. El otro día estuvimos en Córdoba capital
trabajando con el intendente Mestre; hace pocos meses estuve con el gobernador
Urtubey recorriendo el Chaco Salteño con el fin de trabajar en un abordaje
integral del hábitat y sumando una tarea muy importante que tenemos que hacer
en materia de vivienda.
El plan de
viviendas se está poniendo cada vez más en marcha. Sabemos que todavía falta,
pero la prioridad está presente. A esto se suma el relanzamiento del Procrear y
otras herramientas como el crédito hipotecario, que creemos son centrales para
esa tarea de dinamización.
Poder
terminar nuestro mandato avanzando muy significativamente en lo relativo a
cloacas y aguas será muy importante, no solo para la dignidad de los que viven
en los barrios más postergados sino también para tomar conciencia de que la
pobreza no es solamente una cuestión de ingresos sino también de hábitat y de
posibilidades de igualdad, por ejemplo, en el acceso a cloacas y agua potable,
tan necesario en todo el país.
Después
podemos hablar más en detalle, porque seguramente habrá muchas preguntas. Hace
cuatro meses me formularon varias inquietudes sobre obra pública y hoy nos
encontramos con obras en marcha, centralmente en vialidad, Belgrano Cargas,
autopistas, aeropuertos y puertos. Se están poniendo en marcha después de lo
que sabíamos que era un problema grande que veníamos arrastrando en materia de
deuda flotante y falta de transparencia y planificación, que muchas veces no se
hacía en conjunto con las provincias y municipios. En ese sentido, creemos que
iremos viendo una mejora cada vez más fuerte.
A esto nos
referíamos cuando muchas veces hablábamos del segundo semestre. Decíamos que
tres cosas claramente iban a marcar un cambio de tendencia respecto del primer
semestre. Sentimos que las tres se están cumpliendo.
En primer
lugar, me refiero a la baja de la inflación, que hoy ya es indiscutida; está
claro que el sendero de baja que habíamos prometido está en marcha.
Independientemente de la discusión del impacto del fallo de la Corte en las
estadísticas, hemos visto que el INDEC no es discutido en lo técnico y se sabe
que da los datos correctos, y el primer dato del segundo semestre ha sido de
una inflación del 2 por ciento. Todos los números que vamos viendo por parte de
quienes hacen un seguimiento de la inflación indican que va a ser más baja en
agosto, y probablemente será el índice de inflación más bajo de los últimos
diez años.
Sabemos
también que muchas veces hay una discusión respecto de la actividad económica y
de que la Argentina todavía está en recesión, pero habrá un proceso de mejora.
Tal como lo expresamos, a lo largo del segundo semestre vamos a ir viendo
señales de mejora. El consenso de todos los economistas que vienen planteando
sus pronósticos, sean de los partidos políticos que fueren, es indica que el
año que viene la Argentina volverá a crecer, después de varios años sin
hacerlo.
Tenemos una
obra pública que avanza ‑este era otro de los compromisos fijados‑
y una inversión privada que a tan solo tres meses de salir del default suma en anuncios más de 35.000
millones de dólares. Todo esto, junto a las perspectivas de baja inflación,
indica que observaremos un cambio de tendencia que se irá consolidando mes tras
mes.
También
quiero destacar el espíritu que hubo en el Bicentenario del 9 de julio. Hubo
actas institucionales en las que participaron muchas fuerzas políticas y
también acuerdos suscritos por gobernadores. Con un espíritu de búsqueda se
plantearon acuerdos para el futuro, con un reencuentro masivo en todos los
rincones del país, en todas las plazas de la Nación, con una gran alegría de
llevar la bandera celeste y blanca y con la posibilidad de que en el tercer
centenario de la República haya más unión, menos desigualdad y más entusiasmo y
posibilidades de trabajo, desarrollo y agenda para el futuro.
Por más que
muchas veces estemos atrapados en la coyuntura del día a día, donde lo que pasó
la semana pasada parece que hubiera ocurrido hace un mes, y lo que pasó hace un
mes parece haber sucedido hace un año, es bueno que en este balance ustedes me
dan la oportunidad de destacar estas cosas.
Tenemos en
claro que estamos en una situación económica, política y social que a todos nos
plantea un desafío. Sabíamos que esto sería así, que no habría una hoja de ruta
única escrita para atender todos los problemas que tenemos, fortaleciendo al
mismo tiempo nuestra calidad democrática y la calidad de nuestro debate
político en forma permanente.
Sabemos que
tenemos algunos desafíos puntuales, particularmente en lo legislativo, respecto
de siete cuestiones que nos parecen muy importantes en términos de agenda. En
primer lugar, la ley de leyes, que entrará en esta casa a partir del 15 de
septiembre, nos plantea un enorme desafío para poder tener una herramienta
presupuestaria creíble, real, para contar con una hoja de ruta clara que
indique hacia dónde queremos ir como país en términos de prioridades, a dónde
van los recursos, de dónde provienen, y todo lo que esto conlleva.
Nosotros,
como Poder Ejecutivo, creemos que ese debate tiene que ser real. No venimos a
plantear un presupuesto ya cerrado ni a decir que tenemos toda la verdad. No es
ese nuestro estilo, no lo ha sido en otros temas; pero sí pedimos a todas las
fuerzas políticas que trabajemos entre todos con grandeza para decir cómo se
articulan los acuerdos necesarios a fin de que el presupuesto sea una
herramienta para el crecimiento, para el desarrollo y para implementar mejoras
sociales destinadas a quienes lo necesitan y no una herramienta de
fragmentación ni de pelea política.
En segundo
lugar, luego de trabajar mucho internamente y de seguir con un proceso de
búsqueda de consensos, estamos presentando entre este mes y el que viene un
proyecto para modificar el impuesto a las ganancias a fin de cumplir con nuestro
compromiso de que el año próximo tengamos un mejor esquema de escalas y de
mínimo no imponible.
Pensamos en
un camino crítico, para los próximos años, acerca de hacia dónde queremos ir,
lo cual también se planteó en la ley de reparación histórica. Sabemos que
debemos tener ámbitos de discusión para una reforma impositiva integral. En
este sentido, somos conscientes de que hoy la Argentina tiene enormes desafíos
frente a la necesidad de implementar un sistema impositivo más progresivo pero
que al mismo tiempo sirva como una herramienta de desarrollo y crecimiento.
Sabemos que
el nivel de presión impositiva es muy alto en nuestro país, pero también somos
conscientes de que debemos empezar a transitar el camino que recién les
comentaba sobre la base de un plan fiscal que nos permita reducir gradualmente
el déficit. Necesitamos un sistema más sustentable para ir consolidando la
reducción de la inflación hasta que el tema quede fuera de la agenda del debate
político.
Un tercer
tema, que para nosotros es muy importante y en el que esperamos avanzar, es la
reforma política y electoral, cuyo proyecto ya ingresó al Parlamento. En
función de la responsabilidad y oportunidad que se nos plantea en este año del
Bicentenario, frente al momento histórico que se nos presenta, queremos dar un
salto cualitativo en materia de normas electorales. Esto debemos hacerlo en
honor al compromiso que asumimos el año pasado casi todas las fuerzas
políticas, durante la elección, en el sentido de que en las próximas elecciones
los argentinos podrán votar con un sistema más simplificado y con menor
dispersión de fechas, y que al mismo tiempo implique un avance en materia de
transparencia y de nivel de participación.
Al respecto,
debo destacar el acuerdo al cual se arribó en la provincia de Buenos Aires en
materia de reelección de los intendentes. Esta es una decisión que también se
adoptó a partir de un amplio consenso que nos permite avanzar sobre aquellas
demandas de la sociedad que aún están pendientes de respuesta.
Por otro lado,
el debate en torno del proyecto de ley sobre primer empleo nos permitió salir
de la discusión sobre los conceptos más generales para detenernos en el
análisis de las herramientas que posibilitan la generación de empleo para los
jóvenes. Para nosotros, esta es una cuestión central, y por ello seguiremos
defendiendo lo que entendemos que es una buena iniciativa, que facilita la
aplicación de esas herramientas. De todos modos, reitero que estamos abiertos a
mejorar nuestra propuesta; simplemente, pido que no se postergue ese debate
sino que, por el contrario, le dediquemos todo el tiempo posible por la
urgencia que reviste la cuestión. Reitero que esto es central en materia de
igualdad de oportunidades para nuestros jóvenes.
En el mismo
sentido, debo plantear la necesidad de avanzar en el debate sobre la
obligatoriedad de la sala de 3 años. Esta propuesta, que hicimos en su momento,
sin duda es un instrumento positivo para seguir avanzando en la puesta en
marcha de una política de Estado en materia educativa, tal como en su momento
ocurrió con la ley de financiamiento educativo.
Como este
proyecto va en esa dirección, esperamos que puedan tratarlo, al igual que otro
que todavía no ha ingresado –intentaremos presentarlo antes de fin de año‑
relativo a la creación de la Agencia de Evaluación de Calidad Educativa. Este
es otro instrumento muy importante, que nos permitirá saber dónde estamos
parados, de dónde arrancamos y hacia dónde vamos.
También
consideramos que es necesario encarar el debate sobre el funcionamiento del
Ministerio Público Fiscal. Justamente, hemos presentado propuestas en ese
sentido y estamos dispuestos a considerar otras iniciativas. Lo importante es
que se inicie la discusión, porque hay un espacio enorme para mejorar y
múltiples demandas que van en esa dirección.
Por otra
parte, tengo que manifestar nuestro agrado por el hecho de que en el día de
ayer se haya emitido despacho sobre la ratificación del Acuerdo de Cambio
Climático suscripto en París. Sabemos que este tema contó con el apoyo de todas
las fuerzas políticas, tal como había sucedido en el Senado. Para nosotros,
sería importante finalizar el trámite parlamentario en el curso de este mes,
porque dentro de poco tiempo se llevará a cabo la Asamblea General de las
Naciones Unidas ‑esperamos que puedan acompañarnos representantes de los
distintos sectores políticos‑ y queremos que la Argentina pueda demostrar
que cuenta con una política de Estado en materia de cambio climático.
Al respecto,
cabe recordar que también hemos presentado el Gabinete de Cambio Climático, que
ya está trabajando. Sería interesante que en ese gabinete haya también una
representación parlamentaria, como una forma de garantizar que el tema está
fuera de la discusión que se pueda plantear entre el oficialismo y la
oposición. Queremos que tanto el Ejecutivo como el Legislativo trabajen a
partir de un equipo que esté a la altura del enorme desafío que implica esta
cuestión.
Por otro
lado, a fin de no extenderme demasiado me voy a referir a cuatro puntos
relacionados con la agenda de acuerdos que necesitamos. Quisiera hacer mención
del tema energético.
Hoy estamos
trabajando a partir del fallo de la Corte, tal como lo habíamos dicho, para
avanzar en un esquema de audiencias públicas; pero también estamos incorporando
muchas de las propuestas que se nos han hecho en el debate de estos meses. Me
refiero, por ejemplo, a una propuesta de modificación del esquema tarifario.
Sin embargo, lo que más nos importa es poder llegar a un acuerdo. En ese
sentido, se está discutiendo con muchos referentes técnicos de diversos
partidos políticos acerca de si la hoja de ruta que trazaron los ex secretarios
de Energía el año pasado y que ratificaron casi todos los candidatos a
presidente durante la campaña es la base sobre la cual podemos seguir
trabajando.
En este
aspecto hay algunas cuestiones centrales: en primer lugar, debemos reconocer,
entre todos, que tenemos un problema grande, de dos dimensiones. Por un lado,
existe una escasez energética que tenemos que resolver para poder crecer, y por
el otro, seguimos creyendo que tenemos un sistema energético injusto que
beneficia a los ricos y a las áreas centrales del país. Si coincidimos en que
hay que modificarlo, entonces podremos debatir acerca del tiempo, la forma y la
salvaguarda con respecto a aquellos sectores más vulnerables. Pero lo primero
es saber si estamos todos de acuerdo con el diagnóstico, para determinar hacia
dónde nos debemos encaminar.
Seguimos
creyendo que no es justo que en el interior del país una persona pague 800
pesos por una de esas garrafas grandes, como lo hace el 40 por ciento de los
argentinos. Si bien una parte de la población accede a la garrafa social a
precio subsidiado, muchos otros pagan 800 pesos por mes. Con la propuesta que
nosotros habíamos hecho, el 87 por ciento de los argentinos pagaba una tarifa
muy inferior.
Entonces,
tenemos que convenir que eso es desigual e injusto y que hay que modificarlo.
Si estamos de acuerdo en eso, discutamos el camino crítico, pero hagámoslo con
honestidad. Incluso, no tenemos inconveniente en debatir sobre todo hacia
futuro. Probablemente no coincidamos en el diagnóstico de cómo hemos llegado a
la situación presente, pero lo que tenemos en claro es que debemos mejorar la
foto de hoy.
En este
sentido, creo que fue muy positiva e importante la visita del ministro
Aranguren la semana pasada, demostrando ‑como siempre‑ que no
tenemos ningún problema en debatir a fondo política y técnicamente cualquier
tema. Vendremos las veces que haga falta; ese es el espíritu que el presidente
planteó en su discurso el 10 de diciembre y seguirá siendo nuestro discurso a
futuro.
Por otra
parte, venimos trabajando con todos los gobernadores, independientemente de su
signo político, acerca de la posibilidad de suscribir un acuerdo energético
federal. Lo estamos haciendo ya sea con los gobernadores de las provincias que
producen gas y petróleo como con los de aquellas provincias que todavía carecen
de gas natural y tienen situaciones más complejas en materia climática.
Seguiremos discutiendo para poder discernir si esa es la base de un acuerdo
federal que nos dé previsibilidad para crecer durante los próximos años.
Ojalá que el
Parlamento pueda participar. Así lo intentaremos, y esa es una de las
propuestas sobre las que trabajaremos.
Me imagino
que los señores diputados querrán profundizar acerca de este tema, de modo que
continuaremos tratándolo después, cuando formulen las preguntas respectivas.
El combate
del narcotráfico es otra cuestión que para nosotros constituye un eje central y
estratégico de la Argentina que viene. Así lo ha planteado el presidente el 10
de diciembre y lo estamos suscribiendo en esta estrategia de poder bajar a
tierra muchos compromisos que hicimos todas las fuerzas políticas durante la
campaña electoral. En este sentido, en las próximas semanas vamos a lanzar un
acuerdo federal para el combate del narcotráfico y la prevención de las
adicciones.
Sobre esta
materia estamos trabajando también con los ministerios de Gobierno, de
Seguridad y de Justicia de todas las provincias, con los cultos, con las
universidades y con el Poder Judicial. También serán convocadas las comisiones
específicas de las Cámaras de Diputados y de Senadores, con las que ya venimos
trabajando. Convocaremos a todos estos sectores para definir si estamos de
acuerdo en el diagnóstico, en las prioridades y poder avanzar lo más
rápidamente posible en metas y planes de acción concretos que nos permitan
alejar este tema de la discusión política más pequeña y llevarla al plano de la
política de Estado.
Otro tema
también central que, supongo, será parte de la discusión durante la sesión de
hoy, tiene que ver con la generación de empleo. Hemos empezado a esbozar los
ejes de un plan productivo nacional que ya hemos planteado a los gobernadores.
Hemos trabajado informalmente sobre este tema con las centrales sindicales y
empresariales. No obstante, queremos ampliar el debate referido a esta cuestión
a fin de que sea profundamente federal, estructural y se dé en el marco de un
desafío central. La Argentina debe crecer en materia de empleo. Creemos que
tiene que hacerlo a partir de la planificación de muchas cosas que debe hacer
el Estado, pero también de los desafíos que tiene el mundo sindical, del
trabajo, empresarial y social en general.
En otras
palabras, no vamos a salir solos de esta situación, sino que lo haremos juntos.
Para eso, debemos trabajar en el trazado de esas hojas de ruta. Si cualquiera
de los señores diputados hace el esfuerzo de ver lo que se discutió durante la
campaña electoral, tanto en los debates como en los reportajes y en las
publicidades que se efectuaron, podrá comprobar que muchos de los temas que
integraban la agenda política del año pasado guardaban relación con la
emergencia y también con los miedos.
Creo que es
justo hablar de esto. Un ejemplo es Tecnópolis, que ya fue visitada por más de
dos millones y medio de personas y se está trasladando al ámbito federal. Hemos
tomado una idea ejecutada por el gobierno anterior y pudimos ampliarla y
mejorarla, al tiempo que sigue siendo una herramienta educativa gratuita, a
nuestro juicio con un menor contenido político, aspecto sobre el cual podemos
estar de acuerdo o no.
Asimismo,
durante las vacaciones de invierno Aerolíneas Argentinas tuvo un récord de
pasajeros transportados, registrándose en este sentido un aumento del 13 por
ciento respecto del año pasado.
En el caso
del programa Fútbol para Todos también hemos trabajado a fin de mantener su
gratuidad, pero al mismo tiempo entendiendo y respetando la voluntad de los
clubes de fútbol de la Argentina, que plantearon que querían lograr una salida
respecto de este tema. Se continuó el diálogo sobre esta cuestión para asegurar
que los argentinos pudieran ver ese espectáculo, pero también reduciendo
enormemente los costos del Estado en esta materia.
En otro orden
de cosas, también estuvimos en el INVAP trabajando en el tema del ARSAT,
profundizando así las políticas de tecnología. Podremos discutir respecto de
las implementaciones, pero una buena parte de ese debate ha sido superado.
Una gran
parte de la agenda que planteamos en materia de reformas está siendo superada.
Así, pudimos salir del default y del
cepo cambiario, como también empezar a bajar el índice de inflación y
normalizar las relaciones con el mundo.
Lo que viene
ahora, a pesar de que sabemos que todavía estamos en un período difícil para
muchos argentinos y que esto aún no terminó, consiste en trabajar todos juntos
sobre la agenda de largo plazo, para salir paulatinamente de la emergencia y de
un debate que durante mucho tiempo nos mantuvo estancados. Creemos que hay un
enorme espacio en este sentido, que tiene que ver con el plan productivo como
una oportunidad para trazar esos objetivos comunes. Esperamos que en los
próximos meses podamos profundizar el correspondiente debate.
Dentro de un
par de semana, la Argentina tendrá la posibilidad de confirmar, si los Estados
miembros así lo ratifican, que será sede del G20 en 2018. Esto implica que a
partir de septiembre nuestro país será uno de los tres países que estará al frente
de la conducción de ese organismo durante los siguientes tres años. Ello será
así debido a que junto con el país anterior y el siguiente serán los que
compondrán un trío –a esto se lo conoce con el nombre “Troika”‑ que
deberá manejar la agenda de ese organismo tan importante durante los próximos
tres años.
Nos gustaría
que esa también fuera la forma de expresar la voz de la Argentina de la manera
más integrada posible, con una visión respecto del mundo, del siglo XXI, de lo
que viene y de los enormes desafíos conjuntos que tenemos. En este sentido,
podemos hablar de aquello relativo al cambio climático, la tecnología, la
robótica, la inteligencia artificial y todo lo que ello genera en materia de
empleo.
A esto
debemos agregar las cuestiones relacionadas con el terrorismo, el narcotráfico,
el crimen organizado y todo lo que ello implica en términos de seguridad.
Finalmente,
no podemos soslayar lo referido a los debates comerciales, a fin de generar una
integración en ese sentido que no sea perjudicial para algunos países sino una
oportunidad de crecimiento para la totalidad de los sectores de la Argentina.
Por lo tanto,
tenemos enormes oportunidades y desafíos, siendo conscientes de ambos aspectos.
Pero creo que también debemos ser muy conscientes de los avances que juntos
pudimos ir logrando. Debemos trabajar juntos para lograr los desafíos más
urgentes, pero con una mirada de largo plazo dando previsibilidad a un
horizonte que ratifique la esperanza que hoy tiene la gran mayoría de los
argentinos con respecto al futuro de nuestro país.
Sr. Presidente
(Monzó).- Damos comienzo a la ronda
de preguntas con el interbloque Cambiemos, que dispone de cuarenta minutos.
Tiene la
palabra el señor diputado por Mendoza.
Sr. Borsani.-
Señor presidente: en primer lugar, agradezco al señor jefe de Gabinete de
Ministros su presencia en este recinto, dando cumplimiento con el precepto
constitucional de rendir periódicamente un informe en esta Cámara, que
entendemos será importante, interesante y abarcador, y que seguramente se
enriquecerá con el paso de las horas a partir de las preguntas de los señores
diputados.
En primer
lugar, quiero plantear un tema que me preocupa en este momento, con respecto a
la economía regional de la que provengo, y formular al señor jefe de Gabinete
de Ministros algunas preguntas referidas al desarrollo de la vitivinicultura.
La
vitivinicultura argentina hoy está amenazada por una plaga cuarentenaria que
está haciendo estragos. Sobre una superficie de más de 160.000 hectáreas que
tiene la provincia de Mendoza, la Lobesia
botrana, que es la polilla del racimo de la vid, ya ha avanzado sobre
130.000 hectáreas, es decir que está superando el 75 por ciento del territorio.
El año pasado tuvimos la cosecha más baja de los últimos cincuenta años y
entendemos que la plaga ha afectado para que esa disminución sea mayor al 30
por ciento. Algo parecido está empezando a ocurrir en la provincia de San Juan,
donde ya existen focos en los que se superan las 5.000 hectáreas.
La plaga se
mueve como reguero de pólvora, de modo tal que debe actuarse de forma urgente e
inteligente a través del organismo competente, el SENASA, que originariamente
fue el responsable de no haber controlado los ingresos de maquinaria usada
desde Chile para realizar la cosecha mecánica de la vid. Los primeros informes
se recibieron a partir del año 2010.
Este Congreso
cumplió su cometido al sancionar la ley 27.227 a fines del año pasado, por la
que se dispone de los recursos necesarios y de las acciones en cabeza del SENASA
para avanzar en el control de la plaga. En oportunidad de sancionarse esa ley,
obviamente, el presupuesto para 2016 ya estaba aprobado; entonces, el artículo
7º de la norma establece que el Poder Ejecutivo dispondrá de las partidas
necesarias conforme al Anexo I a los efectos de que se avance en el control de
esa plaga durante el año 2016. Además, su artículo 9º establece que el jefe de
Gabinete está facultado, a través de las disposiciones administrativas
correspondientes, a resolver la adecuación de partidas para iniciar el control
durante el ejercicio 2016.
Señor
presidente y señor jefe de Gabinete: la primavera está por comenzar y el ciclo
vegetativo se está iniciando; por lo tanto, es necesario disponer de esos
recursos. Si bien el Ministerio de Agroindustria ha reasignado algunas
partidas, sabemos que son insuficientes.
La primera
pregunta es la siguiente: ¿cómo marcha en la Jefatura de Gabinete la decisión
administrativa para reasignar partidas durante el ejercicio 2016 a fin de
controlar la plaga de la Lobesia botrana?
En segundo
lugar, ¿cuál es el estado del proyecto de presupuesto que debe ingresar a esta
Cámara el 15 de septiembre próximo respecto de las partidas de 300 millones de
pesos previstas para trabajar y controlar la plaga durante el ejercicio 2017?
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada
por Santa Fe.
Sra. Scaglia.-
Señor presidente: es un honor que el jefe de Gabinete de Ministros esté
presente en este recinto. Mis preguntas también están orientadas a las economías
regionales y, como santafesina, tienen que ver básicamente con tres cuestiones
que nos afectan puntualmente.
Quisiera que
me detalle el aporte que hizo el gobierno nacional a la provincia de Santa Fe
en materia de emergencia, en el marco de las últimas catástrofes naturales
provocadas por las lluvias.
En ese marco,
donde es importante rescatar la lechería y la producción de hortalizas, quiero
preguntar algo concreto, ya que en los últimos días fue tapa de algunos diarios
de mi provincia el tema de la importación de frutillas, sobre todo porque en
Coronda –Capital Nacional de la Frutilla‑ afectó mucho las economías
regionales. Por lo tanto, quiero saber si este dato es real y si se ve afectada
la producción de esta economía regional importante.
Por otro
lado, quisiera conocer si el jefe de Gabinete tiene conocimiento concreto
acerca de algunas demoras que tenía la provincia de Santa Fe en la entrega de
certificados de desastres hídricos y de emergencia agropecuaria para que los
productores puedan acceder a todas las exenciones impositivas y créditos que el
gobierno nacional tiene a disposición en esta materia.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada
por Córdoba.
Sra. Rista.-
Señor presidente: el señor jefe de Gabinete recién habló del tema energético,
de las tarifas, del fallo de la Corte y de las audiencias públicas. En este
sentido, quisiera saber por dónde va a encarar el gobierno el tema energético.
El ministro
hizo referencia concreta a que el actual plan beneficia a los ricos y a los
sectores centrales del país. Lamentablemente, creo que no se ha logrado
explicar claramente a toda la población; tal vez sea un problema
comunicacional.
¿Cómo se va a
corregir esta situación para que podamos llegar a toda la población con claridad?
¿Cómo será el acuerdo con los gobernadores? Según tengo entendido, el jefe de
Gabinete ya ha hecho una mención de la suscripción de un pacto energético con
todos los gobernadores, más allá del signo político y de la forma en que se va
a comunicar.
Finalmente,
está latente en esta Cámara el tema de la paridad, que nos importa mucho no
solamente a las mujeres, sino también a los varones presentes, tal como se
puede ver en los carteles que están sobre las bancas. Por lo tanto, quería
conocer su posición al respecto.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada por
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Lopardo.-
Señor presidente: agradezco la presencia del señor jefe de Gabinete ante esta
Honorable Cámara de Diputados y, de esa manera, cumplir con la Constitución
Nacional.
Teniendo en
cuenta el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que
dispuso un freno al incremento de las tarifas de gas para los usuarios
residenciales, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo estima usted que esta
resolución impactará en los planes de obra pública previstos, incluyendo los
planes de infraestructura energética?
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado
por Santa Fe.
Sr. Incicco.-
Señor presidente: en primer lugar, quiero dar la bienvenida al señor jefe de
Gabinete de Ministros y decir que celebro que se haga costumbre el cumplimiento
del artículo 101 de la Constitución Nacional.
En la
provincia de Santa Fe, y particularmente en la ciudad de Rosario –a la que
pertenezco-, en los últimos días se ha incrementado en forma notable la ola de
inseguridad que venimos padeciendo desde hace varios años. El sábado pasado
tuve oportunidad de salir a la calle a conversar con los vecinos y pude
confirmar algo que ya sabíamos: que la preocupación central de los santafecinos
es el tema de la inseguridad, muy por encima de otras cuestiones como la
inflación o el aumento de tarifas.
Dado que las
fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe no han dado una adecuada
respuesta a este flagelo, se ha generado una gran demanda social a la Nación
reclamándole el envío de fuerzas federales. Esto, para los santafecinos es una
cuestión de vida o muerte, literalmente.
Entonces, la
pregunta es si desde el Ejecutivo tienen previsto el envío de fuerzas federales
y, en ese caso, cómo se articularía ello con las fuerzas provinciales. De tener
previsto ese envío, nos gustaría que nos diera algunas precisiones acerca de la
cantidad de efectivos, los lugares de radicación y el plazo estimado de permanencia.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Córdoba.
Sra. Austin.-
Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer al señor jefe de Gabinete
por asistir a esta sesión.
Voy a hacer
dos preguntas. La primera de ellas tiene que ver con uno de los temas que el
ministro mencionó en relación con la política de educación que viene llevando
adelante este gobierno. Por un lado, en cuanto a la declaración de Purmamarca,
que han firmado todos los ministros de Educación de las distintas provincias,
me gustaría saber cuáles son, además de la agencia de evaluación de calidad
educativa, los ejes en los que están pensando avanzar y los plazos previstos
para hacerlo.
También nos
gustaría saber cuál es el plan de acción y el programa que vienen pensando en
cuanto a la implementación de la obligatoriedad de las salas de 3 años, tema
que está en discusión en esta Cámara y que entendemos próximamente empezaremos a tratar.
Desde mi
punto de vista, fundamentalmente se debe mirar la obligatoriedad del Estado, es
decir, cómo para garantizar hoy la cantidad de salas y de docentes que se
necesitan en nuestro país para poder cumplir con el objetivo de la
escolarización temprana de nuestros niños, claramente como una política de
inclusión y de acortar y achicar brechas educativas.
La segunda
pregunta tiene que ver con la situación que está atravesando la provincia de
Córdoba en materia de inundaciones. Como sabe el señor jefe de Gabinete, hay
más de 700.000 hectáreas bajo el agua. Esta situación viene ocurriendo desde
hace varios años y se está agravando.
El nivel de
las napas va subiendo progresivamente y estamos por entrar en una nueva
temporada de lluvias sin las obras que nuestra provincia necesita para
canalizar lo que es un verdadero desastre hídrico, ganadero y humano,
fundamentalmente. En este sentido, debemos mencionar las escuelas rurales sin
clases –algunas de ellas, ya colapsadas-, la pérdida de más de un 10 por ciento
de la cosecha gruesa, 55.000 caminos rurales intransitables, etcétera.
Si bien todas
estas cuestiones forman parte de la órbita provincial, entendemos –sobre todo
por la falta de compromiso o de desarrollo de las obras- que es necesario el
acompañamiento del Estado nacional, ya que se trata de una problemática que
excede a la provincia de Córdoba e involucra, entre otras, a la de Santa Fe.
Por eso, nos
interesa conocer la mirada que el gobierno viene teniendo sobre el tema y los
aportes que el Estado nacional puede hacer para acompañar a la provincia de
Córdoba en esta problemática que está atravesando.
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.
Sra. Copes.-
Señor presidente: agradezco al señor jefe de Gabinete su visita en el recinto.
La
Municipalidad de Sunchales suscribió, el 16 de marzo de 2015, un acuerdo marco
dentro del denominado “Plan Más Cerca: Más Municipio, Mejor País, Más Patria”,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación, para encargarse de la construcción de un gasoducto regional
consistente en una planta de separación y medición de gas en la localidad de
Recreo, en un primer tramo, pasando por Esperanza y localidades rurales al sur
de la ruta 70, hasta llegar a Rafaela, y un segundo tramo, de 48 kilómetros,
hasta la ciudad de Sunchales.
Quiero
destacar que se trata de una obra vital, requerida especialmente por el sector
industrial. Por eso es conocido como Gasoducto Regional Industrial Esperanza‑Rafaela.
Esta obra es reconocida, fundamentalmente, por un sector del país por la
importancia en el área metalmecánica, vinculada con una cuestión clave: la
cadena láctea. Debemos destacar que esta es una zona absolutamente reconocida a
nivel nacional por la importancia que tiene en la contribución al agregado de
valor para la riqueza del país.
La
Municipalidad de Sunchales, en virtud de este acuerdo, llamó a licitación para
la compra de materiales y la construcción del Gasoducto Regional Industrial
Esperanza‑Rafaela. Esto permitiría duplicar la oferta de gas, tanto a
nivel residencial como industrial; estamos hablando de 170.000 mil usuarios. El
monto de la obra asciende aproximadamente a 996 millones de pesos.
La
Municipalidad de Sunchales no recibió los desembolsos comprometidos por el
gobierno nacional anterior, y hoy se enfrenta con la responsabilidad de los
cumplimientos contractuales con las empresas adjudicadas. Entonces, las
preguntas que deseo formular concretamente son las siguientes. ¿El gobierno
nacional tiene previsto ejecutar el Gasoducto Regional Industrial Esperanza‑Rafaela;
es decir, las obras licitadas y adjudicadas por la Municipalidad de Sunchales,
en ese sentido?
En segundo
lugar, ¿el gobierno nacional tiene previsto incluir las localidades que
quedaron excluidas de este gasoducto por razones inexplicables de pertenencia
partidaria o, mejor dicho, por la falta de pertenencia partidaria? ***
Recuerdo que
la capacidad de este gasoducto es de 75.000 metros cúbicos por hora, y tengo en
mi poder una lista que incluye a una veintena de localidades que se encuentran excluidas
a pesar de la capacidad contemplada en el proyecto
original. Por lo tanto, pregunto concretamente si este gobierno incluiría esas
localidades.
En tercer
lugar, en función de la importancia de esta obra para una zona absolutamente
reconocida, porque contribuye a la riqueza del erario nacional, ¿cómo se
encuentra la factibilidad para proveer ese gas, en razón de su conexión con el
GNEA?
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra la señora diputada por Santa Fe.
Sra. Martínez (A.L.).-
Señor presidente: me sumo al agradecimiento por la presencia en el recinto del
señor jefe de Gabinete de Ministros del país.
Considerando
la situación que describía el señor diputado Incicco, hoy sabemos que la
provincia de Santa Fe está siendo abordada por la violencia, no solo por la
intervención del narcotráfico sino también por las necesidades que tenemos. Sin
embargo, pareciera que para algunos políticos hablar de delitos federales es
deslindar ciertas responsabilidades e, inclusive, seguir echando culpas y no hacerse
cargo de la situación que hoy tenemos.
Nos consta
que, tanto desde el Ministerio de Seguridad, como del de Defensa, mancomunada y
responsablemente se trabaja para que cada una de las intervenciones que se
llevan adelante sea exitosa. Tal fue el caso, en su momento, de la presión que
se ejerció sobre uno de los prófugos más peligrosos que teníamos en el país ‑me
refiero al líder de la banda de “Los monos”‑ y otras acciones que ayudan
a combatir que, de a poco, este flagelo no siga metiéndose en nuestra ciudad,
en nuestra provincia y, por ende, podamos salvar a los jóvenes.
¿Acaso las
policías provinciales hacen la vista gorda ante estos delitos o se excusan de
intervenir? ¿Para qué la Policía de Santa Fe tiene un director provincial de
Drogas Peligrosas, agentes, vehículos y presupuesto para estas actividades?
En este
sentido, quiero saber por qué desde el gobierno de la provincia de Santa Fe se
pide nuevamente una mayor cantidad de efectivos de las fuerzas federales.
¿Acaso no pueden cumplir con su parte en este acuerdo mencionado anteriormente?
Sabemos del
compromiso y el aporte de este gobierno para combatir el narcotráfico, pero
queremos hacer extensivo este reclamo para que cada una de las provincias y
municipios cumpla con su parte, porque lo que está en juego es el futuro de
nuestros jóvenes y de nuestros hijos.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada de Buenos Aires.
Sra. Banfi.-
Señor presidente: agradezco la presencia del señor jefe de Gabinete. Quiero
formular dos preguntas.
Conocimos un
informe sobre la concesión de la pauta oficial este año y esta mañana también
hemos visto, entre los titulares de algunos medios, que se hizo en base a un
pedido a acceso a la información. Destaco la normalidad que ha tenido la aplicación
del decreto 1.172 en cuanto a la pauta oficial y la respuesta que ha
brindado este gobierno, mientras que en
otras gestiones era imposible obtener la información a través de este recurso.
Me gustaría
saber si se pueden explicar los criterios de distribución, la incorporación de
nuevos medios en la concesión, y hacer una comparación al menos con el año
anterior, para tener una perspectiva acerca de qué estamos hablando cuando nos
referimos a la distribución de la pauta oficial por este gobierno.
En el
mencionado informe se ha interpretado que el gobierno cedió pauta a medios
pertenecientes a Sergio Szpolski. Me gustaría que el señor jefe de Gabinete
aclarara esta situación, ya que conocemos el manejo irregular que ha tenido
este señor con los fondos públicos recibidos por pauta oficial en años
anteriores y, principalmente, sabemos del vaciamiento de sus medios.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
jefe de Gabinete de Ministros.
Sr. Jefe de Gabinete
de Ministros.- Agradezco las preguntas de los diputados y diputadas del
interbloque Cambiemos.
Con respecto
a la inquietud planteada por el señor diputado Borsani sobre la polilla del
racimo de la vid, la ley 27.227 fue sancionada en noviembre del año pasado y
promulgada el 22 de diciembre; por eso, no estuvo incluida en el presupuesto.
Para la
temporada 2016-2017 el ministerio ya dispuso una partida de 60 millones de
pesos para el control fitosanitario y, junto con el SENASA, está trabajando en
la modificación de la ley para permitir que en 2017 el presupuesto sea asignado
y administrado por el fideicomiso del Banco Nación. Hasta el momento, no ha
habido un pedido de modificación presupuestaria. De todos modos, hoy mismo lo
hablaremos con el ministro Buryaile para ver si es necesario ampliar esta
partida, pero sin duda esto estará contemplado para 2017.
La señora
diputada Scaglia planteó una inquietud con respecto a inundaciones. En primer
lugar, podemos decir que hasta el momento se ha asignado una asistencia al
gobierno de la provincia de Santa Fe por 55 millones de pesos, 40 millones de
los cuales fueron destinados a productores tamberos y a la ganadería, y los 15
restantes a producciones locales, como horticultura, pesca artesanal y
producción porcina.
En cuanto a
la emisión de los certificados de emergencia agropecuaria, estos son entregados
por la provincia en el marco de su normativa, restringiendo la emisión de
certificados a personas que la provincia considere que no son aptas desde el
punto de vista agroecológico. Esta es la información que tenemos en cuanto a
ese punto.
Respecto de
la inquietud planteada sobre el tema de las frutillas, existió una importación
de 0,6 toneladas, o sea 600 kilos de frutilla fresca. Es un volumen poco
significativo para lo que es la producción general del país. Básicamente, se
efectuó durante los meses de mayo y junio por problemas de oferta de la
producción local, debido a los fríos intensos que retrasaron la fructificación
del cultivo y la oferta adecuada. Actualmente, la frutilla viene de Tucumán y de
Coronda, provincia de Santa Fe.
La
importación de frutilla tampoco reviste importancia negativa para la producción
nacional. En este sentido, también sabemos que hubo algunas dudas en cuanto al
tema de las zanahorias y otras producciones. Insistimos en que cualquier
modificación ha sido muy poco significativa en relación con el volumen total de
nuestra producción. Todo esto fue producto de las inundaciones o
conflictividades que se presentaron.
Le contesto a
la señora diputada Rista en cuanto al tema energético. Estamos trabajando en la
modificación de aquellas cosas que se consideraron motivo de debate, como fue
la falta de una audiencia que ahora se va a realizar. Vamos a trabajar en la
búsqueda de un acuerdo federal que todavía no está suscripto. Hemos conversado
con los gobernadores y con los ministros, pero todavía tenemos un camino para
recorrer en este sentido. Esperemos que el día de la audiencia pública todo
esto se traduzca en una propuesta lo más consensuada posible. Entendemos que no
existe una solución a este tema que sea unilateral. Debe existir el mayor
consenso posible. Es el camino que estamos recorriendo ahora.
Sobre la
comunicación, puedo decir que siempre será perfectible y mejorable. Tengo mis
dudas sobre si hubo o no comprensión por parte de la sociedad en cuanto a que
había que pagar la factura. Solo puedo decir que el 80 por ciento de la gente
la pagó. En todo caso, puede haber diferencias en términos de si lográbamos los
consensos políticos, que es otra cuestión. En este sentido, tanto la presencia
del ministro Aranguren en esta Cámara ‑como antes, en el Senado‑,
la visita que hoy estoy realizando y otras que generaremos, nos van a ayudar a
encontrar los consensos políticos para clarificar la discusión hacia adelante.
Más que centrar
la discusión en las tarifas, lo que tenemos que debatir son los subsidios, y a
partir de ahí, saber, como país, a quiénes debemos subsidiar y a quiénes no. En
este sentido, la tarifa social fue un avance muy significativo para que el
apoyo estatal estuviese dirigido a los sectores más vulnerables. Tenemos la
posibilidad de evaluar trabajos con los sectores productivos en los casos que
sea necesario.
Seguramente,
el debate será más constructivo si lo hacemos integralmente para alcanzar un
sistema tarifario más justo y equitativo a nivel federal. También debemos
analizar cómo generamos inversiones para que haya más volumen de energía, más
diversidad –como lo estamos haciendo ahora con las energías renovables o en el
marco normativo para generar más inversiones‑ y más capacidad de
distribución, para lograr que ese 40 por ciento de la población que no tiene
gas natural para producir o para sus domicilios, pueda llegar a disponer de él.
Entiendo que este es el eje central de la discusión.
En cuanto a
la paridad, voy a dar una definición más bien filosófica. Como fuerza política
y como gobierno creemos que debemos trabajar en una sociedad con más igualdad
de género. Se trata de un mandato que, ante todo, es humano y personal. Tiene
que ver con lo que somos nosotros como personas, entendiendo que hoy, en el
siglo XXI, los roles del hombre y de la mujer deben llegar a un plano de mayor
igualdad, siempre desde las diferencias y particularidades, pero rompiendo
aquellas discriminaciones que se puedan dar en materia laboral y de
participación, así como las situaciones de violencia que mencionaba antes y
muchas otras cosas.
De hecho,
nuestra fuerza política y nuestra bancada así lo reflejan, al igual que la
presencia de nuestra vicepresidenta, de la gobernadora de la provincia de
Buenos Aires y muchas funcionarias de nuestro equipo y dirigentes de todo el
país. También se refleja en la promoción de dirigentes jóvenes, quienes también
sienten esa dificultad para participar.
Con respecto
al instrumento legal específico para modificar o no el cupo, vamos a ser
respetuosos del debate parlamentario porque creemos que es una discusión que
corresponde al Parlamento y sabemos que hay iniciativas que cruzan las
diferentes fuerzas políticas, y en ese sentido seremos respetuosos de lo que
ocurra en ese debate.
En relación
con la pregunta de la señora diputada Lopardo sobre cuánto va a afectar el
fallo de la Corte a las obras públicas, lo que nosotros quisimos plantear muy
claramente es que hay que ser conscientes de que el tema energético lo pagamos
entre todos. No es un tema que no se pague, sino que tiene un costo, que se
paga a través del Estado, por ejemplo, dejando de hacer otras cosas, con más
inflación o con otras herramientas. Por eso es tan importante que logremos debatir
qué queremos hacer con nuestro sistema energético para que funcione mejor y sea
más justo y equilibrado.
Una vez que
tengamos el número exacto del impacto fiscal, que todavía no tenemos porque
depende de cómo termine el proceso, podremos saber cuál es el costo y cómo se
reemplazará en términos de previsión presupuestaria.
En cuanto a
las preguntas del diputado Incicco y de la diputada Ana Martínez, voy a dar
cifras exactas, pero previamente quiero señalar una cuestión más conceptual.
Sin duda, los
temas de seguridad, y centralmente de narcotráfico, tienen que surgir de un
mayor nivel de consenso y trabajo en conjunto. Hemos sido críticos públicamente
de actitudes que a veces no nos convencen en materia declarativa, cuando se
trata de tirar la pelota fuera de la provincia a la hora de definir
responsabilidades. Creemos que eso no construye y así se lo hemos dicho al
gobernador.
Más allá de
momentos de mayor o menor coordinación, ese espíritu de consenso está vigente,
y de hecho la ministra acaba de acordar una reunión para la semana que viene
con el gobernador, y yo mismo tengo también prevista una reunión para discutir
varios temas con él. Seguimos apostando a la buena fe del gobernador y del
gobierno de Santa Fe y del de Rosario para solucionar estos temas.
Sin embargo,
seremos muy claros en materia de entender el camino no consiste en sentarnos a
trabajar juntos y después salir a echar culpas mediáticamente. Nosotros no lo
vamos a hacer así; queremos trabajar juntos y confiamos en que a través del diálogo
podamos ir avanzando en ese sentido.
Sin duda,
consideramos que es necesario que el programa Barrios Seguros continúe, y está
prevista una inversión de 8,5 millones de pesos para este año, que permitirá
totalizar una cantidad de 3.030 efectivos para participar de operativos de
prevención.
Estamos
trabajando ‑como bien se ha citado en el caso del apresamiento del
prófugo de la banda de Los Monos‑ para reducir la presencia de la
criminalidad organizada, el delito y la violencia. Para ello, queremos trabajar
no solo en Rosario sino también en Sunchales, San Lorenzo, San Justo, Rincón,
Las Rosas, Fronteras y Santa Fe, con un aporte extra de 14 millones de pesos
para equipamiento.
También será
importante la construcción de la Prefectura de Arroyo Seco. El otro día visité
la Prefectura y me contaban, entre otras cosas, lo que están trabajando en la
zona del río Paraná.
Creemos
también que los cambios normativos que se han sancionado aquí, el cambio de
tendencia que vemos y la posibilidad de arribar a un acuerdo federal en materia
de narcotráfico, ya han tenido resultados concretos.
Se sabe que
hubo una reducción del 60 por ciento de los vuelos ilegales en la Argentina.
Creemos que gracias a muchas incautaciones ha aumentado el costo de venta de la
droga. Se ha logrado dar esa señal, que ayudará también a sacar presión a las
provincias y a los gobiernos locales, porque claramente estos son delitos
federales. No tenemos dudas de que
debemos trabajar juntos. No hay posibilidades de trabajar separados en esto si
realmente tomamos ese objetivo como una cuestión central.
Respecto de
las preguntas de la señora diputada Austin, comenzando por el acuerdo
educativo, el gran desafío es lograr una mejor calidad educativa, y es muy
difícil que la consigamos si no damos la señal a los padres, a los docentes y a
los alumnos de que esto es una prioridad para todos, que no es un terreno de
debate, sino un tema de acuerdo, porque todos tenemos que ponernos en la misma
sintonía en este espacio.
Ya lo ha
dicho el ministro Bullrich: lamentamos el paro docente en ese sentido, porque
hay otras instancias para debatir. Para poder poner en blanco y negro muchos
desafíos que tenemos, también debemos trabajar en conjunto con los sindicatos
docentes.
Pero no
tenemos que corrernos del eje de ir hacia una política de Estado que incorpore
el valor de la calidad educativa y su evaluación, no como una solución mágica
sino como un punto de partida para saber dónde estamos parados. De alguna
manera estamos engañando a nuestra comunidad educativa si hablamos de una buena
educación, de calidad para todos, de una educación pública de excelencia y no
medimos los resultados para saber dónde estamos parados y cómo evolucionan
nuestras políticas.
Incluso, eso
servirá para modificar políticas que podamos haber impulsado con la mejor buena
fe pero que no están dando los resultados que creíamos deberían haber dado. Lo
mismo sucede con la extensión del alcance de la educación en la primera
infancia, y en esto está el tema de las salas de 3, de 4 y de 5 años. Tenemos
presupuestados 23.652.000 pesos de inversión en esta cuestión, para poder
justamente avanzar.
Se van a
necesitar aproximadamente más de cinco mil docentes nuevos para esta tarea, y
se está trabajando en un simposio internacional para la formación docente a fin
de lograr la mejor capacitación posible, con ciclos de actualización
semipresencial. Tenemos que conseguir la infraestructura, los docentes y el
compromiso presupuestario y político de todas las fuerzas para esa extensión necesaria.
También
debemos mejorar la calidad de la educación secundaria. En este sentido tenemos
que poder darnos un debate, y también el INET ha ido avanzando en propuestas.
Sabemos que todavía no alcanza, que es un piso. Hemos tratado de ir
actualizando temas como Conectar Igualdad, pero trabajando centralmente en la
conexión de todas las escuelas de nuestro país.
Se está
trabajando también en todo lo que tiene que ver con la eliminación de las
escuelas rancho, para poder terminar con la infraestructura precaria de las
escuelas rurales. También debemos trabajar con las universidades públicas
nacionales en un plan de mejora y de trabajo conjunto, no solo para que se vean
los temas pendientes en cada uno de los casos sino también para que tengan una
actitud de protagonismo en el debate público.
Necesitamos
tener esa universidad pública nacional presente en cada provincia, en cada
lugar del país, aportando al debate, ya sin miedo a las diferencias y mostrando
el ejemplo de que la diversidad intelectual y conceptual que hay en esas
universidades públicas no sea un
impedimento para discutir los temas que existen en cada una de las
regiones del país.
De todas
formas, después vamos a enviar los detalles del acta acuerdo, para ver cómo
esta Cámara de Diputados puede participar de su discusión y del monitoreo,
porque ello le dará más fuerza.
En lo
atinente al tema de las inundaciones, hemos creado el Comité del Carcarañá –que
ya se reunió en dos oportunidades‑ para priorizar las inversiones y ver
de qué manera colabora la Nación. Además, la semana pasada estuve reunido con
el gobernador Schiaretti y con varios intendentes, y hoy ya contamos con tres
obras definidas y con los acuerdos firmados como para avanzar en el proceso de
licitación.
Esas obras
consisten en la sistematización de los canales San Antonio y Arroyo de las
Tortugas, en el tramo San Francisco-río Carcarañá, por una inversión de 63
millones de pesos; el sistema de desagües pluviales de la ciudad de Villa
María, que cuenta con un convenio firmado por 21 millones de pesos, y los
desagües de las calles Rioja y Andes, por 4 millones de pesos.
Somos
conscientes del apuro, y por eso empezamos a trabajar en ese tema a partir del
mes de enero. Por supuesto que nos comprometemos a mantener actualizada la información
para responder a la urgencia de la mejor manera posible, pero también lo
hacemos por una previsión a futuro. Aclaro que esto vale para todos los casos
de inundaciones que hemos vivido en este tiempo.
Por otro
lado, quiero destacar que una de las consecuencias positivas de la nueva
política en materia de retenciones agropecuarias haya sido la diversificación
de la siembra de maíz y trigo para la próxima campaña. Sin duda, esto es una
ayuda importante para el objetivo que hemos fijado, que apunta a salir de la
primarización de la soja, hacia la cual nos habíamos dirigido en los últimos
años.
En lo
atinente a la obra a la cual se refirió la señora diputada Copes, debo decir
que se han detectado irregularidades en el proceso de licitación. Por esta razón
se está trabajando nuevamente sobre el proyecto con el objetivo de retomarlo lo
antes posible.
Creo que ese
es un excelente ejemplo de los desafíos que tenemos en materia de inversión en
infraestructura de redes de gas en el país, para atender las necesidades de las
áreas de la producción y domiciliaria. Sin duda, este es un cuello de botella
que debemos resolver lo antes posible, porque en cualquier proyecto productivo
lo primero que se plantea es si va a contar con la energía necesaria para producir.
Lo cierto es
que hoy, aquellas industrias que dependen mucho de la provisión de gas no
cuentan con toda la energía que necesitan y, por eso, esperamos poder resolver
lo más rápidamente posible la cuestión energética y definir hacia dónde vamos,
porque eso pondrá en marcha la inversión privada que la Argentina necesita.
A la señora
diputada Banfi debo decirle que en el día de mañana saldrá publicada la
reglamentación sobre la distribución de la pauta oficial. Este es un compromiso
que habíamos asumido.
En ese
sentido, agradezco el comentario sobre la rápida publicación de la información.
De todos modos, aclaro que no estamos conformes, porque pretendemos que ella
figure en Gobierno Abierto lo antes posible y que se actualice automáticamente
todos los meses. De esta manera, no será necesario reclamar algo que es público
y que tiene que ser transparente, porque no hay nada que ocultar.
Aclaro que
hemos aplicado distintos criterios a la hora de dictar la reglamentación. Así,
trabajamos con la sociedad civil y también convocamos a las distintas
entidades, a las ONG y a todos los que se han desempeñado en este tema en los
últimos tiempos.
La idea es
trabajar en un marco que sea lo más consensuado y transparente posible, a fin
de asignar a la pauta oficial el lugar que le corresponde. La pauta no es un
mecanismo de injerencia en los medios de comunicación de la Argentina; además,
la distribución de la pauta debe definirse teniendo en cuenta solo el alcance
del medio y la pertinencia del mensaje.
Asimismo, en
base a determinados criterios geográficos, al fomento del federalismo y a la
pluralidad de voces se podrá definir que una campaña se destine a ciertos
lugares y a otros no.
Tal como
señalamos con anterioridad, lo que debimos hacer en los primeros meses de
nuestro gobierno fue pagar una enorme deuda que nos dejó la administración
anterior, independientemente de cuál fuera la posición o la idea del medio. A
partir de ahí se pudo definir la nueva pauta para este año, que en el primer
semestre fue de 800 millones, lo que implica una reducción muy significativa
frente a los valores que se venían manejando.
Estamos
entregando un informe por planillas, que es el mismo que ha salido
públicamente, referido a la distribución por medio de comunicación. Tal como les
decía, apenas podamos resolver el problema técnico, es una cuestión que se va a
actualizar en tiempo casi real a través de Gobierno Abierto.
Quiero
también aclarar que esta ha sido una política de coordinación, consenso y
criterios comunes entre el gobierno nacional, el de la Ciudad de Buenos Aires y
el de la provincia de Buenos Aires, que son los tres principales anunciantes en
materia de pauta oficial. Vamos a poder avanzar en una muy buena coordinación
en ese sentido.
En el caso de
los medios del Grupo Veintitrés, de Sergio Szpolski, hemos estado ejecutando un
canje de deudas previsionales suscrito por el gobierno anterior. Entonces,
estamos usando los espacios que el Estado ya pagó. Es decir que hoy no hacemos
circular nuevos fondos. A través del ENACOM hemos estado en comunicación con
los trabajadores de los distintos medios en conflicto, como es el caso de Radio
América, para tratar de ayudarlos a preservar la fuente de trabajo y permitir
que esos empresarios salden las deudas que han dejado a sus trabajadores o de
lo contrario respondan ante la Justicia.
Sr. Presidente
(Monzó).- Comenzamos ahora con las
preguntas del Interbloque Frente para la Victoria y aliados.
Tiene la
palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Recalde.-
Señor presidente: voy a formular una pregunta que no tenía pensado hacer pero
que me pareció trascendente luego de escuchar la exposición del señor jefe de
Gabinete. Compartimos la preocupación acerca del empleo, sobre todo, de calidad, ¿pero por qué se subejecutan las
partidas que tienen que ver con la inspección de trabajo y la formación y
capacitación de los trabajadores? ¿Esto tiene que ver con la calidad del
empleo?
En cuanto al
trabajo en sí, es preocupante lo que está sucediendo con la jornada laboral.
Hay estudios realizados por la Organización Internacional del Trabajo que, a
través del análisis de diversos países, llegan a la conclusión de que la
limitación de la jornada produce algunos efectos positivos.
Quiero
aclarar que no es el derecho del trabajo sino la política económica la que crea
o destruye empleo. Lo que sí puede hacer el derecho laboral es distribuir con
más equidad el empleo que ya existe, por ejemplo, trabajando sobre la jornada
laboral. En este sentido, existe un proyecto para reducirla de 48 a 45 horas
semanales. En Brasil, por ejemplo, la jornada máxima semanal es de 44 horas; en
España, de 40; en Alemania, de 39, y en Francia, de 35 horas. Además de
distribuir mejor el empleo que existe –no hablo de crear sino de distribuir‑,
un estudio realizado por la Organización Internacional del Trabajo, de
1988, que analizamos en la CGT en 1993
en un corte transversal ‑vinieron especialistas de todas las tendencias y
sectores, magistrados, catedráticos, economistas, etcétera‑, demostró que
la reducción de la jornada laboral producía tres efectos: aumentaba el
presentismo laboral, disminuía los accidentes de trabajo e incrementaba la
productividad.
La pregunta
es si nos podríamos poner de acuerdo en limitar un poco la jornada de trabajo
semanal, por ejemplo, de 48 a 45 horas.
Por otra
parte, el señor jefe de Gabinete citó un fallo de la Corte. No voy a referirme
a su contenido; en todo caso, sugiero la lectura del apartado 33, páginas 97 a
99, que generó una doctrina de la Corte. Más allá de que hoy los beneficiarios
del citado fallo son los usuarios residenciales, también la doctrina establece
la nulidad de las tarifas generadas. Esto hizo que cerca del 75 por ciento de
la sociedad quedara excluida de este fallo de la Corte Suprema de Justicia,
pero no de su doctrina. ¿Qué está ocurriendo?
Generalmente,
cuando se habla de la industria del juicio, se hace referencia a las causas por
accidentes de trabajo, que tienen patologías que uno debe combatir. Pero lo que
hoy en día estamos viendo –en este sentido, he mantenido reuniones con
representantes de muchas pymes‑ es la necesidad de numerosos sectores
–clubes de barrio, organizaciones no gubernamentales, etcétera‑ que están
padeciendo una tarifa respecto de la cual la Corte Suprema de Justicia dijo que
era desproporcionada y demás. No voy a hacer referencia a dicho fallo, ya que
es muy bien conocido por el señor jefe de Gabinete de Ministros.
La pregunta
es la siguiente: ¿por qué estamos favoreciendo esta especie de industria del
juicio obligando a aquellos sectores que no están incluidos a iniciar una
acción legal a raíz de un aumento que es inexplicable, siendo injustificable la
litigiosidad? Creo que si se van a establecer nuevas tarifas sería bueno que el
gobierno deje sin efecto las que están vigentes para esos sectores, en lugar de
esperar los resultados de los juicios, ya que después de la doctrina de la
Corte Suprema de Justicia estaríamos en presencia de la crónica de una muerte
anunciada.
Sr. Presidente
(Monzó).- Debido a que muchos
señores diputados del bloque del Frente para la Victoria se han anotado en la
lista de oradores para formular preguntas al señor jefe de Gabinete de
Ministros, la Presidencia comunica a los señores diputados que será estricta en
cuanto al cumplimiento del tiempo asignado a cada uno de ellos para hacer uso
de la palabra.
Tiene la
palabra el señor diputado por San Juan.
Sr. Gioja.- Señor
presidente: en primer término, quiero dar la bienvenida al señor jefe de
Gabinete de Ministros.
En segundo
lugar, deseo expresarle que luego de haber escuchado su exposición realmente
quiero ser optimista, pero me parece que lo que ha manifestado es un relato que
nada tiene que ver con la realidad y con lo que está pasando actualmente en la
Argentina. Digo esto con total sinceridad y humildad pidiéndole que no lo tome
como una crítica desmedida.
Por las cosas
que ha dicho, pareciera que todavía estuvieran en campaña. Comparto las
aspiraciones y deseos que él ha expresado en su exposición, pero creo que se ha
referido a otro país, o yo estoy viviendo una realidad diferente.
El señor jefe
de Gabinete de Ministros ha anunciado como uno de los logros principales
previstos para el segundo semestre de este año la disminución del índice de
inflación; no me refiero a los que se habían prometido anteriormente, en el
sentido de que en esta parte del año todo vendría venir bien. Obviamente, si
disminuye el consumo, también lo hará el índice de inflación; pero lo
importante para los argentinos es que aumenten el consumo y el empleo, que haya
crecimiento económico y no se utilice la teoría del derrame para la
distribución de los recursos, sino que esta se haga como corresponde y, de esa
manera, se logre un poco más de justicia social. Esto es lo que sinceramente
pienso.
El señor jefe
de Gabinete de Ministros dijo también que cree que el año que viene vamos a
crecer, dándonos optimismo. Yo le diría, con mucho respeto, que los guisos de
liebre, sin liebre, son muy desabridos para comer. Lo que hay que hacer es
traer la liebre, meterla dentro de la olla y después comerse el guiso.
Además, me
parece que el señor jefe de Gabinete de Ministros dijo que en los años
anteriores no se venía creciendo, cuando según datos del INDEC el crecimiento
logrado el año pasado fue del 2,4 por ciento. En consecuencia, esto está en
línea con lo que estoy señalando. Dios quiera que podamos crecer y nos vaya
bien, aunque soy pesimista en razón de las políticas que hoy se están
implementando.
El señor jefe
de Gabinete de Ministros también hizo referencia al Bicentenario y la alegría
que ello implicó. Lamentablemente, no comparto su punto de vista porque me
parece que hubo mucha tristeza en los festejos que se hicieron por los
doscientos años de la independencia de nuestra querida patria. De todos modos,
no quiero extenderme mucho sobre este tema debido a que dispongo de poco tiempo
para hacer uso de la palabra.
A
continuación, voy a formular algunas preguntas muy concretas.
En primer
término, algunos medios de prensa dijeron que se habían desviado fondos del
Plan Belgrano, que habrían sido
distribuidos entre la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y otras áreas. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se encuentra
presente el responsable de esa área, quiero saber si esto ha sido efectivamente
así. En tal caso, desearía conocer cuándo se enmendará este error.
En segundo
lugar, el señor jefe de Gabinete de Ministros se refirió al programa Fútbol
para Todos. Mi pregunta concreta es la siguiente: ¿el año que viene habrá
Fútbol para Todos? No me refiero a todos los que tienen cable, sino a todos los
que tienen un televisor y quieren ver un partido de fútbol. Me parece que se
trata de un tema importante.
En tercer
término, quiero decir al señor jefe de Gabinete de Ministros que he recibido
cartas –creo que lo mismo ha ocurrido a muchos otros señores diputados‑
en oportunidad de la visita de beneficiarios del plan Procrear. Viendo la
ejecución presupuestaria, donde menos se ha ejecutado en el primer trimestre es
precisamente en el área de la vivienda.
Ayer estuvimos
en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano con los amigos de
Autoconvocados por el Procrear, que dicen representar a 42.000 familias,
quienes sostienen ‑yo lo comparto- que la casa digna es la casa
terminada. Ellos nos piden que hagamos gestiones a fin de ampliar los créditos
porque alquilan, no pueden pagar la cuota y han logrado construir el 70 por
ciento de sus hogares. Entonces, pregunto si no sería conveniente ampliar el
plan Procrear y cambiar las características del Procrear Complementario, que
tiene muchos requisitos.
Por último,
adhiero a lo expresado por el señor diputado Borsani con respecto a la polilla
de la vid. Los 60 millones de pesos previstos no van a alcanzar porque 10
millones están destinados a la provincia de San Juan y los 50 restantes, a la
de Mendoza. Además, esta plaga se reproduce tres veces más durante el período
de calor, por lo que hacen falta más recursos. Este plan debe implementarse
rápidamente; de otro modo, vamos a lamentar muchísimo las consecuencias de esta
plaga en la zona cuyana y en los lugares productores de vides.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por San Juan.
Sr. Tomas.- Señor
presidente: más allá del descalabro generado por el tema del tarifazo, que
ustedes mismos reconocieron fue un error y que tuvo fuertes consecuencias
políticas en distintos sectores, nos queda la preocupación de saber qué va a
pasar con aquellos que no entraron en el fallo de la Corte, particularmente las
entidades intermedias, clubes vecinales, bibliotecas, etcétera. Entonces, mi
primera pregunta se refiere a si este año hay un plan prefijado para brindar
una solución a estas instituciones.
La siguiente
pregunta se relaciona con las universidades que están sufriendo consecuencias
bastante complejas en materia presupuestaria. Menciono esto particularmente por
la Universidad Nacional de San Juan, con cuyos representantes nos reuniremos el
próximo lunes.
En este
sentido, existe un informe de la Federación Nacional de Docentes
Universitarios, la CONADU, que habla de una subejecución del presupuesto anual,
cercano a los 56.000 millones de pesos. Se entregaron apenas 15.748 millones de
pesos, es decir, el 28,9 por ciento. Además, la Secretaría de Políticas
Universitarias advierte que no se han cumplido los convenios con distintas
jurisdicciones estatales. Este es otro de los temas que a nosotros nos preocupa
porque habitualmente las universidades celebran una serie de convenios, que en
este caso no se han cumplido.
Finalmente,
el Instituto de Estudios de Capacitación de la CONADU se refiere a la no
ejecución de distintos programas vigentes. Menciona que existen 88 programas y
que respecto de 59 de ellos existió el compromiso de ser realizados este año;
sin embargo, tienen “cero pesos” de ejecución presupuestaria. Es decir, estamos
frente a una subejecución que nos preocupa del mismo modo que a las
universidades nacionales, porque debemos generar propuestas -tal como usted
mencionaba- de universidades en las que podamos estar todos, en las que se
pueda planificar para formar y capacitar dirigentes.
El tarifazo,
la inflación, los recortes que se han dado, particularmente en el interior de
cada uno de estos presupuestos, nos pintan una situación terminal en materia
universitaria.
Hemos
presentado un proyecto para que en el proyecto de presupuesto 2017 se vaya
programando e incorporando la previsión tarifaria a fin de que no tengamos que
sufrir consecuencias.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Kicillof.-
Señor presidente: mi pregunta tiene que ver con las proyecciones que el señor
jefe de Gabinete tiene para este año en las diferentes áreas de la economía. En primer lugar, el diputado Gioja ya dejó muy
en claro que, pese a lo que el jefe de Gabinete repitió en esta oportunidad -y
ya lo había dicho anteriormente en el sentido de que la economía argentina no
crecía-, los datos revisados por el propio INDEC han dado un crecimiento del
2,4 por ciento para el año pasado, con una caída de los índices de Brasil del
3,7 por ciento. En concreto, ¿cuánto estiman que vamos a crecer este año?
En segundo
lugar, tenemos los datos definitivos publicados por el Ministerio de Economía
relativos al déficit fiscal del año pasado: 1,9 por ciento del PBI. Este es el
déficit de 2015; no 7 puntos sino 1,9. La meta fiscal que fijó el ministro
Prat-Gay creo que asciende al 4,7, y durante este mes de julio el déficit
fiscal se duplicó con respecto al mismo período del año pasado.
Con respecto
a la inflación, la previsión del ministro Prat-Gay y del presidente Macri a
principios de año fue del 20 o 25 por ciento, y hoy, de acuerdo con números
oficiales, se habla del 27 por ciento. Sin embargo, este año, a ocho meses de
haber comenzado, estamos en el 42 por ciento con respecto al año pasado.
¿Cuál es la
nueva previsión de inflación para este año? Los salarios reales, según
estimaciones oficiales, han caído 13 puntos. Es decir que ha habido una pérdida
de 13 puntos del salario real. ¿Cómo cree el ministro que va a cerrar el año si
no se reabrieran las paritarias, tal cual se está planteando?
La última
pregunta que tengo se refiere a la deuda externa argentina. Según nuestros
números –que son oficiales‑ el endeudamiento solamente del Tesoro subió
prácticamente en 30.000 millones de dólares. La Argentina se endeudó en 29.400
millones de dólares en ocho meses y las reservas, con respecto al año pasado,
crecieron, como mucho, 5.000 millones de dólares.
Por lo tanto,
¿cómo estiman que terminarán los números relativos a reservas y endeudamiento
externo? Y para cerrar, ¿cuánto estima, señor ministro, que será el valor del
dólar para fin de año?
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr. Moreno.-
Señor presidente: doy la bienvenida al señor jefe de Gabinete.
Le voy a
hacer una pregunta, que puede tomar como tal o como una advertencia. El
gobierno actual viene de tropiezos. Siempre que se trabaja, se gobierna y se
gestiona ‑máxime en términos que afectan a gran parte de la población‑,
las dificultades surgen. La historia de los gobiernos es así.
No voy a
hablar de lo que pasó: lo que pasó, pasó. Pero ahora tenemos un tema concreto:
la sentencia de la Corte. Me voy a referir expresamente a la audiencia pública,
que no es lo que ustedes piensan.
La audiencia
pública tiene marcos legales y constitucionales. Por lo tanto, en lugar de usar
la expresión “audiencia pública” deberíamos hablar de “sesión pública”, porque
los alcances que otorgan los considerandos 18, 19 y 20 del fallo de la Corte,
el considerando 15 del voto del doctor Maqueda y los considerandos 16 y 17 del
doctor Rosatti, marcan límites legales y constitucionales y remiten al artículo
10 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, no hay que jorobar con esta
situación.
Al final
tendremos que tomar los considerandos 32, 33 y 34, en cuanto a los alcances que
afectan a la población. Sé que el señor ministro ha hecho magia y malabares
para ocultar la discusión de uno de los tres tramos del componente del llamado
“tarifazo”: el de la boca de pozo, que es una transferencia que oscila –según
quien la calcule- entre 2.300 y 2.800 millones de dólares a diez o doce
gasíferas. Aclaro que no voy a entrar en la chicana de Aranguren y las dos
situaciones que tiene una subsidiaria de Shell en Neuquén, sino que voy a ir
concretamente a la resolución por la que se convoca a audiencia pública.
Sr. Presidente
(Monzó).- Le pido que vaya cerrando
su exposición, señor diputado.
Sr. Moreno.- De
acuerdo, señor presidente.
Esa
resolución fue firmada por el subinterventor para que no chicaneen al
interventor por Metrogas, y toda la historia política.
El artículo
1°, dice: “...el traslado a tarifas de los precios de gas en el Punto de
Ingreso al Sistema de Transporte...” Acá se da por sentado que no se discutirá
el costo del gas en boca de pozo. El artículo 2° está bien. Y no alcanza con la
referencia que se hace en los considerandos al artículo 37 de la ley 24.076.
El artículo
1° de la convocatoria no es lo que dice la Corte. Dan por sentada la discusión
del traslado a las tarifas de lo que fijaron las resoluciones anteriores, que
fueron anuladas, suspendidas, cuestionadas; total, una resolución mata a la
otra. Se los digo porque están cometiendo un grave error y, más temprano que
tarde, como esta convocatoria viola el fallo, van a tener problemas. Por eso,
les pido que analicen esta cuestión.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Neuquén.
Sr. Ciampini.-
Señor presidente: como todos sabemos, uno de los sectores más afectados por la
desocupación galopante que provoca la política recesiva de este gobierno es el
de la construcción. Según los índices difundidos ayer, la desocupación se
acerca a los dos dígitos, ya que está en el 9,3 por ciento.
Ante las
generalidades que el ministro planteó con respecto al tema de la obra pública,
mi pregunta concreta es qué porcentaje de obra pública se ejecutó con respecto
al presupuesto del año pasado. Según lo que informó aquí hace dos semanas el
ministro Frigerio, el presupuesto está subejecutado.
Atento a
ello, mi segunda pregunta es si tienen prevista una reestructuración
presupuestaria con ese excedente o con ese monto que no llega a ejecutarse.
Pregunto esto porque tanto el señor jefe de Gabinete como el ministro Prat-Gay
–que se ocupó de los fondos buitre- y el ministro Aranguren –que se ocupó del
“tarifazo”- firmaron la decisión administrativa 886/16, que modificó en 11.500
millones de pesos las partidas presupuestarias en subsidios para empresas
energéticas.
Por último,
quiero preguntar cómo está el trámite ‑que tanto estamos esperando en
nuestra provincia‑ de la obra de Chihuido, que fue licitada y está
esperando su ejecución.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Buenos Aires.
Sra. Raverta.-
Señor presidente: mi primera pregunta está relacionada con la pregunta 421 que
me contestaron por escrito, referida a la obra del gasoducto a Mar del Plata. Usted sabe que no tenemos conexión de gas desde principios de año.
Estamos hablando de 84.000 viviendas sin gas y 41 edificios que no pueden ser
habilitados por la falta de conexión.
Sumado
al indicador alarmante de desocupación que tenemos en la ciudad de Mar del
Plata, que asciende al 11,6 por ciento, quisiera saber cómo afecta esto el
hecho de no tener una industria de la construcción funcionando en su totalidad,
como manifestó el señor diputado que me precedió en el uso de la palabra. Por
eso, quisiera preguntar al señor ministro si puede precisar cuándo se iniciarán
las obras del gasoducto a Mar del Plata, que comprende el Gasoducto de la Costa
y, en este marco, si puede precisar a más de los 700.000 marplatenses la fecha
de iniciación, ya que sabemos que la obra tendrá, por lo menos, doce meses de
ejecución.
La
segunda pregunta es si el señor ministro, al igual que el señor presidente de
la Nación, desconoce la cifra de los detenidos desaparecidos en la última
dictadura cívico militar. (Aplausos en
las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra la señora diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Mazure.-
Señor presidente: mis preguntas se refieren a las que oportunamente formulara
por escrito, cuyos números son 471 y 494.
En el caso de
la pregunta número 471, en cuanto a si las plataformas por Internet están
aportando al fisco, creo que la respuesta realmente es un sinsentido. Se dice
que la AFIP gestionó multas en lo que va del año por 206.854 pesos. Si tenemos
en cuenta que Netflix recauda 100 millones de dólares al año y no aporta al
fisco, quisiera saber por qué no se avanza en los proyectos
que están paralizados en las comisiones de esta Honorable Cámara en esta
materia. Desearía saber si usted sabe por qué no existe este control fiscal o
si no hay intenciones de generarlo.
Sabemos que
el 5 de agosto se firmó un convenio con Microsoft, pero no pudimos acceder al
texto porque tiene cláusulas de confidencialidad. Según la información que
tenemos del ENACOM, se sabe que la empresa va a tener un espacio en el espectro
radioeléctrico, proveerá de contenidos educativos en red, capacitación y
herramientas informáticas. En este sentido, queremos saber cuáles son los
contenidos, cómo será el formato de gestión y cuáles serán los beneficios que
recibirá Microsoft por este convenio, o si por la confidencialidad de las
cláusulas eso es imposible de informar. De todas maneras, hemos pedido informes
respecto del decreto 1.172.
En relación
con la pregunta 494, en la constitución del Consejo Federal de Comunicación
Audiovisual –el COFECA- advertimos que no contempla la representación de la
sociedad civil, del sector de la educación, de los gremios ni de los medios sin
fines de lucro. Por lo tanto, deseamos conocer cuál es la estrategia que
piensan seguir ante la falta de control del Estado en todo lo vinculado con
nuestras telecomunicaciones. Concretamente, deseamos saber si la estrategia es
la entrega de nuestras telecomunicaciones a espaldas de la población.
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.
Sr. Gervasoni.-
Señor presidente: doy la bienvenida al señor jefe de Gabinete de Ministros a
esta sesión.
Mi inquietud
se vincula con una noticia que salió publicada en el día de hoy respecto de la
pastera de Gualeguaychú. Escuché atentamente al señor ministro hablar de las
cumbres del cambio climático, de las energías renovables, de cuidar el
medioambiente y de todas estas políticas que se vinculan con los derechos de
tercera generación. Sin embargo, veo con asombro que el presidente Macri dio el
“sí” a Tabaré Vázquez para instalar otra pastera sobre el río Negro, cuyos
afluentes desembocan en el río Uruguay, según lo estipulado en el tratado del
río Uruguay.
Concretamente,
quisiera saber si se ha evaluado la posibilidad de realizar reuniones con los
asambleístas de Gualeguaychú, si se piensa empezar a hablar del impacto
ambiental y comenzar a trabajar sobre todas estas cuestiones, porque vemos con
preocupación este “sí” que tan livianamente se da para la instalación de una
nueva pastera.
Por otro
lado, planteo una preocupación respecto de la importación de pollos que estamos
viendo en los últimos tiempos, vinculada con la situación brasileña. Existe una
preocupación concreta entre todos los productores entrerrianos en relación con
este tema. Sabemos que la provincia de Entre Ríos es una de las que más ha
crecido en inversión, trabajo y faena, y en los últimos tiempos nos hemos
dedicado a exportar pollos. Ahora resulta que importamos pollos, pero no
queremos volver a la época de los años 99, 2000 y 2001, cuando teníamos que
abrir los gallineros para que los pollos se pudieran alimentar porque los
costos de producción eran muy elevados. Me gustaría saber qué medidas se están
pensando tomar para proteger la producción avícola.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Chubut.
Sra. Llanos.-
Señor presidente: voy a hablar de mi provincia, Chubut, donde estamos viviendo
una crisis petrolera que también afecta al gremio de la UOCRA, al de
camioneros, a las pymes y a toda nuestra gente, que queda sin trabajo. Se trata
de una crisis que viene pegando muy fuerte en el Sur.
Quiero saber
cuál es la mirada que tienen para poder acompañarlos a todos desde mi humilde
lugar. Cuando llegamos a nuestra provincia, la gente espera respuestas de sus
diputados.
Por otro
lado, nuestra provincia fue más golpeada por los tarifazos. Tenemos las
temperaturas más bajas pero no podemos disfrutar de ese clima hermoso. El
viernes fui a trabajar en torno del presupuesto con el gobierno provincial y me
quedé en la ruta; no pude pasar por la nieve.
Tenemos altas
tarifas y bajas temperaturas. Queremos saber cuál es la mirada al respecto,
porque en el Sur debemos dar una respuesta y la gente está sufriendo. La
canasta familiar en el Sur es de 20.500 pesos, mientras que los sueldos más
bajos son de 3.500 pesos. Hay una terrible desigualdad. Queremos ayudar, pero
no podemos hacerlo con estas medidas.
También
quiero hablar de la fruta fina. En este momento se está importando de Chile,
bajó el precio y nuestra fruta la van a terminar comiendo los animales.
Queremos
mencionar muchos temas pero es poco el tiempo del que disponemos. Me gustaría
saber cuándo van a llevarse adelante las audiencias públicas. Primero, hablaron
del 12 de septiembre, y después, cambiaron las fechas.
La cantidad
de despidos es crucial. Nuestra gente volvió a los comedores y merenderos.
Habíamos trabajado muy bien socialmente para levantarlos y me da mucha tristeza
ver cómo hoy volvemos a esa situación de crisis que tanto golpea a los niños y
a las familias en general.
El Sur es un
lugar muy caro, los alquileres están desfasados, no hay un sueldo que pueda
acompañar el modelo político que se está llevando adelante. Por eso, reitero la
pregunta: ¿qué política tenemos para poder conformar al Sur?
El Sur es una
brasa caliente. Escuchen al Sur. Sé que usted, señor jefe de Gabinete, está
encima de todo este problema y que va a poder acompañarnos y ayudarnos. Tenemos
que ayudarnos entre todos. La verdadera democracia es aquella en la que un
gobierno actúa en defensa de los intereses del pueblo.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Tierra del Fuego.
Sr. Martínez (O.A.).- Señor presidente: sería un
gesto muy importante que, teniendo presente su visita anterior, el señor jefe
de Gabinete no respondiera con evasivas, chicanas ni provocaciones.
Tenemos dos
visiones muy distintas de la realidad del país. Ellos nos hablan de la
reparación histórica a los jubilados, mientras que los jubilados sufren una
represión en puente Pueyrredón. Nos hablan de las nuevas medidas para
beneficiar a las pymes, pero estas son sacudidas con tarifazos. Nos hablan de
la pretensión de generar nuevos empleos, pero vetan la “ley antidespidos” con
la pretendida actitud de generar más despidos en el sector estatal y en el
privado.
Nosotros
tenemos la interpretación de que existe una confusión de parte del gobierno.
Respetamos que han ganado legítimamente una elección y que por ello tienen la
responsabilidad de gobernar para todos los argentinos, pero nos da la leve
impresión de que lo que están haciendo es algo así como hacerse cargo de una
empresa que han comprado. Esto es muy preocupante. Cuando los trabajadores
reclaman, ponen palos en la rueda. Cuando se movilizan, dicen que son
desestabilizadores. La verdad es que esto es criticable y cuestionable.
Concretamente,
necesitamos certeza de qué va a pasar con la industria nacional. En Tierra del
Fuego hay 12.000 trabajadores, hombres y mujeres que están esperando una
respuesta de cuál será su destino y sus posibilidades concretas de seguir
teniendo trabajo genuino.
Lamentablemente,
la apertura de las importaciones o la falta de resolución de las condiciones
existentes en Tierra del Fuego no nos hacen prever cuál será nuestro futuro.
Nos hablan
del costo y del déficit fiscal. Todos los países protegen y subsidian las
empresas. Acá mismo tenemos a Brasil que es un espejo por el Tratado de Ouro
Preto, que trajo como consecuencia respetar dos zonas productivas tan
importantes como Manaos y Tierra del Fuego.
Lamentablemente,
nosotros ni siquiera somos recibidos por los ministros. Es otra solicitud que
formulamos al jefe de Gabinete para que los ministros reciban a los
trabajadores y a las organizaciones gremiales. No tengan miedo ni desprecio de
los trabajadores. Téngannos respeto, porque venimos a plantear situaciones
graves que estamos viviendo y que son parte de la situación actual, ya que
pasamos por dificultades enormes. Ha caído el empleo, tenemos inflación,
devaluación y tarifazo. Es la situación que vivimos y padecemos. Exigimos
respuestas concretas sobre cuál será el destino de la industria nacional,
porque es algo que preocupa fundamentalmente a los trabajadores.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Tierra del Fuego.
Sr. Pérez (M.A.).-
Señor jefe de Gabinete de Ministros: le voy a formular un par de preguntas
sobre algunos temas y un pedido.
En primer
lugar, atento a la nota que ha enviado la primera ministra británica, Theresa
May, a nuestra canciller Malcorra, quisiera saber qué opina en cuanto a que se
está ingresando en una fase más productiva con respecto a nuestras relaciones
bilaterales. Por eso, desearía saber si el gobierno nacional tiene previsto
avanzar en algún proyecto para derogar la legislación vigente que protege
nuestros yacimientos hidrocarburíferos en la cuenca del Atlántico Sur, concretamente
en la zona de Malvinas. Las leyes que establecen esta protección son la 26.659
y su modificatoria, la 26.915. ¿Se tiene prevista alguna derogación al
respecto?
Por otro
lado, me gustaría conocer su opinión sobre algunos postulados que se han
difundido en algunos medios de comunicación amigos del gobierno sobre la
posición que tiene esta administración en relación con mi provincia, Tierra del
Fuego, en cuanto a reconvertir o hacer sustentable –esto lo digo entre comillas‑
el polo tecnológico. En este sentido, se ha planteado que el gobierno nacional
piensa limitar los alcances de dicho polo industrial. Inclusive, el ministro de
Comunicaciones, Oscar Aguad, ha señalado públicamente que Tierra del Fuego es
un problema.
Señor jefe de
Gabinete: ¿usted está de acuerdo con las declaraciones del ministro Aguad en
cuanto que Tierra del Fuego es un problema para el gobierno nacional? Me
gustaría escuchar su respuesta a una pregunta que formulo sin ningún tipo de
chicanas.
Por otra
parte, me gustaría saber si es verdad que se limitarán los alcances del polo
tecnológico de Tierra del Fuego solamente a tres productos: televisores, aires
acondicionados y celulares. ¿Se piensa dejar de producir audio,
decodificadores, microondas y computadoras? En este sentido, si la respuesta es
afirmativa, me gustaría saber cómo van a garantizar los puestos de trabajo de
las personas que dejen de desempeñarse en esas líneas de producción.
Por último,
también en relación con el polo industrial, quisiera saber si el gobierno
nacional tiene previsto bajar los aranceles a la importación de notebooks, tablets y laptops, del 35
al 16 por ciento.
Finalmente ‑pero
no por ello menos importante para nuestra provincia‑, tengo una pregunta
relacionada con el proceso licitatorio del Interconectado Eléctrico Nacional,
que estaba a punto de avanzar, según nos informó el jefe de Gabinete anterior,
pero en su informe 93, señor jefe de Gabinete, se plantea que se está evaluando
una alternativa de interconexión eléctrica a través de Chile.
Quisiera
saber cuál es el costo fiscal que justificaría que esta interconexión eléctrica
no se haga por territorio argentino y por qué esos pliegos están frenados.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Río Negro.
Sra. Soria.-
Señor jefe de Gabinete: es cierto que la crisis frutícola es responsabilidad no
de este gobierno sino, por omisión, de muchos gobiernos provinciales y
nacionales anteriores al actual. Pero también es cierto que gracias a su
política macroeconómica esta crisis frutícola se ha agravado, por ejemplo, por
la devaluación, que llevó a una terrible inflación, por la eliminación de las
retenciones, que solo benefició a un puñado de exportadores con la excusa de
ese efecto derrame que nos “vendieron” y no sucedió; y también se ha agravado
con esto... ¿Sabe qué es esto, señor
ministro? Es una manzana de Chile. ¿Usted sabe, señor jefe de Gabinete, que
gracias a la política macroeconómica del gobierno tenemos más de 700.000 kilos
de manzanas chilenas que compiten en este momento con la producción de Río
Negro? ¿Esa es la ayuda que ustedes quieren dar a los productores y chacareros
rionegrinos?
Ahora bien,
tengo tres proyectos, uno de los cuales, gracias a Dios, fue sancionado el año
pasado por esta Honorable Cámara, referido al Fondo Nacional Frutícola, que
espera ser tratado en el Senado; otro proyecto se refiere a la ley de
trazabilidad de la fruta, y el tercero, al Instituto de la Pera y la Manzana,
que espero que todos los diputados del PRO acompañen.
Voy ahora a
la pregunta, señor jefe de Gabinete. El presidente se hizo tiempo para recibir
a Mirtha Legrand y hasta pudo almorzar con ella; también se hizo tiempo para
recibir a Tinelli, y hasta tuvieron tiempo para sacarse unas fotitos. Dígame,
jefe de Gabinete, ¿no puede hacerse tiempo el presidente para recibir a los
productores de mi provincia, que se están fundiendo? ¿No puede recibirlos?
¡Respóndame! ¿Los van a recibir o no? (Aplausos
en las bancas.)
Yo les
ofrezco las tres herramientas legales que están en esta Cámara. Dígame usted,
señor jefe de Gabinete, qué solución en lo inmediato tiene para nuestra
fruticultura, para nuestra economía regional. ¿Van a seguir mirando para otro
lado, como hicieron con las tarifas? Les dije en este recinto que estaban
equivocados, ¿van a seguir mirando para otro lado?
Son personas
respetuosas, educadas, no van a agredir al presidente, quieren conversar con
él, quieren buscar una solución a nuestra crisis. Le pido por favor,
encarecidamente: reciba a los chacareros que están en la plaza de Mayo. No
pueden volver a mi provincia sin una solución. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Misiones.
Sr. Di Stefano.-
Señor presidente: le doy la bienvenida al señor jefe de Gabinete. Adelanto que
seré muy concreto.
En estos días
voy a presentar en esta Cámara una iniciativa legislativa para conocer cuál es
la situación del Plan Belgrano en la provincia de Misiones. Si el señor jefe de
Gabinete accede a responderme no presentaré esta iniciativa legislativa, con la
condición de que nos informe sobre el cronograma previsto, si es verdad que no
tienen pensado iniciar obras el año que viene, como ha dicho el representante
del Plan Belgrano en Misiones, y en qué situación se encuentra la ejecución de
las obras del Plan Belgrano Cargas y las del puerto de la Ciudad de Posadas.
Supongo que
estarán al tanto de la crisis de los aserraderos. La industria maderera en la
provincia de Misiones está atravesando por una crisis profunda cuyo resultado
es una ola de despidos muy grande, reducción de horarios de trabajo y
suspensiones, entre otras cosas muy crueles para los trabajadores. ¿Cuál es la
respuesta que darán a este sector que se ha visto damnificado por la apertura
de las importaciones que ha decidido el Poder Ejecutivo?
Como se sabe,
en los últimos meses, a través del puente internacional Posadas-Encarnación,
han pasado más de 6 millones de visitantes, entre misioneros y habitantes de
otras zonas, que cruzan a Paraguay a cargar combustible, comer y comprar ropa y
mercadería. Eso está devastando la industria y el comercio no solamente en la
ciudad de Posadas sino en toda Misiones. ¿Qué medidas tomarán para tratar de
que no sigan cerrando más industrias y comercios en Posadas y fortalecer la
industria en Misiones?
Sé que se
considera un ITC diferenciado para Misiones, pero necesitamos que no sea
solamente para las ciudades de Posadas y de Puerto Iguazú sino para toda la
provincia. Hay casi siete u ocho pesos de diferencia con la compra de
combustible en Paraguay. La gente va a cargar combustible a ese país y esto
está produciendo despidos en Misiones.
Hace dos
meses, aproximadamente, presenté una iniciativa legislativa por la que solicito
al Poder Ejecutivo información sobre la instalación de dos bases militares
norteamericanas en la República Argentina, una en Misiones y otra en Tierra del
Fuego. Queremos saber si esto es cierto o no, qué avances se han logrado y
cuáles son las garantías bilaterales sobre una posible instalación de bases
militares en Misiones y Tierra del Fuego, ya que tenemos información de que
estas bases vendrían disfrazadas de bases científicas.
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra la señora diputada
por Tucumán.
Sra. Soraire.-
Señor presidente, señor jefe de Gabinete de Ministros: quisiera hacer dos
preguntas importantes referidas al incremento del desempleo, que acaba de ser
ratificado por el INDEC y el gobierno. Sabemos que el gobierno tiene previsto
un plan para los jóvenes. Coincido en la necesidad de asegurar la inclusión social,
y la mejor forma de hacerlo es con trabajo genuino, pero también hay que pensar
en los mayores que hoy son jefes de familia y no pueden sostener a su núcleo
familiar. Por eso, mi pregunta es si existe alguna medida que extienda la
promoción del empleo para los mayores de 45 años.
También
quiero saber cuánto lleva gastado del actual presupuesto el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación en políticas de inclusión en nuestro país, y si
tienen previsto planificar nuevos programas de inclusión a lo largo del
territorio, en conjunto con la canasta de precios cuidados debido al gran
aumento de nuestra canasta básica.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la
Honorable Cámara, ingeniero José Luis Gioja.
Sr. Presidente
(Gioja).- Tiene la palabra la señora
diputada por Tucumán.
Sra. Gallardo.-
Señor presidente, señor jefe de Gabinete de Ministros: reitero mi pedido en
relación con las medidas y acciones que este gobierno piensa implementar para
prevenir las muertes por el ingreso del hantavirus en mi provincia, que ya se
llevó la vida de varias personas. Esta situación no tiene precedentes. Aclaro
que esta pregunta ya se la formulé en su primera visita a este recinto, y en
aquella oportunidad me contestó “estamos trabajando”. Por lo tanto, quisiera
que fuera un poco más específico, porque hasta el día de hoy no hemos visto
ningún tipo de acción en Tucumán.
Mi siguiente
consulta tiene que ver con el anuncio del presidente Macri en relación con el
programa denominado “Plan Belgrano”, que en materia de infraestructura prevé
una inversión de 16.000 millones de dólares en un plazo de diez años, en diez
provincias del Norte argentino, entre las cuales está Tucumán. Además de esa
inversión en infraestructura, se prevé también el destino de 50.000 millones de
pesos en cuatro años en concepto de reparación histórica, soluciones
habitacionales para 250.000 familias, atención inmediata a los afectados por la
pobreza extrema, subsidios a las economías regionales e incentivos laborales.
Teniendo en
cuenta que llevamos ocho meses de esta nueva gestión, quisiera saber qué obras
se están ejecutando en mi provincia –que es una de las beneficiadas por el
programa‑ y cuál es el monto de inversión prevista en Tucumán.
Sr. Presidente
(Gioja).- Tiene la palabra el señor
diputado por Entre Ríos.
Sr. Barreto.- Señor
presidente: durante la campaña electoral dijeron que una de sus banderas era la
situación de las economías regionales.
El señor ministro seguramente sabe que la provincia de Entre Ríos cuenta con
importantes complejos productivos en las áreas dedicadas a la cría de pollos y
de cerdos y a la producción de arroz. Supongo que también tiene conocimiento de
que entre enero y mayo del corriente año la importación de carne de cerdo
aumentó un 77 por ciento; la de pollo, un 1.330 por ciento, y la de arroz, un
29 por ciento. Por lo tanto, deseo que me diga cómo piensan fortalecer las
economías regionales –en particular, la entrerriana‑ si al mismo tiempo
están autorizando la importación de esos productos.
En segundo
lugar, quiero saber por qué aún no se ha reglamentado la ley 27.132 –sancionada
el año pasado por este Congreso‑, cuyo objetivo es la reactivación del
ferrocarril tanto de carga como de pasajeros.
Mi última
inquietud se refiere a un tema de actualidad. Seguramente, el señor jefe de
Gabinete sabe que en este momento la Gendarmería Nacional Argentina está
reprimiendo una manifestación sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata. La
protesta fue convocada por organizaciones políticas y sociales a fin de solicitar
algún tipo de límites al modelo neoliberal imperante.
Cabe aclarar
que se había anunciado que esa protesta iba a desarrollarse hasta las 15. Sin
embargo, diez minutos antes de esa hora la Gendarmería avanzó sobre la gente
con camiones hidrantes y balas de goma, cuando en el lugar había mujeres y
niños. Esto está ocurriendo en este preciso momento. Por eso, deseo saber si en
esta protesta el gobierno nacional ha implementado el protocolo diseñado por la
ministra Bullrich para este tipo de manifestaciones, sobre todo teniendo en
cuenta que últimamente se han reprimido muchas manifestaciones callejeras.
Sr. Presidente
(Gioja).- Tiene la palabra la señora
diputada por San Juan.
Sra. Castro.- Señor
presidente: mis preguntas son muy concretas.
Un compañero
de bloque ya se refirió a la ejecución presupuestaria en las universidades.
Personalmente, le pido que me diga qué porcentaje se ha ejecutado del
presupuesto 2016 previsto para el área educativa, incluidas las universidades.
En lo
atinente al proyecto que prevé la obligatoriedad de la escolaridad desde la
sala de 3 años, la Comisión de Educación fue convocada para tratar el tema,
pero luego la reunión se suspendió; entendemos que el proyecto se va a tratar
la semana próxima.
Si bien
estamos de acuerdo con la propuesta, queremos que realmente se pueda ejecutar,
y digo esto como representante de San Juan, la provincia de Sarmiento, tierra
de la educación. Hemos estudiado el proyecto, y si bien es cierto que tiene un
texto prácticamente idéntico al que habíamos elaborado para las salas de 4
años, la realidad política y económica del país se ha modificado y no han sido
cambios positivos. Debido a ello, queremos saber qué nivel de acompañamiento va
a brindar el Poder Ejecutivo nacional a las provincias en materia de recursos.
Por supuesto que estamos de acuerdo, pero no queremos que sea un salto al
vacío.
Por otra
parte, lejos de ser una oposición que pone palos en la rueda, como dice el
presidente, tenemos la intención de hacer ver aquellas decisiones políticas que
realmente son equivocadas y que perjudican a nuestro pueblo.
El señor jefe
de Gabinete de Ministros se refirió hace un rato a la agenda de largo plazo,
las oportunidades y los desafíos. ¿Podría dar precisiones a este respecto?
Estas preguntas ya las habíamos formulado en su visita anterior a esta Cámara,
pero no hemos obtenido datos precisos. ¿Cuáles son esos desafíos de largo plazo
en términos concretos?
Además, como
el futuro no se imagina sin ciencia, tecnología e innovación, como presidenta de
la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva quiero saber qué
nivel de ejecución presupuestaria existe en estas áreas.
Hace unos
días, investigadores del Conicet nos hicieron saber que se ha reducido a la
mitad el dinero destinado a proyectos de investigación. Y como ya falta poco
para el 15 de septiembre, quisiera saber si el señor jefe de Gabinete nos puede
dar algunos datos respecto de los montos y recursos que se destinarán a
educación, ciencia y tecnología en el presupuesto para 2017.
Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado
por Córdoba.
Sr. Pereyra.-
Señor presidente: en primer lugar doy la bienvenida al señor jefe de Gabinete
de Ministros. Seré breve porque comparto mucho de lo expresado por los señores
diputados que me precedieron en el uso de la palabra acerca de cuestiones
preocupantes que generan mucha incertidumbre en el pueblo argentino.
En cuanto a
las economías regionales, debemos ser sinceros y reconocer que los productores
del campo mayoritariamente votaron a Cambiemos.
En materia de
energía, tal como se dijo anteriormente, por estos días se encuentra en stand by. Sabemos que el oficialismo
continuará insistiendo con el aumento del 400 o 500 por ciento.
Quiero decir
al señor jefe de Gabinete de Ministros que los productores de las economías
regionales generan muchos puestos de trabajo, tienen grandes extensiones de
producción que riegan por el sistema de bombeo con agua proveniente del
subsuelo. Esto sucede muy especialmente en las provincias de La Rioja y
Catamarca con el olivo y otros cuantos cultivos, y en Mendoza, con sus vides y
distintos productos frutihortícolas. Estas provincias son grandes productoras
que tienen necesidad de regar sí o sí mediante bombeo, por lo que necesitan
energía eléctrica.
Por su parte,
en el oeste de Córdoba –mi provincia‑ y en el norte de San Luis hay
producción de papa. Allí existen unas trescientas perforaciones que bombean
mediante energía eléctrica. Por eso, quiero decir al señor jefe de Gabinete que
cuando en los próximos días tomen las medidas relativas a la electricidad
tengan en consideración estos productos que se cosechan en las mencionadas
economías regionales. Digo esto porque detrás de los hombres de campo, de los
productores, hay miles y miles de puestos de trabajo, informales y formales.
Señalo esto porque si a estas economías regionales se les aumentara la tarifa
aunque sea un 200 por ciento, les costaría subsistir, ya que el 80 por ciento
de lo producido se destina al mercado interno. Al respecto, en virtud de todos
los índices de medición sabemos que el mercado interno se va achicando en forma
permanente, razón por la cual los productores –y en definitiva, los
trabajadores‑ seguramente tendrán serios inconvenientes.
Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra la señora diputada
por Santa Fe.
Sra. Frana.-
Señor presidente: no redundaré respecto de algunas cuestiones que ya se han
expresado en esta sesión porque ello implicaría ocupar un tiempo innecesario.
Quiero
señalar que actualmente se registra una apertura de las importaciones que
perjudica a nuestras economías regionales. No reiteraré la pregunta formulada
por la señora diputada Scaglia, por quien siento un profundo respeto, que de
alguna manera habla de lo que está sucediendo hoy en mi provincia en relación
con la producción de frutillas. En el mismo sentido podría referirme a los
cerdos, los muebles, las heladeras y demás. Por lo tanto, ¿cuál es la política
del gobierno nacional respecto de la apertura de las importaciones? ¿Cuál es el
establecimiento de cupos?
También hemos
observado esta situación a partir de una noticia que recibimos sobre el
dictamen de una empresa relacionado con la apertura de la importación de autos
de China. En otras palabras, por un lado se sanciona la ley de autopartes para
favorecer la industria nacional, mientras que por el otro se registra esta
situación.
En
consecuencia, reitero la pregunta: ¿cuál es la política del gobierno nacional
respecto de la apertura de las importaciones? ¿Cuáles son los cupos en esa
materia? Señalo esto porque francamente muchas de las cosas que suceden en
relación con las pymes tienen que ver con esta situación, que se ve agravada
por el tarifazo y las elevadas tasas de interés.
Por otra
parte, frente a la noticia que recibimos en el día de ayer respecto del INDEC y
la tasa de desempleo, ¿cuáles son las medidas concretas que el gobierno prevé
adoptar en el corto plazo? Esto lo planteo más allá del esquema de diálogo que
el señor jefe de Gabinete de Ministros propuso y respecto del cual no tenemos ningún
inconveniente en sumarnos. Pero me gustaría saber concretamente qué piensa
hacer el gobierno en los próximos sesenta días a fin de revertir el índice de
desocupación.
En otro orden
de cosas, el señor jefe de Gabinete de Ministros destacó en su exposición la
sanción de la ley que habilita el blanqueo de capitales y el pago a los
jubilados. Al respecto, quiero señalar que nunca pudimos tener acceso a la
información referida a la cantidad de beneficiarios que implica ese pago.
Oportunamente, cuando el proyecto de ley fue tratado en comisión la
solicitamos, ya que teníamos diferencias en cuanto al número de beneficiarios.
En consecuencia, quiero saber si podemos tener acceso al número concreto.
Finalmente,
deseo hacer una reflexión. El señor jefe de Gabinete de Ministros señaló en su
exposición que se destinaron 55 millones de pesos a la provincia de Santa Fe
para afrontar el problema de las inundaciones. Quiero decirle que se trata de
una cifra irrisoria para mi provincia. En 2009, el gobierno nacional destinó
una partida de 90 millones de pesos para paliar el problema de la sequía en
Santa Fe, mientras que en 2007, el gobierno provincial afectó 250 millones de
pesos.
Por lo tanto,
solicito al señor jefe de Gabinete de Ministros que se revise esa situación
debido a que hay muchas consecuencias de esas inundaciones que todavía se están
sufriendo.
Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado
por Santa Fe.
Sr. Seminara.-
Señor presidente: algunos otros señores diputados por la provincia de Santa Fe
manifestaron previamente su preocupación por el tema de la seguridad y se
refirieron a la participación de la Gendarmería Nacional.
Todos los
santafecinos estamos preocupados por los problemas de inseguridad, de
narcotráfico, de los ajustes de cuentas y demás.
Sin ser
oficialista, reivindico la potestad del gobierno provincial que ejerce el
gobernador, en el sentido de definir la política de seguridad. La tuvieron el
actual diputado Binner y el doctor Bonfatti cuando fueron gobernadores, y
también la tiene en la actualidad el ingeniero Miguel Lifschitz.
A fines de
mayo, a pedido de un intendente la Gendarmería Nacional irrumpió en Santa Fe,
en la localidad de Las Rosas, departamento de General Belgrano, violando la
seguridad interior y la Constitución Nacional -huelga decir el número de
artículo. Queremos saber si esta política de represión de un conflicto gremial
por parte de la Gendarmería Nacional en territorio de una provincia va a ser
avalada por la Jefatura de Gabinete de Ministros y por el presidente de la
Nación. Sabemos que la persona que la llevó a cabo fue la ministra de
Seguridad.
En esta
Cámara se han hecho presentes el secretario general de la Federación de
Sindicatos de Trabajadores Municipales y distintos dirigentes municipales de toda
la provincia, porque los santafesinos que creemos en las instituciones de la
democracia estamos muy preocupados por este tipo de cosas.
Las fuerzas
federales llegan a las provincias si hay un acuerdo político, pero queremos
saber cómo se concretará y cuáles serán los objetivos. No queremos fuerza
federal que se autonomice y trabaje en los territorios provinciales. Este
trabajo conjunto en beneficio de la población tiene que ser siempre a pedido de
los señores gobernadores.
Sr. Presidente
(Gioja).- Tiene la palabra el señor
diputado por Santa Cruz.
Sr. Gómez Bull.- Señor
presidente: durante la anterior visita del señor ministro hice consultas
relacionadas con el gas de las provincias patagónicas, con las leyes 27.201 y
27.202, de deportes, y 27.098, de régimen de promoción de clubes de barrio. En
ese momento usted me respondió: “Te la debo”. Espero que hoy pueda saldar esa
duda ya que el apoderado del Ministerio de Educación y Deportes, en una acción
declarativa de certeza promovida ante el Juzgado Federal en lo Contencioso
Administrativo Nº 3, sobre un proceso que lleva adelante la Confederación
Argentina de Deportes contra el Estado nacional, con conocimiento de la ley del
deporte, ha manifestado que las leyes han sido derogadas tácitamente. Quiero que
usted confirme si esto es así, si han sido derogadas tácitamente por el Poder
Ejecutivo y bajo qué marco legal se han derogado esas leyes sancionadas por el
Congreso Nacional.
Por otra
parte, en su informe número 92, en el Senado usted manifestó que estaban
trabajando en la implementación de las leyes, ya que las dos primeras están
reglamentadas y la que se refiere a clubes de barrio no, es decir que estaban
trabajando en la reglamentación de esta última y en la implementación de las
demás. Sería bueno saber qué ocurre ya que la ANSES ha avanzado en una minuta
con el ENADEP para el pago de la Asignación Universal por Hijo en el Deporte,
algo muy importante para los clubes porque seguramente resolvería el problema
que hoy tienen respecto de las tarifas.
La
reglamentación de la ley sobre régimen de promoción de clubes de barrio es muy
importante porque guarda relación con la tarifa social, ya que no alcanza con
el 40 por ciento de rebaja que se hace a estos clubes.
Sr. Presidente
(Gioja).- Tiene la palabra el señor
jefe de Gabinete de Ministros.
Sr. Jefe de Gabinete
de Ministros.- Con respecto a lo expresado por el señor diputado Recalde,
tenemos información en el sentido de que las partidas de capacitación y de
inspección del trabajo se están ejecutando normalmente. En todo caso, esto se
va a poder saber en el debate presupuestario, que comenzará en septiembre.
Sería
interesante que conversaran sobre este tema con los ministros de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social y de Educación y Deportes, pues la dispersión de
programas en materia de capacitación en los ministerios nos llevó a intentar
ordenar esa política. Creemos que se puede mejorar en impacto y en coordinación
a fin de que exista una sola política de formación laboral y la posibilidad de
articulación entre ambos ministerios, ya que existe una enorme brecha en ese
sentido.
Con respecto
a la jornada de trabajo no plantearé en este contexto una discusión porque creo
que esta se puede dar con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Está claro que puede haber posturas distintas, pero hoy no tengo más detalles.
En todo caso, si existen iniciativas, se tendrán que tratar en el ámbito
legislativo.
En general,
la Argentina tiene un desafío -y así lo hemos charlado con todos los dirigentes
sindicales- para apuntar a la mejora de la productividad. Todo esto se tiene
que manejar en conjunto entre sindicatos, empresarios y Estado para poder
generar empleo de calidad y mayor productividad analizando sector por sector.
No tenemos
que pensar esta situación como un conflicto sino como un trabajo, teniendo en
cuenta lo que dice el presidente ‑citando al general Perón‑ al
hablar de la productividad como estrella polar en términos del debate acerca
del desafío de la producción. Y esto tiene mucho que ver con el desafío del
plan productivo, es decir, lograr que todos los debates relativos a empleo, la
capacitación y el sistema educativo tengan que ver con una mirada del plan
productivo con el mayor consenso social, económico y político posible, para que
sepamos hacia dónde queremos ir en función de esa política de largo plazo. En
ese sentido, todavía tenemos un enorme desafío.
Por otro
lado, es distinta nuestra interpretación
del fallo de la Corte con respecto a la industria y otros sectores.
Cuando responda sobre eso me referiré a algunas preguntas específicas
relacionadas con los clubes, las entidades intermedias o “electrodependientes”
u otras situaciones puntuales que se han contemplado.
Tenemos
veinte días antes del comienzo de la audiencia pública ‑adelanto una
respuesta‑, que es la primera de su tipo. Somos conscientes de que la RTI
que se hará en octubre, tanto para el gas como para la luz, hace más de doce
años que no se lleva a cabo, y esta audiencia pública que nos pide la Corte no
tiene antecedentes en términos nacionales.
Tenemos el
desafío de lograr el mayor consenso posible desde lo político y lo judicial, y
esto amerita el debate. Tomaremos todas las ideas y al final del día
plantearemos nuestra postura. De hecho, los jueces de la Corte fallaron de
manera distinta en relación con este tema.
En cuanto a
lo que preguntó el diputado Gioja ‑ahora está ocupando la Presidencia de
la Cámara, por lo que no puedo tener contacto visual con él ya que lo tengo a
mis espaldas‑, es claro que tenemos una visión distinta de país, y no
creo que solamente se limite a lo que se discute en este recinto.
Una parte de
la Argentina vive este proceso de una manera, pero nosotros sentimos –y lo
agradecemos mucho‑ que hay una mayoría que creyó que hacía falta un
cambio de dirección en nuestro país. Todo forma parte de la discusión. Debemos
analizar qué cosas podemos acordar; creo que son muchísimas y que no estamos
tan lejos.
Hay otras
cuestiones en las que sí existen mayores diferencias a partir de que tenemos un
diagnóstico distinto en cuanto a qué país recibimos el 10 de diciembre pasado y
qué país tenemos hoy. Eso es la democracia. Se trata de unir a los argentinos,
y esto no tiene que ver con que todos pensemos igual sino con la búsqueda de
mecanismos de diálogo para que a pesar de nuestras distintas visiones logremos
entendimiento.
Quiero dejar
en claro que para nosotros es muy importante el valor de la palabra. Por lo
tanto, en los archivos no van a encontrar ni una sola declaración nuestra en el
sentido de que en el segundo semestre iba a estar todo bien. Somos bastante
cuidadosos con lo que decimos, y si miran todas nuestras declaraciones, que son
públicas, notarán una mejora en ciertas variables, y esta tendencia apunta a
que estamos un poco mejor.
Seguimos creyendo
que vamos a estar mejor como país, y con distinta velocidad estamos observando
un avance respecto de una situación que a nuestro entender no estaba en una
condición óptima ni mucho menos.
Respecto de
la pregunta relacionada con el desvío de los fondos del Plan Belgrano, debo
decir que eso es falso: no fueron desviados. Lo que hemos planteado en el DNU
de ampliación de la planilla de obras con impacto plurianual justamente apunta
a poder acelerar los procesos licitatorios de obras que consideramos importantes
y que tienen ejecución en varios años. En este sentido, podemos mencionar el
soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, que fue una iniciativa, una licitación
y una adjudicación del gobierno anterior. Justamente, estamos planteando una
modificación de la planilla de obras plurianual. Creo que todos saben que eso
es así y que no tiene que ver con modificaciones al Plan Belgrano. Es una
ampliación de la cartera de obras públicas.
Con respecto
al Procrear -así viene trabajando la ANSES-, somos conscientes y hemos
planteado la dificultad de los créditos complementarios. Se ha hecho una
propuesta, que por supuesto es mejorable, pero la realidad indica que estamos
siguiendo el tema. Creemos que la propuesta de la ANSES tiene que ver con un
camino posible para ir resolviendo esa dificultad, es decir, esos más de
cuarenta mil créditos que están en desfase. Sabemos que este rubro todavía no
tiene la velocidad que quisiéramos que tuviera, pero claramente se trata de las
obras públicas que más complejidad trajeron en materia de deudas pendientes;
muchas obras fueron pagadas y no se realizaron, y hubo dispersión de
proveedores. Es decir que muchas situaciones se tienen que ir dilucidando con
la mayor velocidad posible. Por supuesto, mucha ejecución se produce a partir
de los gobiernos provinciales. También hubo casos en los que se han traspasado
fondos a obras, pero después no fueron destinados a ese fin sino a otro... (Manifestaciones en las bancas.)
No, estoy
hablando de ejecución de viviendas y no del programa Procrear. Como dije, el
Procrear lo hemos ratificado y lo estamos tratando de mejorar para dirigirlo a
aquellos sectores que más lo necesitan. También sabemos ‑y creo que todos
fueron conscientes de eso- que en el diseño mismo del Procrear muchas veces se
terminaron viendo distintas situaciones en términos de cuál era el foco o
sector social que se quería beneficiar. De todas maneras, como siempre, estamos
abiertos a escuchar y a mejorar todo aquello que pueda ser mejorado.
En relación
con tema de la polilla de la vid, hablaremos con el ministro Buryaile y los
gobernadores Cornejo y Uñac, ya que pronto voy a estar por allí. Claramente,
nuestro objetivo es cuidar un activo estratégico de nuestro país como es la
industria de la vitivinicultura, y ya que hay un espacio grande para hacerlo,
mejorar la capacidad del SENASA para poder prevenir estas plagas y evitar que
se produzcan.
En lo que
atañe al programa Fútbol para Todos, hemos recibido una carta y un mensaje
prácticamente de todos los clubes de fútbol de primera división y muchos del
ascenso, y también una comunicación clara de la Comisión Normalizadora de la
Asociación del Fútbol Argentino. Es importante arrancar de este diagnóstico. De
hecho, en los juegos olímpicos estuvimos cerca de vivir una situación muy
complicada, por lo que ha sido la crisis del fútbol, unánimemente reconocida
por todos los actores que intervienen en el tema.
En gran
parte, esa crisis se produjo por algo que habíamos anticipado: el programa
Fútbol para Todos tenía un costado de politización y de injerencia dentro de la
Asociación del Fútbol Argentino, y a nuestro entender no hubo ninguna vocación
de transparentar lo que ocurría dentro de la AFA. De hecho, hay causas
judiciales en ese sentido.
Nuestro
trabajo en estos meses fue cumplir con nuestra palabra: primero, despolitizar
los contenidos publicitarios y la injerencia en la Asociación del Fútbol
Argentino, y segundo, reducir los costos mediante la incorporación de
mecanismos de financiamiento privado que sabíamos se podía ejercer, sin atentar
contra la posibilidad de que el fútbol llegue a todo el país y de trabajar en
la evaluación, en diálogo con la AFA, de cómo se iba a continuar.
Lo que hoy ha
planteado la comisión normalizadora es que quiere rescindir el contrato de
Fútbol para Todos, lo que será aceptado por el Estado nacional. Tanto a través
de la TDA como de otros mecanismos estamos planteando que se pueda garantizar
el acceso a todos, sabiendo –no me dejarán mentir los diputados- que en muchas
provincias se vería a través del cable aunque fuera transmitido por la
televisión pública. Así, en un país donde el cable tiene un alto grado de
penetración, más la TDA, se debería poder llegar a un punto de consenso para
que los argentinos no se vean privados de ver fútbol.
En relación
con lo planteado por el señor diputado Tomas respecto de las entidades y clubes
de barrio que no entraban en el fallo de la Corte relativo a tarifas, ya dije
anteriormente que estamos trabajando en la reglamentación de las entidades de
bien público para tarifas diferenciales. Sin dudas, hay que discutir más sobre
subsidios que sobre tarifas. Tenemos en claro que aquellas entidades de bien
público de la sociedad civil son foco de una política de apoyo del Estado,
sobre todo en esta progresión.
Lo mismo debo
decir respecto de las universidades. Hemos tenido reuniones con los rectores de
todas las universidades y dejamos en claro que el tema de las tarifas no
consistiría en un ajuste presupuestario. En ese sentido, se han otorgado fondos
y se mantiene el diálogo permanente con las universidades. El compromiso del
señor presidente, del ministro de Educación y Deportes y mi propio compromiso
ha sido el de acompañar el proceso de este año para que no se vean afectados
los presupuestos universitarios. De hecho, respondiendo a otra inquietud, ya se
ha ejecutado el 57 por ciento de los 56.000 millones de pesos previstos para
este año para las universidades nacionales.
En cuanto a
los convenios, algunos institutos de capacitación y otros problemas de
ejecución, los convenios firmados exigen que las universidades rindan las
ejecuciones presupuestarias. En todo caso, los atrasos tienen que ver con las
rendiciones, tema que ya hemos conversado. Si hay excepciones, estamos abiertos
a escuchar los casos. Hoy no contemplamos una reducción de presupuesto al
respecto. De todos modos, públicamente planteamos que los convenios del Estado
nacional con las universidades presentaban en algunos casos –no en todos-
severos problemas de transparencia, de objeto y de uso. Muchas veces esos
convenios terminaban usándose como una herramienta para ir por el costado de
las reglamentaciones del Estado en materia de contrataciones, adquisición de
bienes o contratación de personal. Puede haber casos de convenios que no se
continuaron o de otros que planteen revisarse. Creemos que eso es más que
posible.
En relación
con las preguntas formuladas por el señor diputado Kicillof, y el argumento que
sostenemos de que en los últimos años no se ha crecido, nosotros sumamos 1,1
negativo de 2012; 2,3 positivo de 2013; 2,6 negativo de 2014, y 2,4 positivo de
2015; eso da 1 positivo. A nuestro entender, esta no es una meta de crecimiento
que se pueda llamar como tal ‑en todo caso, es una opinión‑, sobre
todo cuando la población creció 3,2 por ciento en ese mismo período. Por eso,
nuestra mirada es que en estos últimos cuatro años no hubo crecimiento.
Estimamos una
caída del 1 por ciento para este año. Esta es la meta aproximada. Esperamos que
el último trimestre sea positivo. Saben perfectamente que esta recesión comenzó
en el último trimestre del año pasado. Aspiramos a una recesión más corta y
menos profunda que la de 2014. Según el referente económico del excandidato del
Frente para la Victoria, Miguel Bein, se estima un crecimiento del 5 por ciento. Nosotros somos más conservadores y aspiramos a crecer de
manera más fuerte.
En
lo referente al déficit fiscal, nuestra mirada es ligeramente distinta en
cuanto a la interpretación de los números. El diputado Kicillof hablaba de un
déficit fiscal de 1,9 puntos. Si miramos el déficit real de 2015 sin la renta
del FGS ni los dividendos del Banco Central, estamos en un 4,2 de déficit
fiscal. A eso agregamos –me parece de buen ejercicio hacerlo- 60.000 millones de
pesos de gastos sin pagar del año pasado, que suman un 1,1 por ciento. También
se adiciona un 1,09 por ciento de impuesto a las ganancias combinando el tema
dólar ahorro, dólar tarjeta y dólar pasaje. Todo eso determina un déficit
fiscal real, en 2015, del 6,2 por ciento.
Nuestra meta
fiscal para este año es de 4,8 por ciento, y no es una reducción de un año para
el otro porque creemos –en eso vamos a coincidir‑ que es importante la
reducción de la meta del déficit fiscal, tal como planteó Néstor Kirchner, quien
habló de la importancia de los superávit gemelos y de tener superávit fiscal.
Esto no es una chicana, lo digo siempre porque es muy conveniente que veamos si
puede ser un acuerdo general hacia el cual ir.
Independientemente
de la discusión de por qué no fue posible, hacia allá tenemos que ir. Si esa es
una meta compartida y un desafío, para el ejercicio presupuestario de 2017
proponemos un camino gradual. Además de todos los desafíos y esfuerzos que se
plantearon, creemos que vamos por el buen camino.
Sr. Kicillof.-
¡Pero las cuentas están todas mal!
Sr. Jefe de Gabinete
de Ministros.- No vamos a entrar en el debate, señor diputado.
Probablemente no estemos de acuerdo, pero nuestros números son estos y creemos
que son correctos. Creer que el año pasado hubo un déficit fiscal de 1,9, a
nuestro entender no resiste análisis alguno.
En todo caso,
pueden seguir discutiéndolo con el ministro Prat-Gay cuando venga a defender el
presupuesto. Seguramente, alguna vez los economistas de todas las fuerzas se
pondrán de acuerdo.
Lo bueno es
que las cuentas públicas se están ordenando, porque también hemos visto cómo,
en nuestra opinión, en los últimos años el PBI estuvo mal calculado. Claramente
–lo plantearemos con el tema del empleo en las siguientes respuestas‑,
hubo mala praxis del INDEC, en el sentido de que no existió aumento del
desempleo sino una corrección en la medición de la tasa de actividad, porque la
tasa de empleo es exactamente la misma que la que figura en el último informe
del INDEC.
Con respecto
a la inflación, planteamos una meta que la ubica entre el 20 y el 25 por
ciento. Creemos que esa meta se logrará en marzo: la inflación anual, entre
marzo de 2016 y marzo de 2017, estará en torno al 25 por ciento.
Es verdad que
no acertamos por tres meses, y así lo hemos manifestado públicamente, pero
consideramos que el camino de baja de la inflación combinado con una inflación
creíble brindada por el INDEC –instrumento con el que no contábamos‑ va
en la dirección correcta.
Sabemos que
habiendo paritarias libres, como hubo este año –muchas veces ello se puso en
duda‑, la recomposición salarial lograda permitirá que se recupere el
poder adquisitivo, así como se recuperó con el tiempo luego de la devaluación
de 2014. Todos saben que en ese momento también se perdió el poder adquisitivo,
se afectó el consumo, el mercado interno y las economías regionales. Reitero:
nuestra aspiración es que a futuro salgamos de esta recesión de la manera más
rápida, sólida y confiable posible.
Con respecto
a la deuda externa, en primer lugar tenemos una diferencia que ya se planteó en
el debate de la ley de salida del default:
en el número que citan no calculan los casi 20.000 millones de dólares de deuda
en default.
Nosotros
tenemos un cálculo distinto ‑insisto, esto se puede debatir más
profundamente cuando venga el ministro Prat-Gay a discutir el presupuesto‑
que indica que en diciembre de 2015 la deuda era de 244.000 millones de
dólares, cifra que hoy representa 241.000 millones de dólares. Consideramos que
esos son los cálculos correctos.
Sr. Kicillof.-
Informe de deuda...
Sr. Jefe de Gabinete
de Ministros.- Insisto, en breve tendremos el ejercicio que no tuvimos en
mucho tiempo, de poder debatir el presupuesto, y allí podremos seguir
profundizando el análisis de todos estos números.
Respecto de
las reservas, hacemos el mismo cálculo. La realidad es que hemos recibido una
fragilidad muy grande del Banco Central. Pese a eso, pudimos salir del cepo
cambiario y normalizar el mercado de cambios con un tipo de cambio flexible.
Poder hacer un plan de estabilización y reconversión sin tipo de cambio fijo,
como hemos hecho en los últimos años, representó un paso muy importante para la
Argentina. Esto nos permite tener una política más sana en materia cambiaria y
que hoy la discusión justamente no se dé en torno del dólar.
Durante mucho
tiempo la discusión giró sobre el dólar; en todo caso, hoy el debate se da
entre algunos sectores que consideran que está muy bajo, y otros, que estiman
que está demasiado alto. El desafío tiene que ver con una mirada más política
de la cuestión, tal como ha planteado el Banco Central en sus objetivos: la
reducción de la inflación. En este sentido, creemos que la política se aplica
tal como la habíamos planteado. Creemos que todas estas discusiones se
producirán cuando se inicie el debate del presupuesto, el mes próximo. En
resumen, consideramos que no es cierta la visión que se quiere plantear o se
tiene legítimamente de que la economía argentina hoy está peor que antes.
Creemos que resolviendo problemas estructurales vamos a poder crecer sobre
bases más sólidas en el futuro.
En cuanto el
tema productivo, debemos dar debates por cuestiones que en cien años no se han
resuelto. Por ejemplo, en términos vinculados con la integración con el mundo,
tipo de cambio real, inflación, rol del Estado y de los sectores productivos, y
otros debates como el que llevamos a cabo con la ley de autopartes, que espero
nos permitan avanzar. Existió un muy buen consenso en ese caso.
En cuanto a
la prevención formulada por el señor diputado Moreno, tomamos nota y le
agradecemos.
Ya tuvieron
una discusión larga con el ministro Aranguren en cuanto al precio en boca de
pozo o el Plan Gas que lanzó el gobierno anterior. Este es un debate al que
dedicaron muchas horas, como también sucedió en el caso de la escasez de gas a
fin de encontrar fuentes para proveernos de él. Probablemente, en algunas cosas
no estemos de acuerdo, pero debemos coincidir en el plazo a efectos de que la
industria del petróleo y el gas cuenten con un marco normativo claro y
transparente, para que existan inversiones y se reduzca la capacidad de
importación que hemos heredado. Buscamos una lógica para que se subsidie al que
más lo precisa y no a los más ricos, como ocurre hoy.
No quiero
polemizar sino recordar que el marco tarifario que hoy está vigente por un
fallo de la Corte fue implementado por el gobierno anterior sin una audiencia
pública. Debemos recordar este punto para discutir a futuro. Tenemos un camino
virgen para recorrer.
Respecto de
la obra de Chihuido ‑por la consulta del señor diputado Ciampini‑
tengo que decir que estamos en debate permanente. El presidente, Macri, habló
con el presidente Putin sobre este tema. Seguramente, volverán a hacerlo en la
reunión del G20, en China, porque existe la posibilidad de que haya una reunión
bilateral. Para nosotros es prioritaria esa obra. Lo importante es que el
esquema de financiamiento será beneficioso para todos.
Luego de que
la Argentina salió del default hubo
una baja de tasas, lo que nos obliga a observar bien los números y ser duros en
la negociación para que se vea beneficiada tanto la provincia del Neuquén como
la Nación. Hemos dato a este tema dado máxima prioridad. Se han ocupado de él
los ministros Frigerio, Prat-Gay, Malcorra y quien les habla.
En cuanto a
la ejecución presupuestaria de la obra pública, el ritmo de ejecución del
capital se viene acelerando. En el primer trimestre fue de alrededor de 5.300
millones de pesos por mes. Entre abril y julio estuvimos en torno de los 13.300
millones, y estimamos ejecutar cerca de 20.000 millones de pesos por mes en lo
que resta del año.
Al 31 de
julio llevamos ejecutado un 38 por ciento del gasto de capital, que es
ligeramente inferior a lo que ha sido el promedio de los últimos cinco años,
que a esta altura fue del 44 por ciento. De todas formas, creemos que esto
tiene que ver con una administración nueva que se encontró con mucho desorden
tanto en la capacidad del Estado como en los procesos de licitación y rendición
de gastos de capital.
Tenemos en
claro que la desocupación en la obra pública es un problema que comenzó en el
segundo semestre del año pasado. En ese momento se paró la obra pública en el
país, por lo que estamos tratando de llevar adelante, con la mayor velocidad
posible, una recuperación. En vialidad, la recuperación ha sido más rápida que
en energía o vivienda, por lo que les he dicho antes. AYSA tiene una ejecución
del 92 por ciento en relación con el Plan Nacional del Agua; vialidad, 62 por
ciento; energía, 35 por ciento, y vivienda, 32 por ciento. Sabemos que existe
este desfase porque vivienda y energía están por debajo del promedio, pero lo
vamos a acelerar.
También es
justo aclarar que las comparaciones son un poco mentirosas, porque hemos visto
en muchas licitaciones la existencia de sobreprecios ‑o costos mayores,
por decirlo de una forma neutra‑ de hasta el 50 o ciento por ciento, por
lo que no necesariamente su ejecución indica sanidad en la obra. Podría dar
ejemplos pero me parece que ya abundan.
Con respecto
a la ejecución del presupuesto para obras de energía, ella representa,
aproximadamente, el 13 por ciento de lo aprobado por el Congreso. Como decía,
fueron ejecutados 8.300 millones de pesos.
En cuanto a
la pregunta de la señora diputada Raverta sobre el gasoducto a Mar del Plata,
ratifico lo que planteé antes: la realidad es que todavía no se formalizó el
convenio específico para la segunda etapa del acuerdo. El Ministerio de Energía
y Minería tiene intención de dar impulso a este proyecto, tanto a través de su
actualización, con el apoyo del ente regulador y la licenciataria de la zona,
como con la definición del esquema de licitación, ejecución y supervisión del
proyecto.
Tenemos clara
la necesidad de incorporar estas cuestiones dentro de la discusión más amplia
del tema energético. Si queremos hacer obras de gasoductos y llegar a más
lugares, en algún momento tenemos que dar la discusión en torno de la revisión
de los subsidios energéticos. Tenemos la oportunidad, en los siguientes veinte
días, de contar con un marco de debate más amplio que nos permita determinar
hacia dónde queremos ir en los próximos cinco o diez años en materia
energética, tanto en generación y distribución como en obras y marcos
tarifarios.
No es real,
no es verdad que se pueda hacer todo al mismo tiempo. No se puede tener al mismo
tiempo una tarifa de gas con un subsidio a favor de los ricos ‑como
ocurre hoy‑, la tarifa social y la falta de obras. Tenemos que analizar
prioridades y la forma de recorrer un camino crítico, sin afectar los ingresos
de la gente, que sea progresivo, como hemos planteado en su momento; pero
seguramente podremos hacerlo mejor, para generar inversión pública, promover la
inversión privada, y al mismo tiempo, tener más energía para distribuir. Hoy,
ni siquiera tenemos energía suficiente para cubrir el consumo que registra la
Argentina, y este es un dato importante.
Hoy por hoy,
salvo que en la reunión pasada haya habido algún aporte, que no tenemos ‑no
lo hemos visto en los últimos años‑, Bolivia no nos vende más gas del que
importamos, y ese acuerdo ya está cerrado, con lo cual hay que importarlo con
los barcos regasificadores o promover la inversión en Vaca Muerta o en otras
fuentes de gas. Esto importa un cuello de botella que tenemos que resolver, más
aun con un país que, creemos, va a crecer.
Sra. Raverta.-
Entonces, la obra no tiene fecha de inicio.
Sr. Jefe de Gabinete
de Ministros.- No. La respuesta es la que dije, exactamente, como tampoco
antes tenía porque no estaba prevista la fecha de inicio en el gobierno
anterior.
Con respecto
a si desconozco la cifra de detenidos-desaparecidos quiero decir tres cosas. En
primer lugar, como hemos señalado públicamente, y es un primer principio
básico, de uno a infinito es la misma tragedia. No creo que la discusión del
número implique un debate de lo que significa “nunca más” y “memoria, verdad y
justicia”, que tenemos que ratificar todos los argentinos y creo que hoy ya es
una política de Estado, y así lo estamos graficando en todas nuestras
políticas.
Después, está
claro que la cifra de treinta mil tiene un carácter simbólico y ha sido
propuesta por las organizaciones de derechos humanos. Hoy, es una bandera que
incluso trasciende las fronteras de nuestro país, y eso nunca lo hemos
discutido. También está claro que la única lista oficial que existe es la que
dio la Conadep en su momento, que da un número inferior, pero a nuestro
entender no es ese el corazón de la discusión.
Si hubo un
mal entendido o se interpretó el mensaje del presidente de la Nación como un
desconocimiento o un desprecio por esa lucha, dejamos bien en claro que ese no
ha sido el espíritu y ratificamos claramente esa política de Estado: entendemos
que una dictadura y un terrorismo de Estado es algo que no debemos tener nunca
más en la Argentina.
Respecto del
control fiscal y las multas, mi respuesta está relacionada con lo que ya he
respondido. En lo relativo a Netflix y otras plataformas de contenidos
digitales, si hay proyectos este es el lugar para analizarlos. En lo que sí
hemos trabajado es en una ley de promoción de la industria audiovisual, y
estamos trabajando con la industria. Creemos que hay un enorme espacio de
mejora en esta política, independientemente de que compartimos que es una
industria estratégica para la Argentina, que tiene un enorme potencial de
generación de trabajo.
Hay mucho por
hacer en esta materia, y también eventualmente para discutir en la nueva ley de
comunicaciones. Tenemos que ver si se avanza o no, por ejemplo, en una
propuesta que ellos hacen sobre cupos de contenidos. Esto habrá que discutirlo.
Todo ello genera la necesidad de hacer una reflexión estratégica más general.
Está claro que este no es un nuevo desafío para la Argentina sino un nuevo
desafío mundial, y no solamente en la producción de contenidos sino también en
lo relativo a infraestructura de comunicaciones.
Hoy, el streaming ocupa cada vez más ancho de banda, y al igual que muchas otras
empresas que proveen servicios sobre la infraestructura de comunicaciones, no
necesariamente tributa localmente y está regulada. Tampoco es fácil pensar en cuál
es la solución. No creo que haya una solución mágica o que podamos encontrar
con una sola herramienta, pero en todo caso estamos abiertos a trabajar. Acá me
acompañan Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos
Públicos, que está trabajando en ese sentido; el ministro de Cultura, Pablo
Avelluto, y el ENACOM, del Ministerio de Comunicaciones, así que con gusto
podremos profundizar en el debate junto a la industria y a todos los sectores.
El convenio
con Microsoft es un acuerdo marco para prestar servicios de Internet por wifi
en zonas sin cobertura de servicios. Los contenidos de Internet no se pueden
regular por la ley 27.078, Argentina Digital. Está claro que el acuerdo con
Microsoft tiene una cláusula de confidencialidad, pero ante el requerimiento de
la Justicia o autoridad competente se va a remitir este acuerdo marco; no hay
problema, no hay nada raro en ese sentido. El Congreso, de hecho, es una
autoridad competente para pedirlo.
La nueva
conformación del COFECO ‑Consejo Federal de Comunicaciones‑ está
realizada en cumplimiento de lo establecido por el decreto 267, ratificado por
el Congreso, y respeta la más amplia representación de los sectores interesados
y el cumplimiento de los estándares internacionales. Si hay alguien que ha
quedado afuera, con gusto se podrá incorporar. Nosotros sentimos que se
encuentran bien representados todos los sectores. La señora diputada mandato
cumplido Giudici ha trabajado en este proyecto muy activamente en la búsqueda
de consensos, con lo cual nuestra intención es que se haga un debate profundo
de una política integral de comunicaciones pensada para el siglo XXI a partir
de nuevas realidades y la revolución de comunicaciones en la que estamos
metidos en todo el planeta.
En ese
sentido, además se vienen nuevos desafíos. El otro día estuvimos trabajando en
el marco de cooperación que estamos teniendo con muchas entidades
internacionales, como con la entidad reguladora de comunicaciones de Estados
Unidos. Ya el año que viene se empieza a explorar el 5G en muchos lugares. Esto
va a generar nuevamente un enorme cambio en materia de telecomunicaciones y de
la convergencia a la que claramente estamos yendo en todo el país. También vamos a realizar
audiencias informativas y a implementar mecanismos de participación durante el
análisis del proyecto, que luego también será estudiado en este ámbito.
Esperamos que todo ese proceso se pueda cumplimentar en el curso de lo que
resta de este año a fin de contar con un marco normativo que promueva la inversión,
genere más competencia, baje los precios, permita la conectividad en todo el
país y mejore la tecnología en materia de celulares.
En relación
con las consultas del señor diputado Gervasoni debo decir que hoy justamente
estuve conversando con el presidente de la Comisión del Río Uruguay.
Independientemente de lo expresado por el señor presidente de la República
–cuyo comentario corresponde a una concepción más general‑, aclaro que
nosotros no creemos que debamos renunciar al rol del Estado como control y
garante de que se cumplan los estándares ambientales a la hora de innovar en
materia productiva.
Además,
durante la reunión que mantuvimos con el presidente Tabaré Vázquez en
oportunidad de nuestra visita al Uruguay, abordamos el tema de la necesidad de
aplicar controles ambientales conjuntos, de que todo eso se haga con
transparencia, y así finalizar la evaluación sobre el funcionamiento de la
pastera UPM, ex Botnia. En este sentido, cabe aclarar que el funcionamiento de
la empresa no es un problema en sí mismo; el problema sería que la actividad se
desarrolle sin cumplir con las normativas ambientales, los controles por parte
del Estado y el diálogo que necesariamente debe existir.
Por lo tanto,
nuestro compromiso con la provincia de Entre Ríos y el resto del Litoral es
trabajar en ese sentido.
Teniendo en
cuenta que existen muchas pasteras a lo largo de nuestro Litoral, también
debemos reflexionar sobre la posibilidad de contar con una industria que cumpla
con los estándares ambientales y que al mismo tiempo ayude a dinamizar los
puestos de trabajo, aprovechando el potencial forestal del NEA. Desde nuestro
punto de vista, no es una buena política que nuestro país se dedique a sembrar
y desarrollar la industria forestal para que el último beneficiario sea
Uruguay. En todo caso debemos tener una mirada integral que nos permita
desarrollar una industria nacional que cumpla los estándares ambientales.
En nuestra
relación con Uruguay también hemos discutido sobre la necesidad de contar con
una política integral en materia de puertos a lo largo de toda la hidrovía. Es
necesario que profundicemos la relación con el país vecino. Para ello, tenemos
que superar los conflictos, porque Uruguay y la Argentina tienen que estar
totalmente integrados en su desarrollo. Este fue el espíritu de la conversación
que mantuvimos con el gobierno uruguayo, al igual que con el gobernador Bordet
y los asambleístas. Incluso, el ministro Bergman ha participado en las
conversaciones junto con el senador de Angeli, para zanjar cualquier tipo de
preocupación en ese sentido.
Por otro
lado, se me ha consultado sobre la importación de determinados productos. Al
respecto, debo decir que para nosotros es central la actividad de la industria
avícola, tal como en su momento se lo planteamos a los representantes del
sector. Pero ampliando la respuesta quiero decir que hubo una importante
acumulación de DJAI, que la Organización Mundial de Comercio declaró ilegales.
Ese es un sistema que recibimos al asumir el gobierno, porque como todos saben caía
recién en el mes de enero.
Por lo tanto,
fue necesario diseñar normativas técnicas que permitieran generar salvaguardas
y cuidados sobre sectores sensibles, particularmente en el contexto de la
crisis del Brasil, lo que implicó la disparidad cambiaria, la recesión y los stocks
excedentes. Reitero que tenemos que definir si estamos todos de acuerdo o no
con ser parte de la Organización Mundial de Comercio. Si lo somos, debemos
cumplir con las normas existentes. Si las cumplimos, tenemos que saber que antes
no lo hicimos así. Entonces, esto genera un primer desfase. Tal como ha
expresado públicamente el ministro Cabrera, el 11 de diciembre encontramos una
estructura desmantelada de la Secretaría de Comercio y un pendrive con todas las DJAI para ser aprobadas. Se podrá discutir o
no esto, pero claramente hubo una situación pendiente.
No creemos
que tenga que haber un modelo de “hacer como si no fuéramos parte del mundo y
podemos romper todas las reglas”, que en el mediano plazo perjudica a nuestros
productores y a nuestras industrias porque nos cierra mercados y nos lleva a
exportar menos. También debemos coincidir en que si bien el desarrollo del
mercado interno es muy importante, la exportación también lo es. La exportación
implica abrir mercados, competir con otros países, ayudar a nuestras
industrias, generar mejores financiamientos y trabajar codo a codo –como lo
estamos haciendo‑ para poder integrarnos al mundo.
Sentimos que
en ese sentido la solución tampoco está en el otro extremo, esto es, una apertura
de un día para el otro, como sucedió en los años 90, cuando se generó un daño
muy significativo y no se pudo realizar la reconversión. Esto vale para muchos
otros casos sobre los cuales me han preguntado anteriormente. En absoluto
queremos desproteger las fuentes de trabajo y la industria. En el marco de un
debate del plan productivo, lo que sí queremos es poder avanzar en una mirada
estratégica para determinar hacia dónde se dirige cada sector. Es decir, en qué
sectores tenemos más capacidad de producir y competir con el mundo, en cuáles
otros tenemos más dificultad y vulnerabilidad pero podemos generar otras
herramientas, y cuál es el rol del Estado en ese sentido.
Con respecto
a las preguntas de la señora diputada Llanos, creo que aquí se produce algo
parecido a lo que hablábamos recién sobre la situación de Mar del Plata.
Tenemos en claro que la crisis petrolera tiene que ver centralmente con un
precio internacional que se encuentra muy por debajo y al mismo tiempo con un
costo de producción argentino que es mucho más elevado que en muchos otros
lugares. En esa brecha el Estado ha tenido permanentemente una política activa:
ha dialogado con los gobernadores, los sindicatos y las empresas para preservar
las fuentes de trabajo y al mismo tiempo hacer acuerdos de productividad para
pasar este momento difícil y también generar inversiones a fin de crear más
empleo.
Ello es parte
de la misma ecuación: ese apoyo al sector petrolero indefectiblemente tiene un
impacto que muchas otras provincias nos expresan respecto del costo de la
nafta. Esto también se vincula con el tema impositivo y fiscal.
Adelantándome
a la discusión de Tierra del Fuego, tenemos en claro que queremos preservar los
puestos de trabajo de esa provincia y seguir viendo, junto a la gobernadora,
los sindicatos y las empresas –tal como lo venimos haciendo‑, cómo hacer
para analizar sector por sector, y en cada uno de los puestos de trabajo, las
distintas iniciativas, sin hacer nada que sea de un minuto para el otro.
Considero que
también es justo plantear que la Patagonia tiene una tarifa diferencial
respecto del resto del país. Se trata de un subsidio que el país ha decidido
dar a los habitantes de esa región, y lo respaldamos; nos parece bien, por un
montón de razones históricas y sociales; pero hay que dejar en claro que
existe.
En ese
sentido, más allá de tener diferencias con algunas de las observaciones de la
señora diputada, quiero ratificar que seguimos creyendo, como lo hemos dicho en
varias oportunidades. Tal vez todavía no se ha avanzado todo lo que hubiéramos
querido en estos nueve meses, que cada uno definirá si ha sido poco o mucho
tiempo. Pero sin duda hace falta un equivalente al Plan Belgrano para la
Patagonia. Necesitamos un plan estratégico, una mirada de largo plazo.
Quiero
aclarar que el Plan Belgrano no es solamente una lista de obras sino una visión
compartida de reparación histórica al norte del país, una necesidad de integrar
políticas públicas entre las diez provincias, dar prioridad presupuestaria y
también tener una mirada productiva de cómo generar trabajo e infraestructura.
Este es un desafío pendiente para la Patagonia y así lo hemos hablado con todos
los gobernadores de la región. Lo ideal sería que los propios gobernadores y
sectores políticos de la Patagonia pudieran trabajar en una propuesta al
respecto. De todas maneras, nosotros lo vamos a ir haciendo. Lo mismo puedo
decir en relación con casi todos los puntos que se han mencionado aquí.
En lo
atinente a electricidad, el fallo de la Corte fue claro en cuanto a las tarifas
domiciliarias. Asimismo, estamos trabajando permanentemente en el sector
frutícola, al igual que en muchos otros.
Con respecto
a los despidos, quiero volver a dejar en claro que las cifras brindadas en el
día de ayer no dicen que hay menos empleo que el año pasado. Incluso, vamos a
ser más precisos. Según datos del INDEC, en el cuarto trimestre de 2015 había
6.253.683 trabajadores, mientras que en el primer trimestre de 2016 hay
6.233.346, lo que representa un 0,3 por ciento menos.
Lo que resulta
claro –y en todo caso, se trata de una discusión con la historia‑ es la
explicación técnica o política de las razones por las cuales, según el INDEC,
entre 2011 y 2015 se produjo una disminución del 6 por ciento en la cantidad de
gente que buscaba empleo en la Argentina. No sabemos si eso se dio por la
esperanza de una nueva etapa, pero en todo caso creemos que hoy los números son
más reales respecto de lo que pasaba en nuestro país con el problema del
empleo, que es muy grande y que debemos solucionar entre todos.
Existe la
idea de que el empleo disminuyó en los últimos años. Más allá de modificaciones
muy marginales, creemos que esa no es la situación. Lo que resulta claro y
sabemos es que hay algunos sectores que se ven más afectados que otros; por
ejemplo, los de la construcción y la industria ‑tanto por el tema
relacionado con Brasil como por la parálisis relativa de la obra pública, entre
otras razones‑, que debemos estimular. Pero también sabemos que hay otros
sectores que han crecido en materia de empleo, como por ejemplo el de
servicios. Entonces, debemos ir viendo cómo hacer para que todo crezca en el
futuro.
En cuanto a
lo manifestado por el señor diputado Oscar Anselmo Martínez tengo en claro mi
posición y la voy a mantener. Nosotros no hemos venido a hacer chicanas, pero
creo que muchas de las cosas que ha expresado –esto lo digo con todo respeto‑
lo son, o por lo menos fueron expresiones políticas subjetivas, por decirlo de
una manera más técnica. Se trata de opiniones que no comparto pero que respeto.
Si alguna
organización gremial de Tierra del Fuego no fue recibida por el ministro de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social o por el de Producción, lo será. En ese
sentido, sobran ejemplos, y los compañeros de la Confederación General del Trabajo
no nos dejarán mentir. En todos aquellos temas en los que hemos avanzado, la
pata sindical estuvo sentada a la mesa participando en la discusión. En algunas
oportunidades estuvo de acuerdo y en otras, no, pero lo cierto es que estuvo
presente. Eso no es un favor que efectuamos, sino lo que creemos debemos hacer,
al tiempo que constituye un tema central.
En lo
concerniente al rol de la industria nacional quiero señalar que para nosotros
ella es estratégica. Creemos que se debe trabajar sobre la base de una visión
productiva, federal, nacional e integral de nuestra industria. Al mismo tiempo,
ello debe hacerse con una perspectiva que en materia de consenso debemos tener
a nivel nacional, acerca de cuál es la meta del país en términos de su
inserción internacional. En otras palabras, me estoy refiriendo a aquellos
sectores que, creemos, pueden tener una mayor competencia, a los países con los
que podemos establecer una mayor vinculación y a la forma en que podemos
avanzar realmente en una verdadera integración con Brasil, más allá de la
retórica existente.
En el día de
ayer cené con los embajadores del grupo latinoamericano, con los que teníamos
temas pendientes. Me refiero a Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile. Tenemos una
agenda de discusión pendiente acerca de nuestra integración con Brasil desde
hace por lo menos quince años; el señor diputado De Mendiguren no me dejará
mentir sobre este tema. Debemos sentarnos a la mesa interna y externamente para
ver cómo podemos generar un modelo industrial competitivo que nos permita ir
juntos, como países integrantes del Mercosur, hacia el mundo. Ese es nuestro
desafío; ahí están la oportunidad y el crecimiento. Esto no irá en detrimento
del consumo ni del mercado local ni de ninguna industria; nadie se va a quedar
atrás.
La
posibilidad radica en determinar cómo aquellos que tienen menos condiciones
para competir pueden ser ayudados por el Estado nacional a partir de una visión
estratégica. Al mismo tiempo, se trata de ver cómo aquellos que tienen más
oportunidades pueden lograr una mayor apertura de los mercados, generando así
una mayor cantidad de puestos de trabajo a partir del incremento de las
exportaciones.
En este
sentido consideramos que es central la mejora de la infraestructura. Hemos
hablado mucho de esto con la gobernadora Bertone y con los representantes de
aquellas provincias que están alejadas del centro del país. Se trata de poder
avanzar en la logística, mejorando la infraestructura y la conectividad aérea y
de las comunicaciones, entre muchas otras cosas. Consideramos que este es un
aspecto central para esa misión de la industria nacional, por lo que no puede
tratarse solamente de un eslogan.
Debemos
sentarnos a debatir realmente estos temas. En verdad, creo que hay mucho para
mejorar en esa discusión; esto lo digo con mucho respeto. Así como en distintas
comisiones de esta Honorable Cámara -entre ellas, la de Industria- se
debatieron y acordaron proyectos de ley sobre pymes y autopartes, seguramente
se podrán discutir y consensuar otras políticas industriales que nos ayuden a
crecer.
En cuanto a
la pregunta formulada por el señor diputado Martín Alejandro Pérez acerca de si
aspiramos a derogar la legislación vigente, quiero responderle en forma
negativa. En otras palabras, la respuesta es fácil. Además, se trata de una
obligación constitucional. No obstante ‑esto lo manifestamos
públicamente, y se lo dijimos a las anteriores y a las actuales autoridades del
Reino Unido‑, creemos que debe
haber diálogo. Entendemos que hasta ahora no se han logrado los resultados, a
pesar de lo cual debemos establecer un diálogo que respete la existencia de una
diferencia de nuestra parte –este es un principio elemental de cualquier
diálogo, ya que si no habría un acuerdo‑, pero que al mismo tiempo nos
permita ver qué cosas se pueden trabajar, qué agenda se presenta para debatir
con las diferentes provincias, siempre desde el consenso, sin vulnerar la
soberanía, y para generar mayor conexión.
¿Hay algo que
se pueda hacer para beneficiar a Tierra del Fuego además de lo que se está
haciendo? Parte de la propuesta tendrá que venir de la provincia. Nosotros
somos muy respetuosos en ese sentido, pero en términos de política exterior
respetaremos la Constitución, el reclamo soberano y también la necesidad de
generar mecanismos de diálogo con todos los países. Creemos que muchas veces es
mejor el diálogo que el conflicto.
Con respecto
al régimen de Tierra del Fuego y el polo tecnológico, nuevamente quiero decir
que han presentado una frase sacada de contexto que, a nuestro entender, no
tiene sentido. El ministro del Interior, el Estado nacional y el presidente de
la Nación han ratificado el régimen de promoción industrial en Tierra del
Fuego. Esta es nuestra política y así lo planteó el señor ministro Aguad.
Considero que es justo dar este debate con el resto del país porque la
tecnología tiene un costo superior; este no es un problema, puede ser una
decisión que tomamos y ratificamos. Reitero: no es un problema, se trata de una
situación que tenemos que abordar; debemos ser conscientes de que existe, de la
misma manera que cualquier régimen particular en una provincia.
Se ha
planteado que el mensaje del ministro Aguad era una amenaza para eliminar el
régimen. Esto no es así. Quiero llevar tranquilidad a la provincia y a los trabajadores
en ese sentido. Esto no quita que demos prioridad a algunos productos y que
cuidemos las fuentes de trabajo. Creemos que no todos los productos que allí se
fabrican están en la misma situación. Esta cuestión se está trabajando con las
Cámaras; estamos dialogando con todos los sectores y no queremos imponer nada.
En el caso
del Plan Conectar Igualdad se pueden producir más importaciones de netbooks, pero también se garantizan los
puestos de trabajo con las compras públicas, es decir, se generan diferentes
cosas para compensar los costos y los desafíos que tienen las provincias.
Uno de los
desafíos centrales tiene que ver con la conectividad tecnológica. Nosotros no
vamos a descuidar los puestos de trabajo del Parque Industrial de Río Grande ni
los de Tierra del Fuego en general. La intención es trabajar juntos para ver
cómo podemos, de la manera más inteligente, llevar adelante ese régimen y al
mismo tiempo promover y estimular otras fuentes de trabajo.
Por otra
parte, hace poco tiempo ‑por suerte, de consenso‑ se declaró
reserva natural la Isla de los Estados para promover la cuestión ambiental y
turística. Ahora queremos avanzar en lo referido al Polo Logístico Antártico,
que es otro desafío importante. Hay muchos desafíos con respecto a la pesca y
otras industrias que pueden establecer parte de la discusión. No hay que tener
miedo en este punto sino mirar hacia adelante.
Con respecto
a la conectividad, hasta ahora la Cancillería no ha participado en ninguna
negociación con Chile en términos del sistema interconectado. Después puedo
enviar información más precisa sobre el costo fiscal, el valor de la obra y si
está o no en vías de ejecución.
En cuanto a
lo expresado por la señora diputada Soria, quiero mencionar que comparto su
vehemencia y preocupación por el sector frutihortícola en los últimos años. A
principios de nuestro gobierno hemos salido a brindar apoyo con un fondo
específico y mañana mismo habrá una reunión con el ministro Buryaile. Creemos
que hoy se puede plantear una discusión más técnica para avanzar en mecanismos
de financiamiento, en la evaluación de instrumentos institucionales que se
están planteando, como fondos e institutos. Tenemos una diferencia, pero
venimos charlando muy de cerca con el gobernador Weretilneck y las autoridades
locales acerca de si hay o no nuevos desembolsos en efectivo.
Lo que no
vamos a dejar de hacer –le digo a la diputada que se quede muy tranquila en
este sentido- es dialogar. Ahora, si el diálogo siempre tiene que ser
directamente con el presidente y no con el ministro, es una materia opinable,
de mínima. Creo que en eso vamos a estar de acuerdo. Como todos saben, en estos
nueve meses el presidente ha recorrido dos tercios del país; ha estado en casas
de familia escuchando a los argentinos, más que ningún gobierno de los últimos
tiempos.
En estos
meses el presidente ha estado reunido con los gobiernos provinciales. Hemos
estado trabajando día a día con los sectores productivos, centralmente con el
sector agrícola en general. Aquí diferimos en cuanto a que las políticas que
estamos llevando adelante son perjudiciales. Creemos que el problema
perjudicial es mucho más estructural y que las políticas que estamos llevando
adelante no son perjudiciales; así lo visualizan muchas economías regionales y
de esa manera fue planteado. Nos parece que este es un diagnóstico de mínima,
parcial, que no compartimos.
También
creemos que es muy importante trabajar para transparentar los precios de los
mercados mayoristas concentradores a través de un sistema de cargas semanales
de datos de precios promedio de ventas. Compartimos esa preocupación. Ya hemos
firmado acuerdos con varios mercados del interior y recibimos información
diaria del Mercado Central para tratar de mejorar eso.
Ahora bien,
si vamos a hablar de las medidas tomadas para mejorar la situación de los
productores, podemos hablar de la unificación cambiaria, la eliminación de los
derechos de exportación, la posibilidad de reintegro para los puertos
patagónicos –que probablemente queramos modificar pero manteniendo el beneficio
para las frutas, centralmente, entre otros productos regionales-, la derogación
de la normativa que impedía el transporte en Uruguay, la sanción de la ley para
las pymes, las moratorias impositivas, los créditos bancarios de tasa subsidiada
y fondos rotatorios... (Manifestaciones
en las bancas.)
Le aclaro a
la señora diputada Soria, que hace un comentario fuera de micrófono, que los
productores también son exportadores -hay distintas situaciones-, y estamos
trabajando permanentemente con ellos. Si se cree que en nueve meses vamos a
revertir diez años de destrucción de ese sistema de producción, aclaro que
nosotros tenemos una visión un poquito más medida en términos de esos
objetivos. (Aplausos en las bancas.)
Esto lo digo con el mayor respeto y sin intención de polemizar. Recordemos que
el año pasado –y los anteriores- los productores estaban en la ruta por un
problema estructural. Nosotros vamos a seguir trabajando.
El señor
diputado Di Stefano hizo una pregunta sobre el Plan Belgrano. Esto también
tiene que ver con una visión integral que faltaba en la República Argentina
para diez provincias del norte del país. Nosotros tenemos ya en ejecución obras
en la ruta nacional 12, sistema de provisión de agua potable para Posadas y
Garupá -que va a finalizar en noviembre de 2017-, diecisiete centros de primera
infancia nuevos y fortalecimiento de otros catorce, llamado a licitación para
nueve jardines de infantes con salas de 3 y 4 años, vivienda social: 500
millones de pesos en 4.900 unidades de ejecución.
Asimismo, se
prevén centros de primera infancia para incluir a alrededor de 18.000 niños,
logrando cobertura de población infantil menor de 5 años bajo la línea de
pobreza; salas de educación preescolar para sumar aproximadamente a 24.000 niños
que no asisten a jardines; 640 enlaces de Internet en escuelas para alcanzar el
ciento por ciento de conectividad; construir alrededor de 10.000 viviendas y
conexiones de agua y cloacas; 650 millones de dólares en obras para la autovía
12: tramos Goya-Corrientes, Corrientes-Paso de la Patria, Posadas-Acceso Oberá,
Paraná-Goya, Paso de la Patria-Posadas; y 750 millones de dólares en obras para
la autovía 14: Paso de los Libres-Posadas. Después les voy a pasar un listado
de todas las obras en las que se está trabajando.
Con respecto
a la industria maderera, que es un tema absolutamente central, esperamos crecer
‑en función del plan estratégico 2016/2020‑ en 300.000 hectáreas
plantadas. Se promueve y espera una inversión de 2.070 millones de dólares en
cuatro años en las industrias de celulosa, aserradero y bioenergía. Con esas
inversiones, en cuatro años pretendemos crear alrededor de 50.000 empleos y
revertir la balanza comercial. Para eso hace falta trabajar en acciones como
poner en vigencia el reglamento CIRSOC 2016, promover la construcción de
viviendas de madera, generar un nuevo marco normativo de tierras y humedales
para incentivar la biomasa y lograr nuevas licitaciones de recursos renovables.
No hay
ninguna disposición de bases militares en Misiones ni en Tierra del Fuego. En
función del tratado antártico y todo lo relacionado con Tierra del Fuego, se
prohíben las actividades militares. De modo que pueden quedarse tranquilos
respecto del tema de las bases militares.
En relación
con lo manifestado por la señora diputada Soraire, quiero dejar en claro que
según los índices del INDEC no hubo aumento del desempleo ni reducción del
empleo. Lo que se dio fue una corrección de estadísticas que, a nuestro
entender, transparenta el problema que antes existía, salvo que alguien pueda
explicarme por qué entre 2011 y 2015 se redujo en seis puntos el porcentaje que
representa la cantidad de gente que buscó trabajo en la Argentina. Nuestra
mirada es que la cantidad de empleo que existe en el país es la misma, lo cual
no impide que tengamos una concreta preocupación sobre el tema. Como hemos
planteado en numerosas oportunidades, este asunto constituye nuestra principal
prioridad, y todas las medidas que tomamos fueron pensando en cómo generar
actividad y empleo, ya que consideramos –como dije la última vez que estuve
aquí- que es la principal herramienta para salir de la pobreza y generar una
sociedad con más igualdad de oportunidades.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, doctor Pablo Gabriel Tonelli.
Sr. Jefe de Gabinete
de Ministros.- En relación con la
promoción del empleo para mayores de 45 años, hay propuestas concretas y se
están evaluando distintas alternativas. Esto es algo que pudimos hacer en la
Ciudad de Buenos Aires y que prometimos en la campaña de 2005, de modo que es
un problema que viene desde hace mucho tiempo. En este sentido, en el proyecto de ley sobre primer empleo hay un artículo que busca
incentivar la promoción del empleo para mayores de 45 años. Esta es una
oportunidad concreta para avanzar en la materia.
Respecto de
los primeros siete meses del Ministerio de Desarrollo Social, el gasto primario
viene creciendo un 26 por ciento en relación con 2015; sin embargo, el gasto
social ha crecido un 33 por ciento. Esta es la finalidad que más ha crecido e
incluye seguridad social, educación, asistencia social e infraestructura básica
social. Dentro del gasto social lo que más ha crecido se relaciona con las
políticas de ingresos, que contemplan un aumento del 40 por ciento. Esto se
vincula con la asignación familiar para monotributistas, que aumentó 4.500
millones de pesos; el plus para jubilados y AUH, donde tenemos otros 4.100
millones de pesos; la AUH para trabajadores “golondrina” y la eliminación de
incompatibilidades, con 2.400 millones de pesos; aumentos de asignaciones
familiares por 15.000 millones de pesos; incremento del seguro de desempleo por
1.300 millones de pesos y crecimiento de los haberes de los planes Progresar y
Argentina Trabaja, por 3.000 millones de pesos.
Además, aquí no está calculada la devolución del IVA para planes
sociales, por 14.000 millones de pesos, ni la reparación histórica que ‑como
decía anteriormente- ya impactó en 250.000 jubilados y empezará a impactar más
fuertemente a partir del mes de septiembre.
En cuanto a
los nuevos planes de Precios Cuidados, nuestro eje central fue mantener lo que
había, sabiendo que el primer semestre iba a ser complicado. Nuestra mejor
política –en la que estamos avanzando fuertemente‑ consiste en reducir la
inflación, que de hecho ha disminuido significativamente. Esa reducción se va a
consolidar y mantener, lo que ayudará a sacar progresivamente este tema de la
discusión económica y social de nuestro país.
En relación
con la inquietud formulada por la señora diputada Gallardo sobre el hantavirus,
debo decir que tenemos la información de que hubo dos casos aislados a mitad de
año, de modo que se trata de cifras distintas respecto de este tema.
Consideramos que la difusión del virus está controlada; lo mismo dice el
gobierno provincial. Si hay otro caso aislado, se hará el monitoreo; pero
aclaro que se realizó un estudio de laboratorio durante siete días y su
resultado fue negativo. De todas maneras, seguiremos atentos a este problema.
En cuanto al
Plan Belgrano, división Tucumán, ya está en ejecución la remodelación del
aeropuerto, algo muy importante para la producción de arándanos y de fruta
fresca. Esa obra pretende transformar la estación de Tucumán en el principal
aeropuerto de carga del NOA, y creemos que representará un impulso muy
importante en esta materia.
- Ocupa la Presidencia
la señora vicepresidenta 2ª de la Honorable Cámara, profesora Patricia
Viviana Giménez.
Sr. Jefe de Gabinete
de Ministros.- En el canal San Luis está prevista un obra por 558 millones
de pesos basada en el saneamiento del canal, beneficiando a 40.000 personas.
También están en ejecución las obras de circunvalación de San Miguel de
Tucumán, por 180 millones de pesos, tres nuevos centros de primera infancia y
fortalecimientos de otros doce, licitación de dieciocho jardines de infantes de
3 y 4 años, incremento del corte de nafta del 10 al 12 por ciento, lo cual
significa 1.700 millones de pesos extras, envío de etanol y 1.440 millones de
pesos extras por precio de azúcar.
Para evitar
confusiones, todas las obras públicas que realiza el Estado nacional en las
diez provincias están enmarcadas en el Plan Belgrano, al igual que todos los
planes productivos, sociales, económicos y culturales. El Plan Belgrano no es
un listado de obras públicas, sino una mirada integral de reparación histórica
del norte del país, que lleva adelante el amigo José Cano.
El diputado
Jorge Barreto planteó su preocupación sobre la producción de pollos, cerdos y
arroz, y el aumento de la importación. La respuesta más general la di antes: no
hay un criterio de aumento de importación por gusto; lo que hay es un ajuste a
la normativa internacional. Es un reacomodamiento coyuntural de la situación
comercial después de varios años –y meses también en el último año‑ de
desfase en ese sentido.
En materia de
economías regionales específicas, estamos avanzando en acuerdos sanitarios con
la industria avícola, habilitación de plantas de faena, promoción de medidas
comerciales que apunten a eliminar trabas arancelarias, negociación de cuotas
de exportación e incorporación de esta actividad al plan de posicionamiento e
inserción internacional con el programa Marca País.
La apertura
comercial se hará con inteligencia previa, detectando oportunidades de negocios
y cuidando la producción local. También pensamos en la posibilidad de medidas
técnicas y otras herramientas que sean compatibles con la normativa
internacional, pero que nos permitan cuidar a nuestros productores y también
avanzar en acuerdos de cross-selling
para financiar exportaciones y regímenes de intercambios compensados.
Asimismo,
queremos avanzar en acuerdos sanitarios en la actividad porcina, encarando
negociaciones comerciales y reducción de barreras y cuotas arancelarias.
En materia de
arroz, pretendemos mejorar en acuerdos sanitarios, negociaciones comerciales,
reducción de barreras y financiación de exportaciones.
Con respecto
a la ley 27.132, parte fue reglamentada con la creación de la empresa
Ferrocarriles Argentinos, en 2015.
En cuanto a
la renegociación de contratos, a través de la resolución 182 del Ministerio de
Transporte, se conformó la comisión para hacerlo, y se está trabajando en el
proyecto de reglamentación para el acceso abierto, lo que contribuirá a mejorar
la competitividad, fortalecer las economías y ampliar la participación del
ferrocarril en el transporte de carga, integrando los distintos modos de
transporte.
En cuanto a
lo que ocurrió hace algunas horas, según las primeras informaciones, hubo daños
contra particulares, violencia contra ómnibus, rotura de autos, destrozos
públicos, robos y ataques con piedras y un gendarme herido. De todas formas, se
hará una presentación penal por estos daños. La Gendarmería intervino
justamente por la situación in fraganti
pero, como sucede en cualquier asunto, la Justicia podrá determinar si hubo
alguna infracción específica.
Con respecto
al protocolo, en su momento aclaramos que es un tema en el que se sigue
trabajando. Consideramos –así lo han planteado casi todos los gobiernos
provinciales‑ que ante una situación in
fraganti en el espacio público, lo lógico es que la fuerza pública intente
que ese hecho culmine, obviamente, dentro de una acción razonable y legal.
En relación
con las preguntas formuladas por la señora diputada Sandra Castro, de San Juan,
comenzaré respondiendo la última, referida al nivel de ejecución presupuestaria
en Ciencia y Tecnología, que fue del 67,6 por ciento en la jurisdicción. Esto
es lo que tiene que ver con el ministerio, más allá de que la función Ciencia y
Tecnología está en varias jurisdicciones que componen el sistema nacional.
El Ministerio
de Educación y Deportes tiene una ejecución del 55,5 por ciento. En cuanto a
las universidades, la ejecución es del 59,4 por ciento. El presupuesto siguiente
lo vamos a presentar el 15 de septiembre. O sea que no les voy a dar pistas a
futuro, pero sí les aclaro que siempre hemos hablado de la importancia
estratégica de continuar con una política adecuada en ciencia y técnica. El
mejor ejemplo lo constituye la continuación del mismo ministro que ha
desarrollado gran parte de esa política y que viene trabajando en consenso con
nosotros. Estamos muy contentos de que siga siendo el ministro del área.
Sobre la sala
de 3 años, les puedo decir que esto se puede detallar más en la comisión, pero
les adelanto que la Nación construirá tres mil jardines, entre jardines nuevos
y nuevas salas en los ya existentes. En el presupuesto plurianual, se está
previendo para 2017 una cantidad de 5.600 millones de pesos para estas
construcciones. En 2016, ya se licitaron 221 jardines de infantes.
En cuanto a
los planes de largo plazo, no tengo muy en claro si me preguntaron sobre
educación, ciencia y tecnología o en general. Si es en general, ya les hablé de
los acuerdos educativos, energéticos, contra el narcotráfico, y productivo. Son
planes muy específicos, pero sugiero que se discutan con los ministros de cada
área. No tenemos problema en ese sentido. Nuestro objetivo es que los proyectos
sean lo más concretos y consensuados posible.
En cuanto a
la pregunta formulada por el señor diputado Pereyra, de la provincia de
Córdoba, estamos analizando pedidos de tarifas especiales para bombeo y riego.
Lo hemos recibido como un reclamo, porque sabemos que se trata de un hecho concreto
que debemos resolver. Tenemos que plantear esto a nivel del gobierno provincial
y del acuerdo federal energético contemplando la situación de cada provincia.
No comparto la visión que se dio acerca de las economías regionales, porque
estamos trabajando para potenciarlas, hacerlas crecer y lograr que con todos
sus productos lleguen a todo el planeta, creando más trabajo e ingresos.
Puedo decir,
en términos futbolísticos, que queremos salir a competir porque tenemos un gran
plantel para hacerlo. Creemos que el Estado debe promover todo esto y no
encerrarnos cada vez más en nosotros mismos.
En cuanto a
la devolución del IVA, les puedo comentar que en las primeras tres semanas de
agosto se han realizado 2 millones de operaciones, con un millón de beneficiarios.
Se trata de una excelente noticia, ya que fue una medida política que
trabajamos en conjunto.
A la señora
diputada Frana, de Santa Fe, le debo decir que no se preocupe porque no
pensamos ni queremos que la Argentina vuelva a los 90. No es un déjà vu permanente. Reitero lo que dije
antes y lo discutí con el senador Perotti cuando concurrí a la Cámara alta. La
clave es trabajar en conjunto con los gobiernos provinciales y los sectores
productivos viendo caso por caso. De eso trata el plan productivo, la ley
pymes, la ley de fortalecimiento de autopartes y la competitividad en general
del sector automotriz, que está dentro de la esfera del Mercosur. Estamos
hablando de un sector claramente estratégico que nosotros vamos a cuidar.
Respecto de
la apertura con China no tengo un detalle específico, pero enviaremos una
respuesta por escrito. En todo caso, les aclaro que no existe una política de
descuido, sino todo lo contrario. Hace poco tiempo estuvimos con el diputado
Romero y otros diputados en Alemania visitando empresas como Volkswagen y
Mercedes Benz, para trabajar en crecer, no en achicarnos, y lo mismo hemos
hecho con General Motors y muchos otros sectores. Esperamos poder ir juntos con
otros diputados en estas visitas a otros países del mundo.
Con respecto
a la visión de que 55 millones de pesos es poco, no compartimos esta opinión.
Claramente, la provincia de Santa Fe, siendo una de las primeras beneficiadas
del fallo de la Corte sobre la devolución del aporte del 15 por ciento, tiene
un nivel de fondos que creemos puede destinar a la situación planteada. Así lo
hemos conversado, sobre todo porque probablemente esa provincia es una de las
que más obra pública va a recibir en los próximos años, ya que es un nodo
estratégico del país, y especialmente para trabajar en la mejora de
infraestructura del Plan Belgrano.
Con respecto
a la pregunta del señor diputado Seminara, no tenemos la visión de que hubo
represión. Sabemos que existió un conflicto entre la municipalidad y los
trabajadores. Gendarmería, básicamente, se limitó a custodiar la integridad
física del intendente. A partir de allí, se pudo trabajar en una mesa de
conciliación, el gremio dio fin al conflicto y este se dio por cerrado. Hay un
fallo en ese sentido y es un buen ejemplo de que con diálogo los problemas se
pueden resolver.
Por supuesto,
creemos que las fuerzas federales pueden trabajar en conjunto con las
provinciales, no solo en estos temas de orden público, sino en general.
En cuanto a
la intervención del señor diputado Gómez Bull, que yo sepa, por definición, no
existe la posibilidad de derogar tácitamente una ley. No leí el dictamen del
equipo legal del ministerio, pero sí hemos avanzado en el cumplimiento de la
ley 27.098 y en trabajar en una tarifa social básica. También se creó el
Registro Nacional de Clubes de Barrio y de Pueblo, y se otorgó un subsidio
equivalente al 40 por ciento de las facturas de energía eléctrica, gas y agua,
hasta tanto se apruebe una reglamentación más completa. Esto, en relación con
la tarifa.
Quiero remarcar
un punto que quizás pasó de largo en este espíritu de diálogo. Creo que fue muy
positivo, y de alguna manera fruto de una política de Estado,
independientemente de los matices y de las distintas discusiones, lo que
ocurrió con la delegación olímpica argentina en los Juegos Olímpicos Río 2016.
Fue el mejor resultado en muchísimo tiempo y de ninguna manera pretendemos
pensar que se hizo todo en estos nueve meses.
Creo que lo
que hubo fue una continuidad de una política y aspiramos a que en los Juegos
Olímpicos de la Juventud de 2018, en la Ciudad de Buenos Aires, y en los Juegos
Olímpicos de Tokio, se pueda profundizar ese mensaje del deporte olímpico como
una herramienta de integración social y educativa. Compartimos ese espíritu
general de poder trabajar todos juntos para que esa política deportiva sea una
política de Estado.
Muchas
gracias por las preguntas y por el respeto en el diálogo.
Sra. Presidenta
(Giménez).- Invito a los señores
diputados a pasar a un cuarto intermedio en las bancas.
- Se pasa a cuarto intermedio a la hora 16 y 50.
- A la hora 17 y 14:
Sr. Presidente
(Monzó).- Continúa la sesión.
Proseguimos
con las preguntas, que en este caso corresponden al interbloque Federal Unidos
por una Nueva Argentina.
Tiene la
palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. De Mendiguren.-
Señor presidente: he escuchado atentamente las contestaciones del señor jefe de
Gabinete de Ministros a las preguntas que se le han formulado, y por eso voy a
tratar de no ser reiterativo y dar a esta sesión informativa una visión
distinta.
Creo que no
hay duda de que la Argentina saldrá de los problemas que tiene el día que
vuelva a crecer. Por lo tanto, no hay posibilidad de resolver los problemas que
tenemos si no crecemos. Parece muy obvio y muy simple, pero es así.
En esto
nosotros creemos que la pequeña y mediana empresa es un actor fundamental, pero
hay que ayudarla no porque es chiquita y buena sino porque es el nervio por
donde empiezan a moverse las variables de la economía que llegan a más gente y
a más lugares del país. Sabemos que las grandes inversiones son importantes,
pero por lo general no generan mucho empleo y llegan a los lugares urbanos como
grandes empresas.
Cuando uno
toma medidas de esta naturaleza lo que sabe es que se gobierna para los argentinos,
no para los alemanes o franceses. Los argentinos tienen una idiosincrasia
especial. A estas pymes les han pasado cosas y han escuchado muchas veces
buenos discursos que después no compadecieron con la realidad. Si hay algo que
necesita una pyme, un productor agropecuario o alguien ligado a la producción,
primero, es mercado; segundo, transparencia de las reglas de juego, y después ‑esto
quizás sea lo más importante‑, contar con un medio competitivo. Digo esto
porque es poco lo que se puede hacer puertas adentro de una empresa en materia
de competitividad si el medio no la acompaña.
Por ello,
días pasados escuchamos con preocupación al ministro Prat-Gay, cuando dijo que
los industriales se tenían que preparar, porque si en cinco años no logran ser
competitivos y no “adelgazan” no podrán insertarse en el mundo y, por ende, no
podrán correr “las olimpíadas”. Personalmente, diría al ministro que se quede
tranquilo, porque si algo ha sabido hacer una pyme de la Argentina es ser
competitiva; de lo contrario, no hubiese sobrevivido a la volatilidad
macroeconómica más grande del mundo, como la que padeció la Argentina.
El ministro
también tiene que saber que en la actualidad las pymes dedican más del 50 por
ciento de su tiempo a cosas que no hacen a su funcionamiento, porque el Estado
–ya sea porque no puede o no sabe‑ no se las puede aportar.
Por lo tanto,
aclaro que los industriales queremos ir a las olimpíadas, pero no nos envíen a
jugar al tenis con una sartén; por lo menos, debemos llevar una raqueta. De lo
contario, por más que nos entrenemos y seamos los mejores en preservar el aire,
nunca vamos a ganar.
¿Cuál es la
situación que hoy enfrentamos? Voy a ser muy breve, porque todos conocemos los
datos estadísticos. Lo cierto es que la situación es muy compleja: hay caída en
la producción y en las ventas. Según el INDEC, la industria cayó un 6 por
ciento con respecto al mismo mes del año anterior; pero para mayor información
podemos decir que entre junio de 2015 y junio de 2016 la industria láctea registró
una caída del 22 por ciento; en la industria automotriz, también hubo una caída
del 22 por ciento; en el sector de las fibras sintéticas, la baja fue del 15
por ciento; la producción de cemento cayó un 17 por ciento y la construcción
experimentó un retroceso del 19,6 por ciento.
También
cayeron las exportaciones. Como todos sabemos, hoy el mundo está vendedor, no
comprador, y ya sabemos cómo repercute esto en el sector industrial. Para
colmo, el 80 por ciento de nuestras exportaciones va a Brasil, que también está
pasando por una situación muy difícil.
Por lo tanto,
es muy poco lo que podemos hacer para mejorar la productividad frente a un
mundo que no compra y que tiene stocks que fueron preparados para una economía
en crecimiento.
En
consecuencia, lo que hacen los países desarrollados del mundo es no importar la
crisis que otros les quieren exportar, y protegen lo más valioso que tienen,
que son sus mercados.
Por otra
parte, en la Argentina aumentaron las importaciones. Con este dato les pido que
vayamos completando el cuadro general. Si tomamos mayo contra mayo, veremos que
las importaciones manufactureras crecieron un 40 por ciento. En este sentido,
son correctas las explicaciones que nos ha dado el señor ministro en cuanto a
la acumulación de DJAI, pero es necesario que tomen nota de lo que está
ocurriendo.
Además, hay
algo que escuché decir al señor ministro, que me causó preocupación. De acuerdo
con los datos que se han aportado, entre 2015 y 2016 la importación de carne
fresca de cerdo aumentó un ciento por ciento. Por su parte, las importaciones
de carne fresca de pollo crecieron –año contra año‑ un 441 por ciento.
Asimismo, se han importado 4.500 toneladas de zanahorias, 330 toneladas de
tomates y 309 toneladas de cebollas procesadas. Esto no resiste ningún
análisis. En los últimos años la Argentina ha mejorado la productividad y la
genética. En la década del 90, también importábamos pollos y cerdos, pero el
sector se reconvirtió y pasó a exportar por 600 millones de dólares.
¿Cómo es
posible que no nos sorprendamos y que no pensemos que acá está pasando algo
raro? Esto ya lo vivimos; por eso hablo de las señales. En la década del 90
empezó a entrar carne cruda de Brasil para procesar internamente. ¿Saben qué
hicieron los frigoríficos argentinos? Se desentendieron de los productores e
importaban de Brasil, porque era mejor negocio. ¿Qué les dijimos? Que primero
iban a caer los productores y que después vendrían por ellos. ¿Qué sucedió?
Vinieron los frigoríficos brasileños y quebraron todos los frigoríficos
porcinos de la Argentina. No queremos repetir esa historia.
Vemos también
los problemas que se presentan en el Alto Valle con respecto a la fruta, que
estamos importando de países limítrofes. Quiero decir al señor ministro que
esto ya lo vivimos. Entonces, las señales que vemos por delante son
preocupantes.
No quiero
referirme a los incrementos de los juicios laborales, a la elevada presión
tributaria y a la pérdida de competitividad en logística. Todo esto lo conoce
el gobierno. Pero el ministro debe saber que, si todo esto no se soluciona, por
más que el submarino esté impecable no tendremos agua donde colocarlo. Y eso no
nos corresponde a nosotros.
Para
finalizar, quiero referirme a un tema que tiene que ver con las relaciones
internacionales. No es cierto que la OMC no permita nada. Ya vivimos esto. La
OMC tiene montones de zonas grises que cada país define en función de los
intereses nacionales.
En 1995,
existían 1.472 barreras paraarancelarias, mientras que en 2015 ascendían a
39.900. ¿Saben cuáles son los países que aplican más medidas paraarancelarias?
En primer lugar, Estados Unidos, con 4.700; segundo, China, con 2.400; tercero,
Brasil, con 2.000, y lo sigue Canadá, con 1.700. La Argentina se ubica en el
puesto número 42, con 641.
Quiero decir
al señor ministro que nos despeje esta señal. En muy poco tiempo estaremos
reconociendo a China como una economía de mercado. Los países más desarrollados
del mundo hoy están cuestionando tal reconocimiento. Nuestros compañeros
brasileños de la CNI han aconsejado al gobierno brasileño no hacerlo; tengo en
mi poder la carta correspondiente, que puedo dejar al señor ministro.
Cuando la
señora canciller nos visitó, nada dijo sobre esto. Vemos que la canciller está
peleando por conseguir la Secretaría General de las Naciones Unidas, pero a
nosotros nos interesa que defienda los intereses argentinos. Digo esto porque
será muy difícil que le niegue algo a China, ya que no podrá ocupar ese cargo
sin su voto. Nos parece que, por lo menos, es incompatible.
También nos
dijo la señora canciller, en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que
nos enviaría la resolución referida a lo que firmó la Argentina con la Unión
Europea. Sin embargo, no ha cumplido con esto. El señor ministro debe saber que
los argentinos no la tenemos. El sector brasilero no solo conoce esa lista,
sino que participó junto con el gobierno en esa negociación.
Entonces, no
les quepa duda de que vamos a ser competitivos, pero que el gobierno cumpla con
la parte que le toca, porque las señales que tenemos son muy malas. Es
imposible justificar importaciones en sectores en los que la Argentina tiene
que ser líder mundial.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Buenos Aires.
Sra. Schwindt.- Señor
presidente: me voy a remitir por un momento al anterior informe del señor jefe
de Gabinete de Ministros, al que no pudo concurrir por razones que todos
conocemos. Me referiré, a modo de ejemplo, a algunas preguntas que él
respondió.
Sr. Jefe de Gabinete
de Ministros.- ¿Me permite una interrupción, señora diputada, con el
permiso de la Presidencia?
Sra. Schwindt.-
Sí, señor jefe de Gabinete de Ministros.
Sr. Presidente
(Monzó).- Para una interrupción,
tiene la palabra el señor jefe de Gabinete de Ministros.
Sr. Jefe de Gabinete
de Ministros.- Señor presidente: simplemente quiero aclarar a la señora
diputada que no se trató de que no pudiera venir, sino que hubo un acuerdo
parlamentario para que enviara las respuestas por escrito.
Sr. Presidente
(Monzó).- Muchas gracias por su
aclaración, señor jefe de Gabinete de Ministros.
Continúa en
el uso de la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra. Schwindt.-
Está bien, señor presidente. Quiero aclarar que no estaba haciendo un reproche
al señor jefe de Gabinete.
En esa
oportunidad, preguntamos al señor jefe de Gabinete de Ministros qué estudio
había hecho el gobierno respecto de las inversiones que debían realizar las
empresas de servicios públicos en materia de gas y otras fuentes de energía,
agua corriente y demás. El señor jefe de Gabinete nos contestó con la nada
misma haciendo referencia a algunas generalidades vinculadas con EDENOR y
EDESUR, como si solamente esas dos empresas fueran el universo en materia de
servicios públicos.
Respecto del
tema del gas, que después constituyó todo un problema y sobre el cual queríamos
tener más detalles, nada se nos dijo. Preguntamos qué parámetros utilizaron el
Poder Ejecutivo nacional y el Ministerio de Energía y Minería para efectuar el
cálculo de la actualización de la facturación de esos servicios. El señor jefe
de Gabinete de Ministros respondió por escrito que lo primero que se consideró
fue la necesidad de dedicar el acotado presupuesto del Estado nacional a suplir
necesidades más urgentes e importantes que un masivo, ineficiente e inconsulto
subsidio, entre otras cosas.
En el caso
del gas natural, los informes que llegamos a conocer, que pedimos y están aquí,
indican que solamente las dos terceras partes de ese subsidio se destina a las
productoras de gas. En consecuencia, no se trata de que el subsidio se destine
a la construcción de rutas, escuelas y otras obras públicas, sino que va a los
bolsillos de los empresarios productores de gas natural. Esto lo tienen que
saber y hay que decirlo.
El propio
ministro Aranguren, al poco tiempo de afirmar esto, salió a decir que el
aumento dispuesto apuntaba a incrementar la producción de gas natural. Por
cierto, es difícil entender cómo logrará ese objetivo porque YPF, empresa en la
que el Estado tiene una participación del 51 por ciento, a principios del
corriente año sostenía que disminuiría sus inversiones en un 25 por ciento.
Formulamos
preguntas relacionadas con la reducción de las inversiones y la forma en que el
gobierno piensa alcanzar el autoabastecimiento. Las respuestas que obtuvimos
también fueron sobre generalidades.
Ese dinero,
en su mayoría, no tenía como destino el Estado nacional, sino a los productores
de gas. Nosotros podríamos decir que se aumenta más que el subsidio que se
destinaba a ese producto, con lo cual nos preguntamos lo siguiente: si el
objetivo era reducir el déficit, ¿por qué, con las mismas palabras utilizadas
por el señor jefe de Gabinete de Ministros no se destinó ese dinero a la
cobertura de necesidades más urgentes e importantes, en vez de ir a los
productores?
Consultamos
dónde se encontraban los informes referidos al aumento del precio del gas
natural, y los pedimos. El señor jefe de Gabinete de Ministros nos respondió
por escrito que cada expediente contaba con los informes técnicos y los
dictámenes jurídicos pertinentes, pero esto tampoco es verdad. Nosotros fuimos
a ver los expedientes correspondientes al aumento de la tarifa de gas natural,
pero en ellos ni un solo informe hay que con números justifique, analice y
fundamente un aumento, ni el decidido anteriormente ni ningún otro. Reitero: no
hay números.
Lo más grave
es la parte en que un director del ministerio, refiriéndose al aspecto
jurídico, sostiene que se trata de un tema que no contiene aspectos legales,
razón por la cual se habilita la continuidad del trámite. En otras palabras, se
afirma que este tema no contiene aspectos legales, pero terminamos en la Corte
Suprema de Justicia. Esto es lo grave de toda esta situación, sobre la cual
hemos advertido al gobierno nacional. En la búsqueda de claridad, preguntamos
por la resolución pertinente, pero no la encontramos.
También
formulamos preguntas respecto de muchísimos casos sobre los que nos contestó el
señor jefe de Gabinete de Ministros, relacionados con las medidas que el gobierno
iba a adoptar para promover la exploración y la explotación. En ese sentido, el
señor jefe de Gabinete de Ministros nos dijo que la industria celebró un
acuerdo estableciendo precios internos por encima de los precios de referencia
internacional. Eso perjudica a los consumidores y constituye una cartelización,
tanto en nuestro país como en cualquier otro lado. ¿Qué estábamos haciendo?
¿Protegiendo eso?
Desde el mes
de abril venimos alertando mediante notas y cartas –esto también queremos
dejarlo aclarado en la presente sesión‑ acerca de la ilegalidad de estas
medidas respecto de las cuales la Corte Suprema de Justicia ha dictado un fallo
que todos debemos acatar. Lamentablemente, ni los usuarios ni nosotros fuimos
escuchados. Entonces, cuando hablamos de diálogo debemos tener memoria: en esto
no nos escucharon.
Hemos llegado
a esta instancia y ahora vamos a convocar a una audiencia pública. En este
sentido, quiero preguntar al señor jefe de Gabinete de Ministros, lo siguiente:
¿de qué audiencia pública se trata? ¿De una sola audiencia que se realizará en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de otras que se van a celebrar por
regiones? Le quiero preguntar esto porque ya hay un malestar.
Presido la
Comisión de Defensa del Consumidor y puedo decir que este tema ya fue
manifestado en las reuniones por las asociaciones del interior del país. ¿Qué
van a ofrecer? ¿Lo harán por Internet y por Youtube? ¿Usted sabe que Internet
no funciona, señor ministro? Están vendiendo el 4G, pero no funciona el 3G.
¿Cómo un usuario de 3G puede opinar qué está pasando en el Norte con la
distribuidora tal o cual? Esto tienen que solucionarlo.
Yo espero una
respuesta y que nos digan que van a regionalizar las audiencias, porque los
intereses de quienes viven en Mar del Plata no son los mismos que los de la
gente de Mendoza o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde nuestro espacio
hemos pedido recategorizaciones porque hay usuarios que son categorizados como
los de la ciudad de Buenos Aires, cuando en invierno hay más de 10 grados de
diferencia de temperatura entre ambas ciudades.
También
preguntamos a dónde se encuentran los informes, porque están anunciando que
tendrán en cuenta la regionalización. Las asociaciones y nosotros, que queremos
participar de las audiencias, tenemos veinte días para hacernos de ese
material. ¿Qué van a decir los usuarios si con anticipación no tenemos el
material para saber de qué aumento hablamos y cómo se instrumentará? Porque
ahora parece que el aumento no será del 400 por ciento, sino que tendrá en
cuenta criterios de racionalidad, y esto me parece bárbaro. ¿Cuándo tendremos
la información correspondiente para poder analizar esto, que todavía no está en
el Enargas?
Hay otros
temas sobre los que también pregunté al ministro, pero no he recibido
respuesta. Me refiero al informe sobre el control de las inversiones, el
destino de los subsidios y el compromiso de las nuevas inversiones. A las
reuniones de la comisión que presido concurrieron representantes del Enargas y
el ministro, pero nunca nos respondieron. Nada de esto se hizo, no lo hizo el
gobierno anterior, no sabemos a dónde fue a parar la plata de los subsidios y
queremos analizar las auditorías. Queremos saber cuáles son las inversiones que
se harán.
El ministro
planteó que se producirán cortes de luz en el verano. ¿Cuándo tendremos un plan
para que el usuario sepa lo que tiene que pagar? Si nosotros unimos todo lo que
se ha dicho y escrito hasta ahora, tenemos a un ministro de Energía que fijó
los precios del gas natural, que la Corte entendió que los fijó y, por lo
tanto, en las audiencias debemos hablar del gas en boca de pozo.
Si el ministro no concurre, pero sí lo hacen
los representantes del Enargas, entonces vamos a hablar solo del transporte y
de la distribución, y no del gas en boca de pozo. Esto también hay que tenerlo
en cuenta, porque si no, las audiencias serán invalidadas; la Corte ya se los
dijo. Lo alertamos en abril y lo repetimos ahora. Espero tener una buena
noticia con respecto a las audiencias.
Quiero
agregar algo, porque me gusta hacer aportes. Hace un rato se habló del problema
de las garrafas, se dijo que faltan inversiones, que el gas no llega a todo el
mundo y que el más pobre es quien más paga. Hay un precio máximo de 90 pesos
para las garrafas, pero encontrar una a ese valor es como cazar a un Pokémon;
no la van a encontrar. Se pagan 170 o 180 pesos por una garrafa, pero hay una
Secretaría de Comercio que tiene que hacer controles. ¡Hagan convenios con las
provincias, con los municipios, alguien tiene que controlar! ¡No puede ser que
el pobre pague lo que se le antoja al comerciante! (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr. Daer.- Señor
presidente: quiero decir al señor jefe de Gabinete de Ministros que no
coincidimos en muchas cosas. Usted habló de una serie de pasos que se vinieron
dando desde que asumieron el gobierno, y en cada uno de ellos se planteaba que
íbamos a avanzar. Primero, se dijo que con el nuevo gobierno las expectativas
cambiarían, y recién acaba de decirnos que con la salida del cepo y la baja de
las retenciones sucedería lo mismo. Acá tuvimos un debate acerca de cómo
resolver el tema. Se nos dijo que a partir de ahí se acabarían las nubes y
vendrían los días iluminados, pero nada de eso pasó. La realidad es que después
de cumplido más del 20 por ciento del mandato de cuatro años que el presidente
tiene en términos democráticos, observamos más pobreza y desocupación.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la
Honorable Cámara, ingeniero José Luis Gioja.
Sr. Daer.- El día
de ayer el INDEC nos anotició de que estamos en los mismos niveles de
desocupación del año 2006, previendo que en cuatro años más estaremos cayendo
en la peor crisis de desocupación de la historia de nuestro país. Reconozco que la creatividad es buena. Nos
corrimos tres meses: la inflación no era de enero a diciembre, sino de marzo a
marzo. Pero al mismo tiempo, tengo que decir al jefe de Gabinete que antes de
que saliera a la luz el fallo de la Corte un miembro de su gobierno, dijo: “Si
la Corte falla en contra, vamos a tener el 40 por ciento de inflación”. Esto lo
pueden buscar en el diario El Cronista
Comercial. No sabemos si se trató de un apriete a la Corte o si esa
terminará siendo la proyección inflacionaria para lo que resta del año.
Esto tiene
que ver, concretamente, con las perspectivas que tenemos hacia adelante. Lo que
nos están diciendo la diputada que nos mostró la manzana chilena, los
empresarios pequeños y medianos y nuestros compañeros trabajadores es que hay
caída en el empleo y en el poder de compra del salario. Pero el peor de los
agravantes es que hay caída en el trabajo argentino. Me parece que después de
todas esas fantasías que se fueron generando –lo digo con el mayor de los respetos-
pero no se cumplieron, debemos discutir el modelo de país hacia el cual vamos.
Al responder
una pregunta de otro diputado, el señor jefe de Gabinete dijo que la gente
cambió y por eso el gobierno está llevando adelante un cambio. Está claro que
en la primera elección dos tercios de los candidatos sacaron un poco más de
votos y el otro tercio sacó un poco menos. Esta es la verdadera relación entre
acompañamiento y votos reales. Lo de la segunda vuelta es una definición con
otros valores.
Siento algún temor
en el sentido de que cuando plantean que van a cambiar rumbos creamos que
tenemos que cambiar estratégicamente el país. Si estamos creyendo que el cambio
es hacia un país exportador de materia prima básica -o de materia prima sin
ningún agregado de valor-, importador de bienes de consumo, para regular el
mercado, y de bienes de capital ‑porque no nos damos la posibilidad ni la
capacidad de generarlos acá‑, junto con un gran mercado financiero, tengo
que decir que esto ya lo vivimos.
Otra cuestión
que me asombra es que pensemos que la única posibilidad de generar empleo es
que este sea más barato, cuando en nuestro país empíricamente está comprobado
que bajar costos no genera empleo. Lo que genera empleo es potenciar la
economía y el consumo dejando de creer que el salario es un costo, para empezar
a concebir que el salario es lo que motoriza la vida de cada una de las
familias y de los individuos.
A fin de no
extenderme mucho más, voy a formular dos preguntas al jefe de Gabinete para que
responda por sí o por no. Próximamente, el presidente viajará a la República
Popular China. Quisiera saber si la considerará como economía de mercado,
porque esto tiene una implicancia directa en el dumping social con el cual se pretende que nuestros puestos de
trabajo compitan.
La
otra pregunta, también por “sí” o por “no”, es la siguiente: la negociación que
se lleva a cabo entre el Mercosur y la Unión Europea, ¿permitirá variar el
índice del 57 por ciento que actualmente nosotros tenemos para ingresar, dado
que lo que se manda es solo materia prima? El 11 por ciento que ellos pagan
para ingresar, casi en su totalidad corresponde a materia prima con agregado de
valor y productos terminados de bienes de consumo y de capital. Estas son las
dos preguntas concretas que deseaba formular.
- Ocupa la Presidencia
el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sr. Daer.- Quiero hacer otra reflexión: el
mismo día que el movimiento obrero estaba consagrando una unidad, el presidente
volvió a repetir que se ponen palos en la rueda. Quiero decir al señor jefe de
Gabinete que los trabajadores somos el eje de la rueda, los que hacemos mover
la rueda de la economía; siempre tengan presente este concepto.
Por
último, voy a pasar un aviso parroquial. Solicito al señor Basavilbaso,
director de la ANSES, que se digne a atender el teléfono cuando algún diputado
o persona que tenga cierta representatividad así lo requiera. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- La
Presidencia celebra y felicita al señor diputado Daer por haber asumido
como titular del consejo directivo de la central de trabajadores. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Daer.- Muchas gracias,
señor presidente. (Aplausos en las
bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.
Sra. Tundis.-
Señor presidente: agradezco la presencia del señor jefe de Gabinete de
Ministros en el recinto.
El día que se
aprobó la denominada “Ley de Reparación Histórica”, en este recinto señalé que
la norma no podía llevar ese título como algo grandioso, patriótico o
grandilocuente. En realidad, cuando uno habla de “reparar” debe apuntar al todo
y no solo a una parte. Por ejemplo, si digo que voy a reparar mi casa tengo que
hacerlo en su totalidad; otra cosa es reparar una parte, como un baño o una
cocina, lo cual ya es algo, pero no todo. La expresión “reparación histórica”
generó ilusión en muchos jubilados por cobrar la jubilación.
El señor jefe
de Gabinete dijo que 250.000 jubilados ya han percibido esa reparación
histórica. Quisiera saber en qué se basa para afirmar esto, porque los que
venimos del área de la previsión social sabemos que hay que tener el expediente
en mano, el detalle de pagos y las remuneraciones. Entonces, ¿qué va a pasar
con ese millón y medio de expedientes que desapareció cuando se quemó el
archivo? ¿Cómo harán el cálculo de esas personas?
Por otro
lado, no sé si sabe el señor jefe de Gabinete lo difícil que es para un
jubilado obtener una clave de seguridad social, en el marco de este sistema tan
tecnológico. Entendemos y creemos que está bien que vayamos hacia la
tecnología, pero para obtener una clave de seguridad social es necesario
cumplir con muchos pasos. Por ejemplo, en lugar de preguntar en qué empresa
trabajó se pide el CUIT de la empresa, información que el jubilado desconoce.
Entonces, terminan delegando estos trámites en gestores o profesionales, y a
pesar de que la ANSES dice que el servicio es gratuito, ellos les cobran.
En algunas
UDAI –estuve en Mar del Plata, Entre Ríos, Derqui, Devoto- mandan a los
jubilados a tratar con abogados. En este sentido, el licenciado Basavilbaso
dijo que en la ANSES hay listados de abogados. Sin embargo, no siempre
aparecen. No sé si están enterados de lo que sucede cuando se solicita un turno
por teléfono. Cuando estuve en Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, un señor
me dijo: “Dígame usted, Mirta; yo pedí un turno y me atiende una máquina, no un
operador. ¿Sabe dónde me mandó a sacar la clave de seguridad social? A La
Tablada, partido de La Matanza”. O sea que este señor tiene que viajar de Entre
Ríos a La Tablada. Esto quiero decir que no puede hablar con un operador para
decirle: “No, señor; vivo en Entre Ríos”.
No sé si sabe
que muchos de los haberes están saliendo con reajustes de 180 pesos, 200 o 500
pesos. Es decir, por el momento no se ve reflejada la gran reparación
histórica, especialmente en los que se jubilaron en estos últimos años, que no
ven modificado su haber por el fallo Elliff, cuyo índice tanto cuestioné.
Tampoco sé si
el jefe de Gabinete de Ministros conoce que la moratoria, tal como dije en su
momento, no permitirá nuevas jubilaciones, porque el artículo 22 dice que se
ampliará el plazo, pero no el período, y la ley 26.970 establece que se
aplicarán las condiciones allí previstas. Esto significa que reconoce desde el
período 10/93 a diciembre de 2003.
¿Sabe que las
mujeres que cumplieron años en mayo ya no tienen derecho a jubilarse? Esta es
una moratoria mentirosa. En los tres años de vigencia de esta ley de reparación
histórica esas mujeres no se podrán jubilar porque no se modificó el período.
Debería modificarse hasta 2007 para que puedan jubilarse con los treinta años
de moratoria, salvo que hayan hecho aportes en estos últimos años.
Sr. Presidente
(Monzó).- Señora diputada: le recuerdo
que usted comparte su término con otra diputada, y ya está llegando a su
límite.
Sra. Tundis.-
Finalmente, pregunto si van a resolver el problema que existe en lo relativo a
rentas vitalicias, jubilaciones anticipadas, moratoria y expedientes destruidos,
o si harán un promedio general de las modificaciones.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por San Juan.
Sra. Peñaloza
Marianetti.- Señor jefe de Gabinete de Ministros: como representante de los
trabajadores argentinos debo hacer una serie de preguntas referidas al sector.
Creo que varios de mis colegas me van a acompañar. Algunas cuestiones han
dejado de ser prioridad para el gobierno nacional, pero siguen siéndolo para
nosotros.
Una de ellas
es la eliminación del impuesto a las ganancias. Formulé la pregunta por escrito
y, una vez más, me contestó que eso es parte de la herencia recibida. Creo que
ya es hora de dejar de hablar de la herencia recibida y asumir el rol
correspondiente al cargo que estamos ocupando.
Tal como dijimos al gobierno anterior, no nos
vamos a cansar de repetir que el salario del trabajador no es una ganancia; es
la retribución por el esfuerzo realizado al llevar adelante su trabajo para su
subsistencia y la de su familia.
En la
actualidad, el impuesto a las ganancias se come el salario del trabajador, las
horas extras, los aumentos pactados por paritarias, y también afecta a nuestros
jubilados. Sin embargo, ¡oh casualidad!, no grava la renta financiera, que sí
es ganancia.
Estoy
convencida de que los trabajadores argentinos no deben pagar el impuesto a las
ganancias. También sabemos que el tema tiene que tratarse en este recinto, pero
si no es una prioridad en la agenda del gobierno nacional no podemos hacer
efectiva su discusión.
Mi pregunta
sobre la eliminación de este impuesto no es absurda; viene a colación del spot publicitario del presidente de la
Nación, en 2015, en el cual textualmente dice: “El Estado no tiene que quedarse
con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar
impuesto a las ganancias.” ¿Qué pasó? ¿Se olvidó? ¿Se arrepintió? ¿O será que
en época de campaña todos los candidatos necesitan de los trabajadores para
llegar al gobierno?
Otro tema que
no quiero dejar de lado es el del desempleo. El jefe de Gabinete manifestó
recién que, en realidad, el índice no indicaba que había más desempleo. El
presidente de la Nación manifestó su preocupación acerca del asunto.
Quiero
solicitar al presidente de la República que deje de preocuparse y empiece a
ocuparse del tema. Considero que ocuparse hubiese sido no vetar la llamada “ley
antidespidos”; ocuparse hubiese sido escuchar a los trabajadores que el 30 de
abril concurrieron a plaza de Mayo junto con el sector sindical, que también
concurrió al Congreso a manifestar la pérdida de fuentes de trabajo.
Pregunto al
señor ministro cuáles son los datos que arroja la ANSES con respecto al trámite
del Fondo de Desempleo. De todas maneras, debemos tener en cuenta que este solo
puede ser tramitado por los trabajadores registrados. Quienes venimos del
sector de los trabajadores sabemos que siempre los primeros que resultan
echados de sus empleos son aquellos que no están registrados. O sea que el dato
que me pueda dar el señor jefe de Gabinete es menor que el real. Lamentablemente,
con lo que he dicho nos vemos muy alejados de aquella meta de “pobreza cero”,
en la que ustedes tienen depositadas muchas aspiraciones.
Señor jefe de
Gabinete: quiero decirle que los trabajadores necesitamos ser prioridad del
gobierno. Tal como ha dicho el compañero Daer, los trabajadores somos el eje de
la columna vertebral de esta Argentina. Sin ellos, no hay empresa.
Vemos que se
han tomado muchas medidas a favor de las empresas, pero sin la fuerza de
trabajo de los argentinos estas no van a funcionar. Necesitamos respuestas y
políticas para este sector. Precisamos que las próximas medidas que tome el
gobierno sean en beneficio de los trabajadores y no a favor del sector
empresarial. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Córdoba, quien compartirá su término con el señor diputado Brügge.
Sra. Rossi.-
Señor jefe de Gabinete: había preparado preguntas para la reunión a la que
usted iba a venir en otra oportunidad. Una cuestión se relaciona con la política
relativa a la industria cárnica: ¿existe un plan “B” en caso de que el blanqueo
de capitales no sea tan exitoso para el pago a los jubilados? Otra inquietud se
vincula con la reglamentación de la ley 26.485, de violencia de género. Había
muchas preguntas más, entre ellas, una relacionada con el Código Procesal Penal
de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y demás.
Escuchándolo
a usted atentamente en su introducción observé que habló de que estaban
trabajando sobre distintos temas ‑educación y violencia de género, por
ejemplo‑ con un abordaje integral, reuniéndose con todos los actores que
se vinculan con las distintas problemáticas. ¿Sabe una cosa, señor jefe de
Gabinete? La gente está cansada. Basta con ver la televisión o escuchar la
radio y uno se da cuenta de que los ciudadanos están cansados de que les
digamos que nos reunimos y que hacemos abordajes integrales, porque las
soluciones no llegan. Esas son las preocupaciones que la gente tiene. Sabemos
que tenemos una sociedad exitista. Tenemos que convencernos de ello, pero
cuando la “exitoína” no circula por las venas de la sociedad comienzan los
reclamos; se trata de los reclamos de quienes votaron por un cambio.
Cuando
solicito que terminemos con las reuniones y vayamos a las soluciones, uno de
los temas es el tarifazo. Puedo decir al señor jefe de Gabinete que el 40 por
ciento de la gente del interior que no tiene gas natural depende del GLP –gas
envasado, para decirlo comúnmente‑ y contamos con gravísimos problemas.
Tuvimos el primer tarifazo en marzo de 2015, cuando el gobierno nacional llevó
la garrafa de 16 a 76 pesos. En ese
momento, hubo un montón de gente que no pudo utilizar las tres garrafas que
usaba en el mes y debió reducir el consumo a dos. Muchas de las personas que
cobraban el sueldo mínimo, vital y móvil no pudieron acceder a una garrafa
social ‑en lo que luego se llamó “plan Hogar” ‑, por los datos que
surgían de la ANSES.
Mi consulta
apunta a saber qué medidas va a tomar el gobierno por intermedio del Ministerio
de Energía y Minería respecto del precio del gas envasado. Se trata de una
grave problemática en el interior del país. Incluso, existen lugares
clandestinos donde se acopian garrafas. Además, el precio se escapa por las
nubes. Para colmo, el gobierno puso un precio con centavos, y la gente se
encuentra con que no tiene 15 centavos para pagar la garrafa; hubiera sido más
conveniente colocar un valor redondo de 90 pesos, y no de 80 y pico con 15
centavos. ¿Qué control harán en relación con esto?
Otra consulta
–aclaro que no deseo crear una nueva brecha, porque ya tenemos muchas‑
tiene que ver con los subsidios y las diferencias que tenemos entre el interior
del país y la Capital Federal en relación con los que se otorgan al trasporte
de pasajeros. ¿Qué pasa? Yo sé que los componentes de los subsidios están
relacionados con la ecuación entre cantidad de pasajeros y kilómetros; pero de
todas maneras, en las ciudades dormitorio como Córdoba capital, a igual
kilometraje pagamos cinco, seis o siete veces más que lo que se paga en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, ¿qué política se va a tomar
respecto de los subsidios para mantener la equidad?
Con respecto
al Fondo del Conurbano Bonaerense, que exige la gobernadora Vidal, quisiera
saber si en algún punto eso perjudicará a las provincias en lo relativo a
coparticipación.
Por último,
deseo hacer una sugerencia, señor ministro. No sé si coincido con algunos
diputados que dicen que usted contesta con chicanas. Yo creo que usted se
“coquizó” o “capitanichizó”, porque realmente contesta poco, dice y no dice, y
da tantos números como hacía Capitanich; pero a la gente le interesa el número
que aparece cuando hace las cuentas a fin de mes y no le alcanza, o el que
surge de la cuenta cuando una señora va al mercado, a la verdulería o a la
carnicería, y en el monedero tiene muy poca plata. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Córdoba.
Sr. Brügge.-
Señor presidente: voy a ser muy breve.
Señor
ministro: buenas tardes. Humildemente, me voy a permitir hacerle una sugerencia
en función de su cargo y habida cuenta de lo que mencionaron las diputadas
preopinantes sobre los dictámenes jurídicos de la administración pública nacional.
Efectivamente,
tengo a la vista el expediente por medio del cual se estableció el tarifazo, y
el dictamen jurídico contiene apenas dos hojas, de las cuales, dos tercios son
antecedentes. Esto me recuerda a cuando alguna vez tuve acceso a los dictámenes
jurídicos que desde la época militar hasta no hace mucho hicieron los abogados
del Estado con referencia a la deuda externa. Consistían solamente en llenar un
formulario en donde colocaban la leyenda: “No hay objeciones legales que
hacer”.
Según mi
humilde recomendación, creo que desde su función usted tendría que emitir
alguna directiva o recomendación dirigida a los servicios jurídicos del Estado
sobre el particular, porque realmente este pobre dictamen jurídico que tengo a la
vista no evitó una crisis importante en la República Argentina sobre el
aumento de las tarifas, que derivó en varios fallos y finalmente en la
sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que creo que hay
que trabajar en ese aspecto.
La pregunta
concreta, señor ministro, es que queremos conocer el estado de avance, con la
provincia de Córdoba, en lo que respecta al arreglo del déficit de la caja de
jubilaciones, ya que por imperio de la ley ómnibus que nosotros sancionamos en
su oportunidad, hay un plazo establecido. Queremos saber si se están cumpliendo
los plazos, cómo se materializará el acuerdo, y concretamente, si se
sabe en qué tiempo se efectivizará la devolución de los importes dinerarios por
el déficit que fue soportado por el Tesoro de la provincia de Córdoba.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Neuquén.
Sra. Villar Molina.-
Señor ministro: la intervención del Movimiento Popular Neuquino obedece a
nuestra insistencia en conocer los motivos por los que no se hace efectiva la
liquidación de los bonos para el pago del resarcimiento a los ex ypefianos,
dispuesto por la ley 27.133.
Digo
“insistencia” porque en la correspondiente respuesta del informe 91 se señala
que el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas ya comenzó a enviar el pago a
los beneficiarios. Sin embargo, cuatro meses después de ese informe no tenemos
información sobre el avance producido ni de que se estén efectuando los pagos.
De acuerdo
con aquella respuesta, de un universo de casi 33.000 casos, usted me informó
que se habían presentado 20.000 con toda la documentación para el cobro.
Entonces, ¿cuáles son los impedimentos o las trabas para que esos 20.000
beneficiarios puedan cobrar?
Por otra
parte, tengo que hablar de un resarcimiento por el que los trabajadores
involucrados pelearon durante casi veinticinco años. Además, estoy pensando en
tomar una frase suya de hace un rato, cuando dijo que todo estaba abierto
siempre a mejoras.
Así que por
los otros 13.000 casos que todavía no han presentado la documentación, quisiera
decirle que tengo algunas alternativas para trabajar con usted.
Debemos tener
en cuenta los problemas que afrontan los exypefianos en cuanto al desistimiento
que exige la ley. Por eso, la lentitud que se está teniendo en este
procedimiento genera que los 13.000 casos que no se han presentado todavía
estén dudando en presentarse o no.
Entonces, de
acuerdo con lo que usted plantea sobre que todo se puede mejorar, me ofrezco a
trabajar con ustedes en este sentido. Es importante tomar en cuenta que el
requerimiento de pago que hicieron los extrabajadores de la empresa Yacimientos
Petrolíferos Fiscales en el Banco de la Nación Argentina, generó un compromiso
por parte del Estado nacional. Para que este cumpla con estos compromisos hay
un plazo estipulado por la ley 27.133, y su reglamentación, la resolución 877.
Estos plazos ya se cumplieron. Lo que quiero decirle, para que quede clara
nuestra posición de colaboración, es que no se perciben avances en los
procedimientos; no hay indicios de que se esté pagando.
Menciono esta
cuestión porque el Programa de Propiedad Participada no se cumplió. Nosotros
estamos hablando de cosas que pasaron en anteriores gobiernos. El PPP no se
cumplió; pero en este momento me siento con el compromiso moral de decir lo que
estoy diciendo, de reclamar lo que estoy reclamando, porque estamos aquí porque
el pueblo nos eligió para hablar por él. De allí mi insistencia, señor
ministro.
Soy de Cutral
Có y Plaza Huincul, del lugar donde YPF tuvo un gran yacimiento; entonces,
imagínense que conozco esta problemática, la situación de estos 33.000 casos.
Yo sé que tanto usted como el gobierno que representa tienen voluntad de
resolver este problema. No creo que quieran hacerse cargo de una nueva
frustración, sé que no están pensando en eso.
Por ese
motivo, y para finalizar, pido al señor ministro que se avance con todas las
decisiones políticas que haya que tomar para que se haga efectivo el pago de
estos bonos a todos aquellos que ya cumplimentaron todos los requisitos, de
acuerdo con información que usted me suministró. Reitero: en el informe 91
usted me dijo que ya los habían cumplimentado, y en lo que falta ‑por
supuesto‑ me ofrezco a trabajar con usted.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr. Alonso.-
Señor jefe de Gabinete de Ministros: en primer lugar, quiero decirle que
reconozco su habilidad para responder sin responder, y también quiero decirle
que no comparto en absoluto la descripción que usted hizo de un país en el que
vivimos todos los que estamos en este recinto. Es más, asumiendo como un dato
de la realidad que se encontraron con fuego cuando llegaron al gobierno, déjeme
que le diga con el mayor de los respetos que se confundieron de instrumento. En
vez de utilizar el matafuego utilizaron el lanzallamas. Por eso se agravaron
todos los indicadores sociales.
En los
últimos días, de manera reiterada, y en ocasiones, en forma irónica, varios
funcionarios de la actual administración citaron a Perón, y casi sin excepción,
mal. Perón decía: “Esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie”.
En ese
sentido, muchos diputados preopinantes, tanto de mi bloque como de otras
bancadas –y seguramente también lo harán los legisladores que todavía no se han
expresado‑ han planteado con propiedad una cuestión que es central. Me
refiero a la desocupación y a la capacidad adquisitiva del salario. Por ello,
deseo saber si el fuero laboral será el encargado de amparar los intereses de
los trabajadores o si, por el contrario, intentarán desjerarquizarlo y
desprestigiarlo.
Por otra
parte, para rectificar una decisión primero hay que asumir el error. Digo esto
porque por el bien de los argentinos y del país es necesario que ustedes asuman
los errores que han cometido y recuerden que esto lo arreglamos entre todos o
no lo arregla nadie.
Por ello,
señor ministro, ya que están comprometidos con la cultura del encuentro, le
sugiero que considere la conveniencia de convocar al Consejo Económico y
Social. Concretamente, quiero saber si el gobierno tiene previsto constituir
ese Consejo. (Aplausos en las bancas.)
Sr. Presidente (Monzó).- Tiene la palabra el señor jefe de
Gabinete de Ministros.
Sr. Jefe de Gabinete
de Ministros.- Señor presidente: no veo en este momento al señor diputado
De Mendiguren; aquí me dicen que se tuvo que retirar. De todos modos, adelanto
que estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo, sobre todo respecto de
la necesidad de avanzar en la aplicación de barreras pararancelarias previstas
por la OMC, y generar mecanismos de negociaciones comerciales ‑por ejemplo,
entre la Unión Europea y el Mercosur‑ que contemplen la participación del
sector privado y de los trabajadores.
Coincido
también con que es necesario fortalecer las pymes y dotarlas de más
herramientas, aunque estamos trabajando en ese sentido.
Además,
frente a la preocupación que planteó el señor diputado Daer en el sentido de
que estas cosas ya las vivimos, aclaro que esta es otra película. Nosotros no
estamos implementando el mismo libreto ideológico que aplicó el peronismo en la
década del 90; por el contrario, venimos a plantear la necesidad de insertar la
Argentina en el mundo de manera inteligente. Nuestro modelo no es una
reiteración de las experiencias pasadas; solo las tomamos en cuenta a modo de
aprendizaje para trabajar hacia el futuro. Por ello, tratamos de ver, junto con
el sector empresarial y el de los trabajadores, cuál es la mejor forma de
cuidar las fuentes de trabajo sin perder de vista que queremos avanzar hacia
una inserción inteligente y productiva de nuestro país en el mundo.
En lo
atinente a la pregunta sobre las importaciones de carne de cerdo y de pollo, si
bien ya dimos algunas explicaciones, les recuerdo que la importación de carne
de cerdo representó el 3 por ciento del consumo doméstico. Entonces, si bien
entiendo la preocupación, ese dato no es una señal de algo que ya nos tocó
vivir.
En el caso de
la carne de pollo, las importaciones representan el 4 por ciento del volumen
que mueve el mercado local, con lo cual plantear esta preocupación en base a lo
que significa el aumento porcentual, da lugar a cierta confusión.
Por otra
parte, cabe señalar que 43.000 pymes se registraron para hacer uso del
beneficio del pago del IVA en forma trimestral. Esta es una medida que se
trabajó con las centrales empresarias que agrupan a las pymes. También estamos
trabajando en la rápida implementación de las leyes pymes y de autopartes para
ayudar al sector con más herramientas.
En lo que
respecta a las inquietudes de la señora diputada Schwindt, les recuerdo que eso
se trató en oportunidad de la visita a esta Cámara del señor ministro
Aranguren. Obviamente, algunos pueden coincidir o no con esas opiniones. Sin
embargo, les quería plantear algunas cuestiones, independientemente de las
respuestas. Nos encontramos en un período en el que estamos tratando de
construir el mayor consenso posible respecto de lo que se viene en lo referente
a un acuerdo energético que integre la tarifa con la producción, la inversión y
la posibilidad de tener más energía. Pero debemos partir de la base de que tenemos
un gran problema en materia energética, que es muy complejo y que no se
resuelve solamente con una variable o con la voluntad del Estado. Esto, que fue
producto de una serie de situaciones que nos llevaron hasta acá, se va a
corregir con una visión integral y amplia. Claramente, lo que pretendemos con
el proceso de la audiencia pública y con el consenso político previo es lograr
algo genuino que sirva para que todos puedan hacer aportes.
En lo
atinente específicamente a la audiencia pública, esta que realizaremos no tiene
antecedentes. Lo que sí tiene antecedentes es la RTI que haremos en octubre y
que tiene su marco regulatorio. Pero con esta ley no ha habido una audiencia
pública en ese sentido. Hay opiniones diversas en distintos aspectos: por ejemplo,
acerca del valor en boca de pozo, si la discusión debe hacerse a nivel nacional
o regional, en cuántas regiones, etcétera. Por eso, les pido que nos envíen una
propuesta de lo que ustedes consideran la mejor forma de implementar esa
audiencia pública. Si hay otras, bienvenidas sean.
Desde el
fallo de la Corte hasta hoy nos encontramos en un nuevo terreno legal porque en
la reglamentación argentina no estaba prevista la audiencia pública que nos
pide el supremo tribunal. Estamos transitando una jurisprudencia nueva. De
hecho, esta es una oportunidad para trabajar en la discusión reglamentaria de
este tema a nivel político, dentro de un esquema de acuerdo integral sobre la
implicancia de una audiencia pública sobre estas cuestiones energéticas.
De cualquier
manera, independientemente de todo ‑esto responde a una parte de lo que
preocupaba al señor diputado‑, le puedo asegurar que no solo lo vamos a
resolver vía Internet y vía streaming
sino que también garantizamos que Canal 7 ‑la televisión pública‑
la transmitirá en vivo como otra forma de potenciar el acceso. No es lo único,
pero claramente queremos que esto sirva. Reitero que además de la audiencia
pública, el diálogo tendrá lugar con las instituciones de consumidores y con la
dirigencia política, social, sindical y empresarial.
En cuanto a
algunas preguntas específicas, debemos ser conscientes de que la discusión
central tiene que ver con los subsidios más que con las tarifas. ¿Creemos que
debemos seguir sosteniendo eternamente un esquema de subsidios como el vigente
o tenemos que ir saliendo de ese esquema de subsidios para dirigirnos cada vez
más inteligentemente, a través de la tarifa social u otros mecanismos, a
aquellos sectores que más lo necesitan? Si nos ponemos de acuerdo en esto, en
todo caso lo que debemos discutir es cómo implementar el proceso de salida de
ese régimen de subsidios y cómo dirigirnos hacia un esquema donde se promueva
la inversión, que volvamos a tener autoabastecimiento energético en materia de
gas, que tengamos un sistema más transparente, que haya más inversión de parte
de las empresas de servicios públicos, que haya entes reguladores que
funcionen, etcétera. Pero creo que esta discusión no puede llevarse a cabo de
manera aislada.
Con respecto
al señor diputado Daer, me sumo a la felicitación que ha expresado el señor
presidente, no solo por su designación sino por el gesto de búsqueda de la
unidad. Siempre hemos dicho públicamente que consideramos que tal unidad es
algo muy importante para ordenar y promover una mejor articulación de diálogo y
de debate. A veces se podrá estar de acuerdo y otras no, pero eso enriquece.
Tal como
siempre señalamos en las oportunidades en que nos hemos podido encontrar
durante estos meses, valoramos mucho el diálogo con los representantes de los
trabajadores y apreciamos mucho la tarea que ustedes pueden hacer. Creemos que
en estos meses hemos aprendido juntos en lo que significa buscar puntos en
común.
También hemos
dicho varias veces que compartimos los objetivos perseguidos, y podremos discutir
más adelante si las herramientas son las mejores o no. Ojalá que pronto podamos
recibir formalmente a las nuevas autoridades y que el debate franco nos lleve a
un lugar de mirada común a fin de determinar hacia dónde vamos o, por lo menos,
la manera de procesar esto cuando no estamos de acuerdo.
Entiendo y
respeto lo que ha planteado el señor diputado en el sentido de que se trata de
fantasías, pero no lo creo, porque justamente a veces tengo la sensación ‑me
parece que este es un debate legítimo‑ de que nos puede llegar a separar
la velocidad o la profundidad del diagnóstico acerca de lo que se consideraba
que estaba mal de la economía argentina.
Nuestra
mirada es que la economía argentina tenía un grave problema estructural y
nuestro desafío era trabajar en esa transformación previa a una gran crisis y
con todos los instrumentos indicando que íbamos hacia ella.
Estabilizando
la situación y con el objetivo de crecer lo más rápidamente posible, tratamos
de trabajar sobre muchas medidas que nombré anteriormente a fin de proteger a
los más débiles. Si comparamos situaciones de recesión, podemos concluir que
muchos de los datos planteados por el señor diputado De Mendiguren y por otro
señor legislador son síntomas de una situación de esas características. Algunos
son mejores y otros peores que la recesión que tuvimos hace dos años.
Creemos –esto
lo podemos seguir discutiendo en una promoción del diálogo‑ que estamos
generando condiciones para salir más rápidamente y mejor de esa recesión que en
el pasado. Eso nos dará la base para empezar a crecer, tener un índice de
inflación más bajo y, a partir de allí, comenzar a trabajar en cada tema.
De ninguna
manera queremos un modelo exportador de materias primas, importador de bienes
de consumo y financiero. Un señor diputado ha planteado que esto ya lo hemos
visto. En ese sentido, creo que a veces la Argentina está demasiado pendiente
de ver la experiencia histórica que se está repitiendo. En consecuencia, me
parece que nuestro desafío, aunque no tenemos garantías de lograrlo, es
construir nuestra propia experiencia histórica. Probablemente, si la
construcción se efectúa a partir del diálogo, podamos evitar la repetición de
errores del pasado.
Tampoco
queremos plantear la existencia de empleo más barato, sino cómo lograr algo que
es muy complejo y que consiste en mantener un salario real competitivo y bueno
que otorgue a los trabajadores poder adquisitivo, promoviendo el mercado
interno y al mismo tiempo formando parte de una economía en crecimiento.
No creemos que
este dilema sea imposible de resolver. Si no se ha resuelto en el pasado,
consideramos que muchas veces eso ha sido por la adopción de políticas de corto
plazo, tanto para un lado como para el otro, saliéndose de una gran crisis con
apertura de la economía y tipo de cambio fijo, como ocurrió en los años 90. Al
final todo se va cerrando internamente, consolidándose un elevado índice de
inflación y pensándose solamente en el mercado interno y no en la inversión.
La realidad
es que gracias a las cosas que hemos hecho bajamos el costo del capital en la
Argentina y lo seguiremos haciendo. Es muy importante poder efectuar esto para
el financiamiento del trabajo argentino. Gracias a las medidas que hemos
adoptado hoy ha crecido, por ejemplo, la industria metalmecánica en todo lo
relacionado con la maquinaria agrícola, entre otros sectores. Resulta claro que
otras áreas están sufriendo como consecuencia de la situación de Brasil, pero
no se trata de que todo es de color negro, sino que hay algunas situaciones mejores
y otras peores. Asimismo, gracias a las medidas que hemos tomado se ha podido
mejorar el impacto de esta transición económica, con lo cual hoy tenemos en
forma neta la misma cantidad de empleo registrado que había hace un año.
Esto no quita
que todo aquello que está relacionado con el empleo precario y en negro
constituye un problema estructural de la Argentina, donde solamente el 41 por
ciento de las personas están trabajando. Esta es una cuestión que tenemos que
resolver.
Tampoco creo
–este es nuestro punto de vista y el señor presidente de la Nación siempre se
lo ha planteado al movimiento obrero‑ que las soluciones del pasado sean
la de la apertura irrestricta de la economía o la de encerrarnos en nosotros
mismos. Debemos pensar juntos en cómo trabajar sobre una agenda de apertura, en
una discusión franca, para lograr a partir de allí la protección no solamente
del empleo formal, que hoy está muy tutelado, sino también la de aquellos
sectores que desde hace muchos años no tienen trabajo. Inclusive, en algunos
casos no se tiene empleo por segunda o tercera generación.
En relación
con este tema también se debe recordar que muchos mecanismos, como por ejemplo
el del programa Argentina Trabaja, se computan como ocupación. Resulta claro
que esa puede ser una herramienta de transición, ¿pero puede ser una
herramienta estructural de empleo formal hacia el futuro? Me parece que en
algunas ocasiones se consolidaron hacia el futuro herramientas que han sido
transitorias.
Creo que todo
este debate será más rico si no hay prejuicios ni descalificaciones. Me parece
que en estos nueve meses hemos dado bastantes señales en lo relativo al respeto
que tenemos por el movimiento obrero. Asimismo, creo que no me equivoco si digo
que sentimos el mismo respeto de parte de los señores legisladores. No
obstante, considero que todavía hay un enorme terreno al que se le deben
dedicar muchas horas, sentándose a la mesa los representantes de los distintos
sectores para pensar desde un punto de vista macroeconómico hacia dónde queremos
ir.
En relación
con las dos preguntas que se formularon por sí o por no, quiero señalar que en
lo relativo a las negociaciones en el Mercosur recién se planteó un intercambio
de ofertas que es pobre y general. Hemos estado reunidos con los principales
jefes de Estado de la Unión Europea. En ese sentido, queremos que haya un
debate real, pero no solamente en términos de qué entra y de qué sale sino cómo
hacemos para realizar integración de cadenas productivas y para que las pymes
europeas vengan a invertir en la Argentina a fin de generar trabajo, asociarse
con pymes locales y que los productos del Mercosur lleguen allí. Todavía ni
siquiera estamos cerca de esa discusión, que tardará un tiempo y no será fácil.
De hecho, tenemos problemas en el Mercosur...
Sr. Daer.- Abrir
la discusión significa tener la posibilidad de modificar los estándares de hoy.
Sr. Jefe de Gabinete
de Ministros.- A eso me refiero,
señor diputado. También ese es el desafío con respecto al G20, como dije antes,
y en la discusión con la OMC.
Claramente,
desde nuestros países tenemos que aportar una visión en relación con el esquema
comercial del mundo y cómo lograr un tratamiento más justo. Debemos saber que
eso no se hace de un día para otro y tenemos que hacer los deberes dentro del
Mercosur porque en muchísimos temas todavía no se ha logrado avanzar en una
verdadera integración, en un momento muy complejo del mundo. Existe tendencia a
abrirse y no a cerrarse, porque al acceder a más mercados tendremos más
posibilidades de aumentar las exportaciones y de crear trabajo de calidad.
Con respecto
a China y su reconocimiento como economía de mercado ‑aquí no tengo el
dato preciso‑, puedo decir que en 2004 se firmó un memorándum de
entendimiento reconociendo a China como economía de mercado, pero faltaba la
implementación de esa discusión. Tanto el Ministerio de Producción como la
Cancillería están siguiendo esas conversaciones; en general, hemos intentado
reordenar una relación que sin duda es estratégica para la Argentina pero que
se ha vuelto profundamente deficitaria en los últimos años.
Los acuerdos
con China, muy celebrados por el anterior gobierno, hoy arrojan un déficit
comercial cada vez más fuerte. Hemos planteado esta situación a los chinos y
vamos a ser duros –a pesar de la amistad que tenemos- para mejorar esos
términos de intercambio. Desde ya que voy a hablar con Basavilbaso para
transmitir el mensaje que el señor diputado Daer ha expresado, porque tiene
toda la razón.
Con respecto a lo expresado por la señora
diputada Tundis en cuanto al término “reparación histórica”, personalmente
considero que es un poco injusta la calificación de blanco o negro. La
reparación histórica, gracias a este Congreso, no constituye la resolución del
ciento por ciento de los problemas, pero es un enorme paso adelante. Creemos
que es un paso adelante muy importante el hecho de que 2,4 millones de
jubilados tengan una mejora, que se pueda resolver una enorme cantidad de
juicios, desarmando la industria del juicio, con el enorme daño al país que
implicaba la señal de no respetar los fallos de la Corte que automáticamente
enmendaban esta situación.
Con respecto
a los temas específicos de aplicación, llamados telefónicos y otras cosas,
pedimos colaboración en ese sentido. No tenemos intención de dificultar algo
que promovimos nosotros. Está claro que es un desafío organizacional enorme
para la ANSES procesar esta reparación. Entonces, sabiendo de su experiencia y
de su relación con el tema, pedimos tener una línea directa permanente, que seguramente
ya tiene con Basavilbaso...
Sra. Tundis.-
Apenas asumió pedí una audiencia y nunca me la concedió.
Sr. Jefe de Gabinete
de Ministros.- Entonces, promoveremos una reunión. Mario Quintana, que ha
estado trabajando en este tema, va a organizar una reunión entre los tres para
revisar este y otros aportes que se puedan hacer.
Nosotros no
tenemos la cifra que se menciona de más de un millón de expedientes quemados,
sino que sabemos que la mayoría de ellos está digitalizada. Los trámites se
pueden hacer por Internet y también se puede ir sin turno. Además, en estos
nueve meses, estamos mejorando el call
center porque recibimos una ANSES con serios problemas en la atención al
público.
Estamos
abiertos a hacer cualquier mejora específica a partir de un caso concreto. De
hecho, también el programa El Estado en tu Barrio tiene esa misma lógica, es
decir, la posibilidad de llegar con la ANSES a los barrios humildes, junto al
PAMI, a través de la atención telefónica y en los distintos locales. Debe haber
una capacitación cruzada para que el PAMI y la ANSES puedan atender mejor al
público, y de acá a algunos años llegar a que el Estado sea uno,
independientemente de la ventanilla a la que uno se dirija. Esto es algo que
queremos mejorar.
Con respecto
a la moratoria, reitero que la ley fue aprobada por el Congreso Nacional. Hubo
un gran debate, y aunque siempre se puede seguir discutiendo, somos respetuosos
de eso.
La gestión
anterior quitó las jubilaciones anticipadas, pero estamos analizando
alternativas. Reitero que lo más importante es nuestro compromiso de generar un
ámbito de trabajo para la implementación de esta reparación histórica que
queremos sea lo más rápida y justa posible. Sabemos que en muchos casos se
trata de una pequeña mejora del haber, pero en más de un millón de casos son
montos muchos más importantes. Está claro que a partir de septiembre
empezaremos a ir resolviendo estos fallos.
Es conocida
la complejidad del trabajo que tuvo que hacer la Justicia para poder generar el
expediente digital y la homologación de cada uno de los acuerdos. Insisto, lo
más importante es generar un ámbito de trabajo permanente que nos pueda ayudar
en todos aquellos temas que surjan en la implementación y el diseño.
Con respecto
a la pregunta de la señora diputada Peñaloza Marianetti sobre el impuesto a las
ganancias, este año ya se han devuelto 50.000 millones de pesos a los
trabajadores argentinos. Este dato es muy importante y no lo podemos obviar. Ha
habido una mejora relevante en este tema, aunque sabemos que falta. Por eso
queremos que, de ser posible, a partir de septiembre se discuta una propuesta
del Poder Ejecutivo que considere este tema a largo plazo, y al mismo tiempo
que este debate se dé pensando en el futuro, es decir, teniendo en cuenta una
reforma integral impositiva que tendremos que efectuar.
También
resulta claro que ya estamos hablando de un porcentaje muy reducido de
trabajadores que pagan este impuesto. De todas formas, ese debate se tiene que
dar en este ámbito; en todo caso, la discusión será sobre la velocidad en la
implementación acorde a los costos fiscales para ir generando escalas más
justas y un mínimo no imponible que posibilite que el trabajador no vaya
perdiendo poder adquisitivo con la inflación.
Con respecto
al fondo de desempleo, lo actualizamos luego de muchos años en los que no se lo
ha hecho, y tenemos 77.338 beneficiarios. Pero insistimos en que, en
comparación con otros años de recesión, la conflictividad laboral y las cifras
de desocupación no muestran una variación mayor. No estamos ante una situación
estructural de destrucción del empleo ni mucho menos. Creemos que estamos
viviendo una recesión, pero que están empezando a darse las primeras señales de
salida, puesto que cada mes algunas variables están menos mal. De hecho, la
encuesta sobre indicadores laborales de julio por primera vez arroja un aumento
del 0,1 por ciento luego de varios meses de reducción. Si nos remitimos al
SIPA, hace varios meses que viene en reducción, aunque el margen sigue siendo
muy reducido.
Todas las
medidas que estamos tomando en el plano económico tienen que ver con la
vocación de que crezca el empleo. Esto es lo que hemos planteado, es nuestra
mirada, pero estamos abiertos a mejorar las ideas.
En cuanto a
la pregunta de la señora diputada Rossi con respecto a las medidas para el
control del precio de la garrafa social, se viene trabajando con convenios,
pero esto también es parte de un programa integral. Trataré de no hablar de
cifras para que no se moleste.
Estamos
intentando explicar una situación muy compleja en materia energética. Somos
conscientes de la tarifa social. Cuando discutimos la ampliación del monto del
subsidio a la garrafa social, estamos ante un problema de mercado muy grande,
porque hay pocos productores y escasa transparencia. Y no se trata solamente de
control, hay un problema más estructural que debemos resolver en el marco de
una política integral, porque en algún punto todo está conectado con la
política energética del gas. De todas formas, podemos enviar información más
precisa sobre los controles.
Respecto de
lo relacionado con defensa del consumidor y el Ministerio de Energía y Minería,
estamos abiertos a analizar junto con las gobernaciones y los municipios dónde
están los casos de abusos y los problemas puntuales. Sin embargo, debemos tener
presente que este es un problema estructural.
En cuanto a
los subsidios al transporte en el interior del país, este año el porcentaje
mejoró mucho, y esperamos que el problema se vaya corrigiendo. Las
compensaciones al transporte público en el interior aumentaron un 37 por
ciento, mejorando dicha proporción. Sabemos que todavía falta mucho por hacer,
pero compartimos el objetivo de ir hacia un sistema más equitativo a nivel
federal, sobre todo en lo relacionado con el transporte público. Estamos
avanzando en muchos lugares con la instalación del sistema de Metrobus, no solo
en el conurbano bonaerense; también hemos comenzado a implementarlo en lugares
como Rosario y Córdoba para mejorar la política del transporte público urbano.
En lo
referido al Fondo del Conurbano Bonaerense, no creemos que el reclamo tenga que
afectar a las provincias. Es una paradoja irónica que la provincia de Buenos
Aires sea la que recibe menos recursos provenientes del fondo del conurbano.
Todas las fuerzas políticas están de acuerdo con esto. Hay que encontrar una
solución que permita reparar esa situación, que centralmente es responsabilidad
del Estado nacional.
Tomo en
cuenta y comparto el punto planteado por el señor diputado Brügge. En este
ejercicio de aprendizaje de consolidación de un esquema más institucional
debemos ser exhaustivos en cuidar las formas y también el fondo. Cabe aclarar
que los requisitos legales no son trámites que puedan obviarse, sino que están
por algo y ayudan a que el proceso sea más sólido e institucional.
En relación
con la negociación por el déficit de la caja de jubilaciones, justamente hoy
hablé con el gobernador y el titular de la ANSES. En estos días se están
llevando a cabo diversas reuniones; pasada la auditoría, esperamos que pueda
lograrse un acuerdo lo antes posible, con la voluntad de ambas partes. Esto es
importante para avanzar en muchas cuestiones.
Respecto de
lo planteado por la señora diputada Villar Molina, le propongo hacer una
reunión con el equipo de trabajo del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
para analizar este tema de manera integral y no solo por escrito.
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra la señora diputada por Neuquén.
Sra. Villar Molina.-
Señor presidente: ya tuve varias conversaciones con la gente del Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas; solo faltaría ampliar lo relacionado con el área
de Justicia. Aclaro esto para aportar más información.
Sr. Jefe de Gabinete
de Ministros.- Nos ocuparemos de eso, señora diputada.
En cuanto a
lo manifestado por el señor diputado Alonso, no haré ninguna mención de su
introducción porque claramente no compartimos los mismos espacios políticos;
cada uno tiene una trayectoria y ha defendido sus ideas.
El fuero
laboral debe defender a los trabajadores, pero haciendo justicia; no debe
trabajar para la industria del juicio, ya que esta termina perjudicando a los
trabajadores, a los productores y al Estado. Hemos tenido muchísimas
conversaciones con representantes del movimiento obrero, y todos estamos de
acuerdo en que la industria del juicio que hoy existe en el ámbito laboral no
necesariamente es en beneficio de los trabajadores; muchas veces es en
beneficio de otros sectores. Ojalá podamos trabajar para mejorar esta
situación. El derecho laboral argentino es muy importante y tiene una larga
trayectoria. No pretendemos modificar el espíritu de que se respeten los
derechos de los trabajadores. Hay un enorme espacio donde podemos trabajar, y
ello no debe ser en detrimento de los abusos o la picardía de ciertos
beneficiados.
El Consejo
Económico y Social siempre es una herramienta viable, aunque no existe el marco
normativo. En este tiempo hemos priorizado la idea de generar distintos ámbitos
‑y no uno solo‑ por sectores o temas. No obstante, si existe
consenso respecto de cómo puede integrarse, dada la gran fragmentación que aún
existe en muchos sectores sociales y empresariales –seguramente menor en el
sector obrero-, estamos abiertos a escuchar distintas propuestas.
Sr. Presidente (Monzó).-
Para dar comienzo a las preguntas del interbloque Justicialista, tiene la
palabra el señor diputado por Buenos Aires.
Sr. Romero.-
Señor presidente, señor jefe de Gabinete de Ministros: desde su creación, este
bloque ha tratado de ofrecer una posición razonable, constructiva, y ayudar a
la gobernabilidad generando propuestas. Para citar algunas, podemos mencionar
la “ley antidespidos” ‑vetada por el Poder Ejecutivo‑, la ley de
autopartes y la ley de pymes, ambas aún sin reglamentar.
La verdad es
que lo comprendo, señor jefe de Gabinete de Ministros, cuando pretende
describirnos una realidad que para nosotros no existe. Para hacerlo hay que
estar convencido, y lo admiro por ese convencimiento.
La realidad
que nosotros vislumbramos –usted nos conoce, sabe que lo hacemos con el ánimo
de aportar y no queriendo sacar algún beneficio de esta situación‑ dista
mucho de la que hoy usted está describiendo.
Llevan nueve
meses de gobierno, y la mayoría de las políticas que hasta ahora han venido
aplicando han generado desocupación, pobreza, desigualdad, inflación e
incertidumbre. En algunos casos, vemos cierto grado de improvisación.
Han
reconocido que cometen errores. Aunque es bueno reconocerlo, mejor sería no
cometer tantos errores. Preocupa un poco cuando se habla del eterno aprendizaje
en la gestión que están realizando.
Creo que
estamos en medio del mar, en un barco que está empezando a hacer agua; no vemos
los salvavidas y observamos que hoy usted nos está describiendo el agua. Eso
nos preocupa.
Digo esto –también
lo manifesté la primera vez que usted concurrió a este recinto‑ porque la
mayoría de los diputados queremos saber hacia dónde vamos, qué políticas se
implementarán para resolver los problemas que acabo de enunciar, que realmente
están pegando muy fuerte en la sociedad.
Concretamente,
queremos saber si este barco corregirá el rumbo e incluirá a todos los
argentinos. Este barco es la patria y en él se debería incluir a los más
humildes, a los que hoy la están pasando mal, a los trabajadores y a las pymes.
En muchas de las políticas que se han venido implementando hay un grado de
improvisación y de desacierto que está afectando a los sectores más
vulnerables.
Por último,
para ceder la palabra a mis compañeros de bloque que tienen preguntas muy
específicas para formular, debo decir que nosotros concebimos un Estado
realmente activo, que se comprometa a resolver la problemática que estamos
describiendo. No podemos dejar todo al libre juego de la oferta y la demanda.
Debemos tener un Estado que se comprometa a resolver los problemas a aquellos
que la están pasando mal.
Con la mayor
sinceridad, quiero decir al señor jefe de Gabinete de Ministros que hay mucha
gente que la está pasando mal; necesitamos corregir el rumbo.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Salta.
Sr. Kosiner.-
Señor presidente: formularé dos preguntas puntuales. La primera, está vinculada
con el Plan Belgrano, y la segunda, con las tarifas y las pymes.
Con respecto
al Plan Belgrano, le evitaré que después me lea la lista de obras, porque
accedí a un informe público que figura en www.argentina.gob.ar/jefatura/informealcongreso. Se trata de la pregunta número 244, del
informe 98, que va de la página 284 a 302.
Allí está detallado el listado de obras de lo que sería el Plan
Belgrano. Tomaré las de la provincia de Salta para formular una pregunta.
Se habla del
Plan Belgrano, pero voy a dar otros ejemplos: Colegio Polimodal Las Palmas,
crédito BID, 92,82 por ciento de ejecución de obra; Escuela La Caldera –que se
entregó el otro día‑ con crédito de la CAF, que en el informe figuraba
con el 84 por ciento; una escuela en La Candelaria, con una ejecución del 91
por ciento; el hotel en Huachipa, de la Federación de Conductores de Taxis de
la Capital Federal; la construcción de vestuarios de la pileta municipal en
Pichanal, con un 89 por ciento de inversión.
Después,
figuran las autopistas, como la de Pichanal‑Orán, que es una obra que
estaba demorada y todavía está en construcción; la pavimentación de la ruta 51,
que viene desarrollándose en algunos tramos, y la ruta 16, que va de Chaco a
Salta, cuya repavimentación se ha venido efectuando.
Luego, se
habla de obras de 2016 que se van a iniciar, como ocurre en el caso del
aeropuerto internacional de Salta. Sin embargo, la obra todavía no se inició,
al igual que la del aeropuerto de Tartagal.
Me parece que
debemos replantear la discusión del Plan Belgrano. Este no es un planteo
personal. Si el señor jefe de Gabinete sigue el razonamiento de algunos
diputados, como el que expresaba el señor diputado por Misiones, esto está
planteado como una planilla Excel donde se van incorporando obras. En el caso
de Salta, el ciento por ciento ya se venía ejecutando, pero no se identifica
con algún programa o un sitio donde podamos ver cuál es la estrategia.
Nos
entusiasmamos con el Plan Belgrano que planteó el presidente porque iba a
significar un cambio en el paradigma de competitividad de la provincia; pero la
verdad es que con el listado de obras que tengo ‑algunas cité‑ no
creo que haya un cambio de paradigma de competitividad. Lógicamente, un jardín
de infantes o una escuela son obras importantes, al igual que los vestuarios de
una pileta de natación, ya que tienen que ver con la contención social. De
ninguna manera cambiamos la competitividad de la región.
En esta lista
no figura una obra altamente reclamada, la autopsita de la ruta 9/34, que une
Metán con Rosario de la Frontera. Por eso, nos preocupa la falta de
coordinación en los planteos.
Hoy me llegó
una respuesta del coordinador general de Vialidad Nacional en relación con mi
consulta por la autopista 9/34. Según los lineamientos establecidos por la
gerencia de obras, la construcción de dicha autopista se iniciará en el último
trimestre del corriente año. El problema es que esa obra todavía no se licitó.
Entonces, es muy difícil pensar que se va a ejecutar, salvo que uno entienda
que empezará a construirse desde la zona sur, y vaya uno a saber cuándo nos
tocará. Esto no está aclarado. Por eso, en relación con el Plan Belgrano
planteamos trabajar mucho más a fondo en lo que se refiere a dar mensajes
concretos. Digo esto porque ayer los diputados nacionales de mi provincia
estuvimos con los intendentes, quienes nos dicen que mandan carpetas y se las
rechazan, pidiéndoles que cambien el proyecto.
En cuanto a
mi provincia, sé que existe un buen diálogo con el Poder Ejecutivo nacional,
pero en estos ocho meses de gestión no se ha licitado ni una sola obra nueva
del Plan Belgrano. Por eso, quiero saber si a esta altura el Plan Belgrano está
registrado como una herramienta integral para recomponer la competitividad y la
brecha de desarrollo. ¿En qué lugar podemos encontrar esto? ¿Cuál es el ámbito?
Formulo dicha pregunta porque en la página web
del Plan Belgrano dice “en construcción”.
Hasta ahora
nos venimos manejando con supuestos y listados de obras, pero no existe una
definición estratégica que diga que el Plan Belgrano tiene los siguientes
objetivos, que todos presuponemos cuáles son, y que se concreta a través de
tales obras. Pero que no sea la sumatoria de obras que ya venían ejecutándose,
porque de acuerdo con los informes que ustedes plantean más del 90 por ciento
de las obras ya tienen ejecución, pero ni siquiera fueron iniciadas en esta
gestión.
Por eso,
tenemos que rediscutir el sentido del Plan Belgrano. El decreto de necesidad y
urgencia número 797 fue rechazado por la comisión bicameral porque vemos que
hay urgencia para transferir casi 100.000 millones de pesos para obras en la
ciudad de Buenos Aires y el conurbano, pero no para definir el comienzo de las
obras en el NOA y el NEA, que teóricamente se han definido como estratégicas y
urgentes. Nos parece que hay una diferencia de velocidad para definir las
prioridades.
Hacemos este
aporte desde un punto de vista positivo porque queremos ayudar. Es hora de
visualizar el Plan Belgrano desde el punto de vista de estos fines.
Como
presidente de la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas quiero plantear que
las pymes necesitan políticas diferenciales y una tarifa específica. Ponemos a
disposición del señor jefe de Gabinete de Ministros el proyecto presentado,
registrado bajo expediente 4.786-D.-2016,
sobre tarifas diferenciales.
La pregunta
que deseo formular es la siguiente: luego de la audiencia pública, ¿el gobierno
nacional va a plantear específicamente una política diferencial para las
pequeñas y medianas empresas que les permita recomponer competitividad ante una
situación en la que todas las organizaciones de las pymes dicen que están
perdiendo empleo y que se ven perjudicadas por la apertura de las
importaciones, el aumento de los costos de producción y lo que se ha definido
como “tarifazo”?
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por el Chaco.
Sr. Martínez Campos.-
Señor jefe de Gabinete de Ministros: agradezco su presencia, y realmente quiero
felicitarlo porque es portador de una gran capacidad dialéctica para construir
un excelente relato de la gestión de estos siete meses que lleva nuestro
presidente de la República, acompañado por el equipo que ha conformado esta
nueva fuerza política nacional.
Nosotros
acompañamos decididamente la política macrofinanciera del presidente, porque
entendimos que había que poner en práctica aquello que nos enseñó nuestro líder
y conductor: primero está la patria. En función de eso, queríamos que la
Argentina saliera del default, con
una ley que creara condiciones y obligaciones, entre ellas, que el señor
ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación periódicamente rindiera
un informe a esta Cámara, lo que hasta ahora estamos esperando.
Esta espera
es con mucha alarma y preocupación, porque a pesar de que la autorización de
toma de créditos internacionales para salir del default era por 12.500 millones de dólares, nos hemos enterado de
que progresivamente, para distintas acciones, se han tomado casi 50.000
millones de dólares. Necesitamos la información fehaciente por parte del
responsable, por lo cual el bloque Justicialista solicita la presencia del
señor ministro de Hacienda y Finanzas Públicas.
Es cierto que
nos preocupa la política de transporte, que usted ha mencionado en su informe
ante preguntas que nosotros le formuláramos. Entendemos que la Argentina
necesita un transporte multimodal bioceánico que pueda garantizar el desarrollo
de las economías regionales. En ese aspecto aliento el rol y la responsabilidad
del Plan Belgrano. Con un grupo de legisladores me puse a disposición de los
funcionarios del Plan Belgrano porque entendía la responsabilidad del
desarrollo y la planificación de una política integral. Realmente creía eso,
pero por circunstancias de la gestión no hemos tenido la construcción que
deseábamos para nuestro norte postergado.
Estamos
profundamente preocupados porque la política textil ha generado una caída de la
superficie de producción en la provincia del Chaco. De 300.000 hectáreas
sembradas, hoy tenemos nada más que 175.000 de algodón, fruto de la caída de
los valores, lo que también acarrea un problema en la actividad de las dos
industrias radicadas en Puerto Tirol. Seguramente, esto forma parte del Plan
Belgrano.
Creo que es
fundamental la reactivación de la obra del ramal C3 que estaba en ejecución, en
el tramo comprendido entre Barranqueras y Avia Terai, y además, las de los
ramales C15 y C18, que en otros tiempos nos aseguraban el transporte a Potosí,
a Avia Terai y a Joaquín V. González. Transportábamos material del Mutún, que
hoy sale por Puerto Suárez en buques de otra bandera.
Por eso, es
importante tener en cuenta el papel y el rol del Plan Belgrano. Adhiero al
pedido del compañero Pablo Kosiner. Quisiéramos que el Plan Belgrano
contemplara la posibilidad de incorporar equipos de legisladores de distintas
provincias para potenciar y discutir las políticas públicas a llevar adelante.
En cuanto a
la reforma política, solicito que sus destinatarios no seamos solamente los
dirigentes políticos. Quienes creemos en la periodicidad de los mandatos
estamos totalmente de acuerdo, pero la periodicidad de los mandatos también
tiene que llegar a la denominada “patria judicial”.
Hemos
elaborado un proyecto de periodicidad de los mandatos para funcionarios del
Poder Judicial que quisiéramos se incorpore a la agenda de la discusión de la
reforma política más decidida y profunda que hoy tiene que vivir la Argentina.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr. Bossio.-
Señor jefe de Gabinete de Ministros: quiero agradecer su visita, aunque es un
mandato constitucional, y viene a dar cuenta de la administración del gobierno.
No creo que venga a charlar.
En la
Convención Constituyente se discutió mucho el rol del jefe de Gabinete de
Ministros, entre otras cosas, cómo tenía que venir a dar cuentas al Congreso de
la Nación. Esta visita tiene una naturaleza jurídica y un objetivo político:
servir a la sociedad, pero esto no se cumple si hacemos monólogos y solamente
nos quedamos con las diferencias. Las diferencias están claras, tienen que ver
con los orígenes, con la historia.
Está claro
que hay que debatir, y que el ámbito es el Congreso. Cuando remitimos preguntas
a la Jefatura de Gabinete, a diferencia de otras oportunidades, contestan la
totalidad, pero no creo que usted –y me parece atinado‑ lea las
respuestas, porque hay algunas que no conllevan el respeto que merece el
Parlamento. Preguntamos una cosa y contestan otra, y eso no hace al espíritu
constitucional ni del jefe de Gabinete de Ministros ni de este tipo de
sesiones.
Quiero hacer
bien productiva la reunión, tengo muchas cosas para decir. Como presidente de
nuestro bloque, el señor diputado Oscar Romero trazó un marco general, pero
quiero formular preguntas concretas para ver de qué manera podemos resolver
cuestiones urgentes.
Respecto a
los jubilados, la movilidad jubilatoria tiene siete años y catorce aumentos. Es
la primera vez que anualmente –pasó semestralmente, en el año 2014‑ da
muy por debajo de cualquier índice de inflación. No quiero discutir la
regularización del INDEC, de la que ya se habló, pero se ubica entre 13 y 14
puntos por debajo de la inflación, como quieran medirla.
¿Existe una
respuesta concreta para recomponer el haber a los jubilados? Lo cierto es que
hay 45 puntos de inflación y 31 puntos de aumento para los jubilados, aunque me
van a decir: “No tenemos recursos”.
Recientemente,
hicimos una propuesta con respecto al cobro del impuesto a las ganancias,
extraordinario y por única vez, a dólar futuro. Si hay una cuestión judicial,
que lo resuelva la Justicia. Tenemos una opinión formada al respecto, pero no
somos el Poder Judicial.
Hubo una
discusión muy fuerte con respecto a las compatibilidades y a si había que
seguir o no los contratos. Creemos que los contratos deben continuar y que se
puede cobrar un impuesto adicional que significaría 11.500 millones de pesos.
Me van a decir: “No se puede”. Les pido que lean el fallo reciente de la Corte
sobre el caso Candy Sociedad Anónima contra AFIP, del 3 de julio de 2009, en el
que muchos integrantes de la actual Corte firmaron la confiscatoriedad a favor
del Estado.
En cuanto a
la retroactividad, sugiero que lean el fallo Georgalos, también contra la AFIP
–en este caso ganó la Administración Federal de Ingresos Públicos-, porque
entendemos que constituye un muy buen antecedente jurídico para cobrar un
impuesto. Pocas personas especularon -la actividad financiera tiene
especulación- y eso es legítimo. Las actuales autoridades del Banco Central
entendieron que el contrato tenía que continuar -recuerdo alguna discusión al
respecto- y el Estado puede cobrar el impuesto a las ganancias.
Fundamentalmente, se trata de recursos asociados a los bancos, e incluso
podríamos tener muchos más para hacer frente a las demandas.
El tema de
los jubilados nos preocupa mucho. Hago mías las palabras de la diputada Mirta
Tundis, aunque podría decir muchísimo más –incluso del call center-, pero espero que las licitaciones que se pusieron en
marcha sean adjudicadas para poder tener más puestos de atención. Nosotros
teníamos doscientos cuarenta; ahora, hay una licitación para tener seiscientos
puestos, extensibles a mil. Entendemos que está bien, ojalá la puedan llevar
adelante.
En cuanto al
Procrear, tengo la obligación de decir que no les interesa; lo contestaron
ustedes. Nosotros llegamos a dar 5.500 créditos por mes y terminamos otorgando
aproximadamente 4.000. En enero dieron 2.300, y en el último mes, 680. Esta es
una respuesta de ustedes, no nuestra. No vamos a resolver la cuestión de la
vivienda con 600 créditos por mes ni tampoco con 5.000, pues se requerirían 20
mil. Ahora bien, la tendencia es que la situación se agrava.
Existen
desarrollos urbanísticos terminados ‑esto lo contestan ustedes‑ con
96, 98 y 100 por ciento de avance de obra. Ya están sorteadas las viviendas,
pero no las entregaron. ¿Qué están esperando? Sabemos que los primeros tres
meses son difíciles, pero ya pasaron ocho meses.
El escribano
general de la Nación firmó el acta de escribanía pública en línea con lo que
ustedes están planteando de las transiciones. Había 14.052 millones de pesos de
liquidez en el fideicomiso Procrear, existían recursos. Además, hay una
continuidad jurídica del Estado.
¿Cómo van a
asignar las viviendas? No quieren el sorteo. Nosotros entendíamos que esa era
una manera transparente de asignarlas, pero ustedes quieren otro mecanismo. Nos
dicen que van a hacer un scoring, o
sea un sistema de puntaje. Después de ocho meses, les preguntamos qué sistema
piensan implementar y nos contestan que todavía lo están diseñando.
Creo que es
hora de que terminemos las cosas y empecemos a resolver los problemas. Estoy
haciendo mías las preguntas ya no de un legislador sino de miles y miles de
familias.
En cuanto a
las tarifas y las audiencias públicas, desde nuestro bloque hemos hecho
propuestas concretas. Incluso, se las hemos acercado a otros legisladores para
que las analicen, pero no solo no tuvimos respuesta, sino que hubo un fallo de
la Corte: había que hacer las audiencias públicas.
Una diputada
preopinante habló acerca de las cuestiones regionales. Cuando vino el ministro
Aranguren nos dio una respuesta de conveniencia, pero no contestó nuestras
inquietudes. No entendimos qué respondió; en realidad sí lo comprendimos: no
quiso responder.
Cuando se
firmó la resolución pertinente, el valor del gas en boca de pozo en los Estados
Unidos era de 1,89; en la Argentina lo llevaron a 4,50 o 5, en promedio. A
cambio de eso, ¿el Estado pidió algo? ¿Solicitó un mayor nivel de inversión,
que se perforaran más pozos, etcétera? A nivel internacional el valor hoy se
encuentra en 2,70. Por supuesto que no digo que lo ubiquen en 1,90, pero
tengamos en cuenta que a Bolivia se le está pagando 3,20.
Lo que
debemos definir es si se van a aplicar o no políticas de mercado. Planteo esta
inquietud porque las decisiones que se adopten en ese sentido no solo influyen
sobre el valor del gas sino también sobre el de la energía eléctrica, toda vez
que en la Argentina el 40 por ciento de esa energía se genera a partir de la
utilización del gas.
Por lo tanto,
deseo saber si tiene algún sentido ese nivel de transferencia a la producción
de gas. ¿Les vamos a pedir que inviertan y perforen más? ¿Se les va a solicitar
algo a cambio? ¿Acaso la lógica es ir hacia un valor distinto al de mercado?
Formulo estas preguntas porque un aumento en las tarifas afecta la competitividad
de la industria y de las pymes en particular.
Por otro
lado, la resolución 31 del Ministerio de Energía...
Sr. Presidente (Monzó).- Señor diputado: le pido que finalice
su exposición.
Sr. Bossio.- Ya
termino, señor presidente, aunque le recuerdo que todos los oradores se
extendieron más allá del tiempo del que disponían.
El gobierno
dijo que se iban a realizar audiencias públicas con el plan tarifario integral.
¿Está listo ese plan? ¿Lo van a poner en consideración ahora o harán algo de manera
transitoria? En ese caso, ¿en octubre van a tener que convocar a otra audiencia
para tratar el verdadero plan integral de tarifas que tiene que elaborar el
Enargas? Estas preguntas no son menores; si vamos a tener una, dos o tres
audiencias, lo tenemos que saber.
A
continuación, me voy a referir a un tema vinculado con la base de datos de la ANSES.
Sinceramente, no encontramos ningún motivo para que la Jefatura de Gabinete de
Ministros disponga de esos datos. En algún momento el señor ministro dijo que
durante mi gestión habíamos suscrito algo con empresas privadas. Personalmente
revisé todo lo que había firmado y no encontré nada de eso. Por lo tanto, si
encontró algo le pido que me pase el dato, porque –como acabo de señalar‑
no he firmado nada con ninguna empresa privada.
Ese es un
tema que nos preocupa, porque ustedes ya tienen antecedentes en materia de
utilización de datos; podríamos decir que vienen con inventario. Justamente,
estoy leyendo un libro muy interesante, Mundo
Pro, que últimamente es muy nombrado. En él explican los objetivos que
persigue la utilización de este tipo de bases de datos. La verdad es que lo
felicito por la capacidad que tienen para utilizar esa información en términos
partidarios. No digo que en este caso los vayan a usar con ese fin, pero les
recuerdo que las personas que dejaron sus datos lo hicieron a los fines
prestacionales de la ANSES. Por supuesto que está bien que la ANSES comunique
sus políticas, pero esos datos no pueden ser transferidos si ello no es para el
cumplimiento de las políticas propias del organismo.
Sr. Presidente (Monzó).- Señor diputado: nuevamente le
solicito que finalice su exposición.
Sr. Bossio.- Señor
presidente: reitero que todos los diputados se extendieron más allá del tiempo
del que disponían para hacer uso de la palabra.
Sr. Presidente (Monzó).- Usted también, señor diputado; ya se
excedió en ocho minutos.
Sr. Bossio.- Ya
finalizo, señor presidente.
La Comisión
de Reforma Fiscal tampoco se reglamentó, pero el señor jefe de Gabinete de
Ministros mencionó en tres oportunidades la necesidad de esa reforma. Entonces,
¿por qué no nos ponemos a trabajar sobre el tema? Convóquennos, así trabajamos.
De lo contrario, deberemos presentar una iniciativa a nivel parlamentario. No
tenemos mucho tiempo más para esperar.
Por otro
lado, quisiera saber cuál es el fundamento por el cual se dispuso un aumento en
los montos del decreto 690/16. Recordemos que antes de esa modificación hasta
200.000 pesos se podía contratar sin licitación; ahora ese monto pasó a 6
millones de pesos. Creo que este es un incremento importante como para que el
Estado contrate sin control de ninguna naturaleza.
Finalmente,
el presidente dijo que le ponían palos en la rueda. Como representante del
gobierno –no le voy a formular esta pregunta al presidente, pero sí se la puedo
hacer a usted‑ quiero que me diga quiénes les ponen palos en la rueda.
Queremos que nos lo diga con nombre y apellido.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
jefe de Gabinete de Ministros.
Sr. Jefe de Gabinete
de Ministros.- Quiero aclarar al señor diputado Romero que yo no describí
una realidad sin problemas. No voy a repetir todo lo que dije, que fue mucho.
Tenemos grandes problemas que creemos que fueron dejados estructuralmente por
malas políticas, por muchos años de falta de planificación, criterios
correctos, transparencia –es decir, un
montón de situaciones que los argentinos hemos vivido‑, pero también
debidos a falta de calidad democrática, de diálogo, de institucionalidad, y por
improvisación y corrupción. No llegamos hace nueve meses a Finlandia, sino a la
Argentina que recibimos el 10 de diciembre.
Hemos
encarado muchos desafíos que se nos han planteado, hemos mejorado situaciones y
reformado algunas cosas. De hecho, hace cuatro meses aquí se habló muchísimo
sobre la inflación; planteaban que no bajaba y hoy saben que claramente está
disminuyendo. Ese es un punto positivo. Dijimos que íbamos a bajar la
inflación, lo estamos haciendo y va a seguir disminuyendo.
De la misma
manera, vamos hacia un Estado activo, que sea capaz de ponerse a trabajar con
los sectores productivos para mejorar la planificación, vincularnos con el
mundo y lograr corregir la situación de los sectores más vulnerables.
No voy a
reiterar todas las medidas –en muchos casos, nuevas‑ que fuimos tomando
para cuidar a los más necesitados. Cuando recorremos los barrios –de la misma
manera que seguramente lo hacen ustedes‑, algunos nos dicen que están un
poco peor –puede estar un poco peor la coyuntura‑, pero muchos nos dicen
que desde hace quince, veinte o treinta años están esperando las cloacas, el
asfalto, mayor seguridad, mejores escuelas, etcétera. Esto lo sabemos todos.
Entonces, si
sabemos de dónde arrancamos, sabremos hacia dónde vamos. Si quieren repetimos
las cincuenta cosas que se discutieron en la campaña electoral, lo que dijimos
y lo que hicimos. Hemos cumplido con nuestra palabra y tenemos la convicción de
que la Argentina va a estar mejor porque tiene todo para ello. Probablemente,
en los futuros informes tendremos oportunidad de discutir si se cumple o no.
Estaremos atentos a todas las señales y alarmas, pero sin prejuicios.
En cuanto a
lo expresado por los señores diputados Kosiner y Martínez Campos, tenemos una
mirada diferente con respecto al Plan Belgrano. Obviamente creemos que hay
algunas obras estructurales, como en el caso del Belgrano Cargas, que son muy
importantes y constituyen una transformación estructural que no se puede hacer
de un día para el otro. Esto lo sabemos y lo hemos conversado muchas veces con
el gobernador.
De todas
formas, considero que es una buena idea realizar una reunión con los diputados
de las provincias del Plan Belgrano ‑aclaro que me acompaña José Cano‑
y con los ministros que tienen que ver con las obras más importantes, para
poder ir a los papeles y pensar hacia dónde vamos tanto en lo productivo como
en lo logístico, social, político y energético. Si hay algunas cuestiones que
no hemos tenido en cuenta, se podrán incorporar para lograr también que la
aplicación del Plan Belgrano en cada una de sus provincias sea parte de un
documento consensuado. Ese ha sido el objetivo propuesto.
Hace poco
estuve en Salta conversando con los integrantes del Consejo Económico y Social
local, el gobernador y los intendentes. Cano recorre permanentemente la región.
Creemos que hay mucho para seguir construyendo. En todo caso, construyamos un
espacio de seguimiento que incluso puede ser bicameral ‑los senadores
formularon varias preguntas‑, y también con representantes del Poder Ejecutivo
provincial para avanzar en ese sentido.
Con respecto
a las tarifas diferenciales para pymes, me parece que es el momento adecuado
para recopilar todas las ideas que estén dando vueltas para el acuerdo federal
energético, siguiendo con el espíritu que estamos planteando. No es igual la
situación de las pymes. En otras palabras, la situación no es la misma en cada
lugar del país, así como tampoco la de quienes producen. Somos conscientes de
eso.
Asimismo,
estamos trabajando en la situación de las empresas electrodependientes y de las
que utilizan el riego intensivo, así como también respecto de las provincias
que tienen acceso al gas natural y de las que no lo poseen. Debemos plantear la
discusión porque no queremos pensar que hay una solución única y sencilla para
resolver este tema.
Nuevamente la
discusión se refiere a quién subsidiamos y a cómo pagamos ese subsidio en la
Argentina. Eso incluye el debate sobre a quién dejamos de subsidiar. Si la
discusión consiste en no dejar de subsidiar a nadie y reforzar el subsidio a
aquellos que ya lo tienen, entonces tenemos un problema, que se verá agravado
si queremos efectuar inversiones.
En relación
con la inquietud planteada por el señor diputado Martínez Campos, quiero
decirle que el ministro Prat-Gay vendrá en septiembre a esta Honorable Cámara a
fin de presentar el proyecto de ley de presupuesto para el año próximo. Como le
dije anteriormente al señor diputado Kicillof, esa será una ocasión muy
importante para discutir todos los números de la economía y los aspectos que
hacen al presupuesto de 2017. Luego de muchos años estamos ante un desafío
histórico en el sentido de tener un presupuesto transparente que se cumpla y
prevea metas concretas que puedan lograrse.
No voy a
referirme a la discusión sobre la reforma judicial, que en todo caso tiene un
carácter más legislativo. Eso también tendrá sus complicaciones.
Coincidimos
en lo relativo a la reactivación de la hidrovía en el ramal C3. Esto lo hemos
hablado con el gobernador, acordando priorizar otras obras. Mientras tanto,
para lograr la conectividad y mejorar la competitividad económica hay que
rearmar el diseño del área correspondiente al puerto. En otras palabras,
primero hay que mejorar la situación del puerto antes de que llegue el tren. De
lo contrario, vamos a llegar con el tren, pero no tendremos el puerto. Eso es
lo que coordinamos y acordamos hace pocos días cuando estuvimos en el Chaco.
También
quiero pedir tranquilidad respecto de la cuestión textil y del algodón. Tenemos
una mirada y estamos efectuando un seguimiento de ese tema. Obviamente, la
industria textil siempre constituye un desafío, pero tenemos el compromiso de
trabajar juntos para que no se vea afectada estructuralmente.
En relación
con lo expresado por el señor diputado Bossio, podemos hablar de la reparación
histórica y del pago extra efectuado en dos veces al 70 por ciento de los
beneficiarios que perciben la jubilación mínima. Asimismo, podemos referirnos a
la devolución del IVA a esos beneficiarios –esto se ha aplicado muy fuertemente‑
y a la tarifa social. Creemos que muchas de esas cuestiones, combinadas con el
presupuesto y los números de la actualización jubilatoria correspondiente a los
años en que no teníamos un INDEC confiable, son por lo menos discutibles. De
todos modos, pensamos que justamente el índice de inflación en los próximos
seis meses va a estar por debajo... (Manifestaciones
en las bancas.)
Sr. Presidente
(Monzó).- Por favor, continúe, señor
jefe de Gabinete de Ministros.
Sr. Jefe de Gabinete
de Ministros.- Quiero decir al señor diputado Bossio que sé que se trata de
un índice más complejo, por lo que me corrijo respecto de esa parte. De todas
formas, creemos que el ajuste por movilidad del 14,6 por ciento va a ser
inferior al índice de inflación de ese semestre. A nuestro juicio, ese es el
dato más importante. Si logramos que el índice de inflación disminuya en forma
combinada con la adopción de todas estas medidas, justamente se empezará a
recuperar en términos reales. Esto se potenciará aún más sabiendo que ese
índice no solamente responde a una cuestión inflacionaria.
En lo
concerniente al menor ajuste de este año, quiero decir que eso también se
explica por el menor crecimiento de la recaudación del impuesto a las
ganancias, que justamente sufrió la distorsión de las retenciones por el
denominado “dólar ahorro”, la devolución del gasto con tarjetas de crédito que
tuvimos que efectuar este año y la elevación del mínimo no imponible de dicho
tributo, lo cual ‑como dije‑ implicó un costo fiscal de 50.000
millones de pesos.
Creemos que
esto se recuperará el año próximo a partir de las medidas que hemos planteado y
en forma combinada con la fuerte inyección de recursos que tendrá lugar desde
septiembre mediante pagos de juicios y las posibilidades de recomposición de
los haberes en muchos segmentos.
Una vez que
hayan transcurrido esos seis meses podremos efectuar una evaluación más
específica de todos los datos, pero a nuestro juicio eso está previsto.
Quiero
aportar un dato importante referido a la ganancia del denominado dólar a
futuro. Precisamente en el acuerdo que se estableció se retuvo el 35 por
ciento, por lo que ya hay una tributación en ese sentido.
Respecto del
Plan Procrear, el crédito hipotecario y la vivienda en general ‑no voy a
discutir con usted, que claramente viene trabajando y diseñando la cuestión-,
quiero aclarar que de ninguna manera está interrumpido y que justamente hemos
lanzado el plan Procrear II. Podemos estar de acuerdo o no sobre la ejecución,
pero se va a plantear. Creemos que el puntaje es mejor que el sorteo porque
genera la posibilidad de priorizar a quienes más lo necesitan.
La
posibilidad de bajar el costo de capital y la inflación es central en la
política de vivienda. En ese sentido, la línea de créditos hipotecarios del
Banco Nación es muy importante y es bastante unánime su reconocimiento.
Por otra
parte, considero sumamente importante la posibilidad de aprobar lo antes
posible el programa sobre créditos hipotecarios UVI para incorporar otro
mecanismo a fin de promover el ahorro y obtener financiación del crédito. De
este modo, muchos sectores de clase media podrán ver dinamizada la posibilidad
de obtener créditos baratos por parte del sistema financiero, tanto público
como privado.
Este programa
bajará mucho la presión, porque a la comparación de los números le falta esa
parte. Claramente, antes había menos oferta de crédito hipotecario, con lo cual
la demanda sobre el plan Procrear era superior porque prácticamente se
convertía en la única posibilidad fuerte para solucionar la crisis
habitacional.
De todas
formas, tomo los puntos que usted plantea para poder trabajarlos con la ANSES y
con Mario Quintana. Creo que no es justa la idea de que no se le está dando
prioridad al tema de la vivienda, cuando de hecho es uno de nuestros
compromisos de campaña.
En cuanto a
las audiencias públicas, tarifas, boca de pozo, plan integral y demás, me
cuesta saber si hay algunos puntos en los que puede faltar información o si se
trata de una discusión política. En todo caso, sería interesante que los
diputados nos dijeran dónde podemos comprar gas al precio al que nos vende
Bolivia o los Estados Unidos. Con mucho gusto podremos importarlo a ese valor
en la Argentina, pero la realidad es que no existe.
Pueden
mandarnos propuestas de cómo conseguir gas más barato, con un esquema que hoy
es deficitario en la Argentina ya que exportábamos a Chile a través del
gasoducto y hoy desde allí lo importamos. Entonces, la composición del precio
en boca de pozo tiene que ver con esa situación. El gas no es un producto como
otros y no existe posibilidad de “stockearlo” fuera de temporada ni de
conseguir ilimitadamente más cantidad; hoy no tenemos esa capacidad instalada.
Podemos estar de acuerdo o no, pero esa es nuestra mirada y tenemos una diferencia
de visión.
Concretamente,
si hay posibilidades de conseguir el gas más barato, en primer lugar, hubiera
sido bueno hacerlo antes, y en segundo término, estamos abiertos a propuestas.
No hemos visto la propuesta que ustedes tienen con respecto a las audiencias
públicas, pero nos encantaría recibirla partiendo de la base de que no ha
habido antecedentes para lo que nos pide la Corte.
Puedo afirmar
que hay RTI prevista para octubre tanto en luz como en gas. Mientras tanto
–reitero‑ queremos trabajar todas las ideas para lograr un acuerdo
federal energético de largo plazo con una mirada integral. En este punto hay
que analizar cuáles son los mecanismos de participación, los caminos de salida,
el tiempo, el costo fiscal y las salvaguardas que debemos tener. Podemos
asegurar que estamos dispuestos a trabajar.
En cuanto a
la base de datos de la ANSES, no nos vamos a poner de acuerdo. Les mandamos
todos los convenios con Banelco y con otras entidades. No sé si los firmó usted
o no, diputado, pero lo hizo su gobierno. Entre 2008 y 2015 se firmaron muchos
convenios.
De todas
formas, acá lo más importante es lo siguiente: primero, tener la tranquilidad
de que todo esto está en el marco de la ley de protección de datos personales;
segundo, que no hay datos sensibles, y tercero, que no hay ninguna posibilidad
de utilización política o partidaria de esos datos porque están en el marco de
la ley de protección de datos personales, que antes no se usaba o no se
reglamentaba en la Argentina, pero nosotros sí estamos trabajando en ese
sentido.
No quiero
entrar en la polémica ‑pero podríamos hacerlo- sobre el uso de los fondos
publicitarios de la ANSES y su utilización política. En todo caso, eso está en
el archivo histórico. No es una polémica. Lo que sí quiero decir con esto es
que estamos absolutamente tranquilos. (Manifestaciones
en las bancas.)
Lo dije; ya
lo hemos dicho hasta el hartazgo. No creo que sea el objeto. Creemos que la
publicidad de la ANSES se usaba para fines políticos. No es un problema;
podemos estar de acuerdo o no. Lo digo claramente, y creo que los spots y demás lo reflejan. Pero no voy a
entrar en esa polémica. Lo que digo es que el proceso está judicializado, y
nosotros estamos presentándonos en la Justicia. Estamos trabajando con los
mejores juristas en este tema.
La protección
de datos personales hoy funciona, cosa que antes no sucedía. Estamos
consolidando una política de base de datos integral del Estado. El Estado es
uno, y usted bien lo sabe, señor diputado. Entonces, lo que no se puede hacer
es separar el Estado ni que uno cumpla el rol que tiene que cumplir otro. La
Secretaría de Comunicación Pública tiene como fin comunicar al Estado con la
ciudadanía, y viceversa. Por lo tanto, creemos que la posibilidad de trabajar
en conjunto con las áreas del Estado es absolutamente legal.
La Comisión
de Análisis para la Reforma Tributaria fue creada por la resolución 191/16 del
Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas; en todo caso, después podemos
mandarles más detalles. Ya se están reuniendo. Esto está en el plano del
Ejecutivo. Esa comisión comenzó el 15 de junio de 2016. (Manifestaciones en las bancas.)
Esa es otra
comisión. La comisión que se creó mediante la ley de reparación histórica es
otra discusión.
Sr. Bossio.- Es
la misma ley.
Sr. Presidente
(Monzó).- La Presidencia solicita
que no dialoguen.
Continúe,
señor ministro.
Sr. Jefe de Gabinete
de Ministros.- En todo caso, el espíritu es trabajarlo, con lo cual, si no
están integrados, claramente serán más que invitados a hacerlo. Creemos en esos
mecanismos de diálogo.
Con respecto
a la posibilidad de contratar sin licitación hasta la cantidad de 6 millones de
pesos, o sin controles, como señaló el señor diputado, usted bien sabe que el
Estado tiene controles previstos para eso. Creemos que ese es un mecanismo para
agilizar la gestión. En todo caso, todas estas contrataciones irán a Gobierno
Abierto y estarán en la política de transparencia del Estado, con lo cual
tendrán el control de la SIGEN y de la AGN, y también el control ciudadano.
En cuanto a
lo señalado por el señor presidente de la Nación acerca de los palos en la
rueda, no creo que esto sea una interpelación judicial. Cada uno se hará
responsable de la forma que considera las distintas actitudes. Si ustedes
consideran que en la Argentina nadie pone palos en la rueda, está muy bien; es
la opinión de ustedes. El presidente ha expresado su opinión en el sentido de
que puede haber sectores que ponen palos en la rueda. La interpretación quedará
para los ciudadanos.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Santa Fe.
Sra. Ciciliani.-
Señor presidente: una vez más, en esta sesión hace uso de la palabra una
santafesina. Ha sido una tarde muy santafesina. Parece que los santafesinos
estamos muy activos en el Congreso de la Nación.
Obviamente,
queremos expresar al señor ministro nuestra vocación y nuestra trayectoria de
diálogo y de consensos. Creemos absolutamente que una democracia se construye
con diálogos y consensos, pero luego de un debate de ideas plural,
institucional y un diálogo productivo. Creemos que esas son las condiciones sine
qua non, junto con el equilibrio en cuestiones institucionales y en los que se
sientan a la mesa.
Debemos hacer
un gran aprendizaje; estamos con mucha vocación, pero los resultados todavía no
los vemos. Coincido con lo dicho por el señor jefe de Gabinete de que los
problemas estructurales no pueden solucionarse en poco tiempo. El cuadro
tarifario de los servicios públicos así lo demuestra. Creo que debemos tomarnos
el tiempo suficiente para analizar el tema y lograr los consensos necesarios.
Hoy queremos
remarcar lo que dice Jorge Todesca. Es evidente que estamos ante una situación
grave y estructural en el mercado de trabajo. Los datos de ayer de la Encuesta
Permanente de Hogares del INDEC es un avance sustantivo; nos muestra la foto.
Lamentablemente, por la política del gobierno anterior perdimos la película,
pero partimos de una foto, que es muy grave.
Entendemos
que hay que poner foco y prioridad en la mirada sobre el empleo y desde ahí
empezar a tomar medidas macroeconómicas y coyunturales para transitar por los
objetivos maravillosos que todas las fuerzas políticas prometemos a los
ciudadanos cada dos años, cuando hay elecciones. Todos vamos a estar de acuerdo
en los objetivos, pero debemos discutir los temas y detenernos en el “cómo”.
Escuché
hablar del plan productivo, de las economías regionales, pero muy poco sobre el
empleo. Evidentemente, debemos plantear un objetivo a largo plazo. Estoy segura
de que hay enormes posibilidades de que el año que viene sea de crecimiento
económico. Ello es propio del sistema capitalista. Si uno analiza las reglas de
funcionamiento del sistema capitalista, lo más probable es que luego de un
brutal ajuste empecemos a crecer, pero no se crea empleo. El crecimiento de la
economía en los primeros meses del primer período genera mucha inversión en
capital intensivo y empleo en el desarrollo tecnológico del siglo XXI. Esto lo
reconocen todos los países: más inversión, más crecimiento, más producción de
bienes y servicios, más productividad y menos empleo.
Me gustaría
empezar a debatir acerca de cómo compartimos el empleo en el sector de la
economía de alta productividad de estas sociedades duales de América Latina, de
la que la Argentina forma parte. Debemos analizar cómo hacemos para que ese
tercio de la población que trabaja en el empleo informal de baja productividad
pueda acceder al blanqueo. Mencionamos este aspecto cuando discutimos el proyecto sobre blanqueo.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la
Honorable Cámara, ingeniero José Luis Gioja.
Sra. Ciciliani.-
Además de reconocer el empleo o el trabajo y los ingresos, hay que destacar el
refugio que a muchos argentinos da el crimen organizado, situación que está
asociada a la violencia de las grandes urbes. Tal como lo expresaron los
señores diputados por Santa Fe pertenecientes al bloque Cambiemos, esto ocurre
en Rosario y en otras las grandes urbes de la Argentina. Si coincidimos en el
diagnóstico y no erramos, podemos empezar a acordar.
Creo que el
REPRO es un instrumento de corto plazo que ha probado ser una herramienta
indispensable para sostener el empleo. Cuando discutimos la “ley antidespidos”
creíamos que ayudaría a sostener la paz social y el crecimiento económico.
Ahora, debemos hablar del REPRO; queremos darle transparencia. Repito: es
necesario garantizar la transparencia en la asignación del REPRO. Digo esto
porque vengo de trabajar en provincias en momentos de crisis y sé lo que eso
significa. Estoy al tanto de los gestores que hay en las calles, que se acercan
a los empresarios para ofrecerles sus servicios ante el gobierno federal.
Concretamente,
quisiera saber cuál es actualmente el monto del REPRO. Me dijeron que hay
empresas que cobran 11.000 pesos por trabajador, y otras, 4.000. Entonces, ¿con
qué criterio se asigna el monto del REPRO? ¿Cuáles son las prioridades y la
transparencia en su asignación?
La última
pregunta que quería formular –para no abusar del tiempo de mi compañera- es
cuándo se piensa hacer público el contrato de YPF con Chevron.
Sr. Presidente (Gioja).-
Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.
Sra. Cousinet.-
Señor presidente: ayer, en la reunión conjunta de las comisiones de Recursos
Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Relaciones Exteriores y Culto se aprobó la ratificación
del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, ya aprobado en el Senado, que una
vez que llegue a este recinto tendrá rango constitucional.
Más allá de
la constitución del Gabinete de Cambio Climático que usted ha comentado, me
gustaría saber cuáles son las líneas principales, las áreas prioritarias y el
cronograma tentativo.
Esta
preocupación está motivada por el hecho de que la problemática medioambiental
está prácticamente ausente de la agenda política de nuestro país. Durante el
tiempo que estuve presente no escuché ninguna pregunta referida a este tema.
La Argentina
es uno de los países que ocupan los escalones más bajos en lo que se refiere a
cuidado y preservación del medio ambiente, fruto de un modelo económico
extractivista que impulsó y alentó el kirchnerismo, que destruyó y sigue
destruyendo los glaciares, que desmonta a un ritmo que también nos sitúa entre
los cinco países que más lo hacen en el mundo. Se trata de un país que utiliza
el glifosato en forma indiscriminada, causando un enorme aumento de las
enfermedades, tal como han denunciado los médicos de pueblos fumigados.
Esta defensa
del medio ambiente no significa simplemente enternecernos frente a un osito
panda, sino que estamos hablando de preservar la salud pública y la calidad de
vida de la población. Muchas veces la excusa para implementar estos modelos
depredadores es que se trata de la única forma de crecer o de distribuir las
riquezas. Sin embargo, este modelo nos dejó un 30 por ciento de pobres y un 40
por ciento de empleo informal, datos que han ido empeorando en estos últimos
meses.
Nos preocupa
que en este período el gobierno tampoco ha dado muestras de querer revertir
este modelo. Por el contrario, ha eliminado las retenciones a la minería y no
está aplicando la ley de glaciares ni la de bosques.
Como último
ejemplo, hace poco se aprobó un proyecto de ley del kirchnerismo sobre
disposición de envases de agrotóxicos –nosotros presentamos un dictamen de
minoría‑ que parece hecho a la medida de Monsanto.
Brevemente,
haré referencia a otros dos asuntos. El ministro Aranguren habló de 20.000
millones de dólares para explotaciones mineras. Mi pregunta es si estas
industrias se empezarán a instalar antes de que tengamos el inventario de los
glaciares, si ello se hará con o sin impacto ambiental y si se respetará la
necesidad de realizar audiencias públicas.
Quisiera
saber si en este plan de viviendas se ha contemplado algún incentivo especial
para la eficiencia energética, ya que sabemos que el 25 por ciento del consumo
energético es domiciliario. Frente a la gran crisis energética que padecemos es
muy importante tener esto presente.
Para
finalizar, el desarrollo sustentable es un ejemplo de que se puede ser un país
avanzado y, a su vez, socialmente justo.
Sr. Presidente
(Gioja).- Tiene la palabra el señor
diputado por Buenos Aires.
Sr. Carlotto.-
Señor presidente: trataré de ser breve con respecto a los temas que quiero
abarcar y también en relación con las preguntas. Muchas ya han sido planteadas;
no necesariamente han sido contestadas. Obviamente,
tenemos una enorme preocupación por lo que significó el tarifazo. Definimos el
proceso económico que se implementó a partir del 10 de diciembre del año pasado
con la asunción del gobierno de Macri como un gobierno que no está generando un
proceso de ajuste sino de transferencia de recursos del conjunto de la
población hacia los sectores más concentrados de la economía argentina. Cada
una de las medidas que se tomaron fue en ese sentido. El tarifazo es un proceso
que también va en esa dirección.
Nos parece
que la convocatoria a una audiencia por el fallo de la Corte incumple el propio
fallo, porque no incluye la discusión de los precios en boca de pozo ni la
renta cruzada. Además, no se trata de una convocatoria de carácter federal ni
se plantea que las audiencias sean regionales.
Voy a
insistir en algo porque nunca obtuvimos respuesta, ni siquiera de parte del
ministro Aranguren, respecto de quien tenemos un pedido de juicio político
porque creemos que existe un conflicto de intereses. Además, él ha hablado de
su idoneidad en relación con la función que ocupa. Nosotros creemos que no es
así. Lo que queremos conocer es el acuerdo firmado entre el Estado y la
productora de gas: a qué precio, a qué moneda y con qué justificación se llevó
a cabo. Se trata de un pedido que para nosotros es muy simple, pero que ha sido
parte de una negativa constante del Poder Ejecutivo nacional.
El otro
aspecto que es motivo de nuestra preocupación surge del relevamiento que ha
efectuado el INDEC en relación con el aumento de la desocupación en el último
semestre, en más de 3 puntos. Esto significa que en el proceso de discusión y
conversación que hemos tenido en el día de hoy la pérdida de puestos de trabajo
es exponencial. No creemos que existan políticas para solucionar esta cuestión,
salvo el concepto del derrame. Se habla de 450.000 nuevos desocupados. Al
respecto, debo decir que nosotros hicimos un esfuerzo en el Congreso de la
Nación para que se apruebe una ley de emergencia laboral que luego fue vetada.
Diputadas y
diputados de distintos bloques que nos encontramos en este recinto acabamos de
participar de un encuentro con los referentes de las organizaciones de la
economía popular para trabajar en una agenda legislativa vinculada con la
emergencia social. Digo esto porque por cada uno de los puestos de trabajo que
se pierde –a pesar de este porcentaje del 9,3 que nos dan‑ existen 3,5
puestos de trabajo que se pierden en la economía informal. Esto es parte de la
tragedia social que se está construyendo en la Argentina, ante cuyas
consecuencias no existe una respuesta activa del Estado, salvo con actos de
carácter represivos.
Esto lo vimos
hoy con lo que ocurrió en la autopista La Plata‑Buenos Aires o lo que
pasó los otros días en el puente Pueyrredón. Observamos que ante cada demanda
social se está comenzando a implementar el protocolo de seguridad, que es
inconstitucional desde todo punto de vista.
Debe existir una clarificación del Poder Ejecutivo en cuanto a su
implementación y una declaración de inconstitucionalidad por parte del
Congreso, y obviamente, de la Justicia.
Debemos hacer
un esfuerzo para que el Congreso de la Nación sancione una ley de emergencia
social que no tenga el mismo destino que la “ley antidespidos”, que fue vetada
por el presidente Macri. Observamos que los números siguen corriendo en
perjuicio de los sectores populares de la Argentina.
El tercer
punto al que quiero referirme –estos son temas de profunda sensibilidad‑
es que en dos oportunidades en la Cámara de Diputados hemos declarado por
unanimidad que los juicios por crímenes de lesa humanidad son una política de
Estado, iniciativa que fue firmada por la totalidad de los bloques y aprobada,
primero, en 2010, en el marco del Bicentenario, y después, en noviembre del año
pasado, también firmada por la totalidad de los bloques de la Cámara.
Consideramos
que la política de memoria, verdad y justicia es una política de Estado y que
no es una discusión menor lo que simbólicamente representan los 30.000
desaparecidos. Esta no es una discusión formal, sino que los propios documentos
que recibió el gobierno nacional, desclasificados a pedido de organismos de
derechos humanos, muestran que ya en el año 1978 la dictadura cívico militar
informaba sobre la existencia de más de 20.000 personas que habían sido
secuestradas por la acción criminal del Estado.
Entonces, a
nosotros nos preocupa empezar a tener una mirada que vaya minimizando, en
términos simbólicos, lo que significa una de las mayores tragedias ‑sino
la mayor‑ que padeció la Argentina y también lo que representan algunas
acciones reales.
Hemos
recibido a representantes de organismos de derechos humanos que han planteado
una gran preocupación ‑esto también es parte de la pregunta‑ con
respecto a la finalización de los acuerdos para la financiación de los abogados
querellantes en las causas de crímenes de lesa humanidad, representantes de los
organismos de derechos humanos. Para poner un ejemplo, es el caso de la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos, a la que el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos no le ha renovado el convenio, lo cual debilita a la querella
y a las víctimas en el proceso judicial.
También
quiero preguntar si la actitud de la Secretaría de Derechos Humanos como
querellante en nombre del Estado, como una continuidad jurídica de lo que se
llevó adelante durante el gobierno anterior, va a ser la misma, porque no hay
un acto de prescindencia sino una responsabilidad directa y un compromiso del
Estado nacional de acompañar el juzgamiento de los responsables y ser parte
activa en los procesos judiciales.
Por eso, ha
causado preocupación en los últimos días la actitud de plantear que hay una
cuestión humanitaria con respecto a muchos de los responsables de crímenes de
lesa humanidad, que todavía tienen capacidad de daño, posibilidades de fuga o
de articular políticas que vayan a horadar los procesos judiciales en marcha.
Para nosotros
estos son temas de fundamental importancia, porque no solamente está el
compromiso que hemos asumido en este Parlamento en dos oportunidades sino
también la responsabilidad que tiene la Argentina ante la comunidad
internacional por los pactos y tratados de derechos humanos que ha suscripto.
Esperamos una
respuesta favorable en el sentido de reafirmar el compromiso de no ser
funcionales a la construcción, nuevamente en la Argentina, de la teoría de los
dos demonios, con justificaciones en términos que nos remiten a conceptos
vinculados al negacionismo de lo que pasó en la Argentina o a relativizar lo
que sucedió, cuando en realidad debe existir el máximo nivel de preocupación
por parte del Estado porque no solo es una reparación para quienes fueron
víctimas directas sino que tiene que ver con la consolidación permanente del
sistema democrático en nuestro país.
Entonces,
frente a estos tres temas debemos recibir una respuesta clarificadora. Es
importante el sostenimiento del diálogo, pero sin ninguna duda hay dos miradas
de país distintas: una quiere construir un país sobre la base de la garantía de
los derechos y otra quiere construirlo sobre la base de los intereses y
negocios vinculados al mercado.
Sr. Presidente (Gioja).- Tiene la palabra el señor diputado
por San Luis.
Sr. Lusquiños.-
Señor jefe de Gabinete de Ministros: quiero pasar tres avisos parroquiales,
para distender un poco la reunión, y formular dos preguntas.
En esta
fecha, hace 117 años, nacía Jorge Luis Borges. Me parece que la estatura del
mejor escritor que ha tenido la República Argentina amerita que se le rinda un
homenaje.
Segundo aviso
parroquial: mañana, 25 de agosto, la provincia de San Luis, el Estado de San
Luis, cumple 422 años. Es uno de los más antiguos de la República Argentina, lo
cual nos llena de orgullo.
En tercer
lugar ‑esto lo digo en nombre del bloque al que represento‑, quiero
ratificar nuestro compromiso de acompañar la elevación del cupo femenino al 50
por ciento, tomado esto como un derecho, y de esta manera es un piso, no un
techo.
Mi primera
pregunta es relativa al convenio con Chevron, que según un mandato judicial de
la Corte debe hacerse público. Esto viene desde noviembre del año pasado;
estamos en agosto de este año –con idas, venidas y chicanas políticas mediante-
y aún no se hizo público. ¿El gobierno tiene la intención de hacerlo público?
Respecto de
la segunda pregunta sabemos que la Corte ha fallado a favor de San Luis,
Córdoba y Santa Fe; es el famoso fallo de la restitución del 15 por ciento, que
tiene dos facetas: una, el 15 por ciento hacia adelante, y otra, el
retroactivo.
El gobierno
nacional, en cumplimiento del fallo de la Corte, está abonando como corresponde
el 15 por ciento a partir del día del fallo. En cuanto al retroactivo la Corte
dijo que se debían poner de acuerdo provincias y Nación, lo cual fue una pícara
manera de resolver el problema porque la Nación no iba a estar de acuerdo con
el número que se presentara. Pero, de todas maneras, la provincia ha presentado
en el primer juicio una rendición de 9.020 millones, y la Nación, una
contrapropuesta de 7.222 millones, siempre a números de febrero.
En el segundo
juicio la provincia presentó una rendición de 2.370 millones, y la Nación
propuso 1.858 millones. Si sumamos los números, hay un reclamo de la provincia
por 11.390 millones y una contrapropuesta de 9.080 millones por parte de la
Nación.
Obviamente,
la provincia ha presentado en la Corte que acepta el número de la Nación.
Después, la provincia sabrá qué tiene que hacer con la diferencia, si reclamará
o no. De cualquier manera, pregunto si el gobierno tiene voluntad de pagar o
no.
Sr. Presidente
(Gioja).- Tiene la palabra el señor
diputado por Salta.
Sr. López.- Señor
jefe de Gabinete de Ministros: en primer lugar, quiero denunciar en este
recinto que así como hoy se ha reprimido en la Autopista Buenos Aires–La Plata,
hace pocas horas hubo una brutal represión contra los trabajadores del Ingenio
Tabacal en Salta, mi provincia. Los trabajadores están denunciando que hay
cuatro compañeros heridos, internados, y que por lo menos uno de ellos estaría
herido de una bala de plomo.
Esta
represión se ha llevado adelante contra los trabajadores por cuenta y orden de
la empresa Tabacal, que quiere imponer una reforma laboral y mantiene un lock out desde hace setenta días. Se
trata de una reforma laboral que implica una caída del 40 por ciento del
salario. El aumento de los ritmos de producción para cada uno de los
trabajadores está enmarcado en la reforma laboral que usted,
señor jefe de Gabinete, ha reivindicado aquí, y está expresada en el proyecto de
ley de primer empleo para ir hacia la flexibilización y precarización del
trabajo, tal como están haciendo las empresas petroleras en el sur de nuestro
país. Al mismo tiempo, están contrariando incluso los convenios colectivos de
las empresas.
Por ejemplo,
hoy en Las Heras acaban de despedir a cincuenta trabajadores. Estamos
atravesando una etapa de despidos tanto en el norte de mi provincia como en el
Sur del país, mientras que el INDEC acaba de anunciar datos que muestran un
aumento de la desocupación y de la subocupación.
Se ha
reivindicado la ley de autopartes que aprobó este Congreso, pero sin embargo,
la industria automotriz, beneficiaria de esta iniciativa, está suspendiendo
masivamente a sus trabajadores.
Es claro que
hay una política de Estado para descargar la crisis sobre las espaldas de los
trabajadores. Esto ha llevado a que en el día de hoy se lleve a cabo un paro
nacional docente en reclamo de la reapertura de las paritarias. Es claro que
ese ajuste se expresa también en lo que el jefe de Gabinete ha dicho acá en el
sentido de que en septiembre llegará al Congreso el proyecto sobre modificación
del impuesto a las ganancias, es decir que esta iniciativa se discutirá recién
el año que viene. Al respecto, nosotros pensamos que hay que eliminar de los
salarios el impuesto a las ganancias.
La represión
que ha ocurrido en el día de hoy se enmarca en una política de impunidad
impulsada por el gobierno a través de la prisión domiciliaria con la cual se
está beneficiando a los genocidas. Así, desde febrero se ha beneficiado a
cincuenta personas –entre ellas, Etchecolatz, que acaba de recibir este
beneficio-, justamente cuando estamos cerca del décimo aniversario de la
segunda desaparición de Jorge Julio López.
Este accionar
ha sido defendido por el ministro Garavano. Se trata de una política integral
de unidad que se expresó el 9 de julio pasado, pero en ese festejo no hubo
alegría porque desfilaron los genocidas.
Días atrás se
ha liberado a uno de los asesinos de nuestro compañero Mariano Ferreyra. Se
quiere dar continuidad a la política de la injerencia de las Fuerzas Armadas en
cuestiones internas que vienen de la época de Milani.
El ajuste
también se expresa en la reforma jubilatoria que se está anunciando. Algunos
funcionarios ya han planteado la idea de elevar la edad jubilatoria. ¿Van a
hacerlo realmente en esta reforma, tal como ya sucedió en Tierra del Fuego, con
la gobernadora Bertone, o en Formosa, con Insfrán, donde ya lo hicieron?
¿Cuándo habrá
un aumento de emergencia para los jubilados frente al hundimiento de su haber y
el crecimiento de la inflación?
Este ajuste
también se ha expresado en el tarifazo, que ha tenido en vilo al país; la Corte
lo suspendió, pero habilitó la posibilidad de otro tarifazo a futuro. Además,
se convocará a audiencias públicas, que entiendo deberían realizarse en todas
las provincias para que todos los trabajadores puedan expresarse y preguntar
qué hicieron las empresas con los más de 30.000 millones de dólares que
recibieron de subsidios.
Cabe destacar
que el ministro Aranguren no contestó las preguntas que se le formularon ni
cómo hizo Mindlin para comprar Petrobras mientras extorsiona al pueblo con
cortes de luz, si es que no hay un tarifazo.
Señor jefe de
Gabinete: ¿no cree que son estas empresas las responsables de la crisis
energética, y no los usuarios? Como dije anteriormente, mientras las empresas
petroleras despiden a trabajadores, están recibiendo un precio sostén para el
gas y el petróleo.
Por último,
informo al señor jefe de Gabinete de Ministros que vamos a insistir en un tema
que para nosotros es muy importante. Justamente, ayer planteamos en la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto de esta Cámara la necesidad de que usted y la
canciller Malcorra sean convocados a una interpelación a efectos de que den
explicaciones por las denuncias que pesan sobre la canciller por el papel que
le cupo en el encubrimiento de crímenes de guerra que habrían perpetrado las
tropas de la ONU en la República Centroafricana.
Sr. Presidente
(Gioja).- Tiene la palabra el señor
diputado por Misiones.
Sr. Franco.- Señor
presidente: adelanto que voy a compartir el término del que dispone nuestro
bloque, con el señor diputado Closs.
Voy a
plantear algunas cosas que ya se trataron en esta sesión, porque no fue clara
la respuesta del señor jefe de Gabinete. Me refiero a la cuestión de las
asimetrías que muy bien planteó el compañero Di Stefano. El hecho es que, desde
el mes de mayo, en Posadas, se dejaron de vender 4,5 millones de litros de
combustible como consecuencia de que es mucho más barato comprarlo del otro
lado de la frontera. Evidentemente, algunas de las medidas macroeconómicas que
ha impulsado el gobierno nacional no nos están beneficiando.
En Posadas,
también se ha registrado el cierre de muchos negocios y el comercio está en
crisis. Incluso, la gente hace colas durante horas para ir a comprar al hermano
país del Paraguay. No digo que eso esté mal, porque la gente defiende su
bolsillo.
Los
misioneros, que nos sentimos en el medio del Mercosur, creemos que el mercado
común es una ventaja. Para los misioneros, el Mercosur siempre fue sinónimo de
riqueza y de crecimiento.
Por otro
lado, sé que amén de ser el jefe de Gabinete, el ministro es una persona de
bien. Por lo tanto, no creo que venga a esta Cámara a decir cosas que no se
ajusten a la realidad. Sin embargo, me veo en la obligación de aclararle que
muchas de las obras a las que hizo referencia cuando habló del Plan Belgrano ya
estaban en ejecución. Es más, la obra de Oberá, que ya está terminada, se
realizó durante la gestión anterior e, incluso, contó con el aporte de recursos
provinciales.
Por supuesto
que nos alegramos, aplaudimos y celebramos amablemente que se pueda concretar
la realización de la Autopista Paso de los Libres-San José. Este es un anhelo
de los hermanos correntinos y de nosotros, los misioneros.
El señor jefe
de Gabinete se refirió también a la crisis del sector maderero. En mi opinión,
es bueno que se incentive la actividad y se mueva la industria maderera, porque
es generadora de fuentes de trabajo. Tan así es que en Misiones es la tercera
pata de nuestra economía. El problema es que los madereros no venden porque la
actual política macroeconómica lejos de ayudarlos ha provocado el cierre de los
pequeños aserraderos como consecuencia de la caída en las ventas. Además, los
grandes aserraderos, que antes exportaban, se han visto obligados a vender en
el mercado interno, lo cual también afectó a los más pequeños.
Por lo tanto,
sería bueno que se replantearan algunas cosas. Creo que hay buena fe y que
todos tienen buenas intenciones, pero tengo la sensación de que esas medidas no
nos están ayudando.
Sr. Presidente
(Gioja).- Tiene la palabra el señor
diputado por Misiones.
Sr. Closs.- Señor
presidente: voy a hablar en la misma línea que el señor diputado preopinante y
que el señor diputado De Mendiguren, porque se trata de una preocupación.
Quienes
vivimos en la frontera vemos estas señales de alarma que muestran un país que
no es competitivo. Esa falta de competitividad tiene como denominador común un
tipo de cambio que no condice, básicamente, con la carga tributaria que tiene
la República Argentina, por responsabilidad de todas las órbitas ‑nacional,
provinciales y municipales‑ y también por las políticas salariales de
nuestro país, donde la mayoría de la gente intenta trabajar con cobertura
social y en blanco, como corresponde. Eso no ocurre enfrente, en Encarnación, y
tal vez tampoco en Foz de Iguazú. Por eso, queremos saber si efectivamente se
está haciendo algo al respecto.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de
la Honorable Cámara, doctor Emilio Monzó.
Sr. Closs.- Se
sancionó una ley para beneficio de las pymes. Después de mucho tiempo logramos
que existiera un artículo ‑creo que se trata del 10‑ por el que se delega
en el Poder Ejecutivo la facultad de establecer políticas concretas. Es
monstruoso el volumen de recursos que se está yendo en todas las áreas de
frontera de la República Argentina, mucho más en Misiones, donde nos unen
puentes. Por allí no se pasa rápido; probablemente hoy es más fácil recorrer
los 500 kilómetros que separan a Mendoza de algunos de los pueblos más cercanos
de Chile que cruzar nuestro puente, lo cual a veces nos lleva cinco o seis
horas.
En este
sentido, pido al ministro que presten atención. Esas son señales de alarma que
ocurren en la Argentina. Esa es la muestra de pérdida de competitividad.
Permítame decirle que se trata de señales de alarma que deben ser consideradas.
Quiero saber si la ley que aprobamos aquí hace menos de sesenta días está
siendo reglamentada y puesta en práctica por el Poder Ejecutivo nacional.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor diputado por
Tucumán.
Sr. Casañas.-
Señor presidente: a pesar de la hora, doy la bienvenida al señor jefe de Gabinete.
Tengo varios temas por considerar. Uno de ellos tiene que ver con el HLB. El 17
de mayo remitimos una nota al señor ministro de Agroindustria, Ricardo
Buryaile, al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, y a la
Jefatura de Gabinete, en la que manifestamos la preocupación y angustia de los
productores con motivo del HLB. En particular, pedíamos que se modificaran las
partidas presupuestarias.
En este
sentido, celebramos que el 5 de julio pasado la Jefatura de Gabinete haya
tomado la decisión administrativa 655, por la que se modifican las partidas
presupuestarias del año 2016.
La pregunta
que quiero formular es cuándo van a estar disponibles esos 60 millones que se
necesitaban para la creación del programa previsto en la ley 26.888. Hay
algunos rumores de que ese dinero no se entregará o que se hará con partidas de
10 millones. También quiero saber cuándo empieza la construcción de barreras
sanitarias, para poder transmitir tranquilidad a la citricultura argentina.
En cuanto al
tema de las adicciones, me gustaría que el señor jefe de Gabinete nos
especifique cuál es la política de Estado prevista para enfrentar este flagelo.
Me refiero a los chicos que ya tienen el problema. En el norte de Tucumán,
sobre todo el paco, constituye un problema gravísimo. Desde hace años venimos
peleando en pos de su solución, con el gobierno tanto nacional como provincial,
pero lamentablemente ningún tipo de mejora hemos logrado.
Queremos
saber si se girarán los fondos para terminar un CEPLA en la costanera de la
provincia de Tucumán. La obra tendría que haberse terminado en 2014, según lo
anunciado por la expresidenta Fernández. Allí había una inversión de 12
millones de pesos, pero hoy la obra se encuentra paralizada y nunca se terminó.
En Tucumán, hoy
tenemos solamente una institución que atiende a las personas con problemas de
adicciones, que es el Hospital del Carmen. Se trata de un psiquiátrico que toma
a los chicos como si fuesen intoxicados; o sea que los desintoxican y liberan.
No existe una política de Estado para contenerlos y afrontar esta problemática
tan grave. Los chicos que consumen paco terminan suicidándose a los seis u ocho
meses. En ese sentido, quiero señalar que he presentado el proyecto de ley
contenido en el expediente 693-D.-2016,
por el que se propicia la transferencia de un inmueble de propiedad del Estado
nacional que está abandonado, a fin de poner en funcionamiento un centro para
el tratamiento de las adicciones. Hay muchas organizaciones no gubernamentales
interesadas en esto y las propias madres de estos chicos estarían dispuestas a
trabajar en forma gratuita. En consecuencia, sería bueno que vean esa
iniciativa a fin de que podamos dar algún tipo de respuesta a estos chicos.
En lo
relativo al tema de la lechería, mediante el proyecto de ley contenido en el
expediente 4.618-D.-2016 se propicia
la declaración de la emergencia económico-financiera del sector. Entendemos que
hay una situación global y estructural, pero también una coyuntura por la que
se encuentran en riesgo 85.000 puestos de trabajo, lo que sería grave para
nosotros.
Por otra
parte, se promueve la creación de un Registro Único de Propietarios Lecheros
Damnificados, y se libera al Ministerio de Agroindustria para que pueda
utilizar un cúmulo de herramientas, por ejemplo, subsidios directos e
indirectos, líneas de créditos especiales con tasas bonificadas y
compensaciones fiscales.
Asimismo, se
prevé la posibilidad de la suspensión del inicio de juicios o procedimientos
administrativos por el cobro de acreencias.
Me gustaría
que el señor jefe de Gabinete de Ministros analizara el proyecto de ley
contenido en el expediente 4.618-D.-2016,
a fin de que se pueda dar algún tipo de respuesta al sector lechero, por el
término de un año.
Tengo dos
temas pendientes para plantear. El primero es el del desempleo. El índice de
desocupación del 9,3 suministrado por el INDEC es muy preocupante. Estamos
hablando de empleo genuino. Entendemos que este es un largo proceso en el que
tiene que haber inversiones y demás. No obstante, al respecto hemos presentado
el proyecto de ley registrado bajo expediente 4.435-D.-2016, que si bien está referido a la región norte me parece que
puede ser mejorado y aplicado en todo el país a fin de efectuar un aporte para
que las empresas puedan tomar una mayor cantidad de mano de obra y brindar
algún tipo de solución a casi un millón y medio de argentinos sin trabajo.
El segundo
tema se refiere a las retenciones al agro. De acuerdo con una versión
periodística que está circulando la disminución de las retenciones se
demoraría. En ese sentido no hubo una comunicación oficial, o por lo menos no
me ha llegado. Por eso, me gustaría que el señor jefe de Gabinete de Ministros
ratificara o rectificara esa versión, y si hubiera alguna prórroga o demora en
cuanto a la disminución de las retenciones nos dijera en qué consistiría. Si
efectivamente el sector agropecuario fuera a sufrir este tipo de
modificaciones, desearía conocer también si las retenciones aplicables a la
minería tendrían el mismo efecto.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por Buenos Aires.
Sra. Bregman.-
Señor presidente: en primer término, quiero solidarizarme con los docentes que
en el día de hoy han llevado adelante una medida de fuerza y con los que fueron
reprimidos en la autopista Buenos Aires-La Plata y en la zona de El Tabacal, en
la provincia de Salta.
En segundo
lugar, deseo efectuar una consideración de carácter general. El 18 de
septiembre se van a cumplir diez años de la desaparición de Jorge Julio López,
de quien fui una de sus abogadas. El actual gobierno promovió un proyecto de
ley sobre acceso a la información pública, que cuenta con la correspondiente
sanción de esta Honorable Cámara. En consecuencia, quisiera preguntar al señor
jefe de Gabinete de Ministros si el gobierno está dispuesto a entregarnos todos
los archivos que poseen la ex SIDE y demás organismos de inteligencia y
seguridad del Estado sobre Jorge Julio López. Por el hecho de haber sido su
abogada, me consta que en el expediente judicial la ex SIDE solo blanqueaba una
parte de la información que tenía. Incluso, nos respondía con datos sacados de
la guía telefónica. Me refiero a Stiuso, es decir, el mismo personaje que sigue
dando vueltas.
Sabemos que
el Estado tiene esa información, por lo que hemos presentado un proyecto en
esta Honorable Cámara. No obstante, si se promociona la ley de acceso a la
información pública los querellantes y todos los que seguimos luchando por la
memoria, la verdad y la justicia tenemos derecho a saber qué pasó con Jorge
Julio López. Por eso, aprovechamos esta oportunidad para hacer ese planteo.
La segunda
cuestión, en un país que tiene un 10 por ciento de desocupación y un millón y
medio de nuevos pobres, en los últimos meses, se relaciona con un privilegio
que nos resulta indignante. En el listado de preguntas que enviamos al señor
ministro nos referimos a las jubilaciones de privilegio que cobran
expresidentes, vicepresidentes, exministros de la Corte Suprema, obispos,
arzobispos y prelados castrenses. En ese momento, recibimos una respuesta
burocrática. Nos dijeron que había datos que no nos podían dar sobre el
servicio exterior, porque tenían que mirar expediente por expediente. Es decir,
nos dieron una respuesta absolutamente burocrática sobre un tema que nos
indigna muchísimo, porque es chocante hablar de jubilaciones de 150.000 o
200.000 pesos, cuando las comparamos con lo que hoy percibe un jubilado. Digo
que esto es indignante porque a los jubilados se les niega el 82 por ciento
móvil, mientras estos funcionarios reciben montos exorbitantes.
Incluso, hace
poco tiempo trascendió en distintos medios que la expresidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner, cobraba su jubilación y estaba tramitando la de
su marido, pero podemos hablar de otros casos. Por ejemplo, Amado Boudou podría
acceder a este beneficio teniendo numerosas causas por corrupción. También
podemos hablar de De la Rúa, que se fue en helicóptero dejando más de treinta
muertos, o de Federico Pinedo, que fue presidente por un rato y podría acceder
a este privilegio gracias a una ley vigente de la dictadura. Y ni hablar de los
funcionarios de la dictadura, que se siguen beneficiando con las leyes de
privilegio que ellos mismos dictaron.
Por este
motivo, reiteramos la pregunta, que esta vez esperamos nos responda: ¿cuál es
la postura de su gobierno sobre estos privilegios? Además, solicitamos que nos
entregue la nómina correspondiente, porque tenemos derecho a saber quiénes se
benefician con estas sumas de miles y miles de pesos en virtud de un privilegio
que consideramos inaceptable.
Para
finalizar, queremos preguntar sobre las tarifas; es verdad que mucho se habló
sobre el tema, pero queremos saber por qué las audiencias se realizan solo en
la ciudad de Buenos Aires.
Desde el PTS y
el Frente de Izquierda, junto a nuestros compañeros legisladores de Mendoza,
Córdoba, Neuquén y Tucumán, en los últimos días hemos presentado amparos
exigiendo algo que es elementalmente democrático, es decir que estas audiencias
se realicen en todas las provincias, para que todos puedan participar de ellas
a fin de discutir las tarifas que afectan el bolsillo de todas las familias
trabajadoras del país.
Aunque
creemos que la verdadera audiencia ya se hizo en la calle con los cacerolazos y
las manifestaciones, porque el pueblo rechazó estas tarifas, preguntamos por
qué las audiencias se realizan solo en la ciudad de Buenos Aires.
Por otro
lado, adelantamos que la Izquierda se va a movilizar el 16 de septiembre.
Esperamos que las centrales sindicales rompan la tregua y llamen a un paro con
movilización para derrotar el tarifazo y el ajuste.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra la señora
diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sra. Argumedo.-
Señor presidente: pido disculpas al jefe de Gabinete, pero voy a insistir con
el tema de las bases norteamericanas en la Triple Frontera y en Tierra del
Fuego, porque supone un serio problema para la soberanía.
En ese
sentido, usted respondió que no hay ninguna disposición que suponga la
presencia militar de Estados Unidos en la provincia de Misiones. Sin embargo,
es importante que desmienta la información periodística, porque si vemos el
mapa de la Argentina y tomamos en consideración que hace una semana se hicieron
maniobras militares de Estados Unidos y de Chile en la frontera con Bolivia,
que en realidad es nuestra frontera noroeste, nos vamos a encontrar con otro
ejército norteamericano en nuestra frontera sudeste. Además, si están en Tierra
del Fuego, tenemos otra base norteamericana en el Sur, y a eso agregamos la
base de la NATO en Malvinas y la base china satelital. Al respecto, usted dice
que el apoyo logístico en la Antártida se desarrolla respetando las cláusulas
del Tratado Antártico, que prohíbe actividades militares, pero no así las científicas.
En ese
sentido, creo que la base china sí es una pesada herencia del gobierno
anterior, porque –como usted sabe- las tecnologías de avanzada, especialmente
en el campo satelital, son de carácter dual, es decir, civil y militar. Además,
en el caso de la base china, depende del Departamento General de Armamentos y
de la Comisión Central Militar del Ejército Popular de Liberación de China.
Esto quiere decir que en el caso de que no se desmintieran o se habilitaran
estas bases, estaríamos rodeados por fuerzas armadas extranjeras.
A esto se une
una preocupación que me han trasladado algunos referentes de villas miseria que
han observado que están recorriéndolas miembros de las fuerzas armadas, no de
Gendarmería ni de la Policía, sino de las fuerzas armadas militares,
acompañados –según ellos- de algunas personas que hablan inglés. Esto sería
altamente preocupante, porque de alguna manera el entusiasmo con que se intenta
entrar en la Alianza del Pacífico debe tener como espejo la experiencia de
México en los últimos veinte años, después del NAFTA, que fue la prueba piloto
de la Alianza del Pacífico, que es la forma de entrar en el Acuerdo
Transpacífico.
En ese
sentido, a partir de 2004, como parte de ese acuerdo de libre comercio, en
México se establece un protocolo de seguridad en la lucha contra el
narcotráfico, que llevó a incrementar exponencialmente la violencia en ese
país. En estos diez años el resultado fue el siguiente: 150.000 asesinatos y
30.000 desaparecidos. Esta violencia se está utilizando como una forma de
disciplinamiento social, porque en eso se incluyen los 43 alumnos de
Ayotzinapa, que en realidad fueron reprimidos y perseguidos por la policía y
las fuerzas armadas del estado de Iguala.
Por eso, como
les decía, es importante que evaluemos en profundidad este entusiasmo por
entrar a la Alianza del Pacífico y pensemos si efectivamente esa es una
política inteligente. Estamos viendo que, en realidad, la crisis mundial es
consecuencia de veinticinco años de globalización neoliberal que llevó a un
crecimiento exponencial de la pobreza y a la polarización de la riqueza. ¿Cómo
no va a haber crisis mundial si 66 grupos familiares tienen la misma riqueza
que 3.500 millones de familias en el mundo?
En cuanto al
peligro para la soberanía, debemos tener en cuenta que el polo mundial liderado
por Estados Unidos ‑con la NATO‑ y China ‑en su alianza con
Rusia‑ está llevando adelante, de manera directa o indirecta, cinco
guerras en el mundo árabe y siete en el África negra. Esto debe ser un llamado
de atención para no jugar con fuego en lo relativo a presencia militar.
Por otra
parte, con respecto a esta idea de que en realidad se va a apoyar a las pymes,
quiero señalar que este libre comercio a ultranza, unido a la concentración y
polarización de la riqueza, en México hizo desaparecer a esas empresas. En este
momento, las pequeñas y medianas empresas, que concentran un 70 por ciento del
empleo nacional, están acosadas por la inflación interna, por el costo
financiero, por la recesión del mercado, por el peso impositivo, por un dólar
planchado, por el tarifazo y porque pagan un ciento por ciento más los
combustibles respecto de Estados Unidos.
Pensar que en
estas condiciones pueden competir con las grandes corporaciones es una muestra
de ingenuidad. En este sentido, esto está
preparando el ingreso de la Argentina al Tratado Transpacífico. Me temo que
habría que reconsiderar las consecuencias de este libre comercio a ultranza.
Usted, señor jefe de Gabinete, debe saber que
las consecuencias de este libre comercio a ultranza pegaron fuertemente,
incluso, en la sociedad norteamericana. Quienes están replanteando la necesidad
de cuestionar severamente el Tratado Transpacífico, al que se pretende entrar
alegremente, son la izquierda del Partido Demócrata de Bernie Sanders; la
AFL-CIO, que es la CGT norteamericana, y Donald Trump, de la ultraderecha
republicana. ¿Saben una cosa? Los últimos pasos fueron dados por la propia
Hillary Clinton, que junto con Obama, en los últimos cuatro años fueron
entusiastas impulsores del Tratado Transpacífico. Sin embargo, en estos
momentos, y dadas las consecuencias y los impactos que esto tuvo, incluso en la
sociedad norteamericana, se están cuestionando el ingreso a dicho tratado.
De
modo que no sé si es tan inteligente la política de inserción, sobre todo
porque algo similar está sucediendo en Europa, donde el Brexit es la respuesta
a la crisis generada por veinticinco años de globalización neoliberal.
Sr. Presidente (Monzó).-
Tiene la palabra el señor diputado por Salta.
Sr. Olmedo.-
Señor presidente: doy la bienvenida al señor jefe de Gabinete.
Represento a
un lugar en el que ‑para nosotros‑ empieza el país y no termina. La
problemática que existe en la zona de frontera es de público conocimiento.
En relación
con el tema del Ingenio Tabacal, pediría encarecidamente la intervención del
Estado nacional, ya que el Estado provincial no lo ha hecho. Hay 1.700
trabajadores que hace sesenta o setenta días están parados, se está perdiendo
la cosecha, la zafra, la riqueza de la Argentina. Lamentablemente, hoy hubo una
represalia en la ruta, pero la realidad es que con estas cosas perdemos todos:
los trabajadores y el país.
Desgraciadamente,
en el Norte la salida laboral termina siendo el narcotráfico, y de esto quiero
hablar, sobre todo, de lo que ocurre en las zonas de frontera. En este sentido,
uno de los ejes de mi campaña fue apoyar la ley de derribo. También vería con
agrado que mandaran a la frontera no solo las fuerzas armadas, sino también las
de inteligencia, porque el narcotráfico ya “se ha llevado puestos” a los
jueces, los policías y parte de las fuerzas armadas, del sector político y de
la sociedad.
Por otra
parte, hay un tema extremadamente serio: el consumo de drogas. En la provincia
de Salta el problema empieza entre los 6 y 10 años, y la droga se vende en las
escuelas, delante de las maestras. No hay un protocolo que indique qué tiene
que hacer una maestra cuando ve a un alumno que está vendiendo o consumiendo
droga. Desgraciadamente, se consume drogas a lo largo y a lo ancho del país, y
hay una sociedad que se va quebrando, lógicamente, fruto de las adicciones.
He propuesto
la creación de una cárcel para narcotraficantes en la Puna, para que estén
alejados totalmente de la sociedad, porque están matando a nuestros hijos. Me
gustaría saber cuál es la política de Estado en materia de atención a los
chicos con problemas de adicción, sobre todo, los que no tienen dinero para
recuperarse. No hay lugares donde poder hacerlo ni tampoco un plan de
prevención. Este tema es moneda corriente.
Agradezco la
presencia del doctor Cano. Debo decir que el Norte de nuestro país se
desarrolló gracias a los ferrocarriles, que abrieron las puertas de Salta,
Tucumán y Jujuy. Sin embargo, hoy esas puertas se están cerrando y los pueblos,
desapareciendo. Quisiera que me dijeran si dentro de tres, diez o veinte años
voy a ver pasar nuevamente la locomotora para ser testigo de un progreso como
el que existió en estas provincias en otra época. Venimos esperando esto desde
hace treinta años; se trata de una decisión política. El ferrocarril trajo el
progreso y la cultura del trabajo a nuestros pueblos, sobre todo, de mucha
gente del Sur.
Por otra
parte, me gustaría que se implementara un plan de ayuda muy fuerte hacia la
cultura del trabajo, para que vuelvan a inaugurarse las escuelas técnicas,
donde se enseñen oficios a los jóvenes. La mitad de los jóvenes no terminan la
escuela secundaria. ¿Qué plan hay para ellos? No irán a la universidad y,
lamentablemente, muchos terminarán en adicciones, como la drogadicción. A un
joven de 16, 17 o 18 años habría que enseñarle a trabajar, de forma tal que
pueda estar capacitado para enfrentar la vida cotidiana. No ir a la universidad
no tiene que significar un fracaso de por vida. Por el contrario, en este momento
el país presenta una demanda laboral en oficios, que no puede ser satisfecha.
Muchas veces las empresas pedimos mano de obra y no la encontramos porque,
lamentablemente, la gente perdió la cultura del trabajo.
A mi modo de
ver, un país se recupera no con el fomento de la vagancia sino con la cultura
del trabajo. En las economías regionales es muy bueno fomentar a los
productores, sean estos pequeños, medianos o grandes, para que esa gente no se
quede sin trabajo en las provincias y no tenga que venir al conurbano
bonaerense o a las villas de la ciudad de Buenos Aires.
En cuanto al
problema del narcotráfico, sugiero que los presidentes, tanto de la Argentina
como de los otros países que integran el Mercosur, y del resto de los países
que padecen este flagelo, se sienten a una mesa para decidir qué hacer con este
tema. Digo esto porque por más que usted ponga una muralla en la frontera, si
el otro país decide seguir enviando droga lamentablemente continuaremos
teniéndola y seguirá corrompiendo todas las entidades.
Sr. Presidente
(Monzó).- Tiene la palabra el señor
jefe de Gabinete de Ministros.
Sr. Jefe de Gabinete
de Ministros.- Voy a comenzar contestando las preguntas de la señora
diputada Ciciliani.
En cuanto a
la situación general de empleo, hemos dicho muchas veces que coincidimos con
Jorge Todesca. Creemos que esta no es una situación nueva y hemos promovido
muchas medidas al respecto.
Como dije
anteriormente, así como presentamos a los gobernadores el eje central del plan
productivo, sería interesante poder hacerlo también en las distintas
instancias. Esto se relaciona con ocho ejes de trabajo que buscan un acuerdo
estructural como país acerca de qué tienen que hacer al respecto el Estado, las
empresas y los sindicatos. Sabemos que, si no aspiramos a construir millones de
puestos de trabajo y solo tenemos una actitud defensiva de cómo mantener los
puestos existentes, estaremos engañándonos porque nuestra población continuará
creciendo y seguiremos teniendo cada vez más problemas.
Con respecto
a los REPRO, los montos varían entre 2.500, 3.000, 4.500 y hasta 6.000 pesos.
El criterio de su asignación surge del análisis de los estados contables y
financieros de la empresa.
Desde la
cartera laboral coinciden también en la apuesta por la mayor transparencia. Por
ejemplo, para poder acceder al beneficio las empresas deben demostrar que
tienen tres balances negativos consecutivos, justamente para que no se genere
una distorsión. También se requiere un análisis contable, cumplimiento de los
requisitos legales previstos por la normativa, que la empresa no produzca
despidos y que no se encuentre en el REPSAL. Además, se requiere dictamen del
cuerpo jurídico asesor de la jurisdicción y termina siendo aprobado por una
resolución ministerial.
El Ministerio
de Trabajo este año ha tenido una presencia muy activa; el ministro Triaca y
todo su equipo han hecho un gran trabajo creando ámbitos de contención y de
diálogo ante cada situación que pudiera generar una situación de despido y
trabajando para transitar esta situación de recesión de la mejor forma posible.
De todas formas, creemos que más allá de ir teniendo muchos mecanismos de
diálogo y presencia, cada puesto de trabajo que se destruye es muy difícil de
recomponer, sobre todo en las pymes, y ni qué hablar del desafío similar
planteado con respecto al crimen organizado y las otras ofertas laborales que
muchas veces tienen, sobre todo, los chicos en los barrios.
En lo que se
refiere al convenio YPF-Chevron, en su momento algo habíamos hablado. YPF
interpuso un recurso extraordinario federal contra la sentencia dictada por la
cámara nacional en lo contencioso administrativo, nuevamente alegando la
posibilidad de que el juez pudiera ver alguna de esas cláusulas que refieren a
cuestiones de inversión, pero que si se difundían públicamente se podía generar
un daño a la empresa. Esto seguirá la vía judicial.
Sobre la
consulta efectuada por la señora diputada Cousinet sobre el cambio climático,
comparto el desafío de tomar conciencia de este tema como sociedad. No está
presente en el debate público. De hecho, el otro día en la reunión del Gabinete
Nacional de Cambio Climático ampliado, participó la sociedad civil.
Nos dimos
cuenta de que en el debate energético está prácticamente ausente el tema de la
agenda verde, cuando justamente es una de las áreas prioritarias para trabajar
hacia adelante. No solo hablo de las energías renovables, porque estamos a
pasos de un avance muy significativo con la licitación y subasta que se está
produciendo, sino también de la eficiencia energética. Se ha promovido la idea
de que el consumo irrestricto y gratuito de energía –en algunos casos, muy
barato‑ termina atentando contra el clima y el planeta. Es así como luego
tenemos inundaciones o cambios bruscos de temperatura.
Estamos en el
año que en el planeta se han producido las más altas temperaturas de las que se
tenga registro. Por eso, debemos tomar
conciencia de que todo lo que he dicho debe formar parte de las políticas de
Estado.
El Gabinete
Nacional de Cambio Climático está compuesto por diez ministerios. Está
trabajando en la mejora y revisión de nuestras metas.
En París
–aunque fue en la mitad de la cumbre‑ asumimos el compromiso de mejorar
la oferta, pero consideramos que se puede mejorar aún más para reducir la cantidad
de carbono que provoca el calentamiento de la Tierra. El objetivo es presentar
todas estas propuestas en la próxima cumbre de noviembre. Esto ha sido
reconocido como un cambio de actitud de una Argentina que se asociaba muchas
veces a los que negaban el problema del cambio climático. Ahora, pasamos a ser
un país que quiere liderar esta cuestión.
El tema de
las áreas programáticas y el cronograma puede ser profundizado con el Gabinete
Nacional de Cambio Climático, porque el ministro Bergman siempre ha estado
dispuesto a trabajar. Por acá veo al señor diputado Villalonga, que tuvo una
intervención importante en la delegación argentina. Es uno de los responsables
en esta cuestión.
En cuanto a
las explotaciones mineras, es algo parecido a lo que conversábamos sobre la
industria celulósica. Por supuesto que creemos que deben existir todos los
procesos de cuidado ambiental y de apoyo social con el objetivo de trabajar con
la comunidad, para que nos demos cuenta de que estas cosas se pueden hacer
–como ha ocurrido con otros países‑ sin dañar el ambiente. Se puede
discutir de manera trasparente y, en este sentido, estamos avanzando con la
realización del inventario de glaciares, junto al IANIGLA. De esta forma, vamos
a obtener mejores resultados para seguir trabajando.
Lo mismo debo
decir en cuanto a vivienda y eficiencia energética. El propio presidente
instaló en la quinta de Olivos un calefón solar con el objeto de que la gente
tome conciencia de esta cuestión. Este es un trabajo que se está haciendo con
la Secretaría de Vivienda, que queremos trasladar a los municipios para que los
códigos de edificación tengan en cuenta la eficiencia energética. Mucho de lo
que nos pasa con el consumo de gas se podría mejorar con estándares de
eficiencia energética en la construcción que ayudarían mucho a reducir el
consumo. Lo mismo pasa con la electricidad.
También
estamos buscando que se avance en una ley de presupuestos mínimos para una
evaluación ambiental estratégica para áreas protegidas. Debemos dar mucha
prioridad a esta cuestión, como a la creación de parques nacionales. En Tierra
del Fuego dimos un paso muy importante, pero también tenemos proyectos en
muchas otras provincias. Creo que en este día se estaba votando en Corrientes
la posible creación del Parque Nacional Iberá; está pendiente de resolución
judicial la creación del Parque Nacional El Impenetrable, en Chaco, y también
está en carpeta un proyecto para crear en Tucumán un parque nacional en el
Aconquija.
Es decir que
es mucho lo que se puede hacer en materia de áreas protegidas, así como leyes
sobre envases, educación ambiental, biodiversidad, estrategia nacional de
cambio climático, manejo de bosques con ganadería integrada. En este sentido,
dentro del plan ganadero estamos trabajando para ver cómo integrar en las
provincias del Norte –estuvimos en el Chaco y en el Chaco Salteño‑ la
producción ganadera, que además genere empleo, y que es perfectamente
compatible con el espíritu de la ley de bosques.
También se
puede trabajar en una modificación del Código Penal mediante la incorporación
de tipos segmentados, una nueva ley de residuos peligrosos y otra de residuos
especiales de generación universal.
Estos son
temas sobre los que se puede seguir trabajando y en los que claramente se puede
avanzar mucho. Lo mismo ocurre con el control de agroquímicos y otras
cuestiones en las que está trabajando el ministerio competente para que se
puedan incorporar estos elementos de sustentabilidad a la producción
agropecuaria.
En cuanto a
las preguntas del señor diputado Carlotto, no voy a opinar sobre nuestras
diferencias de visión política, que han sido claras y cada uno ha expresado la
suya. Sí me parece importante poder objetivar la verdad sobre ciertos datos.
El dato que
ayer dio el INDEC no expresa que haya una equis cantidad de nuevos desocupados,
sino que se modificó la cantidad de gente que busca empleo. Nosotros creemos
que esa modificación responde a un sinceramiento de datos, que ya varias veces
habían sido objetados en los últimos años. Si uno mide la cantidad de empleos
registrados que da el INDEC de un año a otro, es exactamente el mismo número.
Entonces, ahora que tenemos un INDEC que no es cuestionado por nadie, podemos
dar la discusión en ese marco.
Con respecto
al acuerdo con productores de gas, todo lo relacionado con el gas y demás lo
plantearemos hacia delante, hacia la audiencia pública y en esta búsqueda de
diálogo con todos los sectores políticos, productivos y sociales que mencioné
antes.
Con respecto
a la emergencia social, si bien venimos hablando con varios sectores desde hace
un tiempo en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, hoy por hoy no
estamos viendo tan claro que esa sea la herramienta. Hemos implementado casi
diez medidas fuertes en materia de apoyo social a sectores más vulnerables, y
siempre estaremos abiertos a escuchar propuestas.
En materia de
juicios por crímenes de lesa humanidad, hemos ratificado desde el primer día la
política de memoria, verdad y justicia. En los juicios de lesa humanidad en los
que el Estado es querellante, lo seguimos siendo y ninguna posibilidad hay de
cambiar en ese sentido. Hoy estamos presentes con nuestros abogados en Santiago
del Estero y esta semana también vamos a estar en el juicio de La Perla.
En todo caso,
la postura con respecto a los convenios no creo que tenga que ver con un cambio
de políticas, sino con una decisión del gobierno respecto de cuál es la mejor
manera de implementar esa política. Podremos dar más detalles por escrito por
medio de la Secretaría de Derechos Humanos.
En cuanto al
tema de la prisión domiciliaria, respondiendo al planteo de varios señores
diputados, hemos dicho que consideramos, primero –y es bueno ser claros‑,
que ya había una enorme cantidad de presos con prisión domiciliaria, porque el
gobierno anterior solamente apeló el 5 por ciento de los casos, en situaciones
muy puntuales. Lo que hoy estamos diciendo es que haya una continuidad de lo
que se había hecho hasta ahora. Este es un tema judicial y en todo caso, si se
quiere dar la discusión acerca de si hay que modificar la ley o implementar una
política distinta, ello tiene que ser en el marco legislativo. Pero en este
tema, más allá de las consignas políticas, no hay un cambio de postura, salvo
haber planteado que creemos que es bueno debatir si las leyes están para ser
cumplidas o no. En todo caso, si ha habido una vocación de plantear una
excepcionalidad de leyes, esto se puede discutir en el marco adecuado.
Con respecto
a las preguntas del señor diputado Lusquiños, por supuesto que nosotros siempre
plantearemos el cumplimiento de los fallos judiciales. Lo que hay que hacer,
tal como usted planteó, es ponerse de acuerdo en la cifra, y también plantearse
cuáles son las modalidades posibles para esa resolución.
Obviamente,
conocemos la delicada situación fiscal de nuestro país y no debe haber
pretensión de nadie de que eso sea resuelto de un día para el otro. Tal como
hemos hecho con aquello que no tenía fallo judicial, reconociendo el dato
nuestra vocación es ir cumpliendo con estas deudas históricas. Hay que
encontrar las formas, los plazos y la manera de poder hacerlo. Respecto del
convenio con Chevron, ya hice las aclaraciones del caso.
Señor
diputado Pablo López: más allá de consideraciones políticas, nosotros no hemos
planteado un aumento de la edad jubilatoria. La ministra Malcorra ha sostenido
claramente que lo que se ha planteado no es ningún encubrimiento; ha mandado
información por escrito y no tenemos problema en seguir presentándola, más allá
de que por supuesto tendremos diferentes visiones sobre la situación del país y
lo que va ocurriendo, y es parte de la realidad en la que estamos.
Respecto del
tema del Ingenio Tabacal, que se planteó dos veces con perspectivas distintas,
sabemos que ese conflicto existe y es muy importante que la provincia se haga
cargo de esa situación. Nosotros estaremos atentos a mirarlo, tanto a través
del titular del Plan Belgrano como del Ministerio de la Producción, y se verá
si podemos ser parte de una solución o no.
Está claro
que al final del día hoy estamos en una situación que perjudica a los
trabajadores, la producción y a todos.
Señores
diputados Franco y Closs: hemos discutido muchas veces con el propio gobernador
Passalacqua, con todo el equipo de Misiones y con el Ministerio de Energía y
Minería para ver si se puede encontrar una solución. Se sigue buscando la
manera, somos conscientes de la situación.
También hemos
hablado con el propio gobierno de Paraguay porque esta misma situación se
produjo durante un tiempo a la inversa, y esta posibilidad de integración en la
zona de fronteras es un tema que tenemos que mirar más allá de la coyuntura que
debemos atender; o sea cómo lograr una integración productiva y comercial
dentro de las reglas de juego del Mercosur.
Hay mucho
trabajo para hacer en ese sentido y vamos a seguir poniendo en esto nuestro
foco de atención. En los próximos días probablemente estaremos yendo a Misiones
y esperamos profundizar la cuestión un poco más con el gobernador y su equipo,
para ver si se pueden encontrar mecanismos puntuales a fin de resolver la
asimetría del precio de la nafta, centralmente, porque sabemos que esa es la
preocupación más grande.
Después, voy
a volver sobre el tema de la competitividad y el tipo de cambio. Respecto del
Plan Belgrano, por supuesto que hay obras del gobierno anterior, y muchas obras
que están previstas fueron diseñadas hace diez, veinte, treinta o cuarenta
años. Justamente, lo que planteamos es que en la Argentina a veces no falta
planificación sino ejecución.
También
reconocemos, y lo hemos dicho sin problemas en muchas provincias del Norte, que
en algunas se ha avanzado más que en otras. No estamos arrancando de cero. Lo
que en todo caso tenemos que plantear es cómo generar una resolución lo más
rápidamente posible respecto de lo que se estaba ejecutando -pero lleva mucho
tiempo hacerlo-, y una planificación compartida de lo que hay que hacer hacia
adelante. Centralmente, allí hay un montón de oportunidades, como en el caso de
la madera, del turismo, del aprovechamiento de los recursos hídricos, la pesca,
la yerba y todo lo que tiene que ver con la producción específica de la
provincia.
Mucho de lo
que ustedes plantean como problemas se enmarca en el contexto de una recesión.
Vuelvo al punto: estamos en el contexto de una recesión y no es la primera vez
que la sufrimos en los últimos años; esperamos que sea más corta y menos profunda que las
anteriores, y que en materia de crecimiento podamos ir dando las mejores
soluciones posibles a estas necesidades, principalmente en la industria
maderera. La ley de pymes es una
herramienta a la que le tenemos mucha fe y le estamos dando prioridad para su
reglamentación. Ya hay 45.000 pymes que se acogieron al régimen de pago de IVA
a noventa días, y también estamos pensando en otras medidas junto al Banco
Nación para que, tomando herramientas de financiamiento, podamos bajar el costo
de capital para ir aliviando algunas variables de esta transición económica.
La discusión
del tipo de cambio constituye un desafío. Estamos tratando de encontrar un tipo
de cambio que nos asegure competitividad. Si hacemos una comparación con otro
momento de crecimiento, notaremos que estamos muy atrasados, pero también hemos
ido a un tipo de cambio flotante que permite tener un sistema más ordenado y
sustentable a futuro. Ahora, con la baja de la inflación, podremos ir
incorporando más herramientas y posibilidades para trabajar con el tipo de
cambio.
Diputado
Casañas: quiero ser muy específico en las respuestas a sus preguntas. Este
viernes se reunirá el Comité Regional Sanitario del NOA –está invitado a
concurrir- para definir las estrategias de las barreras sanitarias.
Asimismo, se
ha declarado la emergencia en Misiones y en el norte de Corrientes, que entrará
en cuarentena, y se está trabajando para poder planificar el año próximo.
Sabemos que esta fue una situación de emergencia y hay que seguir trabajando en
esa dirección.
Respecto al
tema de las adicciones, la semana próxima estamos prontos a lanzar un acuerdo
federal en relación con el narcotráfico y las adicciones. Estamos trabajando
tanto en la reducción de la oferta y la demanda como en el combate al
narcotráfico. También apuntamos a mejorar la política de asistencia y
prevención de las adicciones. En este sentido, tomo lo que se ha dicho con
respecto a Tucumán para poder analizarlo con más detalle.
Lo que sí
está claro es que tenemos que llevar a cabo un abordaje integral que nos
permita de alguna manera –como ha sobrevolado en relación con todo este tema-
establecer que hay una política de Estado que aumenta el costo de la droga en
Argentina. Esto ya se nota en los últimos meses, donde ha habido un claro
cambio de tendencia y una reducción de la oferta.
Teniendo en
cuenta lo que ha planteado el diputado Olmedo, creemos que esto ayudará a que
se vaya clarificando la cuestión del paco, que particularmente fue abordada
durante nuestra campaña. Su consumo ha disminuido durante este año en términos
de presencia, pero todavía hay mucho que hacer para erradicarlo.
En cuanto al tema de lechería, se está
trabajando muy fuerte. Se han tomado medidas tendientes a la ampliación de los
cupos de exportación. La ley pymes también afecta este segmento. La escala de
facturación micro abarca al 42 por ciento de los tambos del país, y la pequeña,
el 55 por ciento. También se han tomado medidas relativas al impuesto a débitos
y créditos bancarios computado a cuenta del impuesto a las ganancias,
eliminación de la ganancia mínima presunta a partir del 1° de enero de 2018,
inversiones del crédito fiscal por IVA para micro y pequeñas empresas y un
estudio de competencia integral de la cadena láctea para identificar posibles
abusos de poder o cartelización. Este tema nos preocupa, al igual que a los
productores.
Se ha creado
el Observatorio Lácteo y se ha planteado la recuperación de la estadística de
publicación de la página del ministerio, los costos de producción del INTA, la
generación de mesas de seguimiento, el monitoreo de la producción y el
relevamiento a operadores lácteos.
Yendo a lo
más coyuntural, quiero referirme a pagos de compensaciones adeudadas entre
junio y julio, por 91 millones de pesos, al pago de compensaciones a los
productores por 40 centavos para los primeros 3.000 litros en los meses de
octubre, noviembre y diciembre, al pago de compensaciones para los productores
por 50 centavos para los primeros 3.000 litros en los meses de febrero y marzo,
y siguen las medidas. Si lo desean, se las puedo pasar por escrito.
Creemos que
estas iniciativas ayudan acomodar esta situación de emergencia y a planificar
el panorama a largo plazo.
No queremos
que se provoque un daño estructural a ninguna de nuestras cadenas productivas
más simbólicas y potentes, ni tampoco a la ganadería, que da identidad a
nuestro campo.
Respecto al
desempleo, ya hemos hablado bastante de las medidas, y en lo que hace a la baja
de las retenciones, por ahora no hay una decisión para tomar o comunicar. A
medida que avance el año, si hay alguna novedad la informaremos, pero ahora
nada tenemos para decir al respecto.
En cuanto a
las inquietudes planteadas por la señora diputada Bregman, le informo que
tomaré en forma personal el tema de los archivos sobre Julio López para
analizarlos junto con el ministro de Justicia y el titular de la AFI. Tal como
lo hemos hecho con las cuestiones vinculadas al atentado a la AMIA y a la
muerte del fiscal Nisman, nos vamos a manejar con total transparencia. Por lo
tanto, reitero que tomo nota del planteo e intentaremos enviarle una respuesta
a la brevedad sobre toda aquella información que esté en poder del Estado en
relación con el tema. Sin duda, esta es una herida que aún permanece abierta en
nuestra democracia, porque ha pasado mucho tiempo y todavía no sabemos qué
ocurrió.
En cuanto a
la pregunta sobre las jubilaciones de privilegio, como todos saben es un tema
legal y este es el ámbito más adecuado para discutirlo.
En lo
atinente a la divulgación de las listas, más allá de la respuesta que hemos
dado vamos a averiguar qué normativas existen al respecto.
En lo que se
refiere a las tarifas y las audiencias públicas, sabemos que no hay una
respuesta única. Las provincias son muy grandes y el hecho de que haya
audiencias en unas y no en otras no garantiza un mayor o menor acceso a la
información. Lo importante es que las audiencias se realicen con transparencia
y que luego haya una amplia difusión de lo que ahí se haya tratado, pero
obviamente que si alguien nos plantea otras alternativas para garantizar un
mayor grado de representación, lo vamos a analizar.
Por otro
lado, tengo que desmentir categóricamente la inquietud planteada por la señora
diputada Argumedo, porque no existe ningún plan de instalación de una base
militar de Estados Unidos; esto no es algo que se haya conversado. Sí hemos
avanzado con el gobierno chino en una declaración de certeza sobre la utilización
científica de las instalaciones que se están construyendo en Neuquén.
Tampoco
cuento con reportes sobre posibles actividades de fuerzas armadas o de gente
que hable inglés transitando por las villas.
Por otra
parte, la Argentina no ha hecho ningún planteo sobre un posible ingreso a la
Alianza del Pacífico. Simplemente nos hemos referido a la necesidad de que el
Mercosur pueda converger con esa Alianza en el abordaje de políticas de
integración de nuestro continente con el resto del mundo. Sin duda, esto es
todo un desafío.
Además, no es
bueno para la región que haya países vecinos que cuenten con acuerdos para
acceder a muchísimos mercados, y otros tengamos muy pocos. Esto produce
asimetrías que pueden generar complicaciones a la competitividad.
Como compartimos
mucho de lo que aquí se dijo sobre la competitividad de nuestras pymes, siempre
hablamos del plan productivo como una forma de hacer un abordaje integral y de
largo plazo que nos permita definir hacia dónde queremos ir con nuestro tejido
productivo.
Por último,
tomo nota de los planteos que hizo el señor diputado Olmedo. El tema del
narcotráfico ya lo hemos tocado: la ministra estuvo en la zona fronteriza, se
está trabajando en la radarización y en la implementación de mayores controles
para superar la situación de permeabilidad que hoy tenemos. También queremos
avanzar en un acuerdo federal en materia de narcotráfico.
Además, el
Plan Belgrano es un objetivo estratégico para nuestro gobierno, para que las
cargas del Norte no tengan que hacer frente al pago de una tarifa diferencial.
Desde ya que
les agradezco mucho la atención, el respeto y el tiempo que me han dispensado.
Ojalá podamos seguir aprovechando este espacio, y si hubo algo que aún no hemos
contestado, les pido que me lo hagan saber.
Sr. Presidente (Monzó).- Agradeciendo la presencia del señor
jefe de Gabinete de Ministros y de sus colaboradores, doy por concluido el
informe previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional.
Queda
levantada la sesión informativa.
- Es la hora 21.