44ª REUNIÓN - 4ª Sesión Extraordinaria

FEBRERO 24 DE 2000


Presidencia de los señores diputados Rafael Manuel Pascual, Juan Pablo Cafiero y Eduardo Oscar Camaño.

Secretarios: doctor Guillermo Raúl Aramburu, ingeniero Luis Flores Allende y don Eduardo Daniel Rollano.

Prosecretarios: licenciado Roberto César Marafioti y doctores Jorge Hernán Zavaley y Juan Estrada


Lista de oradores

Alchouron

Alessandro

Allende

Atanasof

Balter

Baylac

Brandoni

Britos

Bussi

Caballero Martín

Camaño

Castellani

Castro

Díaz Bancalari

Dragan

Dumón

Falbo

Galland

Giustiniani

Gutiérrez

Jobe

Lafalla

Lamberto

Martínez (E.M.)

Martínez (G.A.)

Moreno Ramírez

Mosso

Nofal

Passo

Pepe

Pernasetti

Pichetto

Polino

Raimundi

Rodríguez

Roggero

Romero

Salvatori

Sebastiani

Snopek

Stolbizer

Stubrin

Ubaldini

Varese

Volando

Zacarías

Zuniga

 

SUMARIO

  1. Indicación del señor diputado Jobe de que la Honorable Cámara guarde un minuto de silencio en homenaje a los señores diputados fallecidos Guillermo Emilio Estévez Boero y Adrián Agapito Fernández.
  2. Consideración de las renuncias a sus bancas presentadas por los señores diputados por el distrito electoral de Buenos Aires, Juan Manuel Casella, Juan José Mussi y César Martucci. Se aceptan.
  3. Juramento e incorporación de los señores diputados electos por los distritos electorales de Neuquén, doña Haydé Teresa Savrón, de Santa Fe, don Carlos Raúl Iparraguirre, y de Buenos Aires, doña Bárbara Inés Espínola y don Alberto Nicolás Briozzo.
  4. Diario de sesiones.
  5. Moción de orden formulada por el señor diputado Pernasetti de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de considerar el asunto al que se refiere el número 6 de este sumario. Se aprueba.
  6. Autorización a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento para emitir dictamen sobre los proyectos de resolución del señor diputado Pernasetti y otros por los cuales se modifican los artículos 106 y 61 del Reglamento de la Honorable Cámara (6.894-D.-99 y 6.954-D.-99).
  7. Asuntos entrados. Resolución respecto de los asuntos que requieren pronunciamiento inmediato del cuerpo.
  8. Licencias para faltar a las sesiones de la Honorable Cámara.
  9. Plan de labor de la Honorable Cámara.
  10. Consideración de los dictámenes de la Comisión de Legislación del Trabajo en los proyectos de ley del Poder Ejecutivo (118-P.E.-99) y del señor diputado Lafalla y otros (6.757-D.-99) por los que se modifican las leyes 25.013, modificatoria de la ley de contrato de trabajo; 14.250, de convenios colectivos de trabajo, y 23.546, de negociaciones colectivas. Se sanciona con modificaciones.

 

- En Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de febrero de 2000, a la hora 11 y 52:

INDICACION

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Queda abierta la sesión con la presencia de 212 señores diputados.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. JOBE.- Señor presidente: en representación de mi bloque solicito que se guarde un minuto de silencio en homenaje a los diputados recientemente fallecidos Guillermo Emilio Estévez Boero y Adrián Agapito Fernández. Al mismo, tiempo, solicito que en la primera sesión ordinaria que celebre esta Cámara se rindan los homenajes correspondientes.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. GIUSTINIANI.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Alianza apoyo la indicación formulada por el señor diputado preopinante a los efectos de que se rindan los homenajes solicitados en la primera sesión ordinaria.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. PICHETTO.- Señor presidente: el bloque Justicialista adhiere a la solicitud de que se guarde un minuto de silencio en recordación de los dos diputados que han fallecido, adelantando que el próximo 9 de marzo realizaremos un reconocimiento y rendiremos homenaje a su memoria.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Invito a la Honorable Cámara a guardar un minuto de silencio en memoria de los señores diputados fallecidos Guillermo Emilio Estévez Boero y Adrián Agapito Fernández.

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RENUNCIAS

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Corresponde considerar la renuncia a su banca presentada por el señor diputado por el distrito electoral de Buenos Aires, don Juan Manuel Casella, de cuyo texto se dará lectura por Secretaría.

Sr. SECRETARIO (Aramburu).- Dice así:

- Se lee la renuncia del señor diputado Juan Manuel Casella

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- En consideración.

Se va a votar.

- Resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Queda aceptada la renuncia.

Corresponde considerar la renuncia a su banca presentada por el señor diputado por el distrito electoral de Buenos Aires, don Juan José Mussi, de cuyo texto se dará lectura por Secretaría.

Sr. SECRETARIO (Aramburu).- Dice así:

- Se lee la renuncia del señor diputado Juan José Mussi

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- En consideración.

Se va a votar.

- Resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Corresponde considerar la renuncia a su banca presentada por el señor diputado por el distrito electoral de Buenos Aires, don César Martucci, de cuyo texto se dará lectura por Secretaría.

Sr. SECRETARIO (Aramburu).- Dice así:

- Se lee la renuncia del señor diputado César Martucci.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- En consideración.

Se va a votar.

- Resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Queda aceptada la renuncia.

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JURAMENTO

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Por Secretaría se va a dar lectura del informe del Juzgado Federal con competencia electoral en la provincia del Neuquén, en el cual se determina el diputado electo que sigue en el orden de lista para ocupar la vacante producida a raíz del fallecimiento del señor diputado Adrián Agapito Fernández.

Sr. SECRETARIO (Aramburu).- Dice así:

- Se lee el informe del Juzgado Federal con competencia electoral en la provincia del Neuquén.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Por Secretaría se va a dar lectura del informe del Juzgado Federal con competencia electoral en la provincia de Santa Fe, en donde se determina el diputado electo que sigue en orden de lista para ocupar la vacante producida a raíz del fallecimiento del señor diputado Guillermo Emilio Estévez Boero.

Sr. SECRETARIO (Aramburu).- Dice así:

- Se lee el informe del Juzgado con competencia electoral en la provincia de Santa Fe.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Por Secretaría se va a dar lectura del informe del Juzgado Federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, en donde se determina el diputado electo que sigue en orden de lista para ocupar la vacante producida a raíz de la renuncia del señor diputado Juan Manuel Casella.

Sr. SECRETARIO (Aramburu).- Dice así:

- Se lee el informe del Juzgado Federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Por Secretaría se va a dar lectura del informe del Juzgado Federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, en donde se determina el diputado electo que sigue en orden de lista para ocupar la vacante producida a raíz de la renuncia del señor diputado César Martucci.

Sr. SECRETARIO (Aramburu).- Dice así:

- Se lee el informe del Juzgado Federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- La Presidencia informa que se encuentra en antesalas la señora diputada electa por el distrito electoral de Neuquén, doña Haydé Teresa Savrón.

Si hubiere asentimiento de la Honorable Cámara, se la invitará a aproximarse al estrado para prestar juramento.

- Asentimiento.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Invito a la señora diputada electa por el distrito electoral de Neuquén, doña Haydé Teresa Savrón, a prestar juramento.

- Puestos de pie los señores diputados y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento, la señora diputada doña Haydé Teresa Savrón jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, y se incorpora a la Honorable Cámara. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- La Presidencia informa que se encuentra en antesalas el señor diputado electo por el distrito electoral de Santa Fe, don Carlos Raúl Iparraguirre.

Si hubiere asentimiento de la Honorable Cámara, se lo invitará a aproximarse al estrado para prestar juramento.

- Asentimiento.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Invito al señor diputado electo por el distrito electoral de Buenos Aires, don Carlos Raúl Iparraguirre, a prestar juramento.

- Puestos de pie los señores diputados y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento, el señor diputado don Carlos Raúl Iparraguirre jura por Dios y la Patria, y se incorpora a la Honorable Cámara. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- La Presidencia informa que se encuentra en antesalas la señora diputada electa por el distrito electoral de Buenos Aires, doña Bárbara Inés Espínola.

Si hubiere asentimiento de la Honorable Cámara, se la invitará a aproximarse al estrado para prestar juramento.

- Asentimiento.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Invito a la señora diputada electa por el distrito electoral de Buenos Aires, doña Bárbara Inés Espínola, a prestar juramento.

- Puestos de pie los señores diputados y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento, la señora diputada doña Bárbara Inés Espínola jura desempeñar fielmente el cargo de diputada, y se incorpora a la Honorable Cámara. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- La Presidencia informa que se encuentra en antesalas el señor diputado electo por el distrito electoral de Buenos Aires, don Alberto Nicolás Briozzo.

Si hubiere asentimiento de la Honorable Cámara, se lo invitará a aproximarse al estrado para prestar juramento.

- Asentimiento.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Invito al señor diputado electo por el distrito electoral de Buenos Aires, don Alberto Nicolás Briozzo, a prestar juramento.

- Puestos de pie los señores diputados y el público asistente a las galerías, y requerido por el señor presidente el juramento, el señor diputado don Alberto Nicolás Briozzo jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios, y se incorpora a la Honorable Cámara. (Aplausos.)

 

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DIARIO DE SESIONES

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 164 del reglamento, corresponde considerar, a fin de que los señores diputados indiquen los errores que pudieran contener, los Diarios de Sesiones correspondientes a las reuniones celebradas el 5 de noviembre de 1997, 32ª reunión, 11ª sesión ordinaria, 2° y 3° parte; el 20 de mayo de 1998, 14° reunión, 8ª sesión ordinaria, 1ª y 2ª parte; el 27 de mayo de 1998, 15ª reunión, continuación de la 8ª sesión ordinaria; el 10 de junio de 1998, 17ª reunión, continuación de la 8ª sesión ordinaria; 17 de junio de 1998, 18ª reunión, continuación de la 8ª sesión ordinaria; 24 de junio de 1998, 19ª reunión, continuación de la 8ª sesión ordinaria; 24 de junio de 1998, 20ª reunión, 9ª sesión ordinaria (informativa); 10 de diciembre de 1999, 39ª reunión, 1ª sesión ordinaria de prórroga especial.

- No se formulan observaciones.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- No habiéndose formulado observaciones, se tendrán por aprobados los Diarios de Sesiones en consideración, se autenticarán y archivarán.

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MOCION DE ORDEN

Sr. PERNASETTI.- Pido la palabra para formular una moción de orden.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. PERNASETTI.- Señor presidente: solicito que la Honorable Cámara se aparte del reglamento a fin de poder formular moción de que se autorice a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento a dictaminar sobre dos proyectos presentados por autoridades de distintos bloques -contenidos en los expedientes 6.894-D.-99- y 6.954-D.-99-, sobre reforma de los artículos 106 y 61 respectivamente, del reglamento de este cuerpo en lo que se refiere a la integración de las comisiones. Es necesario que la comisión dictamine en tiempo oportuno para que esos proyectos puedan ser tratados en el recinto en oportunidad de la próxima sesión ordinaria.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Se va a votar la moción de orden formulada por el señor diputado por Catamarca. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

- Resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Queda aprobada la moción.

 

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AUTORIZACION

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- En virtud del pronunciamiento recién emitido por la Honorable Cámara corresponde considerar la solicitud formulada por el señor diputado por Catamarca de que se faculte a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento a producir dictamen sobre los proyectos mencionados.

En consideración.

Se va a votar.

- Resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Queda concedida la autorización solicitada.

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ASUNTOS ENTRADOS

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Corresponde dar cuenta de los asuntos incluidos en los Boletines de Asuntos Entrados números 44 a 47, que obran en poder de los señores diputados.

Conforme con lo resuelto oportunamente por la Honorable Cámara, se prescindirá de la enunciación de tales asuntos por Secretaría, sin perjuicio de su inclusión en el Diario de Sesiones y se dará por aprobado el giro a las respectivas comisiones.

Sr. SECRETARIO (Aramburu).- El señor diputado Soria eleva su renuncia como vocal de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

La señora diputada Latorre solicita autorización de la Honorable cámara para ejercer el cargo de secretaria de Estado de Promoción Comunitaria de la Provincia de Santa Fe.

El señor diputado Flores eleva su renuncia como integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Se va a votar si se conceden las peticiones de las cuales acaba de darse cuenta por Secretaría.

- Resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Quedan concedidas las solicitudes formuladas.

 

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LICENCIAS

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Corresponde resolver respecto de los pedidos de licencia presentados por los señores diputados, cuya nómina se registra en los boletines de Asuntos Entrados antes mencionados.

Se va a votar si se acuerdan las licencias solicitadas.

- Resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Se va a votar si se conceden con goce de dieta, con excepción de la solicitada por la señora diputada Latorre.

- Resulta afirmativa.

 

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PLAN DE LABOR

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Corresponde considerar el plan de labor de la Honorable Cámara.

Por Secretaría se dará lectura del plan de labor propuesto por la Comisión de Labor Parlamentaria.

Sr. SECRETARIO (Aramburu).- El plan de labor acordado por la Comisión de Labor Parlamentaria es el siguiente:

Consideración de los dictámenes de la Comisión de Legislación del Trabajo en los proyectos de ley del Poder Ejecutivo y del señor diputado Lafalla y otros por los que se modifican las leyes 25.013 -modificatoria de la ley de contrato de trabajo-, 14.250 -de convenciones colectivas de trabajo- y 23.546 -de negociaciones colectivas- (Orden del Día N° 4; expedientes 118-P.E.-99 y 6.757-D.-99).

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- En consideración el plan de labor propuesto por la Comisión de Labor Parlamentaria.

Se va a votar.

- Resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Queda aprobado el plan de labor.

Se va a pasar al orden del día.

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MODIFICACION DE LEYES LABORALES

(Orden del Día N° 4)

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. PASSO.- Señor presidente: luego de un extenso y dinámico debate realizado en el seno de la Comisión de Legislación del Trabajo estamos considerando el proyecto de ley de reforma laboral.

Todo recambio institucional supone la necesidad de tareas de reparación y, en este tiempo, los argentinos necesitamos que el Estado, a través de su gobierno, asuma su rol y cubra los nichos producidos por enormes ausencias.

El debate concreto y la redacción del proyecto de ley de reforma laboral llevaron un largo tiempo. Previo al debate en sí se produjeron discusiones que tenían que ver con lo que se supone debe ser la agenda política de la Argentina. Entonces escuchamos voces legítimas diciendo que en la Argentina hay que poner en marcha la economía, que es imprescindible la reactivación del aparato productivo, que hay que bajar el costo financiero, que hay que promocionar a las pequeñas y medianas empresas y que hay que controlar la evasión.

- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, doctor Juan Pablo Cafiero.

Sr. PASSO.- Antes de ingresar a analizar el proyecto de ley de reforma laboral quiero hacer referencia a dos aspectos. En primer lugar, que la agenda política de los argentinos la fija el Poder Ejecutivo de la Nación.

En segundo lugar, este gobierno, que tiene días en el poder, no se ha propuesto como única tarea elaborar el proyecto de ley de reforma laboral, es decir, no es el único tema que se está tratando, más allá de que sea el que mayor repercusión pública concentra. El gobierno de la Nación ha dado señales claras en muy poco tiempo de que está recuperando la posibilidad de lograr un presupuesto serio y un déficit fiscal que esté a la altura de lo que dictan las normas que el Parlamento ha concedido.

Estamos trabajando para equilibrar las cuentas fiscales y eso supone no sólo un ordenamiento público en las finanzas sino también un presupuesto tendiente a bajar el costo financiero de la Argentina.

En este tiempo el gobierno ha recorrido un importante camino y ha desplegado una batería de medidas, que pronto se van a materializar, a favor de las pequeñasy medianas empresas. Este es un tema que obsesiona al presidente de la República: impulsar los mecanismos de generación de empleo en las pequeñas y medianas empresas, en la confianza de que son las más rápidas tomadoras de empleo.

Este gobierno ha demostrado en el poco tiempo que lleva que se está preparando para luchar contra la evasión, que está apelando a todos los mecanismos para que aquéllos que hacen trampas groseras al Estado dejen de hacerlas, a efectos de ganar en recaudación para invertir en políticas activas.

Este gobierno está dando muestras de luchar contra el contrabando, y una señal que me parece fuertemente valedera de que cree que, al igual que al final de la década del 80, el impuesto inflacionario lo pagaban los que menos tenían, la hipercorrupción de la última década la pagaron los trabajadores, porque no se pudo invertir en políticas activas.

Hoy los argentinos saben que hay un presidente que ha puesto los ojos en cada centavo que gastan los argentinos, para predicar con su ejemplo y tratar de que esto signifique más dinero para gastar de la mejor manera posible.

¿Cómo llegamos a este debate laboral necesario? Estamos en un tiempo absolutamente difícil; el desempleo es el mayor enemigo que tienen la Argentina y los argentinos. Para este debate el gobierno ha estado informando desde diversos ámbitos, que en la Argentina, de cada cien personas que están en el mercado laboral, tres están totalmente desocupadas, once subsisten sólo con la ayuda de familiares y amigos, doce trabajan en forma intermitente sin protección; veinte tienen un empleo regular informal ilegal, sin protección ni seguridad social; doce son trabajadores autónomos sin seguridad social; cuarenta tienen un empleo estable en blanco, y de éstos uno de cada tres trabaja jornadas superiores a la legal sin recibir compensación alguna en cerca de la mitad de los casos.

El 75 por ciento de la población se siente económicamente insegura. En los últimos cinco años el número de desocupados no ha bajado de un millón y medio, y hoy se acerca a los dos millones. Durante 1991 la proporción de hogares con jefes desocupados se triplicó, y la inseguridad económica avanza a pasos agigantados.

Cierto es entonces que éste es el tiempo del debate porque así lo indica la realidad de nuestro país, y por esa razón venimos a poner a consideración de este cuerpo un proyecto de ley que se afirma en tres ejes esenciales: estimular el empleo estable, promover la negociación colectiva y fomentar la formalización del empleo.

El empleo estable es una condición que tiene que ver con los derechos elementales del hombre. Llevamos un tiempo largo buscando recursos alternativos que sólo profundizaron la degradación de los argentinos, que los empujaron al vacío del desempleo, del empleo "basura", sin obra social ni aportes previsionales.

Esta iniciativa tiene como objetivo fundamental promover el contrato de trabajo por tiempo indeterminado; ese es nuestro rumbo. Por ese motivo comenzamos a fijar las bases a través de un período de prueba absolutamente diferente a los utilizados en la Argentina. Mucho se ha hablado de ese período de prueba, llevándose a cabo una discusión mediática sobre el particular. En realidad, el tiempo del período de prueba que establece este dictamen es igual o menor que el determinado en los convenios colectivos vigentes hoy en la Argentina.

Lo que es necesario señalar respecto del período de prueba es que, a partir de esta ley, los trabajadores, en esa etapa, van a costar lo mismo que en el sistema regular, van a tener aportes totales a los sistemas previsional y de seguridad social y, finalmente, se terminará con la trampa que todos conocemos en más de un lugar del país, cuando las empresas utilizan este período desnaturalizando su esencia.

El período de prueba es el pasaje al empleo estable para efectuar una rotación del empleo barato. Esta iniciativa viene a reparar este daño. El trabajador en el período de prueba ha dejado de ser negocio; cuesta lo mismo que en el sistema regular.

Por otra parte, se avanza consagrando la legislación, procurando que el solo intento de efectuar una rotación durante el período de prueba esté sujeto a sanciones, como bien lo determina el artículo 1° de este proyecto de ley. Ya no se puede rotar más a un mismo empleado para un mismo trabajo. En igual sentido, un empleador no podrá hacer rotación permanente en un empleo de naturaleza estable.

De manera tal que hemos dado un giro importante en cuanto al período de prueba en la Argentina. A partir de esta iniciativa dicho período deja de ser una condición indigna de trabajo para los argentinos y se transforma en un elemento sustancial y en la puerta de acceso a un empleo estable.

En lo relativo al tiempo del período de prueba, la Comisión de Legislación del Trabajo, receptando las expresiones de diversos sectores políticos, lo ha modificado. Ahora será de tres meses, sujetos a una prórroga por igual tiempo establecido por convenio. Además hay una cláusula diferenciadora en virtud de la cual este período, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, será de seis meses. Así se hará en ese ámbito, en el que se requiere una mayor reflexión respecto de la decisión de tomar o no un empleado para saber si eso estimula el crecimiento de la productividad y del trabajo.

Asimismo, esta iniciativa contempla el desafío de que las pequeñas y medianas empresas puedan, a partir de un convenio, establecer un período de un año para los obreros calificados. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a una pyme industrial integrada por quince obreros y que necesita contar con un ingeniero industrial, pero que no sabe si sus balances le permitirán hacerlo al cabo de un año. Por eso tendrá un año para probar y asumir el desafío, procurando que el crecimiento de la economía permita que ese empleado calificado se quede con un empleo estable.

En el tema del período de prueba también hemos contemplado la posición planteada por el señor diputado Zuñiga, del bloque Justicialista, en el sentido de excluir de dicho período a los trabajadores temporarios. Al respecto, en la comisión expresamos al señor diputado que íbamos a valorar su aporte. Y de hecho hemos considerado que tiene razón en cuanto a su planteo, por lo que quedará así consagrado en el dictamen definitivo.

Pero el período de prueba está enlazado con una decisión que me parece importante para la Argentina.

En el pasado se cometieron errores; se pensó que la rebaja de los aportes patronales en sí misma generaba empleo. Entonces, soltamos miles de millones de pesos en función de creer que haciendo esta promoción desde el Estado pegábamos un golpe a favor del sistema laboral. Esto se hizo sobre la base de la buena fe. Hubo coincidencias desde diversos ámbitos económicos, pero la medida fracasó. Tal vez significó la recomposición de los balances de las empresas, pero no logró el objetivo deseado.

Entonces, el gobierno busca una promoción diferente; va a haber rebaja de aportes patronales sólo si se crea un nuevo empleo. Se va a proceder a la rebaja sustancial de seis puntos en los aportes patronales empresarios, llevándolos de 18 a 12, y de un tercio en aquellas provincias donde la rebaja que opera hoy en día está por debajo de esta línea.

Al final de este artículo, a instancias de la señora diputada María América González, hemos dejado claramente establecido que esto no afecta el sistema de la seguridad social y que el Estado asume la responsabilidad del vacío económico que se genere.

Además, en función del empleo estable y del blanqueo de los trabajadores, esta comisión ha encontrado un nuevo instituto a ser consagrado en la ley: la simplificación registral, que otorga al Poder Ejecutivo un plazo de ciento ochenta días para que en el ámbito del Ministerio de Trabajo se ponga en marcha esta simplificación, que va a significar nada más ni nada menos que un ahorro de 700 millones de pesos para los empresarios argentinos, quienes tienen que recorrer muchas oficinas, completar seiscientos datos y llenar veintiún formularios si quieren crear un empleo estable. Esto es de la época de las carretas, y hoy la dinámica de los tiempos impone una simplificación registral que debe estar consagrada en un solo trámite, concentrando todas las posibilidades necesarias para el Estado.

De esta manera se va a favorecer al empresario para que se anime a blanquear a sus obreros, tratando de que el registro no signifique un costo sino que sea un acto simple de llevar a cabo.

Con estos elementos cerramos la primera parte de la promoción del empleo estable, y luego vamos a analizar uno de los temas más discutidos del proyecto: la vuelta a la promoción de la convención colectiva. Para eso es necesario definir cómo estamos hoy los argentinos en lo que se refiere a los convenios vigentes.

Sin miedo a equivocarnos podemos decir que, con la legislación vigente en la Argentina, durante los últimos diez años se cometieron las mayores atrocidades laborales. No sólo hubo un alto grado de desocupación sino que en esta década se sepultó la discusión por el salario.

A mí no me duelen los catorce paros generales que sufrió nuestro gobierno cuando el doctor Alfonsín era presidente de la Nación, y digo esto en la convicción de que antes se luchaba porque se creía que existía la alternativa de un mejor salario; pero en esta última década se bajaron las luchas porque se sepultó la idea de pelear por los salarios frente al abismo del desempleo.

En este tiempo que pasó se terminó con las ocho horas de trabajo; las empresas promocionan sus nuevos empleos y, en muchos casos, los hipermercados piden contadoras jóvenes para controlar las cajas ofreciendo cuatrocientos pesos por mes por catorce horas diarias de trabajo, incluyendo sábados y domingos. Es decir que las ocho horas han dejado de ser un reclamo en la Argentina. Además, en todo este tiempo hubo convenciones colectivas de trabajo, pero se les pasó como elefantes a aquellos que defienden el sistema tal como rige.

La convención colectiva tuvo un soloprotagonista: el empresario. El salario se bajaba de hecho, se agregaban horas de trabajo, proliferaba el empleo en negro, y no sólo no figuraba la representación de las partes en la discusión sino que tampoco estaba presente el Estado porque hubo una destrucción sistemática del Ministerio de Trabajo. (Aplausos.)

Hoy se vuelve a la convención colectiva. Pretendemos que las partes, los empresarios y los trabajadores elijan libremente el ámbito de discusión, que haya democracia plena en ese debate. Sin embargo, deseamos colocar nuevamente los ojos en el rol del Estado, para lo cual se restablece la idea de la homologación de los convenios.

A partir de esta norma en la República Argentina el Estado dejó de estar ausente frente a la explotación del hombre por el hombre, instalándose en la negociación colectiva una visión altamente progresista. Pero para nosotros esto no era suficiente en el convencimiento de que la tarea de la negociación era desigual pues algunos tenían toda la información....

Sra. MOSSO.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- La Presidencia desea saber si el señor diputado Passo concede la interrupción.

Sr. PASSO.- No concederé interrupciones, señor presidente.

Como decía, pensamos que esto no alcanzaba porque observamos con preocupación que algunos negociaban teniendo información y otros con la imposibilidad de conocer datos elementales. Por esa razón, por iniciativa del señor diputado Jesús Rodríguez se incorporó el derecho de información y consulta para los trabajadores, algo que les duele al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, que pretenden que los trabajadores negocien sin información.

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. PASSO.- Señor presidente: hemos incorporado...

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- La Presidencia solicita a los señores diputados que guarden silencio a efectos de que se pueda escuchar al orador, quien ya está por finalizar su exposición.

Sr. PASSO.- Señor presidente: hemos incorporado en esta norma la prevalencia de la descentralización del convenio. Hemos incluido el ámbito menor en una clara apuesta a lo que ha significado en la República Argentina el discurso de los partidos políticos populares en el último tiempo.

Se han llenado páginas hablando de las economías regionales. Pues bien, hoy llega el tiempo de darles su valoración. Es imprescindible permitir que las economías regionales tengan su propia negociación. Es importante que en las regiones los empresarios y los trabajadores discutan en su ámbito cuál es la relación laboral que quieren.

No es cierto que las soluciones a los problemas de las economías regionales se hallen en la distancia que supone el centralismo de la Capital Federal. Nosotros confiamos porque tenemos ejemplos de actitudes diferentes en el interior. ¿Quién no conoce en su provincia -de hecho yo conozco en la mía- empresarios que entregaron la casa de su familia al banco provincial para salvar su empresa por un compromiso con sus trabajadores, que son sus aliados y amigos? ¿Quién no conoce en las provinciasalgún dirigente sindical que lleva adelante su tarea con esfuerzo? Creo que conozco a todos los dirigentes sindicales de mi provincia, he recorrido sus oficinas descascaradas, y he conocido también a los gremios funcionando en el living de sus casas. He recorrido a su vez los sindicatos porteños, donde las oficinas son más lindas y tienen secretarías de prensa. Allí hay que subir tres pisos para llegar a tener un interlocutor.

El que vive más cerca del trabajador, el que vive igual, el que anda en el mismo auto, el que conoce a sus familias es quien más va a defender el derecho de los trabajadores.

Entonces, es una gran mentira pensar que las negociaciones en el interior van a ser a la baja. Ésta es una prédica agorera de aquellos que no creen que la economía va a crecer en el país, de quienes no confían en la fortaleza de los dirigentes del interior.

Hemos formalizado acuerdos de equipos técnicos conjuntos con el bloque Justicialista y con los representantes del sindicalismo en la Argentina. Poco importa qué actitud tomen los representantes de los bloques restantes de esta Cámara.

Para nosotros, un valor imprescindible de la política es la palabra. El bloque de la Alianza tiene palabra política y va a honrar los acuerdos. Si tenemos que terminar llevando adelante sólo los acuerdos, así lo vamos a hacer porque la palabra política nos parece un capital imprescindible para la democracia.

Por esa razón, desde ámbitos diferentes a la Alianza han llegado muy buenas ideas que se materializaron en el proyecto; por ejemplo las salidas de la ultraactividad y la posibilidad de que los trabajadores no queden a la intemperie ante la caída de un convenio para todos los convenios celebrados.

Es decir que se han producido avances sustanciales en una reforma laboral que constituye un eslabón más de una gran cadena de decisiones que se deben tomar para que este país comience a crecer y a generar empleo.

Consideramos que una ley con este período de prueba, con la vuelta a la convención colectiva con derecho de información y consulta, con los ojos del Estado puestos en la custodia de los convenios colectivos, con la inclusión de una comisión bicameral para ajustar esos controles, con la posibilidad de la rebaja de los aportes patronales para el estímulo de los nuevos empleos y con el ámbito menor jerarquizando las economías regionales, será un elemento sustancial que indudablemente va a satisfacer un importante deseo del señor presidente de la Nación.

El presidente de los argentinos no ha promovido esta ley en contra de nadie sino que, fiel a su estilo político de toda la vida, Fernando de la Rúa lo ha hecho con la intención de que sea a favor de todos. Por eso hemos realizado todos los esfuerzos posibles para arribar a un consenso, y lo seguiremos haciendo hasta que finalice el tratamiento de este proyecto.

Es necesario saber identificar al enemigo, y el presidente de la República lo tiene bien claro: el enemigo es el desempleo, y contra él estamos luchando. Pedimos consenso para derrotarlo y ésa es nuestra intención.

Por todas estas razones es que solicito la aprobación del dictamen de mayoría. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Cafiero, J.P.).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. MARTINEZ (G.A.).- Señor presidente: la posición del dictamen de minoría que he suscripto se basa fundamentalmente en el conocimiento pleno del problema real que, desde el mundo de trabajo, se discute en la aldea globalizada.

La acumulación capitalista ha elegido dos vías sustancialmente diferentes para influenciar sobre las relaciones laborales. Hay quienes han dado prioridad al capital por sobre los derechos de los ciudadanos, tornando muchas veces en letra muerta sus conquistas fundacionales; y están aquellos otros que han condicionado al capital anteponiéndole los derechos reconocidos a sus trabajadores, de manera que cualquier inversión debe partir del respeto de tales derechos.

Para el primer modelo, los trabajadores son necesariamente funcionales a las necesidades del capital concentrado. En otras palabras, la variable de ajuste es la persona del trabajador.

En el ámbito del derecho del trabajo, este fenómeno se exterioriza en cuatro dimensiones. La primera es la promoción de la legislación de distintas modalidades contractuales, que como característica principal exhiben la inestabilidad de la relación.

En segundo lugar, encontramos la pérdida o fraccionamiento de distintos institutos que en su momento conquistaron los trabajadores, como la limitación de la jornada de trabajo, los descansos compensatorios, las vacaciones o el sueldo anual complementario.

La tercera dimensión es la de la disminución de los costos, que supone para la empresa el egreso del trabajador mediante el reemplazo de los sistemas indemnizatorios por sistemas de capitalización, mecanismo por el cual el propio trabajador financia su despido.

En cuarto lugar observamos el fraccionamiento de la negociación colectiva y el debilitamiento del sindicato para facilitar el contrato individual, con total desamparo para los trabajadores.

Determinar qué modelo queremos no es una cuestión menor. El modelo que acabo de describir es contrario a nuestra cultura. El sistema histórico de relaciones laborales está en absoluta disonancia con el proyecto de reforma laboral que impulsa el Poder Ejecutivo y que hoy discutimos en este recinto.

El centro de la discusión en la Argentina actual es la problemática del desempleo y la manera de generar los mecanismos que contribuyan a terminar con este flagelo. Debemos decir con claridad que el proyecto que el Poder Ejecutivo nos propone resulta inadecuado para abordar la problemática del desempleo.

El problema más importante que enfrenta la economía argentina en la actualidad es su dificultad para aumentar el nivel de actividad, que es un factor de incidencia determinante respecto del actual nivel de desempleo.

A lo largo de la vigencia de la convertibilidad se verificó un importante crecimiento de la economía en respuesta al fuerte ingreso de capitales y al aumento de la productividad, pero una alta proporción de ese ingreso de capitales se concretó en forma de deuda, por lo que debe ser devuelta en años venideros, siendo la única forma de lograrlo el aumento de la competitividad.

Nuestra economía presenta dos tipos de factores que impactan negativamente en la competitividad de sus empresas. Esta es la cuestión: no son los costos laborales los que realmente hacen inviable la competitividad de nuestras empresas en el mundo globalizado.

Justamente, voy a enumerar cuales son los factores importantes que atañen a la falta de competitividad del sector empresario. Por un lado, encontramos su debilidad ante shocks externos, como por ejemplo la devaluación de Brasil, la crisis del sudeste asiático y la caída de las precios de los bienes que la Argentina exporta. En segundo lugar, se presenta el alto nivel internacional de los costos locales.

Estos factores han sido protagonistas en el escenario de la economía argentina y han impactado en la pérdida de competitividad de nuestras empresas en el mundo.

Los costos que realmente influyen en la capacidad de las empresas pueden agruparse en tres categorías. En primer lugar, encontramos los impositivos: las altas alícuotas, los gravámenes sobre el consumo y sobre determinados productos, la forma de cálculo de la base imponible, el impuesto a la ganancia mínima presunta, los gastos deducibles, etcétera.

En segundo lugar, hallamos a las tarifas. Se trata del costo de los servicios públicos que pagan las empresas: teléfono, luz, gas, agua, peaje y transporte.

En tercer lugar, tenemos los costos financieros. El costo financiero argentino tiene dos aspectos: las altas tasas pagadas por las empresas debido a la percepción del riesgo y a las regulaciones del Banco Central de la República Argentina, y la dificultad de acceso al crédito: trámites burocráticos, exigencias de avales de imposible cumplimiento y asimetrías de información.

Las tasas de interés que deben pagar las empresas de primera línea en la Argentina, que representan un piso para las demás, son superiores al 12 por ciento.La pequeña y mediana empresa no tiene crédito de ningún tipo, excepto a altas tasas de descuento por los descubiertos bancarios, que pueden trepar por encima del 50 por ciento. Por el contrario, el costo laboral en la Argentina se ubica en promedio en una franja comprendida entre el 6 y el 12 por ciento del precio final del producto.

Sin embargo, se levanta la bandera de la rigidez de la legislación laboral y de sus altos costos como el único obstáculo para el crecimiento y la mayor participación de nuestros productos en los mercados internacionales.

No tenemos ninguna duda que el magro y debilitado salario de los trabajadores no es la causa de la falta de competitividad de nuestras empresas y de la crisis económica.

Hay que recordar que en la Comisión de Legislación del Trabajo las cámaras empresarias que nuclean a las pequeñas y medianas empresas fijaron su posición contraria a esta reforma, lo cual fue ratificado en un documento conjunto por el que señalan que el contenido de la reforma no ataca en su esencia la problemática laboral. La problemática del sector no transita por esta reforma, sino por la falta de competitividad de los sectores productivos debido a los altos costos de los servicios públicos y a un sistema financiero perverso.

Desde el inicio de esta nueva gestión de gobierno se apuntó a disminuir el déficit fiscal mediante el aumento de los impuestos al consumo, castigando a las empresas e individuos que cumplen con sus obligaciones fiscales.

Se instrumentó una moratoria impositiva blanda que permite a los empresarios evasores verse nuevamente beneficiados con la falta de pago de sus obligaciones, en desmedro de aquellos que cumplen.

El Poder Ejecutivo pretende ignorar que el aumento permanente en las tasas impositivas no ha permitido mejorar la recaudación en relación con el producto bruto interno. La política tributaria que sólo piense en recaudar gravando a los trabajadores y a los sectores medios sólo provoca mayor empobrecimiento de la población y caídas en el consumo en el nivel de actividad económica.

En este contexto el gobierno intenta una reforma laboral que apunte a la renegociación de las condiciones de trabajo en un marco de descentralización y pérdida del poder de negociación de los trabajadores; y esto en consonancia con el acuerdo firmado recientemente con el Fondo Monetario Internacional.

Se fracciona la negociación colectiva, se desdibujan los salarios mínimos de convenio y quien termina sufriendo las consecuencias es sin duda el compañero trabajador.

Los efectos previsibles de esta política son bajas adicionales de los salarios y una mayor flexibilidad en las formas contractuales, todo para mejorar la rentabilidad de las empresas y su presunta capacidad de competir internacionalmente. Otra vez el sacrificio se sustenta en el esfuerzo de los sectores asalariados.

Las empresas, que pretenden desconocer su responsabilidad en el crecimiento del desempleo, apuestan a la búsqueda de otros horizontes donde la inversión se presente más fructífera. En este contexto de negociación, al ser el salario la única variable de ajuste dentro de los costos locales, se verificará una disminución del salario que no podrá compensar la rigidez del resto de los elementos.

Mientras no se reactive el mercado interno y no se renegocien las condiciones de participación de nuestro país en el Mercosur, mientras no se modifiquen los aumentos de tarifas condicionadas a la inflación de los Estados Unidos -cuando nuestro país no tiene inflación-, mientras no se facilite el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas, no encontraremos el camino de salida de la crisis. En conclusión, mientras no se resuelvan los temas centrales antes mencionados no se producirán las condiciones favorables para la creación de empleo.

Afirmamos al principio que para el proceso de acumulación neo liberal el factor trabajo necesariamente debe ser funcional a los requerimientos del mercado.El proyecto que hoy tenemos en consideración está en consonancia con esta concepción.

En lo que respecta al período de prueba, el proyecto del Poder Ejecutivo fija un espacio de duración demasiado extenso que se presta para una alta rotación de personal, sobre todo en aquellos puestos de trabajo que no requieren mano de obra especializada. Por otra parte, la posibilidad de que los convenios extiendan el período de prueba resulta un mecanismo peligroso, pues propicia una negociación condicional en perjuicio de los intereses de los trabajadores. Es aceptado universalmente el principio de que los convenios deben tender a mejorar las condiciones de trabajo fijadas en la ley y no a reducir los beneficios otorgados por ella.

Por esa razón en nuestro proyecto impulsamos la plena protección del trabajador en caso de enfermedad o accidente profesional o inculpable, ya que vedamos la posibilidad de que se rescinda el contrato antes de la finalización de la licencia. Asimismo, la ruptura del vínculo antes del vencimiento del período de prueba obliga al pago de la integración del mes de despido. También se garantiza la protección de la mujer trabajadora en la contingencia del embarazo, pues el empleador debe mantener el empleo por el plazo que estipula la ley de contrato de trabajo.

Con respecto a la modificación de la ley 14.250, de convenciones colectivas de trabajo, la iniciativa oficial propicia un intervencionismo amplio y sumamente discrecional del Ministerio de Trabajo de la Nación. En efecto, se reconocen al ministerio facultades excluyentes en lo que se refiere a la constitución de la unidad de negociación, pero se omite enunciar los lineamientos generales que debe respetar la autoridad de aplicación para determinar la representatividad de los empleadores, dejando este aspecto fundamental de la negociación sometido exclusivamente a las disposiciones de la reglamentación. En la práctica, se confía al ministerio la facultad de determinar quién se encuentra habilitado para negociar en representación del sector empresario y para establecer la aptitud representativa del sindicato que participa como sujeto colectivo en nombre de los trabajadores.

Esta injerencia del poder político en la negociación colectiva no se compadece con los principios sancionados por la Organización Internacional del Trabajo en los convenios 87 y 98, y menos aún con el respeto que debe tenerse por la autonomía de la voluntad colectiva. Por otra parte, por vía indirecta el Ministerio de Trabajo se arroga la facultad de determinar el ámbito personal de aplicación de los convenios, medida que -es evidente- apunta al fraccionamiento del convenio por actividad en distintos convenios, según la representatividad que el ministerio asigne discrecionalmente al sector empresario.

Además, en virtud de la reforma que se propone el convenio colectivo por actividad dejará de tener oponibilidad respecto de la totalidad de los empleadores del sector en cuestión, medida que se complementa con la supresión de la ultraactividad de los convenios colectivos.

En la actualidad el convenio anterior continúa vigente hasta que es reemplazado por un nuevo convenio colectivo, mecanismo que garantiza al trabajador la protección de un convenio hasta que se firme uno nuevo. Si se deroga la ultraactividad, como se pretende, se rompería el equilibrio en la mesa de negociación y los trabajadores podrían ver cómo sus condiciones de trabajo son reducidas a los mínimos regulados por la ley de contrato de trabajo, perdiendo de ese modo las mejores condiciones obtenidas en negociaciones anteriores.

El dictamen de minoría que suscribo establece que se debe priorizar la voluntad de las partes, quitando injerencia al ministerio; y que la resolución de los conflictos de representatividad en la integración de las comisiones paritarias debe estar a cargo de las partes. Sólo si no se llegara a un acuerdo debería resolver el ministerio, pero su resolución estaría sujeta a un amplio control judicial. En cuanto a los conflictos que pueden surgir respecto de quién representa al sector empresario, nuestro dictamen de minoría también establece que deben ser resueltos por el ministerio, pero siempre de conformidad a pautas legalmente impuestas. Todos estos mecanismos tienden a evitar una excesiva discrecionalidad por parte de la autoridad de aplicación.

El proyecto del Poder Ejecutivo, por otro lado, atenta contra la autonomía de las propias organizaciones sindicales -al disponer de mecanismos de representación más allá de las disposiciones estatutarias fijadas por los propios trabajadores al organizar sus sindicatos- y contralos principios de libertad sindical sancionados por nuestra Constitución y contenidos en la ley 23.551.

Obviamente que este tramado que el Poder Ejecutivo realiza impide que la negociación colectiva se convierta en una herramienta jurídica que, recogiendo las particularidades de cada actividad, mejore las condiciones laborales de millones de trabajadores.

El Ejecutivo intenta estimular la negociación a la baja, es decir, una negociación que fija peores condiciones para los mismos trabajadores de una actividad por el mero hecho de pertenecer a una empresa, región, provincia o sector determinado.

De permitirse que los convenios colectivos de ámbito menor prevalezcan por sobre los de la actividad y puedan fijar condiciones inferiores de trabajo, desaparecería la garantía del salario convencional como piso mínimo y necesario que hasta el momento establece el convenio de actividad.

El artículo 7° del proyecto del Poder Ejecutivo avanza sobre el principio fundamental de prevalencia de las condiciones más favorables para el trabajador, lesionando los principios protectores del derecho del trabajo consagrados en nuestra Constitución y reconocidos universalmente.

Nuestra realidad social nos demuestra la desigualdad de los contratantes en la relación laboral. En la confrontación del interés individual del trabajador con el poder de los empleadores, ya sea de dirección u organización, siempre existirá un desequilibrio a favor del sector empresario que evidentemente sólo podrá atenuarse mediante ciertos mecanismos, uno de los cuales proviene de la negociación colectiva, otro del derecho de información y consulta, otro del principio de renunciabilidad y otro que se relaciona con las presunciones legales a favor del trabajador.

En este momento histórico en que la capacidad negociadora de los sindicatos se ve gravemente afectada por la concentración del capital, la incorporación tecnológica que ha aniquilado numerosos puestos de trabajo y una alta tasa de desempleo que se ha instalado como un mal endémico en nuestro país, puede afirmarse, hoy más que nunca, que existe la necesidad imperiosa de que nuestro ordenamiento jurídico afirme y consolide el principio de la norma más favorable al trabajador.

Este principio no marca una desigualdad jurídica en perjuicio del empleador, sino que equilibra posiciones desiguales.

Por otra parte, la norma más favorable al trabajador tiene rango constitucional. El artículo 14 lo consagra cuando dice que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes; además, tiene diferentes reglas de aplicación que se explicitan en las instituciones, no sólo en el derecho individual sino en el derecho colectivo de trabajo.

Esta norma que propicia el Poder Ejecutivo pretende dejar sin efecto este principio esencial en el marco del derecho colectivo. Permitir que un convenio de ámbito menor anterior no pueda ser modificado por otro convenio posterior de ámbito superior cuando éste último es más favorable a los trabajadores significa retroceder cincuenta años en los derechos sociales de nuestro país.

No habrá progreso social con trabajadores sumidos en la pobreza, no habrá transformación económica con una negociación colectiva debilitada, fraccionada y al servicio de las grandes empresas de capital extranjero. No transitaremos como Nación el camino del crecimiento con equidad si debilitamos aún más el tejido social en perjuicio de quienes más han comprometido sus intereses y sus vidas en la recuperación de la democracia.

La descentralización de la negociación propuesta, la pérdida de la ultraactividad y la excesiva discrecionalidad que se otorga al ministerio sólo tiene justificación si se pretende debilitar la negociación colectiva e impedir que los trabajadores en su conjunto participen en forma más equitativa y justa en la distribución de la riqueza.

Por eso nosotros afirmamos que la ley debe inducir a que la negociación colectiva cumpla con su verdadera razón de ser, que no es otra que la de mejorar las condiciones de trabajo. En consecuencia, sostenemos que se debe mantener como regla la ultraactividad y se debe articular la negociación de manera tal que el convenio de ámbito menor debe respetar los mínimos inderogables establecidos en el convenio de nivel superior.

Por otra parte, se debe dejar claramente establecido que el convenio colectivo de trabajo no puede derogar mejores derechos del contrato individual, ya que se trata de derechos adquiridos por el trabajador.

También debe quedar en claro que el contrato individual no puede derogar ni modificar derechos delconvenio colectivo o del acuerdo de empresa en tanto signifique condiciones más desfavorables para el trabajador.

También merece nuestra crítica la no aplicación de un convenio a una empresa cuando medien situaciones que afecten su estabilidad económica. Creemos que esta disposición vulnera los derechos de los trabajadores ya que contraría conceptos tradicionales del derecho laboral, como los de orden público e independencia respecto del riesgo empresario.

De prosperar la reforma propuesta desde el gobierno los trabajadores pasarían a financiar con sus salarios los quebrantos de la empresa y la irresponsabilidad de los empresarios.

La iniciativa del oficialismo también viola la autonomía de la voluntad colectiva al imponer a las partes el arbitraje obligatorio, aunque aparezca en el proyecto disimulado bajo un manto de ficción legal.

Poco aporta a la seguridad jurídica y al respeto por las instituciones del derecho colectivo que se proponga derogar la ley de arbitraje obligatorio en un artículo, y en otro se imponga el método de arbitraje como única salida posible para resolver los diferendos en el marco de la negociación colectiva.

Además de ello, esta disposición viola principios constitucionales como el derecho de defensa y el debido control judicial, ya que contra el laudo arbitral sólo se admite una defensa acotada, negándose de esta manera el debido control de razonabilidad que debe tener un acto administrativo.

La Organización Internacional del Trabajo se ha opuesto sistemáticamente a la imposición del arbitraje, y así lo consagran los principios de libertad sindical de los convenios 87 y 98 de dicho organismo. Allí se establece claramente que el Estado deberá abstenerse de condicionar, limitar o impedir el ejercicio de esta libertad a los actores sociales.

En el caso que nos ocupa el arbitraje queda absolutamente subordinado a la decisión de la autoridad administrativa del trabajo, y con ello en última instancia a la decisión final del poder político.

Tengo la obligación de manifestar que detrás del complejo entramado técnico legal que supone la reforma laboral encarada por este gobierno se esconde el fin político de destruir las estructuras sindicales nacidas hace más de cincuenta años al amparo de la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista.

Este movimiento sindical permitió el crecimiento de los derechos de los trabajadores y contribuyó a garantizar durante casi medio siglo la justa distribución de la riqueza y la efectiva vigencia de sus derechos.

Fue también este movimiento sindical quien enfrentó y le puso el pecho a las balas de la más dura de las dictaduras militares que soportamos los argentinos, y es este mismo movimiento obrero quien ante este nuevo proyecto de reforma dice que fuimos garantes junto con la clase política del pacto de gobernabilidad democrática a partir de 1983. Fuimos garantes del pacto de estabilidad, y quiero justamente remarcar qué significa esto. Ustedes saben que hace unos años se votó la ley de convertibilidad, pero todos sabemos que, más que una ley, es un pacto de los distintos sectores que tienen que ver con el desarrollo de nuestro país que apuestan a la estabilidad económica.

Cuando se instaló este tema como propuesta del Poder Ejecutivo se dijo que los dirigentes sindicales nos íbamos a olvidar de los trabajadores y que desde 1975 no discutíamos los convenios colectivos de trabajo. Ustedes se deben acordar qué sucedió después de 1976: la mayoría de las organizaciones sindicales fuimos intervenidas militarmente; pero también hay que remarcar que, a pesar del advenimiento de la democracia, en la que ha tenido una participación activa importante el movimiento sindical que en aquel momento encabezaba la CGT con el compañero Ubaldini, muchas de las organizaciones sindicales fueron y siguieron intervenidas por el poder político hasta 1985.

Sin embargo había situaciones definidas desde el punto de vista económico que impedían que lasorganizaciones sindicales organizadas tuviésemos a partir de aquella fecha la oportunidad de discutir los convenios colectivos de trabajo.

Tengo aquí algunos recortes de artículos periodísticos de lo que pasaba en aquel momento y de lo que decían algunos funcionarios cuando planteábamos lo que significaba la discusión de dichos convenios y la convocatoria a las paritarias. Así, por ejemplo, en un artículo publicado el 30 de marzo de 1988 se decía lo siguiente: "El secretario de Gestión Económica, Jorge Gándara, advirtió que el gobierno no homologará convenios salariales que surjan de las paritarias, que no tengan en cuenta la situación del país. Los convenios son libres, pero estarán controlados por el Ministerio de Trabajo. Las paritarias se realizarán libremente, aunque aclaró que esa definición es relativa, ya que estará acotado por el Ministerio de Trabajo, que tendrá el control del resultado final. La cartera laboral deberá atender la legalidad y oportunidad de lo pactado entre gremialistas, obreros y empresarios."

Esto se expresaba en 1988; esta es la realidad. Por eso quiero enfatizar, para aquellos que dicen que nos olvidamos de los trabajadores, que aquí está la verdad de lo que se decía en aquella época respecto de la situación económica y de que se impedía la discusión de los convenios colectivos de trabajo.

También voy a dar lectura de un editorial publicado por el diario "Clarín" en su edición del 24 de marzo de 1988 respecto de la aprobación de la ley de asociaciones sindicales. Dice así: "En 1986 a los gremialistas les interesaba la sanción de proyectos que permitieran el libre accionar de las convenciones colectivas de trabajo.

"Cuando los acuerdos parecían inminentes en este terreno, en enero de 1987, el gobierno lanza su segundo Plan Austral, que retrotrae las negociaciones a foja cero.

"En junio de 1987 el gobierno envía al Congreso un nuevo paquete de siete leyes laborales que incluye un nuevo proyecto de ley de asociaciones profesionales que es cuestionado por las principales organizaciones patronales, como la UIA.

"Las objeciones más importantes estuvieron referidas a las condiciones de trabajo, la estabilidad del delegado y los alcances de las medidas de acción directa."

Esto es lo que sucedió en aquel momento; era una situación que todos los argentinos, indudablemente, teníamos que superar, y los trabajadores la acompañamos. Yo no me olvido de ese momento desgraciado de nuestro país. Esto lo digo sin ánimo de establecer banderías políticas, pues todos sufrimos las consecuencias de aquella Argentina inflacionaria e hiperinflacionaria. En aquella época nos convocaban desde el Ministerio de Trabajo para firmar las actualizaciones de los salarios a partir de la inflación registrada en un determinado mes. No teníamos oportunidad de debatir libremente las paritarias, sino que todos los meses nos llamaban a discutir por debajo de lo que era la inflación en aquel momento. Eso era lo que sucedía.

Así llegamos a 1989. Todos sabemos lo que ocurrió entonces. Se inició una nueva instancia política con otro gobierno democrático. Fue algo muy importante y así lo reafirmamos desde nuestra Organización. Los planteos que recibíamos estaban referidos, justamente, a la crisis económica y financiera del país. Era importante lograr la estabilidad económica. Eso era lo que se planteaba y así se arribó al dictado de una ley. En realidad, reitero que más que una norma legal era un pacto destinado a lograr la estabilidad económica. Muchos de los que a lo mejor hoy siguen siendo diputados y otros que dejaron de serlo enaquel momento, se opusieron sistemáticamente a la aprobación de la ley de convertibilidad. Por suerte, se triunfó y logramos la estabilidad económica, aunque sabemos que no nos resuelve todo. Sin embargo, sabemos que si la rompemos es mucho peor lo que puede suceder en nuestro país, particularmente para los trabajadores, que dependemos de un salario.

Pero en aquel proceso económico y democrático encabezado por el ex presidente Menem se convocó a paritarias a través el decreto 1334. En aquel momento el doctor Cavallo era el ministro de Economía, y la condición sine qua non para discutir los convenios colectivos de trabajo era la productividad. La mayoría de las organizaciones sindicales concurrimos al Ministerio de Trabajo y expresamos que queríamos discutir los convenios colectivos. ¿Pero quiénes se opusieron? Los empresarios. ¿Qué argumentos utilizaron? Dijeron que veníamos de una economía cerrada y pasábamos a una economía abierta y que el gerente financiero, como eje central de la empresa, pasaba a ser sustituido por el gerente de producción y de planta, porque comenzaba un nuevo capítulo en la historia económica y productiva del país.

Si bien había que actuar sobre la base de la productividad, no estábamos en condiciones de hacerlo, pues no nos quisieron dar la información correspondiente. La productividad no es sólo la producción sino que también contempla valores que tienen que ver con el costo empresario, que no depende de los trabajadores. Como los empresarios se negaron a dar la información necesaria, no pudimos discutir la mayoría de los convenios colectivos de trabajo que rigen desde 1975.

Esta es la situación, señor presidente. Es fundamental que aclaremos a la sociedad y a nuestros trabajadores qué aporte ha hecho el movimiento sindical, más allá de la participación de los dirigentes, porque nosotros somos aves de paso que hoy estamos y mañana no. Lo que valen son las instituciones y la concepción de la sindicalización que tenemos los trabajadores argentinos.

Cuando hablamos de este modelo de globalización económica tenemos que abrir nuestra cosmovisión para entender qué significa este concepto, pero no podemos hablar de los países del Primer Mundo sino que debemos referirnos a Latinoamérica, donde no existen movimientos sindicales y donde matan a dirigentes sindicales que luchan por sus derechos, no contando la mayoría de los países con convenios colectivos de trabajo. Sin embargo, el proceso económico, la crisis financiera y la falta de empleo en Latinoamérica son similares a los que vivimos en la Argentina.

Cuando vienen los peruanos, los bolivianos y los paraguayos -el señor presidente sabe que yo represento al gremio de la construcción, donde el 40 por ciento del padrón está constituido por compañeros de esas nacionalidades- nos dicen que la Argentina es un paraíso con respecto a lo que viven en sus propios países.

¿Qué es lo que hace esa diferencia? Sabemos que existen muchas asignaturas pendientes en nuestro país y que hay muchos derechos por recuperar pero, seguramente, más allá de los partidos políticos, hay muchos temas que merecen una discusión de Estado para sacar adelante a la Argentina. No obstante ello, advertimos que ha existido una presencia del movimiento sindical que ha remarcado y defendido la distribución de la riqueza y los derechos de los trabajadores.

Si hacemos una evaluación de este proyecto de ley podremos observar que se trata de una síntesis de lo que ya se había propuesto oportunamente a través de los decretos 1453, 1454 y 1455 del gobierno anterior, que fueron rechazados judicialmente por el movimiento sindical acompañado por la oposición; incluso hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Cuando se analizan esos decretos nos encontramos con que este proyecto, mal llamado de reforma laboral, es en realidad un proyecto de reforma sindical.

El 24 de octubre la gente votó por un cambio y, a poco más de dos meses de gobierno, las dos primeras medidas que tomó la actual administración han sido un "impuestazo" y el proyecto de reforma laboral. Esta es una realidad que indudablemente tenemos que marcar bien a fondo, porque genera una gran preocupación.

Sobre la base de todo lo planteado, rechazamos la propuesta del Poder Ejecutivo y reivindicamos conceptualmente nuestro dictamen de minoría, porque entendemos que no se puede seguir avanzando opretender avanzar sobre la espalda y el sacrificio de los trabajadores. Es necesario que seamos consecuentes con lo que decimos, acompañando las palabras con los hechos. Indudablemente uno observa que lo que se expresa en los discursos no se acompaña en los hechos, y la demostración está en que este proyecto de ley, mal llamado de reforma laboral, lo único que persigue es la baja de los salarios, la atomización de la capacidad de negociación de los trabajadores y favorecer al capital concentrado de las multinacionales. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- Corresponde que seguidamente haga uso de la palabra la señora diputada por Buenos Aires, pero el señor diputado Pernasetti le solicita una interrupción. La Presidencia desea saber si la concede.

Sra. CASTRO.- Sí, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. PERNASETTI.- Señor presidente: teniendo en cuenta los conceptos vertidos por el señor diputado Gerardo Martínez, solicito la autorización del cuerpo para que se inserte en el Diario de Sesiones una copia del acta de coincidencias entre el gobierno de la Nación y la Confederación General del Trabajo. Ese documento fue suscripto por varios gremios, entre ellos el del señor diputado Martínez, quien es uno de los firmantes de ese acta de fecha 9 de mayo de 1997.

Entre otras cosas en aquella oportunidad se establecía que un acuerdo colectivo de ámbito menor vigente no podrá ser afectado por una ulterior convención colectiva de ámbito mayor, y se planteó asimismo la disponibilidad colectiva sobre normas legales, jornadas y descansos e incluso la disminución de las indemnizaciones. Ese acta fue suscripta por quien me precedió en el uso de la palabra. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- Antes de que finalice la sesión se solicitará al cuerpo la autorización para efectuar todas las inserciones que se pidan en el curso del debate.

Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. CASTRO.- Señor presidente: muy brevemente me referiré al contexto en el que se introduce una reforma laboral que cambia varias leyes y modifica de modo sustancial las convenciones colectivas de trabajo.

Como ya se ha expresado y entendido, este es un proyecto de ley que no genera empleo sino que mejoraría la empleabilidad.

¿Qué se entiende por empleabilidad? Para los organismos multilaterales de crédito la receta es sencilla: rebajar los salarios, precarizar las condiciones laborales, atomizar la negociación colectiva, individualizar las relaciones del trabajo, precarizar los ámbitos colectivos sociales que defienden solidariamente su derecho, y por último, seguir sosteniendo que el costo laboral es el responsable de que no haya productividad o competitividad en un país o en determinada industria. Esta receta fracasó, señor presidente. Algunos que antes la apoyaron -como recién lo mencionaban dos diputados- probablemente estén hoy en condiciones de reconocer que se equivocaron y que este no era el modo de generar empleo.

Nosotros estamos convocados y obligados a pensar con libertad en esquemas verdaderamente nuevos y modernos. En el discurso único del pensamiento neoliberal, que ha penetrado en todos los partidos políticos y en toda la sociedad por su potencia, se ha sostenido que el único modo de salir del desempleo es seguir rebajando las condiciones laborales. Esto recibió el nombre de modernización, y hoy los trabajadores de la Argentina y el mundo estamos ingresando al siglo XXI con las reglas sociales y laborales del siglo XIX. En lo personal me resisto a seguir aprobando leyes que flexibilizan y precarizan la situación de los trabajadores. Esto no es moderno; esto es muy antiguo. (Aplausos.)

Los argentinos trabajan en promedio entre tres y cinco horas diarias más que en Europa y los Estados Unidos,y reciben un salario laboral mensual y anual entre tres y cinco veces menor que en los países centrales. Trabajamos una hora más por día que en México, Venezuela y Japón, y media hora más por día que en Singapur y Corea.

Como bien lo expresaron los señores diputados preopinantes con absoluta justicia y muchos datos, durante los últimos diez años se han flexibilizado las condiciones de trabajo y de salario, pero sin embargo ello no resolvió el problema del empleo, aunque sí resultó funcional al modelo conservador. Esto se debe a que el desempleo induce y fuerza a los trabajadores a aceptar cualquier condición de trabajo y de salario. Por eso no quiero la disponibilidad colectiva. Como sindicalista digo muchas gracias. Respetemos y defendamos el orden público laboral porque como legisladores no podemos dejar librado a los actores sociales la responsabilidad de proteger al trabajador en todas sus formas, porque éste es un imperativo constitucional.

Aclaro que he presentado un dictamen de minoría que pongo a consideración de los señores diputados en general y en particular.

Me voy a referir ahora al dictamen de mayoría. El período de prueba que propone el proyecto del Poder Ejecutivo se extiende de tres a seis meses por disponibilidad colectiva, y de seis meses a un año para las pequeñas y medianas empresas. ¿Quién podría decir que un trabajador merece ser probado durante un año? Esto no es una prueba, sino que encubre una modalidad contractual precaria.

En la Argentina ya se utilizó el período de prueba prolongado de seis meses; fue una iniciativa del ex ministro Cavallo, y en ningún caso significó la antesala del empleo estable. Después de una prueba, los trabajadores son despedidos sin indemnización ni preaviso. Lo único que se fomenta es una mayor precarización y que roten distintos trabajadores en los mismos puestos de trabajo.

Invito a mis compañeros legisladores, con todo cariño, humildad, respeto y firmeza a que hagamos un trabajo de campo para determinar si la prueba sirvió como antesala del empleo estable. No funcionó.

Por otro lado, no podemos ignorar la situación de precariedad, sometimiento e indignidad en la que viven los trabajadores cuando son expuestos a una prueba prolongada.

Lo que distingue un trabajo estable de uno inestable de ningún modo son los aportes al Fisco. Por supuesto que deseamos que se controle para que el trabajo sea en blanco, que todos aporten a la seguridad social y a las obras sociales, pero esto no define el trabajo estable. Lo que define un trabajo estable es que si el trabajador es sujeto de un despido arbitrario va a ser indemnizado. Por eso el legislador ha tratado de elevar -excepto en la ley 25.013, que no votamos el año pasado los legisladores de la Alianza- el monto indemnizatorio que tiene dos razones de existir para proteger el despido arbitrario: que sea de un monto que disuada al empleador de realizar un despido arbitrario injustificado y, por otra parte, que otorgue al trabajador un pequeño resarcimiento en el período durante el cual debe buscar un nuevo empleo.

Por lo tanto, vamos a proponer que el período de prueba no se extienda más allá de los tres meses, que es un tiempo que nos parece más que razonable para que cualquier trabajador, en cualquier actividad, demuestre su capacidad e idoneidad, y que luego acceda al trabajo estable, como siempre ha sucedido después del período de prueba.

En cuanto a la reducción de los aportes patronales, confío en las intenciones del Poder Ejecutivo nacional de que esto ayude al registro del empleo, así como a su simplificación. Pero debemos ser muy claros. Esto no es mágico. Muchos empresarios evaden porque delinquen.Sobre todo lo hacen las grandes empresas -las corporaciones transnacionales y las empresas de servicios públicos privatizadas-, como lo ha denunciado en esta Cámara el señor diputado Lamberto. Hay muchos modos de evadir; entre otros, se tercerizan las actividades y se contratan trabajadores por intermedio de cooperativas. En suma, hay una gran red que favorece la evasión.

Creo que es un poco ingenuo pensar que porque reduzcamos los aportes patronales del 18 al 12 por ciento, los empleadores saldrán corriendo a registrar. Considero que hay que perseguir esta modalidad con las instituciones que están destinadas a ello, como se hizo antes de ayer en la ciudad de Buenos Aires, donde se encontraron trabajadores que cumplían su labor en condiciones de esclavitud por tres pesos por día y cama caliente.

En Europa, los únicos que pueden trabajar sin registrarse son los extra comunitarios. En Estados Unidos, los trabajadores ilegales son los que proceden de otros países. Por supuesto que muchas veces ellos son funcionales a las políticas económicas de sus gobiernos, pero este es otro tema. Entonces, ¿por qué en la Argentina los trabajadores pueden trabajar en negro? Porque no hay controles.

También por iniciativa del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, se redujeron los aportes patronales hasta en un 50 por ciento y se introdujo un extenso menú de modalidades promovidas -que permitían contratar a un trabajador sin la necesidad de pagar ningún aporte, en lugar del 12 por ciento que se propone ahora-, pero tampoco se logró promover el empleo. De modo que deberíamos evitar el desfinanciamiento de la seguridad social, que tampoco genera empleo.

Por otro lado, en la Comisión de Legislación del Trabajo hemos escuchado con mucha atención no sólo a los representantes de los trabajadores -todos se manifestaron en contra de este proyecto-, sino también a los representantes de las pequeñas y medianas empresas, que también se opusieron a la reforma laboral por dos razones, que quiero -es mi deber hacerlo- compartir con ustedes.

Los empresarios dijeron que no querían una descentralización desordenada y que necesitaban un convenio marco por rama o actividad, porque ello les servía como marco regulatorio entre las propias empresas. En caso contrario, serían las empresas más grandes -las de servicios, las transnacionales, los hipermercados y las grandes cadenas alimentarias y hoteleras- las que tendrían mayor posibilidad -si la negociación por empresa no tiene ningún piso ni techo- de flexibilizar las condiciones de trabajo, de hacer trabajar más horas a los empleados y de pagar menos salarios.

Por lo tanto, la reducción de aportes patronales y la negociación por empresa, ambas combinadas, operan, paradójicamente, en contra de la pequeña y mediana empresa y a favor de las corporaciones transnacionales y de las grandes empresas, dándoles aún mayores desventajas comparativas respecto de aquellas.

Seguramente este es un error que se ha deslizado en este proyecto de ley, y nosotros debemos corregirlo. Por eso, en función de mi responsabilidad y como integrante del bloque que tiene mayoría en la Comisión de Legislación del Trabajo, me empeño en corregir los efectos perjudiciales de esta norma sobre los trabajadores y las empresas argentinas.

En ese sentido, en nuestro dictamen de minoría proponemos que la reducción de aportes patronales opere sólo cuando existan hasta cincuenta empleados y por el período de dos años, a fin de poder evaluar si el cambio tuvo un efecto favorable sobre el empleo, que sin duda es el efecto buscado por el Poder Ejecutivo. Además, proponemos que se beneficie con esta reducción exclusivamente a aquellas empresasque cumplan con la jornada laboral de cuarenta y ocho horas semanales, como anunció el vicepresidente de la República, como un instrumento para evitar la sobreocupación y la super explotación que inciden negativamente sobre el desempleo. Así que pediré a mis colegas legisladores que cuando llegue el momento del tratamiento en particular estemos atentos para que no vayamos a terminar perjudicando a los que queremos favorecer. Pensemos en las pymes, porque todos sabemos la crisis por la que atraviesan y conocemos que son las únicas generadoras del 65 por ciento de mano de obra, ya que las grandes empresas son expulsivas en ese sentido. Digo esto porque aún las telefónicas, con las ganancias extraordinarias que tienen, con mercados monopólicos que les permiten ganar más del 168 por ciento de lo que obtienen en su país de origen, expulsan trabajadores y los reemplazan por nuevos, simplemente para pagarles la mitad. Entonces, cuidemos a las pequeñas y medianas empresas.

En cuanto a la ultra actividad, el dictamen de mayoría establece una modalidad a la que se ha referido el ministro de Trabajo, cuando dijo que se acabó la ultraactividad en la Argentina. Es cierto que mucha gente no sabe de qué hablamos. El universo de los trabajadores bajo convenio colectivo de trabajo es del 30 por ciento; el resto está desocupado, subempleado o en negro. Pero nosotros sí sabemos que estamos legislando para estos trabajadores; que no sea el total no nos impide no poner especial cuidado en los derechos que aún subsisten.

Por eso no estamos contentos con el anuncio de que no hay más ultraactividad en la Argentina, porque esto significa que no hay más convenios. Estamos completamente consustanciados con la perspectiva, con la intención y voluntad firme del Ministerio de Trabajo de impulsar la negociación colectiva, pero con toda humildad quiero transmitirles mi experiencia sindical, porque hace diez años que estoy sentada en una mesa de negociación colectiva. En consecuencia, si no tenemos un convenio anterior no podemos negociar nada, porque cualquier trabajador o su representante sindical, si el convenio colectivo pierde vigencia, esto es, si pierde la condición de ultraactividad, que es lo que deja subsistentes las condiciones laborales hasta que se celebre un nuevo convenio, se verá forzado a aceptar algo ante el abismo de quedarse sin nada.

¿Y el laudo? Durante el tratamiento en particular me referiré a él, pero desde mi punto de vista impone un excesivo intervencionismo estatal sobre la libertad de negociación de las partes. El laudo dirá, por ejemplo, que una empresa quiere pagar cinco, que el trabajador quiere diez y que entonces se le da siete, pero a lo mejor el convenio anterior decía diez. Entonces, propondremos que sigan en vigencia las condiciones laborales y salariales de un convenio colectivo de trabajo hasta que se celebre otro.

Apoyamos el impulso a la negociación colectiva; no son los sindicalistas los que no quieren negociar; los sindicalistas no podemos negociar porque cuando me siento, por ejemplo, a negociar con la empresa de aviación todos quieren que los tripulantes de cabina no descansen, todos quieren pagar menos de 700 pesos, todos quieren negociar a la baja. La única forma de tener un piso es tener ultraactivos los convenios, para que si las condiciones que ofrecen los empresarios son muy malas uno pueda quedarse con lo poco o mucho que tiene. Generalmente, es poco. Yo invito a que se haga un trabajo de campo y se determine si hay aunque sea una sola empresa, de cualquier rama, que no pueda desarrollarse en la Argentina como consecuencia de lo que los liberales llaman "rigideces del mercado de trabajo". La verdad es que, como dijeron algunos señores diputados preopinantes, en nuestro país las empresas no pueden desarrollarse porque no tienen posibilidades de competir, porque no tienen mercado interno, porque los trabajadores tienen salarios cada vez más bajos, porque hay usura financiera por parte de los bancos y porque todavía no tenemos una adecuada capacitación empresarial y laboral.

¿De modo que se acabó la ultraactividad? Pues es una pésima noticia para el mundo del trabajo, ya que los sindicatos tienen una enorme debilidad negocial. Algunos funcionarios y técnicos -o más bien, tecnócratas- del Ministerio de Trabajo dicen confiar en que los dirigentes sindicales podrán hacer buenos convenios. Yo les respondo que no confíen porque, aunque seamos honestos y trabajadores, no podremos hacer buenos convenios existiendo un 20 por ciento de desempleo.

Voy a contar una pequeña anécdota porque los ejemplos extraídos de la realidad a veces iluminan y porque quiero demostrar que no hablo de lo que leí en los libros; yo, que precisamente por la debilidad de los sindicatos me acerqué a la política para ver si podía contribuir a cambiar la relación de fuerzas para inclinarla a favor del más débil, que es el trabajador, me encuentro con que hoy la mayoría propone este proyecto.

Cuando en Córdoba cayó una tripulante de cabina de un avión realizamos muchas denuncias sobre una puerta que funcionaba mal por rebajas en los costos de seguridad y también en los costos laborales, pues los mecánicos antiguos eran reemplazados por mecánicos jóvenes, con salarios más bajos; y porque además a aquellos que no querían firmar los despachos de los aviones se los obligaba, y si no cedían se los despedía. Cuando algunos colegas diputados me preguntan por qué empresa conviene viajar siempre les aconsejo que lo hagan por aquella que tenga mejores convenios y trabajadores seguros, pues en las empresas de aviación, los trabajadores inseguros, vulnerables, sin convenio, "vuelan". Ya cuando fue el accidente de LAPA quedó demostrado que no chequean ni siquiera el instrumental de emergencia.

Pero volviendo a la muerte de aquella tripulante, quiero relatar que conseguimos una medida legal para que el resto de esa base en Córdoba permaneciera sin volar hasta que se conocieran las causas del accidente, puesto que existía otro avión similar que estaba en riesgo muy serio y el personal tenía terror. Muy contenta llegué a Córdoba con la resolución judicial -todos sabemos lo que cuesta conseguir que la Justicia se expida a favor de los trabajadores en estos casos- y me encontré con que la empresa presionó a los trabajadores de tal modo que a los dos días estaban con el uniforme puesto, llorando pero trabajando. En aquella ocasión un periodista me preguntó: "¿Qué pasa con sus compañeras? ¿Tienen más miedo de perder el trabajo que de perder la vida?" Esta es la pregunta que dejo flotando aquí y que quiero compartir con los señores diputados.

No soy dueña de la verdad pero mi obligación es recordar que estas cosas suceden. Entonces, ¿quién puede venir a decirnos que en estas condiciones los sindicatos pueden negociar bien y que por ello es apropiado hacer caer la ultraactividad, derogar los convenios marco de cada actividad y dejar que los trabajadores se las arreglen para negociar con cada empresa? (Aplausos.)

El proyecto del Poder Ejecutivo propone la descentralización de la negociación colectiva. Hemos llegado a un acuerdo y vamos a votar a favor de que se habiliten todas las formas posibles de negociación colectiva: por empresa, por región, por zona, por conglomerado, etcétera. Estamos de acuerdo. De hecho, en la actualidad ya es posible negociar por empresa. En general, en todos los sectores muchas empresas han realizado negociaciones. En el sindicato del que provengo hay negociaciones por empresa, pero actualmente también existe un convenio por rama o por actividad que establece un piso. Los legisladores no podemos ignorar que este es un piso de salario mínimo, por lo general muy bajo: en comercio y en televisión el promedio es de 400 pesos por mes, mientras que el peón metalúrgico cobra tres pesos la hora. Es decir, son salarios muy bajos, pisos sociolaborales mínimos que se articulan luego con convenios por empresa. Por ello se puede conservar ese salario, subirlo y adaptar las condiciones laborales...

¿Me escucha, señor presidente?

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- La Presidencia informa que existe un problema en el equipo de audio que dificulta la tarea de los taquígrafos.

Continúa en el uso de la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. CASTRO.- Señor presidente: decía que debíamos comprender esto y que no podemos ignorar que un convenio de actividad establece pisos sociolaborales y salariales mínimos.

Por eso estamos de acuerdo con la descentralización de la negociación colectiva. Creemos que hay que adaptar la negociación a los nuevos modos de producción y de trabajo, y a las particularidades de cada zona. Pero lo que no podemos es utilizar este criterio para imponer salarios aún más bajos de los que se están pagando o condiciones laborales aún más precarias de aquéllas en las que hoy viven los trabajadores desde el norte al sur de la Argentina sin excepción.

Si queremos realmente la descentralización colectiva como pretende esta ley, sigamos este camino. Pero si queremos evitar que esto sirva indirectamente o inadvertidamente -como me temo- para que los convenios por empresas chicas o grandes se pacten a la baja en las condiciones laborales y salariales, evitémoslo. Hay una forma de hacerlo: estableciendo que ante la concurrencia o sucesión de distintos convenios prevalezca la norma más favorable al trabajador. Esto lo propondremos durante el tratamiento en particular de la normativa en consideración.

Con esta propuesta que he formulado adviértase que no estoy prometiendo nada extraordinario ni raro; no se trata de la revolución socialista. Lo único que estoy defendiendo, junto a muchos de los señores diputados, es un pilar del derecho laboral argentino, porque el derecho laboral fue creado unidireccionalmente y exclusivamente para la protección del más débil. (Aplausos.)

Con todo respeto me voy a permitir citar a mi querido y admirado colega, el señor diputado Alfredo Allende, quien en el seno de la Comisión de Legislación del Trabajo dijo en oportunidad de referirse a este asunto que no quisiera ver al partido de Yrigoyen quitando esta piedra angular del derecho laboral argentino. (Aplausos.) Y me atrevo a decir que nadie quisiera ver -ni quien habla, que no soy más que una representante del pueblo de la Nación- que se suprima la cláusula más favorable al trabajador, o sea, in dubio pro operario. Es lo último que le queda al derecho laboral residual argentino. No pateemos esta última piedra. Tampoco quisiera ver hacer esto al partido de Alfredo Palacios y de Alicia Moreau de Justo, ni al partido de Perón y Evita, ni al partido de Germán Abdala y Carlos Auyero, al que pertenezco. (Aplausos.) Pero más allá de quiénes sean nuestros líderes, nuestros próceres, nuestros referentes intelectuales o políticos, hoy los modestos diputados de la Nación, los únicos con que cuenta el pueblo, los únicos 149 diputados que estamos presentes en este momento, damos esta discusión.

Cuando cito a nuestros líderes no quiero ofender a nadie, sino todo lo contrario; quiero reivindicar nuestras mejores tradiciones, que no son patrimonio de nadie, sino herencia cultural y política nuestra y de todo el pueblo argentino por igual.

Quiero nuevamente invitar con toda modestia a mis colegas a que acompañen nuestro dictamen de minoría y a que preservemos la norma más favorable al trabajador, porque los trabajadores nos lo están pidiendo en la calle, a los gritos, como pueden. A algunos no les gusta cómo lo piden; nosotros no somos quiénes para decir cómo lo deben hacer. Estamos acá para escucharlos. Durante los últimos diez años nos vienen pidiendo que no se flexibilice más. Seamos atentos, respetuosos, escuchemos lo que ellos dicen cuando nos piden, nos exigen y hasta nos suplican que se proteja al más débil, al más vulnerable, que es el trabajador. (Aplausos prolongados.)

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- Ahora corresponde hacer uso de la palabra a diputados del bloque de la Alianza por el término reglamentario de treinta minutos, de manera que los diputados que realicen intervenciones deberán distribuir sus tiempos a efectos de no superar ese plazo.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. ALLENDE.- Señor presidente: en primer lugar quiero expresar mi satisfacción por el deseo de consensuar que ha existido en todos los ámbitos y sectores de este Parlamento y también en sectores sociales importantes fuera de éste.

Nosotros vamos a continuar con nuestro camino de consenso, y vamos a respetar las palabras empeñadas, como creo que lo hará el resto de los actores que han participado de este proceso.

Soy testigo de que se ha tratado de buscar ese consenso por todos los medios; nosotros teníamos objeciones importantes al proyecto remitido por el Poder Ejecutivo. A través de las conversaciones realizadas, de las mejoras efectuadas al proyecto original y de las concesiones que se hicieron para lograr el consenso, se ha llegado a una situación en la que esas objeciones, si bien no han sido a mi criterio absolutamente superadas, no ameritan un voto por la negativa de mi parte, ni mucho menos.

Me parece peligroso afirmar que ciertas organizaciones han dicho cosas que en realidad no dijeron. Hay organizaciones que nuclean a pequeñas y medianas empresas que no dijeron estar en contra del proyecto originario sino que se mostraron indiferentes, y así lo señalaron, porque creían que había otras prioridades. También muchos de nosotros compartíamos la necesidad de traer a la discusión otros elementos.

Pero estamos frente a un proyecto del Poder Ejecutivo, y las relaciones laborales no son ajenas a las prioridades fundamentales de lo económico y lo social del país.

También creo que puede ser peligroso considerar que, por un dicho de un ministro de Trabajo -por respetable que sea-, la ultraactividad ha terminado en el país, cuando el dictamen de mayoría establece expresamente la posibilidad, consensuada por las partes mediante los acuerdos, de llevar adelante la ultraactividad. Por el contrario, se la consagra en forma definitiva.

Indudablemente, lo que hay que tratar de evitar es caer en una especie de narcisismo respecto del proyecto de ley. Esto me recuerda aquel personaje mítico que se enamoró de sí mismo al mirarse en las aguas y terminó ahogándose. Creo que si empezamos a ver maravillas en el texto de esta iniciativa sin que ella las contenga, podemos correr ese mismo peligro.

Lo que debemos observar es el contexto del propio proyecto de ley respecto de las cláusulas fundamentales. Asimismo, debemos tener en cuenta la realidad nacional objetiva a fin de saber si en ese contexto integral se pueden llevar a cabo las intenciones del legislador. Por centésima vez señalamos que nuestro objetivo no es crear directamente empleos a través de esta iniciativa. Parece mentira que haya que recalcarlo, pero a cada rato se habla de esta posibilidad, cuando en realidad tanto el señor ministro de Trabajo como las autoridades y nosotros mismos hemos expresado que lo que se procura es facilitar la posibilidad de que se tome empleo, es decir, mano de obra por parte de las empresas. Eso es lo que estamos defendiendo, fundamentalmente a través del artículo 2° del proyecto de ley, que es clave.

Esto es lo que vale; no creemos en las varitas mágicas. ¿Y por qué hemos pensado, en este caso, en el contexto? Porque se nos dice -y hasta ahora esto no ha sido objetado por nadie- que durante este año se producirá un rebrote en cuanto al crecimiento, que hay situaciones que ya están teniendo lugar, contándose entre ellas las comprometidas respecto de las moratorias y los créditos en favor de las pequeñas y medianas empresas. Además se están realizando otros estudios sobre cuestiones que hacen al interés específico del trabajador, como por ejemplo las vinculadas con los accidentes de trabajo. Sobre este último tema también vamos a plantear algunas cuestiones en este Parlamento.

De manera tal que no estamos creando puestos de trabajo sino tratando de mejorar las condiciones favorables para la toma de empleos. Nos hemos comprometido en ese sentido; ese es nuestro objetivo y no otro que se nos pudiera escapar de las manos y que no pudiéramos manejar desde el punto de vista legislativo.

En lo concerniente a los convenios colectivos de trabajo se dijo aquí que sería casi automática la negociación a la baja. Esto podría ser así si tuviésemos la mirada narcisista a la que me referí anteriormente. Pero si tenemos una visión integral y tratamos de analizar los institutos y fundamentos de esta iniciativa, podemos llegar a un cauto optimismo respecto de los resultados que pueden obtenerse. Además, hay un aspecto que se considera un avance y que está dado por la intervención de novedosos actores sociales que ocuparán lugares de fundamental importancia en la discusión de las condiciones laborales. Entonces, esto quiere decir que la democratización de la vida gremial -y todos debemos poner la mano en el corazón- anda bastante renga. Con esto no quiero decir que en todos los casos carece totalmente de la posibilidad de caminar. Pero sí está claro que anda suficientemente renga como para que se tenga presente aquella norma que establece que los convenios colectivos de trabajo se pueden, en definitiva, redactar desde la ciudad de Buenos Aires, a través de un Secretariado, para todo el territorio de la República.

Si esto es democratización gremial, acercamiento del trabajador de base, tener en cuenta lo que dicen las comisiones internas y el sindicato de base, me parece que estamos un tanto alejados de la realidad; y esto es lo que intentamos llevar a cabo.

A los efectos de que pueda hacer uso de la palabra el señor diputado Raimundi, me voy a referir a las garantías concretas. Se está creando un servicio de mediación y arbitraje, que es una innovación progresista, integrado por gente especializada que actuará necesariamente de buena fe. Este instituto funciona en muchas partes del mundo con enorme éxito y cuenta con posibilidades de solucionar los conflictos por encima de las pasiones de las partes, ya que contará con expertos y con criterio técnico social.

¿Qué otra garantía está contemplada en el proyecto de ley? En lo que se refiere a las sanciones que pesan sobre las partes, y fundamentalmente en el caso concreto de los empresarios que no negocien de buena fe, es abrumadora la cantidad de normas que se han enriquecido con este aspecto que ya estaba establecido; y es un mecanismo que tiene ahora un carácter institucional demasiado serio como para pasarlo por alto. Se trata de un avance notable con respecto a lo que existía, ya que no alcanzaba a cubrir las instancias que eran necesarias para forzar las negociaciones de buena fe entre las partes.

He observado alguna sonrisa con respecto al instituto de información, pero quiero aclarar que en Europa dicho instituto es motivo de denodadas luchas de los movimientos de los trabajadores y sindicatos para darle vida y hacerlo realidad en cada discusión. Sobre esa base se pueden disponer mejores distribuciones de los excesos en la productividad. Por lo tanto, si se llega a sancionar esta iniciativa, en lugar de sonreír tendremos que pensar en cómo le vamos a dar consistencia en la práctica a este mecanismo para que la patronal tenga la obligación permanente de brindar la información relacionada con la distribución de los beneficios de la productividad y de la evolución del empleo.

Creo que la presencia de los delegados y de los sindicatos de base en las discusiones de los convenios colectivos regionales, locales o como se los quiera llamar, constituye una garantía fundamental, porque no solamente estamos hablando de la acción de los sindicatos de base sino de la posibilidad de comprometer a las propias bases en el trabajo gremial.

Si se me dijera que en algunos casos las organizaciones del interior son demasiado débiles como para trabar estas discusiones -aclaro que yo he objetado este aspecto-, sepamos que hemos introducido la posibilidad y la obligatoriedad, si así lo pide el sindicato central, de que éste se haga presente en esas negociaciones. Todos los que hemos actuado en los sindicatos conocemos la importancia disuasiva, sugerente y equilibrante que constituye la presencia de los delegados del Secretariado Nacional o de la Comisión Nacional de Paritarias frente a las negociaciones que puedan realizarse en los sindicatos de base.

Creo que esta incorporación otorga el equilibrio suficiente para mantener, por un lado, el criterio de regionalismo y federalismo que muchas veces proclamamos, y por el otro, la necesaria centralización en el consejo y asesoramiento de quienes ocupan lugares claves en la organización sindical.

En mi opinión la comisión bicameral que se propicia crear debería tener aún una mayor significación de la que posee dentro del contexto legal. En ese sentido, considero que la cantidad de tres diputados y tres senadores no es suficiente, motivo por el cual solicitaré a mi bancada que se analice la necesidad de elevar el número a cinco representantes por cada Cámara del Congreso de la Nación. Asimismo sugiero que las presidencias de ambos cuerpos otorguen a esta comisión los medios mínimos idóneos a los efectos de que pueda llevar a cabo la labor de seguimiento de las convenciones colectivas y de análisis y evaluación de sus resultados. Son los representantes del pueblo los que estarán detrás de estas negociaciones y de sus consecuencias; por lo tanto, serán ellos los que podrán determinar y sugerir en el futuro incluso las modificaciones a esta norma, a las reglamentaciones pertinentes y a las decisiones que se puedan adoptar eventualmente desde el Ministerio de Trabajo, que estará obligado a brindar a esta comisión bicameral la información necesaria.

Habiendo superado -no en forma óptima- las dificultades que encontraba para tratar el proyecto de ley, creo que con su sanción daremos el paso histórico en la marcha hacia un progreso fundamental. No tenemos que ser narcisistas, debemos seguir una evolución que no implique sólo crecimiento sino también el desarrollo social necesario para que el país pueda alcanzar mejores niveles de vida. Si este proyecto de ley no se opone a esa posibilidad, favorece las posibilidades de empleo y otorga las garantías suficientes para controlar los problemas que puedan surgir en las negociaciones colectivas de trabajo y sus consecuencias, considero que es justo, progresista, serio y responsable votar por la afirmativa. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. RAIMUNDI.- Señor presidente: alguien podría decir o pensar: llegó la hora.

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- La señora diputada Castro le solicita una interrupción, señor diputado. La Presidencia desea saber si la concede.

Sr. RAIMUNDI.- Señor presidente: si es breve, concisa y cumple con la naturaleza reglamentaria de la interrupción, la concedo.

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. CASTRO.- Señor presidente: quiero pedir expresamente disculpas al señor diputado Allende y reconocer que su comentario había sido expresado en otro contexto antes de que el proyecto sufriera modificaciones. Mi intención fue sólo expresarle mi respeto y mi admiración, y en modo alguno comprometerlo por manifestaciones vertidas en otro contexto.

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. RAIMUNDI.- Señor presidente: tal vez alguien, ingenua o interesadamente, podría pensar que llegó la hora señalada de esta discusión en el recinto, que es el corolario de largas semanas de debate en medios de difusión, en empresas y en ámbitos gremiales, tanto sindicales como empresarios.

La primera afirmación que quiero hacer es que el tema en cuestión es la angustia que viven millones de personas que están sin trabajo en nuestro país y otras tantas que, aun teniendo empleo, están humilladas y obligadas a aceptar condiciones indignas. Esta cuestión es lo suficientemente profunda como para que no pueda ser agotada en este debate.

Es más amplio, prolongado y complejo abordar el problema del desempleo estructural en la Argentina que el resultado que pueda tener una sesión, por más brillantes que sean las exposiciones escuchadas.

Por eso voy a utilizar estos minutos para plantear brevemente el eje más profundo de la discusión, y quisiera hacerlo continuando el enfoque que dio el señor diputado Allende a su intervención.

Es necesario ratificar una vez más cuánto valor tiene para esta discusión mejorar la calidad en el funcionamiento de esta Cámara. Tiene mucho valor, porque a lo largo de esta discusión no han existido imposiciones de mayorías, se postergó reiteradamente la firma de los dictámenes tratando de receptar las distintas observaciones del lado de la oposición, nunca se ha retaceado el quórum y siempre existió vocación de consensuar más allá de cuál fuere el resultado de la votación.

Digo esto porque aquí está en discusión un concepto integral de competitividad de un sistema social; y el mejoramiento de la calidad institucional, la infraestructura institucional, transparente, previsible y clara en un país, tiene que ver con un conjunto de condiciones para que esa competitividad global y sistémica del sistema productivo y social pueda mejorar.

Hasta no hace mucho tiempo estábamos gobernados por otro estilo, según el cual, ante la crisis, había que resolverla y tomar decisiones. En el Parlamento se discutía mucho, se postergaban las decisiones y ello conspiraba contra la eficacia.

Este gran cambio de estilo que estamos reinaugurando en la Argentina sirve para que la calidad institucional del Parlamento, lejos de conspirar contra la eficacia de las medidas que se tomen, ayude a evitar futuros inconvenientes por no haberse respetado los plazos, los estilos y la naturaleza de la institución parlamentaria.

En segundo lugar, este problema es histórico y se encuadra dentro de una disputa entre dos demandas muy fuertes: el problema del trabajo y de la rentabilidad empresaria versus -entre comillas- los intereses de los trabajadores; enfrenta una demanda de competitividad económica con una demanda de equidad social.

Otra de las cosas que estamos reinaugurandoen la Argentina es un modo de resolver la tensión entre dos demandas que históricamente aparecieron como contradictorias.

En una etapa se resolvieron por vía de la confrontación; incluso se llegó a resolver por vía de la vida y de la muerte de los adversarios y de los dirigentes sindicales. La lógica era que para que una de las demandas prevalezca, había que destruir a la otra.

En una etapa más reciente -esta es mi opinión y seguramente no será compartida por otras bancadas- la tensión se resolvió de otra manera, subordinando la equidad a la competitividad. Se planteó la filosofía de la necesidad de construir un sistema competitivo y de que, para alcanzarlo, había que postergar la demanda de equidad de los trabajadores. Así se iba a lograr un nivel de crecimiento que a la postre sería disfrutado por los trabajadores, que en una primera etapa iban a quedar postergados.

Creo que estamos reinstalando un modo de convertir las dos demandas que fueron contradictorias, en dos demandas que se resuelvan por vía de la complementación y de la retroalimentación mutua. Se trata de que el sistema gane competitividad por vía de la equidad social, de la calificación de los trabajadores, de la capacitación y de la formación de empleo estable, registrado y previsible.

Asimismo, se trata de que la competitividad ayude a la reactivación y a la puesta en marcha del sistema económico, que llevará naturalmente a convertir lo que hoy es una tendencia a la baja, en una pendiente hacia el alza para los derechos de la parte más débil de la ecuación.

Si este proyecto de ley no genera por sí mismo empleo, lo que ha sido reconocido por el propio bloque mayoritario que impulsa la iniciativa, tampoco es justo afirmar que esta norma va a generar por sí misma desempleo.

Esta iniciativa no va a producir automáticamente una negociación hacia el alza, y nosotros no lo planteamos de esa manera. Así como no es justa la visión idílica de la ley, como planteaba el señor diputado Allende, tampoco es justa la visión demoníaca, que afirma que con este proyecto inexorablemente nos dirigimos a la negociación a la baja.

Se trata de que la negociación a la alta o a la baja y el equilibrio de la equidad social no derivan de este proyecto de ley sino de un conjunto de condiciones que se vinculan con un complejo de medidas de políticas activas, donde se recupera el papel del Estado como facilitador de la inversión productiva y del crecimiento. En algunos minutos quisiera referirme al modo de crecimiento, porque tampoco alcanza con plantear el crecimiento en un sentido neutro.

¿Por qué creo que lo que pensaba hace cinco, tres o dos años lo sigo pensando ahora y puedo defenderlo dignamente y con honestidad intelectual? Sinceramente, estimo que este no es un proyecto de ley retrógrado y flexibilizador, entendido este último concepto en el mismo sentido que se daba a la palabra "flexibilidad" en las últimas reformas laborales del gobierno anterior.

Puede compartirse o discreparse con mi opinión, pero honestamente considero que el concepto de flexibilidad se vincula con el relajamiento de límites y con la idea de que se pierden los parámetros y las referencias. En un sistema político que se mide o evoluciona de acuerdo con la correlación de fuerzas, ello está a favor de quien tiene más poder. Quien relaja los límites es el que tiene el poder, y este es un proyecto que implanta criterios distintos.

La promoción del empleo estable, a partirdel incentivo a aquél empresario que efectivice al trabajador, no responde a la misma filosofía precarizadora de los últimos proyectos de reforma laboral. Salgamos de esta lógica reduccionista de que cuando utilizamos una palabra estamos adscribiendo a la cultura dominante de estos últimos diez años, porque justamente uno de los cambios de esta nueva etapa en la Argentina pasa por profundizar una batalla cultural que nos saque de esa lógica rectora en la cual estuvimos sumergidos. Por eso no toda reforma laboral es un deterioro o un retroceso para los derechos del trabajador.

El segundo mojón o terraplén que se construye como dique de contención del avance del poder, que no tiene límites, es el empleo registrado; el empleo que aporta un sistema de seguridad, el empleo que introduce al trabajador al circuito del consumo, que le da certidumbre de futuro.

El tercer mojón pasa por la idea del fortalecimiento del Estado, del fortalecimiento del papel de la policía del trabajo, del control de legalidad de un ministerio fortalecido institucionalmente; ¿o alguien podría decir que el peso de una institución del Estado tratando de restablecer un equilibrio es compatible con la idea de relajamiento de límites que inspira el concepto de flexibilidad?

El cuarto paradigma es la descentralización de la negociación, en términos de renegociar una nueva realidad. Aquí no hay un planteo de principios ideológicos. En el año 1975 Argentina tenía un sistema productivo o aparato empresarial con base en el capital nacional, un mercado interno fuerte, una asociación de trabajadores sindicalizados y registrados en el sector productivo industrial y un Estado con capacidad de arbitraje; todo esto es totalmente distinto a lo que tenemos en este momento. ¿Quién atiende a la nueva necesidad productiva del sector mueblero de la ruta 9 en la provincia de Santa Fe, donde las pequeñas y medianas empresas ya no tienen capacidad para insertarse en un mercado interno deprimido y altamente competitivo, si no se constituye un nuevo sujeto de negociación colectiva a nivel empresarial? Esto implica naturalmente la aparición de actores nuevos desde el punto de vista sindical.

Entonces la descentralización, tomada desde este punto de vista, no tiene que ver con los principios ideológicos sino con el reconocimiento de una realidad que es el punto de partida para adoptar medidas que puedan modificarla.

Venimos de un contexto histórico terrible: veinticinco años de ajuste estructural en América latina y desaparición del aparato productivo nacional, que fue cedido a los grupos más concentrados de capital tanto interno como externo, lo cual se termina de completar con la venta del aparato estatal, porque al no bastar con el sector privado se pasó al sector público.

Aparecieron los nuevos dueños de la Argentina, quienes deciden el futuro de una sociedad a partir del interés de su conglomerado o concentración económica. Este es el desequilibrio que tenemos que restablecer mediante una labor fuerte del Estado y de medidas proactivas en función del crecimiento y la producción.

Muchas veces hemos escuchado del bloque de la oposición que los costos que resienten la competitividad en la Argentina no son los laborales. Lo hemos dicho nosotros muchas veces. Es así y lo ratificamos. Esto es un instrumento dentro de un contexto de medidasque apuntan a bajar el costo financiero sobre la base de un ajuste que debe comenzar por el propio Estado nacional. Es a través de la prolijidad fiscal que tanto el Estado nacional como las provincias están intentando bajar nuestra calificación de riesgo país para reducir la tasa de interés del crédito -tanto externo como interno- que han de tomar las empresas llamadas a abrir nuevas fuentes de trabajo.

¿Y qué pasa con las tarifas, ese otro gran costo laboral? ¿Es neutra la medida de haber refinanciado el pasivo de setenta y siete mil productores agropecuarios sin que ello implique un perjuicio para la cartera prestable del Banco de la Nación? ¿No tiene efectos el hecho de haber bajado las tarifas de electricidad y de gas para cuarenta mil pequeñas y medianas empresas, o la renegociación del contrato ferroviario realizada con el fin de frenar el aumento del boleto y permitir que las empresas puedan bajar sus costos y ganar competitividad por una vía distinta que la de la reducción del costo salarial?

No es cierto que este proyecto sea en sí mismo lo que va a inducir a la negociación hacia la baja, pues la competitividad depende de un sistema integral. Para una inversión empresaria un trabajador de un país centroafricano representa un costo mucho menor que el de un trabajador de cualquier país de Europa occidental; sin embargo ello no implica necesariamente que las inversiones emigren de un lugar a otro, pues el trabajador de un país desarrollado, que tiene un costo superior, también es más productivo y está inserto en un sistema integralmente más competitivo que aquel que rige en países absolutamente impredecibles, en países sin instituciones, sin transparencia y sin calidad democrática.

Quiero redondear mi exposición refiriéndome a la verdadera batalla política, porque tanto aquí como en otros sitios en los que me ha tocado discutir este tema he escuchado intervenciones en las que se realizan afirmaciones que son ciertas sólo parcialmente. He escuchado, por ejemplo, que a un jefe de familia desocupado deberíamos darle un subsidio de tanto dinero, y que el hecho de que las empresas privatizadas facturen determinada suma demuestra que los fondos existen. El pequeño detalle -lo de pequeño lo digo entre comillas- que olvidan quienes realizan afirmaciones de ese tipo es precisamente el puente que une una verdad parcial con otra verdad parcial, y ese puente está dado por la respuesta a la pregunta de cómo se construye el poder político en una Argentina que llega a este nuevo gobierno y a esta nueva etapa histórica en una situación vulnerable; y de cómo se construye el poder político para contar con un Estado que verdaderamente represente a la sociedad civil frente a su actual interlocutor, constituido por los grandes conglomerados económicos, en la discusión referida a cómo se transfieren los recursos de un polo al otro del sistema productivo. Esto es lo que está en discusión en estos momentos en la Argentina: una cuestión mucho más profunda y compleja que la que podemos debatir hoy en este recinto, que es nada más que un eslabón de la cadena. Por eso el debate todavía queda pendiente.

Me pregunto también cuánto contribuye a que haya negociación hacia la alta o hacia la baja el hecho de que en nuestro país exista un alto nivel de conflictividad social. Alguien podría decir: "¡Qué muñeca la del gobierno, tan impregnado del síndrome Mucci de la primera etapa del gobierno del 83! ¡Acaba de cambiar completamente el contexto y ahora produce una fractura en la representación sindical! ¡Qué contento debe estar el gobierno!"

No estamos contentos, señor presidente, porque para que una democracia neutralice los efectos del poder concentrado hace falta mucho prestigio sindical, mucha unidad y mucha representatividad sindical. La pregunta es en qué se funda la readquisición del prestigio de la dirigencia sindical en una etapa como esta. Seguramente, no en la capacidad de presión por vía de la movilización, ya que hoy las nuevas fuentes de trabajo van a surgir más de una adecuada política de inversión que de tácticas de movilización, y por ello la discusión institucional y la confrontación de ideas constituirán una imagen mucho más importante que la producida por demostraciones callejeras, que en muchos casos pueden conspirar contra las posibilidades de inversión productiva.

¿Cuánto incide que haya un sector en unaplaza, otro en el Congreso y otro acordando con el gobierno un proyecto de consenso social? ¿Cuánto incide esto en la negociación a la alta o a la baja de la representación sindical en la discusión con el poder económico?

La verdadera batalla reside en cómo hacer para reconstituir el poder de la política. Una visión economicista del trabajo es la que lo valora como una mercancía. El empresario que negocia a la alta o a la baja las condiciones laborales en función de la oferta y la demanda considera al trabajo no en su dimensión humana sino contable. Nosotros tenemos la obligación de colocarlo en la dimensión humana que corresponde.

Cuando el trabajo entra en esta dimensión, sale del planteo único del mercado. Cuando el trabajo humano es valorado solamente en función de la oferta y la demanda se pasa del criterio de la economía de mercado a otro en el que se convierte a la sociedad en su integralidad en presa del mercado. ¿Cuál es la única herramienta que tiene la democracia, la sociedad civil, para neutralizar esa desigualdad, para discutir con los que dominan el mercado? La política. Pero la política bien entendida. No es ni la visión sindical, ni la de la pequeña y mediana empresa, ni la de ningún sector individualmente considerado, sino todos aglutinados a través de la política.

Esta es la verdadera batalla que debemos librar: ser capaces de ver el sentido estratégico de este proyecto más que los intereses tácticos de posicionamiento de cada uno de nosotros y de los actores involucrados.

¿Dónde se libra esta batalla? En la calidad institucional, en la lucha contra el contrabando, contra la evasión, la exclusión, el monopolio. Allí está el verdadero combate que debe dar la sociedad civil argentina representada por una política represtigiada, el verdadero fin por el cual se crea este debate, porque de otro modo no tiene sentido.

El proyecto no consigue milagros ni comete pecados por sí mismo. Debemos incluirlo en un contexto donde podamos dar la batalla desde la política para neutralizar la desigualdad que hemos heredado en nuestra lucha contra los que concentran las decisiones, porque son ellos quienes manejan el mercado (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. ATANASOF.- Señor presidente: teniendo en cuenta las expectativas y los posicionamientos existentes en torno a este tema para cuyo debate hemos sido convocados se me impone formular algunas precisiones respecto al por qué de algunas actitudes asumidas por nosotros durante el debate de la reforma laboral, tema que es muy caro al sentimiento y al ideario Justicialista, al de los trabajadores y, en particular, al del Movimiento Obrero Organizado.

Esto me impone un sinceramiento a fin de colocar la discusión en los correctos ejes del problema que estamos enfrentando.

Quiero recordar que correspondió a una iniciativa del Partido Justicialista volver sobre nuestros pasos ante el reconocimiento de la incapacidad de generar empleo de la denominada flexibilidad laboral. Fue así que hace algunos años promovimos una norma que únicamente impulsó el justicialismo y que no contó con el consenso y el acompañamiento de quienes hoy son oficialismo. Mientras nuestro sector debatía el proyecto en el recinto algunos de los señores diputados que ahora impulsan esta otra normativa propiciada por el Poder Ejecutivo estaban montados en un camión ubicado a las puertas de esta casa haciendo fuertes críticas a quienes estábamos llevandoadelante la sesión.

Pero quiero que hagamos un poco de memoria y rescatemos algunos de los aspectos que discutimos, particularmente en oportunidad del tratamiento de la ahora ley 25.013. En ese momento el justicialismo, en uso de una clara actitud autocrítica, no hizo nada más ni nada menos que eliminar los denominados contratos basura y producir un fuerte acortamiento del período de prueba, como una posibilidad de fortalecer fundamentalmente el empleo estable e indefinido.

Esto lo hicimos cuando la experiencia nos indicó que esos instrumentos, que en otras etapas de la vida política argentina se habían promovido, no habían sido funcionales a la creación de empleo, y que la prolongación del período de prueba sólo había sido utilizada para la institucionalización del fraude laboral.

Como los justicialistas nos hacemos cargo de nuestra historia y nuestros errores, y para corroborar de alguna manera lo que he estado exponiendo, creo que es bueno volver un poco atrás y recordar que el nacimiento de la flexibilización laboral en la República Argentina vino de la mano de organismos internacionales que permanentemente están presionando a los países latinoamericanos, fundamentalmente, para que corrijan su legislación laboral. También debemos recordar en esta oportunidad que ese nacimiento fue durante el gobierno de la Unión Cívica Radical encabezado por el doctor Raúl Alfonsín.

Lo que hemos observado en esta última etapa es que desde el triunfo electoral de la Alianza se ha venido generando una particular interpretación de la cuestión del empleo, que también en definitiva es nuestra mayor preocupación, compartamos o no los instrumentos que se utilicen para resolver este dilema. En el análisis de la cuestión laboral se tomaron como ejes centrales a los pilares de la concepción clásica de la flexibilización laboral.

Desde que la Alianza ha ganado legítimamente las elecciones nosotros hemos venido observando con mucha preocupación que hay una fuerte tendencia a la individualización de la relación laboral, con el consiguiente deterioro de la situación salarial. Hay una fuerte tendencia a la descentralización de los negociadores en el marco de la negociación colectiva, que no es lo mismo que la descentralización de la negociación colectiva. Además, hay una fuerte tendencia al debilitamiento de la estructura sindical argentina.

Sr. PRESIDENTE (Cafiero, J.P.).- Señor diputado: el señor diputado Baylac le solicita una interrupción.

Sr. ATANASOF.- No voy a conceder interrupciones, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE (Cafiero, J.P.).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. ATANASOF.- Señor presidente: a mediados del año pasado nosotros escuchábamos, también con mucha preocupación, las expresiones de un destacado economista de la Unión Cívica Radical, hoy ministro de Defensa de la Nación, el doctor López Murphy. Planteaba que para resolver los problemas de competitividad que tenían las empresas argentinas había que bajar los salarios.

Este fue un fuerte llamado de atención que tuvo la sociedad argentina. Esto después dejamos de escucharlo porque vino todo el proceso electoral y entramos en el marco de otros debates, pero lamentablemente tuvimos que observar que una de las primeras medidasque impulsó el flamante gobierno del doctor de la Rúa desde el punto de vista parlamentario fue la elevación de este proyecto de ley, cuyo tratamiento hoy nos convoca. Esta iniciativa, en su redacción original, mereció, sin ninguna duda, nuestra más fuerte calificación y repulsa, ya que propiciaba una serie de reformas a la legislación laboral que transitaban por un sendero tan conocido y probado como inconducente y que constituían la agenda clásica de la flexibilidad laboral en Latinoamérica. Además, estas medidas ya habían sido discutidas, algunas de ellas instrumentadas y otras revisadas, como ocurrió en los años 90 en oportunidad de la sanción de la ley 25.013, con los resultados ya conocidos por todos en materia de precarización laboral y de crisis del empleo.

Por otra parte, insisto en que durante toda la década pasada las fuerzas que hoy integran la Alianza se opusieron sistemáticamente a esas propuestas que seguramente también los organismos internacionales planteaban a nuestro gobierno. Hoy nos preocupa mucho observar que una vez en el poder parecieran haber sido seducidos tardíamente por las indicaciones y sugerencias de los organismos multilaterales de crédito.

El proyecto que estamos considerando se basa en tres ejes fundamentales: la descentralización de la negociación colectiva, la eliminación del principio de la ultraactividad y la extensión del período de prueba. Ninguno de estos elementos es novedoso para quienes hoy estamos debatiendo este tema. Ya los hemos discutido en otras oportunidades, rechazando desde el bloque Justicialista aquellas iniciativas que apuntaban en esa misma dirección, tratando de transformar el mercado laboral argentino.

La bancada a la que pertenezco, conjuntamente con la mayoría de los grupos sindicales que integran la Confederación General del Trabajo -la conducción oficial de esta última, el Encuentro de Gremios Solidarios, el Movimiento Obrero con Propuestas y el Movimiento de los Trabajadores Argentinos-, llevó a cabo una primera evaluación de este tema. Esas agrupaciones fueron nuestras interlocutoras y las que trabajaron con nosotros en forma conjunta en esta dirección. Desarrollamos nuestra tarea en el diseño de una estrategia que nos permitiera enfrentar este verdadero embate legislativo que apuntaba -y en esto teníamos una total y absoluta coincidencia- a eliminar los convenios colectivos de trabajo y, como mínimo, a lesionar seriamente la actividad sindical.

Esto nos llevó a ponderar en ambos ámbitos la relación de fuerzas que nos era francamente desfavorable en el seno de esta Honorable Cámara, como así también la posibilidad cierta de que el oficialismo, imponiendo su número, sancionara la iniciativa tal como había sido concebida en su redacción original.

Así planteadas las cosas, los caminos a seguir que en ese momento se nos presentaban eran tres. El primero estaba dado por la aceptación de que el oficialismo avanzara y concretara sus intenciones apoyado en su número y en el poco tiempo de su gestión de gobierno, guardando nosotros un silencio cómplice frente a una actitud verdaderamente devastadora para los trabajadores y para las organizaciones sindicales.

La otra posibilidad que teníamos eraconfrontar alocadamente adoptando actitudes conflictivas y discursos tremendistas que, en algunos casos, pueden llegar a aparecer como épicos o heroicos pero que son realmente inconducentes e inoficiosos para resolver los problemas de la Argentina.

El tercer camino que teníamos para transitar era el de la concertación y el diálogo, procurando modificar en lo posible los aspectos más negativos del proyecto, y sin duda éste es el que hemos elegido.

No era extraño para nosotros hablar de concertación: desde el justicialismo propusimos con mucha insistencia durante la anterior campaña electoral un gran acuerdo nacional con la participación de todos los sectores para poder considerar los temas que realmente nos preocupaban.

También recordábamos en aquellas evaluaciones el apotegma del general Perón según el cual la única verdad es la realidad, y esto es lo que determinó que este bloque de diputados justicialistas, al igual que la conducción de la CGT, optara por transitar el camino del diálogo y la negociación, encomendándonos a un grupo de legisladores la responsabilidad de llevar adelante esta iniciativa.

En esa dirección se realizaron numerosas reuniones, gestiones, propuestas y contrapropuestas que fueron determinantes para que, junto con otros legisladores de mi partido, acompañara con mi firma el dictamen de mayoría, puntualizado expresa y claramente mis disidencias. Debo reconocer también que, como contrapartida, se logró que el durísimo posicionamiento que tenía el proyecto del Poder Ejecutivo nacional en su redacción originaria fuera parcialmente desandado en los términos que ilustra el texto que está circulando por nuestras bancas -que hoy el oficialismo someterá a la consideración de este cuerpo legislativo-, y que -de más está decirlo- tampoco nos satisface.

Para explicar cuáles fueron los parámetros que nos guiaron en todo el marco negociador desarrollado, considero conveniente, a manera de breve introducción, formular algunas reflexiones sobre la relación entre el modelo de desarrollo y el de empleo. De esa manera, voy a perfilar el contexto y los parámetros dentro de los cuales estimamos se canalizó el desarrollo de la lógica del debate de la reforma laboral del año 2000.

Al respecto estimo necesario formular previamente algunas precisiones conceptuales que nos permitan ordenar este debate en torno de la cuestión del desempleo y de los alcances de una reforma laboral que, según se enuncia, apunta a disminuir los elevados índices de desempleo y estimular la creación de nuevos puestos de trabajo, pero que creemos no contribuye en absoluto a esos dos objetivos planteados.

Debo decir que, en términos teóricos, en una economía el nivel de empleo es una función entre la tasa de crecimiento de la productividad y la de incremento de la demanda efectiva. Entonces, si sube la productividad y permanece constante la demanda efectiva, aumenta el desempleo. Del mismo modo, si cae la demanda efectiva y la productividad se mantiene, también aumenta el desempleo. La demanda efectiva se refiere a las posibilidades de salida que tiene la oferta productiva.

Aquí nos encontramos frente a una situación verdaderamente difícil para algunos sectores de la producción. Por ejemplo, para los sectores de los bienes transables, la demanda potencial es casi infinita porque está referida a los mercados mundiales, y el problema de dicho sector será la productividad y la competitividad.

En el caso del sector de los bienes no transables, es decir, aquellos que fundan sus estrategias de desarrollo en el mercado interno, el comportamiento es distinto: funcionan en relación con elciclo económico. Cuando crece la fase expansiva y cae la fase recesiva se producen las diferencias, y la crisis fiscal termina de afectar de modo negativo a este sector. Creo que esto es lo que hoy está sucediendo en la República Argentina con nuestras pequeñas y medianas empresas.

Tal como lo señaló la señora diputada Castro, en la Comisión de Legislación del Trabajo los representantes de las pequeñas y medianas empresas expresaron que sus preocupaciones iban mucho más allá del período de prueba, la caída de la ultraactividad o el modo en que se articulará la negociación colectiva. Nos manifestaron con claridad que sus preocupaciones se centraban en el elevado costo del dinero en el mercado financiero argentino, el alto nivel de las tarifas de servicios públicos y la destrucción de los precios relativos que deben enfrentar.

El aumento de la competitividad no permite compensar las pérdidas de empleo que produce el incremento de la productividad. El desempleo no sólo seguirá creciendo sino que se mantendrá estable en niveles muy elevados para nuestro país. La tasa de desocupación abierta es del orden del 14 al 16 por ciento.

Al respecto deseo formular una advertencia pues creo que estamos equivocando el eje del debate: se está discutiendo una agenda laboral que no es la que requiere la República Argentina. Quiero que esta advertencia quede expresada con claridad en este recinto. Si por un período de un año el desempleo continúa igual, será porque estaremos peor que hoy. Es decir, si la tasa de desocupación abierta se mantiene alrededor del 14 por ciento hasta mediados de año, la situación será mucho más grave que en mayo o junio de 1999. En mi opinión este es el gran desafío que hoy enfrentamos los argentinos.

Teniendo en cuenta que el esfuerzo por aumentar la población ocupada debe dar cuenta y comprender el sentido del rumbo económico, la política de empleo necesaria será aquella que permita colocar en el centro del debate de la macroeconomía la cuestión del empleo y, fundamentalmente, sus determinantes estructurales.

Recuperar el empleo como política de Estado implica que el modelo económico admita la necesidad de detener el drenaje hacia el desempleo y generar las condiciones para aumentar la demanda de trabajo.

Considero que en el actual contexto hay sólo tres vías posibles para enfrentar esta cuestión. Una de ellas es no hacer nada y limitarse fundamental y exclusivamente a disciplinar el déficit fiscal. Esta actitud se fundamenta en la esperanza de recuperación del contexto internacional, en la caída de la tasa de riesgo país y sus consecuentes efectos benéficos en el ámbito doméstico.

La segunda apuesta es más activa y está destinada a reforzar la recuperación de la competitividad y a aliviar el desequilibrio del sector externo por la vía de la reducción directa e indirecta de los costos laborales que ya se ha intentado.

Por último, yo diría que la visión más extrema dentro del modelo es la que plantea instrumentar, además de lo anterior, una política comercial más activa que comprenda en todo caso subsidios selectivos destinados a compensar los impactos negativos del incremento de las importaciones sobre algunos sectores, y una negociación orientada a la reducción de tarifas que redunde en un ajuste de la distorsión de precios relativos.

En mi opinión el gobierno ha decidido transitar por un mix con un fuerte énfasis en las dos primeras. La reforma impositiva, el ajuste fiscal y la reforma laboral son tres iniciativas parlamentarias que hemos estado debatiendo en los últimos sesenta días y quenos muestran claramente cuál es la inclinación que el Poder Ejecutivo nacional tiene para llevar adelante este debate.

Decía que se habla también del tema de la reducción de tarifas, y creo que lo que se está proponiendo no deja de ser un maquillaje que puede tener, en todo caso, un efecto neutro sobre la verdadera crisis por la que está atravesando la economía.

Entonces, el elemento clave que tenemos que debatir es el aumento de la productividad, y debemos comprender que la competitividad está íntimamente asociada a esta circunstancia. El incremento de la productividad debería permitir entonces una caída de precios y el aumento de la demanda efectiva por la conquista de nuevos mercados. Pero ocurre que los desequilibrios en los ritmos de crecimiento y otras variables tienen consecuencias sobre los niveles de empleo y de salarios. De hecho, la productividad del trabajo creció mucho más fuertemente que los salarios pero, al no haber sido suficiente para ajustar el atraso de competitividad de la economía, presionó el aumento del desempleo y terminó generando más desocupados que los que teníamos antes.

Este es el verdadero tema de Estado que los argentinos debemos discutir. Debemos intentar seguir el camino que han transitado los países hoy desarrollados que tuvieron que atravesar por situaciones críticas respecto del empleo. Y creo que únicamente se puede seguir ese camino por la vía de un gran acuerdo social que sea capaz de abordar integralmente los temas centrales de la Argentina: la productividad, la competitividad y la relación entre inflación y desempleo que subyace tanto al debate público como a la realidad socioeconómica actual.

Si, por el contrario, pretendemos imponer una actitud conformista basada exclusivamente en el control del déficit fiscal y abandonada a que el producto y el empleo se ajusten a su nivel natural como consecuencia del mercado, creo que se vislumbra entonces un deterioro de la influencia sindical en este escenario en donde alternativamente dominan el desempleo y el subempleo masivo.

Quienes defienden este camino apuestan a una despolitización del problema del empleo, pero la realidad en la Argentina de hoy es que quienes tienen trabajo se atrincheran en su defensa, y quienes no lo tienen -que cada vez esperan menos tener ese empleo- privilegian la estabilidad por encima del riesgo inflacionario.

En ese marco, si no hacemos un esfuerzo entre todos los actores sociales para encontrar un punto de equilibrio y una mesa alrededor de la cual podamos debatir estos verdaderos problemas de Estado, tengo la sensación de que en un futuro quizás existan algunos problemas de gobernabilidad. Tengo también la sensación de que vamos a tener dificultades fiscales por el incremento de la demanda de programas focalizados y destinados a atendera quienes no logran insertarse en el mercado.

Por último, estimo que también habrá problemas para administrar una salida seria por el debilitamiento de los actores sociales de la República Argentina. El desempleo no se origina en las rigideces de la oferta de trabajo, como pretenden convencernos algunos gurúes, sino en la insuficiencia dinámica que muestra la demanda para crear empleo.

Por lo tanto, es necesario ampliar los sectores viables de nuestra economía y evitar el corset de una concentración económica que subsume todo lo rentable y que se expresa en un crecimiento económico desintegrador. Este es el gran esfuerzo que debemos hacer los argentinos para salir de esta situación de crisis.

Luego de que el proyecto del Poder Ejecutivo tomara estado parlamentario y se agotara la primera etapa de escaramuzas y de pirotecnia verbal, se comenzó a transitar un camino de debate caracterizado por el análisis y la reflexión. Al avanzar en ello, los legisladores, quienes hoy nos gobiernan y los actores sociales, con especial protagonismo de la Confederación General del Trabajo, fuimos incursionando paulatinamente -quizás, sin buscarlo- en el ámbito de la concertación.

Así fue que estuvimos cerca de arribar a una salida acordada del proyecto que hoy nos ocupa, si bien ello no fue plenamente posible por la cerrada negativa del oficialismo a reconsiderar aspectos muy caros a nuestro sentir como trabajadores, como lo son el principio de la norma más favorable al trabajador, la imposibilidad de negociar a la baja un convenio de grado inferior y la vigencia de la ultraactividad.

Ello no significa que descalifiquemos la experiencia, sino que su importancia radica en el hallazgo de la perspectiva cierta de transitar esa senda en la búsqueda de la solución para los grandes problemas que nos aquejan.

Insisto en que la concertación es un mecanismo de negociación que han recorrido países de diferente nivel de desarrollo relativo para salir de las más importantes crisis que han sufrido o para administrar de un modo viable las transiciones sociales, políticas y económicas más trascendentes. Desde el justicialismo tomamos fuertemente esas ideas, se las ofrecimos a los argentinos en la anterior elección y estamos a dispuestos a desarrollarlas en forma absoluta.

También debemos tener en cuenta que estamos frente a un punto de inflexión. En el XII Congreso Mundial de Economía realizado hace poco tiempo en Buenos Aires, un economista jefe sostuvo que hasta ahora se había dejado de lado la economía real al focalizar la atención sobre los déficit fiscales. Precisamente, éste es el dilema: atendemos el déficit fiscal por la vía del ajuste y del empobrecimiento, o lo hacemos por vía del camino de la economía real, apostando a la producción y al crecimiento. El ajuste, inevitablemente, traerá más flexibilización laboral, como lo demandan los organismos multilaterales de crédito y, particularmente, el Fondo Monetario Internacional. El ajuste, inevitablemente, traerá la baja de salarios y la consecuente depresión en el mercado interno. Ese camino quizás nos permita lograrque se equilibren las cuentas, como lo quiere el Fondo Monetario Internacional, pero profundizará gravemente los desequilibrios sociales y territoriales, y se aniquilarán las probabilidades de reactivar las empresas pequeñas que componen fundamentalmente el tejido productivo de nuestro país. Es decir que, como dijo ese economista jefe del Banco Mundial, tengo la impresión que una vez más la economía real va a ser dejada de lado y nos vamos a ocupar fuertemente del cierre de las cuentas fiscales.

Con el permiso de la Presidencia voy a hacer unas breves consideraciones acerca de los tres ejes fundamentales de este proyecto. En primer lugar, voy a referirme al período de prueba.

El período de prueba fue más extenso en la Argentina. Nosotros hicimos un gran esfuerzo con la ley 25.013 para reducirlo a treinta días. Lo hicimos precisamente para terminar con el fraude del empleo calesita o itinerante, que por aquel entonces era una constante.

Entendemos que extender este período de prueba a más del tiempo que hoy tenemos colisiona fuertemente con todos los antecedentes internacionales o por lo menos con la mayoría del derecho comparado. En la mayoría de los países el período de prueba se reserva al marco convencional, y aquellos que lo fijan a través de una ley seguramente no adoptan seis meses a un año, como la propuesta original del Poder Ejecutivo.

Alemania, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Suecia o Italia, por mencionar a algunos de los países más importantes, siguen este camino en cuanto al período de prueba. La vigencia de un período de prueba muy prolongado corrompe la naturaleza misma del instituto laboral al tergiversar las finalidades que podrían justificar su instrumentación.

Más de una vez dijimos que el período de prueba debe ser la puerta de acceso al empleo estable, y si nosotros fijamos un período de prueba muy extenso dejamos la puerta tan abierta que lo vamos a convertir en una nueva modalidad contractual, probablemente la más flexible que hayamos tenido en las últimas décadas.

Tal como lo estamos presentando corremos el riesgo de establecer una zona de discrecionalidad plena del empleador, que convertirá al período de prueba en el paraíso del libre despido.

El otro tema es la negociación colectiva; precisamente la totalidad de los convenios colectivos que se han negociado en los últimos años son convenios de empresa; incluyen cláusulas referidas a distintas formas de flexibilización laboral, ya sean cláusulas de flexibilización funcionales, numéricas o de costos.

Las empresas grandes han querido negociar y lo han logrado con prescindencia de los convenios de rama vigentes. La realidad de esos convenios desautoriza fuertemente a quienes sostienen que existe una rigidez que conspira contra la competitividad.

Creo que el planteo fundamental que lleva adelante esta propuesta no es precisamente el de descentralizar la negociación colectiva, porque en la Argentina está descentralizada. Lo que aquí se pretendió con el proyecto original fue descentralizar a los negociadores para debilitar a los trabajadores y a la organización sindical, exponiéndolos a una inevitable negociación a la baja de sus salarios, cuando ya nohay más posibilidad de que éstos sean reducidos. En efecto, el costo salarial promedio en la Argentina se ubica en un 8 por ciento del costo de la producción, y en los últimos años ha caído un 40 por ciento.

Finalmente, llegamos al tema de la ultraactividad, que se pretende presentar a la sociedad como una forma de defensa de ciertos privilegios o de determinadas situaciones extrañas, cuando en definitiva se trata de un principio establecido por el artículo 6° de la ley 14.250, aún vigente, con el fin de preservar la propia estructura del derecho del trabajo y de la dinámica negocial. En pocas palabras, lo que ese artículo dispone es que las cláusulas del convenio preexistente sigan rigiendo mientras no se concrete uno nuevo que lo reemplace. Hasta el mero sentido común permite apreciar la justicia de este artículo 6°, porque no es posible -como decían el señor diputado Martínez y otros legisladores que hicieron uso de la palabra precedentemente- que los convenios colectivos caigan, en perjuicio de los trabajadores, porque los empresarios se han negado a negociar y han dilatado la situación hasta el vencimiento del plazo de los convenios vigentes. En este aspecto el Estado tiene un rol que cumplir; no puede dejar esta situación librada a las reglas del mercado. Debe decidir si ha de proteger a los más débiles o a los más poderosos. Si opta por defender a los más poderosos puede avanzar con esta iniciativa, dejar que caiga la ultraactividad y que los trabajadores pierdan sus derechos y queden sometidos simplemente a la ley de contrato de trabajo. Pero si, por el contrario, en su rol de armonizador de las políticas sociales, decide ponerse del lado de los más débiles -esto es, de los trabajadores- lo que debe disponerse hoy en esta Cámara es que un convenio colectivo sólo puede ser reemplazado por otro convenio.

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- Señor diputado: la Presidencia le informa que ha finalizado su tiempo.

Sr. ATANASOF.- Pido disculpas, señor presidente, pero este es un tema muy importante para todos los argentinos.

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- Es importante para todos, pero la obligación de la Presidencia es verificar que quienes intervienen en el debate ajusten sus exposiciones al tiempo reglamentario a fin de que los legisladores de todos los bloques puedan participar. Por lo tanto, le ruego que redondee su discurso.

Sr. ATANASOF.- Así lo haré, señor presidente.

Analizando el tema desde el punto de vista de los trabajadores no puedo menos que lamentar la insistencia que la comisión ha demostrado en estos puntos y advertir que, si depositan en ellos alguna esperanza de subsanar los profundos desequilibrios del mercado de trabajo en la Argentina, seguramente dentro de poco tiempo nos vamos a encontrar otra vez en este recinto debatiendo nuevas estrategias para tratar de resolver los mismos problemas, ya que ninguna de las medidas propuestas, ni siquiera indirecta o parcialmente, logrará corregir las reales dificultades de competitividad que enfrenta la producción argentina ni mucho menos contribuir a la generación de empleo, tal como lo ha reconocido el señor ministro de Trabajo en su presentación ante la Comisión de Legislación del Trabajo.

Es cierto que en este largo camino que nos toca transitar existen fundamentalistas de todos lados. Están los fundamentalistas internos y también los externos; esos que proponen un mercado laboral absolutamente desregulado y en línea con las posiciones extremadamente rígidas que imponen los organismos multilaterales de crédito que, paradojalmente, reclaman flexibilizar más aquello que ya de rígido no conserva ni siquiera su historia en el mercado laboral argentino. Lamentablemente, estas ideas continúan teniendo eco en importantes sectores de la sociedad.

Por ello, desde el mismo momento de decidir nuestra posición y emitirse el dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo, tuvimos en cuenta razones estratégicas y de principios. Desde el punto de vista estratégico pensábamos que en el marco de la negociación algo habíamos conseguido para los trabajadores, y estas cuestiones las debíamos acreditar. Desde la óptica de los principios es sabido que nunca el justicialismo se va a negar a debatir una norma que pretende estimular la negociación colectiva.

Desde ya que no compartimos los instrumentos que el Ejecutivo ha planteado para estimular la negociación colectiva, pero decidimos dialogar asumiendo todos los riesgos y los costos que pudieran derivar de nuestra actitud en ese sentido, en el convencimiento de que esos riesgos y costos se relativizan absolutamente cuando discutimos un tema central de la política y de la economía argentina. Estamos dispuestos a asumir todos esos riesgos y esos costos que permitan alcanzar el consenso para fortalecer la democracia.

Por eso estamos reclamando del gobierno la necesidad de ampliar el diálogo social más allá del proyecto de ley que nos ocupa. Es necesario debatir sobre cuestiones centrales como la producción, la competitividad, la estrategia de apertura hacia los mercados mundiales, el perfil productivo y el diferente rol de los actores sociales en esa estrategia de desarrollo.

Nosotros hemos efectuado nuestra humilde contribución. Hemos dado un paso relevante en el sentido del diálogo social y la cooperación respecto de temas centrales para el país, en el convencimiento de que eso es lo que la gente reclama a los políticos y a los actores sociales.

Es de esperar que ahora el oficialismo sepa honrar y comprender la idea estratégica del diálogo social, en la cual se fundan muchas de las demandas más modernas del mundo.

Vamos a formular nuestras observaciones y a discutir cada uno de los artículos durante el debate en particular porque aún mantenemos distancias y todavía no se han resuelto muchas de las inquietudes que plantearon los trabajadores y el bloque Justicialista.

Como dije, esperamos que el oficialismo sepa honrar esta actitud del justicialismo tendiente a fortalecer el diálogo social a fin de que podamos encontrar el punto de equilibrio necesario para poder decirle a la sociedad que hemos sancionado una norma que, si bien no va a resolver los problemas centrales de la Argentina, al menos contribuirá a resolver algunos de ellos (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. CABALLERO MARTIN.- Señor presidente: en forma continua el mundo sufre profundos cambios. La primera mitad del siglo XX tuvo como punto de partida al trabajador, siempre dentro del mercado. El fordismo y el taylorismo produjeron profundas renovaciones en su época, y el constitucionalismo social abarcó todas las regulaciones del derecho que el trabajador necesitaba para emparejar su situación de desventaja respecto del capital.

- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2° de la Honorable Cámara, don Eduardo Oscar Camaño.

Sr. CABALLERO MARTIN.- En la Argentina tuvimos algunas constituciones "parciales", como las del ´49 y ´57; las dos tenían sentidos ideológicos distintos, pero en ambas se ignoraba a la mitad de la Argentina: en la del ´49 fue dictada por los peronistas, y en la del ´57, por los no peronistas.

La del ´57 introducía el derecho de huelga, cuando la del ´49 no lo había hecho, y también ponía las bases -rescatando algunas de la del ´49- de lo que sería el constitucionalismo social aplicado en nuestro país.

Por supuesto que era la época del pleno empleo, y no había debates en el Parlamento sobre cómo se podía flexibilizar aquél. Esto llega en la década del 80, cuando este país empieza a ver cómo el mundo cambia sus metodologías en las relaciones del mercado laboral.

Nosotros en este interbloque provenimos de distintas provincias, con diferentes realidades del mercado laboral. No las conocemos porque nos las enseñaron en la Capital Federal o por haberlas estudiado aquí en Buenos Aires, sino por vivirlas plenamente en Mendoza, San Juan, Salta, Corrientes y Santa Fe. No venimos con resentimientos; tenemos grandes ciudades que hacen al orgullo de la República; tenemos zonas muy ricas y también tenemos cordones industrializados caídos, y además zonas que desgraciadamente se hallan en una situación de inferioridad respecto de las demás.

Hago esta introducción para demostrar que en nuestro consenso interno vivimos una realidad que podemos aportar a este debate.

El proceso vino sucediéndose entre los que están dentro del mundo laboral, pero ahora el problema es de los que están fuera del mundo laboral; la tensión actual la siente aquél que tiene un puesto de trabajo pero sabe que hay dos mil enfrente que quieren empujarlo para ocuparlo.

La situación real de la Argentina de hoy es la de ese padre de familia que llega al mediodía o a la noche a su casa y ve que están sus hijos esperándolo y no tienen cubiertas las mínimas necesidades básicas de alimentación.

Por supuesto que no hay una ley que pueda crear empleo; si así fuera, este Congreso ya la habría sancionado, como también Congresos anteriores. Si nosotros revisamos los Diarios de Sesiones veremos profundas contradicciones entre los discursos, lo cual es propio de la democracia. La democracia se nutre de las contradicciones y del debate.

Hasta ayer la política era la de la confrontación; los sindicatos tenían ese discurso clasista de los años '60 y '70. Era el discurso de llenar las plazas, del paro y de la huelga. Esto fue a nivel mundial. Se produjo un retroceso dentro de las variantes de las actitudes y metodologías sindicales, como así también de los partidos políticos y de los sectores empresariales y sociales.

El sindicalismo se va alejando de esa confrontación del discurso clasista para entrar en el discurso del diálogo y de la inteligencia, que es el verdadero discurso democrático.

No nos asustamos porque ayer en la Casa Rosada un sector del sindicalismo -creo que esto pocas veces ha sucedido-, en su mayoría perteneciente a un determinado sector político argentino, haya entrado en carácter de opositor y haya arribado a un consenso en torno a una ley de modernización laboral.

Eso es el fruto de un nuevo Estado argentino, de un nuevo escenario político y de una evolución de los actores. Y también, por qué no decirlo, a lo mejor en este momento en la plaza está confrontando otro sector sindical argentino que tiene todo su derecho a hacerlo y que también tendrá su parte de razón.

Pero el que está ausente aquí es el desempleado, que no tiene un sindicato que lo defienda ni un político que lo represente. El sentido de este proyecto de ley es que justamente entre sindicalistas y políticos tratemos de abrir la puerta para que ingrese en este mercado la mayor cantidad de excluidos del sector laboral. Es dura esta realidad. Por supuesto que el capital siempre tuvo, respecto del trabajo, una situación de primacía, pero el derecho debe corregirla. En otras palabras, la ley debe equilibrar esta situación, siendo este Parlamento el encargado de crear las herramientas necesarias para llevar a cabo la transformación que el país necesita.

Aquí se ha dicho que el control del déficit fiscal no era necesario respecto de lo que podía pretenderse en materia de crecimiento y de productividad. Consideramos que, si hay un aspecto que debe ser incluido en este debate, es precisamente el referido al control del déficit fiscal. Si el gasto público se incrementa no habrá posibilidades de crecimiento. Y las estadísticas indican que, al aumentar el crecimiento, ocurre lo propio con los puestos de trabajo, lo que significa que hay una mayor cantidad de argentinos que ingresan en el mercado laboral.

La iniciativa en consideración, cuyos ejes fundamentales son los períodos de prueba, la ultraactividad, el nivel de negociación y la simplificación registral -lo que constituye un hecho importante para la nueva legislación-, ha sufrido también algunos sacudones en el avance de las negociaciones mantenidas en las últimas horas. Pero no importa. Algunos dirán que este proyecto de ley no sirve para nada; otros, que puede ser una solución primaria y la continuidad de otras. Pero lo más importante es la intención con que los sectores políticos argentinos lleguen, después del debate, a una solución en la cual no pueda haber ganadores ni perdedores, porque la democracia no acepta ni a unos ni a otros. La democracia es el gobierno de todos, el que a su vez es la adaptación de políticas, y para ello se constituye el Estado.

Por otra parte, se requiere un control en materia de evasión tributaria y de policía del trabajo. La Argentina se ha asombrado cuando, a través de los medios, descubrió anteayer la existencia, en la Capital Federal, de industrias textiles explotadas por extranjeros que configuran una situación rayana en la esclavitud.

Asimismo, y a fin de que haya crecimiento, es necesario lograr una refinanciación de la deuda pública argentina. En el supuesto de que el déficit de esta última siga aumentando, tampoco habrá crecimiento. También se debe obtener una adecuación de los costos de los servicios públicos a los valores reales.

Por otra parte, en nuestro país las pequeñas y medianas empresas no tienen acceso al crédito. Cuando concurren a un banco a solicitar un crédito deben abonar una tasa del 4 o 5 por ciento mensual. Y lo cierto es que el gran empresario no toma el crédito en el mercado local sino en instituciones extranjeras, donde la tasa pasiva es inferior al 10 por ciento anual.

Las pequeñas y medianas empresas textiles, industriales, agropecuarias o de otro tipo, que con tanto valor y sacrificio se han desarrollado en el país, necesitan lograr una evolución a través de un factor fundamental, que es el crédito.

En este debate hay un valor que también está ausente: la educación. La Argentina debe jerarquizar su sistema educacional, porque es la piedra angularen la formación de los futuros ingresantes al mercado laboral. Es sabido que los países que no jerarquizan su educación no tienen futuro.

Teniendo en cuenta que debo compartir el tiempo de esta exposición con el distinguido diputado Carlos Balter, voy a redondear mi punto de vista con respecto a esta iniciativa.

Al principio parecía que el debate -salvo esporádicas intervenciones- se centraba en los que estaban adentro y no se tenía en cuenta a los que estaban afuera, que son cada vez más. Decíamos en nuestra campaña electoral que la Argentina se iba a encontrar con el desafío de un nuevo escenario, que sería importantísimo para la recreación y afianzamiento de la democracia, conformado por un Poder Ejecutivo de un partido, una Cámara de Senadores con mayoría no oficialista, una Cámara de Diputados con mayoría oficialista, y una mayoría de titulares de las gobernaciones no pertenecientes al partido oficialista. Esta es la esencia de la democracia, de la negociación y del debate. Por supuesto que habrá consensos y también disensos, pero en la medida en que los consensos triunfen y sean llevados de la mano de una intelligentzia argentina, nuestro país crecerá.

Celebramos este consenso y apoyamos el dictamen de mayoría. Apostamos a que la Argentina entre en un nuevo escenario y lo mantenga con altivez al servicio de las grandes causas que iniciaron nuestros próceres en el siglo pasado, y que con una gran humildad nosotros queremos continuar para igualarlos. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Camaño).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. BALTER.- Señor presidente: el análisis efectuado por los señores legisladores ha sido rubricado en forma magistral por el señor diputado Carlos Caballero Martín, quien ha fijado la posición de este interbloque.

Pretendemos tan solo agregar a este rico debate sobre la problemática laboral un concepto que nos parece trascendente. Seguramente todos estaríamos equivocándonos si creyéramos que hay un solo instrumento que pueda resolver esta problemática que tanto nos angustia: la desocupación.

Desde las distintas ópticas ideológicas y posiciones económicas hay tres elementos que nutren la posibilidad de encontrar una respuesta. Hay quienes dicen que únicamente el crecimiento económico crea puestos de trabajo; hay otros que sostienen que la respuesta es aumentar la elasticidad de ingreso de la demanda, y una tercera teoría -ya hay países que la están poniendo en práctica- habla de disminuir la oferta de trabajo.

Este interbloque está absolutamente persuadido de que ninguna de estas teorías individualmente puede resolver este problema sino que, por el contrario, las tres deben actuar en forma simultánea para poder dar una respuesta al desafío de este siglo.

Es por eso que consideramos importante traer a este recinto un análisis de sensibilidad dado a conocer hace pocos días. Si partimos de una hipótesis optimista que nos muestre a nuestro país creciendo a un ritmo del 6 por ciento anual en su producto bruto, si tomamos como una variable a cumplir -también optimista- que la población económicamente activa crezca solamente el 2 por ciento, y si tenemos una elasticidad de la demanda superior al 0,6 por ciento, necesitaríamos seis años como mínimo para disminuir la tasa de desocupación al 7 por ciento.

Incluso manteniendo el 6 por ciento del crecimiento en el producto bruto, pero cambiando el aumento de la población económicamente activa al 2,5 y la elasticidad al 0,5, llegar a una tasa de desocupación del 7 por ciento nos puede llevar veinte años. Entonces no se puede creer que con la mera sanción de esta norma resolveremos este problema. Por supuesto que tampoco el enfoque es uno solo.

Con la conciencia tranquila y algún grado de satisfacción participamos de este debate apoyando el proyecto de ley en consideración. Un año atrás, cuando durante casi tres meses el Congreso de la Nación no pudo funcionar pues no se lograba quórum, expresamos que estábamos dispuestos a acompañar un debate siempre y cuando el tema del federalismo en las relaciones laborales fuera uno de los puntos fundamentales a discutir.

No quiero caer en la trampa idiomática de hablar de regionalización o descentralización, sino utilizar el que para nosotros es el término verdadero: federalismo. Este federalismo es económico, político, laboral y sindical. El centralismo de todos estos factores ha hecho mucho daño a nuestro país. Creemos que hoy estamos comenzando a transitar nuevamente el camino que no debimos abandonar en el sentido de dar prioridad también las relaciones con las que se ha construido la República.

No quiero caer -pero tampoco puedo soslayar totalmente- en la tentación de realizar una referencia a la brillante exposición de la señora diputada Castro, con la claridad a la que nos tiene acostumbrados, realizada por supuesto desde una vereda ideológica distinta a la nuestra. Con la garra, la convicción y la erudición que la caracterizan, la señora diputada Castro planteó un debate ideológico. No es mi intención entrar en él; quisiera hacer un agregado.

En esa enumeración certera que realizó la señora diputada Castro rindiendo tributo a distintas corrientes políticas, omitió mencionar aquellas épocas en las que, a partir del orden y el progreso, pero fundamentalmente la libertad, se sancionaban leyes. Por mencionar alguna, quisiera recordar que en 1916 en Mendoza se receptaron en la Constitución provincial institutos que todavía resultan más que modernos al inicio de un nuevo siglo. En nuestra corriente política se originaron normas que merecieron el reconocimiento de los dirigentes más tradicionales del Partido Comunista que, aunque vivían en Mendoza, tenían trascendencia nacional, como por ejemplo el doctor Benito Marianetti. Me refiero en particular a la ley del contratista de viñas o a la ley de aguas. Por eso también me parece justo formular un reconocimiento a quienes bregaron por estos institutos más de un siglo atrás.

Deseaba resaltar el tema del federalismo porque diría que el miembro informante lo mencionó en forma acotada, por no decir mezquina. Se refirió al federalismo y nos habló de la dirigencia sindical que atendía en despachos de mínimas dimensiones y con las paredes descascaradas, en su propio hogar. Pero se olvidaba de la otra parte que complementa la necesidad de este federalismo. Me refiero al sector empresario, porque no es lo mismo discutir estas convenciones colectivas de trabajo con los empresarios que viven aquí, en la Capital Federal, o en las zonas de gran opulencia económica, que indudablemente tienen una óptica muy distinta de la de los empresarios que viven en la región. Es ese empresario que se arremanga en la madrugada para entrar a su fábrica incluso antes que sus empleados, que está en ese taller metalúrgico, que está soldando al lado de los obreros, haciendo una escuela de capacitación propia porque no cuenta con los recursos para ayudar a sus colaboradores a formarse. Eso también debe estar reflejado en las tratativas que se realizan entre los sectores.

Por lo tanto, estamos convencidos de que estos convenios de ámbito menor permiten contemplar mejor la realidad.

Para finalizar, voy a referirme a otro punto. Lo haré en forma breve para colaborar a agilizar este debate. Creemos que este proyecto realmente va a ayudar. Se trata de buscar la desburocratización de la relación laboral, la simplificación de todo este andamiaje administrativo que resulta canceroso para las empresas y para los trabajadores. Es necesario buscar la simplificación.

Voy a citar un dato que creo vale la pena recordar. En la actualidad existen en la Argentina sesenta y cinco facultades de Derecho que están pobladas por 120 mil estudiantes, y las estadísticas indican que el 80 por ciento de sus egresados se dedican en sus primeros años de ejercicio profesional a la materia laboral. Esto constituye una verdadera atrofia educativa que debemos observar con atención.

Voy a citar otro dato referido a la composición de este cuerpo. En 1983, cuando se constituyó esta Cámara, el 80 por ciento de sus integrantes eran abogados, mientras que ahora esa cifra descendió al 45 por ciento. Pero no cabe ninguna duda de que estas interfuerzas que están actuando de uno y otro lado provocan, seguramente, que se potencien a veces los conflictos.

Por eso es bueno recordar otra estadística que señala que el 80 por ciento de lo que cuesta una sentencia laboral se destina a los honorarios del sector jurídico, mientras que el 20 por ciento va para el trabajador.

Si somos capaces de dictar una norma que simplifique esta situación, seguramente estaremos haciendo un aporte por demás positivo para la consolidación de los derechos de los trabajadores. Por eso pensamos que estamos ayudando con un buen instrumento.

Es discutible, desde luego, el tema de la ultraactividad, que bien ha sido planteado en este debate, pero también tendríamos que ver en qué contexto se dictaron aquellas convenciones en 1975. En ese sentido, también vale la pena refrescar la memoria porque muchos empresarios firmaron esas convenciones amenazados, ellos o sus hijos, por el secuestro o por las bombas.

Algunos decían que había que estar muy loco para aceptar aquellas condiciones. Afortunadamente, ha avanzado la comprensión de los distintos sectores, y hoy nos encontramos en este rico debate que estamos proponiendo al país. Por ello, sin que esto signifique decirque hemos solucionado el problema laboral en la República Argentina, estamos seguros de que con nuestro voto por la afirmativa nos vamos encaminando en la búsqueda de una solución que debe ser el desafío que nos impongamos todos los legisladores de aquí en más, a fin de que cada uno de nuestros compatriotas, mediante el fruto de su propio esfuerzo, pueda tener la satisfacción de aliviar las carencias de su familia. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Camaño).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. de BALDRICH.- Señor presidente: en un período muy corto de nuestra historia reciente -que no se extiende más allá de diez años-, nuestro país ha enfrentado dos graves acontecimientos, que se vinculan mucho con el proyecto de ley que está en discusión.

Por un lado, me refiero a la finalización de la emisión hiperinflacionaria y, por el otro, a la enorme tendencia a la urbanización de la economía, la internacionalización de las transacciones y, básicamente, la globalización financiera.

Ante estos dos desafíos, han caído enormes estructuras, que durante décadas habían mantenido relativamente en pie un cierto crecimiento del aparato productivo. Al desaparecer las fuentes tradicionales de financiamiento del sector productivo y al producirse un proceso de apertura económica en forma sumamente rápida -no más de un año, cuando la economía internacional y otros países hermanos de Latinoamérica lo hicieron durante diez, veinte o treinta años-, se generó una enorme necesidad de reestructuración y de cambios a lo largo y a lo ancho del espectro social del país.

Ante estos desafíos, observamos que la pymes tratan de sobrevivir en un ambiente sumamente hostil, donde se presentan problemas de costos de financiamiento, de marketing y de inserción en la economía mundial.

La población y el sector trabajador -ni qué hablar de los profesionales y la mano de obra calificada- tratan por todos los medios posibles -en términos de entrenamiento y reactualización de sus capacidades productivas- de enfrentar las nuevas reglas de juego y ser capaces de estar a la altura de las condiciones que marcan las decisiones que mencioné.

Los gobiernos provinciales también están teniendo enormes dificultades para acceder al crédito, adaptar las relaciones laborales y, sobre todo, lograr eficacia en la prestación de los servicios públicos.

Ante este enorme cambio que se está produciendo es imprescindible que la legislación del trabajo también se adecue a las nuevas normas de juego. En ese sentido, observamos como un paso importante el proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo y el dictamen que la Comisión de Legislación del Trabajo aprobó recientemente, el cual es objeto de tratamiento en esta sesión.

Básicamente, es un paso inicial que ineludiblemente debe ser complementado por otros cambios que afecten al mercado laboral y a las posibilidades de reactivación.

Por un lado, el sector productivo no puede presentar la injusticia que significa la brecha enorme que existe entre el salario de bolsillo del trabajador y el llamado costo salarial. Ello debe tender a desaparecer. Pese a algunos argumentos que algunos colegas han expresado, ello impone un efecto claro y adverso con respecto a las posibilidades de generar empleo, sobre todo si el país comienza a crecer.

En segundo lugar, es imprescindible una reforma estructural del sistema de obras sociales, a fin de que los trabajadores vean en sus aportes una posibilidad de recibir prestaciones de salud acordes con un sistema eficiente, que tienda a proveer esos servicios. En muchos casos aparecen situaciones de clientes cautivos ante instituciones que no son capaces ni tienen incentivos suficientes para adaptarse a las necesidades genuinas de los trabajadores.

También en materia de seguro de desempleo es necesario avanzar en un cambio estructural. No es posible que el sector trabajador mantenga la incertidumbre encuanto a cuál será el beneficio efectivo y cuánto representará eso en términos de ingresos. Además, no puede ser que las empresas actúen bajo una enorme duda con respecto a los costos eventuales que pueden tener en caso de un despido.

Por último, es necesario realizar cambios en la legislación de riesgos del trabajo. Hay una enorme cantidad de modificaciones que la legislación laboral está requiriendo, y frente a esta necesidad aparecemos discutiendo con distintos tipos de argumentos. Por eso quiero centrar mi atención en que muchas veces es importante ver estos cambios, que no sólo se discuten en nuestro país, sino también en otros.

Si bien es cierto que el ajuste estructural, las privatizaciones y lo ocurrido con algunas entidades financieras nos afectan, también es cierto que la globalización y la internacionalización están generando nuevos desafíos para nosotros y para toda la economía mundial.

Si comparamos la actitud asumida en nuestro país cuando discutimos algunos temas, con la que se adopta en otros países básicamente desarrollados, advertiremos que ellos son mucho más progresistas, por lo menos en la información que emana básicamente de Europa y algunos países de América. Para esto quiero citar como ejemplo un informe periodístico del diario "La Nación", del 13 de febrero último, que dice lo siguiente: "Más que políticas de pleno empleo, la izquierda debe definirse a favor del empleo satisfactorio que puede conducir a un creciente empleo con más trabajos temporales, de duración limitada y movilidad mayor, lo cual, para regresar a la base misma del proyecto implica contar con sistemas de educación y de entrenamiento continuo."

Quien firma esto no es ciertamente un organismo multilateral, sino el prestigioso escritor mexicano Carlos Fuentes, cuya actitud hacia la no precarización del trabajo nadie puede discutir.

Este es el tipo de discusiones que existen en Europa, que difieren de la interpretación que hiciera mi distinguido colega, el señor diputado Atanasof.

Cuando existe tanta divergencia entre los problemas a enfrentar y los argumentos que se esgrimen en términos de impedir avances en la legislación laboral, uno tiende a pensar que puede haber algún otro elemento subyacente en las opiniones. Concretamente, la existencia de una estructura burocrática sustentada bajo el funcionamiento genuino pero muchas veces mal usado de las obras sociales puede estar implicando algo de todo esto. Es indudable que nos debemos un debate sobre el particular en esta Cámara, en un futuro no muy lejano.

En conclusión, este es un tema de enorme trascendencia global para la Argentina que no puede limitarse a expresiones corporativas, que por más que sean genuinas y totalmente representativas no hacen a la totalidad del país. En este sentido, el debate en esta Cámara ha estado relativamente sesgado.

La legislación presentada por la comisión es un paso inicial importante para debatir tres o cuatro modificaciones sustanciales a la operatividad de los sectores productivos.

Por un lado, tenemos el período de prueba, al que me referiré brevemente porque ya varios señores legisladores se han manifestado en su favor, pero yo quiero hacerlo a favor de los trabajadores. En un país en recesión, para las empresas que se animen a generar un nuevo proyecto de emprendimiento, puede ser sumamente importante un período de prueba amplio. En ese sentidolo que habrá, en definitiva, será la posibilidad de que los empresarios puedan tener, en un contexto nuevo, con un costo ajustado de despido, y con una política económica que todos esperamos, un incentivo mayor para mejorar las posibilidades de trabajo, de emprendimientos productivos y de negociación colectiva, que es también un paso imprescindible para que quienes decidan sobre los convenios que habrán de regir sean efectivamente los actores involucrados en el proceso productivo, y defiendan sus intereses y no los de otros sectores.

El cambio en los términos de la ultraactividad es necesario para adecuar las normas laborales a las distintas coyunturas por las que atraviesan los diferentes mercados regionales y sectoriales.

Por todo ello, nuestro bloque va a votar favorablemente en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Legislación del Trabajo, sin perjuicio de plantear algunas cuestiones puntuales respecto de ciertos artículos que fueron agregados ayer durante el acuerdo al que se arribó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Concretamente, entendemos que con la inclusión de esos tres artículos se está desandando la senda por la que veníamos transitando y que condujo al dictamen de mayoría. Con esto adelanto la postura de nuestro bloque durante la discusión en particular.

Sr. PRESIDENTE (Camaño).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. CASTELLANI.- Señor presidente: el señor diputado de Baldrich ha sido detalladamente claro en su exposición y ha referido por qué, apenas se conoció el texto del proyecto nuestro grupo -tal como dijo Domingo Cavallo- decidió apoyarlo en general. El texto no es tan bueno como nosotros quisiéramos pero en definitiva significa una mejora, aunque sabemos que una ley por sí sola no generará más empleo ni mayor actividad económica.

Quiero presentarme ante esta Cámara como un hombre político de Santa Fe que ya desde hacía algunos años venía actuando dentro de la Ucedé y que este último año, con el apoyo de Domingo Cavallo, llegó como diputado nacional a este recinto para tener oportunidad de discutir los grandes temas que interesan a nuestro país. Pero también quiero presentarme -y esta es la otra cara de la moneda- como un empresario que desde hace cuarenta y cinco años está al frente de una empresa que gracias a Dios en el interior del país, en una ciudad llamada Las Parejas, ha podido mantener un nivel de empleo de ciento sesenta trabajadores. Quiero mostrar esta otra cara de la moneda porque muchas veces he advertido de parte de los sindicalistas y de los legisladores cierta aversión hacia los empresarios. Sin embargo, entre los empresarios, como en todos los sectores, hay malos y buenos; las que importan son las empresas. En consecuencia, debemos crear las condiciones para que haya muchos más emprendimientos, pues sin empresa no hay empleo. A veces lo olvidamos pero la actividad privada, como generadora de riqueza no sólo se sostiene a sí misma sino también al sector público. Entonces, no se puede sancionar una ley queriendo favorecer a unos o a otros, tratando de poner en veredas enfrentadas a empresarios y trabajadores, cuando realmente están en el mismo barco.

Quisiera que en la Argentina se tomara conciencia de que el empresario muchas veces no sabe cómo va a hacer para continuar con su actividad. Conozco a muchos cuyo afán no es enriquecerse, sino mantener el nivel de empleo de sus trabajadores, su clientela y sus proveedores, porque eso es lo que da movilidad social.

Es la movilidad social la que ha permitido que muchos trabajadores hoy sean empresarios, que hayan podido iniciar un emprendimiento, pero hoy esos mismos empresarios están padeciendo porque el problema principal de la Argentina es la falta de mercado, ya que el sector público muchas veces asfixia al privado.

Por eso estamos a favor de esta iniciativa que no creemos que perjudique al trabajador, porque quien no tiene empleo tendrá la posibilidad de acceder a él mediante esta nueva modalidad que se propicia junto a otros tópicos que el señor diputado de Baldrich ha detallado.

También quiero referirme al aspecto filosófico de esta iniciativa. He escuchado atentamente las expresiones de otros señores diputados, especialmente a la señora diputada Castro, con quien podemos disentir, pero quiero señalar que durante la gestión de Domingo Cavallo se redujeron los aportes patronales al 50 por ciento, sobre lo cual se ha dicho que representaría una desfinanciación de la seguridad social. Pero perdemos de vista la circunstancia de que la desfinanciación seguramente vendrá cuando las empresas no se puedan sostener, porque precisamente con la baja de impuestos y de aportes en ese período que va de 1991 a 1995, apoyado por la estabilidad, se dio el "boom" productivo en la Argentina que generó trabajo.

Quiero señalar que al empresario no le importa la ley de trabajo que rija siempre que haya actividad y que pueda vender su producto; y seguramente va a pagar más, va a otorgar adicionales a sus trabajadores para que no se crucen a la vereda de enfrente para ingresar en una empresa competidora, porque necesita del trabajador idóneo para mejorar su producto.

Pertenezco al sector de la maquinaria agrícola, que se halla en crisis. Vamos a votar a favor de una iniciativa que entendemos no va a solucionar todos los problemas, pero también le decimos al gobierno nacional, que sostiene que con esta ley va a mejorar de alguna manera el nivel de empleo, que hay muchas otras cosas que también se deberían implementar y que estamos reclamando, porque el sector que he mencionado desde hace cuatro o cinco meses no está facturando ni en cosechadoras, ni es sembradoras, ni en tractores, y en Santa Fe y Córdoba las fábricas de maquinarias agrícolas están prácticamente desapareciendo por la situación límite en que se encuentran.

Se ha reclamado la prórroga del decreto 257, lo que traería aparejado movilidad y empleo, porque las empresas hoy no pueden vender. Ese decreto que oportunamente avalamos algunos diputados santafesinos dispone un descuento para quien pueda comprar una maquinaria de ese tipo.

También corresponde citar la refinanciación de la ley 25.190, que ha caído por falta de reglamentación. Se trata de un tema que muchos sectores productivos han reclamado y que es un punto muy importante a considerar, porque estoy convencido de que el gobierno quiere que haya una reactivación económica. Para ello, este gobierno debería dar celeridad a todos estos asuntos.

Quiero poner de manifiesto que no sólo la pequeña y mediana empresa -a las que pertenezco y defiendo- sino la gran empresa son necesarias, porque ellas son las que permiten generar empleo, ya que muchas veces hemos visto cómo nuestras inversiones iban hacia otros países; es de esperar que esto no vuelva a ocurrir. Por eso sostengo la importancia de la producción.

Deseo poner énfasis en el trabajo y ubicarme en el punto de vista de aquellas personas que no se animan a encarar un emprendimiento, teniendo quizás su dinero en un banco del exterior o del país. Tenemos que crear las condiciones para que la gente se anime a llevar adelante emprendimientos a fin de que el trabajo sea una realidad.

Sr. PRESIDENTE (Camaño).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. ALCHOURON.- Señor presidente: bastante ya han dicho en sus últimas intervenciones los legisladores del bloque al que pertenezco aquí en esta Cámara. Debo señalar que gracias a las últimas exposiciones me siento mejor porque la impresión inicial que tenía es que en el recinto había una actitud claramente antiempresaria.

A partir de la intervención del señor diputado Atanasof empecé a percibir que la situación estaba mucho más balanceada, porque a mí me preocupa no solamente lo que vamos a resolver hoy los diputados sino también qué impresión vamos a dar al mundo externo, a las personas que quieran venir a invertir en la Argentina, que analizarán si en nuestro país pueden estar tan bien como en otros lugares del mundo.

Considero que este proyecto de ley tiene un claro sesgo protrabajador, proobrero y prosindical. Aparte de las disquisiciones filosóficas sobre la descentralización y los otros conceptos que contiene la iniciativa, me parece que hay un aspecto muy importante para resaltar, y es el alargamiento del período de prueba que hasta ahora constituyó una verdadera guillotina sobre el trabajador. Todos sabemos muy bien las dificultades que existen hoy en cualquier sector empresario, por lo que un período de prueba de treinta días, que prácticamente pueden ser dieciocho, no es suficiente para evaluar si se da efectividad a un empleado.

Este es un tema que me preocupó siempre; creo que esto se votó el año pasado. Muchos lo habrán hecho con la mejor intención, pero salió mal. De la misma manera que la señora diputada Castro señaló algunos ejemplos prácticos, yo quiero citar un caso personal.

Hace menos de dos meses tenía que tomar un empleado más en mi estudio. De todas las personas que entrevisté elegí a una; la mujer empezó a trabajar y no rindió lo que mis socios y yo entendíamos que debía rendir. Si bien no era una situación muy definida sabíamos que no podíamos darle el sí definitivo. Cuando llegó el día 30 fue el momento crucial. Como no estábamos convencidos, la mujer tuvo que irse del estudio. Si mis socios y yo hubiéramos tenido el plazo que contempla la iniciativa que está en tratamiento, no habríamos puesto a esa mujer en la calle, porque si hay algo doloroso en la vidaes generar una situación como ésta, en la que uno deja a alguien sin trabajo.

Por eso pienso que el hecho de acotar este proyecto de ley solamente a este tema esencial es suficiente. Lo demás puede ser objeto de una gran discusión. Rara vez tuve la oportunidad de escuchar exposiciones excelentes e ilustrativas, que me han ayudado mucho, como las que han efectuado aquí los representantes de todos los bloques, sin excepción.

Lo primero que quiero decir es que vamos a apoyar el dictamen de mayoría tal como se presentó en esta Cámara.

En segundo lugar, debo señalar que el tema esencial que prevemos es el referido a la extensión del plazo.

Por otra parte, quiero expresar que el empresario argentino -pequeño, mediano o grande- merece una actitud de consideración, ya que también arriesga su capital y su trabajo a fin de que el negocio se lleve a cabo en forma correcta, tanto para el sector al que representa como para el laboral y, en especial, para el país.

Por último, deseo hacer alusión a una cuestión de fondo que ha sido muy bien planteada por el señor diputado Atanasof: la forma en que vamos a crear riqueza. Vamos a tener empleo cuando creemos riqueza y tengamos una legislación que desde el punto de vista tributario no solamente contemple la posibilidad de que los números cierren, sino que también sirva para enviar un importante mensaje al empresario que no puede pagar impuestos sobre los intereses bancarios. La refinanciación de las deudas del sector agropecuario que se dijo que iba a ser del 13,5, prácticamente llega al 18 por ciento. No hay ningún productor de ese sector -señalo esto porque lo conozco más que a otros- que pueda soportar semejante tasa de interés, por más voluntad que exista por parte del Banco de la Nación Argentina.

El gran desafío consiste en que trabajemos juntos para crear riqueza, sin que actuemos adoptando una actitud de pobreza, que sólo generará una carnicería. Debemos crear riqueza y revisar todo aquello que hayamos decidido y que no esté acorde con este principio. De esa forma, el debate que tengamos en este recinto pasará por otro lado y no por el problema de la falta de empleo.

Sr. PRESIDENTE (Camaño).- Tiene la palabra la señora diputada por Corrientes.

Sra. MENDEZ DE MEDINA LAREU.- Señor presidente: mi intención no es pronunciar un discurso, sino, en mi carácter de presidenta de bloque, hacer uso de la palabra al solo efecto de fijar una posición.

En los tiempos bíblicos el trabajo era un castigo. "Ganarás el pan con el sudor de tu frente" era la sanción divina ante el pecado del hombre. Pero a la vez, la voluntad divina quiso ser justa, determinando que el salario -el pan- debía ser proporcional al esfuerzo. Esta fue la primera ley laboral de la historia.

La historia del trabajo es la de la evolución humana. La esclavitud impuesta a los vencidos, la contradictoria entrega a la guerra de los griegos y al ocio creador de sus filósofos y poetas, las condiciones aberrantes del Medioevo, la necesidad de capacitación que se introdujo en la etapa de los aprendices y artesanos, la revolución industrial del siglo XIX y la hoy instalada revolución informática han servido para consagrar al trabajo como una de las expresiones más altas de la dignidad humana. Así lo exigía Jacques Maritain al consagrar al trabajo como un derecho natural: trabajar para construir, trabajar para subsistir, trabajar para crecer y trabajar para crear una familia y sostenerla, y estas son las premisas del hombre de hoy.

Estamos reunidos en la Cámara de Diputados de la Nación para analizar, y en lo posible sancionar, una ley de reforma laboral, es decir, una modificación de las leyes existentes, con una clara finalidad: desactivar los índices de desempleo. Se apunta a curar esta terrible enfermedad social que afecta a millones de argentinos.

Cualquier médico sabe que para aplicar remedios es imprescindible apelar a la etiología, es decir, a la determinación de las causas de la enfermedad. Remanidamente se han denunciado estas causas en el caso de la desocupación: la tecnificación de las empresas, la insensibilidad empresaria, la recesión económica, la extensión del horario de trabajo y -agrego yo- el divorcio permanente entre el avance científico-tecnológico y el sistema educativo nacional que permanece sordo a los reclamos de la actividad laboral, contraviniendo expresas normas de la Ley Federal de Educación.

¿La ley que se pretende sancionar ataca estas causas? ¿Puede generar realmente más trabajo? Sinceramente creo que no, porque es una ley absolutamente neutra destinada más que nada a fortalecer políticamente al gobierno recién instalado que a solucionar el problema del desempleo.

Esto no se logra con leyes de esta naturaleza; al contrario, se ha generado un debate que puede ser positivo si se pretende el esclarecimiento de las ideas, pero en el orden normativo es incapaz de revertir el problema y, más aún, de solucionarlo.

Por ese motivo, el bloque del Frepanu va a votar en contra del proyecto de ley en discusión. Entiendo que en los bloques mayoritarios también hay diputados dispuestos a ejercer su plena libertad al momento de emitir su voto. Este es un buen signo y, por eso, debemos felicitarnos por la madurez cívica y la consolidación del sistema democrático que hemos alcanzado, tal como nos ha instado el señor presidente de la Nación al convocarnos a la concertación nacional a partir de los consensos y disensos que puedan lograrse en forma participativa con todos los sectores sociales.

Todavía estamos en deuda con el país: le debemos una reforma laboral operativa capaz de acercar soluciones ciertas. Creemos que las podemos encontrar entre todos, especialmente con la participación de los llamados bloques chicos entre los que podemos intercambiar claros diagnósticos y, por sobre todas las cosas, representar al país real. (Aplausos.)

Sr. SALVATORI.- Pido la palabra.

Sr. PRESIDENTE (Camaño).- Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.

Sr. SALVATORI.- Señor presidente: quiero pedir la inserción de mi exposición en el Diario de Sesiones a los efectos de no prolongar el debate. Asimismo, anticipo que el bloque del Movimiento Popular Neuquino está persuadido de que tenemos que encontrar nuevos canales para solucionar el drama del desempleo y, por lo tanto, va a apoyar el dictamen de mayoría.

Sr. PRESIDENTE (Camaño).- Informo al señor diputado Salvatori que, en el mismo sentido, el señor diputado López Arias hizo llegar a esta mesa su solicitud de inserción de su exposición a los efectos de no retrasar el trámite de esta sesión, y la Presidencia postergó su aprobación para el final de esta reunión.

Todos los señores diputados tienen la posibilidad de insertar su discurso, y quiero aclarar que hay aproximadamente veinte señores legisladores anotados en la lista de oradores. Esto significa que va a ser muy difícil cumplir con lo acordado en su momento en el sentido de votar en general esta iniciativa a la hora 17 y 30.

Por lo tanto, la Presidencia entiende que sería conveniente avanzar con los pedidos de inserción porque, de lo contrario, tendremos que permanecer en el recinto varias horas más para satisfacer el requerimiento de cada uno de los señores diputados que desea hacer uso de la palabra.

Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. ZACARÍAS.- Señor presidente: desde hace tres años trabajamos en la Comisión de Legislación del Trabajo, y en lo personal, con humildad pero con mucha coherencia, quiero plantear inquietudes y testimonios que responden a mi compromiso político de toda la vida como peronista, y a la seguridad de que estoy representando los objetivos y las necesidades de muchos entrerrianos.

Quiero expresar al gobierno nacional que democráticamente ganó las elecciones -tal como se lo mencioné al señor presidente de nuestra comisión y al señor ministro de Trabajo-, que es muy difícil creer que un proyecto de ley de esta magnitud puede tener éxito si fragmenta a la sociedad argentina.

- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, doctor Juan Pablo Cafiero.

Sr. ZACARÍAS.- En ese sentido, más allá de los actores circunstanciales de las instituciones, hoy el pueblo argentino está fragmentado a partir de un proyecto de ley que no ha reunido el consenso suficiente para alcanzar objetivos que solucionen este flagelo.

Para lograr el consenso debe existir una correcta difusión de los objetivos de la iniciativa. Al respecto estoy en condiciones de asegurar que en la provincia de Entre Ríos más del 80 por ciento de los trabajadores desconoce cuáles son los objetivos básicos y los elementos fundamentales que plantea el gobierno por medio de este proyecto. Esta es la verdad, no podemos negarla.

Por ese motivo, en la última reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo anuncié que no suscribiría ninguno de los dictámenes porque apostaba fuertemente a una gran concentración social de todos los actores involucrados. Con claridad, honestidad y franqueza expresé en ese ámbito que no podían quedar ajenos a este debate el Movimiento de Trabajadores Argentinos, la CTA o la Comisión de Pastoral Social. Debemos tratar de aprobar por mayoría absoluta un proyecto de ley que no sólo logre el éxito parcial de una votación sino el éxito fundamental de encontrar una solución para el campo laboral.

Apuesto fuertemente al disenso en el convencimiento de que en él encontraremos las herramientas necesarias que nos permitan decir a los organismos internacionales que hay voces que se están levantando a lo largo y a lo ancho del país para alertar por las situaciones de flagelo que se registran en los campos económico y laboral del país. Los disensos respetados por las mayorías circunstanciales servirán al gobierno como una herramienta esencial para ir vertebrando un consenso general y modificar la actual situación.

En el marco del disenso democrático apuesto fuertemente a que, más allá del resultado circunstancial de la votación de este proyecto de ley -alguno de los dictámenes resultará aprobado, quizá el oficial-, asumamos el compromiso de que esta norma no tenga una duración superior a un año para que en ese lapso podamos hallar con todos los actores sociales la solución a este problema.

Esta norma no puede ser definitiva porque es trascendental, es una cuestión de Estado. Por lo expuesto, no votaré ninguno de los dictámenes y solicito se me permita abstenerme de participar en la votación que posiblemente se lleve a cabo en el día de hoy, en el marco individual o testimonial de los sueños y de las utopías de creer que quienes estamos aquí somos hombres que en su mayoría representamos valores muy importantes para la democracia. Somos hombres que hemos estado en distintas circunstancias, pero siempre con un objetivo común: tener soberanía en la República Argentina para decidir nuestro futuro.

Por eso, cuando entremos en el debate en particular voy a proponer que se incorpore un artículo fundamental. Este es un proyecto fragmentado porque hay argentinos que están levantando la voz, algunos a favor y otros en contra de este proyecto que puede llegar a tener resultados adversos, y no quiero que estos resultados sean permanentes.

Para sintetizar, y utilizando sólo cuatro minutos del tiempo de que dispongo, pido a los colegas oficialistas de la comisión -donde hay importantes diputados como Pernasetti, Allende, Castro y Passo, y brillantes diputados de la bancada opositora- que incorporemos ese artículo que va a brindar seguridad al trabajador, sabiendo que sus problemas se podrán ir solucionando gradualmente a partir del bien común que debemos incorporar como construcción política permanente.

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. UBALDINI.- Señor presidente: en esta fecha, 24 de febrero, quiero rescatar desde la bancada Justicialista el primer triunfo electoral del general Perón, que significó nada más ni nada menos que la fe de aquellos hombres que, rompiendo tranqueras y saltando alambrados, iban a defender toda la legislación que les hacía justicia, desde el estatuto del peón rural hasta el aguinaldo.

Pero también quiero recordar que el 24 de febrero de 1947 se hacía el anuncio del decálogo de los trabajadores, que luego fue incorporado en la Constitución de 1949. Esto es lo que nos lleva a defender todo aquello que hace que una legislación laboral sea clara.

Tengo la plena convicción de que este proyecto no va a crear fuentes de trabajo, y también tengo la plena convicción de que, si el ánimo de los parlamentarios es defender los convenios a la alta, esto debe estar expedito a través de la ultraactividad, no sólo en las disposiciones generales del convenio sino también en las salariales.

Digo esto porque quienes hemos tenido la posibilidad de participar en las paritarias sabemos que, aun en momentos de bonanza, cierto sector empresarial intentaba trabar toda posibilidad de dignidad que podía tener el trabajador.

Nosotros bogamos por todo aquello que facilite la reactivación y el desarrollo. Estamos de acuerdo con las medidas que hay que adoptar en defensa de la industria nacional y de las pequeñas y medianas empresas, que son generadoras de fuentes de trabajo, pero también señalamos claramente que esas medidas no se vinculan con el cambio de la legislación laboral.

En otro orden de prioridades, rechazamos la precarización. Existe la necesidad expresa de terminar con la esclavitud del trabajador y, paradójicamente, ha aumentado la productividad. Hemos alcanzado niveles récord de desocupación en la República, pero todavía sobre los trabajadores pesan jornadas de 59 o 62 horas. Esto no puede suceder bajo ningún punto de vista.

Por eso hemos fijado nuestra posición con la presentación de un dictamen de minoría. Creemos que la solución debe surgir de la concertación. Nos habría gustado que primero se concertase y luego se enviasen los proyectos al Parlamento, con el acuerdo de políticos, empresarios y trabajadores.

Necesitábamos más tiempo y así lo hemos peticionado. La sociedad todavía no conoce qué estamos debatiendo, y esta es una realidad. Sin embargo, ese mayor tiempo no se brindó. Por ello creemos necesario que este debate fomente las posibilidades de justicia social que necesita y merece el pueblo argentino.

Pobre el desocupado que crea que sólo con un cambio de la legislación laboral va a encontrar fuentes de trabajo.

Quiero recordar a Arturo Sampay, quien en representación y defensa del decálogo del trabajador dijo que el Estado debía cumplir su deber al lado de los débiles, porque si se lo notaba neutro, iba a ayudar a los poderosos.

Queremos soluciones. La patria ha pasado momentos como éste. En 1933, siendo Colombo presidente de la Unión Industrial Argentina, en el viejo estadio Luna Park se reunieron 40 mil personas, conjuntamente con Simón, secretario general de la CGT, en defensa de la industria nacional, que es necesaria para crear fuentes de trabajo.

Hemos citado a distintos sectores a la Comisión de Legislación del Trabajo. Pero fíjense qué casualidad: los grandes entes que hoy están prestando los servicios públicos no estuvieron presentes. ADEBA tampoco concurrió.

Lo que aprovechamos de las pequeñas y medianas industrias nacionales es la conclusión de que mediante la reactivación y el desarrollo se alcanzarán las circunstancias que luego permitirán hablar de la legislación laboral.

Hoy queremos recordar que, por una mal llamada ley de la dictadura militar, la 21.307, se perdieroncien artículos de la ley 20.744, de contrato de trabajo.

Hoy queremos recordar que todo aquello que hiciera a la libertad en las paritarias era mentira porque siempre había una traba; si no cuidamos ese 31,2 por ciento consituido por los trabajadores en blanco, no incrementaremos más su número. Quiera Dios que luego del debate se logre dar esperanzas a todos aquellos que hoy desgraciadamente no tienen trabajo y están excluidos.

Muchas veces se nos dijo que había que pasar el invierno; después vino la tablita. Desgraciadamente el trabajador nunca tuvo réditos. Se nos dijo que había que acumular para distribuir; acumularon algunos, pero no hubo ninguna distribución. Esto es lo que nos mortifica y aviva nuestro sentimiento.

Pido disculpas a mis colegas, pero lo cierto es que yo estoy aquí presente de cuerpo, pero de alma estoy en la Plaza de Mayo. No tengo ninguna duda de que los trabajadores argentinos quieren de una vez por todas tener la participación que ellos necesitan y se merecen.

Se ha hablado del derecho a la información, y en este sentido me pregunto por qué no se aplica el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Las leyes son utópicas si no tienen el sabor social que necesitan. Esto es lo que quiere, nada más y nada menos, la bancada Justicialista. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J. P.).- La Presidencia recuerda a los señores diputados que el tiempo del que disponen para hacer uso de la palabra es de diez minutos.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. MARTINEZ (E. M.).- Señor presidente: este proyecto de ley ha tenido en su génesis una exposición pública muy grande. Hace casi sesenta días que está siendo debatido, aun cuando todavía se estaba elaborando, y debo reconocer que soy uno de los responsables de alguna confusión pública.

En la primera reunión a la que fuimos invitados al Ministerio de Trabajo para discutir el primer borrador, un asesor del ministro nos entregó un documento titulado "Generación de empleo moderno y estable". Cuando discutimos en esa reunión las características del documento nos opusimos categóricamente a que se hablara de generación de empleo porque sosteníamos que esta ley no genera empleo.

Efectivamente, a partir de ese comentario, el documento finalmente termina apareciendo en otras reuniones con el objetivo de generar empleo estable y de modificar la presencia de los actores sociales en las relaciones laborales.

Sin embargo, a lo largo de estos sesenta días se han incorporado y quitado numerosas disposiciones de este proyecto. Hay un núcleo absolutamente duro, que es lo único que no se puede modificar, esto es, aquello que tiene que ver con la vigencia de la ultraactividad de los convenios colectivos y con la prevalencia de las condiciones más favorables al trabajador. ¿Por qué? Porque en realidad yo me había equivocado, ya que este es un proyecto que intenta generar empleo. Lo que sucede es que nadie genera empleo reduciendo los salarios. Ese objetivo no podía quedar explícito en el texto, no para contrabandear la idea, sino porque era absolutamente impráctico generar condiciones que permitieran la negociación del convenio colectivohacia la baja y hacer explícito que ése era un objetivo de superior política económica. En realidad, ese objetivo ha sido confundido, hasta por los propios actores, con un proceso de democratización de las relaciones sindicales, descentralización geográfica y máxima participación. Pero si este proyecto es sancionado y aplicado en estos términos, el resultado concreto para los millones de personas involucradas será la reducción de sus salarios.

No creo que los actores de este proceso sean perversos representantes de la concentración del capital o tengan sus fauces llenas de sangre de los trabajadores; simplemente apoyan lo que, entienden, forma parte de una propuesta de desarrollo, y creen honestamente que la Argentina tiene una posibilidad de salir adelante reduciendo los salarios de los trabajadores.

Para corroborar esa hipótesis, por métodos casi detectivescos apelé a algo elemental. Teniendo en cuenta la enorme importancia que tiene el Banco Mundial como generador de pensamiento en todos aquellos países que necesitan asistencia; y su legítima asunción del derecho a expresarse -el Banco Mundial ha prestado a la Argentina 16 mil millones de pesos para más de cincuenta proyectos, y además ha adoptado recientemente una política de difusión de sus ideas mentoras del desarrollo-, pedí a la delegación de ese organismo en Buenos Aires algún documento sobre esas ideas. Efectivamente, con mucha gentileza la directora de la delegación me envió hace pocos días un documento que contiene los principios cuya discusión el Banco Mundial fomenta entre los sectores sociales de toda naturaleza.

El documento fundamental, que se refiere a la eliminación de la pobreza, -ya que el lema del Banco, creado hace más de cincuenta años, es precisamente "Nuestro sueño: un mundo sin pobreza"-, dice así:

"Un crecimiento sostenido del ingreso per capita del 1,8 por ciento podría reducir la pobreza en un 35 por ciento en diez años". "Esto sería más factible si los mercados de trabajo funcionasen eficientemente. Pero el mercado laboral formal en Argentina es uno de los más rígidos y regulados de los países en vías de desarrollo, lo cual impide que tengan lugar ajustes salariales con relativa facilidad." Leyendo esto nos acercamos un poco más a entender cuál es el pensamiento."

Más adelante dice: "¿Por dónde empezar?". Se refiere -insisto- a la lucha contra la pobreza. Y continúa: "1) Mercado de trabajo. Habría que facilitar un funcionamiento más ordenado del mercado laboral mediante algunas reformas:

"Eliminar las negociaciones colectivas o sectoriales de trabajo, que hoy son extensivas a todos los trabajadores de un sector y que tienen validez incluso después de haber expirado." Esto podría traducirse como: "Por favor, eliminen la ultraactividad".

Y continúa: "Bajar el costo de la mano de obra, reduciendo los beneficios extra y las indemnizaciones por despido, e introduciendo un sistema de seguro de desempleo basado en cuentas individuales.

"Permitir empleos temporarios que no estén sujetos a impuestos sobre nómina, como las modalidades promovidas, pero que cuenten con beneficios sociales de salud y jubilación."

Esto ha sido escrito -no quiero demonizar el tratamiento del tema- por honestos burócratas que creen hacer su aporte a la solución de la pobreza en la Argentina y en otros países similares. El drama es que estas ideas son una barbaridad, están absolutamente equivocadas y no conducirán a ninguna solución positiva para nuestro país.

Sr. DUMON.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. MARTINEZ (E.M.).- Cuando termine de expresar esta idea, señor diputado.

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. MARTINEZ (E.M.).- Más adelante, el documento continúa: "Asimismo, los acuerdos salariales que tienen aplicación nacional no permiten a las regiones argentinas desarrollar su propia ventaja comparativa, con lo cual se retrasa el desarrollo de las provincias."

En síntesis, existe una honesta tesis que podría expresarse como culminación de este documento del Banco Mundial y que ha sido trasladada al proyecto de reforma laboral que tenemos en consideración. La tesis es la siguiente: mejor un mal trabajo que ningún trabajo. Me costó casi sesenta días determinar cuál era la idea inspiradora. Habría sido más valioso que la hubiéramos puesto sobre la mesa desde el principio, que hubiésemos discutido la vigencia del pensamiento único en la Argentina, su utilidad para resolver nuestros problemasde desarrollo, y así hubiéramos dado un salto cualitativo monumental hacia delante.

No comparto esta tesis por razones que podría exponer extensamente en una discusión a desarrollar en alguna sesión especialmente destinada a ese fin. En todo caso, el mismo Banco Mundial dice en otro documento que hay 2.800 millones de personas en el mundo que viven con menos de dos pesos por día, de los cuales 183 millones se encuentran en América Latina, y que hay 475 millones, o sea, el 76 por ciento de esa población, en esa misma situación en Africa. En este momento se está celebrando -con la anuencia de Bill Clinton-, en el centro del corazón financiero de los Estados Unidos, "La Semana de Africa", para promover y homogeneizar las condiciones de inversión en ese continente a fin de utilizarlo como un nuevo reservorio de materia prima y humana barata.

Imaginar que vamos a recuperar una condición de vida digna bajando los salarios para rebotar luego y aspirar a una próspera situación futura es nulo en ese marco.

Tenemos que discutir el pensamiento único que se ha filtrado ex profeso, deliberada e inocentemente por detrás, por derecha y por izquierda en toda la sociedad argentina. Eso es lo que explica la enorme convulsión que ha generado en el interior de los espacios políticos de esta Cámara el debate sobre esta iniciativa, porque con más o menos claridad estamos descubriendo que el pensamiento único nos tiene atenazados y que no tenemos capacidad para reemplazarlo de manera simple, aunque estamos obligados a pensar en cómo hacerlo porque, de lo contrario, terminaremos apoyando cuestiones aparentemente técnicas, discutiendo cómo manipular o "muñequear" un acuerdo, o cómo introducirnos en la interna de la central de los trabajadores para tratar de conseguir algún voto más a favor nuestro, pero no entenderemos el camino del desarrollo argentino.

La mejor conclusión que podríamos sacar consiste en entender que este documento -y nadie puede sorprenderse, porque vengo discutiendo esta cuestión dentro de la Alianza y en contra del pensamiento único desde hace más de tres años, incluso desde antes de que la Alianza se constituyera y también después, hacia adentro y hacia fuera- convalida el pensamiento único en materia laboral en la Argentina.

¿Queremos repetir la experiencia de suponer, como en México, que sus zonas de maquila se iban a eliminar reduciendo los salarios cuando en los últimos quince años estos últimos cayeron un 75 por ciento? ¿Queremos llevar los salarios de Formosa a la baja para que luego contagien a toda la Argentina y todos tengamos salarios como los mexicanos? Si es eso lo que queremos apoyemos esta iniciativa. Pero si no es eso lo que queremos, discutamos el pensamiento único, posterguemos el tratamiento de esta iniciativa o, en todo caso, saquémonos de encima el pensamiento único con el tiempo, y con toda seguridad en dos años derogaremos esta ley (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. PEPE.- Señor presidente: estoy haciendo un esfuerzo de la memoria para recordar el escenario de este recinto hace exactamente dieciséis años. El plenario era similar al actual, pero había mucha más participación. Las galerías estaban cubiertas de militantes de Franja Morada y de la Unión Cívica Radical. Frente a ellas estaban nuestros compañeros de la Juventud Peronista y la clase obrera. El bullicio era realmente estremecedor. Incluso recuerdo que acuñamos una frase a partir de allí: "no hay que tenerle miedo al bullicio de la democracia". Hacía un mes y medio que se había instalado un gobierno constitucional en el país presidido por un hombre de la democracia, el doctor Raúl Alfonsín. El gobierno plantéo desde el comienzo un proyecto de ley que se llamó de reordenamiento sindical.

Había cierta similitud, cierta tendencia. Estas reflexiones no son para los compañeros del Frepaso, que como todo el mundo sabe en su gran mayoría fueron paridos por nosotros en nuestras salas maternales, con nuestros obstetras. Son válidas para mis amigos del radicalismo.

Tal como lo planteó el presidente Alfonsín, el radicalismo soñaba con el tercer movimiento histórico. Sin duda era un sueño que como producto de una elección en la que el peronismo había sido estrepitosamente derrotado -la de 1983- podía haber sido viable si hubiera habido trabajadores en esa idea. Tradicionalmente el radicalismo no tuvo militantes en la clase obrera.

¿Cuál era la idea de Mucci? Ver cómo se quedaban con un pedazo del movimiento obrero, cómo inventaban este asunto del tercer movimiento. Fracasó.

Recuerdo en forma patente el ingreso de Ubaldini, cuando gritaban "Saúl querido". La movilización de los trabajadores había sido realmente espectacular. También recuerdo que, en el momento en que yo hacía uso de la palabra, ingresó Herminio Iglesias, y un diputado, Imbelloni, se levantó y dijo esa frase que trascendió a la historia de la política chica: "Llegaste, papá".

En ese esquema el peronismo da la batalla, reconoce su derrota de 1983, pero plantea lo que hoy se viene diciendo desde nuestra bancada. Vamos a hacer todo el esfuerzo para evitar quebrar, no a los dirigentes -que éstos se defiendan solos- sino al sindicato, que es sinónimo de la solidaridad, de la unidad, de la justicia, de la defensa de los intereses profesionales de los trabajadores. Esto el peronismo no lo va a aceptar. Podrán avanzar con la idea pero no van a tener el acuerdo de esta bancada.

Muchas veces me he preguntado por qué el radicalismo tropieza siempre con la misma piedra. Ustedes saben que tengo afectos profundos por los integrantes de esa bancada con los que trato cotidianamente; no voy a hacer nombres, pero son muchos. En la despedida de Raúl Baglini dije que se nos iba un hombre importante y que esperaba que volviera dentro de dos años. Los otros días me dijo Baglini: "Tardé seis, Lorenzo."

Todo esto quiere decir que no hay en esto carga peyorativa sino simplemente tratar de buscar desde la historia el motivo por el que el radicalismo tropieza con esto de llevarse por delante a los trabajadores.

Voy a dar datos muy objetivos y espero que se entiendan. En el fondo, don Hipólito, el peludo, el hombre de poco hablar y que ganó dos veces las elecciones en el primer tercio del siglo XX, daba la razón a los trabajadores. Pero fue muy duro; me imagino que aquel presidente, como todos casi sin excepción, sufrió enormes presiones.

En 1917 se produjo una huelga de frigoríficos; y allí comenzó la presión de Gran Bretaña y de los Estados Unidos. Eran la Swift y la Armour, que presionaron, y las embajadas también presionaron sobre el gobierno. Don Hipólito mandó reprimir la huelga, pero después hizo el primer contrato social a los trabajadores de la carne.

Quiero hacer una muy breve referencia acerca del origen de nuestro movimiento obrero. En la década del ´80 del siglo XIX, las grandes corrientes inmigratorias -italianos, españoles, judíos y polacos- no solamente se iban del viejo mundo por las persecuciones,sino que traían también ideologías que pretendían comprometer a esta clase obrera incipiente y muy empobrecida que teníamos los argentinos a fines de ese siglo.

Fue así como crearon la primera organización obrera, la Federación Obrera Argentina, que después se convirtió en la Federación Obrera Regional Argentina y que fue famosa por ser manejada por los anarco-sindicalistas, los que inicialmente se llamaron anarco-socialistas. Eran hombres de acción directa: por la mañana, el pliego, y por la noche, la bomba en el horno de la panadería. Eran hombres valientes, utópicos, llenos de ideales y empobrecidos que muchas veces fueron muertos por la brutalidad desencadenada por los grupos de poder, es decir, por una fuerte oligarquía que reiteradamente presionaba sobre los gobiernos de turno, como en el caso de Hipólito Yrigoyen.

También debería recordar -no sé si éste no es un fantasma que deambula sobre nuestras cabezas- la Semana Trágica, con los episodios registrados en los Talleres Gráficos Vasena. Sin embargo, finalmente Hipólito Yrigoyen firmó el contrato social disponiendo un aumento de salarios para los trabajadores gráficos que osciló entre el 20 y el 40 por ciento.

De manera tal que el movimiento obrero incipiente de fines del siglo XIX se movía entre la represión y la conquista, entre quienes reprimían y quienes después conseguían mejores condiciones salariales.

Asimismo me gustaría hacer referencia, con mucho respeto, a la Patagonia Trágica. Pero no lo haré para evitar malentendidos.

Pido disculpas por esta digresión, que está cargada de mis propias vivencias y que en modo alguno encierra una actitud peyorativa o descalificadora. Simplemente estoy diciendo por qué volvemos a tropezarnos con la misma piedra. No quebremos al sindicato. ¿Hay bronca con los dirigentes sindicales? En ese caso, al igual que en el de la política hay dos formas de salir de esa situación. Algunos creen que son el ombligo del mundo también en el ámbito de la política.

Sr. BAYLAC.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. PEPE.- No, señor diputado Baylac, permítame que finalice...

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- La Presidencia recuerda al señor diputado Pepe que resta un minuto para que finalice el tiempo de que dispone para hacer uso de la palabra.

Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. PEPE.- Retomando el hilo de mi exposición, quiero señalar que de cualquier manera en 1983 se produjo ese hecho, volteándose en el Senado, mediante la intervención del senador Britos y el voto del senador Sapag, el intento de llevar a cabo un reordenamiento sindical.

Pero aquí todos estamos contestes -no voy a mostrarla, pero tengo documentación al respecto- de que esta reforma no va a dar trabajo a nadie. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿para qué la hacemos? ¿Para dar trabajo a la gente o para quebrar la columna vertebral del sindicato, que es el símbolo de la solidaridad obrera? A eso nos oponemos. No vamos a acompañar algo que está dirigida a ello.

Y quería hacer esta reflexión referida al ombligo del mundo. Algunos creen -diputados de la Nación, ministros, etcétera- que todo gira alrededor de ellos. Eso es mentira. Uno está donde está porque otros quisieron; esa es la verdad. Tanto los señores diputados del oficialismo como nosotros estamos aquí porque hubo miles de compañeros que pusieron el hombro para ello.

Por lo tanto, en función del acuerdo que esta sociedad democrática necesita exhorto a no quebrar al sindicato. A los hombres les pasan dos cosas: los saca la gente con el voto o, lo que es más natural y biológico, se mueren. De tal manera, la gente dirá siFulano o Zutano son la burocracia sindical; de lo contrario, lo dirá la muerte. Nosotros no tenemos que avanzar sobre la estructura sindical.

Quiero terminar mi exposición parafraseando al señor diputado Saúl Ubaldini, ya que hoy hace exactamente cincuenta y cuatro años que le ganábamos a la Unión Democrática, entre comillas. Perón, que creó el peronismo, y don Hortensio Quijano, que creó la Unión Cívica Radical-Junta Renovadora, y que comprendió que había un nuevo porvenir para los argentinos, juntos, radicales y peronistas, vencieron a la oligarquía. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. STOLBIZER.- Señor presidente: quiero comenzar mi exposición brindando algunas de las respuestas que reclama el señor diputado Lorenzo Pepe.

Con el más absoluto respeto, y en el mismo tono en que lo ha planteado el señor diputado preopinante, quiero decir que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo constituye la reformulación de la legislación laboral.

Entonces, frente a la pregunta de por qué lo hacemos si hemos dicho que no genera empleo, debemos decir que el partido de don Hipólito Yrigoyen, hoy en la Alianza, se ve compelido a la reformulación de la legislación laboral más antiobrera de que se haya tenido conocimiento en la historia argentina. (Aplausos.)

- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Rafael Manuel Pascual.

Sra. STOLBIZER.- Esta es la legislación antiobrera de los últimos diez años promocionada por el ex presidente Menem, autotitulado heredero de Juan Domingo Perón.

Tenemos la necesidad de abocarnos al debate de la reformulación de la legislación laboral de un modo que no hubiéramos querido. Por eso es necesario que planteemos también la necesidad de clarificar cuál es el espíritu del cual no solamente el bloque de la Alianza sino el Parlamento en su conjunto está imbuido en medio de este debate, que es el resguardo del principio protectorio que debe tener la legislación laboral tal cual surge del propio artículo 14 bis de la Constitución Nacional, incorporado a partir de la lucha de muchos obreros argentinos y también con el aporte indiscutible de algunos radicales históricos que formaron parte de la construcción de este partido.

El principio protectorio del artículo 14 bis establece que el trabajador gozará en todas sus formas de la protección de las leyes. Este es el espíritu que queremos resguardar en esta reformulación de la legislación laboral.

¿Cuál es la razón de ser del derecho laboral? Es el reconocimiento de la relación desigual de las partes que concurren a conformar la relación de trabajo. Esto que algunos han denominado la "imposuficiencia" de una de las partes de la relación de trabajo, significa que las dos partes no concurren de la misma manera, y esta es una característica casi natural de la relación laboral.

Por esa razón existe el derecho del trabajo y es necesario mantener este espíritu protectorio en la legislación laboral. Necesitamos ponerlo de manifiesto para que quede claro que no habrá normativa alguna que nosotros podamos crear a partir de la sanción de esta ley que pueda vulnerar la a veces fanática defensa que los radicales hemos hecho de nuestra vocación institucional por los principios constitucionales a lo largo de nuestra historia.

Este proyecto busca ratificar este compromiso constitucional con el derecho del trabajo, que tiene que ver con la recuperación del equilibrio que las partes no tienen en la realidad. El derecho laboral establece limitaciones al avance y al poder que tiene el empleador frente a su trabajador, y también le impone la irrenunciabilidad de los derechos que hubiera adquirido a partir del derecho del trabajo.

La reformulación de esta legislación tiene como finalidad modificar las condiciones objetivas para el desarrollo de las relaciones del trabajo y recuperar el equilibrio y la capacidad de negociación que se ha visto afectada durante estos últimos años con el avance de una normativa que privilegió el derecho individual por sobre el colectivo. Esto no es casual; se ha producido de manera simultánea con el avance del pensamiento neoliberal que avasalló todos los derechos sociales y colectivos a partir de la exacerbación del individualismo, la competencia y la necesidad de la satisfacción personal.

Todo esto se debe llevar a cabo además por medio de la recuperación de un Estado fortalecido en la regulación de estas relaciones, lo que se concretará por la vía del control de legalidad que se le impone, la policía del trabajo, la descentralización y el reconocimiento del federalismo.

La relación laboral es un conflicto permanente de intereses entre aquel que pretende una mayor rentabilidad y quien desea mejorar las condiciones de trabajo. Se trata de una colisión de intereses natural entre quien quiere pagar menos y el que desea cobrar más. La posibilidad de resolver este conflicto de intereses está en la legislación laboral o en la negociación colectiva. En ese sentido, la propia norma otorga a las partes la posibilidad de resolver sus conflictos en el marco de esta negociación.

Nosotros necesitamos recuperar el derecho colectivo por sobre el derecho individual, recobrar el protagonismo de los representantes de los trabajadores para garantizar la disminución del grado de debilidad y vulnerabilidad que hoy padecen cuando se reúnen con su empleador para resolver el conflicto.

El marco normativo que propone el proyecto del Poder Ejecutivo nacional no es otro que el de la libre autonomía y voluntad de las partes para sentarse a negociar, lo que implica necesariamente un voto de confianza para las partes de la negociación.

La suposición de la negociación a la baja no es otra cosa que una composición maquiavélica que algunos realizan por la necesidad de manipular demagógicamente los intereses y el grado de vulnerabilidad que los trabajadores tienen en este momento. Por esa razón, nosotros consideramos que es imprescindible democratizar los mecanismos de las relaciones laborales, lo que concretaremos por medio de la modificación de las condiciones objetivas del empleo. Lograremos esto creando empleo estable, terminando con las características de estos últimos años, que han sido la extrema precarización y la clandestinidad de las relaciones laborales, y reemplazándolas por el trabajo estable y registrado. Lo haremos además recuperando el poder de negociación equilibrada.

Pero todo esto no puede estar desvinculado del escenario natural en el que este proceso se va a dar. No describiré este escenario porque todos lo conocemos, pero no puedo dejar de mencionar que está caracterizado por una tasa altísima e intolerante de desempleo, por un índice igualmente intolerante de marginalidad social, por una bajísima tasa de sindicalización de los trabajadores y por una fuerte concentración económica en manos de unos pocos y en desmedro de las mayorías.

Todo esto ha sido consecuencia de la deliberada construcción de un modelo económico social del que algunos han hecho gala y alarde durante todo este tiempo, y que terminó con la exclusión de las mayorías populares en la Argentina. Para la construcción de este modelo se utilizaron algunas herramientas fundamentales de la política económica, como por ejemplo la apertura indiscriminada de la economía, la falta de políticas industriales y la política de privatizaciones que dejó 300 mil trabajadores en la calle. Pero en esencia este modelo social de la exclusión se ha construido de la mano de la política laboral más antiobrera que hayamos podido conocer. Por esa razón nosotros creemos necesaria la reformulaciónde esta legislación para recuperar los derechos de los trabajadores que nacieron y fueron amparados bajo el derecho colectivo, luego vulnerado por la legislación de estos últimos diez años, en algunos casos acompañada y en otros promovida o estimulada o por lo menos con la complicidad de muchos representantes sindicales. Éstos, tal como lo planteó en su exposición el señor diputado Pernasetti, firmaron en algún momento las actas de coincidencias con el Ministerio de Trabajo, que luego dieron lugar a las leyes, a los decretos de necesidad y urgencia y a los convenios firmados a la baja y en contra de los intereses de esos trabajadores.

Firmaron actas como las de los años 1994 y 1997 en las cuales, entre otras cosas, se acordaba con el Ministerio de Trabajo de la Nación reducir en un 70 por ciento las indemnizaciones por despido. Se determinaba también que un acuerdo colectivo de ámbito menor vigente no podía ser afectado por una ulterior convención de ámbito mayor. Y hoy cambiamos el discurso. Se acordó, además, la disponibilidad colectiva de normas legales sobre jornadas de descanso y esto facilitó después cada una de las negociaciones que los señores que estuvieron representados en esta acta de negociación celebraron en sus gremios.

El acta lleva las firmas de Daer, Palacios, Moyano, Ubaldini, Rodríguez Larrea, West Ocampo, Barrionuevo, Cavalieri, Pereyra, Lezcano, Amin, Hermoso, Genta, Gutiérrez, Echehun, Martínez, Petracca, Cantarini, García, Ghilini, Zanola, Venegas, Viviani y Schmid. Ellos eran los representantes de la CGT que facilitó durante estos diez años las negociaciones a la baja. (Aplausos.)

La propuesta del Poder Ejecutivo nacional consiste en modificar este estado de situación de las relaciones precarias, de la precarización de hecho que implica una tasa de desempleo como la que tenemos, elevada significativamente a la luz de cada una de estas leyes a partir de 1991 y hasta 1998.

De todos modos, creo que debemos avanzar en la búsqueda de consensos necesarios...

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- La Presidencia solicita al señor diputado Britos que por favor baje el diario que tiene en sus manos y respete a la oradora.

Continúa en el uso de la palabra la señora diputada Buenos Aires.

Sra. STOLBIZER.- Señor presidente: decía que de todos modos lo imprescindible ...

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- La Presidencia reitera al señor diputado Britos que baje el diario y no interrumpa a la oradora, ya que la señora diputada Stolbizer tiene buena memoria.

Continúa en el uso de la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. STOLBIZER.- Aclaro que respeto profundamente a los colegas de la bancada Justicialista y, sobre todo, respeto el marco de consenso planteado por el señor diputado Atanasof en su discurso y la vocación puesta de manifiesto por muchos legisladores de ese partido para arribar a una propuesta de acuerdo haciéndose cargo, naturalmente, de la crisis que existe en este momento en la Argentina.

A fin de retomar este marco de consenso planteado que considero indispensable, es importante que nos encaminemos a la búsqueda de la competitividad que no separe o diferencie a los empleadores de los trabajadores. La competitividad debe ser un valor, un interés defendido en común por ambas partes.

Este proyecto de reforma legislativa nos llevará en esa dirección. Hoy el trabajo no sólo es la principal demanda de nuestra sociedad, sino también uno de los principales derechos de las personas. Es un factor de igualación y de reconocimiento social, pero también es un factor de discriminación entre aquellos que tienen y no tienen trabajo. Es un factor de discriminación entre quienes poseen trabajo, pero a veces cobran salarios diferentes por la misma tarea o están sometidos a condiciones distintas.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- La Presidencia informa a la señora diputada que su tiempo está terminando.

Sra. STOLBIZER.- El trabajo nunca debe ser entendido como la prestación de uno a favor de otro.

Para responder a la pregunta de por qué llevamos adelante este proyecto de reforma laboral si no genera empleo, debo aclarar que nunca dijimos que esta iniciativa resolvía el problema de la desocupación. Ni siquiera expresamos que este era un debate sobre el problema del desempleo.

Seguramente ello vendrá de la mano de otras leyes y otras políticas que este gobierno -que hace sólo 60 días que está instalado en el poder- va a llevar adelante en el corto plazo. Sí decimos, en cambio, que la iniciativa genera condiciones de empleabilidad y circunstancias favorables para que los trabajadores recuperen la dignidad.

La resolución del problema de la pobreza no pasa por plantearnos el enriquecimiento de todas las víctimas de la pobreza, sino por permitir condiciones para vivir dignamente. El problema del trabajo es igual: la solución no pasa porque digamos de la noche a la mañana que vamos a lograr el pleno empleo para la totalidad de los argentinos, sino porque señalemos cómo vamos a crear condiciones de trabajo dignas para la mayoría de nuestro pueblo.

Entonces, el proyecto apunta a la regulación de la negociación colectiva, con una profunda confianza en que esto significará el espacio adecuado para el mantenimiento y la vigencia de los derechos de los trabajadores. Además, creemos en la necesidad de discutir una estrategia competitiva, que se vincule con la igualdad de oportunidades.

Voy a referirme brevemente a lo que significó la labor de la Comisión de Legislación del Trabajo, y señalaré lo que significó la búsqueda de consenso como una fórmula que queremos mantener en el Parlamento.

Al llegar la iniciativa el señor diputado Jesús Rodríguez planteó en la Comisión de Legislación del Trabajo que no éramos una escribanía que protocolizaba las actas que nos enviaba el Poder Ejecutivo.

Señaló también que reivindicábamos la labor del Parlamento como un ámbito pluripartidario, que mediante el intercambio de acuerdos y disensos nos permitía construir una sociedad distinta.

En ese sentido, mantuvimos la propuesta originaria del gobierno sobre la base de los dos lineamientos que señalamos, pero creo que hemos mejorado cualitativamente la iniciativa. Lo hicimos reduciendo el período de prueba, incorporando la simplificación registral e introduciendo un rol activo del Parlamento mediante la creación de una Comisión Bicamaral.

También reconocimos el aporte importantísimo que hicieron los legisladores justicialistas en la Comisión de Legislación del Trabajo con respecto a la ultraactividad y al arbitraje obligatorio. Modificamos el proyecto del Poder Ejecutivo a la luz de la propuesta que había hecho el Partido Justicialista, porque creíamos que ello mejoraba e enriquecía la norma.

También señalo que el partido de Hipólito Irigoyen en la Alianza propondrá al Congreso, conjuntamente con la sanción de este proyecto, no sólo la derogación de la ley 16.936 de arbitraje obligatorio de la dictadura de Onganía, ratificada en 1994, sino también la derogación del decreto 2.184 del presidente Menem, que reglamenta y cercena el derecho de huelga en los servicios esenciales.

Quienes hemos abrazado la causa de la militancia política creemos que es imprescindible garantizar la continuidad política y jurídica institucional de los gobiernos y de los Estados. Esto significa que toda aquella adrenalina que pusimos durante la campaña electoral para remarcar los errores del gobierno que se iba, hoy se ve legitimada en la medida en que el acceso al poder no signifique un fin en sí mismo...

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Ha concluido su tiempo, señora diputada.

Sra. STOLBIZER.- Ya termino, señor presidente.

No hay que hacerse los distraídos frente a la crisis. Es necesario construir un consenso social para llegar a tener una sociedad distinta. Tenemos el derecho y la obligación de llevar adelante respuestas a los problemas de la sociedad. Queremos tener el derecho a equivocarnos. Lo que no podemos hacer es soslayar la obligación de evitar equivocarnos; y en igual sentido lo hicimos en 1989 cuando el Partido Justicialista se hizo cargo de una pesada herencia que intentó resolver a la luz de aquellas leyes que votaron con el acompañamiento del entonces bloque opositor, que conformaba la Unión Cívica Radical.

Creemos que es imprescindible la búsqueda del diálogo social. Por eso nos duele profundamente que hoy el movimiento obrero esté realizando cuatro manifestaciones distintas en la Capital Federal. Nos hubiera gustado llegar a un acuerdo social con todos sentados a la misma mesa. Nos produce mucho dolor no haber logrado un acuerdo con amigos de muchos años, con compañeros de militancia de toda la vida con quienes compartimos la lucha y la búsqueda por estos objetivos.

Creemos que desde este lugar nuestra función no pasa por defender al gobierno o al presidente. No festejamos la sanción de este proyecto de ley. No es motivo de festejo para nosotros tener que reformular esta norma a la luz de un 15 por ciento de desocupación. Lo que hacemos es abocarnos a la tarea de construir un poder sobre la base de creer que solamente desde él se compite y se confronta con los que lo detentan. Y en la construcción de este poder, donde intervienen las mayorías populares, no puede haber grietas entre nosotros por donde se infiltren distintas máscaras que detentan los intereses del anti pueblo.

La búsqueda de consenso nos impone recuperar una identidad nacional que nos reúna en un único objetivo. Por eso creo que hoy más que nunca, iniciando este año 2000, es válida la convocatoria a la unidad para evitar ser víctimas de la dominación. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra la señora diputada por Santa Cruz.

Sra. FERNANDEZ DE KIRCHNER.- Señor presidente: en 1998 sosteníamos que instalar en la sociedad la contradicción entre flexibilidad laboral o desempleo constituía una falacia.

Lo hacíamos con referencia al proyecto de ley que se conocía como proyecto Erman González, entonces ministro de Trabajo. En esa oportunidad nos mantuvimos en una posición contraria a la iniciativa, aunque debo reconocer que aquella propuesta, comparada con ésta en lo que se refiere a la profundización de la precarización laboral, parecía un reglamento para maestras jardineras.

También tengo que reconocer que en aquel proyecto se tendía a modificar las relaciones individuales pero no el derecho colectivo; en este sentido invito a los señores diputados a que revisen las versiones taquigráficas: el derecho colectivo y el principio de la norma más favorable al trabajador era cuidadosamente preservado.

Hay algo que me llama poderosamente la atención. He escuchado decir que la sanción del proyecto que tenemos en consideración no va a generar empleo. Me pregunto por qué, entonces, el gobierno instala esta contradicción, por qué enfrenta a los distintos sectores de la sociedad, por qué en estos momentos hay 50 mil personas en la plaza protestando contra el gobierno...

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Ruego a los señores diputados que respeten a la oradora.

Sra. FERNANDEZ DE KIRCHNER.- Es lo que está informando el Canal TN.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- TN también informó que el proyecto ya había sido votado, señora diputada.

Sra. FERNANDEZ DE KIRCHNER.- Se trata de determinar frente a qué estamos. ¿Estamos en realidad frente a un proyecto de reforma laboral o a un proyecto de reestructuración y reforma sindical? La iniciativa apunta a modificar dos aspectos centrales: en primer lugar, la negociación colectiva y, en definitiva, la actuación del sindicato como expresión de la representatividad y la defensa de los derechos de los trabajadores; y, en segundo término, el rol del tercer protagonista de esa relación tripartita que es la relación laboral, cuando, en caso de colisión de normas, niega protección al trabajador por la vía de rehusarse a consagrar la vigencia de la disposición más favorable a éste. Ese fue el pilar del derecho laboral durante los últimos cincuenta años. Así como el derecho penal occidental se construyó sobre la base del principio in dubio pro reo, el derecho laboral se edificó en torno del eje fundamental de estar a favor del más débil en la relación de trabajo.

El mundo laboral se basa, como afirma la OIT y como es reconocido en todo el mundo, en la relación tripartita entre sindicato, capital y trabajo. Esta reforma sindical, orientada por los dos principios que recién señalé, tiende a restar al trabajador la protección que el Estado debe acordarle por medio de la aplicación de la norma más favorable, y a debilitar a la otra parte de la relación tripartita, que es el sindicato. Esto es así sin perjuicio de las caras de algunos dirigentes sindicales, muchas de las cuales a mí tampoco me gustan y por eso nunca he estado con ellos.

Se plantea que la descentralización de la intervención de ese tercer protagonista, que es el sindicato, va a ser beneficiosa para los trabajadores. Paralelamente se escuchan discursos casi comunes a todas las bancadas. En ellos se afirma que el problema es la concentración del capital, la trasnacionalización de la economía y todos estos fenómenos que la transformación del mundo ha producido en los últimos años. Me pregunto qué lógica tiene -si tenemos en claro que uno de los problemas de la economía y la política de hoy es la concentración del capital- pretender beneficiar a los otros protagonistas de la ecuación laboral -es decir, a los trabajadores- desconcentrándolos frente a un enemigo, un adversario o un negociador que cada vez tiene más poder. No tiene ninguna lógica.

No debemos enojarnos con los empresarios ni con los dueños del capital. Ellos hacen lo que siempre hicieron históricamente: ganar más y tratar de maximizar a costa de todo; porque el muro de Berlín se habrá caído, pero algunas cuestiones son científicas. Entonces, me parece que a lo que se está renunciando con la sanción de esta norma es a ejercer el rol que debemos cumplir los partidos políticos.

He escuchado atentamente magníficas exposiciones, como las desarrolladas por la señora diputada Alicia Castro y otros diputados de mi bancada que han argumentado desde la perspectiva propia, desde su historia y desde su calidad de representantes de los trabajadores.

Sin embargo, como representantes de los partidos políticos nosotros tenemos un rol diferente a cumplir. Así juega la institución, así juega el sistema. Los sindicalistas defienden a los trabajadores, el capital quiere obtener ganancias y el Estado desarrolla una política de articulación que esté a favor de la parte más débil, no sólo de los trabajadores, sino de otros sectores de usuarios y consumidores. Pienso que es a esto a lo que estamos renunciando.

Por eso me dirijo al presidente de la bancada oficialista para que incluyamos un párrafo que determine que, en caso de colisión entre dos normas, se debe estar por aquélla que sea más favorable al trabajador. ¡Son cincuenta años de derecho laboral! Esto va más allá de la cara de tal o cual dirigente.

Pareciera que el hombre y la mujer común que escuchan este debate no comprenden qué es esto de la flexibilización laboral y qué es lo que estamos haciendo. Pero tengo una guía que es infalible para determinar a quién favorece o perjudica una ley, porque hay un argumento recurrente del oficialismo en el sentido de que esto beneficia a los trabajadores. Incluso advierto que muchos dirigentes y trabajadores adoptaron esta misma postura cuando Menem era presidente; en ese sentido tampoco puedo entender cómo lo que para muchos ayer era malo hoy profundizado es bueno.

¿Por qué se quiere instalar esto? En este sentido quiero decir, sin que el señor diputado Lorenzo Pepe se ofenda, que hay una visión un tanto sadomasoquista sobre la cual se ha construido la relación histórica del radicalismo con los gremios. Creo que hay una equivocación en el modo de construir la política o en la acumulación de poder como pretende el oficialismo.

Recuerdo que cuando el actual gobierno inició su gestión, hace sesenta días, durante los primeros quince dijo que los enemigos causantes de todos los problemas eran las provincias o los gobernadores que estaban discutiendo el pacto fiscal. Ahora se anatematiza y se dice que son los sindicatos y los trabajadores quienes deben resolver el problema de la desocupación, siendo que los que lo sufren son ellos.

De manera que hay un método de construcción política que tiene que ver con demonizar a un adversario eligiendo las caras menos agradables para construir a partir de allí. Reconozco que a veces eso puede dar resultado cuando se está en la oposición; pero es algo distinto cuando se está en el gobierno.

Por lo tanto, si esta norma no sirve para crear trabajo, ¿por qué se genera esta diferencia y se instala esta lucha despiadada en la sociedad, en el Parlamento y entre los partidos políticos, distorsionándose absolutamente la cuestión? Nadie entiende muy bien por qué.

Yo aludí a una guía infalible para saber cuándo una norma beneficia y a quién beneficia. Por supuesto, hay que preguntar quién la apoya. Cuando uno quiere saber a quién beneficia una norma hay que tener en cuenta quién la apoya.

Ayer pudimos ver esa fotografía que blandía Britos, y también pudimos ver por los medios de comunicación otra fotografía más: los mismos sectores concentrados de la economía que fueron duramente criticados por todas las bancadas en el día de hoy estaban apoyando esta reforma. Son los mismos sectores, y debo reconocerlo porque nobleza obliga, que estuvieron en contra de la reforma de Erman porque no consagraba dos cuestiones que son las más importantes, yo diría las únicas, para los sectores más concentrados de la economía: la ultraactividad y la norma más favorable al trabajador. El resto saben que no importa. El período de prueba puede estar en uno o en cinco meses; lo importante es lo otro: que no se agrupen o que tengan la menor defensa posible en la negociación. Esto es así.

Yo leía atentamente -y recomiendo el ejercicio- la versión taquigráfica del debate de la reforma laboral anterior. El diputado Cavallo estaba en contra, planteaba la descentralización como el verdadero eje de la reforma sindical. Es más, creo que nadie puede desconocer que, cuando era ministro el doctor Caro Figueroa, se intentó introducir estas reformas que el peronismo nunca admitió que pasaran.

Sí debo reconocer que el doctor Cavallo sigue diciendo exactamente lo mismo que el año pasado y el anterior; no tengo ninguna crítica contra él. Que yo no comparta lo que dice es otra cosa. Me refiero a la coherencia.

Y aquí está una cuestión que sí nos debe importar a los partidos políticos: la coherencia. Algunos dicen que es casi un principismo decir una cosa cuando se está en el gobierno y lo contrario cuando no se está en él. Yo no estoy de acuerdo con esto, y creo que va a ser trágico para la clase política argentina.

Cuando el hombre común esté sentado frente al televisor y vea que todos dicen lo mismo y que él sigue con el problema de la desocupación, la falta de empleo y la inseguridad, se puede llegar a presentar una situación a la que le tengo temor: que los mismos que hablaron de las burocracias sindicales, que existen por cierto, comiencen a hablar de las burocracias políticas. Llegado el caso, esta cuestión que hoy todos festejamos de decir una cosa cuando se está en la oposición y otra cuando se está en el gobierno, puede llegar a ser el principio de algunas propuestas que tal vez no nos gusten demasiado a los que tenemos espíritu e historia democrática.

Coincido con la señora diputada Alicia Castro, que manifestó que sigue confiando. Yo también sigo confiando que desde la acción política se pueden modificar las relaciones de fuerza.

Hubo una invocación de un señor diputado hoy del oficialismo, otrora de la oposición, y defensor de las posturas de la CTA, si mal no recuerdo, a que todos los partidos políticos nos unamos contra el capital concentrado, el contrabando, los que han hecho usura, los que han consumido y acumulado riqueza durante los últimos diez años. Es importante librar estas batallas, pero para dar esta batalla o cualquier otra lo más importante es no cambiar de bando. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. POLINO.- Señor presidente: hablo en nombre del partido Socialista Democrático, integrante de la Alianza, y de los diputados Alfredo Bravo, Jorge Rivas y en el mío propio, que representamos a esa fuerza política.

Compartimos los objetivos del Poder Ejecutivo nacional expresados al enviar este proyecto de ley al Congreso. Esos objetivos han sido y son blanquear el empleo en negro, facilitar la aparición de nuevos referentes o actores sociales y sindicales, regularizar a numerosos trabajadores que se encuentran en una situaciónde precariedad laboral.

Pero estamos convencidos de que esos sanos propósitos, lamentablemente, no se van a lograr con este proyecto de ley. Actualmente, el problema que preocupa a la gente es el de la desocupación. El modelo neoliberal y conservador dejó un ejército de desocupados y produjo, de hecho, una verdadera precarización de las relaciones laborales.

Hoy se viola impunemente la legislación protectora de los derechos de los trabajadores, cuya obtención costó más de un siglo de luchas sociales en nuestro país. Hoy se viola impunemente la jornada laboral de ocho horas diarias, verificándose la siguiente gran contradicción: muchas personas trabajan nueve, diez, doce o catorce horas diarias, mientras millones de argentinos no tienen la posibilidad de hacerlo ni siquiera durante una hora mensual. Hoy se violan impunemente las leyes del sábado inglés, del descanso dominical, de las horas extras, de las vacaciones y del aguinaldo.

Por otra parte, el modelo conservador instaurado en la última década generó una enorme concentración de riqueza en muy pocas manos, y son los dueños del capital los que pretenden imponer sus directivas al conjunto de la sociedad argentina, pasando por encima de la rica historia que la totalidad de los partidos políticos populares de nuestro país tiene.

Asimismo, la apertura indiscriminada de la economía produjo la destrucción de una buena parte de la industria nacional. Nos encontramos ante el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas; el achicamiento del mercado interno; las dificultades para la colocación de nuestros productos en los mercados internacionales; el usurario costo financiero, que es del 30 por ciento y constituye un salvavidas de plomo para las empresas que quieren tomar créditos en un país que hace gala de haber derrotado a la inflación, y las elevadas tasas de los servicios públicos privatizados, las que de acuerdo con un informe del Banco Mundial han generado una enorme distorsión en el costo argentino. En relación con este último aspecto, señalo que, por ejemplo, el valor de las telecomunicaciones aumentó un 110 por ciento y es regulado cada seis meses de acuerdo con la variación de precios experimentada en los Estados Unidos.

Hubiera deseado que todas estas cuestiones que acabo de enumerar hubiesen sido incluidas en la agenda parlamentaria. No dudo de que lo serán en el temario del próximo período de sesiones ordinarias de esta Honorable Cámara, pero lo cierto es que estas son las cosas sobre las que debemos discutir y que producen el desempleo. Son los contenedores que están en las aduanas y en los puertos, sobre todo en Buenos Aires, donde están los productos importados de otros países, con mano de obra absolutamente depreciada, que es la que genera una franca y desigual competencia con la industria nacional.

No es el costo laboral lo que hace que nuestros productos no sean competitivos. El costo laboral promedio de la mano de obra en la Argentina está entre el 8 y el 10 por ciento, y no tiene sentido poner la mano sobre ese costo laboral. Para hacer competitiva la economía, para reactivar el mercado interno y para poder colocar nuestros productos en los mercados internacionales tenemos que bajar las tasas de interés y apoyar a las pequeñas y medianas empresas ofreciéndoles tasas compatibles con la inflación que existe en el país.

La reducción de los aportes patronales fue el gran cuento que se vendió a partir de 1994. Se sostuvo que reduciendo los aportes patronales íbamos a reducir el costo argentino y que, en consecuencia, iba a haber mayor competitividad, se iba a promover el mercado interno y se iban a generar mayores puestos de trabajo. ¿Pero qué pasó? Se redujeron los aportes patronales y dejó de ingresar al fisco una suma promedio de 5.000 millones de dólares por año. Se ha producido un déficit fiscal de 20.000 millones de dólares. ¿Acaso se generó un solo puesto de trabajo? No.

Para tener una idea de lo que estamos hablando, quiero preguntarles si saben lo que significan estos 20.000 millones: de acuerdo con el proyecto de emergencia económica que acaba de ingresar al Congreso, ese monto representa el total de los juicios entablados contra el Estado argentino por todo concepto. Ahora el Estado no está en condiciones de afrontar el pago de una cifra tan importante, sobre todo porque tiene el corset de la ley de contención del déficit fiscal que hemos aprobado. Tenemos que discutir la ley de emergencia económica, y me parece bien que se lo haga, pero ese cuento de la reducción de los aportes patronales que iba a reactivar el aparato productivo dio un resultado absolutamente negativo.

Por eso entendemos que el problema pasa por otro lado: no debemos modificar estas normas de la legislación laboral sino tomar medidas de política económica que reviertan el modelo conservador que comenzó a aplicarse en los últimos años en nuestro país.

Junto con los señores diputados Bravo y Rivas presentamos en el día de ayer una observación general al dictamen en consideración, y en particular manifestamos nuestro total desacuerdo, entre otros, con el artículo 1°, referido al período de prueba, y con el 18, relativo a la afectación por la prestación de servicios esenciales para la comunidad que, según tengo entendido, ahora se ha resuelto eliminar, lo que me parece muy bien.

También observamos el artículo 25, que sostiene que un convenio colectivo de ámbito menor prevalecerá sobre otro anterior de ámbito mayor, y finalmente el artículo 28, que establece la pérdida de la ultraactividad.

- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, doctor Juan Pablo Cafiero.

Sr. POLINO.- En concordancia con este punto de vista y con las posiciones que hemos sostenido a lo largo de los años en este recinto y en la tribuna pública, los diputados del socialismo democrático no acompañaremos el dictamen de mayoría. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- Tiene la palabra la señora diputada por Mendoza.

Sra. MOSSO.- Señor presidente: esta mañana se han publicado expresiones de ministros del Poder Ejecutivo nacional sosteniendo que este proyecto de ley no generará empleo. Esta misma afirmación fue realizada en este recinto por diversos señores diputados. Entonces, si esta iniciativa no generará empleo, ¿para qué la estamos discutiendo en un país que tiene el 13,8 por ciento de desocupación?

Entiendo que esta norma puede ayudar a generar empleo; comparto algunos puntos que en mi opinión van en la dirección correcta para combatir el problema más serio que tiene hoy la Argentina: el desempleo. Por cierto no nos ha convencido de ello la tibia y pobre defensa de la iniciativa que ha hecho el miembro informante, tal vez confundido en las propias contradicciones que saltan a la vista cada vez que hace uso de la palabra un diputado del oficialismo.

El miembro informante habló de corrupción tratando de justificarse, y expresó que durante nuestro gobierno se disminuyó el sueldo de los trabajadores. Cuando le solicité una interrupción para citar algunas cifras que seguidamente voy a dar, me la negó.

Cuando el partido radical dejó el gobierno el sueldo promedio era de 500 dólares, y según los datos que ayer brindó el gobierno, hoy es de 785 dólares, registrándose un aumento del 60 por ciento...

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- Continúe en el uso de la palabra, señora diputada, pues su tiempo está corriendo.

Sra. MOSSO.- Solicito a la Presidencia que no contabilice las interrupciones como parte de mi plazo para exponer.

En mi opinión hoy en este recinto el gran ausente es el problema más serio que tiene el país: el desempleo.

La Argentina tiene problemas de empleo desde hace décadas. En los años '80 teníamos un desempleo abierto del 5,5 al 7,5 por ciento, pero el desempleo encubierto era del 14 al 17 por ciento. Invito al oficialismo a leer esta información muy bien analizada en el libro del licenciado Juan Llach: Otro siglo, otra Argentina.

Desde hace mucho tiempo padecemos problemas de empleo. En ese momento teníamos normas rígidas que podían sostenerse por la flexibilización más bestial que afecta a cualquier trabajador en el mundo: la inflación. Existía una permanente flexibilización pues se bajaba el sueldo de los trabajadores de un día para el otro.Con el Plan Austral se les redujo un 40 por ciento y con el Plan Primavera, un 38 por ciento. Además, se acaba de bajar en un 40 por ciento el salario industrial en Brasil a raíz de la devaluación. Por eso era fácil admitir normas rígidas. Y por eso ocurrieron barbaridades, como por ejemplo que, en un país con la economía estancada durante quince años, el empleo aumentara y la productividad disminuyera cada vez más. Entonces, cuando defiendo el avance y la modernización de las normas y de la economía argentina, tengo la convicción de que estoy defendiendo a los trabajadores.

En 1989 sucedía en el país lo siguiente: teníamos normas rígidas sin crecimiento y, además, existía una enorme flexibilización salarial. Pero la Argentina cambió. El elemento más importante que tenemos hoy para considerar este problema es la estabilidad, que está ausente hoy en esta discusión. Por eso no podemos seguir igual si verdaderamente queremos defender a los trabajadores.

Desde 1991, en el primer período de nuestro gobierno, la economía creció fenomenalmente. Sin embargo, debido a reacomodamientos del período anterior y también por problemas de mucha rigidez en las normas laborales, el empleo no creció de igual manera. Por cada punto de crecimiento que se registraba en el PBI, hubo momentos en los que había 0,2 o 0,3 por ciento de aumento del empleo. Esto es muy bajo. Luego de la recesión de 1995 llegamos al 18,5 por ciento de desempleo abierto, una cifra realmente muy elevada.

A raíz de esta situación se llevó adelante una cantidad importante de modificaciones. Por ejemplo, se avanzó en las ART, en los convenios por empresas, en los contratos promovidos y en el período de prueba, y logramos bajar seis puntos el desempleo. En un año y medio se crearon en la Argentina 1.200.000 puestos de trabajo.

Los desempleados y los trabajadores en negro, aunque aquí no tienen tantos defensores, son la mayoría: constituyen el 57 por ciento de la población económicamente activa. Entiendo que los dirigentes gremiales se concentren en la defensa de aquellos a los que siempre han defendido, que son sus mandantes, sus afiliados, pero también es verdad que éstos representan sólo el 42 por ciento -no el 30 por ciento, como se dijo- de la población económicamente activa.

En un contexto de apertura económica y de estabilidad que este gobierno ha ratificado, las normas rígidas no defienden a los trabajadores. Lo que sucede en realidad es que la rigidez la paga el salario, y la mejor prueba de ello es que los sueldos fijados a través de contratos por empresa prácticamente triplican el promedio de los sueldos de los convenios colectivos, ya que son 1.050 pesos contra 380 pesos, en uno y otro caso.

Entonces, en vez de politizar tanto la discusión debemos pensar un poco en los eslabones más débiles de la cadena, que son los desempleados y los trabajadores en negro.

En la ley que sancionamos en 1998, que la CGT apoyó, aunque no lo hicieron los representantes de las organizaciones CTA y MTA porque la encontraban ultraflexibilizadora -la misma visión que en ese momento tenía la Alianza, y que felizmente ha cambiado-, cometimos el error de eliminar los contratos promovidos, que desde mi punto de vista -sé que esto trae discusión- no eran contratos basura. La verdadera basura es no tener trabajo.

Es positivo que el oficialismo mire con ojos más realistas el problema del empleo en la actualidad. Me siento satisfecha en que, así como han hecho suya nuestra política de apertura y nuestra política de estabilidad, también hagan suya nuestra política de modernización laboral, especialmente en lo que respecta al período de prueba y a la ultraactividad, que creo son los dos aspectos del proyecto de ley que pueden ayudar a combatir el desempleo. Si legislamos en materia laboral pensando exclusivamente en los que tienen trabajo, estaríamos considerando a los trabajadores con un sentido restrictivo. Los trabajadores en negro, los subocupados y los desempleados también son trabajadores. Entonces, en nuestra discusión tenemos que priorizar la defensa de los eslabones más débiles de la cadena.

De todas maneras, creo que el oficialismo ha cometido un error muy fuerte con la presentación del proyecto de ley. Aquí sí voy a compartir la posición de muchos de los diputados de mi bloque y de muchos diputados gremialistas de otras bancadas.

Se ha presentado la iniciativa como una confrontación contra el movimiento obrero organizado, en una actitud bastante disociadora y oportunista. Esto es negativo para los trabajadores y para el país.

Un proyecto de ley tan importante como éste no debe convertirse en una puja política, porque el jamón del sandwich son los desocupados y los trabajadores en negro. No vamos a avanzar si no logramos ponernos de acuerdo en que esta es una política de Estado.

También el proyecto de ley deja pendiente un tema que me parece muy importante y sintomático desde el punto de vista político. No se dice nada acerca de los estatutos especiales. Se combate la ultraactividad, pero no se combate el convenio ultraactivo más antiguo de la Argentina: el Estatuto del Docente, que data de 1958.

Tampoco se dice nada acerca de la posibilidad de implementar un seguro de desempleo, que es indispensable si vamos a tener que seguir conviviendo con algún grado de desocupación en el país.

Esto debe ser estudiado y se deben tratar de conjugar aportes de distintos orígenes, a fin de que el seguro de desempleo funcione verdaderamente como una protección para los trabajadores desocupados.

Por último, adelanto que mi bloque va a votar en general por la negativa, pero como no comparto dicha posición, voy a solicitar que se me permita la abstención. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. GALLAND.- Señor presidente: creo que el argumento de que con este proyecto no vamos a solucionar el problema de la desocupación es demasiado elemental para este recinto. ¿Cómo no vamos a saber que esto no se soluciona de la noche a la mañana con una ley?

Me voy a expresar como integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo que ha firmado el dictamen de mayoría, como integrante del Partido Socialista Popular y tratando de representar la posición del señor diputado Giustiniani. La iniciativa pretende crear un marco de empleabilidad y fortalecer lo que se insinúa en el país: la salida de la recesión.

O sea que este proyecto de ley solamente aspira a ser un puente entre el desempleo y el trabajo. Por eso, un dato importante a tener en cuenta es el número de desocupados que actualmente hay en el país: según la categorización, algunos hablan de 1.7 a 2 millones de personas en esa situación.

Entonces, estamos frente a un período de prueba que ha sido modificado después de largos debates, de lo que se desprende que esta bancada cree en el consenso. Este período de prueba tendrá los correspondientes aportes y contribuciones al sistema de seguridad social. Debemos señalar que esta disminución es una idea interesante como un incentivo para quienes puedan crear nuevos puestos de trabajo.

No podemos dejar de decir que cuando el gobierno anterior, con el objetivo de disminuir el trabajo en negro y mejorar el nivel de desocupación, redujo las contribuciones patronales, no consiguió ninguno de los objetivos propuestos y llevó a que el Estado dejara de recaudar más de 20.000 millones de pesos entre 1994 y 1999. Es decir que todo operó en sentido contrario, dado que, al aumentar por esa pérdida el déficit fiscal, creció la tasa riesgo país, que como todos sabemos es un componente importante de la tasa de interés.

El actual modelo sindical argentino instaurado en 1945 -casi único en el mundo- es altamente centralizado; con la firma de un convenio central se crean condiciones homogéneas de trabajo en todo el país.

Hoy en día, la realidad económica, social y laboral ha cambiado drásticamente desde aquel entonces y se impone en nuestro país una democratización de las relaciones laborales, como es la tendencia en todo el mundo, de la mano de una adaptación a la realidad de cada provincia o región, no solamente en lo que se refiere a las condiciones de trabajo sino también en el nivel salarial, todo lo cual tiene que estar acorde con un desarrollo federal de la Argentina, con procesos productivos totalmente diferenciados.

La actual reforma laboral avanza en ese sentido estableciendo una descentralización en las negociaciones. Tampoco es cierto que el salario de los trabajadores sólo puede ser defendido en la negociación colectiva general, porque las estadísticas dicen que en el caso de los convenios colectivos por actividad el promedio mensual del salario básico obtenido es de 451 pesos, mientras que el promedio del salario básico sobre convenios por empresa asciende a 1.037 pesos.

El socialismo siempre lo planteó y no solamente en la Argentina sino también en todo el mundo: la necesidad de que, en esta globalización que hoy vivimos, todo lo que tienda a fortalecer las organizaciones socialesdebe ser desarrollado. En materia gremial la negociación colectiva, como la herramienta más moderna que existe en este escenario de globalización en el cual hoy en día se desarrollan las negociaciones, es el único mecanismo con que cuentan los trabajadores.

El socialismo de Juan B. Justo, de Alfredo Palacios y de Alicia Moreau de Justo nunca ha sido dogmático ni esquemático y siempre ha rescatado la necesidad de modernizar los institutos y de no seguir aferrados a figuras que ya no tienen vigencia. Por ello somos conscientes de que las normas del derecho del trabajo no son inmutables sino que surgen como producto de un conflicto de intereses en un espacio y un tiempo determinados, y no pueden ser indiferentes a las crisis económicas ni a los cambios tecnológicos, ya que los trabajadores están tan interesados en el progreso de la economía como los empleadores. En consecuencia, apoyamos una descentralización articulada.

Uno de los objetivos de este proyecto es destrabar la situación creada por la ultraactividad de convenios firmados hace veinticinco años, que ya no pueden tener vigencia. Sabemos que se trata de un problema heredado, pero por medio de esta iniciativa se propone la aplicación de un mecanismo creativo en virtud del cual todos puedan ganar algo, aunque quizá no todo lo que cada sector quiso ganar. Ese mecanismo constituye en definitiva una salida no traumática de la vigencia de la ultraactividad, pues no se vuelve a la vieja ley de contrato de trabajo sino que se suple aquella figura mediante un mecanismo de arbitraje voluntario para que, después de los dos años, una vez vencidos los viejos convenios colectivos de trabajo, no se produzca un vacío. Precisamente a esos efectos, la norma que se propone se encarga de montar un mecanismo de arbitraje que, aplicado racionalmente, facilitará una salida de esta situación atípica y obligará a las partes a sentarse a negociar, pues en definitiva la negociación colectiva es la razón de ser de los gremios y de las cámaras empresariales.

Por todo lo expuesto, tanto quien habla como el señor diputado Giustiniani, como representantes del Socialismo Popular dentro del bloque de la Alianza, vamos a votar favorablemente esta iniciativa tanto en general como en particular. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. DIAZ BANCALARI.- Señor presidente: adelanto mi voto negativo al dictamen de mayoría, y lo hago con una sensación de expectativa, pues por las opiniones vertidas en esta sesión por integrantes de los distintos bloques políticos, se advierte un consenso democrático, que en todo caso diría que tiene que ser digno de mejor causa porque, lejos de estar discutiendo esta llamada reforma que es de forma y que no conforma a nadie, deberíamos estar debatiendo una nueva política social activa, moderna, justa y plural.

No comparto el criterio de aquéllos que sostienen que no se debe mezclar la política en estos temas, porque esta cuestión es esencialmente política, y la casa de la política por excelencia es la Cámara de Diputados de la Nación.

El consenso democrático tiene por fin determinar cómo se superan las dificultades de nuestro pueblo utilizando a la política como instrumento. Pero corremos el riesgo de que ese demérito o descrédito que vemos en algunos sectores se traslade a la política. Es la crisis de la credibilidad, de la representatividad.

Por eso lo primero que debemos decir a todas voces es que esta iniciativa no genera empleo. Ya lo hemos hecho todos los bloques, pero hay una serie de comunicadores que sostienen que esta es una ley de empleo; sin embargo, cuando el efecto buscado no se consiga en el tiempo, la credibilidad y la confianza en la política van a disminuir.

Mi generación sabe lo doloroso que es descreer de la política como instrumento para modificar las cosas que nos lastiman, que nos duelen o molestan. Todos hemos recorrido esa historia y sabemos la responsabilidad que significa recuperar la credibilidad y la confianza en la política, prestigiarla como instrumento superador de las dificultades, circunstancia que a veces ha llevado a confundir el rumbo a más de uno.

¿Por qué insisto en eso del consenso democrático? Porque pareciera que hay otro consenso, un consenso globalizado impuesto por el pensamiento único que degrada y ataca a la política. Pareciera ser que, en vez de discutir las cosas esenciales, estamos debatiendo una cuestión meramente parcial.

Se ha dicho aquí -esto no lo he dicho yo ni estoy hablando de una visión setentista- que los centros financieros del poder internacional y los organismos multilaterales de crédito imponen como condición la rebaja del costo laboral argentino. ¿Qué significa ese mensaje que ya hemos sufrido? Formulo la pregunta porque no soy tan inocente; sé de las presiones a que se ve sometido este gobierno. Ese mensaje significa que tendremos que optar entre los salarios del puñado de arroz o el de los 40 dólares para nuestros trabajadores.

Esta no es una cuestión meramente anecdótica ni pasa por un planteo partidario o de política egoísta. Deseo para este gobierno, que ha sido electolegítimamente, que no es de mi partido, el mayor de los éxitos, porque del éxito de este gobierno dependerá el éxito de la política como manera pacífica de resolución de los conflictos, que algunos creen que no se pueden resolver.

Por eso sería egoísta e irresponsable si diera mi apoyo a una norma que sé que no va a resolver la problemática planteada y va a colocar a los sectores a los que va dirigida en una situación de indefensión.

No recibo los mensajes del Fondo Monetario Internacional. Los hemos escuchado sempiternamente por una cuestión de respeto a quienes compartieron conmigo alguna vez en este recinto, hace más de diez años, las palabras del presidente de la bancada de la Unión Cívica Radical, el 12 de agosto de 1989. No las voy a reproducir pero les recomiendo que las relean.

Eran advertencias sobre olvidarse de los débiles y mirar a los poderosos, premiar a los sectores concentradores del poder y la riqueza, y privilegiar a aquéllos que organizan la fiesta y después no dejan participar a nadie.

Me niego a creer que ésta es una ley técnica, y por lo tanto me niego a discutirla técnicamente. No sirve como instrumento para el objetivo que se quiere alcanzar; va en contra de éste. No dudo de la buena fe del gobierno ni tampoco de la buena fe de quienes colaboraron y participaron de la elaboración del dictamen.

Se han introducido a la iniciativa modificaciones, que fueron necesarias pero no suficientes. Indudablemente esta norma tiene en su eje -pensado o no- tres o cuatro elementos básicos sobre los cuales no se está dispuesto a transigir.

Este proyecto de ley no es generador de empleos; tiende a la rebaja de salarios. Si tienen miedo de que se negocie a la baja, que no deroguen un principio esencial del derecho laboral, que es el de la norma más favorable al trabajador. Esa es la garantía de que hay un piso, y la razón de que haya diferencias a nivel salarial entre los convenios colectivos por actividad y por empresa.

La convención colectiva por actividad pone un piso que no se puede perforar. Es el orden público laboral, es la garantía mínima.

Ahora venimos a descubrir la descentralización de la negociación, cuando está descentralizada desde hace rato. Todos los sindicatos celebran convenciones a nivel de empresa. Todos lo hacen a la alza, pero si se deroga el principio de la norma más favorable al trabajador, todas las negociaciones van a ser a la baja.

Que no festejen la caída de la ultraactividad, que no piensen que la desaparición de los convenios va a favorecer el crecimiento y el desarrollo. La desaparición del convenio va a establecer la ley de la selva, una guerra de todos contra todos: pobres contra pobres, trabajadores contra empresarios.

Este proyecto deroga derechos, delega facultades y obliga a una confrontación permanente. Es ilegaldesde el punto de vista que deroga el orden público laboral y es inconstitucional porque atenta contra el principio de protección contra el despido arbitrario que establece nuestra Constitución Nacional.

Se pueden mencionar cuestiones muy lindas como lo que significa el período de prueba, pero no podemos decir, sin caer en una contradicción, que es una forma más de precarización, mejorada, pero una forma de precarización al fin, y una manera de llevar la situación laboral a la inestabilidad permanente.

Es una cuestión política y necesitamos construir políticamente el consenso para resolver la problemática. En esta misma casa, en defensa de principios que consideramos inmutables, han hablado Moisés Lebensohn, Crisólogo Larralde, Oscar Alende, Ricardo Balbín y hasta el ex presidente Raúl Alfonsín, y en esta casa es donde debemos resolver la problemática utilizando la política como instrumento y no siendo instrumentos de los poderosos de turno. No me asusta lo que me dicen sobre quienes me acompañan o no.

Ya que hablamos de Ricardo Balbín, utilizaré una frase que él pronunció en un momento problemático de la Argentina, buscando la solución para todos: no importa quién lleve el palo, lo importante es la bandera, y acá tampoco importa quién lleve el palo, lo que importa son los derechos de los trabajadores, las condiciones laborales y el salario, y en eso no vamos a transigir. Vamos a votar en contra. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. BAYLAC.- Señor presidente: en realidad no tenía previsto hablar, porque creía que el derrotero del debate llevaría a analizar en profundidad las cuestiones técnicas de la ley, que las tiene, o la verificación profunda acerca de la vulneración o no de los derechos de los trabajadores. Incluso pensé que quienes se oponen al proyecto iban a puntualizar medidas concretas para resolver el desempleo.

Pero en realidad hemos discutido varios argumentos, algunos de alta nota política, otros históricos, y otros que se mezclan pero que me parece que no definen con claridad qué está pasando en la Argentina y en el mundo.

Sin embargo, lo que me desborda es no haber escuchado ninguna expresión referida al significado que tiene este proyecto que estamos por votar. Me parece que con buena fe quienes ahora están ocupando la bancada de la oposición no pueden decir que nosotros somos los autores de la decadencia social de la Argentina.

Me da la sensación de que incurrimos en un grado de cinismo. Yo estuve durante dos períodos sentado de ese lado del recinto, junto a la banca que hoy ocupa el señor diputado Díaz Bancalari -quizás la haya hundido con mi peso-, y alguna vez escuché al presidente Menem afirmar aquí que iba a pulverizar el desempleo. Honestamente, esa era una demanda de la sociedad, ya que el desempleo se había generado por el proceso de concentración de este capitalismo sin límites, al amparo de la ideología de la globalización y por las decisiones de los organismos multilaterales de crédito. Mucho desempleo se produjo por la acelerada modernización de la economía sin haber preparado el campo social para absorber el profundo cambio que se operó en el país en los últimos diez años. No voy a hacer el discurso de la perversidad ni confrontar para ver quién es más o menos perverso. Ya que se quiere reivindicar la política, ¿por qué no profundizamos el consenso, pero defendiendo esta herramienta para un gobierno que quiere orientar su perspectiva de pulverizar el desempleo?

De todos modos, esta no es la única herramienta. No es un argumento político traer a esta Cámara el hecho de que la UCR -un partido popular y nacional- quiera quebrar a los sindicatos. ¡Habráse visto! En todo caso, queremos que millones de argentinos se sindicalicen para que nuestra estructura social sea más justa y digna. Quizás nuestra vocación y voluntad sea quebrar el privilegio de los dirigentes sindicales, porque no puede haber sindicalistas privilegiados con trabajadores sin empleo que, en vez de apurar acciones para concretar un escenario para el empleo, a veces entorpecen la decisión del mercado.

Los grandes problemas de la Argentina de hoy son los mismos desafíos que tiene el mundo, y se nos presentan a cada uno de los hombres de la política. No es que desde afuera nos quieran quitar credibilidad sino que si los políticos no entendemos acabadamente el fenómeno que vive el mundo, no vamos a poder entender la situación en la que está inmersa la Argentina.

No quiero ser "maestro ciruela": soy un político común como cualquiera, un puntero político del sur de la provincia de Buenos Aires, pero creo en la angustia de todos los políticos. ¿Quién no anda en la calle? ¿Qué nos pide la gente, la clase media, el comerciante, el ex profesional, los jóvenes? Trabajo, trabajo y trabajo. Y no es con la negativa irreductible, con votar en contra, que vamos a resolver este problema, porque el escenario de la Argentina no se modifica. Lo que tenemos que hacer es modificarlo, y para ello necesitamos la voluntad política de todos, para cambiar ese escenario y tener una perspectiva distinta, afrontando los desafíos de este tiempo.

La democracia está siendo inducida a debilitar el componente esencial que tiene; se trata de un sistema político por el cual el voto del rico vale lo mismo que el del pobre. Sin embargo, en el mercado no es igual, pues el voto del rico tiene más poder que el del pobre. Hay que reconstruir el Estado definiendo qué es la democracia y la política, para tomar medidas y acciones tendientes a modificar los escenarios que padece nuestra gente. Esto se construye con instrumentos, pero también con decisiones, con objetivos y con visiones de la clase política de una sociedad.

Nosotros vamos a ser exitosos no si le va bien a este gobierno sino si todos encaminamos nuestro esfuerzo y voluntad hacia un denominador común. Pregunto: con las modificaciones que hemos introducido durante noches y noches de debate en este Parlamento, ¿mejoramos? ¿Le dimos empleo a la gente? ¿Generamos más empresas nacionales? ¿Concretamos más pymes?

En uno de los diarios del domingo se publicó una denuncia por la que se sostenía que el 50 por ciento del PBI de nuestro país lo manejan las multinacionales, que remiten 2.600 millones de dólares al exterior. Es decir que por cada peso que ganan, 68 centavos se van y 32 quedan. No hay inversión: han quebrado la cadena de proveedores nacionales buscando proveedores más baratos por el mundo en esta globalización sin límites.

¿La Argentina va a desafiar a este mundo sola, desde las leyes, para ver si preservamos o no la articulación de la caja de un sindicato, los derechos de un dirigente sindical o la debilidad intrínseca de la negociación? En todo caso, ¿se va a imbricar en un desafío de construir herramientas que permitan poner a este país en un escenario competitivo, para que se abran mercados y se dé valor agregado a nuestros productos?

Nuestros trabajadores son admirados por los empresarios del exterior porque tienen alta productividad, gran capacitación y maleabilidad para adquirir las nuevas tecnologías. Ellos son oro en polvo para los países. Tenemos que profundizar una política educativa y generar una red de pymes.

Esta es la orientación del gobierno actual, que antes no existía; al contrario, en los años anteriores el Estado se retiraba de las decisiones. Los comunicadores sociales embestían sobre la concepción de quienes querían preservar esa presencia del Estado y la construcción del porvenir del pueblo argentino. Me consta que muchos querían defender las herramientas de control del Estadoporque sabían que serían atropellados por el mercado. Sin embargo, esos comunicadores los desafiaban de modo permanente y no es que infeccionaron el componente ideológico de los argentinos, pero no nos vayamos tan atrás y pensemos que ahora pareciera que nada se puede cambiar.

No pronunciemos discursos que rompan este nuevo clima argentino: gobernadores y presidente sin ningún tipo de cortapisas ni cuestiones por pertenecer a campos ideológicos diferentes se suman tratando de hallar denominadores comunes para resolver los problemas, y también lo hacen los ministros que van recorriendo las provincias sin distinción de ninguna índole en la búsqueda de escenarios posibles para la inversión. Incluso nosotros mismos, políticos modernos, tenemos que andar con una red tipo cazamariposas para buscar en el mercado oportunidades para nuestra gente.

Necesitamos herramientas, y aunque esta no es revolucionaria es buena para el país porque permitirá montar escenarios posibles de inversión para el capital, teniendo al Estado cerca para construir el porvenir de millones de argentinos. Este es el desafío. Aquí no importa si gusta o no la cara de un dirigente gremial o la cantidad de gente que moviliza otro sindicalista. Lo importante es que los dirigentes gremiales, nosotros y todo el pueblo argentino asumamos el desafío serio de poner en marcha este país para lograr el crecimiento y el desarrollo con justicia social, sin quebrar sindicatos y sin golpearnos con discursos que terminan con posiciones irreductibles en el tiempo.

Es necesario comprender que nuestros problemas no tendrán solución si este conjunto de argentinos no se pone de acuerdo. Como bien lo señaló el señor diputado Díaz Bancalari, esta es la casa de la política, pero también es la casa del consenso y éste se construye no con tiempo sino con espontaneidad y voluntad política de definir la solución de los grandes problemas que aquejan a la Nación. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. LAFALLA.- Señor presidente: a la luz de los hechos, y sin perjuicio de que ha habido y probablemente haya todavía algunos excesos verbales de una y otra bancada, no cabe duda de que desde que se planteó este tema nuestro bloque ha contribuido de manera positiva para discutirlo y encontrar una solución.

Si todavía hoy estamos debatiendo es porque en los dos bloques mayoritarios existen legisladores que piensan diferente. En consecuencia, no es que este sea un problema de la Alianza, del justicialismo o de alguno de los otros bloques que integran este cuerpo sino que la cuestión es la complejidad del tema.

Asumamos entonces la complejidad del tema a sabiendas de que unos y otros hemos trabajado para alcanzar un consenso que se plasma en los dictámenes. Pero repito, en uno y otro bloque hubo posiciones diversas, lo que evidentemente llama la atención.

¿Qué sucede con este tema? Resulta claro que con sólo reafirmar lo que cada uno cree no basta para tapar las disidencias. Por ello asumamos que ellas existen tanto en el Congreso de la Nación como seguramente en el seno de la sociedad argentina.

Volviendo a lo que expresé en relación con la contribución, cuando el ministro del área vino a la comisión a presentar el proyecto le adelantamos que trabajaríamos en ese sentido, y así lo hicimos. En aquella oportunidad le planteamos un asunto que no fue considerado en el recinto: que no era conveniente encarar reformas laborales si no se atendía el principal problema de nuestro país con un significativo aumento del sistema de cobertura del seguro de desempleo. Esto lo plasmamos en una iniciativa concreta que propone cómo y con qué hay que atender este asunto. Los números que la propia bancada oficialista brinda muestran que no podemos afrontar con posibilidades de éxito una reforma como la que se pretende encarar sin atender este piso.

Los números que da el oficialismo indican que los desempleados son 1.800.000. Actualmente, 120 mil personas se encuentran con cobertura de seguro de desempleo. En su mejor momento los planes Trabajar cubrieron a 200.000 personas, y los esfuerzos de las provincias, a menos de 100.000. Esto significa que de los casi 2 millones de argentinos que buscan empleo y no lo consiguen, el Estado solidario sólo atiende con suerte a 400 mil.

Existen 1.600.000 argentinos que buscan trabajo y no lo consiguen. Aquí me voy a referir a lo expresado por la señora diputada Castro y a por qué no cierra el esquema. ¿Qué sindicato, con una u otra ley, puede discutir cuando sus afiliados, cuando sus defendidos, tienen más miedo a perder el trabajo que su propia seguridad? Esto lo explicaba con claridad didáctica, repito, la señora diputada Castro.

No puede concebirse una reforma laboral que no contemple el problema más acuciante y más grave que es la cantidad de desempleados sin cobertura. Por esta razón es que presentamos una alternativa, que hubiéramos querido discutir junto con este proyecto. Hubiera sido algo mucho más viable, porque era el Estado modernizando o flexibilizando -como ustedes quieran llamarlo- la actual legislación para abrir perspectivas.

Dios quiera que tengan razón quienes dicen que este proyecto va a servir para mejorar las condiciones de trabajo. Otros tenemos dudas, pero el tiempo dirá quién ha estado errado o acertado.

Es necesario que nos aboquemos a este tema no sólo por un imperativo ético, porque estoy seguro de que todos los legisladores, sin distinción de bancadas, van a coincidir en que no puede haber gente que busca trabajo y no lo consigue, porque eso significa la exclusión.

Así como existe la escuela pública para que los niños que no tienen recursos puedan concurrir, acá estamos hablando de la vida. Ya llevamos cinco años con índices de desocupación de dos dígitos, es decir, con dos millones de desempleados. Una sociedad que se precie de tal y que tenga un grado mínimo de solidaridad debe atender drásticamente este problema.

La estabilidad, que consideramos un bien de todos, sabemos que es dinámica y seguramente se compone del equilibrio fiscal. Jamás votaría algo que atente contra ese equilibrio ni contra la apertura económica. Pero parte de esa estabilidad consiste en que el contexto social tenga un mínimo de cobertura que haga sentir a ese millón y medio de ciudadanos y a sus familiares que este Estado y este sistema se preocupan por la modernización y la integración con el mundo, por respetar las reglas, queridas o no, de ese mundo en el que estamos insertos, pero también se preocupa por atacar con la misma vehemencia la exclusión.

Por eso hacemos este llamamiento al resto de las bancadas por medio de un proyecto concreto. No podremos ser exitosos en este tema si no afrontamos con decisión el problema del desempleo, con medidas transitorias hasta lograr el crecimiento, que es el verdadero camino para eliminar este flagelo.

Ya otros señores diputados hicieron el cálculo de que vamos a necesitar seis, siete o diez años para atenderlo, ¿y mientras tanto, qué? ¿Qué hicieron los otros países que se desarrollaron? Implementaron un seguro de desempleo que, si bien es cierto trae problemas de distinto tipo, pone un piso y elimina la exclusión.

Esto no se debe sólo a un imperativo ético, sino que es una cuestión de racionalidad económica. Respeto a los compañeros de nuestra bancada y de las otras, que están imbuidos de este pensamiento único, y los respeto profundamente como dato de la realidad. Eso lo aprendí en la vida política. Puede estar tranquilo el señor diputado Baylac de que hemos aprendido de la experiencia, pero estamos absolutamente seguros de que los resultados no eran los que esperábamos y queríamos.

Por eso queremos convencer a todos acerca de la necesidad de implementar esta propuesta, no para cambiar de rumbo, sino para instrumentar medidas que permitan la atenuación de este problema a fin de superar la exclusión que hoy existe.

En síntesis, hicimos la propuesta. Seguiremos aquí y donde sea necesario para discutir y colaborar, porque queremos el éxito del país.

Esta reforma siempre será parcial y controvertida. Hay que hacerla más integral. En este sentido, nuestra propuesta es ampliar drásticamente el sistema de cobertura del desempleo.

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- Tiene la palabra la señora diputada por el Chaco.

Sra. CARRIÓ.- Simplemente quiero hacer constar mi voto por la negativa y solicitar que se autorice la inserción de mi discurso.

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. GARCÍA.- Señor presidente: quiero expresar que he escuchado atentamente los discursos de muchos de mis colegas. Hoy podemos encontrar un denominador común, al menos en el bloque de la mayoría. Se trata de la clara conciencia -algunos mencionan la obviedad- de que esta iniciativa no está destinada a generar empleo, y mucho menos a solucionar el problema de fondo que aqueja a la Argentina.

He escuchado que algunos legisladores han dicho que se va a votar en contra del proyecto sin hacer ningún tipo de propuesta. Sin embargo, las propuestas se han realizado y se van a seguir efectuando, porque ésta es la vocación de todos los que estamos en el recinto: proponer ideas, debatirlas y concretarlas.

No se nos puede solicitar que apoyemos una iniciativa que, como ha quedado expresado en el recinto y como ha señalado el miembro informante del dictamen de mayoría -dichos que también comparte el presidente de la República-, no va contra nadie. Estimo que ello es así porque se trata de una norma inocua, que no va a solucionar los problemas de fondo que verdaderamente existen en la Argentina.

También he escuchado un nuevo término que comienza a circular entre nosotros: la empleabilidad. Esta terminología significa que nos tenemos que preparar en forma adecuada para el momento en que el país empiece a crecer -como todos imaginamos- luego de la recesión vivida.

Como se ha dicho aquí, hay casi dos millones de argentinos que reclaman soluciones inmediatas. Este es el desafío y el imperativo de la hora. Por eso quiero expresar que no me conformo con instrumentar algunas medidas que sólo pueden llegar a servir en el futuro.

Es necesario atacar verdaderamente la emergencia que todos estamos contestes en solucionar. No quiero caer en la soberbia de pensar quién tiene más razón. Entre los argentinos no existe este interrogante, sino que se pretende que encontremos caminos de construcción comunes.

No se nos puede solicitar que lo hagamos mediante el asentimiento a leyes que no van a contribuir a ese destino común. Se ha hablado de que esta iniciativa constituye un eslabón. Yo prefiero hablar de peldaños, porque el eslabón construye cadenas, y no quiero pensar que estas cadenas son para someter a los trabajadores. Quiero creer que la construcción de peldaños que queremos realizar debe servir verdaderamente para alcanzar el objetivo común que todos deseamos.

Conozco la buena fe de quienes hoy integran el partido gobernante. No me cabe ninguna duda de ello, pero también creo que nuestra obligación es advertir -como lo hacían nuestros colegas cuando ocupaban otros roles- sobre los errores que se pueden cometer. Así es el juego de la democracia.

Consideramos que este proyecto de ley no va a contribuir a solucionar el problema de fondo de la Argentina. Si también pensáramos que tampoco daña ninguna de sus instituciones e instrumentos, podríamos llegar a entenderla.

Sin embargo, quiero recordar a un hombre que hoy está en el gobierno nacional y que no hace mucho tiempo se refirió a este tema específico. Se trata de Ricardo López Murphy, quien sacudió el ambiente de la política en la Argentina cuando declaró que se tenía que hacer una rebaja nominal del 10 por ciento en los salarios para recuperar la competitividad.

No quiero imaginarme que este proyecto pueda tener como fin lograr más empleo a partir de la baja de los salarios. Por eso no entendemos por qué no se quiere incluir la cláusula que establece que se debe proteger al trabajador, prefiriendo la norma que lo favorece a aquella que lo perjudica.

Entonces, como reflexión digamos que es bueno que se defienda con tanta vehemencia a nuestros trabajadores. No vengo a hacer la defensa a ningún gremialista, porque los compañeros gremialistas se defienden por sí solos. Cada uno de ellos tiene historia y también tiene presente, por lo que saben enfrentar la realidad. Unicamente estoy comprometido con la defensa de los intereses sublimes de nuestro país, en la persona de aquellos que no tienen trabajo y que mendigan por ello. Si crece la economía, crecerá automáticamente el empleo en la Argentina. Si bien es necesario que acompañemos con muchas medidas, creo que este instrumento legal no es el más idóneo para el logro de esos objetivos.

Por eso quiero que se entienda que estamos planteando una disidencia que advierte a los amigos y colegas de la oposición que se están equivocando; están eligiendo un camino que ustedes mismos dicen que nosotros hicimos mal en seguir. Se equivocan si hacen más de lo mismo.

Hoy cuentan con la voluntad popular para gobernar; no se equivoquen porque, como aquí se ha dicho, en ello va el destino de todo un país. Si ustedes dicen que vivimos diez años de errores, que hemos construido una política laboral nefasta, ¿dónde está la diferencia con lo que nos plantean hoy, si esta norma no genera empleo, precariza las relaciones laborales y tiende a la baja del salario y de las condiciones de negociación?

Como esta es la realidad, les advertimos que van por el camino equivocado. Así no van a lograr el objetivo que ustedes seguramente en forma sana han planteado en esta discusión. Tenemos la obligación de marcarles los errores y esta realidad. Hay miles de argentinos que sufren y aquí se ha dicho más de una vez: si no queremos buscar la responsabilidad compartida de cada uno de nosotros frente a ese reclamo, encontremos los instrumentos necesarios para resolver los problemas. Este proyecto no contribuye a enfrentar esa realidad, y todos lo han dicho.

Llamo a la reflexión para que juntos podamos encontrar un camino que genere la posibilidad de contener a esos angustiados argentinos que hoy no tienen empleo. Estamos dispuestos a seguir aportando lo nuestro. Por eso he firmado el dictamen en minoría que figura en el Orden del Día. En ese dictamen planteamos con un grupo de legisladores la necesidad de un seguro de desempleo para aquellos miles de argentinos que no tienen posibilidad de encontrar una solución a la falta de un trabajo digno.

Manifiesto mi oposición absoluta a este proyecto de ley, aunque no vamos a negar el debate porque creemos que es el instrumento posible para alcanzar el consenso. Ojalá que quienes tienen hoy la responsabilidad de gobernardejen de pensar, como lo hicieron hasta hace un tiempo, que están en campaña. Hoy deben encontrar respuesta a los problemas de la Argentina; no tienen que decir cuáles son los males sino encontrarles solución, y esta ley no va precisamente en esa dirección. Por eso vamos a seguir trabajando junto a ustedes para que podamos encontrar las soluciones que reclama la Argentina de hoy. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. VOLANDO.- Señor presidente: muy brevemente voy a explicar mi posición, que por supuesto es favorable al despacho de la mayoría. Hoy hemos asistido a una verdadera maratón de discursos; en general han sido buenos, pero de todos modos me retiraré dolido de esta sesión porque creo que nada han aportado a la solución de los problemas que estamos debatiendo. Voy a votar favorablemente el despacho de mayoría porque he votado a este gobierno, y apenas a setenta días de haberlo hecho no puedo dar un voto negativo a uno de sus proyectos. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. FALBO.- Señor presidente: a esta altura del debate y después de haber escuchado las opiniones de distintos legisladores -a muchas de las cuales adhiero-, sólo resta agregar unas pocas reflexiones y eso es lo que pretendo hacer.

La primera de ellas es, sin duda alguna, que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no apunta ni a reafirmar ni a profundizar el principio tuitivo o protector que históricamente inspiró nuestra legislación laboral. Resulta claro que no ha sido la protección del trabajador contra el despido arbitrario o contra las consecuencias negativas de la desigualdad de fuerzas a las que está expuesto, ni el propósito de dignificar su situación, lo que motivó la iniciativa del gobierno de propiciar esta reforma laboral. Por el contrario, el proyecto es un exponente más de la tendencia flexibilizadora que últimamente ha predominado en nuestra legislación sobre la materia; responde al mismo declamado objetivo de disminuir el nivel de desempleo. Parece que no se ha reparado en que se propone la aplicación de medidas ya ensayadas, que nunca lograron el resultado perseguido sino que siempre han profundizado el estado de precariedad en que se desarrollan los contratos de trabajo actuales.

En ningún párrafo del proyecto se advierte la voluntad política de mejorar este estado de cosas, ni de aplicar medidas que, aunque más no sea, señalen el comienzo de un camino en esa dirección. Se mantiene la falsa premisa de que la rigidez normativa con la que se protege a los trabajadores es una de las causas del desempleo, y consecuentemente se reitera el remanido argumento de que la flexibilización contribuirá a paliar ese flagelo. Lo cierto es que ya llevamos varios años de flexibilización laboral de hecho, con remuneraciones que se abonan en negro, con jornadas de trabajo de diez horas o más, con el miedo instalado entre los trabajadores de perder sus trabajos mal pagos si esgrimen algún reclamo en defensa de sus derechos, con un sistema de reparación de infortunios laborales que contempla distintos accidentes y enfermedades pero que resulta inequitativo, complejo e insuficiente. A pesar de todo, la tasa de desempleo no ha disminuido. Por eso creo que la única vía segura para superar el desempleo es la creación de más fuentes de trabajo, de mayor crecimiento económico con justicia social, de mayor rentabilidad de las empresas, pero no a costa de la degradación permanente de la situación del trabajador y de su familia.

El proyecto que analizamos no exhibe ninguna intención política de este tipo, sino que tiende a continuar con las falencias e incluso las intensifica. Además, parece instalar con generalizada conciencia la convicción de que esta ley no agregará mayores males, porque ya no es posible precarizar más. En tal contexto, considerando la realidad de las relaciones laborales de hoy, este proyecto viene a convertirse en la institucionalización y convalidación de una situación que ya viene afectando a los trabajadores.

Se perderá una valiosa oportunidad en momentos en que un nuevo gobierno democrático se está instalando si se aprueba esta iniciativa tal como ha sido redactada. Entendemos que esta iniciativa documenta la determinación de continuar en una línea de acción y de pensamiento orientada a la profundización de un modelo económico que se manifiesta agotado y sin respuesta para la marginación y la exclusión social.

Por eso invito a mis pares legisladores a reflexionar sobre las consecuencias que en breve plazo puede operar esta iniciativa. Pensemos en lo siguiente: ¿en beneficio de quién redunda la mayor precarización del empleo? ¿qué Argentina construimos o modelamos? ¿quién gozará vivir en esta Argentina? Avanzamos a pasos firmes y sin desvíos hacia la implantación de modelos propios de economías emergentes correspondientes a otros confines del mundo que nada tienen que ver con nuestro sistema de valores socioculturales.

Acompañaría sin vacilación la sanción de este proyecto de ley si tuviera la mínima convicción de que aporta soluciones a la situación del desempleo y aumenta la calidad de vida de mayor cantidad de argentinos. Pero como estoy plenamente convencida de que no es así, desde ya manifiesto que rechazo en general esta iniciativa y reservo la opinión que me merecen algunos artículos para exponerla durante el debate en particular.

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. CAVALLERO.- Señor presidente: voy a tratar de desarrollar el problema que varios señores diputados han tratado de explicar, apelando a argumentos teóricos y prácticos, vinculado con el proceso de desempleo y desindustrialización, cierre y mutilación de empresas.

Un señor diputado se ha referido a la competitividad que esto traerá para la pequeña y mediana empresa e incluso se refirió a las empresas que se hallan en las provincias de Santa Fe y Córdoba, cercanas a la ruta 9. Quiero remarcar que en los últimos dos meses estuve recorriendo muchas pequeñas y medianas empresas y que advertí algo novedoso que en mis cuarenta y pico de años de militancia nunca había visto.

Lo hice acompañado y me recibieron los pequeños y medianos empresarios de cada una de las actividades.

La industria de implementos agrícolas ve entrar desde Brasil las sembradoras y fumigadoras a un 30 por ciento menos de su costo, con mayor plazo de financiación y menores tasas de interés. Lo mismo ocurre con las fábricas de acoplados y con las carroceras, y con las fundiciones para válvulas de explotación petrolífera y gasífera. En este rubro se agrega la competencia desleal de parte de países asiáticos. Mientras se da un gran desarrollo de la minería, la industria nacional proveedora se ve desplazada por países como China, Brasil, Chile, Canadá y Perú. De los 65 millones de pares de zapatos que aproximadamente usamos los argentinos, 31 millones entran desde Brasil subsidiados, "truchados", a través de la industria del sudeste asiático, desde Paraguay, como producto del Mercosur, y 3 millones de contrabando. Por eso de las mil fábricas de zapatos que había, quedan 140.

La industria del mueble, radicada al lado de la ruta 9, está en extinción. Los contenedores ingresan de Brasil como madera bruta, sin que haya ningún control aduanero, y contienen muebles terminados, a un 20 por ciento del costo de la industria nacional, o sea con un precio menor en un 80 por ciento.

La fábrica cosechadora brasileña, entre diciembre de 99 y enero de 2000, en sólo treinta días, bajó el 36 por ciento de su costo. La industria agrícola argentina está en quiebra, como también la actividad porcina, la arrocera y muchas otras, por la competencia desleal de Brasil o por subsidios extra Mercosur.

La actividad tambera vive en la desesperación de cobrar entre 0,08 y 0,13 centavos el litro de leche, como producto de la práctica oligopólica del hipermercadismo y algunos sectores de la industria lechera, actividad que está penada por la ley 25.156, de defensa de la competencia. Esta norma tampoco se aplica a la concentración del sistema financiero, a la industria petrolera y a su comercialización.

Mientras se han gastado cientos de millones de dólares para subsidiar el Plan Canje de la industria automotriz, el decreto 257/99, que entró en vigencia en abril, consistente en reintegrar el 10 por ciento de las ventas de maquinaria agrícola, no se ha cumplido porque todavía no se ha pagado un peso; solamente han entregado papeles no endosables que no sirven para nada, y hoy tampoco se extiende ni se prorroga.

Como siempre, antes y ahora, se auxilia y se subsidia a los poderosos económicamente, y no se auxilian a las pequeñas y medianas empresas, que brindan el 63 por ciento del empleo nacional.

Frente a esta triste realidad, al señor diputado que habló de competitividad le quiero decirque en las pequeñas y medianas empresas de cualquier rubro, el costo laboral por producto terminado es de entre el 7 y el 15 por ciento, mientras que el desfase actual dentro y fuera del Mercosur es del 20 al 50 por ciento.

Por eso no creo que sea oportuno discutir este mal llamado proyecto de ley de reforma laboral. La agenda tiene que ser otra, las prioridades tienen que ser otras. En primer lugar, tenemos que discutir algo que supere los protocolos de Asunción y de Ouro Preto respecto del Mercosur, y además, las medidas que aquí se plantearon a favor de las pymes.

La historia es como es y no se la puede falsear. Yo soy socialista humanista, pertenezco al Partido del Progreso Social, y en ese carácter integro la Concertación Justicialista para el Cambio. Jamás puedo votar favorablemente este proyecto cuando en este mismo Parlamento y en este mismo recinto, el joven diputado Alfredo Palacios, quien promoviera el nuevo derecho laboral no sólo en la Argentina sino en el mundo, decía que en caso de duda las cláusulas debían ser interpretadas a favor del trabajador. Este era el principio del nuevo derecho.

Aquí se pretenden falsear los hechos diciendo que hay miembros de esta bancada que nos oponemos a la descentralización. No nos oponemos a la descentralización, sino a que se impida que haya un convenio colectivo marco por actividad que fije las condiciones mínimas. A partir de ese piso se puede descentralizar la negociación laboral.

Esta posición es la que sostuvo Alfredo Palacios en este recinto cuando se discutió la ley de descanso dominical, y es la misma posición que defendieron Juan B. Justo, el creador del Partido Socialista en la Argentina, y el senador Mario Bravo cuando se discutió el tema del descanso nocturno. Ellos sostenían que debíamos tener organizaciones gremiales fuertes y que las condiciones mínimas de trabajo tenían que ser iguales en todo el país.

He suscripto el proyecto de ley presentado por el señor diputado Lafalla porque considero que es la posición más correcta, a pesar de que no coincido con algunos puntos. A través del mecanismo de pago a cuenta de las contribuciones patronales se generará un fondo de desempleo que los desocupados no van a poder creer, ya que ascenderá a 120 millones de dólares por mes.

Aquí se mencionó al doctor Arturo Sampay, quien fue el que incorporó en la Constitución de 1949, de inspiración justicialista, los derechos sociales y protectores del trabajo, que los socialistas siempre hemos apoyado incondicionalmente. Los socialistas nos hemos nutrido de la lectura de ese coloso jurídico de la protección de los derechos sociales de los trabajadores.

Es verdad que el mundo cambia. Yo estaría de acuerdo si discutiéramos cláusulas convencionales que hagan a la funcionalidad y a la polivalencia. Es verdad que el mundo cambia, pero hay algo que no: la lucha entre dos concepciones del devenir de la historia. Por un lado, están aquellos que creen a ultranza en la sociedad de mercado que, en definitiva, como ha dicho Alfredo Palacios, es el mercado de brazos donde el trabajador es una mercancía; y por el otro, existe una nueva sociedad donde yo no cambio; ni los espacios ni la tecnología me van a hacer cambiar. Creo en una sociedad donde la orientación general apunte a ir ganando mayores espacios para la libertad, la justicia social y la solidaridad. En definitiva, creo en una sociedad antropocéntrica, donde el eje central sea el ser humano, medido material y espiritualmente. Por eso, voy a votar en contra del proyecto de ley en consideración. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. BRANDONI.- Señor presidente: desde que comenzó esta reunión, hace más de seis horas, escuché reiteradamente que el gobierno ha traído al seno de este Parlamento algunas iniciativas que han sido muy discutidas. La verdad es que, de no haber encontrado el descontrol que se advirtió en el gasto público, el déficit fiscal que se heredó y el grado de endeudamiento en el que se encuentra el país, el gobierno no hubiera enviado el proyecto de reforma tributaria, ya que dicha iniciativa fue producto de la necesidad.

En la misma línea, de no haber encontrado la situación laboral que estamos viviendo en el día de hoy, no estaríamos tratando este proyecto, que seguramente no es el mejor ni la única herramienta para tratar de bajar el nivel de desocupación y de blanquear al 45 por ciento de los hombres y mujeres que trabajan en negro en la Argentina.

No tengo dudas de que este proyecto que estamos tratando -algunos opinan que es inoportuno- es mejor que la ley que actualmente está reglamentando el trabajo en nuestro país. Además, el gobierno va a continuar con algunas otras iniciativas, y espero que cuando, dentro de poco tiempo, tratemos la modificación a la ley de riesgos del trabajo no vuelva a ver el espectáculo de la bancada Justicialista rasgándose las vestiduras en defensa de los trabajadores, cuando los dejaron en la banquina durante estos últimos diez años. Recuerdo muy bien que hace poco más de un año y medio, a pesar del dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo, no se modificó la ley de riesgos del trabajo, y todos sabíamos que era necesario hacerlo.

Este proyecto de ley es una simple herramienta porque, en sí misma, no significa casi nada. No solamente tengo confianza en esta iniciativa sino que además estoy absolutamente convencido de que, en manos de este gobierno -que no tiene "relaciones carnales" con nadie y que es austero- no va a provocar un efecto neutral ni inocuo sino un resultado positivo. Tan convencido estoy de esto como de que es probable que el gobierno de la Alianza cometa errores durante su período presidencial.

Pero también estoy seguro de que no se va a desviar ni va a hacer exactamente lo contrario de lo que propuso en su plataforma durante la campaña electoral; errores sí, desviaciones no.

Lamento no advertir la presencia del señor diputado Lorenzo Pepe en el recinto, porque quería decirle que puede quedarse tranquilo porque muchos de nosotros no vamos a permitir jamás la desaparición de las organizaciones sindicales. Tengo el orgullo de decir que yo también fui dirigente sindical durante muchos años en una organización gremial que tiene ochenta años de vida, que fui perseguido, que tuve que exiliarme y que vi cercenada mi fuente de trabajo. Sin embargo, como el primer día en que me afilié, sigo creyendo que las organizaciones sindicales son la expresión solidaria más importante que puede tener una sociedad.

De modo que no tenga temor el señor diputado Pepe, de la bancada de la Alianza no va a surgir ninguna iniciativa legislativa en contra de las organizaciones sindicales, aunque por supuesto insistiremos en que el sistema democrático se debe aplicar a todos los campos de la Nación.

Me parece que aquí hay algo que no se ha señalado y yo quiero hacerlo. Este gobierno tiene decidido el protagonismo del Ministerio de Trabajo en el escenario laboral del país, y hay acuerdos con las provincias para poner en marcha una policía del trabajo que haga cumplir la norma, lo que no ha ocurrido durante estos últimos años.

Sin adelantarme a quien va a hacer uso de la palabra en nombre de mi bancada, para finalizar manifiesto que votaremos por la afirmativa el dictamen de mayoría con todas las modificaciones que se introdujeron en el seno de la comisión, habiendo recibido y admitido sugerencias de diputados de otras bancadas. Esto significa que la Alianza honrará su compromiso de aprobar el texto con las modificaciones introducidas a pesar de no ser acompañada por quienes suscribieron el dictamen de mayoría en general. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. BRITOS.- Señor presidente: debo confesar en principio que pensaba que me encontraría con un debate en el que la capacidad de los hombres que defienden esta norma de algún modo me podría persuadir o hacer cambiar de idea.

Pensé que el denominado gabinete en las sombras que presidía el doctor Terragno había trabajado durante todos estos años con gran imaginación y capacidad suficiente para encontrar nuevas ideas, como asimismo que la Unión Cívica Radical, el Frepaso y los otros partidos que están a favor del proyecto de ley en consideración estaban en condiciones de presentar al país un programa diferente.

Un año y medio atrás nosotros hablábamos de estas mismas cosas a sabiendas de que había un gran desgaste político, y las consecuencias de los desgastes políticos se pagan en las urnas.

La gente creía que ustedes venían preparados para ofrecer mejores cosas que las que había dado el peronismo, pero no fue así.

Por supuesto nosotros debemos confesar también que nos equivocamos al aprobar determinados proyectos de ley que produjeron precarización laboral, tal como lo mencionó la señora diputada Castro.

Ahora se comienza a discutir el tema de la herencia. Según los códigos políticos antes creíamos que teníamos que asumir el país tal como estaba, conociendo las consecuencias y estando capacitados para ponerlo de pie.

Acabo de escuchar al amigo Brandoni sosteniendo que el Ministerio de Trabajo estará presente en todas las provincias, y en verdad lo está. El subsecretario de Provincias del Ministerio del Interior, ingeniero Ceballos, ha nombrado a su esposa y a su hermana en el Ministerio de Trabajo de la provincia de San Luis. Quiere decir que esto de las veinte verdades que nos señalaba de la Rúa...

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. BRITOS.- No lo tomen a mal.

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- La Presidencia solicita que se ordene el debate.

Diputado Britos: el señor diputado Rodríguez le pide una interrupción, ¿se la concede?

Sr. BRITOS.- No, señor presidente.

Es la técnica que iniciaron en esta sesión. Cuando solicitamos una interrupción al miembro informante, no la quiso conceder.

No digo estas cosas porque esté en contra de este gobierno, ya que la suerte de este gobierno es la nuestra, sino que creo que los desocupados, quienes buscan trabajo, no tienen ideología.

Mi preocupación es la misma que tienen los integrantes de la bancada de la Alianza; pero esa preocupación debe tener algún destino, que esta tarde, todavía no lo encuentro. Lo único que he visto en este recinto es el uso permanente de teléfonos celulares y las conversaciones. Es decir que la preocupación que algunos decían tener, en realidad, no la tienen.

Me he encontrado con un diputado por la provincia de Córdoba, a quien respeto mucho, que me dijo que no está de acuerdo con el proyecto, pero lo va a votar por solidaridad. ¿Cómo es posible? Esto significa que no han tenido la capacidad de persuadir ni a los de su propia bancada. ¿Cuántos días hace que se está debatiendo esta cuestión, y todavía no lo han podido persuadir? ¿O acaso no conocían esta historia?

El señor diputado Rodríguez recién se sentía menoscabado porque no le concedí una interrupción. Estaba hablando del "Gabinete en las sombras" y decía que el doctor Terragno era jefe de ese gabinete y había instalado en el partido radical un reloj de arena para determinar el tiempo que faltaba para que se fuera el doctor Menem. Y recuerdo que cuando el doctor Terragno volvió al país ubicó a su esposa en la Auditoría General de la Nación, a pesar de que era venezolana y ni siquiera tenía carta de ciudadanía. Resulta que después nos vienen con las 20 verdades. ¿Cómo es esto, señores diputados? ¿Hasta dónde tenemos que seguir aguantando permanentemente que digan que somos nosotros quienes hemos hecho la corrupción en este país? ¡Traten de estudiar un poco más y ver qué nos pueden proponer para sacar adelante al país!

Vamos a votar en contra de este proyecto porque no sirve para los intereses de los trabajadores argentinos.

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. RODRIGUEZ.- Señor presidente: nos estamos acercando al momento de la votación de un proyecto de ley que ha tenido un gran debate, no sólo aquí, en el Congreso, sino también en la sociedad, con opiniones y puntos de vista expresados, desde académicos hasta de representantes de los sectores más directamente interesados; inclusive, muchos ciudadanos se han preocupado por la cuestión.

La Comisión de Legislación del Trabajo, integrada por todos los sectores, recibió opiniones y escuchó diversos puntos de vista. Tengo la sensación de que en el debate en este recinto, en más de una oportunidad, existió la idea de que parecía ignorarse la magnitud de la crisis que hay en nuestro país, una crisis signada por la combinación del desempleo y la pobreza. Uno de cada tres de nuestros compatriotas tienen problemas de empleo, y, según el propio Banco Mundial, casi 14 millones de argentinos se encuentran en condiciones de pobreza y más de 3 millones en situación de indigencia.

La combinación de desempleo más pobreza ha incorporado en estos últimos años una categoría que no conocíamos: la exclusión social. Uno de cada diezentre los argentinos de menos ingresos percibe menos de dos pesos diarios para atender sus necesidades.

La desigualdad ha adquirido un tono dramático en la Argentina. Cuando se relaciona el ingreso del diez por ciento más pobre con el ingreso del diez por ciento más rico, se obtiene lo que se llama la relación de desigualdad de una sociedad.

En los países de Europa occidental esa relación es de cinco. Quiere decir que los más ricos ganan cinco veces lo que ganan los más pobres. Para diez países de América Latina la relación de desigualdad es de diecisiete veces. En la Argentina de la última década pasamos de diecinueve veces en 1991 a casi treinta veces en 1998. Pobreza, desempleo, desigualdad y exclusión social constituyen la realidad de la Argentina actual.

Para analizar esta situación incurriríamos en un error si nos introdujéramos en el reduccionismo analítico que también sobrevoló este debate. Para algunos fundamentalistas del mercado, la protección laboral es una interferencia inaceptable.

Para otros, el reduccionismo analítico consiste en sacralizar instrumentos que pudieron haber sido útiles en el pasado, como si ellos hubieran posibilitado alcanzar el estado máximo de bienestar.

Los datos que acabo de citar indican que los instrumentos hoy vigentes no fueron aptos para encontrar una situación deseable en términos de desarrollo social en la Argentina.

Se ha dicho que esta norma por sí misma no crea empleo. Definitivamente ello es así. No lo podrá lograr esta norma ni ninguna otra iniciativa, tanto en la Argentina como en cualquier otro lugar del mundo.

Voy a dar un ejemplo. En Europa occidental existe un conjunto de regulaciones obrero-patronales. Diría que se presentan enormes similitudes entre ellas, en razón de la existencia de la Unión Europea. Hay países como España, donde el desempleo alcanza el 17 por ciento. En Italia llega al 12, pero en Austria es del 4, mientras que en Dinamarca es algo menor al 4. En el norte de Italia el desempleo alcanza al 7 por ciento, pero en el sur es tres veces superior.

Quienes piensan que no tiene que existir ninguna regulación laboral y que debe mantenerse una capacidad expulsiva en el mercado de trabajo, brindan el ejemplo de Estados Unidos, señalando que allí no existen regulaciones laborales y que la desocupación alcanza el 4 por ciento. Quiero recordarles que hace diez años con las mismas normas laborales el desempleo era del diez por ciento.

- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Rafael Manuel Pascual.

Sr. RODRIGUEZ.- Se tiene que entender -esta es la razón de la norma en consideración- que la recuperación económica que comienza a observarse en la Argentina no debe encontrar obstáculos para la contratación de nuevos trabajadores.

Es necesario discernir la diferencia que existe entre el crecimiento y el desarrollo y el progreso económico. En la Argentina tuvimos crecimiento económico, pero nos faltó el progreso, entendido como la justicia en la distribución de la riqueza.

Por ello esta norma está en el contexto de un programa, el programa de combinar competitividad económica con cohesión social. Venimos de un año y medio de recesión en la Argentina. Nunca antes desde que se llevan registros la economía argentina pasó por dieciocho meses consecutivos de recesión. De lo que se trata es de que la recuperación económica que se inicia tenga regulaciones laborales que favorezcan la contratación de nuevos trabajadores y la creación de nuevos empleos.

Esta norma promueve y favorece el trabajo estable exactamente en las antípodas de lo que conocimos en la década que pasó con el nombre técnico de contrato por tiempo determinado, vulgar y acertadamente conocido como contrato basura.

Esta norma potencia la negociación colectiva por empresa, por rama, por provincia, por región o por conglomerado económico, terminando con otra, conocida como la ley Erman, la 25.013, que centralizaba férreamente la negociación y que tenía un solo antecedente: una ley de la dictadura, de 1979, que hizo que la Organización Internacional del Trabajo recomendara a la Argentina su modificación porque vulneraba los derechos de los trabajadores.

Este proyecto incluye algo que no tiene antecedentes en la legislación laboral argentina: el derecho de información y consulta de los trabajadores para llevar adelante una negociación de convenios colectivos equilibrados.

Estamos frente a una norma que sanciona las conductas potenciales abusivas, ese símbolo de las manipulaciones de algunos empresarios que hicieron la calesita con los contratos temporarios. Esta norma protege el derecho de huelga terminando con esa situación que limitaba y restringía su ejecución. Ahora sólo existe la limitación del arbitraje y de la conciliación para los servicios esenciales.

Para el bloque de la Alianza el problema de la competitividad no es solamente si una empresa está en la frontera de la tecnología. La competitividad es un concepto sistémico que incluye al conjunto de la sociedad. Por eso contribuye al objetivo de la competitividad económica y la cohesión social un gobierno que garantiza la división de los poderes, que no considera al Congreso como una escribanía en donde se protocolizan las decisiones del Poder Ejecutivo ni de otros factores de poder.

Contribuye al objetivo de la competitividad económica y la cohesión social un gobierno que no subordina la justicia presionando a los magistrados, un gobierno que fortalece los organismos de control, un gobierno que transforma la democracia de un solo poder -como conocimos en la década que pasó- en una democracia equilibrada en el respeto recíproco a los tres poderes republicanos.

Contribuyen al objetivo de la competitividad económica y la cohesión social las negociaciones con las empresas monopólicas de los servicios públicos, logrando algo desconocido en el país: la baja de las tarifas de esos servicios.

Contribuye al objetivo de la competitividad económica y la cohesión social la reforma de la Carta Orgánica del Banco de la Nación para terminar con los mega-préstamos incobrables a los amigos del poder, para llevar el crédito a las pequeñas y medianas empresas.

Contribuye al objetivo de la competitividad económica y la cohesión social tener gobernantes austeros y respetuosos de la ley, de los cuales nos podamos sentir orgullosos, y ser respetados en el mundo.

Finalmente, contribuye al objetivo de la competitividad económica y la cohesión social instalar el diálogo como vértice de la acción de un gobierno despojado de soberbia.

Terminó el siglo. En la década que se fue terminó también el régimen que estaba en el sueño de muchos en Europa oriental como el paraíso de los trabajadores. En la Argentina también terminó un régimen; un régimen que creía estar tocado por un destino manifiesto, que teníala sensación de no tener que rendir cuentas de sus actos, un régimen que adulteró y desnaturalizó el funcionamiento del sistema democrático. Sabiendo que terminaba el siglo los argentinos también quisimos cerrar un ciclo e inaugurar una democracia de un nuevo tipo, una democracia de diálogo, respeto, tolerancia, honestidad, austeridad y humildad. Esta democracia política, como así también el progreso económico que buscamos, necesitan del fortalecimiento de las instituciones, de los partidos políticos y del Congreso. Para ser exitoso el capitalismo requiere de sindicatos fuertes, de un movimiento obrero organizado, con capacidad de negociación colectiva, pues así como los partidos políticos son insustituibles para el funcionamiento del sistema democrático no es imaginable un capitalismo exitoso sin un funcionamiento también exitoso de las organizaciones del movimiento obrero.

Para finalizar, quiero destacar que la norma que se propone a esta Honorable Cámara contribuirá a instalar un nuevo tipo de relación política y una nueva forma de organización de la relación obrero patronal en la Argentina. Pero esa contribución se inscribirá en el marco de otros aportes que el Congreso habrá de hacer con la sanción de futuros proyectos. Estoy seguro de que el Parlamento argentino está a la altura de las circunstancias. Si cada uno de nosotros contribuye según su mejor y más leal saber y entender, dentro de pocos años, en 2010, cuando se cumpla un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo -el bicentenario de la Nación Argentina- podremos decir que ha nacido una nueva y gloriosa Nación. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. PERNASETTI.- Señor presidente: de este largo debate rescato dos críticas fundamentales al proyecto de ley que estamos considerando. Por un lado se dice que es más de lo mismo, es decir que representa una continuación de la flexibilización menemista, pues tiende a precarizar más la relación laboral y a disminuir el salario. Por otro lado, se afirma que tiene como finalidad destruir a los sindicatos y acabar con el movimiento obrero organizado.

Sin embargo, si leemos claramente el texto observamos que no hace ni lo uno ni lo otro. Estamos convencidos de que hoy la sanción de esta ley es imprescindible, no porque vaya a generar empleo -como se consignaba en los fundamentos de las treinta y un leyes laborales dictadas durante los últimos diez años- sino porque facilitará, cuando la economía crezca, la empleabilidad.

Nosotros sabemos que la relación de trabajo siempre es una relación entre una parte que es más débil y otra que es más fuerte porque tiene el capital. Por eso el desafío es tratar de coordinar la protección del trabajador -que esta ley no abandona- con la necesidad de modernización y de cambio. Precisamente entendemos que a través de la negociación colectiva lograremos ese objetivo. En consecuencia, este proyecto no va en contra de los sindicatos; por el contrario, reivindica al sindicato como única unidad de negociación. No aceptamos las sugerencias de algunos dirigentes sindicales, que planteaban la posibilidad de abandonar el modelo vigente para permitir las negociaciones internas. Pero tampoco queremos continuar con la ley Erman, que consagra el nivel de negociaciónen las federaciones. Nosotros reivindicamos al sindicato de primer grado y sostenemos que es éste el que debe resolver el nivel de negociación, es decir, le damos libertad para negociar y para decidir no negociar y solicitar a su federación que lo acompañe en la negociación. Esto es básico para fortalecer la representación de los trabajadores.

Durante el debate de la ley Erman, el señor diputado Casella manifestó que con esa ley la dirigencia gremial pretendía solucionar un problema de representatividad que tenía, alegando que sería más fuerte y que estaría en mejores condiciones para negociar si intervenía el organismo de segundo grado -la federación-, ya que los de abajo son los sindicatos del interior, pobres y sin capacidad de negociar.

Lo que estaban solucionando era la irrepresentatividad de los organismos de segundo grado, porque no podemos ser soberbios y decir que porque se está en una federación en Buenos Aires vamos a tener mejor capacidad de negociar que los sindicatos que están en el interior del país.

Los sindicatos del interior del país son aquellos que -como bien se ha dicho durante este debate- están en contacto directo con la gente, que conocen sus necesidades, la problemática de la empresa, y saben cuándo vende, cuándo no vende y por qué; son los que a pedido de los patrones o incluso por propia voluntad ayudan a solucionar los problemas, simplemente porque quieren conservar sus fuentes de trabajo.

Nosotros queremos devolver a esos sindicatos la representatividad que les otorga la realidad y no darles una representación ficticia a través de la ley.

Hay otra cuestión sobre la que se ha insistido mucho durante este debate, que es la posibilidad de negociar a la baja. No se cansaron de señalar que por medio de esta iniciativa van a bajar los salarios cuando esto no es así. Con la excepción de la posibilidad de aumentar el período de prueba -que ya estaba previsto en la ley de las pequeñas y medianas empresas- de tres a seis meses, el proyecto de ley no introduce ninguna hipótesis de disponibilidad que afecte los mínimos legales.

Este proyecto de ley no autoriza negociar a la baja ni las vacaciones, no permite el pago fraccionado del aguinaldo ni autoriza a negociar las indemnizaciones. Sin embargo, hay en la oposición varios señores diputados que en su momento apoyaron la sanción de la ley de las pequeñas y medianas empresas, que han sostenido que hoy se faculta la disminución de los salarios y de las indemnizaciones a través de la disponibilidad colectiva. (Aplausos.) Esto no lo estamos permitiendo, señor presidente.

Se ha aludido al mínimo protectorio. En este sentido me voy a permitir leer el artículo 7° del proyecto de ley contenido en el dictamen que se propicia, que dice lo siguiente: "Las disposiciones de los convenios colectivos deben ajustarse a las normas legales que rigen las instituciones del derecho del trabajo, a menos que las cláusulas del convenio relacionadas con cada una de esas instituciones resultare más favorables a los trabajadores y siempre que no afectaren disposiciones dictadas en protección del interés general, o que la propia ley hubiera habilitado un tratamiento distinto."

Esta cláusula, similar a la contenida en el artículo 9° de la ley de contrato de trabajo está contemplada en el proyecto de ley y no se puede discutir su ausencia.

En cuanto a los comentarios relativos a la posibilidad de que un convenio menor pueda perforar un piso determinado -como lo afirmó el señor diputado Polino-, ello es falso porque no se autoriza a perforar ningún piso. El básico es siempre el piso de la ley de contrato de trabajo. Con la autorización de la Presidencia voy a leer parte de un comentario de un tratadista de derecho del trabajo, el doctor Jorge Rodríguez Mancini, quien en la revista Derecho del Trabajo de marzo del '98, en la página 449, en un artículo referido a la posibilidad de la negociación colectiva en el derecho argentino actual, dice lo siguiente: "Puede imaginarse para ejemplificar, un caso de convenio colectivo de actividad en período de vigencia y la celebración de una convención colectiva dentro de su ámbito que sólo afecta a una empresa. Se está en presencia de dos convenios colectivos cuya eficacia no está en discusión pero que presentan diversas regulaciones para un mismo tema. Parece indiscutible que la solución a tal conflicto se encuentra en la directiva general del artículo 9° de la ley de contrato de trabajo en el sentido de optarse por la norma más favorable conforme con el criterio de conglobamiento por instituciones. Con esta directiva se entiende que el legislador ha dado preeminencia al principio protectorio receptado por la disposición citada, dejando de lado otros criterios posibles que pueden resultar útiles cuando se trata de la interpretación de situaciones regidas exclusivamente por normas legales en las cuales el órgano generador es siempre el mismo -Poder Legislativo- pero no cuando, como sucede con las convenciones colectivas, se está en presencia de múltiples focos de creación normativa.

"Afirmando lo anterior cabe la puntualización de que la aplicación del principio de favor supone, una vez más se repite el tema, que la eficacia de ambas convenciones colectivas sea idéntica en su generalidad y en su contenido funcional, personal y temporal."

Es decir que la propia jurisprudencia unánime está reconociendo la vigencia del principio protectorio que esta ley no elimina ni altera.

Para otro caso que se mencionó también acá, el de la sucesión de los convenios. Dice: "Para el supuesto de sucesión de convenios colectivos, entendido que se trata de instrumentos de semejante ámbito subjetivo, será aplicable el criterio de la lex posterior derogat lex anterior. No existe principio jurídico que pueda esgrimirse para sostener la obligatoria progresividad de las convenciones colectivas y mucho menos, obviamente, de las leyes y sólo quedó en el campo de lo debatible jurídicamente la incorporación de las condiciones más favorables a los contratos individuales de trabajo, cuestión resuelta negativamente por la jurisprudencia en términos pacíficos a partir del fallo Fetter c. Lanolino de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires."

Es decir que el proyecto deja a salvo, concretamente, el principio de la norma más favorable.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Señor diputado: el señor diputado Polino le solicita una interrupción. ¿La concede?

Sr. PERNASETTI.- No, señor presidente, no voy a conceder interrupciones.

Por último quiero hacer una breve referencia sobre la ultraactividad. La finalización de la ultraactividad de los convenios del 75 es para nosotros plenamente compatible con las normas de la Constitución nacional y los convenios colectivos de trabajo. No lesionamos de ningún modo la autonomía colectiva, porque lo que se pretende proteger con la ultraactividad es una cuestión voluntaria, una decisión de las partes. Y acá la ultraactividad de los convenios no surge de la voluntad de las partes sino de la imposición de la ley, y eso lo podemos modificar por otra ley. La ultraactividad es un mecanismo muy valioso cuando cumple la función de ser una base para las negociaciones, pero ¡cómo vamos a considerar valiosos hoy convenios colectivos del año 1975 que han perdido toda actualidad! No tienen vigencia alguna, salvo para ciertas cláusulas que les interesa mucho a los señores sindicalistas.

Nosotros no estamos entrando en la cuestión de si debemos ayudar o no al financiamiento de los sindicatos, pues sostenemos que ese es un problema entre estos y sus afiliados. Lo que queremos decir es que la ultraactividad de esos convenios perjudica hoy a la negociación colectiva. Si queremos relanzar la negociación colectiva como elemento de modernización, debemos poner fin a la ultraactividad. No es realista seguir manteniendo a cinco millones de trabajadores bajo convenios ultraactivos, que no tienen vigencia real en ninguna de sus cláusulas, porque actualmente los salarios, las condiciones laborales y las demás obligaciones no son las mismas que las de 1975.

No estamos afectando ninguna normativa de la OIT al plantear la salida de la ultraactividad a través de un período de dos años, que en caso de que no haya acuerdo será a través del arbitraje obligatorio, sistema que ha sido aceptado por la OIT como medio válido cuando las partes voluntariamente concurren a un árbitro o mediador para salir de la negociación que tienen estancada.

Estamos convencidos de que con esta norma no afectamos a los sindicatos sino que, por el contrario, los estamos fortaleciendo, porque en materia de representación cambiamos lo dispuesto por la llamada ley Erman. Si ustedes recuerdan, esa ley dice que cuando el convenio es para una pyme con más de quinientos empleados, estos estarían representados por un trabajador; pero ese representante no sería elegido por los trabajadores de la empresa sino por el sindicato de segundo grado. En cambio, el proyecto establece que toda empresa de más de trescientos trabajadores debe estar representada por su delegado, y cuando exceda ese número tiene que haber un representante más, elegidos por los trabajadores de acuerdo con el estatuto del sindicato. De esta forma estamos revalorizando la representación de los trabajadores y revalidando a los sindicatos.

Creo haber aclarado que no estamos facilitando la negociación a la baja, porque mantenemos el piso protector de la norma más favorable. Además, no destruimos al sindicato pues lo estamos consagrando como un elemento útil en este proceso de negociación y modernización de la legislación laboral argentina. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. ROGGERO.- Señor presidente, Honorable Cámara: después de este extenso debate sobre un tema fuertemente controvertido, que genera discusiones, dificultades y desencuentros, nos preguntamos cuál es la razón para tantas controversias.

Pareciera que los actores que están sentados en este recinto solamente han cambiado de bancas y de rostros, pero no de discursos, porque observamos que no vamos al fondo de la cuestión. En la Argentina, el problema central no es la reforma laboral que podamos hacer sino el desempleo. En nuestro país lo más barato es el salario, y el ajuste estructural del modelo pasa por el desempleo. En los últimos años, hemos aprendido en este paísuna nueva división sociológica entre pobres y excluidos.

Se trata de una clasificación sociológica que en la Argentina no conocimos en los últimos tiempos, porque en América latina y en nuestro país siempre ha existido el concepto de pobreza. Los pobres estructurales siempre han sido los que, más allá de sus dificultades y situación económica, tenían la posibilidad de ingresar al sistema de una forma u otra, ya sea por la vía educativa o por la productiva.

Hemos descubierto que, según esta nueva clasificación, los excluidos son aquellos que no tienen absolutamente ninguna posibilidad de ingresar a un sistema económico-social productivo y educativo.

Este es el tema central de la discusión, que ya no pasa por una reforma laboral más o menos sino por un país que nos explotó en 1989, producto de los desencuentros que supimos tener en aquel momento. Así, pasamos de la década del '80, de muy baja productividad económica, casi nula en crecimiento, con un bajo nivel de desocupación como consecuencia del desempleo encubierto en el Estado, a la del '90, donde la economía argentina creció como no lo había hecho en mucho tiempo. Esto nos produjo un dilema de hierro que la clase política argentina todavía no ha sabido resolver: alta productividad en la economía con alto desempleo en la sociedad, con el flagelo de la desocupación.

Más allá de los discursos, de los artículos, de las buenas voluntades y de la idea de no generar obstrucciones a quienes tienen legitimidad democrática para conducir los destinos del país, esto nos lleva a una discusión mucho más seria y profunda, abandonando las chicanas y los agravios como forma de construcción política.

Durante el fin de semana leí un artículo periodístico que me impactó profundamente, titulado "¿Hasta dónde la democracia resiste la pobreza y la exclusión?". Me pregunto hasta dónde las democracias de Latinoamérica pueden avanzar en las libertades individuales, en las garantías y en la consolidación de una sociedad mucho más profunda, integrada y no excluida. Este artículo termina diciendo que hoy en día la responsabilidad de que las democracias puedan resistir y superar la pobreza y la exclusión depende casi exclusivamente de la capacidad de sus clases dirigentes para establecer un diálogo y una estructuración de un país para resolver los destinos colectivos. (Aplausos.)

Creemos que esto forma parte del debate central de nuestra sociedad. Hoy vamos a volver a votar en forma diferenciada, con argumentos cuya legitimidad no discuto al oficialismo, a las otras fuerzas políticas ni a la mía propia, porque frente a este flagelo ya no me siento con la fuerza de las convicciones para decir que esto está bien o mal.

Más allá del resultado de esta votación, la consecuencia estará dada por la situación de pobreza o exclusión, que seguirá siendo la principal preocupación de los hombres y mujeres del radicalismo, del Frepaso, de otras fuerzas políticas y del justicialismo.

Entonces, más allá de este debate, de las posiciones tácticas que podamos estar jugando y de las dificultades y diferencias que existen en cada bloque, no estamos planteando el problema de fondo. Si la Alianza fue gobierno en 1999, se debió a que nosotros tampoco pudimos resolver el tema de la desocupación, y no hago este planteo desde el agravio sino desde nuestros errores, para que nos sentemos a discutir en el marco de los problemas de la gente. La democracia resistirá la pobreza y la exclusión si sus clases políticas están a la altura de la historia; de lo contrario, la historia de nuestro país será muy triste y dura. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. ALESSANDRO.- Señor presidente: la resolución de un problema de magnitud y complejidad como el desempleo en la Argentina requiere sin duda fuertes consensos y compromisos.

Sabemos que superar el desempleo no es obra de un partido ni mucho menos de alguna voluntad mesiánica que alguna vez expresó que lo iba a pulverizar, y ahora vemos cuáles fueron los resultados...

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. ALESSANDRO.- Por eso se requiere que el conjunto de la sociedad se involucre en esta problemática.

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. ALESSANDRO.- Cuando hablo del conjunto de la sociedad involucrada en esa tarea, me refiero fundamentalmente a la dirigencia política, social y económica del país.

Comprendo y coincido con los reclamos que se realizan desde muchos lugares -también se han escuchado esta tarde en este recinto- respecto de la legitimidad de la política para ser el árbitro que equilibre y logre modificar el statu quo a favor de quienes más lo necesitan. Pero todos debemos reconocer que esto no sólo está pasando porque hay intereses que no desean que la política cumpla ese rol. La sociedad nos está mirando con una determinada carga de promesas incumplidas y todavía debemos cumplir con nuestro mandato.

En consecuencia, para honrar lo que nosotros pensamos debe ser la política, para ponernos a trabajar en serio y solucionar los verdaderos problemas de esta sociedad, debemos avanzar en el camino de los consensos, marcado con mucha claridad por el señor presidente de la Nación.

El doctor de la Rúa expresó que existía un problema muy serio en el país y que para contribuir a solucionarlo convocaba a todos, aun a quienes hasta sesenta o setenta días atrás transitaban otra senda. Me parece que esa es la voz que la sociedad y los hombres políticos estamos esperando, y así poder empezar a ser vistos por el conjunto de la población con otra consideración. No debemos abandonar ese camino.

Como en todos los debates parlamentarios, en el transcurso de esta discusión hay lugar para los enfrentamientos y las chicanas, y para recordar lo que otro expresó en el pasado y que ahora se desdice. Sin embargo, también hay un tiempo para encontrar la salida lógica a los problemas que se están planteando. Teniendo en cuenta los conceptos vertidos por los diputados que me precedieron en el uso de la palabra, yo trato de elegir ese camino.

Para dejar atrás el desempleo, la falta del trabajo y la exclusión, la mayoría de los países que solucionaron este problema también optaron por esta vía: el trabajo conjunto de las fuerzas políticas, productivas y sociales del país por medio de acuerdos profundos en esa dirección.

Tratando de buscar el necesario contexto político que la consideración de esta iniciativa merece, quiero referirme brevemente a algo que espero no sea tomado como una chicana o un motivo de enfrentamiento. Indudablemente existen responsabilidades de la actual situación en esta materia. Algunas se vinculan con el marco de la economía globalizada, que influye en que haya menos trabajo en nuestro país. Pero hay decisiones de política económicay social llevadas adelante durante nueve o diez años que no contribuyeron -creo que esto debe reconocerse- a avanzar en este sentido.

Existe otro motivo para tratar de insistir en la búsqueda de consenso. En este sentido, me permito humildemente hacer una sugerencia a la bancada Justicialista, que hasta hace setenta días trabajaba acompañando al gobierno. Es necesario tratar de escuchar y comprender el camino de solución que está proponiendo el gobierno que está conduciendo este país desde hace setenta días. Si cada uno de los legisladores del justicialismo recapacita brevemente, creo que esto es algo absolutamente natural y lógico: tratar de comprender el camino de solución para este problema que desde el actual gobierno se está planteando.

Dentro de este marco político quiero referirme en forma breve al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Diputados de diferentes bancadas han expresado que estamos viviendo una crisis estructural con referencia al problema laboral en nuestro país. Aun en momentos de crecimiento económico, el desempleo llegó a superar el 18 por ciento, pero nunca ha podido perforar un piso del 13 o 14 por ciento. Ésta es la realidad con la que nos debemos manejar.

También se ha dicho, y es verdad, que de por sí una norma no genera empleo. Todos sabemos que se crearán puestos de trabajo si se deja definitivamente atrás la recesión, si se comienza a transitar un camino de crecimiento sostenido, si hay inversión productiva genuina y si se promocionan la producción y las pequeñas y medianas empresas.

También es justo reconocer, como lo está haciendo el conjunto de la sociedad, que el gobierno que encabeza el doctor Fernando de la Rúa está realizando un esfuerzo muy claro en esa dirección. En sólo setenta días se han producido iniciativas: en primer lugar, se ha bajado y controlado el déficit para crear un marco de confianza que posibilite las inversiones. En segundo lugar, el presidente de la Nación definió muy claramente y despejó toda duda sobre cuál debe ser el papel del Banco de la Nación a favor de la producción regional a lo largo y ancho del país.

Todos conocemos, porque han sido difundidas, las normas para las pequeñas y medianas empresas, que permanentemente se reivindican como generadoras de empleo, aunque muchos son los discursos y poco lo que se hace luego en la práctica. Dentro de poco vamos a tratar una importante normativa que, sin duda, va a dar una promoción integral a las pequeñas y medianas empresas.

Se ha comenzado a transitar un camino difícil, pero se está demostrando que es posible atacar uno de los tabúes, uno de los sectores de la economía que más concentración ha tenido y más se ha beneficiado en estos últimos tiempos. Por una acción decidida del gobierno se han comenzado a rebajar tarifas de servicios que inciden fuertemente sobre el consumidor, sobre cada uno de los habitantes del país y sobre la producción restándole competitividad.

Obviamente, algunos no van a estar conformes, y todos queremos más. Algunos dirán que las tarifas no bajaron lo suficiente, pero no olvidemos que existen rígidos contratos de los cuales este gobierno no es responsable, que han originado ese marco dificultoso para los ciudadanos argentinos y para el desenvolvimiento de la economía real y productiva de nuestro país.

Es en este marco de un conjunto de políticas, no de una sola medida aislada donde estamos analizandoy tratando de llevar adelante este proyecto, que indudablemente tendrá efectos beneficiosos para la creación de empleo en nuestro país.

Existen dos pilares que es necesario rescatar del proyecto. No se trata sólo de enunciados sino que en la parte dispositiva figuran normas que no son contradictorias con ellos y que aseguran su cumplimiento.

Sin duda, uno de los pilares es la promoción del empleo estable, donde el período de prueba se modificó a partir del trabajo común y de escuchar voces de diferentes sectores en la Comisión de Legislación del Trabajo.

El período de prueba será de verdadera adaptación y comprobación de la capacidad del trabajador, y se convertirá en un puente o tránsito entre las situaciones de desempleo y de empleo estable.

Estoy seguro de que se han tomado los recaudos para que este período de prueba no sea utilizado como una modalidad contractual que signifique un sistema rotativo permanente, por el cual algunos trabajadores egresan y otros ingresan, mientras el empleador no paga los aportes patronales. Aquí se ha modificado de raíz este concepto para evitar que tenga esta consecuencia perniciosa.

Lo que se incentiva no es que el trabajador permanezca mucho tiempo en el período de prueba, sino que lo deje y pase a estar en la plantilla permanente de los trabajadores de la empresa. De esa forma se aumenta el empleo neto de trabajadores de la firma, que verá reducida la carga que tiene que pagar por cada nuevo trabajador.

Por otra parte, durante el período de prueba el trabajador no quedará desprotegido, porque gozará de los beneficios resultantes de los aportes que se deben hacer. Indudablemente, el favorecer la contratación de nuevos trabajadores con este mecanismo de un período de prueba real y efectivo tiene una consecuencia que no fue destacada y que es importante.

Me refiero a la reducción de la intensidad laboral y a la disminución de la cantidad de horas trabajadas por el resto de los trabajadores. Desde muchos lados se planteó -con justa razón- un tema central. Si se repartieran las horas de trabajo, se lograría que haya más gente dentro del sistema y disminuya la tasa de desempleo.

Creo que induciendo la empleabilidad -no sé por qué algunos criticaron esta palabra durante la sesión- también se evita que sean pocos los que tienen muchas horas de trabajo y muchos los que están afuera del sistema.

Indudablemente, el empleo estable trae consecuencias beneficiosas sobre el conjunto de la economía, como la competitividad, el involucramiento de los trabajadores, la posibilidad de su capacitación y, por ende, una producción de mayor valor agregado y calidad.

Se dijo desde distintos lugares -también lo mencionó el presidente del bloque Justicialista- que había habido crecimiento, pero que no había sido capaz de resolver el problema del desempleo en la Argentina. Ello se vincula con el tipo de crecimiento que hubo en el país.

Indudablemente, si tuviéramos trabajadores más capacitados para agregar mayor valor agregado a la producción, transitaríamos un camino distinto al de ser permanentes productores y exportadores de productos primarios, como ha ocurrido a lo largo de todo este siglo en el país.

Quiero hacer una última referencia al período de prueba, que creo no ha sido comprendido en su cabal dimensión. Cuando comparamos el período de prueba, no lo tenemos que hacer con los trabajadores estables sino con los que están desempleados o -si tienen suerte- están apenas alcanzados por un Plan Trabajar.

Quiero referirme brevemente al otro pilar del proyecto, que es la reinstalación de la negociación colectiva. Para que ella sea efectiva y real debe tener la fuerza y la libertad necesarias para que se pueda aplicar. A veces fuerza y libertad aparecen como elementos antagónicos, pero para que la norma sea aplicable deben estar amalgamados, como lo están en este proyecto.

Aquí también tiene importancia un elemento que ha sido criticado. Me refiero a la descentralización. Me hacen una acotación oportuna y la quiero remarcar: no es la atomización; es la adecuación de las normas a lasdiferentes problemáticas y realidades. Todos lo sabemos: la respuesta totalizante que con un solo discurso pretende dar solución a todos los problemas, ha fracasado. Cada necesidad y cada especificidad requieren también una norma en ese sentido con la suficiente maleabilidad para adaptarse a esa situación. Si no, la contrapartida es que la norma no se aplica en ningún lado. Entonces, como no se aplica ninguna norma, el trabajador tiene que encarar una negociación individual con el empresario, que es mucho peor que cualquier convención colectiva.

Dijo bien el señor diputado Galland en un momento de este largo debate que la consecuencia necesaria de la negociación descentralizada o de la negociación en un ámbito menor al de la negociación por rama no es traer como resultado ineludible la baja salarial. Veamos los ejemplos: ciento treinta convenios negociados en la modalidad menor por empresa dieron como resultante un promedio salarial de 1.030 pesos; en cambio, el conjunto de las convenciones colectivas por rama de actividad dio un promedio de 450 pesos.

La realidad está marcando que no es absolutamente claro que la negociación colectiva descentralizada termine en una única desembocadura.

Por eso, para terminar, no me cabe ninguna duda de que las normas laborales no generan empleo por sí solas, pero sí deben ser lo suficientemente correctas para armonizar dos realidades que parecen diferentes y antagónicas. Por un lado, ofrecer los incentivos necesarios que promuevan la generación de empleo y, por otro, seguir resguardando al trabajador que está dentro del sistema.

Sin duda alguna, la norma que estamos tratando esta noche, que ha sido objeto de tanto debate en la sociedad, cumple adecuadamente con estas dos finalidades. Por esta razón, desde el bloque de la Alianza votaremos afirmativamente este proyecto en general y en particular, haciendo un llamamiento a todos para que dejen de lado cuestiones políticas o tácticas circunstanciales que no permiten el acuerdo por el que tanto trabajamos. Necesitamos aprobar una norma que el conjunto de la sociedad nos está demandando. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Habiéndose agotado la lista de oradores corresponde pasar a votar en general.

Sr. CAFIERO (M.A.H.).- Solicito que la votación se realice en forma nominal.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- La Presidencia desea saber si el pedido de votación nominal está suficientemente apoyado.

- Resulta suficientemente apoyado.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Se va a votar nominalmente en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Legislación del Trabajo recaído en los proyectos de ley del Poder Ejecutivo y del señor diputado Lafalla y otros sobre reforma de la legislación laboral.

- Se practica la votación nominal.

Sr. SECRETARIO (Aramburu).- Sobre 234 señores diputados presentes votaron 137 por la afirmativa y 93 por la negativa, registrándose además 3 abstenciones.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- En consideración en particular el artículo 1°.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. MARTINEZ (G.A).- Señor presidente: en relación con este artículo voy a proponer en su lugar el siguiente texto: " Sustitúyese el artículo 3° de la ley 25.013, que modifica el artículo 92 bis del régimen de contrato de trabajo (ley 20.744, texto ordenado en 1976), por el siguiente texto: "El contrato de trabajo por tiempo indeterminado se entiende celebrado a prueba durante los primeros tres (3) meses. En ambos casos se aplican las siguientes reglas.

"1. Un empleador no puede contratar a un mismo trabajador más de una vez, utilizando el período de prueba. La utilización abusiva del período de prueba con el objeto de evitar la efectivización de trabajadores será pasible de las sanciones previstas en los regímenes sobre infracciones a las leyes de trabajo, y hará que el mismo sea inoponible a los trabajadores afectados.

"2. El empleador debe registrar el contrato de trabajo que comienza por el período de prueba. Caso contrario, y sin perjuicio de las consecuencias que se derivan de ese incumplimiento, se entiende que ha renunciado a dicho período.

"3. Durante el período de prueba las partes del contrato tienen los mismos derechos y obligaciones propias del vínculo laboral. Específicamente la pertenencia al colectivo laboral del trabajador y al pleno ejercicio de sus derechos sindicales.

"4. Durante el período de prueba, las partes podrán extinguir la relación, sin expresión de causa y sin obligación de preavisar. En caso que el empleador ejerza esta facultad, deberá abonar al trabajador el mes de integración, independientemente de la fecha en que haya comunicado la rescisión del vínculo laboral.

"5. Durante el período de prueba las partes están obligadas al pago de los aportes y contribuciones a la Seguridad Social.

"6. El trabajador mantendrá todos los derechos que se derivan de la normativa vigente en caso de accidente o enfermedad, sea ésta del trabajo o inculpable.

"7. En el supuesto que la trabajadora denunciara durante el período de prueba la situación de embarazo, adquirirá automáticamente la protección prevista en los artículos 198 y siguientes de la ley de contrato de trabajo.

"8. El período de prueba se computa como tiempo de servicio a todos los efectos legales y de la seguridad social."

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. CASTRO.- Señor presidente: propongo que la limitación del período de prueba llegue hasta los tres meses con todos los derechos que les concede la ley a los trabajadores durante este período, ello conociendo la situación de sometimiento, de precarización y de enorme vulnerabilidad en que se encuentran los trabajadores a prueba.

Coincido con el texto propuesto por el diputado preopinante en este artículo, con la limitación del período de prueba a tres meses, que es un tiempo más que razonable para que un trabajador de cualquier actividad pueda demostrar su capacidad, aptitudes e idoneidades.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. ZUNIGA.- Señor presidente: deseo expresar la necesidad de que los trabajadores de temporada de diversas regiones del país, encuadrados en convenios colectivos zonales o regionales, sean eximidos del período de prueba mencionado oportunamente.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. STOLBIZER.- Señor presidente: durante la discusión en general hemos visto que en forma recurrente se preguntaba si este proyecto de ley servirá o no para generar empleo, para resolver el problema del desempleo. Justamente este artículo nos va a brindar una respuesta concreta a esta situación. Nosotros dijimos que no resuelve el problema del desempleo, porque pedir a esta ley que lo haga sería como pretender que en materia penal el aumento de las penas solucione el problema de la inseguridad.

Lo que nosotros intentamos con este tipo de mecanismos es crear las condiciones objetivas para disminuir el desempleo, así como en la otra materia la inseguridad, como conflictos principales de la sociedad.

Sr. PICHETTO.- Pido la palabra para una aclaración.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. PICHETTO.- Señor presidente: considero que ya hemos escuchado con mucha atención a la señora diputada en ocasión del tratamiento en general. Ahora estamos analizado el artículo y no hace falta todo ese aporte que está haciendo, con el que está sobreactuando.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Continúa en el uso de la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. STOLBIZER.- Señor presidente: es muy breve lo que voy a plantear. Me parece muy importante fortalecer la idea porque además el proyecto del Poder Ejecutivo venía con un plazo más amplio, y el bloque de la Alianza, en la búsqueda de consenso planteado por el propio bloque Justicialista, accedió a disminuir el plazo del período de prueba, como principio general.

De todos modos, lo importante en el período de prueba no es la duración sino la posibilidad de abortar los actos que durante todo este año caracterizaron a la utilización de este instituto, que ha sido abusiva. De ahí la importancia que tiene la incorporación en este artículo de una cláusula antifraude, que castiga y además define lo que es la conducta abusiva, como lo es la contratación en cadena del mismo trabajador.

Si bien no resolvemos el problema del desempleo, este artículo claramente va dirigido a crear alguna chance de empleo nuevo y a proteger el empleo existente. En la actualidad, con la legislación vigente, el empleador despide al trabajador antes de finalizar el período de prueba, porque le sale mucho más barato contratar a un trabajador nuevo en la medida en que obtiene con esta nueva contratación los beneficios que da este período de prueba. A partir de esta ley, al empleador le convendrá incorporar al trabajador a su planta de personal estable porque recién entonces recibirá la descarga del aporte patronal. Esto proporcionará al empleado lo que nosotros hemos definido como el ingreso a un empleo estable, que es un empleo de calidad.

En este sentido, no hay duda de que ese trabajador que antes quedaba en la calle, incorporándose a la tasa de los desocupados, estará protegido por esta ley. Este proyecto defiende el empleo existente porque permiteque ese trabajador que antes iba a la calle hoy pueda ser incorporado en la planta de personal estable.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- ¿Acepta la comisión?

Sr. PASSO.- Señor presidente: la comisión no va a aceptar las modificaciones propuestas por los señores legisladores, pero va a incorporar algunas de su autoría, que obran en Secretaría, y que receptan la solicitud que hizo el señor diputado Zuñiga cuando firmó el dictamen.

En primer lugar, luego de la frase "El contrato de trabajo por tiempo indeterminado", se agrega la expresión "a excepción del contrato de trabajo caracterizado en el artículo 96 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 (texto según ley 24.013)."

En segundo término, en la frase que sigue donde dice "hasta un plazo máximo de seis (6) meses" debe decir "hasta un período de seis (6) meses".

En tercer lugar, en la frase anterior a la enumeración de incisos se reemplaza la palabra "aplican" por "aplicarán".

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Se va a votar mecánicamente el artículo 1° con las modificaciones propuestas por la comisión.

- Resulta afirmativa de 152 votos; votan 200 señores diputados sobre 203 presentes.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- En consideración en particular el artículo 2°.

Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. CASTRO.- Señor presidente: voy a proponer el agregado del siguiente párrafo al final del artículo 2°: "La presente disposición tendrá vigencia por el período de dos años a contar desde la entrada en vigencia de esta ley. Será aplicable únicamente a las empresas que a dicha fecha tuvieran una dotación inferior a cincuenta trabajadores y en tanto den cabal cumplimiento a las disposiciones legales que se refieren al máximo de la jornada diaria de 8 horas y semanal de 48 horas, y a los descansos mínimos establecidos en la legislación vigente."

Esta propuesta tiene por objeto recoger las observaciones de todas las organizaciones de las pequeñas y medianas empresas que oportunamente nos solicitaron la extensión de este beneficio a todos los trabajadores. Dado que esa extensión generalizada no es posible, nos solicitaron que al menos se limite a las pymes para no agregarles una desventaja comparativa, pues de lo contrario terminarían pagando más caro que las grandes empresas de los sectores más concentrados, que son las únicas que están tomando trabajadores en este momento.

La condición que se incluye de que las empresas cumplan con la jornada laboral de cuarenta y ocho horas semanales es la intención que ha sido anunciada por el señor vicepresidente de la Nación para poner en vigencia esta norma lo antes posible a los efectos de compartir el escaso empleo.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. MARTINEZ (E.M.).- Señor presidente: quiero reforzar el comentario de la señora diputada Castro en el sentido de que, basándonos en las mediocres estadísticas que existen en la Argentina sobre el tema en consideración, deberíamos dejar constancia de que la industria ha sido expulsora de trabajo en los últimos años. Además de representar aproximadamente el 60 por ciento del producto bruto de los servicios, es el único ámbito de la actividad donde se han tomado empleados en cantidades importantes.

Por lo tanto, las objeciones de las organizaciones de pymes comerciales tienen particular relevancia en este campo cuando reclaman que no se otorguen reducciones de aportes patronales diferenciales para quienes tomen empleo, teniendo en cuenta que de esa manera se favorece definidamente la concentración de un proceso que ya está produciéndose.

Estamos reforzando una tendencia que se viene produciendo en los últimos años, y esto lo digo con alguna insistencia en la medida que fue un hecho que se adiciona al conocimiento que tenemos los señores diputados en relación con los empresarios, ya que ninguno de nosotros lo había percibido y se trata de un dato relevante de la realidad.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. PASSO.- La comisión no acepta modificaciones, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. de BALDRICH.- Señor presidente: quiero sugerir una modificación en el segundo párrafo del artículo 2°, a fin de no castigar al interior del país en términos de la estructura de los aportes patronales, ya que la reducción en cuestión castiga a las provincias que, por su distancia de la Capital y por tener una brecha de desarrollo mayor, cuentan con un elemento totalmente justificado pues corren con desventaja respecto de la aglomeración de la Capital Federal.

Por lo tanto, solicito reemplazar el segundo párrafo del artículo 2° por el siguiente: "La reducción consiste en una exoneración parcial de las contribuciones al Sistema de la Seguridad Social equivalente a un tercio de las contribuciones vigentes".

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. GUTIERREZ.- Señor presidente: adhiero a la propuesta formulada por el señor diputado preopinante.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Jujuy.

Sr. SNOPEK.- Señor presidente: adhiero a la propuesta formulada por el señor diputado de Baldrich.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. PERNASETTI.- Señor presidente: cuando se discutió este tema en la comisión, se acordó la redacción de la última parte del segundo párrafo del artículo 2°, que se refiere a "las zonas donde al momento de la promulgación de la presente ley las contribuciones sean inferiores a ese porcentaje -12 por ciento-, la reducción por cada nuevo trabajador será de un tercio de las contribuciones vigentes", calculado sobre el decreto que establece las reducciones. De modo tal que se trata de un tercio de lo que establece el decreto, y las ventajas comparativas se mantienen.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. de BALDRICH.- Señor presidente: si bien es cierto que se mantiene un orden de caída en los aportes, la estructura, que estaba muy claramente especificada en términos de las dos variables -la distancia a la Capital Federal y la brecha de desarrollo-, cambia totalmente.

Por lo tanto, en esencia, lo que cambia es el incentivo para muchos de los sectores productivos, y este es el objetivo que persigue mi propuesta.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. PASSO.- Señor presidente: consideramos que la aclaración sirve para perfeccionar la norma; por lo tanto, aceptamos la modificación. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Se va a votar el artículo 2° con la modificación propuesta por el señor diputado de Baldrich y aceptada por la comisión.

- Resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- En consideración el artículo 3°.

Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. CASTRO.- Señor presidente: sugiero que en el último párrafo, donde dice: "Sin perjuicio de ello, están incluidos dentro del ámbito de vigencia de esta ley los sectores de la administración pública nacional...", se agregue la expresión "provincial y municipal".

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. PERNASETTI.- Señor presidente: entendemos que las administraciones provincial y municipal están regladas por el derecho público de orden local, lo que no es materia de esta iniciativa, motivo por el cual no aceptamos el agregado propuesto.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Se va a votar el artículo 3°.

- Resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- En consideración el artículo 4°.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. MARTINEZ (G.A.).- Señor presidente: si bien el texto del artículo en su primera parte coincide con el texto del Poder Ejecutivo nacional, nuestra propuesta es modificar la última parte, donde se garantiza la presencia de los representantes de la pequeña empresa en la negociación colectiva.

El texto que proponemos agregar es el siguiente: "En todos los casos en que se constituya una unidad de negociación de una convención colectiva, que incluya a más de un empleador, entre los cuales se encuentren pequeñas empresas, debe acreditarse en el convenio que se celebre, y que ha sido negociado por sus propios representantes."

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. ATANASOF.- Señor presidente: propongo que se modifique el artículo en consideración a efectos de que el artículo 2° de la ley 14.250 tenga una redacción en la que se agregue que ninguna de las partes podrá negarse a constituir la unidad de negociación cuando se tratare de la renovación en el mismo nivel y ámbito de un convenio colectivo de trabajo ya vencido.

Esto apunta a evitar vacíos convencionales derivados de negativas a negociar injustificadamente, situación que se podría llegar a configurar si se dejara librada la constitución de la unidad de negociación a la sola, exclusiva y absoluta voluntad de los empleadores. En mi opinión ello justifica la imposición del deber de negociar que estará limitado en el caso de renovación de un convenio colectivo vencido.

El texto que proponemos dice así: "Cuando la unidad de negociación exceda el ámbito de una o varias empresas determinadas, la autoridad de aplicación establecerá sus alcances, en función de la aptitud representativa del sindicato definida en el acto de otorgamiento de su personería gremial y de la del grupo de empleadores y asociaciones de empleadores. Ninguna de las partes podrá negarse a constituir la unidad de negociación cuando se tratare de la renovación en el mismo nivel y ámbito de un convenio colectivo de trabajo vencido.

"En caso de haber dejado de existir la o las asociaciones de empleadores que hayan acordado la anterior convención colectiva, o que no hubiera ninguna, o que la existente no pueda ser calificada de suficientemente representativa, la autoridad interviniente en las negociaciones, siguiendo las pautas que deberán fijarse en la reglamentación, podrá atribuir la representación del sector empleador a un grupo de aquellos con relación a los cuales deberá operar la convención, o tener como representantes de todos ellos, a quien o a quienes puedan ser considerados legitimados para asumir el carácter de parte en las negociaciones.

"En todos los casos que se constituya una unidad de negociación de una convención colectiva,que incluya a más de un empleador, entre los cuales se encuentren pequeñas empresas, deberá acreditarse en el convenio que se celebre que contiene un capítulo específico que las comprende que ha sido negociado por sus propios representantes."

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. PASSO.- Señor presidente: la comisión ha discutido este artículo con todos los sectores y no acepta modificar su redacción porque cumple con los objetivos que plantea el proyecto.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Se va a votar el artículo 4°.

- Resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- En consideración en particular el artículo 5°.

Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. ZACARIAS.- Señor presidente: antes de proseguir con la consideración de los demás artículos quiero que se contemple la posibilidad de incorporar a este proyecto un artículo que determine que la ley tenga un tiempo de duración no mayor a dos años a partir de su entrada en vigencia, a efectos de que la norma pueda ser corregida por la comisión bicameral a crearse en caso de observarse un resultado negativo en los índices de desempleo en la Argentina.

Hago esta propuesta porque es nuestra preocupación ir corrigiendo este flagelo que desde hace muchos años viene azotando a nuestro país.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. PERNASETTI.- Señor presidente: mediante este proyecto estamos modificando nada más y nada menos que la ley 14.250, de negociaciones colectivas de trabajo. Dentro de sus disposiciones están fijados plazos, por ejemplo para la salida de la ultraactividad de dos años a partir del momento en que alguna de las partes denuncie el convenio o se llame a negociación.

Establecer un plazo de vigencia para esta ley es desnaturalizarla totalmente, ya que el proceso que se abre puede durar mucho más de dos años. De hecho, la norma prevé, para los convenios ultraactivos, prácticamente tres años para la salida. De manera tal que es imposible fijar un plazo de vigencia.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. STOLBIZER.- Señor presidente: voy a ser muy breve, pero no quiero dejar de destacar en este artículo la recuperación de lo que ya hemos hablado, que es el fortalecimiento institucional del Ministerio de Trabajo a partir de reincorporar la homologación del ministerio en los convenios celebrados por empresas, requisito que había sido derogado por un decreto de 1993. Por medio de este requisito, lo que se pretende es un control de legalidad por parte del Ministerio de Trabajo, la presencia y el rol fuerte de un Estado no intervencionista, pero tampoco indiferente, sino comprometido con esa negociación colectiva. Sobre la base del respeto a la autonomía de la voluntad individual de las partes se podrá garantizar mediante este control de legalidad que no podrán perforarse aquellos derechos mínimos inderogables.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. MARTINEZ (G.A.).- Señor presidente: sugiero agregar un nuevo artículo cuyo texto es el siguiente: "Agrégase al texto del artículo 3° de la ley 14.250 (texto ordenado decreto 108/88) un párrafo final cuyo texto es el siguiente: 'Si las partes no hubieran fijado el plazo de vigencia del convenio colectivo, éste se entiende celebrado por dos (2) años, contados a partir de la fecha de registración."

Propongo que se agregue este artículo al texto de la ley 14.250 a los efectos de que quede explícito un plazo mínimo de vigencia para aquellos convenios que no lo hubiesen previsto específicamente. Éste es un fundamento de técnica legislativa. El proyecto del Poder Ejecutivo contiene esta previsión conjuntamente con la ultraactividad, a la cual hemos dado un tratamiento específico.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Río Negro.

Sr. PICHETTO.- Señor presidente: a los efectos de agilizar este debate y aplicando además cuestiones de técnica legislativa, sugerimos al oficialismo que se unifique el miembro informante en el presidente de la comisión, porque de lo contrario seguimos hablando del tema en general, cuando de lo que se trata es de apuntar a las disidencias o a las aceptaciones por parte de la comisión.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. PASSO.- Señor presidente: aclaro que estamos hablando del artículo 5°, porque me parece que hubo inconvenientes en la apreciación y en las proposiciones, que se cruzaron.

La comisión va a mantener sin modificaciones el texto del artículo 5°.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Se va a votar el artículo 5°.

- Resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- En consideración el artículo 6°.

Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. CASTRO.- Señor presidente: estamos tratando el tema que tanto se ha debatido en esta sesión y que se refiere a la pérdida de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo.

Por este artículo hemos recibido el reclamo de todos los dirigentes sindicales que hoy han concurrido para abrazar el Congreso y la Plaza de Mayo. Nos guste o no, los trabajadores nos han señalado sus aspiraciones como pudieron, dado que no han tenido la oportunidad de participar en una verdadera concertación. Una negociación sin piso y sin la vigencia de un convenio colectivo anterior es un simulacro de negociación o una negociación inexistente.

Los trabajadores, con la debilidad negocial que presentan los sindicatos en el actual contexto, como consecuencia del desempleo, necesitan del convenio colectivo de trabajo anterior.

Si terminamos con la ultraactividad, los representantes de los trabajadores se verán obligados a aceptar cualquier cosa, lo que ineludiblemente concluirá con la pérdida de condiciones salariales, de trabajo, de salud y de seguridad para todos los trabajadores.

Por lo tanto, voy a solicitar una modificación de este artículo, que quedaría redactado de la siguiente manera: "Modifícase el artículo 6° de la ley 14.250, el que tendrá en lo sucesivo el siguiente texto: ´Las partes pueden determinar distintas fechas de vencimiento para cualquier cláusula. Vencido el término de vigencia de una convención colectiva se mantendrán subsistentes las condiciones de trabajo resultantes de la misma, a la par que las normas relativas a contribuciones y demás obligaciones asumidas por los empleadores. Todo ello hasta que entre en vigencia una nueva convención y en tanto en la convención colectiva cuyos términos estuviesen vencidos no se haya acordado lo contrario."

Espero que los señores diputados tengan en cuenta este reclamo, que ha unido a todos los representantes sindicales.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. ATANASOF.- Señor presidente: entendemos que el artículo 6° de la ley 14.250, tal como se planteaba recién, es realmente uno de los artículos más importantes que pretenderíamos conservar con su redacción.

Simplemente nuestra propuesta sería la siguiente: "Agrégase al artículo 6° de la ley 14250 (texto ordenado decreto 108/88) el párrafo con el siguiente texto: ´Las partes pueden determinar distintas fechas de vencimiento para cualquier cláusula."

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. PASSO.- La comisión entiende que la ultraactividad legítima es la convencional. Por lo tanto, la comisión y la Alianza interpretan que este artículo está redactado de acuerdo con las consultas que se han llevado adelante con distintos sectores, por lo que no aceptamos ninguna modificación.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Se va a votar el artículo 6° por el sistema mecánico.

- Resulta afirmativa de 127 votos; votan 200 señores diputados sobre 203 presentes.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- En consideración el artículo 7°.

Se va a votar.

- Resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- En consideración el artículo 8°.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. MARTINEZ (G.A.).- Señor presidente: propongo agregar el siguiente párrafo: "Dicha negociación se podrá celebrar siempre que los actores sociales involucrados presten conformidad expresa."

Por otra parte, proponemos agregar al texto del dictamen de mayoría la constitución de la comisión negociadora.

Es decir que proponemos introducir una modificación que impulse la libertad de negociación de las partes, reduciendo al mínimo toda posibilidad de intromisión estatal nacional o provincial, pero requiriéndose la conformidad expresa de los intervinientes para que opere la delegación de funciones que sí apoyamos.

De todas maneras es importante destacar que la constitución de la comisión negociadora, así como la homologación, son facultades indelegables del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. CASTRO.- Señor presidente: apoyo el texto sugerido por el señor diputado Gerardo Martínez.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. ATANASOF.- Señor presidente: en este artículo se están transfiriendo a las provincias una cantidad de funciones en materia de negociación colectiva. Nosotros entendemos que es probable que tengan inconvenientes en cuanto a los recursos económicos.

En consecuencia, para resolver las necesidades que las provincias puedan tener para instrumentar esta iniciativa, proponemos que al final del artículo se agregue lo siguiente: "En los convenios que se celebren con las provincias se deberá prever la transferencia de los recursos técnicos y económicos que aseguren el cumplimiento de la norma en forma efectiva y eficiente."

Sr. UBALDINI.- Pido la palabra para una aclaración.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. UBALDINI.- Señor presidente: el señor diputado Atanasof se refirió al artículo 9° y está en tratamiento el artículo 8°. ¿Esto es así?

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- El señor diputado Ubaldini pregunta si el señor diputado Atanasof se refería al artículo 8° o al 9°.

Sr. PASSO.- Se está refiriendo al artículo 8°, señor presidente.

Sr. UBALDINI.- En ese caso, ¿se pretende unificar ambos artículos?

Sr. PASSO.- No, señor diputado. El artículo 9° se refiere a la incorporación de nuevos capítulos a la ley 14.250. Ahora estamos considerando el artículo 8°.

La comisión acepta la modificación propuesta por el señor diputado Atanasof, tal como se había acordado, por lo cual se agregaría como último párrafo del artículo 8° el siguiente: "En los convenios que se celebren con las provincias se deberá prever la transferencia de los recursos técnicos y económicos que aseguren el cumplimiento de la norma en forma efectiva y eficiente."

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Se va a votar el artículo 8° con la modificación propuesta por el señor diputado Atanasof y aceptada por la comisión.

- Resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- En consideración el artículo 9°.

Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. PASSO.- Señor presidente: este artículo incorpora nuevos artículos a la ley 14.250 y las modificaciones que hemos efectuado al dictamen son las siguientes. En el artículo 22 se propone agregar al final el siguiente párrafo: "En caso que el número de delegados o miembros de la comisión interna, elegidos según los artículos 40 y siguientes de la ley 23.551, supere el expresado en el párrafo anterior, la selección de los que integrarán la comisión negociadora se hará conforme lo establezcan los estatutos sindicales."

El artículo 24 también sufre una modificación pues la frase "salvo que las partes de aquel manifestaren de modo expreso" continúa del siguiente modo: "su adhesión a este último, o estuvieren representadas por acto expreso emitido a tal fin en la comisión negociadora del convenio colectivo posterior."

En el artículo 25 se agrega a continuación de "un convenio colectivo" la expresión "de trabajo". Y luego del párrafo que finaliza con la expresión "con este último" se agrega el siguiente: "La entidad sindical signataria del convenio colectivo de ámbito mayor participará, a su solicitud, en la comisión negociadora del convenio colectivo de ámbito menor junto con la entidad gremial de grado inferior que hubiere manifestado su voluntad de negociar en ese nivel. En caso de discrepancia entre los representantes de ambas entidades sindicales prevalecerá la voluntad de la entidad de menor grado."

En el artículo 26 se reemplaza la expresión "los derechos reconocidos en aquél" por "los derechos reconocidos en éste", y se modifica la última frase para que quede redactada de esta forma: "En dicho supuesto, se aplicará íntegramente lo regulado en el nuevo convenio."

A su vez, en el segundo párrafo del artículo 27, a continuación de "la exclusión de una empresa sólo procederá si fuere acordada entre el empleador y el sindicato...", se agrega: "signataria del convenio colectivo, cuando así lo requiriere la situación económica de la empresa frente a situaciones de crisis y por un período determinado..." Luego continúa sin modificaciones.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. MARTINEZ (G.A.).- Señor presidente: con referencia a este artículo el Poder Ejecutivo ha pretendido ejercer una ilegítima intromisión en el modelo sindical argentino. Por ello, cuando propiciamos la modificación que ponemos a consideración de los señores diputados, eliminamos los topes que se pretende imponer en el número de delegados que integran la comisión negociadora, remitiéndonos expresamente al artículo 45 de la ley 23.551. Todo número que se pretenda imponer resulta arbitrario y discrecional, ya que la ley sindical ha establecido una proporcionalidad en la representación de los trabajadores que no debe ser modificada.

Por lo tanto propongo el siguiente texto en relación con el artículo 22. Dice así: "La representación de los trabajadores en la negociación del convenio colectivo de trabajo de empresa, está a cargo del sindicato cuya personería gremial los comprenda, cualquiera fuere el mayor ámbito de representación que el mismo detentare. Sin embargo, si se pretendiere negociar un convenio de empresa y la unidad de representación del sindicato tuviere un ámbito superior al de esa empresa, la representación de los trabajadores debe integrarse también con los delegados del personal o miembros de la comisión interna, en un número que no exceda la representación establecida en el artículo 45 de la ley N° 23.551."

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. CASTRO.- Señor presidente: entiendo que la propuesta formulada por el señor diputado preopinante introduce un aspecto interesante en la democratización del sindicato tendiente a la participación de los delegados en la negociación colectiva, de manera que apoyo la modificación sugerida.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. STOLBIZER.- Señor presidente: lamento incomodar el apuro del señor diputado Pichetto pero intento efectuar un aporte a la discusión, porque la técnica legislativa indica que debe abrirse el debate de cada uno de los artículos contenidos en la iniciativa aprobada en general.

La diversificación funcional y territorial que se propone de ninguna manera desvirtúa el convenio colectivo de actividad o de rama. Lo que se intenta por medio de esta diversificación es hacer una adaptación a las necesidades y urgencias tanto del trabajador como del empleador, precisamente para mejorar de ese modo las condiciones de trabajo.

En la propuesta oficial el único sujeto que puede llevar a cabo la negociación es el sindicato en cualquiera de sus grados. Esto habla claramente de la intención del proyecto tendiente al fortalecimiento de las asociaciones sindicales.

Sin embargo, así como estamos diciendo esto también sostenemos que creemos necesario que este fortalecimiento se dé a partir de las organizaciones de base a las que la ley 25.013 -llamada ley Erman- despojó de las atribuciones a favor de las entidades de grado superior.

Asimismo, voy a leer un dictamen emitido por la comisión de expertos de la OIT hace pocos días, que en relación con la ley 25.013 determina: "La legislación no debería establecer cuál es el grado de negociación de los trabajadores, que tienen el poder para negociar." Por lo tanto, la comisión de expertos de la OIT solicita al gobierno de la Argentina que tome medidas para modificar la legislación en ese sentido.

Lo que quiero agregar es que el único antecedente legal de esta disposición centralizadora del poder de negociación, es la ley 22.105, de la dictadura militar.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. MARTINEZ (E.M.).- Señor presidente: como es evidente por el debate de todo el día de hoy, este capítulo contiene el nivel de controversia más fuerte.

Según parece por lo que hemos hablado esta tarde, no se tiene en cuenta la prevalencia de la norma convencional más favorable al trabajador en los artículos 24 a 26.

Como con posterioridad a mi intervención en el debate en general el diputado Pernasetti sostuvo que la jurisprudencia establece que la prevalencia de esa norma mantiene su vigencia a pesar del texto que aquí se formuló, mi confusión aumentó, porque si la prevalencia se mantiene, ¿por qué no hacerla explícita?

Por lo tanto, apoyándome en los dichos del diputado Pernasetti, ¿por qué no explicitar en todos los lugares donde fuera conveniente, que prevalecerán las normas convencionales más favorables al trabajador?

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. CASTRO.- Señor presidente: en el mismo sentido en que lo ha hecho el señor diputado Martínez, quiero expresar que las diferencias medulares que hemos tenido no son respecto al ámbito de negociación en sí. Todos estamos de acuerdo con que se pueda negociar por empresa.

La novedad que introduce esta norma es que el convenio de ámbito menor tendrá una prevalencia sobre el de ámbito mayor. Dado el contexto y la estadística de que en los últimos cinco años todos los convenios de empresas se realizaron a la baja, y de que todos estamos de acuerdo en que queremos proteger la piedra fundamental del derecho protectorio del trabajo, que es la norma más favorable al trabajador, sugiero que lo dejemos explícito; nuestras diferencias serán zanjadas y habremos llegado a un verdadero consenso. Pero mucho más importante que nuestro consenso es que demos tranquilidad a los trabajadores, que están en una situación de vulnerabilidad absolutamente inhumana.

De modo que el texto que propongo para reemplazar a los artículos 24, 25 y 26 es el siguiente: "En caso de sucesión temporal o concurrencia de convenios colectivos de diferentes ámbitos, y a falta de estipulaciones respecto de la articulación de convenios en el ámbito superior, prevalecerán las normas convencionales más favorables al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que rijan cada una de las instituciones del derecho del trabajo."

Solicito que esta propuesta sea sometida a consideración de los señores diputados.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. POLINO.- Señor presidente: antes de comenzar la sesión tuve un diálogo con el señor diputado Pernasetti, y cuando él me señaló ese fallo, esa jurisprudencia, yo le marqué la conveniencia de que en el resto de los artículos quedase expresamente consignada la norma más favorable al trabajador. De esa manera evitamos cualquier duda que pueda presentarse en el futuro. Si la intención de la comisión es que por el juego del artículo 7° esa prevalencia se mantenga en todo el articulado de la ley, considero que no existe ningún inconveniente, y daría tranquilidad a todos con la mención expresa en el artículo en consideración.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. UBALDINI.- Señor presidente: nosotros tenemos un texto similar, pero apoyamos y avalamos la posición de la señora diputada Castro y del señor diputado Polino.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. NOFAL.- Señor presidente: me opongo a la posición sostenida por la diputada Castro y los diputados Polino y Ubaldini, y lo hago por una razón de peso, que no ha sido suficientemente explicitada en esta sesión.

Si bien esta norma de por sí no va a crear directamente empleo, va a permitir contrarrestar la migración de empleos y el desvío de inversiones fuera del país. La clave para que esto suceda son los artículos 21, 24 y 25, y voy a poner un par de ejemplos para demostrarlo.

El señor diputado Jesús Rodríguez se refirió a la desigualdad en términos de segmentos de distribución del ingreso. Nosotros planteamos esa desigualdad en términos del destino regional de los ingresos. La Capital Federal tiene un ingreso per cápita de aproximadamente 20 mil dólares anuales, que es superior al ingreso promedio de Francia. En cambio, la provincia del Chaco -cuya representante, la señora diputada Elisa Carrió, por quien tengo el mayor de los respetos, se ha opuesto a esta norma- tiene un ingreso per cápita anual cercano a los 1.500 dólares.

Me pregunto cómo una negociación centralizada en la Capital Federal puede tener en cuenta las diferencias de ingresos y de costo de vida entre aquellas dos regiones. Me pregunto cómo la señora diputada Alicia Castro dice que el sindicato de comercio establece un salario con un piso de 400 pesos...

- Varios señores diputados hablan a la vez.

Sra. NOFAL.- Ese salario piso puede serlo para un supermercado localizado en la Capital Federal con centros de consumo que están concentrados en términos de ingreso y que geográficamente son los más grandes del país. No es un sueldo para una taller o un mercado localizado en La Quiaca, Yapeyú, Resistencia o algún otro lugar del país.

Creo que la adaptación de la negociación laboral a las condiciones de costo de vida y de desarrollo de las diferentes regiones del país permitirá parar la sangría de la pérdida de empleos, que emigran fuera del país hacia regiones físicas que tienen condiciones laborales diferentes. También podremos reindustrializar el interior del país localizando allí la actividad productiva, y por esa vía crear empleos en dichas regiones.

Aquí se dijo que en el noroeste del país el empleo que predomina es el público, y seguramente seguirá predominando si la negociación colectiva se adapta a las condiciones de ingreso y costo de vida -que en el lenguaje de Marx es la reproducción de la fuerza de trabajo- de la Capital Federal.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. STUBRIN.- Señor presidente: estábamos discutiendo el problema de si la negociación era centralizada o ajustada a cada región. Los señores diputados Gerardo Martínez, Castro y otros señores legisladores intentaban incluir en la norma la famosa cláusula protectora de los derechos laborales que sostiene que se debe aplicar la norma más favorable al trabajador. Ese era el punto en el que estábamos antes de la intervención de la señora diputada Beatriz Nofal.

Los diputados Polino y Castro recordaron una interpretación doctrinaria que hizo el diputado Pernasetti según la cual la cláusula de la norma más favorable al trabajador sigue vigente. Me pregunto cuál sería el efecto de incluir en la norma que eso sigue vigente, pese al ejemplo clásico que hemos trajinado durante todo este tiempo. Cuando el sindicato mercantil renunció alsábado inglés y a la prohibición de trabajar de noche y los días domingo, tal como estaba establecido en el convenio colectivo, ¿cómo se hace la interpretación sistemática del principio in dubio pro operario? De una sola manera: quien tiene la facultad de renunciar al derecho previo adquirido es la organización sindical.

No estamos proponiendo que se vulneren los derechos de los trabajadores sino que la nueva negociación -también integrada por representaciones sindicales- tenga la facultad de resignar, modificar, aumentar o disminuir vacaciones, salarios u otras condiciones funcionales que aumenten la productividad y posibiliten una adaptación local de esa negociación.

La pregunta es quién está facultado para renunciar. Volvemos a responder: sigue facultado a renunciar o a conquistar derechos el representante de los trabajadores que, de acuerdo con nuestro sistema normativo, está constituido por las asociaciones gremiales de trabajadores con representación acreditada legalmente. No hay un relajamiento sindical donde todos puedan negociar; hay sindicatos de grado menor y respeto a la llamada representación gremial obligatoria que rige en la Argentina -aunque no en todos los países del mundo- y forma parte de la tradición organizativa de nuestro movimiento obrero.

Entonces, cuando el sindicato mercantil renunció a ese derecho de tener una posición más confortable, con menor cantidad de horas de trabajo y condiciones más dignas -no había trabajo nocturno-, aceptó la lógica de los supermercados y de las estaciones de servicio trabajando día y noche. La norma se aplica de manera integrada porque nadie obliga a las organizaciones representativas de trabajadores a firmar convenios que sean perjudiciales para sus representados. De lo contrario, no se ha entendido nada de lo que aquí hemos discutido.

¿Qué pasa después? Es evidente que existe un ejército de desocupados inmenso y el problema radica en la naturaleza del aparato estatal. ¿Para quién se inclina la balanza de la representación política de los argentinos que se concentra en el Estado? Esta no es una cuestión de fe o de depositar mágicamente esta responsabilidad en ese funcionario del Ministerio de Trabajo que va a tener a cargo la supervisión y homologación de estos convenios.

Los diputados Allende, Passo y Alessandro se han referido a esta cuestión: la sociedad va a vigilar el tipo de Argentina que vamos a construir y en qué clase de modelo de construcción social va a estar esta renegociación de los convenios colectivos.

Finalmente, si esta cláusula fuera efímera, quiero recordar que integramos el Congreso de la Nación y hoy podemos sancionar una norma que creemos correcta, pero si la realidad desmintiera el sentido que legítimamente pretendemos dar a esta disposición, en el día de mañana estaremos en condiciones de modificarla.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. VARESE.- Señor presidente: hablo en representación del bloque Cruzada Renovadora, de la provincia de San Juan, integrante de la Alianza. Hemos votado afirmativamente en general esta iniciativa, pero ello no nos ha despejado las enormes dudas que nos quedan teniendo en cuenta el contraste que existe entre los puntos positivos y beneficiosos para el sector de los trabajadores frente a los puntos negativos que puede contener este texto legal.

Casualmente, entre los puntos negativos se encuentran los artículos 23 a 27 contenidos en el Capítulo IV del artículo 9° del proyecto en consideración, por los que se intenta modificar la ley 14.250.

Por lo tanto, manteniendo la libertad que nos otorga nuestro partido, la Alianza y el mismo bloque Federal, vamos a disentir totalmente en este punto. No podemos aceptar que convenios colectivos de ámbitomenor modifiquen otros de ámbito mayor anteriores, y que además no puedan ser modificados por convenios colectivos de ámbito mayor posteriores.

Tal como lo señaló una diputada preopinante, se están dejando de lado cincuenta años de legislación laboral del país, legislación que no sólo resulta afectada por esta iniciativa sino también por leyes nacionales que datan de algún tiempo atrás.

Se está olvidando esa especie de principio básico que alimenta todo convenio colectivo, que sostiene que la norma que debe primar es la más favorable para el trabajador.

En resumen, con este texto se cambia un término por otro; no se hacen primar los mejores convenios colectivos para el trabajador sino que se los cambia por convenios colectivos menores.

Si se permite que convenios colectivos posteriores puedan menoscabar los derechos ya establecidos de los trabajadores, en las nuevas normas y convenios -entre empresas y trabajadores, por actividad, por empresa o por conjunto de empresas-, poco nos separa de la disminución de aquellos pisos salariales que siempre la legislación laboral ha considerado intocables.

Tenemos la enorme duda de si este proyecto puede alimentar fuentes de trabajo, porque en realidad la imagen que nos da es que en la práctica se está intentando disminuir los costos laborales de las empresas. Dicho de otra forma, se pretende justificar el plan de convertibilidad con una baja de los salarios.

Para finalizar adelanto que apoyo la proposición formulada por la señora diputada Castro sobre la modificación del capítulo IV de la ley 14.250.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra la señora diputada por el Chaco.

Sra. CARRIÓ.- Señor presidente: no pensaba participar de este debate, pero la intervención de la señora diputada Nofal me obliga a hacer uso de la palabra.

Creo que con enorme honestidad intelectual ella colocó el punto exactamente donde uno tiene la objeción de conciencia política y moral. Al pertenecer a una provincia pobre, con el menor ingreso per cápita del país, yo debería volver a decirles a los obreros chaqueños que ganarán un sueldo por debajo del piso salarial porque ahora el modelo de concentración económica es legal. La exclusión social está legalizada, y esto es lo que no se puede decir.

No es cierto que el costo de vida cambia de un lugar a otro: los costos son distintos. Por otra parte, no se pueden comparar costos, como se hizo en un debate anterior, sosteniendo que es diferente el precio de un restorán. En realidad, en la Argentina ningún obrero puede ir a un restorán, y menos todavía un obrero del Chaco.

Este es el punto central de la cuestión pues posibilita la negociación a la baja de los obreros de las provincias más pobres del país que ya sufrieron todas las consecuencias del modelo de exclusión social. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. SEBASTIANI.- Señor presidente: deseo aclarar que en el dictamen de mayoría la presencia de los trabajadores en la negociación está garantizada por la asistencia del sindicato en todos los niveles de negociación. Por lo tanto, no entiendo cuál es el problema.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. DIAZ BANCALARI.- Señor presidente: durante el debate en general y luego de escuchar diversas expresiones tranquilizadoras me había quedado la duda de si realmente existía la intención de no perjudicar el derecho individual del trabajo, de no atentar contra el orden público laboral y de no transformar esta norma en lo que me hacía suponer mi experiencia de treinta años de abogado laboralista: que esta norma se dictaba precisamente para obligar a la negociación a la baja.

El debate que se empieza a desarrollar en este momento me da la certeza y la convicción de que, si no se acepta la propuesta que honestamente ha planteado la diputada Castro, lo que se quiere es eludir una violación normativa de esa naturaleza que la hace intolerable.

Por lo tanto, considero que sería conveniente que, aunque nos tuviéramos que extender por más tiempo en esta discusión, seamos honestos intelectualmente y digamos en forma clara qué es lo que se pretende. Derogar el principio esencial, doctrinario y legislativo de la norma más favorable al trabajador es establecer en las relaciones de trabajo la ley de la selva, es atentar contra la paz social y, fundamentalmente, atentar contra todas las instituciones del derecho. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. MARTINEZ (E.M.).- Señor presidente: lamento introducir algún desorden en el debate, pero este artículo contiene a su vez varios capítulos.

Había hecho referencia en forma general al antecedente que brindaba el diputado Pernasetti. Me pareció que eso resolvía la cuestión, pero aparentemente no ha habido respuesta concreta sobre el tema. Además, luego de mi exposición intervino la señora diputada Nofal, que en rigor, más allá de los tecnicismos, introdujo la justificación económica de la posibilidad de convenios diferenciales por región, apoyándose en que los de menor desarrollo relativo deberían tener suficiente amplitud de criterio en la fijación de convenios como para no ser referenciados a otros convenios de la misma actividad de otras partes del país y, por lo tanto, permitir hacer uso de lo que -tal como lo dije anteriormente, durante el debate en general- el Banco Mundial llama las ventajas comparativas de las regiones.

Ese tema me obliga a intervenir nuevamente porque constituye justamente el punto central de discusión para orientar una política productiva en un país de desarrollo intermedio como la Argentina. En el mundo está razonablemente claro cómo proceder en Vietnam, en Bangladesh o en Tanzania. Allí los ingresos son lo suficientemente bajos como para que haya que ocuparse de la infraestructura, de la educación mínima de la población y de ocupaciones de alta densidad de mano de obra que vayan incrementando progresivamente el ingreso de esa población.

También está razonablemente claro qué hacer en los países de alto desarrollo productivo. Pero lo que justamente está en discusión y puesto en crisis por la globalización es qué políticas deben adoptar los países de desarrollo intermedio, porque éstos tienen sólo dos opciones: o intentan retroceder en sus escalas salariales generando acumulaciones a partir de altos contenidos de mano de obra y bajas retribuciones que los devuelvan a un supuesto circuito de crecimiento, o bien intentan vincularse con el mundo desarrollado con un gran esfuerzo de organización social que signifique dar mayor importancia a las empresas -sobre todo a aquellas de alto contenido de tecnología-, a la asociación entre empresas, a cada uno de los intereses regionales, pero buscando la manera de valorizar los recursos materiales y humanos de cada lugar. Vale decir, se trata de una dimensión que va más allá de la que el neoliberalismo nos enseñó. El automatismo casi desaparece por completo, porque la comunidad en su conjunto debe movilizarse. Ello es así si la sociedad se va a movilizar hacia arriba y si queremos alcanzar a Grecia, España o Portugal, y no hablo de Noruega.

Esta discusión se violenta cuando aparece la posibilidad de suponer que con esta iniciativa o con cualquier otra podemos tener desarrollo dando cualquier trabajo cuando no hay ningún trabajo.

La teoría de que las fábricas de esterillas o automóviles no se trasladarán a Brasil porque vamos a pagar los mismos salarios es absolutamente perversa y, además, falsa, a pesar de su aparente lógica microeconómica.

En estos tiempos de globalización, donde se aplican las mismas teorías en distintas partes del mundo, lo que podríamos hacer para sustentarla es encontrar algún otro lugar en que haya sido exitosa.

El único sitio donde se intentó aplicar esa teoría fue en México, donde hace diecisiete años que el salario real está retrocediendo sistemáticamente. Se ha conseguido que la maquila, que se practicaba en una zona fronteriza desprotegida, se haya trasladado a todo el país.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Su tiempo se está agotando, señor diputado.

Sr. MARTÍNEZ (E.M.).- De manera que si la señora diputada pudiera demostrar que Italia, Gales -como la zona más atrasada del Reino Unido- o Alemania Oriental -cuando se fusionó con Alemania Occidental- se desarrollan con ese mecanismo, me quedaría conforme, pero no es así.

Por lo tanto, apoyarse en el retraso de los salarios para conseguir el crecimiento de una zona del país nos llevará a disminuir los salarios de todo la nación, además de haber perjudicado a los primeros a los que se aplicó ese criterio, ya que el mecanismo es aditivo.

No tendremos destino si queremos retroceder hasta los salarios brasileños, chilenos o paraguayos. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.

Sr. ROMERO.- Señor presidente: nos hemos empantanado porque estamos tratando en forma igualitaria cuestiones que son diferentes. Se intenta imponer una norma de sentido autoritario, cuando todos saben que en el país existen en realidad varios países.

¿Qué quiero decir con esta frase? Pareciera que sólo estamos defendiendo al sector laboral, cuando los otros actores de este proceso, que son los empresarios, padecen las mismas condiciones miserables en el norte de nuestro país.

Entonces, cuando un convenio con sentido autoritario, celebrado desde el país central, impone condiciones laborales que no se acuerdan conforme con las condiciones de cada región, se están estableciendo diferencias odiosas, que hacen que la concentración sea mayor en el país central, donde se producen estos hechos.

Las cosas que son diferentes deben ser tratadas en forma distinta. Es cierto lo que dijeron las señoras diputadas Carrió y Nofal, pero me pregunto cuál es la verdad. Para que la verdad sea tal, debe ser universal y valer para todos.

La verdad es que las condiciones miserables en las que viven los obreros del norte también las padecen los empresarios de esas zonas. Entonces, es justo que el equilibrio sea para todos. Por eso el principio liminar del artículo 7° del in dubio pro operario campea en toda la iniciativa, aun cuando no nos guste.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. PERNASETTI.- Señor presidente: el principio protectorio está en el artículo 7° y se aplica en todas las situaciones. En este sentido, la posibilidad de que un convenio colectivo disponga sobre uno anterior no es una novedad. El debate ya está prácticamente sentado en la Argentina. Toda la jurisprudencia en este momento lo admite.

¿Está mal acaso que un sindicato pueda hacer concesiones recíprocas en la negociación? No está mal, porque cada sindicato sabe lo que puede negociar y hasta dónde. No hay que minimizar la posibilidad de que los sindicatos del interior puedan negociar mejores condiciones que las vigentes en otro lado. Afirmar lo contrario es actuar en forma peyorativa y colocarse en contra de la dirigencia del interior.

Considero que la dirigencia del interior ha mostrado mayor capacidad que cualquier dirigente de la Capital. Por lo tanto, insistimos en que el principio protectorio está vigente en la norma. No estamos habilitando la disponibilidad colectiva de ningún derecho.

En consecuencia, mociono que se vote esta primera parte del artículo 9°, que comprende la incorporación de nuevos artículos a la ley 14.250; me refiero a los artículos 22 a 27. Luego podríamos seguir con los artículos 28 y 29.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Usted está proponiendo un nuevo método de votación.

Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. PASSO.- Señor presidente: en realidad, el artículo 9° abarca también a los artículos 28 y 29, cuya nueva redacción sería la siguiente: "Artículo 28: en relación con los convenios colectivos de trabajo celebrados antes de la promulgación de la ley 23.545 que se encontraren vigentes por ultraactividad a la fecha de la sanción de esta ley, se establece que su vigencia se prorrogará por dos años contados a partir de la fecha de la resolución de la autoridad de aplicación que, con referencia específica a cada uno de esos convenios, convoque la unidad de negociación en cualquier nivel y ámbito tendiente a su sustitución y declare iniciado el curso de dicho plazo. Las partes convocadas estarán obligadas a integrar la unidad de negociación.

"Vencido ese plazo de dos años mencionado en el párrafo anterior, si las partes legitimadas para concertar la renovación para cualquier nivel y ámbito del convenio colectivo vigente ultractivo no hubieren alcanzado un acuerdo, a pedido de ambas o de una de ellas la autoridad de aplicación dispondrá someter la controversia a un arbitraje. A partir de la fecha de la resolución de la autoridad administrativa que disponga el arbitraje las partes tendrán un plazo de treinta (30) días corridos para celebrar el correspondiente compromiso arbitral y designar de común acuerdo el árbitro o los árbitros que tendrán a su cargo la tarea arbitral. Si así no lo hicieren, la determinación de las cuestiones de arbitraje, de los plazos para ofrecer y producir pruebas y para dictar el laudo, así como la designación del árbitro o árbitros, a cuyo cargo estará la solución de la controversia, será asumida por la autoridad de aplicación que procederá a tal efecto del modo que se establezca en la reglamentación. Igual procedimiento se seguirá si los árbitros por falta de acuerdo no dictan el laudo y la decisión de este caso versará sólo sobre las cuestiones no resueltas.

"Hasta tanto quede firme el laudo que se dicte se mantendrán vigentes las cláusulas convencionales anteriores.

"El laudo que de tal modo se dictare tendrá un plazo máximo de vigencia de dos años, salvo disposición en contrario del compromiso arbitral. Contra ese pronunciamiento no se admitirá otro recurso que el de nulidad, fundado en haberse laudado sobre cuestiones no sometidas al arbitraje o fuera del plazo fijado a tal efecto. Dicho recurso, que será fundado, deberá interponerse por ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dentro de los cinco días hábiles de notificado el laudo. El tribunal, previo traslado a las partes restantes por tres días, dictará resolución definitiva en un plazo máximo de diez días hábiles a contar del vencimiento del término anterior. Si se declarase la nulidad del laudo arbitral, la autoridad de aplicación dispondrá la realización de un nuevo arbitraje.

"Artículo 29: En relación con los convenios colectivos de trabajo celebrados después de la sanción de la ley 23.545, y cuyo plazo de vigencia pactado se encontrare vencido a la promulgación de esta ley, con excepción de los convenios colectivos en los que se hubiera acordado su ultraactividad, se establece un plazo de dos años para su renovación contados a partir de su denuncia por cualquiera de las partes. Vencido dicho plazo sin que se haya arribado a un acuerdo, a pedido de cualquiera de las partes, la autoridad administrativa del trabajo dispondrá la aplicación del procedimiento del arbitraje previsto en el artículo 28 precedente."

Estos dos artículos completan las modificaciones que proponemos para el artículo 9°.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. ATANASOF.- Señor presidente: no entendemos bien de dónde surge el texto leído por el señor presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, ya que no corresponde a la redacción que tiene el artículo 28 en el dictamen de mayoría ni tampoco al elaborado sobre la base del acuerdo al que, como es público, se arribara luego de conversaciones de las que participaron el señor presidente -quien por cierto hizo aportes interesantes y prestigiosos-, representantes de la Confederación General del Trabajo, del Poder Ejecutivo nacional, del bloque Justicialista y otros legisladores de esta Cámara. Quiero creer que se ha deslizado algún error en la lectura del artículo porque de lo contrario lamentablemente tendría que pensar que no se está haciendo honor a los acuerdos celebrados ni respetándose la palabra comprometida. En consecuencia, voy a leer el texto del artículo 28 tal como fue consensuado en las conversaciones de las que, como sabe el señor presidente, participaron importantes autoridades e incluso el señor presidente de la Nación.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- No tengo constancia -como usted dice- de que haya participado el presidente de la Nación, señor diputado.

Sr. ATANASOF.- Seguramente habrá visto televisión y leído los diarios.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- En efecto, pero el señor presidente de la Nación no participó en la discusión que usted menciona.

Sr. ATANASOF.- Está bien. Le pido disculpas, señor presidente.

El artículo 28 tal como fue acordado debe decir lo siguiente: "En relación con los convenios colectivos de trabajo celebrados antes de la promulgación de la ley 23.545 que se encontraren vigentes por ultraactividad a la fecha de la sanción de esta ley se establece que su vigencia se prorrogará por dos años contados a partir de la fecha de resolución de la autoridad de aplicación que con referencia específica a cada uno de esos convenios convoque y declare iniciado el curso de dicho plazo. Las partes convocadas estarán obligadas a integrar la unidad de negociación. Vencido ese plazo de dos años mencionado enel párrafo anterior, si las partes legitimadas para concertar la renovación para el mismo nivel y ámbito del convenio colectivo vigente ultraactivo no hubieren alcanzado un acuerdo sobre las cláusulas que regulen las condiciones laborales, salariales y las contribuciones patronales, a pedido de ambas o de una de ellas la autoridad de aplicación dispondrá someter la controversia a un arbitraje. El resto de las cláusulas convencionales que no hubieren sido acordadas se mantendrán vigentes hasta tanto se acuerde su modificación.

"A partir de la fecha de la resolución de la autoridad administrativa que disponga el arbitraje, las partes tendrán un plazo de treinta días corridos para celebrar el correspondiente compromiso arbitral y designar de común acuerdo el árbitro o los árbitros que tendrán a su cargo la tarea arbitral. Si así no lo hicieren, la determinación de las cuestiones de arbitraje, de los plazos para ofrecer y producir prueba y para dictar el laudo, así como la designación de los árbitros a cuyo cargo estará la solución de la controversia será asumida por la autoridad de aplicación que procederá a tal efecto del modo que se establezca en la reglamentación. Igual procedimiento se seguirá si los árbitros, por falta de acuerdo, no dictan el laudo y la decisión de este caso versará sólo sobre las cuestiones no resueltas. Hasta tanto no quede firme el laudo que se dicte se mantendrán vigentes las cláusulas convencionales anteriores.

"El laudo que de tal modo se dictare tendrá un plazo máximo de vigencia de dos años, salvo disposición en contrario del compromiso arbitral. Contra ese procedimiento no se admitirá otro recurso que el de nulidad fundado en haberse laudado sobre cuestiones no sometidas al arbitraje o fuera del plazo fijado a tal efecto. Dicho recurso, que será fundado, deberá interponerse por ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dentro de los cinco días hábiles de notificado el laudo. El tribunal, previo traslado a las partes restantes por tres días, dictará resolución definitiva en un plazo máximo de diez días hábiles a contar del vencimiento del término anterior. Si se declarase la nulidad del laudo arbitral la autoridad de aplicación dispondrá la realización de un nuevo arbitraje."

En este aspecto debemos destacar que si bien en el fondo no compartimos el espíritu de este acuerdo, ha sido el resultado del consenso, donde las partes debieron ceder.

La posición de los trabajadores fue y seguirá siendo la de mantener el principio de la ultraactividad vigente mientras que la posición del Poder Ejecutivo ha sido en este caso la de terminar con el principio de la ultraactividad.

Para saldar esta diferencia que no es menor, sino que es sustancial, se apeló a un texto que ubica la situación en un nivel intermedio, estableciendo un mecanismo para la renovación mediante otro contrato en el tiempo determinado por este artículo.

Por lo expuesto, nosotros solicitamos en todo caso una aclaración, y fundamentalmente que el señor diputado Passo reconsidere su planteo.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. MARTINEZ (G.A.).- Señor presidente: cuando se alude a los artículos que propicia el Poder Ejecutivo advertimos que una vez más los trabajadores argentinos son la variable de ajuste de los distintos procesos económicos y financieros.

Escuchando las exposiciones de los señores diputados que acompañan la propuesta del ejecutivo notamos un objetivo central. Es importante que esto se diga sin hipocresía, porque realmente se quieren bajar los salarios de los trabajadores.

Indudablemente esto es conocido, porque fue una de las pautas fundamentales de las recetas monetarias de los organismos financieros internacionales.

- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° de la Honorable Cámara, doctor Juan Pablo Cafiero.

Sr. MARTINEZ (G.A.).- A pesar de que no se quiera reconocer, estamos asistiendo a una continuidad del modelo neoliberal, y las propuestas que se llevan adelante en este proyecto de alguna manera son una síntesis de los decretos que en su momento planteó el gobierno anterior, que fueron rechazados por el conjunto del movimiento sindical y por gran parte del arco político que en aquel momento era opositor.

Vemos que se cedió a la presión del Fondo Monetario Internacional. Indudablemente es inadmisible que esto ocurra; inadmisible porque se dice que estamos empezando una nueva etapa. Comenzamos a hablar de un cambio, pero creo que este cambio es justamente para profundizar el ajuste, que nuevamente recae en los más débiles, en los más desposeídos, que son los trabajadores. Por supuesto que esto tiende a beneficiar al sector empresario, y seguramente al sector empresario internacional.

Voy a proponer un texto alternativo con respecto al artículo 28, ya que se ha mencionado una propuesta del miembro informante por la mayoría. El texto es el siguiente: "En relación con los convenios colectivos de trabajo celebrados antes de la promulgación de la Ley 23.545 que se encontraren vigentes por ultraactividad a la fecha de sanción de la presente ley, se establece que su vigencia se prorrogará por dos (2) años contados a partir de la fecha en que quede firme la resolución administrativa que, con referencia específica a cada uno de estos convenios, convoque la unidad de negociación de igual nivel y ámbito tendiente a su sustitución y declare iniciado el curso de dicho plazo. Las partes convocadas estarán obligadas a integrar la unidad de negociación.

"Vencido el plazo de dos años, mencionado en el párrafo anterior, sin que las partes legitimadas para concertar la renovación para el mismo nivel y ámbito del convenio colectivo vigente ultraactivo no hubieren alcanzado un acuerdo, sobre la totalidad o alguna de las cláusulas del mismo, a pedido de ambas partes, la autoridad de aplicación dispondrá someter la controversia a un arbitraje voluntario.

"A partir de la fecha de la resolución de la autoridad administrativa que disponga el arbitraje, las partes tendrán un plazo de treinta (30) días corridos para celebrar el correspondiente compromiso arbitral conteniendo los puntos sometidos a arbitraje, si ofrecerán o no pruebas y en su caso el término de producción de las mismas, el plazo en el cual deberá expedirse el árbitro, y la designación del árbitro o los árbitros que tendrán a su cargo la tarea arbitral.

"El laudo que de tal modo se dictare tendrá un plazo máximo de vigencia de dos (2) años. Contra ese pronunciamiento no se admitirá otro recurso que el de nulidad, fundado en haberse laudado sobre cuestiones no sometidas al arbitraje o fuera del plazo fijado a tal efecto. Dicho recurso, que será fundado, deberá interponerse ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado el laudo. El Tribunal, previo traslado a las partes restantes por tres (3) días, dictará resolución definitiva en un plazo máximo de diez (10) días a contar del vencimiento del término anterior.

Si se declarase la nulidad del laudo arbitral, las partes deberán suscribir un nuevo compromiso y designar un nuevo árbitro.

"Hasta tanto quede firme el laudo que se dicte, se mantendrán vigentes las cláusulas convencionales anteriores.

"En el caso de inexistencia de acuerdo de partes para someter la controversia a arbitraje, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos propondrá a las partes signatarias el procedimiento de mediación.

"Los mediadores serán elegidos de una nómina de expertos nacionales e internacionales elaborada por la autoridad de aplicación, a propuesta de la Organización Internacional del Trabajo.

"En el caso de fracasar la mediación, el convenio colectivo de trabajo continuará vigente hasta su renovación total."

Por último, solicito que la votación de los artículos que se incorporan a través del artículo 9° en consideración sea nominal.

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. ZACARIAS.- Señor presidente: cuando en la discusión en general fundamenté mi abstención respecto de esta norma, me reservé el derecho de señalar mi posición en algunos artículos, pues entendía que era fundamental expresarla.

Planteé la posibilidad de que esta ley no tuviera una duración mayor a dos años y que pudiera ser oportunamente corregida si los resultados de la situación laboral no fueran favorables a los trabajadores. Indudablemente, esa posibilidad fue rechazada.

Por eso quiero volver a Entre Ríos con la tranquilidad de haber podido manifestar que voy a acompañar el pedido que me hicieron verdaderos dirigentes gremiales que hoy conducen organizaciones dignas de respeto. Me refiero concretamente a la CTA, y a las figuras de Víctor De Gennaro y Martha Maffei, quienes me solicitaron que, más allá de las circunstanciales diferencias que pueda haber en la vida gremial, acompañara la postura de la señora diputada Alicia Castro.

Por ello fundamento mi adhesión a la posición asumida por la diputada nacional Alicia Castro en este artículo.

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. VARESE.- Señor presidente: el artículo 9° en consideración incorpora tres capítulos en la ley 14.250, cada uno de los cuales apunta a situaciones diferentes y sus espíritus son distintos. Por ello mociono para que se vote cada capítulo por separado.

El primer capítulo que se incorpora es el III, que se refiere a ámbitos de negociación colectiva; luego el capítulo IV, se refiere a la coexistencia, articulación y sucesión de convenios colectivos de trabajo, y el capítulo V, a las normas transitorias. Dado que me interesa, al igual que a otros diputados, saber el resultado de la votación en cada caso, en nombre de Cruzada Renovadora formulo la moción de que cada capítulo se vote por separado.

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. GUTIERREZ.- Señor presidente: no íbamos a participar en la discusión de este artículo, pero algunos argumentos vertidos en el debate nos obligan a pronunciarnos, porque como hombres del interior no nos iríamos tranquilos de esta sesión si dejáramos pasar algún argumento que se ha dejado implícito en el sentido de que el trabajador del interior puede ganar menos que el de la Capital Federal o de los cinturones industriales de las grandes ciudades argentinas.

Esto no es así, pero si queda consagrado en la discusión del artículo en consideración seguramente estaríamos haciendo un análisis bastante incompleto de esta iniciativa frente a cualquier contienda judicial.

En el interior del país hay gente que necesita ganar mucho más que lo que se gana en esta ciudad. Vamos a partir de un punto altamente polémico y actual: ¿saben el señor presidente y los señores legisladores que en Plaza Huincul y Cutral-Có el combustible -que se refina allí mismo- sale más caro que en la ciudad de Buenos Aires? ¿Saben el señor presidente y los señores legisladores que la tarifa de los subterráneos y de los trenes metropolitanos, subsidiados por el presupuesto de la Nación en aproximadamente 300 millones de pesos anuales, permiten que los trabajadores se trasladen de una manera más económica que en cualquier lugar del interior del país, donde deben recorrerse larguísimas distancias no sólo para trabajar sino para asistir a hospitales, centros de salud o colegios? ¿Saben lo que cuesta un pan de manteca o una botella de agua mineral en el interior, sobre todo luego de la carga que ha significado la reforma de los impuestos internos?

Este argumento que se ha dado en el recinto refleja al menos un desconocimiento de las condiciones de vida en los distintos sectores productivos del interior del país, y no vale la pena hablar de lo que cuesta cualquier bien de consumo en la Patagonia.

Por lo tanto, queremos dejar sentado en este debate, al menos para irnos con la conciencia tranquila, que este es un argumento equivocado y que no lo compartimos.

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. LAMBERTO.- Señor presidente: había decidido no participar de este debate, pero he escuchado pacientemente muchas cosas importantes que se han dicho. Algunas tienen muy poco que ver con lo que sucede en el país y con los problemas que tiene la Argentina.

Confieso que la diputada Carrió me ha conmovido cuando describió con certeza y veracidad cómo vive un obrero en el Chaco. Los santafesinos lo sabemos, porque vemos pasar los trenes con obreros chaqueños que vienen a trabajar a nuestra provincia, ya no merced a una ley laboral o convenio sino simplemente por la comida. A veces son objeto de una explotación que pensábamos que no existía en la Argentina: trabajan clandestinamente en quintas sólo por la comida, y esto ya es más de lo que obtienen en el Chaco.

Entonces, cuando hacemos ciertas discusiones que parecen estar fuera de la entelequia de país real, porque a esta gente hay que solucionarle este problema -aunque no lo arregla esta iniciativa ni ninguna convención, porque están fuera de todo acuerdo-, sabemos que hay algo que no se puede hacer en aras de ninguna lucha política: desarticular las instituciones que permiten que la gente pueda llegar a vivir mejor.

Siendo presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, mis compañeros de partido me planteaban sistemáticamente por qué asignaba partidas a las universidades, que eran radicales. Puedo decir con orgullo que fue la única partida del presupuesto que duplicó su asignación en relación con el producto bruto en una década. ¿Por qué lo hicimos? Porque los estudiantes están más allá del color político y no importa qué partido gobierne las universidades.

Al desarticular el movimiento sindical argentino por el hecho de que no nos gusten los dirigentes, estamos sacando a los trabajadores el arma que pueden tener para defenderse en un lugar en donde la indefensión es total porque, por un lado, se concentra la economía y, por el otro, se desconcentra el poder negociador de los trabajadores.

Tengo absoluta autoridad moral para decir que durante toda mi vida he formado parte de la rama del peronismo que poco tiene que ver con los sindicatos, y he tenido confrontaciones internas, pero me parece que en un país no se puede tirar de la cuerda más allá de lo razonable.

Desarmonizar y desarticular las institucionesque son necesarias para la gente implica menospreciar una situación concreta. ¿En cuántos lugares el sindicato es la única posibilidad que tienen los trabajadores para acceder a la salud? ¿En cuántos lugares el sindicato es el único camino que encuentran cuando se necesita una ambulancia que la municipalidad no tiene para transportar un enfermo de urgencia? ¿En cuántos lugares el sindicato es casi la única esperanza para tener acceso a cosas elementales que la sociedad no brinda a los trabajadores? Entonces no importa si quien preside el sindicato es amigo o enemigo, porque es una herramienta que la sociedad construyó durante años para defender a los más débiles. (Aplausos.)

En todo caso, si los sindicatos tienen problemas, disputemos el poder a las caras que no nos gustan, pero no desmantelemos la organización que básicamente está constituida por los trabajadores.

Al respecto creo que debemos hacer una reflexión. No valen las venganzas políticas porque éstas se cobran a la vuelta de la esquina, y felizmente acá la rueda da vuelta demasiado rápido. No desarticulemos un poder que no es del gobierno ni de quienes circunstancialmente están en los sindicatos, que con seguridad hoy nos insultaron a todos en la plaza. No desarmemos herramientas que no son nuestras. Nosotros no dependemos de los sindicatos, pero muchos trabajadores argentinos necesitan de ellos para obtener las cosas más elementales. No desarticulemos, señores diputados, una herramienta que a la Argentina le costó muchos años construir. (Aplausos.)

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. PERNASETTI.- Señor presidente: en relación con lo planteado por el señor diputado Lamberto quiero reiterar algo que ya expresé en el debate en general.

Nuestra intención no es desintegrar los sindicatos sino fortalecerlos. Por esa razón no hemos aceptado propuestas provenientes del propio sector sindical en el sentido de autorizar la negociación por parte de las comisiones internas. Nosotros privilegiamos como única autoridad para la negociación colectiva al sindicato con personería debidamente reconocida; es el único que tiene la facultad de negociar. Con esta disposición, la descentralización y la posibilidad de que los delegados elegidos de acuerdo con los estatutos participen en la negociación, estamos fortificando claramente al sindicalismo argentino.

Sr. PRESIDENTE (Cafiero J.P.).- Invito a la Honorable Cámara a pasar a un cuarto intermedio con permanencia de los señores diputados en el recinto.

- Se pasa a cuarto intermedio a la hora 22 y 23.

- A la hora 23 y 23:

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Continúa la sesión.

Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. PASSO.- Señor presidente: la última intervención del señor diputado Lamberto nos llamó a reflexionar sobre un tema determinado.

En el convencimiento de que, más allá de las distintas posiciones, siempre se actúa en función de la buena fe y de la búsqueda de lo mejor, hemos discutido y llegado a un acuerdo.

En este sentido, voy a leer el nuevo artículo 28, que nos permitiría votar el artículo 9°. Dice así: "En relación con los convenios colectivos de trabajo celebrados antes de la promulgación de la ley 23.545 que se encontraren vigentes por ultraactividad a la fecha de la sanción de esta ley, se establece que su vigencia se prorrogará por DOS (2) años contados a partir de la fecha de la resolución de la autoridad de aplicación que, con referencia específica a cada uno de esos convenios, convoque la unidad de negociación de igual nivel y ámbito tendiente a su sustitución y declare iniciado el curso de dicho plazo. Las partes convocadas estarán obligadas a integrar la unidad de negociación.

"Vencido ese plazo de DOS (2) años, mencionado en el párrafo anterior, si las partes legitimadas para concertar la renovación para el mismo nivel y ámbito del convenio colectivo vigente ultraactivo no hubieren alcanzado un acuerdo sobre las cláusulas que regulen condiciones laborales, salariales y contribuciones patronales, a pedido de ambas o de una de ellas, la autoridad de aplicación dispondrá someter la controversia a un arbitraje. El resto de las cláusulas convencionales que no hubieren sido acordadas se mantendrán vigentes hasta tanto se acuerde su modificación.

"A partir de la fecha de la resolución de la autoridad administrativa que disponga el arbitraje, las partes tendrán un plazo de TREINTA (30) días corridos para celebrar el correspondiente compromiso arbitral y designar de común acuerdo el árbitro o los árbitros que tendrán a su cargo la tarea arbitral. Si así no lo hicieren, la determinación de las cuestiones de arbitraje, de los plazos para ofrecer y producir pruebas y para dictar el laudo, así como la designación del árbitro o los árbitros, a cuyo cargo estará la solución de la controversia, será asumida por la autoridad de aplicación que procederá a tal efecto del modo que se establezca en la reglamentación. Igual procedimiento se seguirá si los árbitros por falta de acuerdo no dictan el laudo y la decisión de este caso versará sólo sobre las cuestiones no resueltas.

"Hasta tanto quede firme el laudo que se dicte se mantendrán vigentes las cláusulas convencionales anteriores.

"El laudo que de tal modo se dictare tendrá un plazo máximo de vigencia de dos (2) años, salvo disposición en contrario del compromiso arbitral. Contra ese pronunciamiento no se admitirá otro recurso que el de nulidad, fundado en haberse laudado sobre cuestiones no sometidas al arbitraje o fuera del plazo fijado a tal efecto. Dicho recurso, que será fundado, deberá interponerse por ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado el laudo. El Tribunal, previo traslado a las partes restantes por tres (3) días, dictará resolución definitiva en un plazo máximo de diez (10) días hábiles a contar del vencimiento del término anterior. Si se declarase la nulidad del laudo arbitral, la autoridad de aplicación dispondrá la realización de un nuevo arbitraje."

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. MORENO RAMIREZ.- Señor presidente: formulo moción de que la votación del artículo 9° se realice capítulo por capítulo.

El capítulo III se titula "Ambitos de negociación colectiva", el IV, "Coexistencia, articulación y sucesión de convenios colectivos de trabajo", y el V, "Normas transitorias", que es justamente al que se acaba de referir el señor diputado Passo.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. CAMAÑO.- Señor presidente: solicito que se dé lectura del artículo 29.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. PASSO.- Dice así: "En relación con los convenios colectivos de trabajo celebrados después de la sanción de la ley 23.545 y cuyo plazo de vigencia pactado se encontrare vencido a la promulgación de esta ley, con excepción de los convenios colectivos en los que se hubiere acordado su ultraactividad, se establece un plazo de dos (2) años para su renovación contados a partir de su denuncia por cualquiera de las partes. Vencido dicho plazo sin que se haya arribado a un acuerdo, a pedido de cualquiera de las partes la autoridad administrativa del trabajo dispondrá la aplicación del procedimiento del arbitraje previsto en el artículo 28 precedente."

Aceptamos la propuesta formulada por el señor diputado Moreno Ramírez en el sentido de que se vote por separado cada capítulo de los que por este artículo 9° se incorporan a la ley 14.250.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Se va a votar por el sistema electrónico el Capítulo III que en virtud de este artículo 9° se incorpora a la ley 14.250.

- Resulta afirmativa de 157 votos; votan 195 señores diputados sobre 200 presentes.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Se va a votar el Capítulo IV del artículo 9°, que se incorpora a la ley 14.251.

- Resulta afirmativa de 143 votos; votan 195 señores diputados sobre 200 presentes.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Se va a votar el Capítulo V del artículo 9°, que se incorpora a la ley 14.251.

- Resulta afirmativa de 153 votos; votan 197 señores diputados sobre 200 presentes.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- En consecuencia, queda aprobado el artículo 9° con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

En consideración el artículo 10.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. ALLENDE.- Señor presidente: tal como ya anticipé, habría que hacer una pequeña corrección en el primer párrafo del artículo en consideración. Todos sabemos que desgraciadamente a veces las comisiones pueden no funcionar como corresponde. Por ende deberíamos comenzar por dotar a esta comisión bicameral de un número de vocales suficiente para cumplir el propósito que esta norma le encomienda, esto es, realizar el seguimiento de las conversaciones y negociaciones que se efectúen como así también de los resultados obtenidos y solicitar informaciones de organismos públicos y privados. Todos sabemos que una comisión como ésta -debemos ser optimistas en este sentido- puede constituir una de las garantías principales de lo que se establece en todo este articulado respecto del interés de las partes, y fundamentalmente del trabajador, que es la parte más débil. Si llevamos a cinco el número de senadores y de diputados, también deberíamos hacer otra pequeña corrección, porque no necesariamente ellos deben ser integrantes de las comisiones de Legislación del Trabajo de ambas Cámaras, sino que estas últimas los elijan, porque puede haber uno o dos de sus miembros que provengan de las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas o de Industria por ejemplo, que pueden efectuar un aporte importante a esa comisión que se crea.

Por lo tanto, propongo como primer párrafo del artículo 10 la siguiente redacción: "Créase en el ámbito del Congreso de la Nación una Comisión Bicameral, en adelante Comisión Bicameral de Seguimiento de la Negociación Colectiva, integrada por cinco senadores y cinco diputados elegidos por las respectivas comisiones de Legislación del Trabajo de las respectivas Cámaras, quienes establecerán su estructura y reglamento interno." El resto del articulado continuaría tal cual está redactado.

Asimismo, dejo planteada la necesidad de que los presidentes de ambas Cámaras del Parlamento realicen las gestiones necesarias para dotar a dicha comisión de los medios suficientes para su funcionamiento -que seguramente serán muy pocos-, a cuyo fin entiendo que no será necesario fijar una partida especial sino efectuar una redistribución de fondos.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. CAMAÑO.- Señor presidente: propongo que se modifique el número de integrantes de dicha comisión, porque en general las comisiones suelen estar integradas por un número impar de legisladores. De ese modo, si son once los designados el presidente de la comisión no tendrá que desempatar con su voto. Mi propuesta tiene por objeto solucionar los inconvenientes que se generan en las comisiones integradas por un número par de legisladores.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Tierra del Fuego.

Sr. DRAGAN.- Señor presidente: adhiero a la propuesta formulada por el señor diputado preopinante en cuanto al número de legisladores que deben integrar esa comisión. Pero para que no suceda lo que ocurrió con motivo de la designación del vicepresidente 3° de la Honorable Cámara, solicito que dentro de los cinco diputados que se designen se mantenga la representación proporcional que tienen los bloques políticos en el cuerpo.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- La Presidencia aclara al señor diputado que eso ya está determinado por el reglamento.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. STUBRIN.- Señor presidente: el señor diputado Allende ha manifestado que los integrantes de esa comisión podrían ser miembros de otras comisiones de la Honorable Cámara. Por tal motivo entiendo que habría que modificar la redacción y determinar que los integrantes de dicha comisión, conformada por cinco senadores y cinco diputados, deberán ser designados a propuesta de las respectivas comisiones de Legislación del Trabajo de ambas Cámaras, o una redacción similar.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- La propuesta del señor diputado Allende dice expresamente "elegidos por".

Sr. STUBRIN.- Ese es el problema, señor presidente. No pueden ser "elegidos por" porque se altera el reglamento de la Cámara; tienen que ser elegidos del modo convencional a propuesta de la comisión.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. POLINO.- Señor presidente: la última parte del artículo dice: "...emitir dictámenes en relación con las cuestiones cuyo seguimiento se encuentra a su cargo." Pregunto a la comisión si esos dictámenes van a ser sometidos luego a consideración de ambas Cámaras. Planteo la inquietud en función de los problemas planteados en el caso de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, cuya resolución fue derivada a la Comisión de Asuntos Constitucionales. En tal sentido solicito que la comisión aclare ese aspecto.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. PASSO.- Señor presidente: nuestra interpretación es que sus resoluciones no deben ser giradas al plenario de la Cámara sino que debe tener tratamiento en la comisión pertinente a los efectos informativos, porque el dictamen no puede afectar la autonomía de las partes.

Vamos a aceptar la propuesta del señor diputado Allende, quedando en consecuencia el primer párrafo del artículo 10 redactado de la siguiente manera: "Créase en el ámbito del Congreso de la Nación una comisión bicameral, en adelante Comisión Bicameral de Seguimiento de la Negociación Colectiva, integrada por cinco senadores y cinco diputados, manteniendo la proporcionalidad de las distintas fuerzas políticas, designados a propuesta de las respectivas comisiones de Legislación del Trabajo de ambas Cámaras, quienes establecerán su reglamento interno".

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- La Presidencia aclara al diputado Polino que la Cámara tiene atribuciones para reclamar a cualquier comisión lo que considere oportuno.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. CAMAÑO.- Señor presidente: creo que en la Cámara no deberían quedar dudas sobre lo que plantea el señor diputado Polino.

La Cámara debería resolver que todos los dictámenes emitidos por esta comisión deben pasar por el plenario, y que para llevarse adelante cualquier tipo de tratamiento se debe contar con su acuerdo.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. STUBRIN.- Señor presidente: el reglamento resuelve el problema con toda claridad. Dice que las comisiones son entes de asesoramiento del cuerpo. No son autónomas ni expiden otra cosa que no sean dictámenes que deben venir al plenario.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Se va a votar el artículo 10 con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

- Resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- En consideración el artículo 11.

Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. PASSO.- Señor presidente: vamos a dar lectura del nuevo artículo 11: "Agrégase al artículo 3° de la Ley 23.546 un apartado cuyo texto es el siguiente:

"En el ejercicio de su autonomía colectiva y dentro de su capacidad representativa, las partes pueden acordar la preservación del ámbito funcional o territorial del convenio anterior, o su modificación.

"Cuando se tratare de la renovación de un convenio colectivo de plazo vencido, deberá convocarse a las partes signatarias del mismo, las que estarán obligadas a integrar la comisión negociadora salvo aquella que manifestare su voluntad de negociar en distinto nivel.

"En el caso de conflicto relativo a la determinación del ámbito funcional o territorial de la unidad de negociación, las partes, en ejercicio de su autonomía colectiva, pueden:

- Requerir la intervención de medidadores públicos o privados.

- Suscribir un compromiso arbitral.

- Someterse a la intervención del Servicio Federal de Mediación y Arbitraje previsto en la presente ley."

Este sería el texto que propone la comisión para que sea votado como artículo 11.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. ATANASOF.- Señor presidente: a fin de mantener la coherencia con los artículos anteriores que hemos aprobado, vamos a proponer una modificación a este artículo, consistente en la eliminación del párrafo que dice: "Cuando se tratare de la renovación de un convenio colectivo de plazo vencido, deberá convocarse a las partes signatarias del mismo, las que estarán obligadas a integrar la comisión negociadora salvo aquella que manifestare su voluntad de negociar en distinto nivel."

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. MARTINEZ (G.A.).- Señor presidente: la modificación que voy a proponer apunta a la aplicación de la ley 14.786, que se refiere a la resolución de conflictos colectivos en todos los supuestos de controversias en la negociación, sin perjuicio de los otros mecanismos que prevean de común acuerdo las partes.

Propongo el siguiente párrafo: "En el ejercicio de su autonomía colectiva y dentro de su capacidad representativa, las partes deben preservar el ámbito funcional y territorial del convenio anterior, o pueden acordar su modificación.

"En el caso de conflictos relativos a la determinación del ámbito funcional o territorial de la unidad de negociación, será de aplicación lo dispuesto por la ley 14.786. Sin perjuicio de ello, de común acuerdo las partes pueden requerir la intervención de mediadores públicos o privados, suscribir un compromiso arbitral, o someter a la intervención del Servicio de Mediación y Arbitraje previsto en la presente ley."

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. CASTRO.- Señor presidente: apoyo la proposición del señor diputado Gerardo Martínez.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- ¿La comisión acepta las modificaciones propuestas?

Sr. PASSO.- La comisión acepta la modificación propuesta por el señor diputado Atanasof y rechaza la del señor diputado Gerardo Martínez.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Con la modificación propuesta por el señor diputado Atanasof y aceptada por la comisión se va a votar el artículo 11.

- Resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- En consideración en particular el artículo 12.

Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. PASSO.- Señor presidente: la comisión mantiene el texto que figura en el dictamen.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. CASTRO.- Señor presidente: propongo que al organismo a crearse, que es el Servicio Federal de Mediación y Arbitraje, se le agregue el término "Voluntario". Asimismo, propongo reemplazar la expresión "de común acuerdo por las partes del conflicto" por "conjuntamente por ambas partes".

Esta propuesta tiende a preservar los principios de libertad sindical y de negociación entre las partes, así como los consagrados por la OIT, que sostienen que el arbitraje no debe ser obligatorio ni a solicitud de una sola de las partes, pues ello configura un excesivo intervencionismo estatal.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- ¿La comisión acepta?

Sr. PASSO.- La comisión no acepta.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Se va a votar el artículo 12.

- Resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- En consideración en particular el artículo 13.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. MARTINEZ (G.A.).- Señor presidente: propongo que el inciso c) quede redactado de la siguiente manera: "El intercambio de la información necesaria a los fines del examen de las cuestiones en debate para entablar una discusión fundada y obtener un acuerdo fructífero y equilibrado. En especial las partes están obligadas a intercambiar la información relacionada con el empleo. La obligación subsiste en los casos de procedimientos de crisis y procesos concursales."

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. BUSSI.- Señor presidente: la modificación que propongo no atenta contra la filosofía del articulado sino que pretende ser un aporte para la mejor aplicación de la norma con respecto al destino de los fondos que en concepto de multa por práctica desleal pudiera ser estipulado por decisión judicial contra la parte incumplidora del deber de negociar.

Como es sabido, dentro del ámbito de cualquier negociación colectiva existen desencuentros u obstáculos que en muchos casos son salvables con la buena predisposición de las partes intervinientes.

Tampoco escapa al criterio general que, en el marco de una negociación de tipo colectivo, existen prejuicios o preconceptos de carácter político o filosófico, y que el mejor marco para cualquier negociación depende en gran medida de la buena fe con que actúen las partes y la predisposición que éstas pongan en el logro de un resultado beneficioso para los signatarios del acuerdo.

Asimismo, no cabe duda de que aquella parte que obstaculice la negociación, bien sea por no obrar de buena fe, por ocultamiento de información, por falta de concurrencia a las reuniones fijadas de común acuerdo, etcétera, recibirá a pedido de la otra una sanción por parte de los jueces.

Sin embargo, entiendo que los fondos que por dichas multas o sanciones a modo de astreintes se recauden, deben tener un destino que no beneficie a la otra parte, sino a la comunidad toda. De ese modo, advierto que bajo la presión que pudiera ejercer una de las partes de acudir a la Justicia para requerir la aplicación de una eventual multa a la otra se puede ver frustrado el principal objetivo de la ley, esto es, generar un adecuado marco de negociación.

Resulta por demás claro que el objetivo de la multa prevista en la norma tiene por objeto sancionar a la parte incumplidora, mas ello no debería implicar jamás un enriquecimiento patrimonial de la otra ni generar expectativa alguna en tal sentido.

Por eso considero que el mejor destino que se le puede asignar a tales multas o sanciones económicas es que sean utilizadas para programas de capacitación laboral y para el Fondo de Desempleo, en las proporciones que por vía de la reglamentación de la ley se dispongan.

En definitiva, señor presidente, al final del artículo 13 propongo que el tercer párrafo del apartado 4 quede redactado de la siguiente manera: "Sin perjuicio de ello, el juez, a petición de parte, podrá también aplicar lo dispuesto por el artículo 666 del Código Civil.

Como cuarto párrafo se propone el siguiente: "Todos los importes que así se devenguen tendrán como exclusivo destino programas de capacitación laboral emanados del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos y al Fondo de Desempleo en la proporción que fije la reglamentación de la presente ley."

Los dos últimos párrafos se mantienen sin modificaciones.

De esta manera, pretendo asignar un mejor destino a los fondos que por vía de astreintes aplican los jueces en nuestra país.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. PASSO.- Señor presidente: la comisión entiende que la propuesta es razonable y, por lo tanto, acepta la modificación propiciada por el señor diputado Bussi.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Con la modificación propuesta por el señor diputado Bussi, se va a votar el artículo 13.

- Resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- En consideración el artículo 14.

Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. PASSO.- Señor presidente: la comisión mantiene el texto del dictamen de mayoría.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Se va a votar.

- Resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- En consideración el artículo 15.

Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. CASTRO.- Señor presidente: no entendemos el objetivo de derogar el primer apartado del artículo 6° de la ley 23.546, que protege al trabajador en condiciones de enfermedad.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. PASSO.- Señor presidente: pese a la observación de la señora diputada Castro, la comisión mantiene el texto del dictamen de mayoría.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Se va a votar.

- Resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- En consideración el artículo 16.

Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. PASSO.- Señor presidente: la comisión mantiene el texto del dictamen de mayoría.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Se va a votar.

- Resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- En consideración el artículo 17.

Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. PASSO.- Señor presidente: la comisión mantiene el texto del dictamen de mayoría.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Se va a votar.

- Resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- En consideración el artículo 18.

Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. STOLBIZER.- Señor presidente: tal como adelanté durante el tratamiento en general del proyecto en consideración, el bloque de la Alianza va a proponer modificaciones a los artículos que conforman el Título VI.

Por lo tanto, propongo que el artículo 18 quede redactado de la siguiente manera: "Deróganse las leyes 16.936 y 20.638, y el decreto 2.184/90."

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. MARTINEZ (G.A.).- Señor presidente: proponemos derogar el decreto 2.184/90, que regula los servicios esenciales y cuya constitucionalidad ha sido cuestionada en forma reiterada, así como objetada por el Comité de Libertad Sindical de la OIT.

Por lo tanto, proponemos el siguiente texto: "Derógase la ley 16.936, prorrogada por la ley 20.638, y el decreto 2.184/90".

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor miembro informante de la comisión.

Sr. PASSO.- Señor presidente: la comisión va a aceptar la propuesta de la señora diputada Stolbizer.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Con la modificación propuesta por la señora diputada Stolbizer, se va a votar el artículo 18.

- Resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- En consideración el artículo 19.

Tiene la palabra la señora diputada por Buenos Aires.

Sra. STOLBIZER.- Señor presidente: propongo la siguiente redacción para el artículo 19: "En los casos en que en razón de un conflicto de trabajo, las partes decidieran la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, éstas deberán garantizar la prestación de servicios mínimos que impidan su interrupción.

"El Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos estará facultado para disponer la fijación de servicios mínimos que deben mantenerse en cada establecimiento o empresa cuando las partes hubiesen agotado la instancia tendiente al cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior sin acuerdo en tal sentido.

"A falta de acatamiento de lo acordado previamente entre las partes o de la determinación que efectúe el Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, éste procederá a instrumentar los procedimientos de los incisos 2) y 3) del artículo 56 de la ley 23.551.

"Será de aplicación la ley 14.786 a los fines de encauzar el conflicto y propender a su resolución.

"Las facultades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos deberán ejercerse conforme las normas y resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo."

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. PASSO.- Señor presidente: la comisión acepta la propuesta formulada por la señora diputada Stolbizer.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Con la modificación propuesta por la señora diputada Stolbizer y aceptada por la comisión, se va a votar el artículo 19.

- Resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. PASSO.- Señor presidente: el artículo 19 del dictamen de mayoría pasaría a ser el 20.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Se va a votar el artículo 20.

- Resulta afirmativa.

- El artículo 21 es de forma.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Queda sancionado el proyecto de ley.

Se comunicará al Honorable Senado.

Se van a votar los pedidos de inserciones que hicieron llegar a la Presidencia los señores diputados Salvatori, Pernasetti, Carrió, Remes Lenicov, López Arias, Baladrón, Polino y Hernández.

-Resulta afirmativa.

Sr. PRESIDENTE (Pascual).- Quedan autorizadas las inserciones solicitadas.

No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.

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